Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Cómo afecta el franco deterioro de las condiciones de vida de los zulianos en el quehacer educativo


El presente, es un reporte preparado por la Asociación Civil Escuelas Arquidiocesanas y FENASOPADRES, que difundimos en este blog, como complemento y ampliación a la publicación previa sobre la situación en el Estado Zulia.

informe conjunto

Según cifras oficiales, el estado Zulia cuenta con 2.720 planteles (de educación básica, es decir, que ofrecen, en diversas combinaciones, desde educación inicial a educación media) (*), que atienden a una matrícula de 800.000 alumnos.

Caracterización de las condiciones de vida de los zulianos:

  • Servicio eléctrico:

El estado experimenta racionamientos, no programados, con esquemas de cortes que van desde 6 horas en adelante, que no permiten ningún tipo de planificación de la jornada escolar. En consecuencia las actividades escolares se desarrollan sin electricidad, a pesar de las altas temperaturas que se registran siempre en el estado; y en horarios reducidos, hasta las 11 a.m. en el turno matutino y hasta las 4.00 p.m. en el turno vespertino.

También se experimentan apagones generalizados producto de cualquier situación que afecta el sistema eléctrico, desactualizado, sin mantenimiento e inversión, absolutamente deteriorado. Estos apagones tienen una duración que va desde 2 días hasta 6 días continuos.

  • Transporte:

La capacidad del sistema de transporte público se ha visto notablemente reducida. De hecho, actualmente solo funciona, cerca del 25 por ciento del servicio, por lo que, ante la inexistencia de  un plan de contingencia de rutas escolares, en algunas rutas, alumnos y maestros se ven obligados a caminar por horas, bajo el sol inclemente zuliano o utilizar cualquier tipo de vehículos no aptos para llegar a las escuelas.

Aunado a esto, el costo del pasaje en una sola vía de ruta corta, puede alcanzar hasta Bs. 1.500 y en los bancos diariamente, luego de hacer largas colas padres, alumnos y maestros y si tienen la suerte de llegar mientras hay efectivo, solo pueden retirar Bs. 3.000 por día; con el agravante de las unidades que prestan el servicio de transporte, no aceptan el pago con billetes de baja denominación, incluyendo el de Bs. 100, que es la denominación que se retira en los cajeros y taquillas de los bancos.

Un dato adicional, en este contexto, es que el monto del sueldo mensual de un docente, no alcanza ni para cubrir el costo de transporte.

En cuanto a los medios de transporte particular, la escasez de gasolina y regulación de litros de suministro por vehículo, ocasionan que la rutina diaria de un zuliano incluya su permanencia en colas de hasta 2 días, para surtir a su vehículo de gasolina y solo se le suministran 30 litros por vehículo, con lo cual no se llena el tanque, ya que, la capacidad de un tanque promedio es de 60 litros de gasolina.

  • Servicio de gas:

El estado Zulia cuenta con gas por sistema de tuberías subterráneas en casi todos los municipios. (Son 21 en total). Dada la grave situación eléctrica, los ciudadanos, los comercios, empresas y algunas escuelas privadas, se han visto obligados a la utilización de plantas eléctricas, lo cual ha llevado a un consumo de gas fuera de lo habitual.

Las empresas que suministran el gas, por la escasez que hay en el país, solo reciben un camión semanal y el que viene por tubería no es suficiente para cubrir toda la demanda. En consecuencia, ha proliferado el uso de carbones y palos para cocinar en los sectores más  vulnerables, no escapando las escuelas de esta realidad, que deben cocinar con leña para poder ofrecer algo de los pocos alimentos que llegan de los programas sociales.

  • Higiene y condiciones sanitarias

Los problemas de suministro de electricidad y agua en las escuelas, así como, en los hogares, aunados, al alto costo de los productos de limpieza y aseo, afectan, en primer lugar y seriamente, la sana practica de higiene de la población estudiantil y docente, lo que, por supuesto, trae como consecuencia el deterioro de todos los actores de la labor educativa; y en segundo lugar, aumentan las dificultades para mantener, en óptimo estado, las condiciones sanitarias requeridas para el desarrollo de las actividades escolares, teniendo como consecuencia el incremento de los costos, dedicados a ello, en las escuelas.

  • Alimentación en horario escolar:

En horario escolar, por norma, las escuelas deben tener disponibles opciones y tiempo para la alimentación de los estudiantes. En el Zulia, los programas oficiales de alimentación son de suministro nacional y regional. En ambos casos, el suministro se realiza intermitentemente y la dotación es incompleta.

Para las escuelas atendidas por el programa nacional, por el CNAE (Corporación Nacional de Alimentación Escolar), y también por el PAEZ, el director de cada escuela, debe ir a retirar los insumos suministrados a un centro previamente establecido, lo que significa que se traslada el costo del transporte a la escuela (con el agravante de que, por la escasez de gasolina y las dificultades y altos costos de mantenimiento de los vehículos, los costos se incrementan para las escuelas) y que se restringe la cantidad y el tipo de insumos para cada plantel. Estas restricciones, por ejemplo, se traducen en que las escuelas puedan recibir solamente leche, solamente carbohidratos o solamente proteínas, lo cual constituye una limitación adicional para la elaboración de comidas nutricionalmente adecuadas.

Por otra parte, en algunos casos, por los problemas derivados de las constantes fallas en la electricidad en las escuelas, cuando el suministro incluye pernil, (cerdo), -que es la proteína animal que llega con alguna frecuencia-, en las escuelas se cocina, se sala o se comparte este insumo, con la comunidad para consumir de inmediato y evitar su descomposición, ya que, por no poder mantenerse correctamente refrigerado, se rompe la cadena de refrigeración.

  • Uniforme escolar y calzado:

Por la situación económica, los padres no pueden asumir los altos costos de estos rubros que forman parte de la canasta educativa. Ello, aunado al alto costo de los productos de limpieza que se utilizan para lavar los uniformes, impide que este mantenimiento, se realice con frecuencia, pues los esfuerzos están dirigidos a garantizar la compra de los alimentos y no a, reparar lavar o comprar vestido y calzado.

Cerca del 40 por ciento de la población, carece de calzado, o estos están en tal estado de deterioro, que muchas veces, los miembros de la comunidad, son obligados a asistir a clases en chanclas o cholas, es decir sandalias muy rudimentarias, lo que crea una situación de presión social y depresión, tanto en niños como en adultos.

  • Salud física y mental:

Las terribles condiciones en las cuales está viviendo el estado Zulia, pero particularmente el sector educativo, han tenido serias consecuencias en la salud, física y mental de los miembros de la comunidad.

Estas han llevado, por una parte, a la acumulación de cansancio, producto de, entre otras, no dormir noches completas, debido a que por las altas temperaturas, las personas se ven obligadas a dormir fuera de sus habitaciones, en algunos casos, en aceras, techos, y en enramadas; y por otra parte, la mala alimentación, los insectos, (especialmente, la proliferación de moscas, producto de la acumulación de basura), la quema de basura (ante la ausencia de recolección de la misma porque no funciona el aseo urbano), el  cocinar en leña, el alto costo de medicamentos y las pésimas condiciones de los centros de salud, han afectado de diversas maneras la salud, lo que ha llevado a que la situación de desesperanza, depresión y tristeza se vea reflejada en el día a día de las escuelas.

  • Planes de contingencia y políticas educativas:

Finalmente, la ausencia de planes por parte del estado venezolano, particularmente de las autoridades regionales en el estado Zulia, para atender a todas las situaciones que afectan el buen desempeño educativo; así como, la falta de lineamientos adecuados, más la imposición de lineamientos no acordes con la realidad de cada escuela, agrava aún más la situación, lo que se traduce en el desconocimiento y la falta de asistencia a la escuela zuliana, vulnerando el derecho a la educación de más de 800 mil niños y jóvenes.


(*)Fuente: Zona Educativa, 2015

El Zulia a Oscuras (y sin agua, alimentación, gas, transporte)


Dada la diversidad de condiciones y de situaciones en las que se están desarrollando las actividades en las escuelas de Venezuela, y la ausencia de información detallada, completa y real que debería ser suministrada por el Ministerio de Educación, se hace muy difícil tener un balance completo de la realización del derecho a la educación en el país, sin embargo, hemos tenido información directa de algunas escuelas.

En este caso, haremos referencia a un pequeño grupo de escuelas ubicado en el Estado Zulia, de las que nos llegó información parcial, pero valiosa. La mayoría está presentada en manera anecdótica, debido a la forma en que la recibimos.

zulia

Estado Zulia (captura de Google Maps)

Así se ve la situación en algunas escuelas del Zulia

En estos días, conocimos la solicitud de auxilio que hizo a su grupo de apoyo, una directora de una escuela del Zulia.

Se trata de una de esas escuelas que a la que asisten diariamente, la mayoría de sus estudiantes y que sus espacios están copados. Es una escuela que atiende a niños en las zonas populares.

Esa directora, emplea parte de su tiempo, haciendo cola en una bomba de gasolina, para surtir a los carros de sus docentes, porque sin gasolina no pueden llegar a trabajar a la escuela.

Otra directora también informaba que había pasado la noche haciendo cola en una bomba y que cuando llegó la gandola con la gasolina en la mañana, los que atendían, dejaron pasar primero a sus conocidos, por lo que, se extendió más su tiempo en la cola, tomando parte de su horario laboral.

Una tercera directora comentaba que el domingo, estaba haciendo cola desde las 3:00 am y que, como no tenía dólares o pesos, no le correspondía ser atendida aún. Sin embargo, a los que revendían la gasolina o contaban con divisas de otros países, les habían despachado, mientras el resto hacía cola. Su ilusión era que si lograba poner gasolina, podía ir a trabajar el lunes.

Sin gasolina y sin efectivo, porque el que depende del transporte público debe pagar entre 1.000 y 1.500 Bs por pasaje, resulta inviable trabajar en educación.

De acuerdo a ese costo, un trabajador del sector educativo, que trabaja 20 días al mes, requiere entre 40.000 y 60.000 Bs, solamente para pagar el costo del pasaje de ida y vuelta al plantel, si depende del transporte público.

La directora también comentaba que, en lo que va de año, les han llegado en pocas oportunidades, pero han llegado, insumos para preparar la alimentación, pero ahora no tienen gas para cocinarlos y tampoco tienen agua en la escuela.

Más del 50 % de las otras escuelas, comentaron no tener servicio de alimentación, o tenerlo sin insumos, lo que, en la práctica es equivalente a no tenerlo, porque no pueden proveer de alimentación a los estudiantes.

De las escuelas que comentaron tener el servicio de alimentación activo, aproximadamente la mitad afirmó recibir insumos insuficientes y de las que precisaron los insumos recibidos, ninguna reportó tener proteínas de origen animal.

De hecho, entre todas, los rubros que mencionaron recibir, incluían arroz, aceite, azúcar, harina, caraotas y lentejas. En uno de los casos, la escuela reportó que en la nota de entrega, se especificaba que la provisión incluía pasta, pero que no había llegado.

En cuanto al servicio de electricidad que sabemos está bastante afectado en el Zulia, la directora comentaba que ella llega todos los días a la escuela, a las 6:50 am y a las 8, es decir, una hora y 10 minutos más tarde, se quedan sin electricidad.

Pero la falta de electricidad, como se conoce por las noticias de ese estado, no es exclusiva de esa escuela. De las escuelas de las que recibimos información en ese momento, la mayoría reportó no tener electricidad o tenerla en horario restringido.

Muchas de ellas reportaron que tampoco tenían agua y todas dijeron que el transporte era muy reducido y costoso.

A pesar de las condiciones inadecuadas y de los costos de transporte, en la mayoría de las escuelas de las que recibimos información, la asistencia de los estudiantes superaba al 60 % y la de directivos, docentes, administrativos y obreros, el 80 %.

Ante esa realidad cotidiana, cualquier escuela esperaría que los funcionarios del MPPE pasaran con frecuencia para ver cómo han podido sortear tantos obstáculos y proponer alternativas, ayuda y apoyo para que las escuelas puedan cumplir con su trabajo, ya que, corresponde al Estado, a través del MPPE, garantizar el derecho a la educación, sin embargo, lo que comenta la directora es que las visitas que, efectivamente, hacen con frecuencia los supervisores del ministerio, “son para presionarlos” y “acusarlos” de que ellos, como escuela, “hacen lo que quieren”.

Entendemos de esta información que, es también evidente que, la función supervisora, en el sistema educativo, puede apreciarse desdibujada.

La situación del Zulia, de acuerdo a la información recibida, es similar o peor en el resto de las escuelas. En algunas escuelas nacionales, la inasistencia tanto de docentes como de estudiantes es muy alta, por lo que los procesos tienen mayor irregularidad e interrupciones.

La situación reportada, requiere atención inmediata para poder comenzar a restaurar el derecho a la educación en ese estado.

Reinvención del #DerechoALaEducación en Venezuela


Tal como les comentamos en las dos publicaciones anteriores, para poder decir que en Venezuela se garantiza el derecho a la educación, o que su garantía está en proceso de construcción, requerimos trabajar desde tres lógicas, que se hacen efectivas en tres momentos (hablamos de momentos y no de fases o etapas, porque hay acciones y tiempos solapados entre ellos). Los momentos, tal como los hemos presentado aquí, son: reinserción, restauración (propiamente dicha) y la reinvención de la educación.

Reinsertar que, de acuerdo a nuestra primera publicación sobre el tema, significa reincorporar, en algunos casos y regularizar en otros, la participación de niños, niñas y adolescentes para que puedan reintegrase con éxito en el sistema educativo; restaurar que, como planteamos en la publicación pasada, significa dotar al sistema de las condiciones óptimas para su funcionamiento con el propósito de devolver a la educación su estatus de derecho humano; y reinventar la educación, que es el tema que tocaremos en esta publicación, que implica y requiere innovación y replanteamiento, porque no solo hoy vivimos otro momento histórico con condiciones y necesidades muy diferentes, sino que mucho de lo que tuvimos y logramos, en educación en Venezuela, fue destruido y perdido.

Reinvención de la educación en Venezuela

A pesar de que la tentación puede ser muy grande y de que hay varios referentes de organizaciones nacionales e internacionales, gremiales, políticas y académicas, que pueden servir de insumo, no describiremos el producto final de lo que podría ser una reinvención de la educación en Venezuela.

Hablaremos de algunas características y aspectos que deben ser considerados en el debate que, en torno a ella, debe darse en el país.

Lo primero que mencionaremos es que, a pesar de que es un aspecto de tradicional consideración en todos los sistemas educativos, en Venezuela se necesita incluir en la lógica de reinvención, el tratamiento de la educación como un asunto prioritario, crucial y basal del desarrollo de la sociedad.

Eso no significa que se le adhiera el calificativo de “prioritario” cada vez que se mencione en el presupuesto, o en el proceso del diseño y evaluación de las políticas públicas, como se ha hecho recurrentemente hasta ahora, sino que los fondos destinados a la educación, se traten como inversión, (lo que implica la aplicación de unos criterios de diseño y evaluación diferentes a cuando se trata como gasto o compensación social); que el desempeño del sistema educativo sea medido en la evaluación de las políticas públicas, más allá de las propiamente educativas; y que tanto el diseño de la política educativa, tome en consideración el marco hacia donde se quiere orientar el desarrollo del país y de la vida de las personas, como que el diseño de las políticas públicas y la visión de país que se construya y reconstruya permanentemente en Venezuela, incorpore a la educación como asunto crucial y como criterio.

Lo segundo que mencionaremos, es que hay que retomar la lógica de que la educación es un proceso con resultados parciales y medibles en diversos lapsos, y múltiples dimensiones, pero, que como política pública tiene horizonte de largo plazo, especialmente la relativa a la educación obligatoria, que, como sabemos, en Venezuela abarca toda la educación básica, y que incluye desde inicial hasta bachillerato.

Esto significa, por una parte que la política educativa debe diseñarse garantizando su coherencia, que los cambios que se hagan deben tener una instrumentación acorde con ello, lo que, en algunos casos, implica que se requiera de una instrumentación progresiva.

Y finalmente, que el proceso de evaluación debe ser complejo y completo, para poder, por una parte monitorear la evolución y hacer los ajustes pertinentes, sin perder la esencia, ni la dirección, y por la otra, garantizar que tendremos los resultados reales y definitivos en el largo plazo.

Esta condición obliga a que la política educativa esté asociada a algunos planes que superan el horizonte de duración de los gobiernos y, por tanto, que su diseño e instrumentación debe tener mecanismos que permitan mantener los planes y los proyectos en el tiempo. De acuerdo a esta característica, las políticas públicas en educación deberían contar con el acuerdo de la mayoría, tal como si se tratara de un texto del tenor de una Ley Orgánica o de algunas de las características del proyecto de país sobre el que se sustenta la Constitución.

Estos dos puntos que, para muchos, pudieran parecer una vuelta al pasado, realmente implican una reinvención en Venezuela, porque nunca fueron instrumentados debidamente. Ellos significan, entre otras, además de la utilización de planes y compromisos de presupuesto, con duración más allá de la anual, la construcción de instancias de debate y especialmente, de evaluación, con un carácter técnico-profesional, que no dependan de los cambios en los gobernantes para mantener la lógica de funcionamiento y las metas y objetivos a alcanzar.

En la lógica de comprender a la educación como una materia cuyo horizonte de planificación y evaluación de resultados, es el largo plazo, se encuentra el tercer elemento a mencionar, que es la garantía progresiva de la realización del derecho a la educación para todos.

En efecto, es muy tentador, también, pensar que con decretar que en Venezuela a partir de ahora, se garantizará el derecho a una educación de calidad para todos, se darán las condiciones para que la realización sea un hecho. Pero, es importante dejar claro que, por la diversidad de situaciones y de condiciones, y por la disparidad entre muchas de ellas, la realización del derecho a la educación no es algo automático. De hecho, en los acuerdos y tratados internacionales, se entiende que, una vez suscrito el compromiso del Estado, la realización es progresiva, para lo que se espera que el Estado elabore los planes, con presupuesto y tiempos de instrumentación que permitan dicha realización progresiva.

Es importante agregar, que en una situación como la nuestra, en la que vivimos una emergencia humanitaria compleja, registramos un retroceso en algunas de las condiciones en las que se garantizaba el derecho a la educación, por lo que los planes implican la reconstrucción de las metas y el desarrollo de los tres momentos.

Es por ello que, aunque parezca innecesario decirlo, el momento de restauración propiamente dicha, requiere de una lógica de reinvención que permita al Estado contar con los instrumentos que faciliten el diseño, la instrumentación y la evaluación de planes y proyectos específicos que, en el tiempo, tengan como producto final, dicha restauración para todos, sin ningún tipo de discriminación, que no sea la que algunos entienden como discriminación positiva que es la que asigna recursos prioritarios a las personas con mayores dificultades, para ayudarlos a superarlas.

De este aspecto, se desprende el cuarto elemento a considerar que es la necesaria discusión entre igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades. Hasta ahora, desde los discursos de algunos políticos y funcionarios, pasando por los textos de planes, proyectos y leyes, en Venezuela se estila mencionar como condición ideal en educación, la garantía de la igualdad de condiciones, al lado de la garantía de igualdad de oportunidades.

Es por ello que lo que se promueve, como parte de este momento, es una discusión de fondo que permita comprender al país y asumir que al garantizar la igualdad de condiciones, se puede negar la igualdad de oportunidades y que la igualdad de oportunidades sólo se puede garantizar, si se logra la diversidad de condiciones, de acuerdo a las características y necesidades de cada ciudadano.

El resultado de esa discusión, debe permitir que se defina lo que se persigue en Venezuela, para que las políticas públicas del sector, puedan estar diseñadas, o para garantizar que todos tendrán las condiciones que requieran para poder aprovechar las oportunidades que se ofrecen, o que, por el contrario, todos estarán en las mismas condiciones, independientemente, de sus características, preferencias, capacidades y aspiraciones.

De la forma en la que presentamos la disyuntiva, se desprende nuestra posición al respecto. Pero la necesidad de dar y resolver la discusión, nace de la imposibilidad de hacer diseños coherentes, en los planes y las políticas del sector, si se utilizan los dos, no sólo indistintamente, sino conjuntamente, como se ha hecho hasta ahora.

Hasta este punto del texto, la reinvención pareciera más una reconstrucción que a algo que implique innovar, pero, de acuerdo a nuestra experiencia como país, muchas de las cosas planteadas, en educación y en términos de políticas públicas, se quedaron en buenas intenciones o en el papel y por tanto, la innovación, en muchos casos, está en cómo replantearlas, de acuerdo a la realidad actual y como instrumentarlas de verdad y garantizando que efectivamente, funcionen.

El quinto y último aspecto a mencionar, es el que se desprende de lo que se debe entender como una educación de calidad. De hecho en las publicaciones anteriores, se mencionó que la definición de calidad a la que se refiere el derecho a la educación en los instrumentos internacionales, tiene algunos parámetros de referencia, pero en términos de su contenido y orientación específicos, lo que se concibe como una educación de calidad depende del contexto y de la visión que se tenga en cada sociedad y país.

Es por ello que en este aspecto se abren muchas opciones a considerar, pero en un proceso interactivo entre la definición y diseño de la visión de la Venezuela que queremos y la de la educación a la que aspiramos.

Para comenzar, en este momento, como dijimos al principio, hay una diversidad de documentos e ideas, más o menos desarrolladas, más puntuales o más globales, más políticas, gremiales o académicas, que están sobre la mesa, con propuestas tanto sobre el país que queremos, como sobre la educación a la que aspiramos.

La innovación, en este caso, no comenzaría, aunque convendría pensar en ello, por cambiar la competencia mediática entre opciones y proyectos, por el análisis y la construcción negociada de una, así sea para la identificación de los aspectos con acuerdos potenciales y en común, porque en este caso, tenemos experiencias previas interesantes y parcialmente exitosas.

En este caso, la innovación estaría en que lo que de ellas se obtenga, se desarrolle efectivamente y se instrumente. Pero eso en términos de forma.

En términos de contenido, es donde está el reto mayor de la reinvención, por ejemplo:

  1. Replantearse el propósito y la duración de la educación obligatoria. El para qué, cómo y por qué se establece como obligatoria una parte de la educación y modificar sus propósitos, métodos y contenidos, de acuerdo a lo que se pretende con ella.
  2. La definición de referentes de calidad que tengan aspectos que respondan realmente a las demandas y necesidades de la vida y el mundo actual.
  3. La construcción de un sistema educativo que combine la lógica de las políticas públicas en el largo plazo, con la lógica de la incorporación de la innovación como un aspecto esencial.
  4. El desarrollo de un sistema de evaluación integral y multidimensional, que permita por una parte, monitorear el desempeño del sistema y de todos sus componentes, y por la otra, hacer ajustes y mejoras, para garantizar cada vez mejor desempeño. Este sistema podría incluir un proceso de evaluación y recertificación periódica de los docentes, así como un proceso de evaluación permanente, con planificación de cambios y mejoras en las escuelas. En esta misma lógica, se debe pensar en un proceso de evaluación para la innovación permanente de los espacios de formación de los docentes o de las escuelas de educación de las universidades.
  5. La articulación real entre los niveles y entre los subsistemas, entre la educación formal y no formal; entre la educación presencial, la virtual y la a distancia; y también entre las modalidades.
  6. El desarrollo de dinámicas pedagógicas y andragógicas que respondan a las necesidades de personalización de los procesos, que consideren los mecanismos para el desarrollo de capacidades en la práctica, no sólo teóricamente, y que incorporen la innovación y la tecnología que se requiera en cada caso.
  7. El desarrollo de un componente de formación ciudadana que permita que las personas desarrollen su capacidad de análisis y de pensamiento crítico y propio, que comprendan su realidad social y política, que se incorporen elementos de análisis y comprensión de los procesos históricos y de desarrollo de la identidad, que construya espacios para la expresión y la convivencia, pero que estén sustentados en el pluralismo, sin que ningún actor o funcionario, pretenda utilizarlos para beneficio de su perspectiva o para el fortalecimiento de su organización o parcialidad política.

Esos puntos, como abrebocas, entre muchos otros.

Para no hacer este texto mucho más extenso, la innovación en este caso, como se desprende de muchas de las consideraciones del texto, está en que el país y el sector educativo, comience a pensar en términos de reinvención, en lugar de quedarse en la reconstrucción de algunos aspectos que se consideraron exitosos o necesarios.

Restauración del Derecho a la Educación en #Venezuela (Reinserción)


Esta publicación podría muy bien comenzar con la frase: Como es por todos conocido en Venezuela está siendo vulnerado, -en algunos casos restringido y en otros violado-, el derecho a la educación, de múltiples formas.

Sin embargo, por lo que hemos podido observar, con frecuencia, pero especialmente, con mayor preocupación recientemente, es que educación no es un derecho humano que parece ser percibido por algunos ciudadanos y organizaciones, como un derecho fundamental en la vida de las personas, sino como un derecho que siempre se puede realizar a posteriori, sin consecuencias irremediables en la vida, ni de las personas, ni de las sociedades.

Es por esta razón, que esta publicación se inicia con esta aclaratoria: el derecho a la educación es un derecho fundamental que determina el desarrollo pleno de las personas y cuya realización, permite o facilita, la realización de otros derechos humanos.

Debido a ello, la garantía del derecho a una educación de calidad para todos, sin ningún tipo de discriminación, debe ser un propósito estratégico y prioritario de todos los Estados. Pero además, con la perspectiva de que la no realización del derecho a la educación en ciertas condiciones, afecta tanto el desarrollo de las personas, como el desarrollo de las sociedades.

En efecto, forma parte de la conceptualización del derecho a la educación, la existencia de una parte de la educación que es obligatoria para todos. Esa, que en Venezuela corresponde a la educación básica, es decir, a la educación que abarca desde educación inicial hasta educación media o bachillerato, es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos.

En la educación que cada sociedad considera y establece como obligatoria, se desarrolla la formación que permitirá, por una parte que las personas sean capaces de lograr, o alcanzar una vida plena, y por la otra, la que permitirá que la dinámica de las sociedades se ajuste a las reglas de juego y a la institucionalidad vigente, pero además, que tengan capacidad de producción y de garantizar las condiciones de vida de toda su ciudadanía.

Es decir, de lo que suceda en la educación básica de cada país, dependen tanto la realización y felicidad de las personas, como el desarrollo de las familias y de la sociedad, el funcionamiento del Estado, del sector productivo, la relación y convivencia de los ciudadanos entre sí y con el ambiente, entre muchas otras cosas.

Es por esta razón que, la educación básica falla, es decir, cuando el Estado es incapaz de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los ciudadanos, el riesgo de frustrar el desarrollo pleno de las personas y de que las sociedades no consoliden una dinámica sana y próspera, es muy alto y, aunque algunas de esas condiciones se puedan recuperar a futuro, las consecuencias para la vida de las personas, de su falta de desarrollo, incluso de sus frustraciones, así como de los problemas y vicios de funcionamiento en las sociedades, quedan.

De allí que, dada la situación por la que atraviesa en este momento Venezuela, considerando todos los precedentes y las consecuencias de la fallas en la realización del derecho a la educación hasta ahora, es que es imprescindible que, lo antes posible, se reinicie un proceso de restauración del derecho a la educación.

Esta restauración debe tener como propósito el que, efectivamente, el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, sin discriminación y para toda la vida, comenzando por la educación obligatoria, que es la educación básica.

Para lograr este cometido, el país debe, en primer lugar, asumir que estamos atravesando por una Emergencia Humanitaria Compleja, que tiene como una de sus características, que el Estado no está en la capacidad real de cumplir con sus responsabilidades, por lo que se requiere, iniciar aplicando medidas extraordinarias para restaurar progresivamente el ejercicio de este derecho, hasta que las instancias del Estado recobren su institucionalidad y operatividad y puedan realmente, convertirse en garantes de ese y otros derechos (en este caso, poniendo énfasis en derechos, como el derecho a la alimentación y a la salud, entre otros, que con derechos asociados a la realización del derecho a la educación).

Reinserción

Entre las medidas extraordinarias iniciales, deben diseñarse algunas dirigidas a la reinserción de los niños, niñas y adolescentes que, por diversas razones se encuentran fuera del sistema educativo. Esa reinserción no es solamente hacer algo para que regresen a las escuelas, no, se trata de un proceso en el que:

  1. Se deben ubicar todos los niños, niñas y adolescentes que, en este momento, no estén asistiendo con regularidad a clases, o que se hayan retirado definitivamente del sistema.
  2. Se debe realizar un censo que incluya la identificación y registro de las causas por las que no están asistiendo con regularidad a clases, o por las que abandonaron la escuela, y las condiciones de vida que inciden en ello.
  3. Se debe evaluar el nivel de formación que alcanzaron los niños, niñas y adolescentes, en cada caso.
  4. Se deben evaluar también las condiciones psicológicas y emocionales de cada niño, niña y adolescente, para brindar la atención y el acompañamiento necesarios, de manera de que puedan reinsertarse de manera exitosa en el sistema.
  5. Se deben diseñar estrategias, con un alto grado de personalización que les permita, restaurar la relación con la escuela y el proceso de formación que se desarrolla en ellas, para cada caso, comenzando por las rutinas diarias asociadas; compensar las deficiencias en los aprendizajes pasados; mejorar las condiciones de vida y abordar los problemas asociados a las causas que hicieron que abandonaran o que no asistieran regularmente a las escuelas, incluyendo los aspectos psicológicos y emocionales.

El diseño y desarrollo de esas estrategias, implica, por una parte, la elaboración de formatos y protocolos de trabajo, el diseño de procesos de evaluación, sistematización y análisis de la información recaudada, y por la otra, la elaboración de materiales pedagógicos que sirvan de base para retomar los aprendizajes en cada uno de los casos.

El proceso en general, requerirá del concurso de personas que pueden tener o no, formación docente, por lo que su diseño e instrumentación deberá incluir, por una parte, el diseño y elaboración de materiales y de procesos de formación para los que funjan como facilitadores en todo el proceso, y por la otra, de acompañamiento para facilitar el desarrollo de sus funciones, así como la mejora progresiva de su desempeño.

Ese diseño, debería estar vinculado al sistema educativo formal y anclado en las escuelas existentes. Sin embargo, se entiende que, dada la situación, en este momento, sin la anuencia de los entes del Estado que administran las escuelas, esa opción no siempre será posible, por lo que se debería contar con la participación de organizaciones internacionales como UNICEF, que facilitaran y validaran los procesos.

El propósito de la reinserción es que los niños, niñas y adolescentes fuera del sistema o con inasistencia irregular y baja, puedan reingresar, integrarse y tener éxito en su formación.

Dada la situación, la restauración del derecho a la educación, debe también contar con una fase de restauración propiamente dicha, que implica la adecuación del sistema para lograr su funcionamiento y una fase complementaria de reinvención de la educación en Venezuela, que permita tener una educación de calidad, pero realmente adecuada a las demandas y necesidades de la vida y el mundo actual.

Sobre esas fases, para no hacer más larga esta entrega, estaremos hablando en las próximas publicaciones.

Nueva suspensión de clases, hace más evidente es la necesidad de reprogramar el año escolar 2018-2019


Hace minutos, un vocero del ejecutivo nacional, anunció que se mantenían suspendidas las clases en todos los niveles del sistema educativo. Ese anuncio fue seguido del recorte de la jornada laboral hasta las 2 pm y durante la declaración, no se especificó en ningún momento, por cuanto tiempo sería la nueva suspensión de actividades, lo que deja al sistema educativo en total incertidumbre e incapacidad ni de planificar, ni de buscar e instrumentar alternativas para minimizar los impactos de alargar la suspensión de clases.

La declaración tampoco incluyó una necesaria explicación de las causas para tomar una medida de ese tenor, ya que, más allá del discurso sobre el que se justifica la caída del servicio eléctrico, no se especifica por qué se debe extender la suspensión de clases por más tiempo. De hecho, estuvimos tratando de conseguir más información y lo único que encontramos fue este texto en un comunicado oficial (*):

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Y posteriormente, nos hicieron llegar, la comunicación oficial del ministerio, en la que se precisa que se deberán suspender las clases, mañana 1 de abril, pero no se establece que el reinicio de clases se debe programar para el martes 2, por lo que, como ha venido sucediendo hasta ahora, se pudiera volver a extender mañana, haciendo los anuncios por un día a la vez.

Haciendo un breve recuento, para poner este anuncio en contexto, como ya todos saben, a los 6 días de clases que se habían perdido por el apagón del 7 de marzo, más los dos días perdidos por el asueto pre-carnaval, se sumaron, esta semana que está terminando, 4 días más de suspensión por un nuevo apagón. Los días adicionales de clases perdidos, fueron del 26 al 29 de marzo.

De acuerdo a ello, durante este año escolar, se han perdido 5 días por las elecciones, 2 días de asueto no programado y 10 días entre apagones y las suspensiones relacionadas con ellos. Eso suma un total de 17 días de clases perdidos. (Recordemos que el artículo 49 de la LOE establece que son 200 días de actividades escolares que ya, antes de estas pérdidas, no se cumplían)

Es importante recordar que los 5 días de clase por las elecciones se perdieron en el primer lapso y que el resto de los días perdidos, menos 1, se perdieron en el mes de marzo, dejando, como ya muchos han reseñado, a ese mes con sólo 8 días de actividades escolares.

Si nos enfocamos en el tiempo perdido desde el reinicio de clases el 7 de enero, tenemos que en estas 12 semanas, hay un total de 84 días, de los que 57 eran días de actividades escolares, de acuerdo al calendario oficial. (84 días en total, menos los 24 feriados (en este caso solamente los fines de semana) y los 3 de asueto tradicional (el día del maestro y lunes y martes de carnaval)).

De esos 57 días, 2 se perdieron por el decreto de asueto pre-carnaval y otros 10 por los apagones y las suspensiones de actividades relacionadas con ellos, sumando 12 días perdidos de clases, lo que deja solo 45 días de actividades. Es decir, que desde el 7 de enero, hasta la fecha, se ha perdido el 21% del tiempo disponible según el calendario.

Es de hacer notar que, la pérdida de tiempo, como ya mencionamos antes, ha sido más grave durante el mes de marzo, en el que, de los 19 días hábiles que debieron emplearse en el desarrollo de actividades escolares, en sólo 8, es decir, el 42% hubo clases.

Antes del anuncio que acaba de hacer el ejecutivo, íbamos a incluir en esta nota, una referencia a las instrucciones que habían llegado a algunas escuelas para el reinicio de clases mañana, haciendo énfasis en que, contrario a lo que debería suceder, no incluían pautas específicas para tratar ni la situación emocional de los estudiantes, ni la restauración de la rutina de trabajo, ni mucho menos, la recuperación del tiempo y los aprendizajes perdidos por las interrupciones y las condiciones en las que se dieron.

Pero dado este anuncio, queremos ratificar que, además de ser imprescindible que el ministerio de educación elabore pautas y gire instrucciones al respecto, debe programar una evaluación de la situación de las escuelas y del aprendizaje de los estudiantes, para que, con base a ello, se pueda diseñar y reprogramar el año escolar, haciendo todos los esfuerzos por garantizar no sólo que hayan actividades en las escuelas, sino que se garantice que todos los estudiantes logren los aprendizajes correspondientes, de manera exitosa y sin traumas adicionales a los que ya han sufrido por la situación nacional.

Queremos llamar también la atención de todos, sobre el hecho de que a pesar de poder cuantificar la pérdida de clases generalizada, no se puede ignorar la situación de muchos sectores del país, en los que, en algunos casos, por las inundaciones que retrasaron el inicio del año escolar, y en otros por falta de agua, por suspensiones del servicio eléctrico y por falta de docentes, se han perdido más días y horas de clase.

En esos casos, como se dijo en publicaciones anteriores, se tiene que garantizar que se pueda recuperar el tiempo perdido con las peculiaridades de cada caso, porque el derecho a la educación debe garantizarse sin ningún tipo de discriminación y no permitir que las zonas más afectadas cuenten con más tiempo y los recursos adecuados para recuperar el tiempo perdido y lograr los aprendizajes con igual calidad, que la mayoría, termina resultando en una discriminación por localización y condiciones de los servicios, lo cual, es totalmente inaceptable.

(*) Comunicado oficial del ejecutivo, publicado como imágenes en twitter.

Continua la suspensión de clases en #Venezuela


Este lunes 25 de marzo, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hubo una falla en el sistema eléctrico que dejó sin luz a una parte del país. A las 9:50 de la noche, cuando el servicio se había recuperado en varias zonas, se produjo un nuevo apagón afectando casi a la totalidad de los Estados.

Ese segundo apagón se mantuvo, por más un poco más de 13 horas en algunos sectores, pero por más de 24 horas en otras zonas, por lo que fueron suspendidas las actividades laborales y las clases del martes 26 de marzo. Posteriormente, el miércoles 27, a las 5 am, se volvió a generalizar el apagón en todo el país, por lo que se mantuvo la suspensión de actividades laborales y de clases.

Anoche, a las 8:30 pm, se anunció, a través de un mensaje de twitter, la extensión de la suspensión para este jueves 28 de marzo.

tuit JR 2703 suspension

El MPPE difundió ese mensaje, pero pasadas las 10 de la noche.

tuit del MPPE del 2703

En momentos como éstos, en los que situaciones externas al sistema educativo, afectan el desarrollo de las actividades, lo esperable es que el MPPE, a través de la red de supervisores y de sus medios de comunicación, que incluyen su web y sus redes, informe a las comunidades educativas sobre lo sucedido, pero especialmente, sobre cómo abordar sus consecuencias para lo que constituye su mandato, que es garantizar educación de calidad para todos, sin discriminación de ningún tipo.

Sin embargo, ni en la web del ministerio, ni en su cuenta de twitter, pudimos conseguir orientaciones que permitan a las escuelas, reprogramar sus actividades y atender a las consecuencias de los reiterados apagones en el aprendizaje de los estudiantes.

En su lugar, en la web del ministerio, las notas de prensa más recientes son del pasado 23 de marzo. A continuación se muestra el titular y la imagen que acompaña una de las dos notas de prensa. Ambas tienen un contenido similar y están referidas a una manifestación realizada en esa fecha en Caracas, pero en la que es presentada con este titular y esta foto, se recogen las declaraciones de varios funcionarios y maestros, en las que el mensaje es salir a la calle a defender “la revolución” y en ninguna parte, se menciona lo que se debe hacer en las escuelas para recuperar el tiempo perdido por el apagón del 7 de marzo.

Aristóbulo

Y en la cuenta de twitter, además del mensaje fijo con la suspensión de actividades que referimos al inicio, encontramos una publicación con la versión oficial de lo sucedido:

versión de lo sucedido

Adicionalmente, además de las publicaciones repetidas de otros días, un par de noticias sobre el programa de alimentación escolar; algunas sugerencias elaboradas por otro ente, para hacer un mejor uso del servicio eléctrico; y la publicación de información de otras instancias del ejecutivo, que incluyen una sobre la efeméride de hoy, y muchas sobre lo sucedido, con una versión particular y un lenguaje abiertamente de guerra que se aleja mucho de lo que debería ser la misión de un ente como el MPPE.

También encontramos una publicación con información político partidista que no debería ser divulgada desde la cuenta oficial del MPPE, en respeto a lo establecido en el artículo 102 de la Constitución y en sus disposiciones fundamentales.

boletin del partido

Lo que no encontramos, fue información con instrucciones giradas por el MPPE para que las escuelas y sus comunidades educativas puedan identificar, abordar y manejar las consecuencias de los apagones cuando se reinicien las clases, así como tampoco, las tan esperadas, por todos, pautas para la reprogramación del calendario escolar que, ahora, tiene que incluir la recuperación de 3 días más de clases, perdidos.

Y es que, en efecto, tomando solamente los días en los que la suspensión ha sido nacional, de acuerdo a las causas reconocidas por todos, hasta hoy llevamos 16 días de clases perdidos.

 

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¿Es posible la recuperación del tiempo perdido en educación?


(Por diversas razones no habíamos podido mantener las publicaciones del blog actualizadas. Hoy, aprovechando que hay luz y conexión, – bueno, había conexión y se cayó antes de publicar-, retomaremos las publicaciones en este blog)

Como todos saben, siempre hacemos una hipótesis de calendario al inicio del año escolar, que luego ajustamos cuando se publica el calendario del Ministerio y posteriormente vamos haciendo un balance de los días de clase perdidos.

Ese seguimiento tiene sentido siempre, incluso en circunstancias especiales e inéditas como las que estamos viviendo en Venezuela, pero precisamente por estas circunstancias, especialmente por la forma diversa en la que han afectado al país, dependiendo de las zonas, en lugar de comenzar con el “cálculo” de los días de clases perdidos, en este momento, haremos unas consideraciones sobre cómo y para qué estimar el tiempo perdido, y sobre las condiciones para el regreso y la continuación del año escolar.

Estimación del tiempo perdido

Sacar la cuenta del tiempo perdido en educación, en este momento, es una tarea que debe ser realizada en cada escuela, porque para poder saber cuántos días y horas de clase se han perdido desde el inicio de clases, el 17 de septiembre -para inicial y primaria- , o desde el 1 de octubre -para bachillerato-, es imprescindible hacer la cuenta en cada una de las escuelas del país, tomando en consideración varios factores:

  1. Días de inicio de año escolar empleados en inscripciones y con actividades incompletas por baja asistencia de los estudiantes.
  2. Días de inicio de año escolar perdidos porque, como consecuencia de las inundaciones, no se pudieron iniciar las actividades en las escuelas.
  3. Días de suspensión de actividades por elecciones. En esta oportunidad también hay variaciones, teniendo como máximo los 5 días inicialmente decretados por el Ministerio.
  4. Días de retorno de las vacaciones de diciembre con actividades incompletas por la baja asistencia de estudiantes y por la migración de docentes.
  5. Días de asueto decretados por el ejecutivo.
  6. Días de actividades perdidas previos al apagón nacional por falta de luz o de agua en la zona en la que se ubica la escuela. También se deben contabilizar las suspensiones parciales, es decir, las horas perdidas porque se redujo la jornada de trabajo, por las mismas razones o por fallas en el Sistema de Alimentación Escolar, por las que.
  7. Días de apagón, más días de suspensión de actividades decretados.

Para ello, a esta altura, se esperaría que el Ministerio hubiera girado instrucciones en las escuelas, en varias oportunidades, para poder contabilizar las pérdidas en cada una y, de ser necesario, como en el caso de las escuelas ubicadas en los municipios afectados por las inundaciones, que hubiera organizado la reprogramación y extensión del año escolar desde el inicio. Actualmente, también se esperaría que hubiera tenido un balance del tiempo perdido hasta antes del apagón, con una propuesta de extensión del calendario, para recuperarlo.

Tiempo perdido más allá de suspensiones y reducciones de jornada

Sin embargo, el tiempo perdido, en educación, no se calcula solamente en términos de días y horas sin clases, o sin actividades de aprendizaje, se calcula tomando en consideración el aprovechamiento efectivo del tiempo escolar.

En nuestra publicación del 10 de septiembre del año pasado, en la que presentamos las consideraciones que se deberían tener para evaluar la factibilidad del inicio del año escolar 2018-2019, con normalidad, especificamos los problemas que se habían registrado a lo largo del año escolar pasado y que habían afectado la calidad y cantidad de los aprendizajes de los estudiantes. (Puedes leer la publicación aquí)

La mayoría de los problemas registrados durante el año escolar 2017-2018, se han repetido e incrementado durante lo que va de año escolar 2018-2019, afectando, mucho más, las posibilidades de mantener la continuidad en las actividades de aprendizaje. Para ilustrar la situación cotidiana de las escuelas, tomaremos dos problemas como ejemplos:

  1. La inasistencia recurrente de los estudiantes: como se sabe, desde el año escolar pasado, en muchas escuelas, falta a clases todos los días, entre el 30 y el 70 % de los estudiantes de cada aula, la inasistencia no es la misma en todas las aulas, todos los días, ni tampoco es la misma en todas las aulas de una escuela.

Adicionalmente, los estudiantes que no asisten varían día a día. En algunos casos, las inasistencias de los estudiantes son de una a 3 veces a la semana.

Esa situación tiene como consecuencia una variación importante en la conformación del grupo de estudiantes que se encuentra en el aula, cada día; en efecto, debido a ello, el grupo siempre es diferente, por lo que a los maestros se les dificulta mantener la continuidad en los procesos de enseñanza, y, por ello, deben emplear mucho más del tiempo requerido para desarrollar las actividades y garantizar el aprendizaje. Una buena parte del tiempo, es empleado en repetir experiencias para garantizar el aprendizaje de los que no pudieron asistir y en realizar actividades para retomar el hilo, repasar, reforzar procesos y tratar de reconstruir la continuidad perdida.

La ruptura en la continuidad de los aprendizajes, se agudiza con las interrupciones parciales o totales de las actividades por fallas en los servicios (agua, luz, alimentación), que en algunas zonas del país, son recurrentes. Pero también, la capacidad de participar de forma exitosa en las actividades, está mediada, por una parte por las razones por las que los estudiantes dejan de asistir de forma recurrente, así como por las condiciones de vida en sus casas, y por la otra, por las condiciones en las que se desarrollan las actividades en las escuelas que incluyen desde la dotación, hasta las condiciones sanitarias y de seguridad, pasando por el equipamiento y la alimentación.

Las inasistencias de esta magnitud, por las causas que se producen, y especialmente, por las consecuencias en la formación de cada uno de los estudiantes, no se contabilizan simplemente, se tienen que registrar tomando como referencia los aprendizajes afectados en cada caso, y tomándolos en consideración a la hora de reprogramar, porque un estudiante que no logró un aprendizaje que es requisito para uno posterior, está en franca desventaja y no sólo tendrá más dificultades de aprender posteriormente, sino que sufrirá el impacto psicológico de experimentar esa desventaja, especialmente, conociendo las causas que la originaron.

Todas esas interrupciones –y su recurrencia- debilitan la apropiación de los aprendizajes por parte de los estudiantes, lo que tiene como consecuencia una mayor disminución en la calidad de la educación que se obtiene, afectando, en última instancia, la realización del derecho a la educación, y limitando el desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

2. Condiciones psicológicas y emocionales de estudiantes y docentes: además de los problemas ya reportados, el año escolar pasado, que como sabemos también se han incrementado al inicio de este, la situación política, económica y social ha tenido severas consecuencias en la población emocionales y psicológicas en la población.

La incertidumbre por la situación y sus consecuencias en la vida cotidiana, las restricciones en la adquisición de alimentos y medicamentos, las fallas en el transporte, las fallas en los servicios de luz y de agua, la falla en el suministro de gas, el aumento de la delincuencia, por una parte, y la sensación de pérdida tanto de condiciones de vida, como de familia, por las migraciones, entre otras, han generado un estado de indefensión, de desesperanza, de inestabilidad emocional y psicológica en la población, que dificultan, tanto la capacidad de concentración y organización de todos, como la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.

Aunque ya algunas de las condiciones se han comenzado a hacer visibles, como problemas del sistema educativo, como por ejemplo, entender que un niño que no se alimenta bien, no puede aprender; o que cuando no hay recursos suficientes en las casas, o cuando no hay agua para lavar la ropa o hasta para bañarse, como ha pasado en los últimos meses, los niños dejan de asistir a la escuela; hay otras que ahora es que comienzan a mencionarse y que están asociadas a la angustia psicosocial y los traumas psicológicos; así como también otras que no se mencionan sino en algunos espacios, como la necesidad de mantener la estructura y organización del tiempo, así como las rutinas de vida en la cotidianidad.

En efecto, ahora parece comenzar a entenderse que un niño que está triste porque parte de su familia emigró, o porque perdió un familiar o un amigo, producto de la falta de medicamentos, de alimentos, o por deficiencias en el sistema de salud o como víctima de la delincuencia, o porque sus condiciones de vida han disminuido considerablemente; o un niño que tiene miedo porque en el sector en el que vive experimenta la tensión de la inseguridad cotidianamente, no puede concentrarse y por tanto, está en desventaja para el desarrollo del proceso de aprendizaje.

En estos casos, tanto los cálculos del tiempo necesario para recuperar la calidad y completitud de los aprendizajes, como para el diseño de las estrategias para lograr la restauración de los mismos, especialmente, cuando las condiciones que los afectan, no mejoran, sino que se agravan con el tiempo, requieren, además de instrucciones especiales, dado lo excepcional de la situación, de un proceso de evaluación que permita a los docentes estimar el tiempo que requeriría para poder replantear su planificación para el resto del año escolar. Ese proceso de evaluación, por cierto, también requiere tiempo que no podrá emplearse ni en la reconstrucción de la continuidad del proceso, ni en el desarrollo del mismo.

Adicionalmente, lo extraordinario de este tipo de situaciones, requiere el apoyo de personal especializado y de guías para docentes y padres, o representantes, que permitan acompañar de manera adecuada a los estudiantes en su participación en el proceso educativo.

Condiciones para el regreso y la continuación del año escolar

En una situación como la que estamos viviendo en Venezuela, se esperaría que el Ministerio de Educación, como el ente responsable del sistema educativo, específicamente de la educación básica, a esta altura:

  1. Hubiera hecho un balance de los daños en las escuelas, por las fallas en los servicios, así como por las consecuencias de la delincuencia. Ese balance debería incluir, el cálculo de los daños y pérdidas, así como de un inventario de los problemas a resolver y las necesidades de reparación y reposición de equipos e insumos; y con un estimado del tiempo de recuperación tanto de los servicios de luz, agua y alimentación, más la inversión y el tiempo para reparar daños y reponer equipos e insumos en cada escuela.
  2. Hubiera hecho un balance del equipo docente con el que se cuenta y de los cargos docentes ocupados temporalmente, por personas que no tienen formación para ese ejercicio, de forma de poder generar un plan de emergencia para la atención de los centros educativos, que estuviera acompañado por docentes formados –incluso pidiendo ayuda a docentes jubilados- y por materiales para apoyar a todo el personal, tanto en las labores pedagógicas propiamente dichas, como en la detección y atención a las consecuencias de la angustia psicosocial y los traumas psicológicos. Ese balance y ese plan, por cierto, debería incluir una evaluación de las condiciones de trabajo y de vida de los docentes, así como la restauración de las condiciones establecidas en su contratación colectiva.
  3. Hubiera discutido, con los organismos internacionales competentes en atención a las emergencias humanitarias, las posibilidades y planes, tanto para el reinicio de clases, como para la extensión del año escolar, con base en las actividades de acompañamiento psicosocial y educativo, complementarias, para garantizar disminuir las diferencias en las condiciones de los estudiantes, por la diversidad de formas y magnitud, en las sus vidas y su formación se han afectado, hasta el momento.
  4. Con base en la información recaudada, hubiera elaborado planes, con inversión establecida y tiempos, así como, con materiales para garantizar un exitoso reinicio del año escolar, con la necesaria restauración de las condiciones y aprendizajes dependiendo de las variaciones de la situación en cada una de las zonas del país y de las escuelas.
  5. Hubiera discutido con los gremios del sector, los planes elaborados y la mejor forma de instrumentarlos para, desde la visión de los que hacen posible cotidianamente la educación en las escuelas, se pudieran hacer los ajustes necesarios.
  6. Y, en lugar de estar postergando diariamente el inicio de clases, anunciara el día de reinicio de las clases, con un calendario claro, junto con los planes asociados, para el conocimiento de todo el país y de cada comunidad.

Sin embargo, además de ello, en aquellas escuelas en las que se pudiera, así fuera de forma parcial, por las condiciones generadas por las fallas en los servicios, se hubieran podido habilitar las instalaciones para:

  1. Proveer de alimentos a las comunidades con mayores dificultades. Obviamente, para ello, la escuela debería contar con un mínimo de condiciones que incluyeran agua, luz y gas, para poder preparar los alimentos, pero, esas son condiciones que, en muchos casos pudieron procurarse con el apoyo del Estado, y que pudieron ayudar a atender a la población, así como a disminuir los efectos psicosociales de la situación en ella. Esta actividad se ha realizado en algunas escuelas del Estado Miranda los dos últimos días.
  2. Servir como centros de acopio y distribución de insumos básicos, como comida no perecedera, suplementos nutricionales y agua, que es lo que se debería suministrar a la población en una situación de emergencia generalizada como la que se presentó a raíz del apagón generalizado en Venezuela.
  3. Servir como centros de reunión y de atención para los niños y jóvenes, con actividades lúdicas y complementarias de aprendizaje, que les permitieran tener algo de organización en el tiempo y mantener la lógica de la rutina, ambas cosas importantes, tanto para su formación, como para su estabilidad psicológica y emocional.

En lugar de ello, asistimos a una dinámica muy diferente, especialmente carente de evaluaciones, balances, planes y materiales de apoyo para atender la situación actual y para el acompañamiento de nuestros niños y jóvenes, antes, durante y después del reinicio de clases.

 

Monitoreando el inicio del año escolar 2018-2019 en Venezuela


Como sabes, durante el año escolar pasado (2017-2018) el sistema educativo presentó muchas irregularidades producto de, por una parte, los impactos de la situación nacional sobre la vida de las familias, de todos los miembros de las comunidades educativas, y por la otra, por las propias fallas estructurales del sistema.

Es por esta razón que este año escolar 2018-2019, que inicia mañana, 17 de septiembre, para los niveles de inicial y primaria de la Educación Básica, requerimos conocer y hacer visibles ante el país, las condiciones en las que se inician las actividades.

Para poder tener información oportuna y directa desde las escuelas, requerimos de tu apoyo, por lo que queremos invitarte a participar.

Participar como padre, representante, docente, trabajador administrativo, obrero, estudiante, o vecino de la comunidad en la que se localiza la escuela, es muy sencillo, puedes contarnos:

  1. Si se iniciaron las clases.
  2. Si la escuela cuenta con las condiciones de infraestructura y dotación, aptas para iniciar las clases.
  3. Si la escuela cuenta con las condiciones de mínimas para su funcionamiento, es decir, si tiene condiciones sanitarias, agua potable, luz, comunicaciones, internet.
  4. Si tiene los insumos y equipamiento para brindar alimentación.
  5. Si hay transporte público para llegar a la escuela.
  6. Si cuenta con los docentes y directivos suficientes para desarrollar una educación de calidad.

Puedes hacerlo escribiendo:

  1. Uno o varios correos a monitoreoOEV@gmail.com, 
  2. O uno o varios tuits usando la etiqueta #AClasesVzla2018 

Cuando escribas, recuerda siempre poner el nombre de tu escuela y dónde está ubicada para poder incorporarla en el registro. Si es posible, puedes acompañar la información con fotos.

Para tener la mayor cantidad de información posible, estaremos recibiendo aportes sobre el inicio del año escolar durante el primer mes de actividades. A partir del 1 de octubre, esperamos también tener reportes sobre el inicio de las clases en educación media.

Te damos las gracias de antemano, por participar y permitirnos visibilizar la situación de las escuelas al inicio de este año 2018-2019

Deficiente acceso a la información, afecta calidad y derecho a la educación (parte 1)


La situación política, social y económica por la que está atravesando Venezuela, afecta directa e indirectamente el funcionamiento del sistema educativo y, por tanto, restringe el ejercicio del derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes.

En efecto, la situación nacional -hiperinflación, inseguridad, falta de efectivo, reducción de las unidades y rutas de transporte público, escasez de alimentos y falta medicamentos, entre otras- ha deteriorado progresiva y fuertemente la calidad de vida de las personas, lo cual, tal como se ha visto en los medios de comunicación y en los reportes hechos por particulares en las redes sociales, tiene efectos directos e indirectos en el funcionamiento del sistema educativo.

Así mismo, el uso político partidista, por parte de los grupos que están en el gobierno, de todos los espacios del Estado, con la discriminación política asociada, han restringido los derechos a la participación y a la libre asociación de los ciudadanos, lo cual, tiene también sus efectos directos e indirectos en el funcionamiento del sistema educativo y en el ejercicio del derecho a la educación.

Sobre el estado del derecho a la educación, en este momento, en Venezuela y el impacto que la situación nacional está teniendo sobre el mismo, presentaremos información más detallada próximamente. (Hay varias organizaciones que hacemos monitoreo y seguimiento a ello). Sin embargo, hoy queremos llamar la atención sobre una dimensión del funcionamiento del sistema educativo, que está afectando la calidad de la educación y en consecuencia, restringiendo el derecho a la educación en Venezuela.

Nos referimos al acceso a la información que está entorpeciendo, por una parte, el conocimiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento del sistema educativo, y por la otra, la gestión pública y privada, en este caso, derivada tanto de los problemas de acceso a la información, como de la deficiente organización, planificación y comunicación de los lineamientos y actividades del sistema.

Para que el sistema educativo pueda funcionar de manera óptima, toda la trama institucional, -esto es desde las direcciones y divisiones del Ministerio a nivel central, hasta las coordinaciones en cada escuela, pasando por todos los entes desconcentrados (zonas, distritos, municipios) y descentralizados (direcciones de educación de alcaldías y gobernaciones)- deben contar con información completa, pertinente y oportuna. También debe contar con información, con esas tres condiciones, la ciudadanía vinculada directamente a las comunidades educativas, pero también la ciudadanía en general.

En esta primera parte, haremos referencia al acceso a la información pública sobre el funcionamiento y el desempeño del sistema educativo. En una siguiente publicación, abordaremos el acceso a la información que debería permitir un óptimo funcionamiento de la gestión, pública y privada en educación, específicamente sobre lineamientos y pautas relativas a la organización y planificación de las actividades de enseñanza.

Acceso a la información pública

Desde antes del 2010, que se cerró el acceso público a la base de datos sobre las escuelas, el acceso a la información pública sobre educación comenzó a restringirse progresivamente. Esta restricción comenzó con la eliminación de las memorias y cuentas, como documentos que podían encontrarse en algunas bibliotecas del país y también, bajarse y consultarse en la web de la Asamblea Nacional; así como con la prohibición a directivos y docentes a suministrar información, sobre lo que sucedía en las escuelas, a investigadores y periodistas.

Posteriormente, el Ministerio dejó de entregar las memorias y cuentas a los investigadores y centros de documentación que las solicitaban, limitándose el acceso, a la copia que se entregaba a la Asamblea Nacional y que se podía obtener solamente, solicitándola a este ente.

En el mecanismo del sistema de información del MPPE, disponible para cualquier persona en internet, se limitaron progresivamente los campos de información que se podían consultar. Esa limitación terminó con el cierre del mecanismo público de consulta.

Y la última restricción en este sentido, es la desaparición de las Memorias y Cuentas del MPPE, como documentos de consulta pública, por la negativa del gobierno nacional a entregarlas ante la Asamblea Nacional.

Esa restricción progresiva, ha cubierto con un manto de opacidad el funcionamiento del sistema educativo, especialmente, afectando la rendición de cuentas del MPPE, como ente rector, y restringiendo la capacidad de los ciudadanos a ejercer su derecho a la participación, tal como está establecido en el artículo 62 de la Constitución Nacional y como, para estudiantes y familiares, se establece en el artículo 55 de la LOPNNA.

Artículo 62 de la Constitución Nacional

articulo-62-contitucion

Artículo 55 de la LOPNNA

articulo-55-lopnna

Es importante recordar que para todas las instancias del Estado, facilitar el acceso a la información pública es un deber, por lo que, en este caso, el MPPE por una parte, infringe la ley y por la otra, restringe directamente el derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos, e indirectamente, el derecho a su participación en la formulación y evaluación de las políticas públicas, por falta de información.

Adicionalmente, los mecanismos de evaluación de la gestión de las instancias estadales con competencia en materia educativa, de las escuelas y de los aprendizajes de los estudiantes, que permitirían ver hasta qué punto el sistema educativo está alcanzando los objetivos que se propone y efectivamente, garantizando educación de calidad para todos, sin ningún tipo de discriminación, son desconocidos por el país y, algunos, como el SINEA, han dejado de funcionar.

Estos mecanismos son vitales para saber, por ejemplo, si el sistema educativo brinda educación con la misma calidad en cada escuela, independientemente de su dependencia (oficial -nacional, estadal o municipal-, privada -subvencionada o no- o autónoma), de su tamaño, de su oferta educativa (educación inicial, primaria, media o una combinación entre ellas), de la población a la que atiende y de su ubicación geográfica; y si los estudiantes están alcanzando aprendizajes relevantes y equivalentes, que les permitan tener igualdad de oportunidades para desarrollarse en todas las dimensiones del ser, a lo largo de su vida.

Esos mecanismos, y sus resultados, son parte integrante de la información pública que debe ser del conocimiento del país y a la que, todos los ciudadanos deben tener acceso, sin restricción.

En su lugar, la información sobre el desempeño del sistema educativo, se limita a las notas de prensa y declaraciones que, en la sección de noticias de su página web y en sus cuentas de Twitter y Facebook, publica el MPPE. Información que, por cierto, como es público y notorio, con frecuencia, tiene carácter más propagandístico que informativo y que, incluye mucha propaganda que responde más a la lógica político-partidista de los grupos que hacen vida en el gobierno, que al desempeño del sistema educativo, como tal.

Una muestra del uso propagandístico del Twitter oficial del MPPE, con lógica político partidista, es la publicación recurrente de imágenes exaltando el intento de golpe de Estado de 1992, asociado a la figura del ex-presidente Hugo Chavez:

Pero también la publicación de actividades partidistas, como la carnetización del PSUV:

Así como, actividades propias de campaña electoral, como las que se iniciaron, en febrero de este año, con el anuncio de la convocatoria a elecciones presidenciales. Ver como ejemplos las diversas capturas de pantalla, incluidas en esta presentación:

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Todas éstas son muestras del uso proselitista que se hace de la cuenta oficial del MPPE, lo cual, se puede calificar como peculado de uso, además de ser contrario a lo que establece la Constitución en sus principios y también, en el artículo 102 que exige respeto a todas las corrientes de pensamiento, en educación.

Como cuenta oficial, la cuenta de twitter de cualquier institución del Estado, debe servir como canal de comunicación para el acceso a la información pública de la población, en este caso como canal de comunicación del ente rector de la educación en Venezuela, con la ciudadanía en general, sobre los temas que son de su competencia, y particularmente, que son su obligación, como garante del derecho a la educación para todos.

La imposibilidad de acceder a las memorias y cuentas, ha restringido también la capacidad del país de valorar los efectos reales y actuales de la situación nacional, sobre la cobertura del sistema. En efecto, a pesar de que en diversos anuncios, unos hechos desde el propio ministerio y otros desde la presidencia, se han manejado algunas cifras de asistencia y matrícula en estos últimos 2 años, éstas no han podido ser corroboradas y analizadas porque no se cuenta con las cifras oficiales y detalladas que se publican en las memorias y cuentas.

Adicionalmente a ello, se presume que las cifras presentadas en estos anuncios corresponden a proyecciones y no a datos emanados del sistema de información del sistema educativo, debido a que, a través de las zonas educativas, se han realizado recurrentemente, incluso recientemente, diversos llamados a las escuelas para que registren los datos sobre la matrícula estudiantil, incluyendo los datos de años escolares pasados, que aún están pendientes por cargar en el sistema. El último llamado, en una de las zonas educativas, fue el pasado 15 de marzo. A continuación una captura de la sección del mensaje, referente a la carga de matrícula:

DYXdVjpW4AAXKuH

Estos llamados son recurrentes y no corresponden solamente a los momentos en los que está previsto que las escuelas carguen la data. Frente a esta situación, es imprescindible que el MPPE informe al país, sobre el estatus de la data cargada en su sistema de información y sobre las limitaciones que se están presentando para mantenerla actualizada; y también, que presente la data real y el plan, con su cronograma de ejecución, que utilizará para solventar este problema de información en el sistema.

Al respecto, es importante mencionar que hoy, 19 de marzo, vía whatsapp, fue enviado a las escuelas, desde algunas zonas educativas, un instrumento para recolectar información, específicamente del nivel de educación inicial. En ese instrumento, se incluyen campos de información que ya debería tener el MPPE, por lo que no se entiende el sentido de repetir su recolección, a menos de que, por alguna razón, el ente rector, no cuente con esa data y esté tratando de recuperarla. Sin embargo, de no ser así, se trataría de una acción mal planificada que tiene como consecuencia pérdida de tiempo y uso inadecuado de los recursos y del espacio de almacenamiento del sistema de información.

Para ilustrar a lo que nos referimos, los campos solicitados en el formulario son:

  • Datos de identificación del plantel que ya deberían estar registrados en el sistema y que, solicitando solamente uno de ellos, podría referirse la nueva información suministrada, por la escuela, al expediente correspondiente: Dirección de correo electrónico, Municipio, Parroquia, Número de Circuito, Plantel Educativo, Director del Plantel y Teléfono del Director (esta información es solicitada en la primera parte), Dependencia (Nacional, Estadal, Municipal, Autónoma, Subvencionada MPPE, Subvencionada Oficial, Privada), Código Plantel, Código Estadístico, Subdirector del Plantel y Teléfono del Subdirector, (esta parte de los datos de identificación del plantel, se solicita en la sección relativa a la conformación del consejo educativo)
    De todos estos datos de identificación, con haber solicitado el “Código Estadístico” o el “Código Plantel” tenían información suficiente para poder enlazar los nuevos datos con la información base del plantel.
  • Además de esa data, el formulario solicita: Total de la matrícula -desagregado en Femenino y Masculino-, la Matrícula con la que comenzó el Año Escolar 2017-2018, (ambos datos, además de redundantes en el formulario, deberían haber sido cargados por la escuela al inicio del año escolar), la Cantidad de Niños y Niñas incorporados desde el mes de Enero de 2018, Cantidad de Niños y Niñas que están fuera del Sistema de Educación Inicial –que se entiende debe ser un estimado de la población de la comunidad que no se encuentra atendida por el sistema (aunque este es un dato un poco difícil de estimar desde las escuelas)-, y cuáles son los inconvenientes que impidieron llegar al 100% -que se entiende que se trata del 100% de las solicitudes de inscripción a la escuela, o de los niños en edad de cursar educación inicial en la zona donde se ubica el plantel–.
  • Complementario a esos dos grupos de preguntas, el formulario incluye preguntas específicas sobre la creación (*) de nuevas secciones para atender la demanda y si para ello, la escuela tuvo que construir nuevos espacios y contratar más personal docente; sobre la constitución de los consejos educativos, la cantidad de miembros, los comités constituidos y si éstos han formulado proyectos y cumplen sus funciones (**); y otra sección para recoger información sobre los conucos escolares. En ella, preguntan sobre el tipo de conucos (Conuco, Canteros, Materos, Huertos), sus dimensiones (***), cuántos están inactivos y activos y cuántos  se programa incorporar en el 2018; qué, en cuanto tiempo y cuánto se produce (diferenciando lo estimado de lo realmente alcanzado); cantidad de participantes y quienes son los beneficiarios de la producción (en este punto las opciones son PAE, CLAP, Otras Instituciones (Intercambio de rubros), Auto sustentable y Comuna).
    Antes de entrar en la última sección del formulario, es importante hacer una acotación sobre una pregunta de esta sección. Como se aprecia en estas capturas de pantalla, que recogen la pregunta y las categorías de respuesta, además de que en el formulario se confunde sectores con organizaciones, se incluyen las UBCH.

 

Como es por todos conocido y como reseñó el actual ministro Elías Jaua en un artículo publicado en el año 2013, las UBCH son parte de la estructura de un partido político, el PSUV, por lo que no pueden formar parte de la organización escolar, ni que se trate de trabajar en los conucos. (Ver definición en la captura parcial del artículo de Jaua)

definición UBCH

Pero además, las UBCH son grupos de propaganda y movilización de ese partido, con funciones específicas en términos de adoctrinamiento y campañas electorales, por lo que su incorporación formal en actividades en las escuelas, atenta contra la institucionalidad establecida en la Constitución.

  • En el último segmento del formulario, se solicita información muy general sobre “situaciones que afectan el Sistema Educativo”, preguntando nuevamente la matrícula del plantel y adicionalmente, la cantidad de ella que es afectada por las situaciones, sin especificar, cuántas personas por situación. A continuación, encontrarán una captura de pantalla de las opciones incluidas como potenciales respuestas:

situaciones 1

Esta sección se podría considerar como un esfuerzo, bastante tardío e incompleto, por parte del MPPE, para conocer y recopilar datos, sobre cómo la situación nacional está afectando a las escuelas, específicamente a las de educación inicial -a menos que exista un formulario equivalente para las escuelas que ofrecen los otros niveles educativos. Habrá que exigir que, en este caso, la información recopilada se haga del conocimiento y acceso público, para garantizar el derecho a la información de la población, y que se haga, sin el disfraz de la propaganda.

Hasta aquí, como dijimos al principio, nos hemos referido a una parte de la situación sobre el acceso a la información. En la segunda parte de este tema, abordaremos el acceso a la información relativa a los lineamientos y pautas que orientan la organización y planificación de las actividades de enseñanza.


Notas:

(*) En el formulario el MPPE utiliza “aperturar”, no el término “apertura” como sustantivo, sino que lo usa incorrectamente como verbo, algo inaceptable para un ministerio de educación.
(**) Esta es otra información redundante, porque, a esta altura del año escolar, las zonas educativas ya deberían tenerla.
(***) En este punto preguntan sobre metros y sobre hectáreas, pudiendo preguntar área y que la escuela responda de acuerdo a lo que aplique en su caso.

La educación no es gratuita en Venezuela


La educación no es gratuita

Comenzaremos diciendo que en ningún país del mundo, la educación es gratuita. La educación es financiada con recursos del Estado, por tanto, todos los ciudadanos que pagamos impuestos, incluyendo el IVA, contribuimos con su financiamiento. En efecto, aunque sea no contribuyente, cada vez que Usted compra un producto por el que paga IVA, está contribuyendo con el presupuesto nacional.

Del presupuesto nacional, salen los recursos para el financiamiento de las escuelas dependientes del Ministerio de Educación, pero también, salen los recursos del situado territorial, que corresponde al presupuesto total o parcial, de Gobernaciones y Alcaldías, dependiendo de la capacidad de recaudación, especialmente de estas últimas. Así que los recursos para el financiamiento de las escuelas estadales y municipales, también salen del bolsillo de todos los ciudadanos del país.

Entran en ese grupo, de forma parcial, las escuelas privadas subvencionadas, que a través de recursos otorgados por el Ministerio de Educación, o por algunos entes descentralizados, financian parcialmente su presupuesto.

La inversión que se hace en las escuelas privadas, corre por cuenta exclusiva de quienes inscriben a sus hijos en ellas.

¿Debe ser gratuita la educación?

De acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Educación, pero también de acuerdo a los tratados sobre derechos humanos suscritos por Venezuela, hay una parte de la educación debe ser obligatoria y gratuita. En efecto, en Venezuela, la educación básica, se aspira a que sea gratuita porque es obligatoria, y carece de sentido que el Estado obligue a sus ciudadanos a formarse obligatoriamente, sin poner a disposición las facilidades y los recursos para que nadie se quede sin formarse por falta de ellos.

La educación no es barata

El presupuesto educativo debe cubrir los costos de contratación del todo el personal del Ministerio de Educación, incluyendo los entes desconcentrados que, para quién no está familiarizado con el sistema, son las zonas educativas y los distritos o municipios escolares. Este personal incluye, desde los vigilantes de la sede central, hasta el ministro, pasando por todos los obreros, trabajadores administrativos, técnicos y profesionales de la educación que laboran en esa extensa red, entre los que están todos los coordinadores y supervisores adscritos a los entes desconcentrados.

Pero no sólo los costos de contratación del personal (pago de salarios y beneficios sociales como alimentación y seguro medico), sino también todos los costos de funcionamiento, incluyendo los servicios básicos, como agua y luz, la compra de equipos, material especializado y material de oficina, la conexión a internet y el transporte, con los gastos de mantenimiento de las edificaciones, los equipos y los vehículos, y, también los de formación permanente de todo el personal.

Ese esquema de inversión se replica en las gobernaciones y alcaldías que tienen escuelas a su cargo.

Las escuelas tienen costos de funcionamiento similares, con algunas peculiaridades que las diferencian de las instancias administrativas del sistema. Una parte importante de los costos de funcionamiento de las escuelas, corresponde al pago de sus docentes y el financiamiento de su formación permanente. Pero a diferencia del resto de las instancias del sistema, la dotación de materiales y equipos para el funcionamiento y su reposición y actualización, constituye una parte de la inversión que no se puede evitar o postergar.

Entre los costos recurrentes, para que funcione el sistema educativo, están también los costos de construcción de nuevas escuelas, y la ampliación de las existentes y el mantenimiento menor y mayor de la infraestructura.

La construcción y ampliación de las escuelas, es una necesidad en un sistema que requiere expandir su capacidad para poder atender a todos los estudiantes a tiempo completo, que es el estándar asumido por el modelo denominado “bolivariano” como óptimo para garantizar calidad en la formación de los estudiantes. La expansión de la capacidad incluye la construcción de tantas escuelas como planteles a medio tiempo existan actualmente, la ampliación de las escuelas que funcionan con turno alterno, en tantas aulas como secciones tengan; y la construcción de tantas escuelas adicionales como se requieran para dar acceso a la educación a sectores que, por falta de oferta, se encuentran excluidos del sistema.

En este punto es importante resaltar que la construcción de “ciudades educacionales” que concentran la oferta educativa, requiere de un sistema de transporte eficaz, y de alimentación ininterrumpida, para que las familias que estén en sectores alejados de dichos complejos, puedan tener acceso real a la educación a través de ese esquema. Sin embargo, si se trata de garantizar acceso a la educación para todos, quizás convendría revisar ese esquema y construir escuelas más pequeñas y modestas, mejor distribuidas en el territorio nacional, para acercarlas efectivamente a la gente.

El mantenimiento, en todos sus tipos, es algo imprescindible para contar con una infraestructura adecuada. El mantenimiento, así como la construcción, requiere programación presupuestaria de largo plazo, especialmente, en el mantenimiento mayor que debe realizarse a la infraestructura de cada escuela, cada 5 años.

Como se puede ver, el financiamiento a la educación, no se restringe a los gastos corrientes, sino que contempla inversión a mediano y largo plazo.

La lógica de inversión en las escuelas privadas es similar, porque requiere contemplar los gastos corrientes y las inversiones para mantenimiento menor y mayor, formación del personal y reposición y actualización de equipos.

El costo de la educación para las familias

Se afirma que la educación es gratuita cuando las familias que tienen inscritos a sus hijos en las escuelas oficiales, no corren con los gastos de lo que se denomina la “canasta educativa”. Como habíamos indicado en una publicación de hace unos años, la canasta educativa, está conformada por 5 rubros:

Canasta educativa

En Venezuela, efectivamente, hace más de una década, se prohibió por resolución el cobro de cualquier arancel y colaboración, asociada a la inscripción de los estudiantes de las escuelas oficiales. Pero el resto de los elementos de la canasta educativa, no son garantizados como gratuitos, para todos los estudiantes de las escuelas oficiales.

En efecto, con contadas excepciones que, por cierto, no incluyen al Ministerio de Educación, las escuelas no cuentan con un sistema de transporte y, desde hace tiempo, ni siquiera con el subsidio al pasaje estudiantil en el sistema de transporte público; por lo que, el traslado hacia la escuela y el retorno, es financiado por las familias. Este costo es más alto, en la medida en la que la escuela quede más lejos de la vivienda.

Por otra parte, si bien en algunos equipos como las Canaimas y recursos como la Colección Bicentenario, el Estado hace un esfuerzo para que todos los estudiantes puedan contar con ellos, la dotación de útiles y materiales escolares, no es para todos los estudiantes de las escuelas oficiales, sino para una parte de ellos. Lo mismo sucede con los uniformes escolares.

En estos dos rubros de la canasta educativa, el Estado, a través de algunas dependencias, ha promovido de forma complementaria, ferias escolares, para que las familias puedan adquirir útiles y uniformes a menor costo que el regular del mercado, pero, si las familias tienen que pagar por ellos, así sea menos que en librerías y tiendas, el pago recae sobre la familia, por lo que, para esos rubros, no existe gratuidad en el sistema educativo.

Con respecto a la alimentación escolar, es importante resaltar que, por diversas razones, algunas asociadas al contexto en el que se desarrolla el proceso educativo, y otras propias de la gestión ministerial, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que ha recibido diversas denominaciones y varias reinvenciones, no funciona todos los días del año, y la alimentación no ha sido con regularidad, nutricionalmente completa, por lo que las familias han optado por asumir el costo de la alimentación durante el tiempo escolar, y, dependiendo de la situación, por no enviar a los niños y jóvenes a las escuelas cuando el PAE falla; así como hay escuelas que acortan la jornada escolar cuando no cuentan con la alimentación.

Esta intermitencia de la alimentación tiene consecuencias adicionales a la no gratuidad, para el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes.

Ahora las familias pagarán la educación con trabajo

Si bien no es una novedad porque tiene algunos precedentes, este año escolar, el ministerio de educación apelando a un impreciso concepto de corresponsabilidad, ha dicho que se programarán jornadas de mantenimiento periódicas en las escuelas, que serán realizadas por maestros, padres y estudiantes.

Esta medida que pareciera lógica partiendo de la disposición de todos los miembros de las comunidades educativas, al cuidado de las instalaciones de las escuelas, esconde la transferencia de un costo de inversión que debería ser cubierto por el Estado, hacia las familias a través de horas de trabajo en mantenimiento escolar. Esa transferencia que se hace efectiva en horas de trabajo, es un pago que las familias realizan para el funcionamiento del sistema educativo que debería ser reconocido como tal, y que ratifica la no gratuidad de la educación oficial en Venezuela.

Ese pago corresponde a un rubro que no ha sido incluido, hasta ahora en la “canasta educativa”, pero, dada esta política del Estado Venezolano, requeriría estudiar su incorporación a la misma.

¿Es factible que la educación sea gratuita para todos en Venezuela?

Llegado este punto, es obligatorio preguntarse si en la situación actual en Venezuela, es factible garantizar educación realmente gratuita para todos.

Obviamente, por como se maneja el presupuesto nacional, parece que no es factible, por lo que corresponde a los entes del Estado, corregir el uso del presupuesto, y a los ciudadanos exigir que así se haga.

Sin embargo, si esa corrección no fuera posible, corresponde al Ministerio de Educación, asumir esa realidad cambiando el discurso propagandístico, con el que venden como gratuita una educación que tiene costos que son asumidos por las familias y explicando al país, con claridad, los criterios para la asignación de algunos programas que minimizan los costos de la educación para las familias.

 

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