Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Cómo afecta el franco deterioro de las condiciones de vida de los zulianos en el quehacer educativo


El presente, es un reporte preparado por la Asociación Civil Escuelas Arquidiocesanas y FENASOPADRES, que difundimos en este blog, como complemento y ampliación a la publicación previa sobre la situación en el Estado Zulia.

informe conjunto

Según cifras oficiales, el estado Zulia cuenta con 2.720 planteles (de educación básica, es decir, que ofrecen, en diversas combinaciones, desde educación inicial a educación media) (*), que atienden a una matrícula de 800.000 alumnos.

Caracterización de las condiciones de vida de los zulianos:

  • Servicio eléctrico:

El estado experimenta racionamientos, no programados, con esquemas de cortes que van desde 6 horas en adelante, que no permiten ningún tipo de planificación de la jornada escolar. En consecuencia las actividades escolares se desarrollan sin electricidad, a pesar de las altas temperaturas que se registran siempre en el estado; y en horarios reducidos, hasta las 11 a.m. en el turno matutino y hasta las 4.00 p.m. en el turno vespertino.

También se experimentan apagones generalizados producto de cualquier situación que afecta el sistema eléctrico, desactualizado, sin mantenimiento e inversión, absolutamente deteriorado. Estos apagones tienen una duración que va desde 2 días hasta 6 días continuos.

  • Transporte:

La capacidad del sistema de transporte público se ha visto notablemente reducida. De hecho, actualmente solo funciona, cerca del 25 por ciento del servicio, por lo que, ante la inexistencia de  un plan de contingencia de rutas escolares, en algunas rutas, alumnos y maestros se ven obligados a caminar por horas, bajo el sol inclemente zuliano o utilizar cualquier tipo de vehículos no aptos para llegar a las escuelas.

Aunado a esto, el costo del pasaje en una sola vía de ruta corta, puede alcanzar hasta Bs. 1.500 y en los bancos diariamente, luego de hacer largas colas padres, alumnos y maestros y si tienen la suerte de llegar mientras hay efectivo, solo pueden retirar Bs. 3.000 por día; con el agravante de las unidades que prestan el servicio de transporte, no aceptan el pago con billetes de baja denominación, incluyendo el de Bs. 100, que es la denominación que se retira en los cajeros y taquillas de los bancos.

Un dato adicional, en este contexto, es que el monto del sueldo mensual de un docente, no alcanza ni para cubrir el costo de transporte.

En cuanto a los medios de transporte particular, la escasez de gasolina y regulación de litros de suministro por vehículo, ocasionan que la rutina diaria de un zuliano incluya su permanencia en colas de hasta 2 días, para surtir a su vehículo de gasolina y solo se le suministran 30 litros por vehículo, con lo cual no se llena el tanque, ya que, la capacidad de un tanque promedio es de 60 litros de gasolina.

  • Servicio de gas:

El estado Zulia cuenta con gas por sistema de tuberías subterráneas en casi todos los municipios. (Son 21 en total). Dada la grave situación eléctrica, los ciudadanos, los comercios, empresas y algunas escuelas privadas, se han visto obligados a la utilización de plantas eléctricas, lo cual ha llevado a un consumo de gas fuera de lo habitual.

Las empresas que suministran el gas, por la escasez que hay en el país, solo reciben un camión semanal y el que viene por tubería no es suficiente para cubrir toda la demanda. En consecuencia, ha proliferado el uso de carbones y palos para cocinar en los sectores más  vulnerables, no escapando las escuelas de esta realidad, que deben cocinar con leña para poder ofrecer algo de los pocos alimentos que llegan de los programas sociales.

  • Higiene y condiciones sanitarias

Los problemas de suministro de electricidad y agua en las escuelas, así como, en los hogares, aunados, al alto costo de los productos de limpieza y aseo, afectan, en primer lugar y seriamente, la sana practica de higiene de la población estudiantil y docente, lo que, por supuesto, trae como consecuencia el deterioro de todos los actores de la labor educativa; y en segundo lugar, aumentan las dificultades para mantener, en óptimo estado, las condiciones sanitarias requeridas para el desarrollo de las actividades escolares, teniendo como consecuencia el incremento de los costos, dedicados a ello, en las escuelas.

  • Alimentación en horario escolar:

En horario escolar, por norma, las escuelas deben tener disponibles opciones y tiempo para la alimentación de los estudiantes. En el Zulia, los programas oficiales de alimentación son de suministro nacional y regional. En ambos casos, el suministro se realiza intermitentemente y la dotación es incompleta.

Para las escuelas atendidas por el programa nacional, por el CNAE (Corporación Nacional de Alimentación Escolar), y también por el PAEZ, el director de cada escuela, debe ir a retirar los insumos suministrados a un centro previamente establecido, lo que significa que se traslada el costo del transporte a la escuela (con el agravante de que, por la escasez de gasolina y las dificultades y altos costos de mantenimiento de los vehículos, los costos se incrementan para las escuelas) y que se restringe la cantidad y el tipo de insumos para cada plantel. Estas restricciones, por ejemplo, se traducen en que las escuelas puedan recibir solamente leche, solamente carbohidratos o solamente proteínas, lo cual constituye una limitación adicional para la elaboración de comidas nutricionalmente adecuadas.

Por otra parte, en algunos casos, por los problemas derivados de las constantes fallas en la electricidad en las escuelas, cuando el suministro incluye pernil, (cerdo), -que es la proteína animal que llega con alguna frecuencia-, en las escuelas se cocina, se sala o se comparte este insumo, con la comunidad para consumir de inmediato y evitar su descomposición, ya que, por no poder mantenerse correctamente refrigerado, se rompe la cadena de refrigeración.

  • Uniforme escolar y calzado:

Por la situación económica, los padres no pueden asumir los altos costos de estos rubros que forman parte de la canasta educativa. Ello, aunado al alto costo de los productos de limpieza que se utilizan para lavar los uniformes, impide que este mantenimiento, se realice con frecuencia, pues los esfuerzos están dirigidos a garantizar la compra de los alimentos y no a, reparar lavar o comprar vestido y calzado.

Cerca del 40 por ciento de la población, carece de calzado, o estos están en tal estado de deterioro, que muchas veces, los miembros de la comunidad, son obligados a asistir a clases en chanclas o cholas, es decir sandalias muy rudimentarias, lo que crea una situación de presión social y depresión, tanto en niños como en adultos.

  • Salud física y mental:

Las terribles condiciones en las cuales está viviendo el estado Zulia, pero particularmente el sector educativo, han tenido serias consecuencias en la salud, física y mental de los miembros de la comunidad.

Estas han llevado, por una parte, a la acumulación de cansancio, producto de, entre otras, no dormir noches completas, debido a que por las altas temperaturas, las personas se ven obligadas a dormir fuera de sus habitaciones, en algunos casos, en aceras, techos, y en enramadas; y por otra parte, la mala alimentación, los insectos, (especialmente, la proliferación de moscas, producto de la acumulación de basura), la quema de basura (ante la ausencia de recolección de la misma porque no funciona el aseo urbano), el  cocinar en leña, el alto costo de medicamentos y las pésimas condiciones de los centros de salud, han afectado de diversas maneras la salud, lo que ha llevado a que la situación de desesperanza, depresión y tristeza se vea reflejada en el día a día de las escuelas.

  • Planes de contingencia y políticas educativas:

Finalmente, la ausencia de planes por parte del estado venezolano, particularmente de las autoridades regionales en el estado Zulia, para atender a todas las situaciones que afectan el buen desempeño educativo; así como, la falta de lineamientos adecuados, más la imposición de lineamientos no acordes con la realidad de cada escuela, agrava aún más la situación, lo que se traduce en el desconocimiento y la falta de asistencia a la escuela zuliana, vulnerando el derecho a la educación de más de 800 mil niños y jóvenes.


(*)Fuente: Zona Educativa, 2015

El Zulia a Oscuras (y sin agua, alimentación, gas, transporte)


Dada la diversidad de condiciones y de situaciones en las que se están desarrollando las actividades en las escuelas de Venezuela, y la ausencia de información detallada, completa y real que debería ser suministrada por el Ministerio de Educación, se hace muy difícil tener un balance completo de la realización del derecho a la educación en el país, sin embargo, hemos tenido información directa de algunas escuelas.

En este caso, haremos referencia a un pequeño grupo de escuelas ubicado en el Estado Zulia, de las que nos llegó información parcial, pero valiosa. La mayoría está presentada en manera anecdótica, debido a la forma en que la recibimos.

zulia

Estado Zulia (captura de Google Maps)

Así se ve la situación en algunas escuelas del Zulia

En estos días, conocimos la solicitud de auxilio que hizo a su grupo de apoyo, una directora de una escuela del Zulia.

Se trata de una de esas escuelas que a la que asisten diariamente, la mayoría de sus estudiantes y que sus espacios están copados. Es una escuela que atiende a niños en las zonas populares.

Esa directora, emplea parte de su tiempo, haciendo cola en una bomba de gasolina, para surtir a los carros de sus docentes, porque sin gasolina no pueden llegar a trabajar a la escuela.

Otra directora también informaba que había pasado la noche haciendo cola en una bomba y que cuando llegó la gandola con la gasolina en la mañana, los que atendían, dejaron pasar primero a sus conocidos, por lo que, se extendió más su tiempo en la cola, tomando parte de su horario laboral.

Una tercera directora comentaba que el domingo, estaba haciendo cola desde las 3:00 am y que, como no tenía dólares o pesos, no le correspondía ser atendida aún. Sin embargo, a los que revendían la gasolina o contaban con divisas de otros países, les habían despachado, mientras el resto hacía cola. Su ilusión era que si lograba poner gasolina, podía ir a trabajar el lunes.

Sin gasolina y sin efectivo, porque el que depende del transporte público debe pagar entre 1.000 y 1.500 Bs por pasaje, resulta inviable trabajar en educación.

De acuerdo a ese costo, un trabajador del sector educativo, que trabaja 20 días al mes, requiere entre 40.000 y 60.000 Bs, solamente para pagar el costo del pasaje de ida y vuelta al plantel, si depende del transporte público.

La directora también comentaba que, en lo que va de año, les han llegado en pocas oportunidades, pero han llegado, insumos para preparar la alimentación, pero ahora no tienen gas para cocinarlos y tampoco tienen agua en la escuela.

Más del 50 % de las otras escuelas, comentaron no tener servicio de alimentación, o tenerlo sin insumos, lo que, en la práctica es equivalente a no tenerlo, porque no pueden proveer de alimentación a los estudiantes.

De las escuelas que comentaron tener el servicio de alimentación activo, aproximadamente la mitad afirmó recibir insumos insuficientes y de las que precisaron los insumos recibidos, ninguna reportó tener proteínas de origen animal.

De hecho, entre todas, los rubros que mencionaron recibir, incluían arroz, aceite, azúcar, harina, caraotas y lentejas. En uno de los casos, la escuela reportó que en la nota de entrega, se especificaba que la provisión incluía pasta, pero que no había llegado.

En cuanto al servicio de electricidad que sabemos está bastante afectado en el Zulia, la directora comentaba que ella llega todos los días a la escuela, a las 6:50 am y a las 8, es decir, una hora y 10 minutos más tarde, se quedan sin electricidad.

Pero la falta de electricidad, como se conoce por las noticias de ese estado, no es exclusiva de esa escuela. De las escuelas de las que recibimos información en ese momento, la mayoría reportó no tener electricidad o tenerla en horario restringido.

Muchas de ellas reportaron que tampoco tenían agua y todas dijeron que el transporte era muy reducido y costoso.

A pesar de las condiciones inadecuadas y de los costos de transporte, en la mayoría de las escuelas de las que recibimos información, la asistencia de los estudiantes superaba al 60 % y la de directivos, docentes, administrativos y obreros, el 80 %.

Ante esa realidad cotidiana, cualquier escuela esperaría que los funcionarios del MPPE pasaran con frecuencia para ver cómo han podido sortear tantos obstáculos y proponer alternativas, ayuda y apoyo para que las escuelas puedan cumplir con su trabajo, ya que, corresponde al Estado, a través del MPPE, garantizar el derecho a la educación, sin embargo, lo que comenta la directora es que las visitas que, efectivamente, hacen con frecuencia los supervisores del ministerio, “son para presionarlos” y “acusarlos” de que ellos, como escuela, “hacen lo que quieren”.

Entendemos de esta información que, es también evidente que, la función supervisora, en el sistema educativo, puede apreciarse desdibujada.

La situación del Zulia, de acuerdo a la información recibida, es similar o peor en el resto de las escuelas. En algunas escuelas nacionales, la inasistencia tanto de docentes como de estudiantes es muy alta, por lo que los procesos tienen mayor irregularidad e interrupciones.

La situación reportada, requiere atención inmediata para poder comenzar a restaurar el derecho a la educación en ese estado.

Restauración del Derecho a la Educación en #Venezuela (Reinserción)


Esta publicación podría muy bien comenzar con la frase: Como es por todos conocido en Venezuela está siendo vulnerado, -en algunos casos restringido y en otros violado-, el derecho a la educación, de múltiples formas.

Sin embargo, por lo que hemos podido observar, con frecuencia, pero especialmente, con mayor preocupación recientemente, es que educación no es un derecho humano que parece ser percibido por algunos ciudadanos y organizaciones, como un derecho fundamental en la vida de las personas, sino como un derecho que siempre se puede realizar a posteriori, sin consecuencias irremediables en la vida, ni de las personas, ni de las sociedades.

Es por esta razón, que esta publicación se inicia con esta aclaratoria: el derecho a la educación es un derecho fundamental que determina el desarrollo pleno de las personas y cuya realización, permite o facilita, la realización de otros derechos humanos.

Debido a ello, la garantía del derecho a una educación de calidad para todos, sin ningún tipo de discriminación, debe ser un propósito estratégico y prioritario de todos los Estados. Pero además, con la perspectiva de que la no realización del derecho a la educación en ciertas condiciones, afecta tanto el desarrollo de las personas, como el desarrollo de las sociedades.

En efecto, forma parte de la conceptualización del derecho a la educación, la existencia de una parte de la educación que es obligatoria para todos. Esa, que en Venezuela corresponde a la educación básica, es decir, a la educación que abarca desde educación inicial hasta educación media o bachillerato, es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos.

En la educación que cada sociedad considera y establece como obligatoria, se desarrolla la formación que permitirá, por una parte que las personas sean capaces de lograr, o alcanzar una vida plena, y por la otra, la que permitirá que la dinámica de las sociedades se ajuste a las reglas de juego y a la institucionalidad vigente, pero además, que tengan capacidad de producción y de garantizar las condiciones de vida de toda su ciudadanía.

Es decir, de lo que suceda en la educación básica de cada país, dependen tanto la realización y felicidad de las personas, como el desarrollo de las familias y de la sociedad, el funcionamiento del Estado, del sector productivo, la relación y convivencia de los ciudadanos entre sí y con el ambiente, entre muchas otras cosas.

Es por esta razón que, la educación básica falla, es decir, cuando el Estado es incapaz de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los ciudadanos, el riesgo de frustrar el desarrollo pleno de las personas y de que las sociedades no consoliden una dinámica sana y próspera, es muy alto y, aunque algunas de esas condiciones se puedan recuperar a futuro, las consecuencias para la vida de las personas, de su falta de desarrollo, incluso de sus frustraciones, así como de los problemas y vicios de funcionamiento en las sociedades, quedan.

De allí que, dada la situación por la que atraviesa en este momento Venezuela, considerando todos los precedentes y las consecuencias de la fallas en la realización del derecho a la educación hasta ahora, es que es imprescindible que, lo antes posible, se reinicie un proceso de restauración del derecho a la educación.

Esta restauración debe tener como propósito el que, efectivamente, el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, sin discriminación y para toda la vida, comenzando por la educación obligatoria, que es la educación básica.

Para lograr este cometido, el país debe, en primer lugar, asumir que estamos atravesando por una Emergencia Humanitaria Compleja, que tiene como una de sus características, que el Estado no está en la capacidad real de cumplir con sus responsabilidades, por lo que se requiere, iniciar aplicando medidas extraordinarias para restaurar progresivamente el ejercicio de este derecho, hasta que las instancias del Estado recobren su institucionalidad y operatividad y puedan realmente, convertirse en garantes de ese y otros derechos (en este caso, poniendo énfasis en derechos, como el derecho a la alimentación y a la salud, entre otros, que con derechos asociados a la realización del derecho a la educación).

Reinserción

Entre las medidas extraordinarias iniciales, deben diseñarse algunas dirigidas a la reinserción de los niños, niñas y adolescentes que, por diversas razones se encuentran fuera del sistema educativo. Esa reinserción no es solamente hacer algo para que regresen a las escuelas, no, se trata de un proceso en el que:

  1. Se deben ubicar todos los niños, niñas y adolescentes que, en este momento, no estén asistiendo con regularidad a clases, o que se hayan retirado definitivamente del sistema.
  2. Se debe realizar un censo que incluya la identificación y registro de las causas por las que no están asistiendo con regularidad a clases, o por las que abandonaron la escuela, y las condiciones de vida que inciden en ello.
  3. Se debe evaluar el nivel de formación que alcanzaron los niños, niñas y adolescentes, en cada caso.
  4. Se deben evaluar también las condiciones psicológicas y emocionales de cada niño, niña y adolescente, para brindar la atención y el acompañamiento necesarios, de manera de que puedan reinsertarse de manera exitosa en el sistema.
  5. Se deben diseñar estrategias, con un alto grado de personalización que les permita, restaurar la relación con la escuela y el proceso de formación que se desarrolla en ellas, para cada caso, comenzando por las rutinas diarias asociadas; compensar las deficiencias en los aprendizajes pasados; mejorar las condiciones de vida y abordar los problemas asociados a las causas que hicieron que abandonaran o que no asistieran regularmente a las escuelas, incluyendo los aspectos psicológicos y emocionales.

El diseño y desarrollo de esas estrategias, implica, por una parte, la elaboración de formatos y protocolos de trabajo, el diseño de procesos de evaluación, sistematización y análisis de la información recaudada, y por la otra, la elaboración de materiales pedagógicos que sirvan de base para retomar los aprendizajes en cada uno de los casos.

El proceso en general, requerirá del concurso de personas que pueden tener o no, formación docente, por lo que su diseño e instrumentación deberá incluir, por una parte, el diseño y elaboración de materiales y de procesos de formación para los que funjan como facilitadores en todo el proceso, y por la otra, de acompañamiento para facilitar el desarrollo de sus funciones, así como la mejora progresiva de su desempeño.

Ese diseño, debería estar vinculado al sistema educativo formal y anclado en las escuelas existentes. Sin embargo, se entiende que, dada la situación, en este momento, sin la anuencia de los entes del Estado que administran las escuelas, esa opción no siempre será posible, por lo que se debería contar con la participación de organizaciones internacionales como UNICEF, que facilitaran y validaran los procesos.

El propósito de la reinserción es que los niños, niñas y adolescentes fuera del sistema o con inasistencia irregular y baja, puedan reingresar, integrarse y tener éxito en su formación.

Dada la situación, la restauración del derecho a la educación, debe también contar con una fase de restauración propiamente dicha, que implica la adecuación del sistema para lograr su funcionamiento y una fase complementaria de reinvención de la educación en Venezuela, que permita tener una educación de calidad, pero realmente adecuada a las demandas y necesidades de la vida y el mundo actual.

Sobre esas fases, para no hacer más larga esta entrega, estaremos hablando en las próximas publicaciones.

Menos tiempo = Educación de baja calidad y formación incompleta


A través de un mensaje en unas cuentas de twitter, se pudo conocer, el pasado domingo 21, a las 9:45 pm que los días lunes, martes y miércoles (22, 23, y 24) de esta semana, el horario escolar estaría restringido entre las 7 am y las 12 m.

Al enterarnos, esperamos la comunicación oficial del Ministerio de Educación, en su cuenta en esa red social o en su página de Facebook, en la página web oficial, a través de sus correos y mensajes en los chats asociados a la red de Zonas Educativas y supervisores, pero no hubo comunicación oficial.

De hecho, en su cuenta de twitter, el MPPE, hasta anoche (22/04), tenía solamente dos RT, uno de cada uno de los mensajes originales publicados con la noticia por otras instancias, y de resto, un montón de mensajes sobre el reinicio de actividades, en los que resaltaban dos cosas: el regreso con “total normalidad” y con un “100% de funcionalidad” en “todos” los planteles y la reiteración del discurso y lenguaje de guerra, afirmando, que se daba un “regreso a clases en resistencia“, frase que se utilizó como referencia para las publicaciones que se produjeron por el reinicio de clases, después de los apagones y antes de Semana Santa.

En la página web, por otra parte, había 3 notas de prensa de ayer y el resto, databan del 16 de abril. En ninguna parte, se hacía referencia ni al ajuste del horario de trabajo, ni a cómo iba a ser el tratamiento de ese recorte en los planteles que tienen turno completo, en las escuelas que tienen 2 turnos, y las que son de turno integral; tampoco se hacía mención a cómo se iba a recuperar el tiempo perdido en ninguno de los casos.

Hoy, 23/04,  aparecieron dos notas de prensa y una reseña adicional sobre una noticia del pasado 15 de abril, cargada con simbología de guerra, y presentada como parte de la portada, con esta imagen que no aparece en la reseña original:

milicia2

Captura de Pantalla de la web del MPPE (23/04/2019)

Sin embargo, información específica sobre qué deben hacer las escuelas y cómo lo harán, no apareció por ninguna fuente pública oficial.

Al parecer, la construcción de una narrativa oficial, desde el MPPE, una narrativa que, por cierto, se debate entre la “resistencia” y el lenguaje de guerra, versus la normalidad absoluta, es lo que constituye la política de comunicación del ente rector del sector, en lugar de la información que, como la instancia que en la que recae la responsabilidad garantizar educación de calidad para todos, debería suministrar a las comunidades educativas, pero también a la ciudadanía en general, sobre el funcionamiento del sistema y, especialmente, en este momento, sobre las medidas extraordinarias que deberían ayudar, por una parte a recuperar el tiempo perdido, y por la otra, a cumplir con su obligación de ofrecer y garantizar, educación de calidad para todos, sin ninguna discriminación y respetando lo que establecen, tanto la Constitución, como los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

Lo que sí pudimos conocer algunos, de acuerdo a la información difundida por los chats de la red de supervisores, fue la agenda cultural programada para los últimos días de este mes, es decir, esta semana e inicios de la otra, que, de acuerdo a un mensaje enviado el 17, era la siguiente:

de la zona F

Captura de pantalla de un mensaje de whatsapp

También pudimos conocer, a través de otro mensaje, los detalles de la programación para esta período de tiempo, que corresponde al cierre del segundo lapso, ahora denominado “Momento Pedagógico“, en una de las Zonas Educativas. A continuación el texto:

 “Buen día colegas, por medio de la presente se les envía orientaciones para ser incorporadas en sus planificaciones o sistema de trabajo institucional:

1. Del 22 al 26-04-19 Semana Aniversario del Programa Todas las Manos a la Siembra, desarrollar actividades alusivas al programa en todos los niveles, proyectarlos a través de periódicos , murales, carteleras, trabajo en los espacios donde se desarrolla entre otras estrategias, ustedes colegas son muy creativos.

2. Del 22 al 25-04-19 se debe elaborar y terminar los Boletines Informativos, II Momento Pedagógico en Educación Inicial, Primaria y Especial.

3.  Del 22 al 24-0419, se deben realizar Jornadas de Convivencia y Paz institucional.

4. El día 26-04-19 Consejo Pedagógico y entrega del II Registro Informativo (Boletines) de los Procesos de Aprendizaje de Educación Media General y Adultos.

5. El día 26-0419, Jornada de Mantenimiento escolar “Esta es mi escuela”

6. Día 29-04-19 Entrega de Boletines Informativos II Momento Pedagógico de Educación Inicial, Primaria y Educación Especial. así mismo, inicia el III Momento Pedagógico del año escolar 2018-2019.

7. Día 30-04-19′ Entrega del II Registro Informativo (Boletines) de los Procesos de Aprendizaje de Educación Media y Adultos.

8. Del 22 al 24-04-19 Horarios especial de actividades escolares (7:00am a 12:00m) y (8:00am a 1:00pm)

9. Enviar diariamente la matricula asistida tanto de los estudiantes como del personal, por favor antes de las 9:00am.

Nota: Se les estará informándose a las instituciones de Educación Media en el transcurso de la tarde si pueden extender su horario hasta las 2 durante los días martes y miércoles de la presente semana.

10. Recuerden la actividad de la juramentacion de las brigadas el día 25/4 en la cancha Montañeros. Se les envió por correo la información y programación”

(Copia textual del mensaje)

Como se puede apreciar, en el punto 8 y en la nota que está después del punto 9, se encuentra, muy escueta, la información sobre el horario restringido -punto 8-, sin aclarar cómo se manejará su instrumentación en las escuelas que tienen turno vespertino, o en las que son de turno integral; y se notifica que, ayer en la tarde, se informaría a las escuelas con Educación Media, si podían extender el horario hasta las 2 pm. Es decir, que las escuelas donde hay bachillerato, tendrían que esperar a después de terminada la jornada, para saber si, hoy martes y mañana miércoles, podrían ampliar el tiempo de la jornada hasta las 2 pm.

Es importante aprovechar el contenido de esa nota para recordar que las actividades educativas, son actividades planificadas y por tanto, todos los cambios, internos o externos, que afecten su desarrollo, tienen como consecuencia que los maestros y profesores, deban revisar y reajustar su planificación. Si como en todos los casos, se hacen los anuncios a última hora y llegan a las escuelas por medios informales, o por medios oficiales con atraso, como en estos casos, el trabajo de los profesionales de la educación y la formación de los estudiantes, se ven, irremediablemente, afectados.

Es por ello que hay que reiterar, que no es aceptable que el anuncio de la reducción de la jornada los días 22, 23 y 24, se haga de manera informal y la noche del 21. Tampoco es aceptable que el ente rector de la educación, el Ministerio, no tenga información oficial en ninguno de sus medios, más allá de un par de retuits de unos escuetos mensajes, así como tampoco es aceptable que la información que llegue a las escuelas, a través de la red de supervisores, se restrinja a un punto y una nota, en un mensaje de chat enviado el primer día de instrumentada la medida, pero además, con información incompleta y con un aviso de que, más tarde, recibirían más información.

¡La garantía del derecho a la educación, debe tomarse en serio en Venezuela!

Además, queremos recordar que esta reducción de jornada que afecta, de formas diversas a las escuelas, dependiendo de su jornada y horario de trabajo, se suma al tiempo perdido este año escolar, para el que no se ha planteado un plan serio y realista de recuperación hasta el momento.

Es importante que el país exija seriedad y cumplimiento de la garantía del derecho a la educación, porque las consecuencias de estas pérdidas de tiempo, que se traducen en aprendizajes de baja calidad e incompletos, tienen impacto a corto, mediano y largo plazo en la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Finalmente, es importante recordar que, en este caso, estamos hablando de la Educación Básica, que es obligatoria, es decir, ella contiene los conocimientos, habilidades, competencias y actitudes que todo ciudadano debe, obligatoriamente, desarrollar, por lo que cursarla, aprovecharla y aprobarla, es un deber para todos; y, por tanto, lo que en ella suceda, es un asunto de interés para cada persona y también para toda la sociedad, así como una responsabilidad ineludible del Estado.

 

Nueva suspensión de clases, hace más evidente es la necesidad de reprogramar el año escolar 2018-2019


Hace minutos, un vocero del ejecutivo nacional, anunció que se mantenían suspendidas las clases en todos los niveles del sistema educativo. Ese anuncio fue seguido del recorte de la jornada laboral hasta las 2 pm y durante la declaración, no se especificó en ningún momento, por cuanto tiempo sería la nueva suspensión de actividades, lo que deja al sistema educativo en total incertidumbre e incapacidad ni de planificar, ni de buscar e instrumentar alternativas para minimizar los impactos de alargar la suspensión de clases.

La declaración tampoco incluyó una necesaria explicación de las causas para tomar una medida de ese tenor, ya que, más allá del discurso sobre el que se justifica la caída del servicio eléctrico, no se especifica por qué se debe extender la suspensión de clases por más tiempo. De hecho, estuvimos tratando de conseguir más información y lo único que encontramos fue este texto en un comunicado oficial (*):

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Y posteriormente, nos hicieron llegar, la comunicación oficial del ministerio, en la que se precisa que se deberán suspender las clases, mañana 1 de abril, pero no se establece que el reinicio de clases se debe programar para el martes 2, por lo que, como ha venido sucediendo hasta ahora, se pudiera volver a extender mañana, haciendo los anuncios por un día a la vez.

Haciendo un breve recuento, para poner este anuncio en contexto, como ya todos saben, a los 6 días de clases que se habían perdido por el apagón del 7 de marzo, más los dos días perdidos por el asueto pre-carnaval, se sumaron, esta semana que está terminando, 4 días más de suspensión por un nuevo apagón. Los días adicionales de clases perdidos, fueron del 26 al 29 de marzo.

De acuerdo a ello, durante este año escolar, se han perdido 5 días por las elecciones, 2 días de asueto no programado y 10 días entre apagones y las suspensiones relacionadas con ellos. Eso suma un total de 17 días de clases perdidos. (Recordemos que el artículo 49 de la LOE establece que son 200 días de actividades escolares que ya, antes de estas pérdidas, no se cumplían)

Es importante recordar que los 5 días de clase por las elecciones se perdieron en el primer lapso y que el resto de los días perdidos, menos 1, se perdieron en el mes de marzo, dejando, como ya muchos han reseñado, a ese mes con sólo 8 días de actividades escolares.

Si nos enfocamos en el tiempo perdido desde el reinicio de clases el 7 de enero, tenemos que en estas 12 semanas, hay un total de 84 días, de los que 57 eran días de actividades escolares, de acuerdo al calendario oficial. (84 días en total, menos los 24 feriados (en este caso solamente los fines de semana) y los 3 de asueto tradicional (el día del maestro y lunes y martes de carnaval)).

De esos 57 días, 2 se perdieron por el decreto de asueto pre-carnaval y otros 10 por los apagones y las suspensiones de actividades relacionadas con ellos, sumando 12 días perdidos de clases, lo que deja solo 45 días de actividades. Es decir, que desde el 7 de enero, hasta la fecha, se ha perdido el 21% del tiempo disponible según el calendario.

Es de hacer notar que, la pérdida de tiempo, como ya mencionamos antes, ha sido más grave durante el mes de marzo, en el que, de los 19 días hábiles que debieron emplearse en el desarrollo de actividades escolares, en sólo 8, es decir, el 42% hubo clases.

Antes del anuncio que acaba de hacer el ejecutivo, íbamos a incluir en esta nota, una referencia a las instrucciones que habían llegado a algunas escuelas para el reinicio de clases mañana, haciendo énfasis en que, contrario a lo que debería suceder, no incluían pautas específicas para tratar ni la situación emocional de los estudiantes, ni la restauración de la rutina de trabajo, ni mucho menos, la recuperación del tiempo y los aprendizajes perdidos por las interrupciones y las condiciones en las que se dieron.

Pero dado este anuncio, queremos ratificar que, además de ser imprescindible que el ministerio de educación elabore pautas y gire instrucciones al respecto, debe programar una evaluación de la situación de las escuelas y del aprendizaje de los estudiantes, para que, con base a ello, se pueda diseñar y reprogramar el año escolar, haciendo todos los esfuerzos por garantizar no sólo que hayan actividades en las escuelas, sino que se garantice que todos los estudiantes logren los aprendizajes correspondientes, de manera exitosa y sin traumas adicionales a los que ya han sufrido por la situación nacional.

Queremos llamar también la atención de todos, sobre el hecho de que a pesar de poder cuantificar la pérdida de clases generalizada, no se puede ignorar la situación de muchos sectores del país, en los que, en algunos casos, por las inundaciones que retrasaron el inicio del año escolar, y en otros por falta de agua, por suspensiones del servicio eléctrico y por falta de docentes, se han perdido más días y horas de clase.

En esos casos, como se dijo en publicaciones anteriores, se tiene que garantizar que se pueda recuperar el tiempo perdido con las peculiaridades de cada caso, porque el derecho a la educación debe garantizarse sin ningún tipo de discriminación y no permitir que las zonas más afectadas cuenten con más tiempo y los recursos adecuados para recuperar el tiempo perdido y lograr los aprendizajes con igual calidad, que la mayoría, termina resultando en una discriminación por localización y condiciones de los servicios, lo cual, es totalmente inaceptable.

(*) Comunicado oficial del ejecutivo, publicado como imágenes en twitter.

Continua la suspensión de clases en #Venezuela


Este lunes 25 de marzo, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hubo una falla en el sistema eléctrico que dejó sin luz a una parte del país. A las 9:50 de la noche, cuando el servicio se había recuperado en varias zonas, se produjo un nuevo apagón afectando casi a la totalidad de los Estados.

Ese segundo apagón se mantuvo, por más un poco más de 13 horas en algunos sectores, pero por más de 24 horas en otras zonas, por lo que fueron suspendidas las actividades laborales y las clases del martes 26 de marzo. Posteriormente, el miércoles 27, a las 5 am, se volvió a generalizar el apagón en todo el país, por lo que se mantuvo la suspensión de actividades laborales y de clases.

Anoche, a las 8:30 pm, se anunció, a través de un mensaje de twitter, la extensión de la suspensión para este jueves 28 de marzo.

tuit JR 2703 suspension

El MPPE difundió ese mensaje, pero pasadas las 10 de la noche.

tuit del MPPE del 2703

En momentos como éstos, en los que situaciones externas al sistema educativo, afectan el desarrollo de las actividades, lo esperable es que el MPPE, a través de la red de supervisores y de sus medios de comunicación, que incluyen su web y sus redes, informe a las comunidades educativas sobre lo sucedido, pero especialmente, sobre cómo abordar sus consecuencias para lo que constituye su mandato, que es garantizar educación de calidad para todos, sin discriminación de ningún tipo.

Sin embargo, ni en la web del ministerio, ni en su cuenta de twitter, pudimos conseguir orientaciones que permitan a las escuelas, reprogramar sus actividades y atender a las consecuencias de los reiterados apagones en el aprendizaje de los estudiantes.

En su lugar, en la web del ministerio, las notas de prensa más recientes son del pasado 23 de marzo. A continuación se muestra el titular y la imagen que acompaña una de las dos notas de prensa. Ambas tienen un contenido similar y están referidas a una manifestación realizada en esa fecha en Caracas, pero en la que es presentada con este titular y esta foto, se recogen las declaraciones de varios funcionarios y maestros, en las que el mensaje es salir a la calle a defender “la revolución” y en ninguna parte, se menciona lo que se debe hacer en las escuelas para recuperar el tiempo perdido por el apagón del 7 de marzo.

Aristóbulo

Y en la cuenta de twitter, además del mensaje fijo con la suspensión de actividades que referimos al inicio, encontramos una publicación con la versión oficial de lo sucedido:

versión de lo sucedido

Adicionalmente, además de las publicaciones repetidas de otros días, un par de noticias sobre el programa de alimentación escolar; algunas sugerencias elaboradas por otro ente, para hacer un mejor uso del servicio eléctrico; y la publicación de información de otras instancias del ejecutivo, que incluyen una sobre la efeméride de hoy, y muchas sobre lo sucedido, con una versión particular y un lenguaje abiertamente de guerra que se aleja mucho de lo que debería ser la misión de un ente como el MPPE.

También encontramos una publicación con información político partidista que no debería ser divulgada desde la cuenta oficial del MPPE, en respeto a lo establecido en el artículo 102 de la Constitución y en sus disposiciones fundamentales.

boletin del partido

Lo que no encontramos, fue información con instrucciones giradas por el MPPE para que las escuelas y sus comunidades educativas puedan identificar, abordar y manejar las consecuencias de los apagones cuando se reinicien las clases, así como tampoco, las tan esperadas, por todos, pautas para la reprogramación del calendario escolar que, ahora, tiene que incluir la recuperación de 3 días más de clases, perdidos.

Y es que, en efecto, tomando solamente los días en los que la suspensión ha sido nacional, de acuerdo a las causas reconocidas por todos, hasta hoy llevamos 16 días de clases perdidos.

 

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¿Es posible la recuperación del tiempo perdido en educación?


(Por diversas razones no habíamos podido mantener las publicaciones del blog actualizadas. Hoy, aprovechando que hay luz y conexión, – bueno, había conexión y se cayó antes de publicar-, retomaremos las publicaciones en este blog)

Como todos saben, siempre hacemos una hipótesis de calendario al inicio del año escolar, que luego ajustamos cuando se publica el calendario del Ministerio y posteriormente vamos haciendo un balance de los días de clase perdidos.

Ese seguimiento tiene sentido siempre, incluso en circunstancias especiales e inéditas como las que estamos viviendo en Venezuela, pero precisamente por estas circunstancias, especialmente por la forma diversa en la que han afectado al país, dependiendo de las zonas, en lugar de comenzar con el “cálculo” de los días de clases perdidos, en este momento, haremos unas consideraciones sobre cómo y para qué estimar el tiempo perdido, y sobre las condiciones para el regreso y la continuación del año escolar.

Estimación del tiempo perdido

Sacar la cuenta del tiempo perdido en educación, en este momento, es una tarea que debe ser realizada en cada escuela, porque para poder saber cuántos días y horas de clase se han perdido desde el inicio de clases, el 17 de septiembre -para inicial y primaria- , o desde el 1 de octubre -para bachillerato-, es imprescindible hacer la cuenta en cada una de las escuelas del país, tomando en consideración varios factores:

  1. Días de inicio de año escolar empleados en inscripciones y con actividades incompletas por baja asistencia de los estudiantes.
  2. Días de inicio de año escolar perdidos porque, como consecuencia de las inundaciones, no se pudieron iniciar las actividades en las escuelas.
  3. Días de suspensión de actividades por elecciones. En esta oportunidad también hay variaciones, teniendo como máximo los 5 días inicialmente decretados por el Ministerio.
  4. Días de retorno de las vacaciones de diciembre con actividades incompletas por la baja asistencia de estudiantes y por la migración de docentes.
  5. Días de asueto decretados por el ejecutivo.
  6. Días de actividades perdidas previos al apagón nacional por falta de luz o de agua en la zona en la que se ubica la escuela. También se deben contabilizar las suspensiones parciales, es decir, las horas perdidas porque se redujo la jornada de trabajo, por las mismas razones o por fallas en el Sistema de Alimentación Escolar, por las que.
  7. Días de apagón, más días de suspensión de actividades decretados.

Para ello, a esta altura, se esperaría que el Ministerio hubiera girado instrucciones en las escuelas, en varias oportunidades, para poder contabilizar las pérdidas en cada una y, de ser necesario, como en el caso de las escuelas ubicadas en los municipios afectados por las inundaciones, que hubiera organizado la reprogramación y extensión del año escolar desde el inicio. Actualmente, también se esperaría que hubiera tenido un balance del tiempo perdido hasta antes del apagón, con una propuesta de extensión del calendario, para recuperarlo.

Tiempo perdido más allá de suspensiones y reducciones de jornada

Sin embargo, el tiempo perdido, en educación, no se calcula solamente en términos de días y horas sin clases, o sin actividades de aprendizaje, se calcula tomando en consideración el aprovechamiento efectivo del tiempo escolar.

En nuestra publicación del 10 de septiembre del año pasado, en la que presentamos las consideraciones que se deberían tener para evaluar la factibilidad del inicio del año escolar 2018-2019, con normalidad, especificamos los problemas que se habían registrado a lo largo del año escolar pasado y que habían afectado la calidad y cantidad de los aprendizajes de los estudiantes. (Puedes leer la publicación aquí)

La mayoría de los problemas registrados durante el año escolar 2017-2018, se han repetido e incrementado durante lo que va de año escolar 2018-2019, afectando, mucho más, las posibilidades de mantener la continuidad en las actividades de aprendizaje. Para ilustrar la situación cotidiana de las escuelas, tomaremos dos problemas como ejemplos:

  1. La inasistencia recurrente de los estudiantes: como se sabe, desde el año escolar pasado, en muchas escuelas, falta a clases todos los días, entre el 30 y el 70 % de los estudiantes de cada aula, la inasistencia no es la misma en todas las aulas, todos los días, ni tampoco es la misma en todas las aulas de una escuela.

Adicionalmente, los estudiantes que no asisten varían día a día. En algunos casos, las inasistencias de los estudiantes son de una a 3 veces a la semana.

Esa situación tiene como consecuencia una variación importante en la conformación del grupo de estudiantes que se encuentra en el aula, cada día; en efecto, debido a ello, el grupo siempre es diferente, por lo que a los maestros se les dificulta mantener la continuidad en los procesos de enseñanza, y, por ello, deben emplear mucho más del tiempo requerido para desarrollar las actividades y garantizar el aprendizaje. Una buena parte del tiempo, es empleado en repetir experiencias para garantizar el aprendizaje de los que no pudieron asistir y en realizar actividades para retomar el hilo, repasar, reforzar procesos y tratar de reconstruir la continuidad perdida.

La ruptura en la continuidad de los aprendizajes, se agudiza con las interrupciones parciales o totales de las actividades por fallas en los servicios (agua, luz, alimentación), que en algunas zonas del país, son recurrentes. Pero también, la capacidad de participar de forma exitosa en las actividades, está mediada, por una parte por las razones por las que los estudiantes dejan de asistir de forma recurrente, así como por las condiciones de vida en sus casas, y por la otra, por las condiciones en las que se desarrollan las actividades en las escuelas que incluyen desde la dotación, hasta las condiciones sanitarias y de seguridad, pasando por el equipamiento y la alimentación.

Las inasistencias de esta magnitud, por las causas que se producen, y especialmente, por las consecuencias en la formación de cada uno de los estudiantes, no se contabilizan simplemente, se tienen que registrar tomando como referencia los aprendizajes afectados en cada caso, y tomándolos en consideración a la hora de reprogramar, porque un estudiante que no logró un aprendizaje que es requisito para uno posterior, está en franca desventaja y no sólo tendrá más dificultades de aprender posteriormente, sino que sufrirá el impacto psicológico de experimentar esa desventaja, especialmente, conociendo las causas que la originaron.

Todas esas interrupciones –y su recurrencia- debilitan la apropiación de los aprendizajes por parte de los estudiantes, lo que tiene como consecuencia una mayor disminución en la calidad de la educación que se obtiene, afectando, en última instancia, la realización del derecho a la educación, y limitando el desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

2. Condiciones psicológicas y emocionales de estudiantes y docentes: además de los problemas ya reportados, el año escolar pasado, que como sabemos también se han incrementado al inicio de este, la situación política, económica y social ha tenido severas consecuencias en la población emocionales y psicológicas en la población.

La incertidumbre por la situación y sus consecuencias en la vida cotidiana, las restricciones en la adquisición de alimentos y medicamentos, las fallas en el transporte, las fallas en los servicios de luz y de agua, la falla en el suministro de gas, el aumento de la delincuencia, por una parte, y la sensación de pérdida tanto de condiciones de vida, como de familia, por las migraciones, entre otras, han generado un estado de indefensión, de desesperanza, de inestabilidad emocional y psicológica en la población, que dificultan, tanto la capacidad de concentración y organización de todos, como la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.

Aunque ya algunas de las condiciones se han comenzado a hacer visibles, como problemas del sistema educativo, como por ejemplo, entender que un niño que no se alimenta bien, no puede aprender; o que cuando no hay recursos suficientes en las casas, o cuando no hay agua para lavar la ropa o hasta para bañarse, como ha pasado en los últimos meses, los niños dejan de asistir a la escuela; hay otras que ahora es que comienzan a mencionarse y que están asociadas a la angustia psicosocial y los traumas psicológicos; así como también otras que no se mencionan sino en algunos espacios, como la necesidad de mantener la estructura y organización del tiempo, así como las rutinas de vida en la cotidianidad.

En efecto, ahora parece comenzar a entenderse que un niño que está triste porque parte de su familia emigró, o porque perdió un familiar o un amigo, producto de la falta de medicamentos, de alimentos, o por deficiencias en el sistema de salud o como víctima de la delincuencia, o porque sus condiciones de vida han disminuido considerablemente; o un niño que tiene miedo porque en el sector en el que vive experimenta la tensión de la inseguridad cotidianamente, no puede concentrarse y por tanto, está en desventaja para el desarrollo del proceso de aprendizaje.

En estos casos, tanto los cálculos del tiempo necesario para recuperar la calidad y completitud de los aprendizajes, como para el diseño de las estrategias para lograr la restauración de los mismos, especialmente, cuando las condiciones que los afectan, no mejoran, sino que se agravan con el tiempo, requieren, además de instrucciones especiales, dado lo excepcional de la situación, de un proceso de evaluación que permita a los docentes estimar el tiempo que requeriría para poder replantear su planificación para el resto del año escolar. Ese proceso de evaluación, por cierto, también requiere tiempo que no podrá emplearse ni en la reconstrucción de la continuidad del proceso, ni en el desarrollo del mismo.

Adicionalmente, lo extraordinario de este tipo de situaciones, requiere el apoyo de personal especializado y de guías para docentes y padres, o representantes, que permitan acompañar de manera adecuada a los estudiantes en su participación en el proceso educativo.

Condiciones para el regreso y la continuación del año escolar

En una situación como la que estamos viviendo en Venezuela, se esperaría que el Ministerio de Educación, como el ente responsable del sistema educativo, específicamente de la educación básica, a esta altura:

  1. Hubiera hecho un balance de los daños en las escuelas, por las fallas en los servicios, así como por las consecuencias de la delincuencia. Ese balance debería incluir, el cálculo de los daños y pérdidas, así como de un inventario de los problemas a resolver y las necesidades de reparación y reposición de equipos e insumos; y con un estimado del tiempo de recuperación tanto de los servicios de luz, agua y alimentación, más la inversión y el tiempo para reparar daños y reponer equipos e insumos en cada escuela.
  2. Hubiera hecho un balance del equipo docente con el que se cuenta y de los cargos docentes ocupados temporalmente, por personas que no tienen formación para ese ejercicio, de forma de poder generar un plan de emergencia para la atención de los centros educativos, que estuviera acompañado por docentes formados –incluso pidiendo ayuda a docentes jubilados- y por materiales para apoyar a todo el personal, tanto en las labores pedagógicas propiamente dichas, como en la detección y atención a las consecuencias de la angustia psicosocial y los traumas psicológicos. Ese balance y ese plan, por cierto, debería incluir una evaluación de las condiciones de trabajo y de vida de los docentes, así como la restauración de las condiciones establecidas en su contratación colectiva.
  3. Hubiera discutido, con los organismos internacionales competentes en atención a las emergencias humanitarias, las posibilidades y planes, tanto para el reinicio de clases, como para la extensión del año escolar, con base en las actividades de acompañamiento psicosocial y educativo, complementarias, para garantizar disminuir las diferencias en las condiciones de los estudiantes, por la diversidad de formas y magnitud, en las sus vidas y su formación se han afectado, hasta el momento.
  4. Con base en la información recaudada, hubiera elaborado planes, con inversión establecida y tiempos, así como, con materiales para garantizar un exitoso reinicio del año escolar, con la necesaria restauración de las condiciones y aprendizajes dependiendo de las variaciones de la situación en cada una de las zonas del país y de las escuelas.
  5. Hubiera discutido con los gremios del sector, los planes elaborados y la mejor forma de instrumentarlos para, desde la visión de los que hacen posible cotidianamente la educación en las escuelas, se pudieran hacer los ajustes necesarios.
  6. Y, en lugar de estar postergando diariamente el inicio de clases, anunciara el día de reinicio de las clases, con un calendario claro, junto con los planes asociados, para el conocimiento de todo el país y de cada comunidad.

Sin embargo, además de ello, en aquellas escuelas en las que se pudiera, así fuera de forma parcial, por las condiciones generadas por las fallas en los servicios, se hubieran podido habilitar las instalaciones para:

  1. Proveer de alimentos a las comunidades con mayores dificultades. Obviamente, para ello, la escuela debería contar con un mínimo de condiciones que incluyeran agua, luz y gas, para poder preparar los alimentos, pero, esas son condiciones que, en muchos casos pudieron procurarse con el apoyo del Estado, y que pudieron ayudar a atender a la población, así como a disminuir los efectos psicosociales de la situación en ella. Esta actividad se ha realizado en algunas escuelas del Estado Miranda los dos últimos días.
  2. Servir como centros de acopio y distribución de insumos básicos, como comida no perecedera, suplementos nutricionales y agua, que es lo que se debería suministrar a la población en una situación de emergencia generalizada como la que se presentó a raíz del apagón generalizado en Venezuela.
  3. Servir como centros de reunión y de atención para los niños y jóvenes, con actividades lúdicas y complementarias de aprendizaje, que les permitieran tener algo de organización en el tiempo y mantener la lógica de la rutina, ambas cosas importantes, tanto para su formación, como para su estabilidad psicológica y emocional.

En lugar de ello, asistimos a una dinámica muy diferente, especialmente carente de evaluaciones, balances, planes y materiales de apoyo para atender la situación actual y para el acompañamiento de nuestros niños y jóvenes, antes, durante y después del reinicio de clases.

 

Monitoreando el inicio del año escolar 2018-2019 en Venezuela


Como sabes, durante el año escolar pasado (2017-2018) el sistema educativo presentó muchas irregularidades producto de, por una parte, los impactos de la situación nacional sobre la vida de las familias, de todos los miembros de las comunidades educativas, y por la otra, por las propias fallas estructurales del sistema.

Es por esta razón que este año escolar 2018-2019, que inicia mañana, 17 de septiembre, para los niveles de inicial y primaria de la Educación Básica, requerimos conocer y hacer visibles ante el país, las condiciones en las que se inician las actividades.

Para poder tener información oportuna y directa desde las escuelas, requerimos de tu apoyo, por lo que queremos invitarte a participar.

Participar como padre, representante, docente, trabajador administrativo, obrero, estudiante, o vecino de la comunidad en la que se localiza la escuela, es muy sencillo, puedes contarnos:

  1. Si se iniciaron las clases.
  2. Si la escuela cuenta con las condiciones de infraestructura y dotación, aptas para iniciar las clases.
  3. Si la escuela cuenta con las condiciones de mínimas para su funcionamiento, es decir, si tiene condiciones sanitarias, agua potable, luz, comunicaciones, internet.
  4. Si tiene los insumos y equipamiento para brindar alimentación.
  5. Si hay transporte público para llegar a la escuela.
  6. Si cuenta con los docentes y directivos suficientes para desarrollar una educación de calidad.

Puedes hacerlo escribiendo:

  1. Uno o varios correos a monitoreoOEV@gmail.com, 
  2. O uno o varios tuits usando la etiqueta #AClasesVzla2018 

Cuando escribas, recuerda siempre poner el nombre de tu escuela y dónde está ubicada para poder incorporarla en el registro. Si es posible, puedes acompañar la información con fotos.

Para tener la mayor cantidad de información posible, estaremos recibiendo aportes sobre el inicio del año escolar durante el primer mes de actividades. A partir del 1 de octubre, esperamos también tener reportes sobre el inicio de las clases en educación media.

Te damos las gracias de antemano, por participar y permitirnos visibilizar la situación de las escuelas al inicio de este año 2018-2019

¿Hay condiciones para el inicio del año escolar 2018-2019, el próximo 17 de septiembre, en Venezuela?


Como todo el país sabe, el año escolar 2017-2018, fue un año plagado de problemas y dificultades para el sistema educativo, comenzando por los efectos que tuvieron la hiperinflación, el desabastecimiento, la ausencia de efectivo y las fallas en el transporte público, en la dinámica de vida de las familias y su consecuencia en la asistencia irregular de docentes y estudiantes a las escuelas; pasando por las también reiteradas fallas en los servicios de alimentación, agua y luz que ocasionaron múltiples interrupciones y recortes en el horario de clases; y terminando con las consecuencias de la migración, física y económica, de docentes y estudiantes, más el impacto psicológico por los efectos de la crisis nacional en todos los miembros de las comunidades educativas.

En efecto, en Venezuela, en el último año, la educación ha experimentado una combinación compleja de problemas y impactos que alteraron la organización y el funcionamiento de las escuelas, teniendo como última consecuencia, restricciones en las garantías de varios derechos humanos, comenzando por el ejercicio del derecho a la educación, con la consecuente disminución en los logros y aprendizajes, durante el año escolar pasado.

A continuación, sin pretender hacer una descripción completa y exhaustiva de lo que vivió el sistema educativo durante el año escolar 2017-2018, debido a que es una tarea difícil para la dimensión de un espacio como éste y más con las limitaciones que impone la falta de acceso a la información detallada, por parte del ente rector; y con el propósito de ilustrar lo complejo y multifactorial de la situación vivida, se presentarán los principales y más recurrentes elementos que caracterizaron la dinámica del funcionamiento del sistema educativo, específicamente en el subsistema de educación básica, en Venezuela.

Emergencia humanitaria compleja en el sistema educativo

El sector educativo experimentó problemas derivados, por una parte, de los efectos de la situación nacional y por la otra, de fallas estructurales propias del sistema.

Efectos de la crisis nacional en la educación

Entre los elementos de la crisis nacional que afectaron la organización y el funcionamiento del sistema educativo, tenemos:

1. Interrupciones recurrentes en los servicios de agua potable, luz y comunicaciones –incluyendo conexión a internet-, que tuvieron como consecuencia suspensión de clases o recorte en el horario escolar, disminución de las condiciones sanitarias de las escuelas, y restricciones en el desarrollo de las actividades pedagógicas y administrativas –incluyendo el registro de datos, por parte de las escuelas, en el sistema de información del MPPE. También tuvieron consecuencias en la calidad de vida de las familias, afectando su asistencia a las escuelas y su desempeño educativo.

Estas interrupciones, especialmente en los servicios de agua potable y luz, se han agudizado y extendido, en los últimos meses y se han convertido en problemas graves en varios estados del país.

2. Deficiencia o inexistencia de los servicios de seguridad y vigilancia en las zonas en las que se ubican las escuelas, incrementando con ello la inseguridad y, en consecuencia, la realización de hurtos y robos, en las inmediaciones y dentro de las escuelas, así como la presencia de agentes de microtráfico de drogas y grupos delincuenciales.

Al respecto, cabe mencionar que, hasta el momento, la respuesta más estructurada que se ha instrumentado desde el Estado, es un “Plan Piloto de Monitoreo para la Seguridad Escolar”, diseñado por FEDE y comenzado a instrumentar a finales de agosto, pero en una muy pequeña muestra de planteles, en total y de acuerdo a la información oficial, son 18 planteles distribuidos en varios estados del país (Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira y Trujillo) y en el Distrito Capital.

3. Restricciones en el servicio de transporte público por disminución en el número de unidades activas y por reducción de las rutas y su alcance territorial. En este caso, se han instrumentado dos tipos de respuesta: habilitación de vehículos no aptos para el transporte seguro, como las denominadas coloquialmente “perreras”, y la incorporación de unidades por parte de algunos entes regionales.

4. Aumento exponencial de los costos y disminución de la capacidad adquisitiva de las familias para cubrir los costos de alimentación diaria y la canasta familiar, así como los costos de transporte para trasladarse a las escuelas.

5. Ausencia de efectivo y restricción en otras formas de pago, con la consecuente reducción de la capacidad, por parte de estudiantes, docentes y demás trabajadores, de asumir el pago del servicio del transporte público, así como la adquisición de algunos productos de la canasta familiar, aun teniendo los recursos económicos para ello.

6. Desabastecimiento de insumos clave en la canasta familiar y de medicamentos.

7. Reducción en la capacidad de atención y en las condiciones e insumos de los servicios de salud pública.

8. Rupturas o fragmentación de las familias de estudiantes y docentes, como consecuencia de actos de violencia y de migración de sus miembros.

Fallas estructurales propias del sistema

Entre los elementos derivados de fallas estructurales propias del sistema educativo, podemos citar:

1. Eliminación progresiva de la condición de gratuidad de la educación en las escuelas de dependencia oficial. Como ya se ha explicado en otras publicaciones, la gratuidad en la educación básica, además de ser una condición obligatoria del sistema, se evalúa a partir de los elementos de la canasta educativa que son 5: costos de inscripción y matrícula, alimentación en tiempo escolar, transporte, uniformes y útiles escolares.
Cuando las familias tienen que asumir de forma total o parcial, los elementos que constituyen dicha canasta, no se puede considerar que la educación sea efectivamente gratuita.

En nuestro caso, como también se señaló con anterioridad, hay costos adicionales a los considerados en la canasta educativa que, por deficiencias en el funcionamiento del sistema, han recaído en las familias -incluyendo a los estudiantes-, y también en los docentes, agravando el problema de gratuidad de la educación.

Entre estos costos cabe destacar, la inversión en horas de trabajo y de recursos económicos, -en adquisición y donación de insumos de limpieza- en las jornadas de mantenimiento menor convocadas por el MPPE y que son denominadas, entre otras, como “Una Gota de Amor para tu Escuela”; el financiamiento del alquiler de unidades de transporte acondicionadas para el traslado de los insumos del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) a las escuelas; los trabajos de reparación de equipos de cocina y refrigeración, también utilizados en el SAE, así como de equipos y mobiliario de diverso tipo de las escuelas; y la adquisición de papelería e insumos y materiales de oficina.

2. En cuanto a los costos de transporte que deben cubrir los miembros de las comunidades educativas, es importante señalar que el sistema educativo oficial, en su mayoría, no cuenta con transporte escolar, lo cual dificulta el acceso a la educación. En algunas regiones del país, ese problema se ve agravado porque la ubicación de las escuelas, no cumple con los estándares de distancia mínima, que faciliten el acceso de los estudiantes, sin hacer uso de un sistema de transporte.

3. Además de tener que cubrir, con horas de trabajo no remuneradas y con recursos para los elementos señalados en el primer punto, los docentes no cuentan con condiciones de trabajo e ingresos adecuados a la labor que cumplen, ni que les permitan cubrir los costos de la canasta familiar, lo que también contribuyó al incremento de las inasistencias recurrentes.

4. Déficit en la cantidad y calidad del equipo docente de las escuelas. Este es un problema que, como también hemos comentado en otras publicaciones, se ha venido desarrollando en Venezuela, desde hace años, con la lamentable consecuencia de que muchos estudiantes han recibido certificación de estudios y calificaciones, sin haber cursado determinadas asignaturas en bachillerato.

Con la situación migratoria, espacial y laboral, que se dio en el gremio docente, el año escolar pasado, el déficit se ha incrementado y sus consecuencias se agudizaron, debido a que, la insuficiente cantidad de docentes para todas las secciones por año y por grado que se ofrecen en las escuelas, se ha intentado resolver parcialmente, con personal que cumple funciones docentes, pero no está calificado para ello; en algunos casos se trata de miembros de la comunidad supliendo las faltas recurrentes o definitivas de los docentes; y en otros se trata de la incorporación de beneficiarios del programa “chamba juvenil” que no cuentan con las competencias ni los conocimientos adecuados, por la corta y precaria formación que recibieron antes de entrar en ejercicio.

En este punto, es importante señalar, que un agravante de la situación específicamente relacionado con las inasistencias recurrentes de los docentes, derivadas de los elementos de la crisis nacional, es la imposibilidad de tomar previsiones que permitan a los suplentes ocasionales, mantener la continuidad en los procesos de aprendizaje, lo que tiene efectos directos en la calidad de la educación y en el alcance de los aprendizajes que se logran en las escuelas.

5. Adicionalmente, por un precario programa de construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, la oferta educativa es insuficiente y en muchos casos, no cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, por daños en la infraestructura, en los equipos de uso ambiental (aires y ventiladores), o en el mobiliario de las aulas y laboratorios, lo cual entorpece el buen funcionamiento de las escuelas.

6. Otro programa con múltiples problemas en su diseño e instrumentación, que son agravados por los problemas de abastecimiento que se mencionaron en la sección anterior, es el del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) que no garantiza alimentación permanente, ni con la calidad nutricional adecuada, en las escuelas, a lo largo del año escolar.

7. Reiterados problemas derivados de un manejo deficiente de la política curricular impulsada desde el ente rector. Nos referimos en este caso a:

  • Producción de textos y recursos pedagógicos que no cumplen con la disposición contenida en el artículo 102 de la Constitución, de promover una formación crítica que respete todas las corrientes del pensamiento.
  • Promoción de una lógica y lenguaje de guerra, contraviniendo la construcción de una cultura de convivencia y paz, tal como se establece también en la Constitución.
  • Desorganización e improvisación en el desarrollo de modificaciones curriculares, especialmente en educación media, que tuvieron como consecuencia la imposibilidad de aplicación y la confusión en muchos liceos, restringiendo las oportunidades de tener una educación de calidad para los estudiantes.

8. Finalmente, es necesario mencionar la restricción recurrente de derechos concomitantes al derecho a la educación, a los miembros de las comunidades educativas. Nos referimos a los derechos a la manifestación y a la libre asociación de los diversos gremios del sector, que ha sido acompañada por la promoción de organizaciones afines al gobierno, como las organizaciones gremiales reconocidas oficialmente, en el sistema.

En esa misma lógica, se requiere mencionar la utilización de tiempo de funcionarios del sistema, así como de los medios de comunicación oficiales del Estado, para promover la participación de los miembros de las comunidades educativas, en actos de proselitismo político y para difundir mensajes con contenido político partidista específico.

Consecuencias para los estudiantes

En términos generales, los factores, externos y estructurales del sistema, mencionados en las secciones anteriores, tienen como consecuencias en, y para, los estudiantes, entre otras:

1. Disminución de la capacidad de atención, concentración y aprendizaje por deficiencias en la alimentación, por problemas de salud y por los efectos de sufrir angustia psicosocial y los traumas psicológicos asociados a los impactos de las situaciones familiares y de seguridad.

Los efectos físicos y psicológicos de la situación nacional afectan a los niños, niñas y jóvenes, más allá de sus consecuencias en el proceso de aprendizaje en las escuelas. En muchos casos la angustia se produce, directa o indirectamente, por la incertidumbre en la provisión de alimentos en el hogar, o porque se ven obligados a buscar empleo, a recurrir a la mendicidad o a hurgar en la basura, para conseguir alimentos y recursos.

En cuanto a los efectos físicos, es importante señalar que en diversas escuelas se registraron desmayos de estudiantes durante la realización de los actos cívicos al inicio de la jornada escolar, por deficiencias en la nutrición.

2. Inasistencias recurrentes, que agregan como factor adicional a la perturbación de la dinámica en las escuelas, la ruptura en la continuidad del proceso de aprendizaje y que tiene como consecuencia: la disminución del tiempo efectivo dedicado a las actividades escolares y la carencia de actividades estructuradas, restringiendo o disminuyendo la calidad de los procesos pedagógicos, y en consecuencia el alcance y la completitud de los aprendizajes.

3. Disminución de las condiciones y recursos de las escuelas por fallas en los servicios, por hurtos y robos, por ausencia del personal docente calificado, lo que también restringe las oportunidades de contar con procesos pedagógicos de calidad por las deficiencias en las condiciones mencionadas.

4. Falta de recursos de los estudiantes para desarrollar actividades pedagógicas o tareas, fuera de las escuelas o en sus casas.

5. Disminución del tiempo escolar y de los aprendizajes relevantes por la incorporación de contenidos de baja calidad o no pertinentes, así como de incertidumbre y confusión por improvisación en las pautas curriculares y sus modificaciones y por suspensión innecesaria de actividades para la realización de elecciones y para la asistencia de miembros de las comunidades educativas a actividades político partidistas.

6. La combinación de estos efectos, tiene como última consecuencia la limitación del desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

¿Y los problemas derivados de las inundaciones?

Como es conocido también por todos, además de lo sucedido durante el año escolar 2017-2018, en el período de vacaciones, más de 25 municipios, en más de 7 estados del país han sufrido inundaciones, dejando a miles de familias, temporalmente, con viviendas en condiciones de inhabitabilidad o en estado de pérdida, incluyendo sus alimentos, medicinas, muebles y ropa; en algunos casos, las pérdidas incluyeron cosechas, así como semillas y condiciones para retomar las siembras.

En esos municipios, hay a extensas zonas con problemas de comunicación, falta de electricidad, restricciones de medicinas, agua potable y de alimentos; además de con problemas de contaminación y sanitarios, con riesgos o con brotes de epidemias en curso (sarampión, malaria, dengue, afecciones en la piel y estomacales); y con la amenaza de ser víctimas de ataques de animales como caimanes y culebras.

En algunos casos, las inundaciones comenzaron a registrarse antes de que iniciara el período vacacional.

En todos los estados afectados, se encuentran escuelas con infraestructura inundada o que están siendo utilizadas como centros de acopio y refugios.

En el siguiente mapa, se pueden apreciar los municipios y estados con reportes de inundaciones entre el mes de julio y los primeros días de agosto.

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Revisando las fuentes oficiales, para conocer el tipo de atención han recibido los estudiantes que han sido afectados por las inundaciones y los planes de emergencia y previsión que se adelantan desde el MPPE para garantizar que, tanto los estudiantes como las escuelas puedan incorporarse al año escolar 2018-2019, a partir de la semana que viene, encontramos poca o inexistente información oficial.

En efecto, en la página del MPPE, en su sección de noticias, encontramos poquísimas referencias a la atención a la emergencia provocada por las lluvias en los estados afectados. Aunque sí encontramos información sobre otras iniciativas desarrolladas en algunos de esos estados, como la realización del Plan Agosto de Escuelas Abiertas en algunas de sus escuelas.

Tampoco encontramos datos que indicaran cambios importantes en los proyectos instrumentados durante el período vacacional, para atender los problemas ocasionados por las inundaciones, a pesar de ser evidente la necesidad de llevar a cabo acciones de emergencia, con miras al cercano inicio del año escolar.

En el caso del Estado Amazonas, que es uno de los más afectados por las inundaciones, encontramos que específicamente, con relación a la atención a las condiciones de la infraestructura educativa, en una nota de prensa del 29 de junio, se anunciaba que, desde las instancias responsables del mantenimiento de la infraestructura escolar, se proyectaba atender 65 escuelas con el programa “Una Gota de Amor Para Mi Escuela”.

Esa cifra, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles -que son los del año escolar 2014-2015, contenidos en la última Memoria y Cuenta publicada-, corresponde al 15% del total de escuelas que había en ese estado en ese año escolar; que equivalen al 15,6% de las escuelas oficiales y al 45,5% de las escuelas que dependen directamente del MPPE.

De acuerdo a las mencionadas cifras, en el Estado Amazonas, había, en el año escolar 2014-2015, 434 escuelas, de las cuales 418 eran de dependencia oficial, 143 de dependencia nacional (directamente del MPPE), 271 estadales, 4 municipales y 16 escuelas privadas.

Eso indica que, con el programa con el que oficialmente se atiende el mantenimiento menor de las escuelas en el sistema educativo, estaba programado atender menos del 50% de las escuelas que dependen directamente del MPPE, en esa entidad.

Posteriormente, el 3 de septiembre, se reportó que se había terminado el mantenimiento solamente en 16 de esas escuelas y que continuaba en ejecución en 7 escuelas más. Las escuelas atendidas hasta ese momento, eran todas, de acuerdo a la información publicada, del Municipio Atures, que es el municipio con mayor población del estado.

Eso significa que, de las 65 escuelas proyectadas, se logró culminar, hasta el 3 de septiembre, solamente el 24,6% y estaba en ejecución un 10,8% más, lo que daría como resultado que, de las 65 solamente se lograron atender el 35,4 % de las escuelas proyectadas; y que tomando como referencia las cifras del año escolar 2014-2015, citadas anteriormente, estaríamos hablando de una atención efectiva del 16,1%, de las escuelas nacionales del Estado Amazonas, incluyendo en el cálculo, las 7 escuelas que aún se encuentran en proceso de ejecución.

No obstante, esa cifra corresponde solamente a las escuelas atendidas por el programa y que estaban programadas antes de presentarse la situación ocasionada por las inundaciones.

Dada la falta de información, y como respuesta a la situación derivada de las inundaciones, es imperioso que el MPPE informe al país: ¿Cuántas de las escuelas del Estado Amazonas fueron efectivamente afectadas por las inundaciones, cuántas han sido recuperadas y cuántas fueron utilizadas y siguen funcionando como refugios y centros de acopio? ¿Cómo se programa atender a los estudiantes de las escuelas afectadas o utilizadas como refugios y centros de acopio, a partir del próximo lunes, 17 de septiembre?

Es necesario que el MPPE suministre al país, la misma información para todos los municipios de todos los estados con zonas afectadas por inundaciones.

También, es importante que el MPPE informe al país: ¿cómo ha sido la atención hasta ahora a los niños y jóvenes de todos los municipios afectados en cuando a las limitaciones de alimentación, las restricciones de agua potable, la falta de medicamentos, los brotes de enfermedades y las pérdidas de viviendas y bienes?; ¿cómo será la atención y el acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes que no estén en condiciones de regresar a la escuela?; ¿qué estrategias se utilizarán para facilitar su reincorporación?, ¿qué estrategias y planes concretos se instrumentarán para facilitar y garantizar la asistencia de los docentes a las escuela? tomando en consideración, para todos los miembros de la comunidad educativa, los casos en los que perdieron sus viviendas, o perdieron sus bienes, en los que se han enfermado o en los que son víctimas de traumas por las condiciones de privación y de pésima calidad en la que se desarrollan sus vidas producto de las inundaciones.

¿Qué debería haber hecho el MPPE durante agosto y la primera quincena de septiembre?

Frente a esa situación descrita en las secciones anteriores que incluye tanto los efectos de la crisis nacional en la vida de los miembros de las comunidades educativas, y en el funcionamiento del sistema educativo, como los problemas estructurales del sistema; así como las consecuencias de las inundaciones en una parte del territorio nacional, que se puede catalogar como parte de la emergencia humanitaria compleja registrada en Venezuela, se esperaría que el Estado, a través del ente rector del sistema educativo y apoyándose de todos los organismos competentes, hubiera empleado el mes de agosto y la primera quincena de septiembre, para realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación, escuela por escuela, que permitiera saber en qué condiciones está el sistema educativo, en cuanto a:

1. Condiciones reales de la infraestructura escolar, más allá del “embellecimiento” de algunos espacios y del mantenimiento menor de otros, con un estudio especial de las condiciones de la infraestructura en las zonas con inundaciones.

2. Condiciones de la dotación de recursos pedagógicos, de equipos y suministros para el funcionamiento de la escuela, así como de los equipos, mobiliario y utensilios para la alimentación escolar.

3. Funcionamiento real de los servicios de agua potable y de electricidad en las escuelas, así como los servicios de comunicaciones, incluyendo la conexión a internet. Tomando en consideración la localización de escuelas en las zonas en las que se han registrado fallas recurrentes, que se han incrementado en los últimos meses, o en las zonas en las que las fallas se derivaron de las inundaciones, y para los que, además, no existen planes de restauración cercana.

4. El estado real de la planta docente, que indique cuántos profesionales de la educación, con certificación y formación adecuada se mantienen en el sistema, cuántos suplentes y personal no calificado para ejercer dicha función ha sido incorporado a las escuelas y cuántos serán necesarios para garantizar que todas las secciones, años y grados, tengan un docente a cargo.

5. También se debió hacer una evaluación de la asistencia de docentes y estudiantes, el año escolar pasado, que permitiera tener una real dimensión del problema de inasistencias recurrentes, las causas más frecuentes, así como, sus efectos sobre la planificación docente y la disminución del tiempo escolar efectivo.

6. De igual manera, se pudo aprovechar este tiempo para hacer una primera aproximación a la identificación de los efectos psicológicos de la crisis en docentes y estudiantes, que permitiera, en un primer momento, identificar zonas y escuelas en las que se deberá prestar mayor atención para detectar y atender casos en el próximo año escolar.

7. De forma complementaria y para desarrollar planes de restauración de los aprendizajes perdidos, en el caso de los estudiantes, así como para desarrollar programas específicos de formación docente, se debió aprovechar este mes y medio, para diseñar dos evaluaciones estandarizadas y aplicadas en todas las escuelas del país.

  • Una evaluación estandarizada de los aprendizajes alcanzados por cada uno de los estudiantes de educación básica, tomando como referente lo que debió aprender para obtener la certificación que se le otorgó el año escolar pasado y que lo promovió al grado y año que cursará a partir del 17 de septiembre, para los estudiantes de primaria, y del 1 de octubre, para los estudiantes de bachillerato; que permita saber con qué base real cuenta para el inicio de su formación este próximo año escolar.
  • Una evaluación de conocimiento de lo que le corresponde enseñar y de competencias pedagógicas, que tiene actualmente cada profesor y maestro.

Con los resultados de ese diagnóstico, el MPPE podría diseñar programas para:

1. Apoyar a docentes y estudiantes para que puedan asistir regularmente a las escuelas, minimizando los efectos de las limitaciones económicas y los problemas de transporte.

2. Acompañar profesionalmente a las personas, sin formación docente, que estarán cumpliendo esa función en las escuelas en próximo año escolar.

3. Reforzar los programas de mejoramiento profesional de los docentes en ejercicio, enfocando la oferta a las necesidades específicas detectadas en la evaluación estandarizada.

4. Regularizar la prestación del servicio y mejorar la calidad nutricional del Sistema de Alimentación Escolar.

5. Promover y acompañar la reinserción de los estudiantes que se vieron en la obligación de abandonar sus estudios.

6. Desarrollar planes especiales para la formación de los estudiantes que, por razones de fuerza mayor, no puedan reincorporarse a las escuelas, pero puedan acceder a la educación en otras modalidades.

7. Desarrollar programas de atención específicamente diseñados para dar respuesta y atender a toda la población que se encuentra en zonas afectadas por las inundaciones, de acuerdo a las peculiaridades que se tengan en cada caso.

8. Acompañar y formar a los docentes en la atención y el apoyo a los estudiantes que experimentan angustia y traumas psicológicos, producto de los diversos impactos de la crisis en sus vidas.

9. Ampliar y completar los esfuerzos que se están comenzando a hacer para mejorar la seguridad en las escuelas, pero incluyendo también la atención a los problemas ocasionados por la penetración del microtráfico de drogas y las bandas delincuenciales a las escuelas.

10. Generar estrategias de reorganización del horario escolar, para que no se disminuya el tiempo de aprendizaje, por los problemas relacionados con las fallas en los servicios básicos y para compensar las horas perdidas con horas complementarias en otros días y horarios.

11. Establecer una estrategia dirigida a revertir los impactos negativos de los problemas experimentados el año escolar pasado, especialmente para la restauración de los aprendizajes que no se lograron, por los problemas estructurales del sistema educativo, y por los efectos de la crisis en la vida de las familias y las escuelas.

Es menester recordar que es obligación del Estado, la garantía del derecho a la educación, por lo que se espera que en momentos de dificultades como los que se están experimentando en Venezuela, dificultades que pueden catalogarse como emergencia humanitaria compleja, la acción del Estado no se remita a anunciar el inicio del año y esperar que la “mística” de las comunidades educativas puedan resolver los problemas y garantizar el funcionamiento de las escuelas, sino que asumiendo su obligación, diseñe los programas necesarios para atender la situación y garantizar efectivamente el funcionamiento óptimo de las escuelas, así como que se alcancen los aprendizajes esperados; y en un caso como el que nos ocupa, apoyar a las familias, docentes y estudiantes, para que puedan superar las dificultades e incorporarse efectivamente a la dinámica escolar.

 

Nueva suspensión por elecciones = 10 días menos de clases este año escolar en Venezuela


El pasado miércoles 9 de abril, el Ministerio de Educación (MPPE), publicó en su cuenta de twitter una circular, fechada el 10 de mayo, con la que notificaba la suspensión de las actividades en todos los planteles, desde el martes 15 hasta el lunes 21, por la realización de las elecciones pautadas para el 20 de mayo.

A continuación pueden ver el tuit y la circular:

 

En esta oportunidad, como en los anteriores procesos electorales, la suspensión de clases se hace por 5 días: 4 previos al fin de semana en el que se realiza la votación, más el lunes siguiente. Esto sucede así, desde hace varios años.

Esta suspensión, como hemos señalado en procesos electorales anteriores, es excesiva e innecesaria, pues bastaría con suspender las actividades el viernes antes y el lunes después, para la entrega de materiales y equipos, la organización y apertura de las mesas, la realización del proceso de votación, el cierre de mesas con sus respectivas auditorías, y la devolución de los materiales y equipos electorales al CNE, a través del organismo correspondiente.

Sin embargo, en esta oportunidad, además de los cuestionamientos que se han hecho sobre la legitimidad de la convocatoria al proceso electoral y la duración de la suspensión de clases, la situación presenta un agravante, debido a que la medida se aplica a todas escuelas, sean o no centros electorales.

En efecto, se produce una doble restricción al derecho a la educación, porque por una parte se suspenden las actividades en escuelas que no son centros electorales y por la otra se suspenden por más días de los necesarios para realizar el proceso electoral.

Todo ello, sin que el MPPE anuncie ninguna medida que permita la recuperación del tiempo perdido y la restauración adecuada y efectiva de los procesos de aprendizaje.

Cabe destacar que, por no estar previsto este proceso electoral desde antes de iniciar el año escolar, ni haber sido incluido con anticipación en el calendario de actividades, las escuelas no han contado con tiempo suficiente para hacer los ajustes que les permitirían mantener la calidad y la eficacia de los procesos de aprendizaje. Y ante tan poca anticipación y sin contar con medidas que permitan ajustar el calendario escolar, aumentando los días o ampliando el horario de trabajo, resulta imposible, tanto mitigar los efectos negativos de las interrupciones no programadas de actividades, como de la disminución del tiempo de actividades escolares.

En efecto, desde inicios del año escolar, en la publicación que hicimos el 21 de septiembre, advertimos que, de los 324 días que hay entre el 18 de septiembre -día de inicio del año escolar para los niveles de educación inicial y primaria-, y el 31 de julio -día de cierre del año escolar-, se podrían tener 201 días de actividades escolares -uno más que lo que estipula el artículo 49 de la LOE-, pero sólo 149 días de clases, incluyendo, entre los días potenciales, todas las actividades complementarias.

artículo 49 de LOE

Con este nuevo proceso electoral, la cantidad de días de clase se reduce a 144 y el tiempo disponible para actividades escolares queda en 196, es decir, 4 días menos que lo que establece la LOE.

Ver la distribución en los gráficos siguientes:

Fuente: Elaboración propia.

Tanto la reducción del tiempo, como la falta de anticipación en su notificación, tienen repercusiones negativas en la realización del derecho a la educación, que implica el desarrollo de educación de calidad.

Frente a esta medida arbitraria, algunas comunidades educativas han reaccionado. Una de ellas, elaboró el siguiente comunicado, en el cual hacen un llamado a toda la comunidad a asistir a la escuela y desarrollar las actividades con normalidad, hasta el jueves 17 de mayo. El comunicado, se puede ver a continuación:

comunidad JXXIII

Fuente: Cuenta de twitter de la Comunidad Educativa del I.E. Juan XXIII (*)

Es importante, adicionalmente, llamar la atención sobre el hecho de que esta suspensión de actividades se da en un momento, en el que por diversas razones, el desarrollo del año escolar se ha visto entorpecido y la continuidad de los procesos de aprendizaje ha sido interrumpida con frecuencia.

Nos referimos a las inasistencias recurrentes reportadas en las escuelas, tanto de estudiantes como de docentes, derivadas de la disminución en las opciones de transporte público, de la falta de recursos en las familias para sufragar los costos de traslado a las escuelas y de alimentación en el tiempo escolar, y de la imposibilidad de asistencia por razones de salud o, en el caso de los estudiantes, por tener que trabajar o acompañar a sus familias a hacer colas para conseguir alimentos.

Pero también, nos referimos a las interrupciones de las actividades escolares por las fallas recurrentes en el Programa de Alimentación Escolar y en los servicios de electricidad y agua, que implican la suspensión, parcial o total, de la jornada diaria de clases, por falta de condiciones para realizar las actividades.

Estas son situaciones que se presentan, cada vez con más frecuencia, en las escuelas de todas las dependencias del sistema educativo venezolano y, aún cuando su recurrencia es variable a lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que los estudiantes son afectados de forma peculiar y diferenciada, los efectos en la restricción del derecho a la educación, en términos de continuidad y calidad, son cada vez más generalizados.

Ante este contexto, se esperaría que el MPPE en lugar de suspender las clases 5 días para la realización de un proceso electoral, estuviera haciendo un inventario de las interrupciones parciales y totales de clases, así como de la recurrencia de las inasistencias de los estudiantes, y proponiendo medidas especiales para tratar, en lo posible, de mitigar los efectos negativos de esta situación sobre el funcionamiento del sistema educativo, así como de normalizar la continuidad de los procesos de aprendizaje y trabajar por garantizar un mínimo de calidad en la educación durante lo que resta del año escolar 2017-2018.

También es importante alertar sobre la continuidad en el uso inadecuado de los recursos del Estado que se hace desde el MPPE, específicamente en el contexto del proceso electoral, ya que promueve actividades y utiliza sus medios de comunicación y cuentas en las redes sociales, para hacer campaña electoral por uno de los candidatos, lo cual es violatorio de la normativa existente y califica como peculado de uso.

En las siguientes imágenes se pueden apreciar, unos pocos ejemplos, del uso propagandístico de la cuenta oficial de twitter del MPPE, en el marco de la campaña electoral, por una parte, difundiendo información de campaña electoral, y por la otra, reseñando dos actos, uno con mujeres y otro con docentes, en los que se instó a ambos sectores a trabajar en la campaña electoral de uno de los candidatos, actos que en sí mismos, son violatorios de la normativa existente.

Nota: Para ver las imágenes completas, pulse cada una de ellas. Fuente: Cuenta de twitter del MPPE

Tanto esta nueva suspensión de clases, como el uso de los recursos del Estado con fines propagandístico-electorales, vulneran el derecho a la educación en Venezuela.

(*) En este enlace, pueden ver la cuenta de twitter de la Comunidad Educativa del I.E. Juan XXIII

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