Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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A pocos días del inicio del año escolar 2019-2020 (Parte 2)


Hoy martes 27 de agosto, a 19 días del inicio del nuevo año escolar 2019-2020, continuamos tocando los aspectos que nos permitan comprender la complejidad y gravedad de la situación, de la educación en Venezuela, como parte de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país.

Precaria situación del sistema educativo

Como ha sido puesto en evidencia, en diversas fuentes, un componente esencial de la crisis humanitaria que afecta el país, es el alto y progresivo deterioro del sistema educativo, en términos de infraestructura, servicios básicos, equipamiento, y recursos pedagógicos y materiales. Veamos algunos detalles al respecto.

El acceso a la educación, tal como establece el enfoque de derechos humanos, y como hemos indicado en publicaciones anteriores, no se limita a la existencia de escuelas en cantidad suficiente para atender a la población en edad escolar en un país. Para que exista un acceso real, se debe garantizar que existan las instalaciones, que estas estén en óptimas condiciones, que cuenten con los servicios necesarios para su funcionamiento, y con los recursos (humanos, pedagógicos y materiales, que incluyen equipamiento, mobiliario y materiales en general) que permitan garantizar educación de calidad para todos y sin discriminación; también que el Estado facilite la incorporación, de la población correspondiente, provea los recursos para que se mantenga en el sistema y culmine la formación completa; y además, que el proceso educativo se realice en condiciones tales, que se garantice el éxito en la formación.

En ese marco, es que uno de los elementos de la garantía del derecho a la educación, es el establecimiento de educación gratuita y la determinación de que la gratuidad no se remite a que las familias no tengan que sufragar el costo del funcionamiento de los planteles mediante el pago de aranceles por inscripción y mensualidades.

De hecho, el Estado debe garantizar la existencia de escuelas en las que se ofrezca educación gratuita en cantidad suficiente, como para atender a toda la población que lo requiera. Pero también, el Estado, debe garantizar que las familias no tengan que asumir los costos de lo que se denomina la canasta educativa y que está constituida por los gastos en aranceles de inscripción y mensualidades, más 4 rubros adicionales que son imprescindibles para garantizar la asistencia de la población a la escuela, en condiciones óptimas. Estos, como ya hemos mencionado en oportunidades anteriores, son: alimentación en horario escolar, uniformes, útiles y transporte.

Sobre este punto específico, hemos dicho en innumerables oportunidades que, el Estado no cumple reiteradamente con uno de los elementos de la canasta educativa, dado que la mayoría de las escuelas oficiales a lo largo y ancho del país, no cuenta con un sistema de transporte escolar y que las medidas como el subsidio al transporte público, para la atención a la población estudiantil, han desaparecido progresivamente, al punto de que, en este momento, no funcionan.

Para ilustrar este punto, vamos a citar el “Informe Condiciones de Vida de las Comunidades Indígenas 2019. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro”, elaborado por la organización Kapé Kapé (1), en el que se afirma que el 82,6% de las comunidades indígenas incluidas en el estudio, carecen del servicio de transporte, pero no solamente del servicio de transporte escolar, sino del servicio de transporte público en general, lo que afecta, entre otras cosas, la asistencia a las escuelas, dejando como única opción de acceso, ir a las escuelas a pie. Es importante resaltar que, además de formar parte de la canasta educativa, la provisión de transporte público en un mandato establecido en la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades indígenas. (2)

Adicionalmente, es importante señalar que una de las causas de abandono escolar (reportado por el 62% de los entrevistados), identificadas por Kapé Kapé en su informe, es la incapacidad de las familias para cubrir los costos de mensualidades de las escuelas, la compra de útiles escolares y el transporte, tres elementos que conforman la canasta educativa.

Pero esa no es una realidad exclusiva de las comunidades indígenas, de hecho, la ausencia de transporte escolar, se ha agudizado por el deterioro y la restricción progresiva del transporte público, más allá de la existencia o no, de mecanismos de subsidio al pasaje estudiantil, convirtiéndose en una causa de las inasistencias recurrentes de docentes y estudiantes, a las que nos referimos en la publicación anterior.

Al respecto, la UDSE (3), en su informe, menciona la falta de transporte como una de las causas para que no se haya cumplido con la programación de los proyectos pedagógicos, durante el año escolar pasado. Y FUNDAREDES (4) en los resultados de su encuesta reporta que en el 81% de las escuelas incluidas en su muestra, se presentaron inasistencias de docentes, motivadas por problemas relacionados con la situación del país, entre ellos la falta de transporte.

Con respecto al sistema de alimentación escolar, la situación es alarmante porque, como ya es información conocida, una alimentación deficiente, influye directamente en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. De hecho, esa es la razón por la que se incluye este aspecto como parte de la canasta educativa, y los datos reportados en los estudios, corroboran lo que ha sido puesto en evidencia, a través de noticias y reportajes puntuales, en múltiples medios de comunicación.

En este caso, la situación tiene dos componentes: la ausencia reiterada en muchas escuelas de la alimentación provista en horario escolar, como parte de la política educativa del Estado y la inadecuación nutricional de las comidas ofrecidas, de acuerdo a los estándares establecidos y a las características de la población a atender.

En efecto, solamente el 11% de las escuelas que formaron parte del estudio de FUNDAREDES dijeron que se cumplía diariamente con el programa de alimentación, y de la totalidad, apenas el 1,4% dijo que la alimentación cumplía con los valores nutricionales adecuados.

Por otra parte, el informe presentado por CADEF (5), indica que en en el Estado Cojedes, el programa de alimentación no funcionó en más del 70% de las escuelas incluidas en su muestra y que en las que funcionó, lo hizo de manera deficiente, al punto de no cumplir con los requerimientos nutricionales adecuados, y solicitar condimentos, como colaboración de las familias para completar la preparación de los alimentos.

En el caso de las escuelas del Estado Carabobo, según información suministrada por las organizaciones FENASOPADRES y Padres Organizados, el programa de alimentación tuvo fallas en su instrumentación en todas las escuelas. En algunos casos, la alimentación no cumplía con los requerimientos nutricionales adecuados, pero en la mayoría, el suministro falló en múltiples oportunidades, a lo largo del año escolar.

Con respecto a los otros 2 componentes de la canasta educativa, uniformes y útiles escolares, por las propias notas de prensa publicadas por el ministerio de educación, se sabe que parte de la dotación no se entrega al inicio del año escolar. Efectivamente, hay múltiples notas anunciando entregas en escuelas específicas, durante todo el año, lo que constituye un problema en la instrumentación de esa política, ya que, los uniformes y los útiles escolares, deben ser suministrados a todos los estudiantes que los requieran, al inicio del año escolar para eliminar las restricciones potenciales del acceso, derivadas de su falta y las consecuencias en el desempeño de los estudiantes desatendidos.

Más allá de la canasta educativa, las condiciones de infraestructura y servicios de las escuelas, es otro de los aspectos en creciente deterioro. Al respecto mencionaremos algunos datos, que, como se aclaró anteriormente, dada la ausencia de datos públicos y completos, son producto de estudios parciales y enfocados en muestras.

Comenzaremos, nuevamente, citando el informe de Kapé Kapé que se refiere a las condiciones en las comunidades indígenas, debido a que, de acuerdo a los datos recabados, el 26 % de las comunidades estudiadas no cuentan con escuelas, lo cual es una situación de partida muy grave, ya que eso obliga a la población a trasladarse a otra comunidad para poder estudiar y ese traslado, sin transporte disponible, en comunidades que con asentamiento disperso, es mucho menos factible.

Adicionalmente, en el informe precisan que las comunidades estudiadas en el Estado Amazonas, que cuentan con escuelas, las escuelas ofrecen nada más hasta cuarto grado de educación primaria, lo cual impide, por limitaciones en la oferta, que los habitantes de esas comunidades puedan completar la educación básica obligatoria, que, en Venezuela, incluye educación inicial, primaria y bachillerato.

Por otra parte, con relación a las condiciones, en el informe se indica que las comunidades del Municipio Sucre del Estado Bolívar dijeron que las escuelas se encuentran en muy mal estado y en el Delta Amacuro, las comunidades reportaron contar con infraestructura escolar muy deteriorada. Así mismo, reportan fallas en el servicio eléctrico y en el suministro de agua potable, en este caso el reporte es hecho por más del 90% de todas las comunidades consultadas en las 3 entidades, lo cual afecta el funcionamiento de las escuelas en los lugares en las que existen.

En cuanto a la infraestructura, el estudio de FUNDAREDES, arrojó que solamente el 11% de los planteles cuenta con condiciones óptimas para desarrollar las actividades escolares, apenas el 2% reportó que se desarrollaran actividades de mantenimiento y el 1% dijo contar con los servicios básicos de forma permanente y con los servicios sanitarios en buen estado. Las deficiencias en la dotación de mobiliario alcanzan al 91% de la muestra de planteles, la inexistencia de espacios con dotación de equipos de computación para el uso de los estudiantes, alcanza el 97%, el 93% dijo no contar con espacios y equipos deportivos, y solo el 7% dijo tener material didáctico adecuado.

El informe presentado por CADEF, indica que las escuelas no tienen las condiciones para funcionar y en algunos casos, no cuentan con pupitres por lo que los estudiantes deber sentarse en el suelo. Ese informe también reporta las fallas en los servicios de agua y electricidad, de forma recurrente, en las escuelas del Estado Cojedes.

De forma complementaria, aunque es un elemento que no se menciona con frecuencia en las evaluaciones sobre las condiciones de funcionamiento del sistema educativo, es importante mencionar que, de acuerdo a los datos recogidos en la muestra estudiada por FUNDAREDES, solamente el 3% de las escuelas cuenta con un servicio que permita brindar primeros auxilios a docentes y estudiantes durante el horario escolar y que los estudiantes no cuentan con seguro médico. Por su parte CADEF reporta en su informe, que los docentes cuentan con un seguro médico, pero con una cobertura simbólica que no permite que éstos puedan atender sus problemas de salud. Dato que también es corroborado en el informe de la UDSE.

Este dato es especialmente relevante en la situación de crisis humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela, debido al incremento de los problemas de salud en todo el territorio nacional. En el caso de las comunidades indígenas, la situación tiene como agravante la inexistencia de ambulatorios, o su existencia en condiciones precarias, lo que impide la atención en salud de la población escolar.

Como se puede observar, en términos de infraestructura, servicios y equipamiento, los datos reportados por estas organizaciones ratifican la precariedad de las condiciones en las que se encuentra el sistema educativo y se esperaría que, durante el período vacacional que, para los niveles de inicial y primaria, termina en 19 días, se desarrollara un profundo proceso de mantenimiento y dotación escolar que permitiera restaurar las edificaciones y mejorar las condiciones en todas las escuelas oficiales del país.

El plan de dotación y mantenimiento escolar, como ya hemos mencionado en otras publicaciones, que debería ser diseñado con anticipación, contar con un cronograma realista de ejecución y con recursos suficientes para su financiamiento; debería ser conocido por todo el país, especialmente por las comunidades educativas e incluir, en el caso del mantenimiento, tanto actividades de mantenimiento menor, como las de mantenimiento mayor que deben hacerse periódicamente en todas las escuelas, porque no se trata solamente de hacer una limpieza profunda y algunos retoques en la infraestructura, se trata de garantizar que las escuelas, cada una de ellas, esté en condiciones óptimas para el desarrollo del próximo año escolar.

Ese plan, no se conoce hasta el momento.

Pero además, hay dos aspectos que deberían tratarse de forma prioritaria, en este contexto: la construcción y equipamiento de unidades educativas en las zonas en las que no existe oferta actualmente, así como la ampliación de la infraestructura, en aquellos casos que, por la matrícula, lo ameriten; y la garantía de provisión, sin interrupciones, de los servicios básicos de los que dependen las escuelas para funcionar.

Para ello, como se ha mencionado en publicaciones anteriores, es imprescindible, hacer un censo detallado de las condiciones de cada escuela, tanto de las condiciones en las que se encuentra su infraestructura, como de las condiciones de los servicios asociados a su funcionamiento.

Desde finales del año escolar pasado y en lo que va del mes de agosto, no ha habido una declaración del ministerio que diga que están realizando un censo exhaustivo, completo y detallado que permita conocer la situación y condiciones de cada una de las escuelas, incluyendo el funcionamiento de los servicios públicos de los que dependen.

De hecho, dada la situación que se vive en el país, es urgente que, desde el Estado, se realice este censo para conocer cuáles son las condiciones de cada escuela, en términos de servicios, para saber, por ejemplo, cuántas escuelas no cuentan con servicio de agua potable, por lo que requieren un suministro periódico y programado a lo largo del año escolar; cómo está la situación del racionamiento eléctrico escuela por escuela para conocer las posibilidades de interrupciones de actividades del año escolar próximo y tomar previsiones que permitan minimizar, o compensar el tiempo que se puede perder por ello; como no hay transporte escolar en las escuelas oficiales, también hay que conocer cómo está funcionando el transporte público en las zonas en las que están las escuelas, para saber la capacidad de acceso real diario de docentes y estudiantes y buscar opciones que permitan minimizar las deficiencias de transporte que limitan el acceso a la educación en todo el país.

Así mismo, se requiere conocer con detalle la situación de la infraestructura, el equipamiento y la dotación de las escuelas, para poder hacer ajustes antes del inicio del año escolar y adicionalmente, diseñar planes de inversión para abordar la situación más allá del momento.

La elaboración del censo, por la información recabada, permitiría al país, en primer lugar, saber en qué condiciones podrán desarrollarse las clases en cada una de las escuelas durante el año escolar 2019-2020, cuáles son los riesgos o condiciones que podrían alterar su desarrollo y qué medidas deben tomarse para garantizar que, progresivamente, se garantice su desarrollo en condiciones óptimas.

A partir de la información recabada, se podrían establecer, por una parte, planes de inversión para garantizar, en el corto plazo, el funcionamiento de todos los servicios en todas las escuelas del país, y por la otra, planes de contingencia para garantizar que, mientras ello se logra, no se pierda tiempo de actividades escolares, por las recurrentes fallas en el servicio eléctrico de algunas zonas, o por la ausencia de servicio de agua o las deficiencias de transporte público, debido a la inexistencia del transporte escolar.

En ese marco, se podrían tomar medidas para que cuando se inicien las clases de inicial y primaria el 16 de septiembre y las de media en octubre, cada una de las escuelas se encuentre en las condiciones adecuadas: tengan agua, luz, la infraestructura en buen estado, estén bien equipadas y dotadas, se hayan resuelto los problemas de gestión que han tenido como consecuencia las fallas recurrentes de la alimentación en las escuelas, así como, se instrumenten medidas para resolver los problemas de transporte, incluso, los de inseguridad que es un tema que no se ha tocado hasta el momento, así como también tengan los docentes completos y formados para realizar su trabajo.

No obstante, como la falta de docentes y las pésimas condiciones de contratación y trabajo en las que se encuentran, es un problema que se ha agudizado, que forma parte de las condiciones de desarrollo del proceso educativo, pero que en sí mismo, es complejo, dedicaremos una nueva publicación para tocar el tema con más detalle, apoyándonos en algunos datos presentados por algunos de los informes muestrales que hemos consultado hasta ahora.

Posteriormente tocaremos los aspectos relacionados con la baja calidad y pertinencia de los aprendizajes.


Notas:

(1) Kapé Kapé es una organización dedicada a defender y proteger los derechos de los pueblos indígenas. El “Informe Condiciones de Vida de las Comunidades Indígenas 2019. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro” es el más actualizado de la organización, sobre la situación de las comunidades indígenas en esos tres estados, y estudió las condiciones de vida de 23 comunidades indígenas de los Estados Amazonas (12 comunidades del municipio Autana), Bolívar (9 comunidades, 5 del municipio Sucre y 4 del Municipio Sifontes) y Delta Amacuro (2 comunidades en los Municipios Antonio Díaz y Pedernales).

Pueden conocer su trabajo visitando su página web y ver el informe completo en la sección de informes, o bajarlo directamente desde este enlace de su web.

(2) En la página 8 de su informe, Kapé Kapé refiere el contenido del artículo 73 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación, incluyendo a las comunidades con asentamiento disperso, para las que se establece la obligación de garantizar el acceso al transporte.

(3) Como se apuntó en la publicación anterior, la UDSE (Unidad Democrática del Sector Educativo) presentó, ante la opinión pública, un informe el pasado 30 de julio con información sobre 6 problemas que incidieron en la garantía del derecho a la educación en Venezuela. Al final de esta reseña hecha por del medio “Punto de Corte”, pueden encontrar un enlace que les permite bajar la presentación del informe. Nota de Punto de Corte.

(4) En el caso de FUNDAREDES (Fudación Redes), hacemos referencia a la misma encuesta que realizó al personal docente, que citamos en la publicación pasada. Esta, como dijimos, fue realizada en una muestra de escuelas, de educación primaria y media, en todo el territorio nacional. De acuerdo a la información suministrada por la fundación, los resultados serán presentados públicamente, en los próximos días y la muestra estuvo conformada por 3.044 escuelas cuya distribución porcentual, se encuentra en el gráfico de la nota correspondiente en la pasada publicación.

En este enlace pueden encontrar la web de FUNDAREDES y ver sus informes.

(5) Como también se dijo en la publicación anterior, CADEF (Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos) elaboró un reporte sobre la situación del derecho a la educación en el Estado Cojedes. El estudio incluyó los testimonios de padres y representantes de 16 instituciones educativas, públicas y privadas, ubicadas en los Municipios Ezequiel Zamora y Tinaquillo, En este enlace pueden visitar la página de la organización y en éste, específicamente, pueden bajar el reporte.

A pocos días del inicio del año escolar 2019-2020 (Parte 1)


A 20 días para el inicio del año escolar 2019-2020, el país debe preguntarse si se están haciendo los esfuerzos para garantizar condiciones óptimas en el funcionamiento del sistema educativo, y evitar que se repitan los problemas que, de acuerdo a las apreciaciones de todas las organizaciones que han emitido su opinión sobre lo sucedido, hacen que el pasado año escolar 2018-2019, sea considerado el peor año en la historia reciente de la educación venezolana.

En efecto, durante ese el año escolar pasado, se presentó un cúmulo de situaciones y problemas que incluyeron:

El notable incremento de los días de clase perdidos, por las fallas en los servicios públicos, pero especialmente por los apagones, que tuvieron su episodio más generalizado y extendido, durante el mes de marzo de 2019.

La agudización de la precaria situación del sistema educativo, en términos de infraestructura, servicios, equipamiento, recursos pedagógicos y materiales.

Y la baja calidad y estabilidad del proceso educativo, derivada, de la combinación de las interrupciones recurrentes de las actividades, con las fallas en el diseño e instrumentación de la política curricular en educación básica, la incorporación de personas al desarrollo de actividades de enseñanza, sin la formación y el acompañamiento adecuado, y la precaria situación social y psicológica de estudiantes y docentes, como consecuencia de la crisis humanitaria compleja, por la que atraviesa Venezuela. A ello debe sumarse, el empeño del ejecutivo de continuar haciendo uso político-partidista del sistema escolar, violando lo establecido en la Constitución.

Ante una situación como la experimentada, el sistema educativo requeriría el diseño, financiamiento e instrumentación, de:

– un plan especial para atender la Crisis Humanitaria en el sector; (1)

– una política a largo plazo que permitiera su reconstrucción y adecuación para que el Estado pueda garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, de forma progresiva, y a partir del próximo año escolar 2019-2020;

– y finalmente, un plan de restauración de los aprendizaje negados por el sistema, a los jóvenes a los que se les han otorgado certificaciones de aprendizajes, a pesar de no tener la formación que dicen certificar.

Hasta ahora, no se han presentado, ni esbozado esos planes por parte del ministerio, lo que no garantizará un mejor desempeño del sistema educativo, a partir de septiembre.

Para comprender la complejidad y gravedad de la situación, a continuación, tocaremos algunos aspectos en específico. Comenzaremos, en esta publicación, con los aspectos relativos a la pérdida del tiempo de aprendizaje y posteriormente, tocaremos los relativos a la precaria situación del sistema educativo y a la baja calidad y estabilidad del proceso, en otra publicación.

Pérdida del tiempo de aprendizaje

En años escolares pasados, desde el Observatorio, hemos hecho un seguimiento del cumplimiento del calendario escolar y contabilizado los días de clases perdidos.

Este año, la diversidad de causas, y de situaciones a las que han estado sometidas las escuelas a lo largo y ancho del territorio, hacen imposible tener una contabilidad precisa de la cantidad de días de clase que tuvo, efectivamente, el año escolar 2018-2019. De hecho, dada la complejidad de la situación y las variaciones regionales y locales, la contabilidad debería haberse registrado, y atendido, escuela por escuela.

No obstante, en un informe presentado ante la opinión pública por la UDSE (2), se señaló  como dato crítico, que los planteles de los Estados Monagas y Zulia, -incluidos en la muestra de escuelas de la que recabaron información-, apenas superaron el 50% de los 200 días hábiles de actividades escolares que establece el artículo 49 de la LOE. De igual manera, señalan como crítico el hecho de que entidades como Distrito Capital y el Estado Sucre, los días de clase, en los planteles de la muestra respectiva, hayan superado apenas el 70 % de los establecidos.

Por otra parte, la organización CADEF (3), en su recorrido por un grupo de escuelas del Estado Cojedes, registró que se habían perdido 60 días de clases, es decir, al menos el 30% de los días establecidos de actividades escolares, solamente como consecuencia de la crisis eléctrica.

Por su parte, la organización FUNDAREDES (4), que realizó un levantamiento de información en una muestra de 3.044 escuelas ubicadas en todo el territorio nacional, reportó que solamente el 15 % de las escuelas incluidas en su muestra, es decir, 458 escuelas, dijeron haber cumplido con el calendario escolar establecido (el calendario escolar establecido, incluye los ajustes realizados por el ministerio, después de los apagones nacionales y sus consecuentes, recortes del horario escolar).

En el caso del Municipio Sucre, de los Estados Carabobo y Miranda, de acuerdo a información suministrada por las organizaciones FENASOPADRES y Padres Organizados, las escuelas cumplieron con el calendario con las modificaciones derivadas de los ajustes y los apagones, pero con protestas de los docentes por los bajos salarios y en el caso específico del Estado Carabobo, con el otorgamiento de certificaciones de bachillerato, sin que los estudiantes alcanzaran los aprendizajes correspondientes.

Sin embargo, más allá de los datos puntuales, locales o regionales arrojados por estudios en muestras de escuelas, queremos resaltar que no se puede hablar del tiempo de aprendizaje solamente considerando los días de clase perdidos.

En efecto, en términos de la dinámica de aprendizaje en las escuelas, muchos más factores, hasta ahora no contabilizados, afectaron el uso del tiempo es las escuelas, por lo que el tiempo efectivo de aprendizaje fue mucho menor y, en este caso, tampoco puede hacerse un cálculo generalizable a todas las escuelas del territorio nacional.

Como dijimos al inicio, las causas por las que se perdió el tiempo en el sistema educativo, fueron diversas y dependían de la situación de cada una de las escuelas del país. La diversidad de factores, incluyó:

1. Días de clase perdidos en las escuelas que se encontraban en las zonas afectadas por las inundaciones. Recordemos que, como publicamos en su momento (5) durante el período vacacional del año pasado, (aunque en algunas zonas comenzó antes) más de 25 municipios, en más de 7 estados del país sufrieron inundaciones, lo que afectó a miles de familias y a escuelas que tuvieron su infraestructura inundada o que fueron utilizadas como centros de acopio y refugios, por lo que no pudieron iniciar las clases cuando estaba pautado.

2. Días de clase perdidos, en su totalidad, por los apagones nacionales.

3. Días de clase perdidos, total o parcialmente, por apagones regionales y locales.

4. Días de clase perdidos, total o parcialmente, por la aplicación del cronograma de racionamiento del servicio eléctrico, que, dependiendo de la región, la localidad y la dirección específica de ubicación de escuela, tuvieron comportamiento y efectos diferentes. En muchos casos y en incontables oportunidades, las suspensiones del servicio eléctrico, correspondientes al cronograma de racionamiento, no se correspondían con la programación establecida y anunciada por la empresa prestadora del servicio, lo que dificultó, tanto a las escuelas, como a las familias, tomar previsiones para minimizar el tiempo perdido.

5. Días de clase perdidos parcialmente, por falta de agua. En muchas oportunidades, la falta de agua en las escuelas, tiene como consecuencia la disminución de las condiciones de higiene, por lo que, en esos casos, se producen suspensiones parciales, o recortes, de la jornada escolar.

6. Días de clase perdidos parcialmente, por ausencia de alimentación en tiempo escolar. En la mayoría de las escuelas, incluyendo las de media jornada, cuando no se suministra la alimentación en horario escolar, por fallas en el PAE (SAE, según una de las últimas denominaciones, o PAEZ en el Zulia), y debido a que, muchos estudiantes no llevan alimentación desde sus casas, la jornada se acorta. Es importante recordar que, por una parte, el proceso de aprendizaje de una persona que no se alimenta, está comprometido, y además, que, por fallas en la alimentación comenzó a presentarse, el desmayo de los estudiantes, como un episodio en las escuelas, en varias regiones del país, lo que incrementa los riesgos de salud de los estudiantes.

7. Días de clase perdidos, total o parcialmente, por falta de maestros, puntuales y definitivas. En este caso, la contabilidad del tiempo perdido, debe registrarse por aula, ya que, en una escuela puede presentarse la ausencia de uno o más docentes, pero no se suspenden las actividades en las aulas, o secciones, en las que el docente asiste.

Sobre este factor, es importante recordar que, como también es de conocimiento público, la migración de docentes a otras actividades económicas y la migración del país, comenzaron a incrementarse notablemente, en los dos últimos años, por lo que se agravó el problema del tiempo perdido por falta de docentes en las escuelas.

Sin embargo, esas no son las únicas causas y formas que toma esta situación. También se producen inasistencias, puntuales y recurrentes, derivadas del deterioro en las condiciones de trabajo de los docentes. Estas se relacionan con problemas de salud y con inexistencia de transporte en las escuelas públicas, asociada a la incapacidad de los profesionales de la docencia para cubrir los costos del transporte público, con el salario que el Estado les paga, entre otras. La falta de transporte puede tener como agravante, la inexistencia de unidades y rutas de transporte público, que les permitan trasladarse a sus escuelas, por lo que, en esos casos, los docentes deben caminar, lo que disminuye sus condiciones físicas para poder desempeñarse en su trabajo.

En este punto hay un aspecto más, derivado de las inasistencias puntuales o recurrentes, y es la falta de formación de las personas que, en algunos casos, y por falta de tiempo para que la escuela logre una solución mejor, se encargan de la atención a los estudiantes, en las aulas que se quedan sin docentes.

8. Tiempo de clase perdido debido a las inasistencias recurrentes de los estudiantes. Como también está registrado, las condiciones de vida de los estudiantes (fallas en los servicios de luz y agua en sus casas, dificultades de las familias para asumir los costos de la canasta básica familiar, lo que afecta, entre otras, la alimentación), más la inexistencia de un sistema de transporte escolar para casi la totalidad de las escuelas oficiales, han dificultado la asistencia diaria de los estudiantes, produciéndose un fenómeno que se puede denominar “inasistencia recurrente” que se caracteriza por la inasistencia varias veces a la semana de los estudiantes a la escuela. Esta situación hace que, diariamente, el grupo de estudiantes presentes en el aula, sea diferente y que no llegue al 100% (Hay escuelas en las que las inasistencias recurrentes de los estudiantes, hacen que, a lo largo de la semana, la matrícula de un aula, oscile entre 40 y 70% de asistencia).

La inasistencia recurrente de los estudiantes, afecta, como se ha dicho en otras oportunidades, la planificación de las actividades de aprendizaje, disminuyendo, a la larga, el tiempo efectivamente aprovechado y, en consecuencia, limitando los aprendizajes desarrollados a lo largo del año escolar.

A las pérdidas de tiempo, por suspensión parcial o total de un día de clases, o por ineficacia en el uso del tiempo, derivada de factores como las inasistencias recurrentes, o las faltas de docentes, se debe agregar que existen factores físicos, emocionales y psicológicos que afectan el desempeño de los docentes y el rendimiento de los estudiantes.

Estos factores tienen que ver con las consecuencias de la baja calidad de vida de las familias, las reiteradas alteraciones de la dinámica cotidiana por fallas en los servicios y por la inseguridad (incrementos en los hurtos, robos, microtráfico de drogas, en las inmediaciones y dentro de los planteles, así como la presencia de grupos irregulares que modifican la dinámica de vida de las comunidades -sobre la presencia de grupos irregulares y sus impactos en las escuelas, se sugiere ver el trabajo presentado por FUNDAREDES en su web y también la reseña de ese trabajo hecha en el informe de la UDSE), y el impacto emocional y psicológico que produce la ruptura de familias por la migración, más las consecuencias de los factores anteriores.

En este punto, también es importante, tomar en consideración dos elementos adicionales: el primero de ellos, es que en algunas regiones, dadas las características climáticas, las condiciones para desarrollar actividades educativas, sin servicio eléctrico, disminuyen la capacidad de atención y de participación de los estudiantes en las actividades escolares, por lo que algunas escuelas optaban por el recorte de la jornada de clases. Y el segundo, es que en aquellas escuelas en las que la decisión era continuar la jornada, el estado físico y emocional de los estudiantes, podían afectar el logro de los aprendizajes, es decir, mantener la jornada, en condiciones inadecuadas, no es garantía de éxito en el proceso educativo.

Como se puede deducir de este largo y complejo enunciado de factores que afectan la calidad y eficacia del uso del tiempo en las escuelas, la pérdida de tiempo efectivo, pero especialmente, sus consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes, debe ser evaluada escuela por escuela, sección por sección y estudiante por estudiante.

Se esperaría, que dicha evaluación se hubiese realizado al final del año escolar pasado, pero el ministerio de educación, que es el ente encargado de hacerla, no la realizó. Sin embargo, los efectos en los aprendizajes no pueden ignorarse. De hecho, hay un dato en el informe presentado por la UDSE que indica que hay Estados como Monagas, en los docentes de las escuelas que formaron parte de la muestra de ese estudio, solamente lograron desarrollar el 40% de los proyectos pedagógicos que tenían planificados, mientras que en Distrito Capital y el Estado Lara, el porcentaje de logro no alcanzó el 70%, que fue el alcanzado por los docentes de las escuelas del Estado Amazonas, incluidas en la muestra.

Este dato ratifica que resulta imperativo que se haga una evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, de todas las escuelas y secciones del sistema educativo, debe ser censal e incluir a todos los estudiantes. Se debe realizar al inicio del nuevo año escolar.

Debe estar dirigida a conocer lo que aprendió y lo que no aprendió cada niño, niña y adolescente en el sistema educativo, en relación al último grado o año que cursó, y con esos resultados, hacer un plan de restauración de los aprendizajes perdidos, que sea complementario al desarrollo del año escolar.

Eso significa que el próximo año escolar no puede tener ni la misma duración, ni la misma dinámica que se acostumbra en el sistema educativo, sino que debe ser un año escolar que debe tener más tiempo y una dinámica con mayor dedicación que permita, a lo largo del año escolar 2019-2020, restaurar los aprendizajes perdidos y, a la vez, desarrollar los aprendizajes correspondientes al nuevo año escolar, con una planificación que debe considerar las peculiaridades de cada estudiante, sección y escuela, debido a la diversidad y complejidad de las situaciones de partida.

Esta evaluación, debe realizarse durante los primeros días del calendario escolar, para poder estimar cuánto tiempo adicional se requiere, así como, hacer el ajuste en la planificación y la dinámica del año escolar, para que al finalizar el año escolar 2019-2020, los certificados de aprendizaje que se entreguen correspondan a los aprendizajes correspondientes y efectivamente desarrollados, en lugar de la certificación automática, que no corresponde a los aprendizajes alcanzados que se ha entregado en los últimos años.

(Como dijimos arriba, en una siguiente publicación, tocaremos los aspectos relativos a la precaria situación del sistema educativo y a la baja calidad y estabilidad del proceso).


Notas:

(1) En publicaciones pasadas, hemos comentado algunas ideas sobre medidas necesarias que permitirían atender la crisis humanitaria en el sector. Las puedes encontrar en estos enlaces: Restauración del Derecho a la Educación en #Venezuela (Reinserción)Restauración (propiamente dicha) del Derecho a la Educación en #Venezuela y Reinvención del #DerechoALaEducación en Venezuela.

(2) La UDSE (Unidad Democrática del Sector Educativo) presentó, ante la opinión pública, un informe el pasado 30 de julio con información sobre 6 problemas que incidieron en la garantía del derecho a la educación en Venezuela. Al final de esta reseña hecha por del medio “Punto de Corte”, pueden encontrar un enlace que les permite bajar la presentación del informe. Nota de Punto de Corte.

(3) CADEF (Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos) elaboró un reporte sobre la situación del derecho a la educación en el Estado Cojedes. En este enlace pueden visitar la página de la organización y en éste, específicamente, pueden bajar el reporte.

(4) FUNDAREDES (Fudación Redes) realizó una encuesta al personal docente de una muestra de escuelas, de educación primaria y media, en todo el territorio nacional. De acuerdo a la información suministrada por la fundación, los resultados serán presentados públicamente, en los próximos días y la muestra estuvo conformada por 3.044 escuelas distribuidas regionalmente, tal como se aprecia en el siguiente mapa.

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En este enlace pueden encontrar la web de FUNDAREDES y ver sus informes.

(5) Previo al inicio del año escolar 2018-2019, publicamos una reseña sobre las condiciones del sistema educativo que incluyó datos sobre las zonas del país afectadas por las inundaciones. La publicación la puedes ver aquí.

¿Hay condiciones para el inicio del año escolar 2018-2019, el próximo 17 de septiembre, en Venezuela?


Como todo el país sabe, el año escolar 2017-2018, fue un año plagado de problemas y dificultades para el sistema educativo, comenzando por los efectos que tuvieron la hiperinflación, el desabastecimiento, la ausencia de efectivo y las fallas en el transporte público, en la dinámica de vida de las familias y su consecuencia en la asistencia irregular de docentes y estudiantes a las escuelas; pasando por las también reiteradas fallas en los servicios de alimentación, agua y luz que ocasionaron múltiples interrupciones y recortes en el horario de clases; y terminando con las consecuencias de la migración, física y económica, de docentes y estudiantes, más el impacto psicológico por los efectos de la crisis nacional en todos los miembros de las comunidades educativas.

En efecto, en Venezuela, en el último año, la educación ha experimentado una combinación compleja de problemas y impactos que alteraron la organización y el funcionamiento de las escuelas, teniendo como última consecuencia, restricciones en las garantías de varios derechos humanos, comenzando por el ejercicio del derecho a la educación, con la consecuente disminución en los logros y aprendizajes, durante el año escolar pasado.

A continuación, sin pretender hacer una descripción completa y exhaustiva de lo que vivió el sistema educativo durante el año escolar 2017-2018, debido a que es una tarea difícil para la dimensión de un espacio como éste y más con las limitaciones que impone la falta de acceso a la información detallada, por parte del ente rector; y con el propósito de ilustrar lo complejo y multifactorial de la situación vivida, se presentarán los principales y más recurrentes elementos que caracterizaron la dinámica del funcionamiento del sistema educativo, específicamente en el subsistema de educación básica, en Venezuela.

Emergencia humanitaria compleja en el sistema educativo

El sector educativo experimentó problemas derivados, por una parte, de los efectos de la situación nacional y por la otra, de fallas estructurales propias del sistema.

Efectos de la crisis nacional en la educación

Entre los elementos de la crisis nacional que afectaron la organización y el funcionamiento del sistema educativo, tenemos:

1. Interrupciones recurrentes en los servicios de agua potable, luz y comunicaciones –incluyendo conexión a internet-, que tuvieron como consecuencia suspensión de clases o recorte en el horario escolar, disminución de las condiciones sanitarias de las escuelas, y restricciones en el desarrollo de las actividades pedagógicas y administrativas –incluyendo el registro de datos, por parte de las escuelas, en el sistema de información del MPPE. También tuvieron consecuencias en la calidad de vida de las familias, afectando su asistencia a las escuelas y su desempeño educativo.

Estas interrupciones, especialmente en los servicios de agua potable y luz, se han agudizado y extendido, en los últimos meses y se han convertido en problemas graves en varios estados del país.

2. Deficiencia o inexistencia de los servicios de seguridad y vigilancia en las zonas en las que se ubican las escuelas, incrementando con ello la inseguridad y, en consecuencia, la realización de hurtos y robos, en las inmediaciones y dentro de las escuelas, así como la presencia de agentes de microtráfico de drogas y grupos delincuenciales.

Al respecto, cabe mencionar que, hasta el momento, la respuesta más estructurada que se ha instrumentado desde el Estado, es un “Plan Piloto de Monitoreo para la Seguridad Escolar”, diseñado por FEDE y comenzado a instrumentar a finales de agosto, pero en una muy pequeña muestra de planteles, en total y de acuerdo a la información oficial, son 18 planteles distribuidos en varios estados del país (Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira y Trujillo) y en el Distrito Capital.

3. Restricciones en el servicio de transporte público por disminución en el número de unidades activas y por reducción de las rutas y su alcance territorial. En este caso, se han instrumentado dos tipos de respuesta: habilitación de vehículos no aptos para el transporte seguro, como las denominadas coloquialmente “perreras”, y la incorporación de unidades por parte de algunos entes regionales.

4. Aumento exponencial de los costos y disminución de la capacidad adquisitiva de las familias para cubrir los costos de alimentación diaria y la canasta familiar, así como los costos de transporte para trasladarse a las escuelas.

5. Ausencia de efectivo y restricción en otras formas de pago, con la consecuente reducción de la capacidad, por parte de estudiantes, docentes y demás trabajadores, de asumir el pago del servicio del transporte público, así como la adquisición de algunos productos de la canasta familiar, aun teniendo los recursos económicos para ello.

6. Desabastecimiento de insumos clave en la canasta familiar y de medicamentos.

7. Reducción en la capacidad de atención y en las condiciones e insumos de los servicios de salud pública.

8. Rupturas o fragmentación de las familias de estudiantes y docentes, como consecuencia de actos de violencia y de migración de sus miembros.

Fallas estructurales propias del sistema

Entre los elementos derivados de fallas estructurales propias del sistema educativo, podemos citar:

1. Eliminación progresiva de la condición de gratuidad de la educación en las escuelas de dependencia oficial. Como ya se ha explicado en otras publicaciones, la gratuidad en la educación básica, además de ser una condición obligatoria del sistema, se evalúa a partir de los elementos de la canasta educativa que son 5: costos de inscripción y matrícula, alimentación en tiempo escolar, transporte, uniformes y útiles escolares.
Cuando las familias tienen que asumir de forma total o parcial, los elementos que constituyen dicha canasta, no se puede considerar que la educación sea efectivamente gratuita.

En nuestro caso, como también se señaló con anterioridad, hay costos adicionales a los considerados en la canasta educativa que, por deficiencias en el funcionamiento del sistema, han recaído en las familias -incluyendo a los estudiantes-, y también en los docentes, agravando el problema de gratuidad de la educación.

Entre estos costos cabe destacar, la inversión en horas de trabajo y de recursos económicos, -en adquisición y donación de insumos de limpieza- en las jornadas de mantenimiento menor convocadas por el MPPE y que son denominadas, entre otras, como “Una Gota de Amor para tu Escuela”; el financiamiento del alquiler de unidades de transporte acondicionadas para el traslado de los insumos del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) a las escuelas; los trabajos de reparación de equipos de cocina y refrigeración, también utilizados en el SAE, así como de equipos y mobiliario de diverso tipo de las escuelas; y la adquisición de papelería e insumos y materiales de oficina.

2. En cuanto a los costos de transporte que deben cubrir los miembros de las comunidades educativas, es importante señalar que el sistema educativo oficial, en su mayoría, no cuenta con transporte escolar, lo cual dificulta el acceso a la educación. En algunas regiones del país, ese problema se ve agravado porque la ubicación de las escuelas, no cumple con los estándares de distancia mínima, que faciliten el acceso de los estudiantes, sin hacer uso de un sistema de transporte.

3. Además de tener que cubrir, con horas de trabajo no remuneradas y con recursos para los elementos señalados en el primer punto, los docentes no cuentan con condiciones de trabajo e ingresos adecuados a la labor que cumplen, ni que les permitan cubrir los costos de la canasta familiar, lo que también contribuyó al incremento de las inasistencias recurrentes.

4. Déficit en la cantidad y calidad del equipo docente de las escuelas. Este es un problema que, como también hemos comentado en otras publicaciones, se ha venido desarrollando en Venezuela, desde hace años, con la lamentable consecuencia de que muchos estudiantes han recibido certificación de estudios y calificaciones, sin haber cursado determinadas asignaturas en bachillerato.

Con la situación migratoria, espacial y laboral, que se dio en el gremio docente, el año escolar pasado, el déficit se ha incrementado y sus consecuencias se agudizaron, debido a que, la insuficiente cantidad de docentes para todas las secciones por año y por grado que se ofrecen en las escuelas, se ha intentado resolver parcialmente, con personal que cumple funciones docentes, pero no está calificado para ello; en algunos casos se trata de miembros de la comunidad supliendo las faltas recurrentes o definitivas de los docentes; y en otros se trata de la incorporación de beneficiarios del programa “chamba juvenil” que no cuentan con las competencias ni los conocimientos adecuados, por la corta y precaria formación que recibieron antes de entrar en ejercicio.

En este punto, es importante señalar, que un agravante de la situación específicamente relacionado con las inasistencias recurrentes de los docentes, derivadas de los elementos de la crisis nacional, es la imposibilidad de tomar previsiones que permitan a los suplentes ocasionales, mantener la continuidad en los procesos de aprendizaje, lo que tiene efectos directos en la calidad de la educación y en el alcance de los aprendizajes que se logran en las escuelas.

5. Adicionalmente, por un precario programa de construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, la oferta educativa es insuficiente y en muchos casos, no cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, por daños en la infraestructura, en los equipos de uso ambiental (aires y ventiladores), o en el mobiliario de las aulas y laboratorios, lo cual entorpece el buen funcionamiento de las escuelas.

6. Otro programa con múltiples problemas en su diseño e instrumentación, que son agravados por los problemas de abastecimiento que se mencionaron en la sección anterior, es el del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) que no garantiza alimentación permanente, ni con la calidad nutricional adecuada, en las escuelas, a lo largo del año escolar.

7. Reiterados problemas derivados de un manejo deficiente de la política curricular impulsada desde el ente rector. Nos referimos en este caso a:

  • Producción de textos y recursos pedagógicos que no cumplen con la disposición contenida en el artículo 102 de la Constitución, de promover una formación crítica que respete todas las corrientes del pensamiento.
  • Promoción de una lógica y lenguaje de guerra, contraviniendo la construcción de una cultura de convivencia y paz, tal como se establece también en la Constitución.
  • Desorganización e improvisación en el desarrollo de modificaciones curriculares, especialmente en educación media, que tuvieron como consecuencia la imposibilidad de aplicación y la confusión en muchos liceos, restringiendo las oportunidades de tener una educación de calidad para los estudiantes.

8. Finalmente, es necesario mencionar la restricción recurrente de derechos concomitantes al derecho a la educación, a los miembros de las comunidades educativas. Nos referimos a los derechos a la manifestación y a la libre asociación de los diversos gremios del sector, que ha sido acompañada por la promoción de organizaciones afines al gobierno, como las organizaciones gremiales reconocidas oficialmente, en el sistema.

En esa misma lógica, se requiere mencionar la utilización de tiempo de funcionarios del sistema, así como de los medios de comunicación oficiales del Estado, para promover la participación de los miembros de las comunidades educativas, en actos de proselitismo político y para difundir mensajes con contenido político partidista específico.

Consecuencias para los estudiantes

En términos generales, los factores, externos y estructurales del sistema, mencionados en las secciones anteriores, tienen como consecuencias en, y para, los estudiantes, entre otras:

1. Disminución de la capacidad de atención, concentración y aprendizaje por deficiencias en la alimentación, por problemas de salud y por los efectos de sufrir angustia psicosocial y los traumas psicológicos asociados a los impactos de las situaciones familiares y de seguridad.

Los efectos físicos y psicológicos de la situación nacional afectan a los niños, niñas y jóvenes, más allá de sus consecuencias en el proceso de aprendizaje en las escuelas. En muchos casos la angustia se produce, directa o indirectamente, por la incertidumbre en la provisión de alimentos en el hogar, o porque se ven obligados a buscar empleo, a recurrir a la mendicidad o a hurgar en la basura, para conseguir alimentos y recursos.

En cuanto a los efectos físicos, es importante señalar que en diversas escuelas se registraron desmayos de estudiantes durante la realización de los actos cívicos al inicio de la jornada escolar, por deficiencias en la nutrición.

2. Inasistencias recurrentes, que agregan como factor adicional a la perturbación de la dinámica en las escuelas, la ruptura en la continuidad del proceso de aprendizaje y que tiene como consecuencia: la disminución del tiempo efectivo dedicado a las actividades escolares y la carencia de actividades estructuradas, restringiendo o disminuyendo la calidad de los procesos pedagógicos, y en consecuencia el alcance y la completitud de los aprendizajes.

3. Disminución de las condiciones y recursos de las escuelas por fallas en los servicios, por hurtos y robos, por ausencia del personal docente calificado, lo que también restringe las oportunidades de contar con procesos pedagógicos de calidad por las deficiencias en las condiciones mencionadas.

4. Falta de recursos de los estudiantes para desarrollar actividades pedagógicas o tareas, fuera de las escuelas o en sus casas.

5. Disminución del tiempo escolar y de los aprendizajes relevantes por la incorporación de contenidos de baja calidad o no pertinentes, así como de incertidumbre y confusión por improvisación en las pautas curriculares y sus modificaciones y por suspensión innecesaria de actividades para la realización de elecciones y para la asistencia de miembros de las comunidades educativas a actividades político partidistas.

6. La combinación de estos efectos, tiene como última consecuencia la limitación del desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

¿Y los problemas derivados de las inundaciones?

Como es conocido también por todos, además de lo sucedido durante el año escolar 2017-2018, en el período de vacaciones, más de 25 municipios, en más de 7 estados del país han sufrido inundaciones, dejando a miles de familias, temporalmente, con viviendas en condiciones de inhabitabilidad o en estado de pérdida, incluyendo sus alimentos, medicinas, muebles y ropa; en algunos casos, las pérdidas incluyeron cosechas, así como semillas y condiciones para retomar las siembras.

En esos municipios, hay a extensas zonas con problemas de comunicación, falta de electricidad, restricciones de medicinas, agua potable y de alimentos; además de con problemas de contaminación y sanitarios, con riesgos o con brotes de epidemias en curso (sarampión, malaria, dengue, afecciones en la piel y estomacales); y con la amenaza de ser víctimas de ataques de animales como caimanes y culebras.

En algunos casos, las inundaciones comenzaron a registrarse antes de que iniciara el período vacacional.

En todos los estados afectados, se encuentran escuelas con infraestructura inundada o que están siendo utilizadas como centros de acopio y refugios.

En el siguiente mapa, se pueden apreciar los municipios y estados con reportes de inundaciones entre el mes de julio y los primeros días de agosto.

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Revisando las fuentes oficiales, para conocer el tipo de atención han recibido los estudiantes que han sido afectados por las inundaciones y los planes de emergencia y previsión que se adelantan desde el MPPE para garantizar que, tanto los estudiantes como las escuelas puedan incorporarse al año escolar 2018-2019, a partir de la semana que viene, encontramos poca o inexistente información oficial.

En efecto, en la página del MPPE, en su sección de noticias, encontramos poquísimas referencias a la atención a la emergencia provocada por las lluvias en los estados afectados. Aunque sí encontramos información sobre otras iniciativas desarrolladas en algunos de esos estados, como la realización del Plan Agosto de Escuelas Abiertas en algunas de sus escuelas.

Tampoco encontramos datos que indicaran cambios importantes en los proyectos instrumentados durante el período vacacional, para atender los problemas ocasionados por las inundaciones, a pesar de ser evidente la necesidad de llevar a cabo acciones de emergencia, con miras al cercano inicio del año escolar.

En el caso del Estado Amazonas, que es uno de los más afectados por las inundaciones, encontramos que específicamente, con relación a la atención a las condiciones de la infraestructura educativa, en una nota de prensa del 29 de junio, se anunciaba que, desde las instancias responsables del mantenimiento de la infraestructura escolar, se proyectaba atender 65 escuelas con el programa “Una Gota de Amor Para Mi Escuela”.

Esa cifra, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles -que son los del año escolar 2014-2015, contenidos en la última Memoria y Cuenta publicada-, corresponde al 15% del total de escuelas que había en ese estado en ese año escolar; que equivalen al 15,6% de las escuelas oficiales y al 45,5% de las escuelas que dependen directamente del MPPE.

De acuerdo a las mencionadas cifras, en el Estado Amazonas, había, en el año escolar 2014-2015, 434 escuelas, de las cuales 418 eran de dependencia oficial, 143 de dependencia nacional (directamente del MPPE), 271 estadales, 4 municipales y 16 escuelas privadas.

Eso indica que, con el programa con el que oficialmente se atiende el mantenimiento menor de las escuelas en el sistema educativo, estaba programado atender menos del 50% de las escuelas que dependen directamente del MPPE, en esa entidad.

Posteriormente, el 3 de septiembre, se reportó que se había terminado el mantenimiento solamente en 16 de esas escuelas y que continuaba en ejecución en 7 escuelas más. Las escuelas atendidas hasta ese momento, eran todas, de acuerdo a la información publicada, del Municipio Atures, que es el municipio con mayor población del estado.

Eso significa que, de las 65 escuelas proyectadas, se logró culminar, hasta el 3 de septiembre, solamente el 24,6% y estaba en ejecución un 10,8% más, lo que daría como resultado que, de las 65 solamente se lograron atender el 35,4 % de las escuelas proyectadas; y que tomando como referencia las cifras del año escolar 2014-2015, citadas anteriormente, estaríamos hablando de una atención efectiva del 16,1%, de las escuelas nacionales del Estado Amazonas, incluyendo en el cálculo, las 7 escuelas que aún se encuentran en proceso de ejecución.

No obstante, esa cifra corresponde solamente a las escuelas atendidas por el programa y que estaban programadas antes de presentarse la situación ocasionada por las inundaciones.

Dada la falta de información, y como respuesta a la situación derivada de las inundaciones, es imperioso que el MPPE informe al país: ¿Cuántas de las escuelas del Estado Amazonas fueron efectivamente afectadas por las inundaciones, cuántas han sido recuperadas y cuántas fueron utilizadas y siguen funcionando como refugios y centros de acopio? ¿Cómo se programa atender a los estudiantes de las escuelas afectadas o utilizadas como refugios y centros de acopio, a partir del próximo lunes, 17 de septiembre?

Es necesario que el MPPE suministre al país, la misma información para todos los municipios de todos los estados con zonas afectadas por inundaciones.

También, es importante que el MPPE informe al país: ¿cómo ha sido la atención hasta ahora a los niños y jóvenes de todos los municipios afectados en cuando a las limitaciones de alimentación, las restricciones de agua potable, la falta de medicamentos, los brotes de enfermedades y las pérdidas de viviendas y bienes?; ¿cómo será la atención y el acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes que no estén en condiciones de regresar a la escuela?; ¿qué estrategias se utilizarán para facilitar su reincorporación?, ¿qué estrategias y planes concretos se instrumentarán para facilitar y garantizar la asistencia de los docentes a las escuela? tomando en consideración, para todos los miembros de la comunidad educativa, los casos en los que perdieron sus viviendas, o perdieron sus bienes, en los que se han enfermado o en los que son víctimas de traumas por las condiciones de privación y de pésima calidad en la que se desarrollan sus vidas producto de las inundaciones.

¿Qué debería haber hecho el MPPE durante agosto y la primera quincena de septiembre?

Frente a esa situación descrita en las secciones anteriores que incluye tanto los efectos de la crisis nacional en la vida de los miembros de las comunidades educativas, y en el funcionamiento del sistema educativo, como los problemas estructurales del sistema; así como las consecuencias de las inundaciones en una parte del territorio nacional, que se puede catalogar como parte de la emergencia humanitaria compleja registrada en Venezuela, se esperaría que el Estado, a través del ente rector del sistema educativo y apoyándose de todos los organismos competentes, hubiera empleado el mes de agosto y la primera quincena de septiembre, para realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación, escuela por escuela, que permitiera saber en qué condiciones está el sistema educativo, en cuanto a:

1. Condiciones reales de la infraestructura escolar, más allá del “embellecimiento” de algunos espacios y del mantenimiento menor de otros, con un estudio especial de las condiciones de la infraestructura en las zonas con inundaciones.

2. Condiciones de la dotación de recursos pedagógicos, de equipos y suministros para el funcionamiento de la escuela, así como de los equipos, mobiliario y utensilios para la alimentación escolar.

3. Funcionamiento real de los servicios de agua potable y de electricidad en las escuelas, así como los servicios de comunicaciones, incluyendo la conexión a internet. Tomando en consideración la localización de escuelas en las zonas en las que se han registrado fallas recurrentes, que se han incrementado en los últimos meses, o en las zonas en las que las fallas se derivaron de las inundaciones, y para los que, además, no existen planes de restauración cercana.

4. El estado real de la planta docente, que indique cuántos profesionales de la educación, con certificación y formación adecuada se mantienen en el sistema, cuántos suplentes y personal no calificado para ejercer dicha función ha sido incorporado a las escuelas y cuántos serán necesarios para garantizar que todas las secciones, años y grados, tengan un docente a cargo.

5. También se debió hacer una evaluación de la asistencia de docentes y estudiantes, el año escolar pasado, que permitiera tener una real dimensión del problema de inasistencias recurrentes, las causas más frecuentes, así como, sus efectos sobre la planificación docente y la disminución del tiempo escolar efectivo.

6. De igual manera, se pudo aprovechar este tiempo para hacer una primera aproximación a la identificación de los efectos psicológicos de la crisis en docentes y estudiantes, que permitiera, en un primer momento, identificar zonas y escuelas en las que se deberá prestar mayor atención para detectar y atender casos en el próximo año escolar.

7. De forma complementaria y para desarrollar planes de restauración de los aprendizajes perdidos, en el caso de los estudiantes, así como para desarrollar programas específicos de formación docente, se debió aprovechar este mes y medio, para diseñar dos evaluaciones estandarizadas y aplicadas en todas las escuelas del país.

  • Una evaluación estandarizada de los aprendizajes alcanzados por cada uno de los estudiantes de educación básica, tomando como referente lo que debió aprender para obtener la certificación que se le otorgó el año escolar pasado y que lo promovió al grado y año que cursará a partir del 17 de septiembre, para los estudiantes de primaria, y del 1 de octubre, para los estudiantes de bachillerato; que permita saber con qué base real cuenta para el inicio de su formación este próximo año escolar.
  • Una evaluación de conocimiento de lo que le corresponde enseñar y de competencias pedagógicas, que tiene actualmente cada profesor y maestro.

Con los resultados de ese diagnóstico, el MPPE podría diseñar programas para:

1. Apoyar a docentes y estudiantes para que puedan asistir regularmente a las escuelas, minimizando los efectos de las limitaciones económicas y los problemas de transporte.

2. Acompañar profesionalmente a las personas, sin formación docente, que estarán cumpliendo esa función en las escuelas en próximo año escolar.

3. Reforzar los programas de mejoramiento profesional de los docentes en ejercicio, enfocando la oferta a las necesidades específicas detectadas en la evaluación estandarizada.

4. Regularizar la prestación del servicio y mejorar la calidad nutricional del Sistema de Alimentación Escolar.

5. Promover y acompañar la reinserción de los estudiantes que se vieron en la obligación de abandonar sus estudios.

6. Desarrollar planes especiales para la formación de los estudiantes que, por razones de fuerza mayor, no puedan reincorporarse a las escuelas, pero puedan acceder a la educación en otras modalidades.

7. Desarrollar programas de atención específicamente diseñados para dar respuesta y atender a toda la población que se encuentra en zonas afectadas por las inundaciones, de acuerdo a las peculiaridades que se tengan en cada caso.

8. Acompañar y formar a los docentes en la atención y el apoyo a los estudiantes que experimentan angustia y traumas psicológicos, producto de los diversos impactos de la crisis en sus vidas.

9. Ampliar y completar los esfuerzos que se están comenzando a hacer para mejorar la seguridad en las escuelas, pero incluyendo también la atención a los problemas ocasionados por la penetración del microtráfico de drogas y las bandas delincuenciales a las escuelas.

10. Generar estrategias de reorganización del horario escolar, para que no se disminuya el tiempo de aprendizaje, por los problemas relacionados con las fallas en los servicios básicos y para compensar las horas perdidas con horas complementarias en otros días y horarios.

11. Establecer una estrategia dirigida a revertir los impactos negativos de los problemas experimentados el año escolar pasado, especialmente para la restauración de los aprendizajes que no se lograron, por los problemas estructurales del sistema educativo, y por los efectos de la crisis en la vida de las familias y las escuelas.

Es menester recordar que es obligación del Estado, la garantía del derecho a la educación, por lo que se espera que en momentos de dificultades como los que se están experimentando en Venezuela, dificultades que pueden catalogarse como emergencia humanitaria compleja, la acción del Estado no se remita a anunciar el inicio del año y esperar que la “mística” de las comunidades educativas puedan resolver los problemas y garantizar el funcionamiento de las escuelas, sino que asumiendo su obligación, diseñe los programas necesarios para atender la situación y garantizar efectivamente el funcionamiento óptimo de las escuelas, así como que se alcancen los aprendizajes esperados; y en un caso como el que nos ocupa, apoyar a las familias, docentes y estudiantes, para que puedan superar las dificultades e incorporarse efectivamente a la dinámica escolar.

 

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