Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Consulta Educativa: algo de balance, nuevos materiales y gestos del ejecutivo


I. Consulta Concentrada, Escuelas

Hoy, de acuerdo a lo establecido en el cronograma y con la insistencia de muchas zonas educativas, se vence el plazo para que las escuelas entreguen sus informes sobre la consulta.

Hasta el momento, hemos recibido información de diversas partes del país y de múltiples escuelas. La información recibida indica que:

1. Muchas escuelas manifestaron que el tiempo indicado para realizar el proceso de consulta con sus comunidades era corto, dado lo complejo del proceso y muchas solicitaron más tiempo. La respuesta siempre fue que hoy tenían que entregar los informes, tal como estaba establecido.

2. Muchas escuelas también manifestaron que la información suministrada por parte de los funcionarios en algunas zonas educativas, no era suficiente  y que, en general, la información con la que contaban tanto las zonas como las escuelas, no estaba ni clara ni completa, como para resolver las dudas de los actores escolares y de los responsables de administrar la consulta en muchas escuelas. A esta observación de las escuelas, se suma el hecho de que los materiales con los que se comenzó el proceso, variaron en contenido en el tiempo, es decir, que el proceso de consulta no se inició con unos materiales definitivos, sino que éstos y las instrucciones variaron. La modificación de las instrucciones hizo que en varias zonas se informara que el proceso estaba suspendido o congelado temporalmente, esperando nuevas instrucciones por parte del ministerio. Ese fue tiempo valioso perdido por las escuelas para desarrollar el proceso.

3. Por la falta de información suficiente y oportuna, se realizaron procesos diferentes de consulta en las escuelas. En algunos casos, la consulta tanto a estudiantes como a padres (muchos menos en el caso de los padres) se realizó aplicando, de forma individual, un instrumento con las preguntas a responder y en otros casos, se realizó la consulta utilizando como mecanismo, una dinámica de discusión en grupo y tomando como respuestas, el resultado del debate. En el caso de los estudiantes, las preguntas eran las mismas en todas las aulas. Sin embargo, las preguntas para los estudiantes de educación media eran unas en los primeros  folletos y otras, en la segunda versión enviada a las escuelas, tiempo después y una vez iniciado el proceso.

Para el resto de la comunidad, que deberían opinar sobre los 10 temas, hubo también otra variante en el desarrollo de la consulta, en algunas escuelas los actores participaron en el debate, o respondieron las encuestas sobre los 10 temas, pero en otras, se separaron en grupos y cada grupo respondía uno o dos temas, lo cual tuvo como consecuencia que los participantes no emitieran su opinión sobre todos los temas y preguntas.

Estas diferencias no quedarán reflejadas en los contenidos de los informes de las escuelas, a menos que los directores hagan mención explícita sobre la modalidad utilizada en cada caso, información que no se solicita, obviamente, en el instructivo enviado a los directores para elaborar los informes. Sin embargo, son diferencias que hacen que los informes no puedan ser procesados de la misma manera dado que es diferente naturaleza de origen de sus datos. Este es un problema metodológico que es importante que el ministerio diga como va a resolver.

4. A pesar de que los voceros oficiales del Ministerio y los materiales, insistían en que se trataba de un proceso de participación voluntaria, los directores de muchas escuelas recibieron presiones por parte de los funcionarios de las zonas educativas cuando, como respuesta de sus comunidades, entregaban una comunicación suscrita por miembros de su escuela, diciendo que se negaban a participar y exponían sus razones. Al respecto recibimos información de padres y también de directivos de diversas escuelas, comentando que los funcionarios de las zonas educativas habían dicho, al recibir las cartas, que ellos mismos irían a las escuelas a hacer la consulta y amenazaron a los directores con posibles sanciones por la negativa de sus comunidades a participar.

En este caso, entendemos que no hubo unidad de criterio entre las autoridades del ministerio y las de las zonas educativas, por lo que algunas zonas asumieron una postura no acorde con lo señalado en las pautas de la consulta. En algunos casos, el comportamiento de los funcionarios de las zonas educativas variaba por municipio escolar, por lo que, al parecer, las instrucciones no fueron interpretadas de igual manera por todas las zonas educativas, ni por los miembros de cada una de ellas. Este es un problema de gerencia y de comunicación que tiene que resolver el MPPE porque no sólo afecta esta actividad, sino que puede afectar el resto de la gestión de forma importante.

Por otra parte, los funcionarios de las zonas educativas y el ministerio, deben revisar la actitud con la que ejercen su función de acompañamiento a las escuelas, porque acompañar no debería incluir amenazar y porque en lugar de amenazar, bien podían explicar con calma que, dado que la participación era voluntaria, los que querían podían participar, a pesar de que la mayoría en una escuela decidiera no hacerlo. Esa sencilla explicación que dimos a los que nos hicieron llegar sus denuncias y angustias sobre el tema, fue suficiente como para que los directivos y los padres que nos contactaron, comprendieran la situación y resolvieran sus problemas para administrar la consulta.

En este punto cabe también mencionar, que la semana pasada, el equipo de la Autoridad Única de Nueva Esparta (en este caso, es Autoridad Única porque se incluye la administración de las escuelas nacionales y las estadales de acuerdo a la anterior gestión Estadal) renunció casi en pleno, por problemas internos de funcionamiento; es decir, que los coordinadores municipales y sus equipos en pleno, presentaron su renuncia ante el Ministerio. Uno de los asuntos en los que se presentaron desacuerdos, fue en las instrucciones para la administración de la consulta y la organización de los encuentros a cargo de esa instancia desconcentrada del ministerio. A esta altura, ya el ministerio nombró a un equipo para sustituir temporalmente a los funcionarios que renunciaron, y el propio Ministro intervino en el proceso, por lo que esperamos que este suceso sirva al ministerio para detectar los problemas de comunicación y funcionamiento en la red de zonas educativas y municipios escolares del país y tomar acciones específicas para resolverlos.

5. Se conocieron algunos casos de escuelas en las que, después de que un grupo de representantes suscribieron una comunicación en la que explicaban sus razones y se negaban a participar, tuvieron varios encuentros entre ellos y con personas externas al ministerio, en los que debatieron sobre la pertinencia de participar, a pesar de la desconfianza que sentían sobre el proceso y cambiaron de opinión. En esos casos, algunos nos hicieron llegar su decisión de cambiar de posición y su disposición a responder las preguntas de la consulta. Para esas escuelas y esos miembros de sus comunidades, era importante la extensión del plazo de desarrollo de la consulta en las escuelas.

6. Revisando las noticias asociadas a la consulta, en especial las que contienen declaraciones del ministerio, encontramos dos cosas que llaman la atención:

6.1. No se expresa una visión crítica que reconozca los problemas que se presentaron a lo largo del proceso y que planteara acciones para resolverlos, garantizando que la mayor cantidad de población participe desde las escuelas. Estos problemas, como se ve en los puntos anteriores, incluyen falta de información completa, clara y oportuna; presiones por parte de funcionarios de las zonas educativas; falta de tiempo en las escuelas para realizar la consulta; utilización de diversos métodos para realizar la consulta que hace incompatibles los resultados obtenidos; entre otras.

Ante estos problemas, lo menos que se esperaba del ministerio era que tuviera como gesto reconocer su existencia y plantear, entre las alternativas, ampliar el plazo de la consulta en las escuelas, mejorar los mecanismos y contenido de la información a los diversos actores del sistema y apoyar, con formación y protocolos de trabajo más explícitos, el trabajo de directivos y docentes que actuaron como facilitadores, relatores y sistematizadores de los procesos en las escuelas. Esos gestos no se dieron.

6.2. Como se explicó desde la primera publicación que hicimos sobre el tema, la consulta se desarrolla en un ambiente de tensión política y con antecedentes que justifican que exista una gran desconfianza de parte de la población sobre el desarrollo de este proceso, el uso de la información que se obtendrá del mismo y los resultados que arrojará. Lo natural, en un proceso con estas características, era que el ministerio reconociera las condiciones del momento e hiciera algunos gestos para bajar la tensión política y la desconfianza de los actores que expresaron sus reservas con respecto a la Consulta.

Eso sería lo natural y lo deseable, porque en su presentación, el proceso hace alarde de principios que incluyen la “participación“, que tal como se presenta en el documento general de la consulta, está “Entendida como la más amplia, plural y democrática consulta de todos los sectores de la vida nacional para alcanzar un acuerdo fundamental sobre el nuevo modelo educativo que se propone“.

Reconocer la existencia de diferencias y desconfianza de algunos sectores con el proceso de consulta, es saludable para el país. Si las diferencias expresadas, las hicieran grupos minoritarios, eso no le restaría importancia ni peso, porque en los procesos democráticos, el respeto a las minorías es una regla de juego vital y porque cuando se dice que se trata de “alcanzar un acuerdo fundamental sobre el nuevo modelo educativo” para el país, lo ideal es que todos, de alguna manera se sientan identificados con el proceso y con sus resultados, así sea de forma parcial. Ese es el reto de todo gobierno.

Sin embargo, leemos en las declaraciones del ministro, reseñadas por la prensa el 19/05/2014:

Rodríguez, explicó que la mayoría de las críticas a la Consulta no se origina en los colegios privados, sino en algunos grupos políticos opuestos al Gobierno Nacional, y, por el contrario, la incorporación de instituciones privadas ha sido positiva.

“Han sido algunos sectores de los partidos políticos, de un sector de la sociedad. Ellos han generados algunas manifestaciones que se han expresado en algunos medios de comunicación. La realidad es que, en la mayoría de los colegios administrados por particulares, la participación ha sido muy alta”, afirmó Rodríguez.

El resto de esta nota la pueden leer en la página del ministerio en el este enlace.

Es importante resaltar que la  nota hacer ver que es “Alta participación de colegios privados en la Consulta Nacional“, tal como titula la noticia, o en palabras del ministro que “la participación ha sido muy alta”, y afirma que el origen de las críticas no estuvo en las escuelas, sino en sectores de los partidos y de la sociedad que, de acuerdo a lo reseñado en la nota de prensa, parecieran no tener relación con las escuelas.

Sin embargo, más allá de las declaraciones de voceros de los partidos o de otras organizaciones sociales, fue en las escuelas en las que se manifestaron padres y estudiantes en desacuerdo con la consulta, se manifestaron de forma numerosa e importante en algunos sectores y entidades. Fueron estudiantes, padres y representantes, pero también docentes y directivos, quiénes dijeron, unos que no participarían y otros, que lo harían a pesar de la gran desconfianza que tenían sobre el proceso. Esos, estudiantes, representantes, docentes y directivos, tienen que contar y su posición crítica con respecto al proceso de consulta, debe ser reconocida institucionalmente por el ministerio porque son tan miembros de las comunidades de las escuelas, como los que decidieron participar y saludar el proceso de consulta. Ese sería un gesto democrático muy valioso, por parte del ministerio.

Pero es también muy importante que el ministerio y el país tengan claro, que decir que la protesta se originó en los partidos y en otras organizaciones sociales que parecieran no tener nada que ver con las escuelas, ni desaparece la desconfianza, ni indica que los que participan lo hacen con total confianza o sin reservas, ni tampoco borra la existencia de personas y grupos que se niegan a participar en ese proceso expresando sus propias razones y mucho menos indica que todas las personas  de esas escuelas participaron en la consulta.

Además, una consulta que se dice abierta a la más amplia, plural y democrática participación, tampoco puede desestimar las críticas provenientes de los partidos políticos y de las organizaciones sociales aunque éstas últimas no estuvieran directamente relacionadas con las escuelas, ya que, la educación es un asunto de toda la sociedad y sus decisiones fundamentales deben tomarse con el concurso de toda ella. Por otra parte, es bueno recordar que las declaraciones y las noticias no desaparecen a ninguno como actores políticos, ni como miembros de sus comunidades en las escuelas y en los gremios, todos siguen allí, aquí en el país, en el sistema educativo, en las escuelas, y recibirán los resultados de la consulta con igual desconfianza y con innecesario malestar, por no haber sido consideradas sus posiciones y por no haber sido tomados en cuenta como actores del sistema.

Es por eso, que se esperan gestos un tanto diferentes del ministerio, gestos que sean inclusivos y que apunten al fondo de la desconfianza. Gestos que en lugar de comenzar presentado todo lo que ha sucedido en materia de “consultas” hasta el momento, como algo que ha sido exitoso y positivo, como se ve en este material de la consulta, (Presentación a los directores de los planteles. El material completo, lo pueden bajar aquí)

orgullo del camino

asuma que estos procesos tuvieron severos problemas y que fueron protestados en su momento por las comunidades de las escuelas, por los gremios docentes y de representantes, por el sector universitario y por buena parte de la ciudadanía.

Estos gestos son importantes si se quiere que el país considere que el proceso fue exitoso, más allá de los intentos de hacerlo parecer impecable y exitoso por las declaraciones de prensa y en la difusión de las noticias.

Por otra parte y hablando de gestos, cabe recordar que uno de los elementos que causó mayor revuelo en la opinión de algunos actores escolares, desde el principio, fue la mención al Plan de la Patria como referente de la Consulta. Esa mención desapareció en los documentos oficiales a partir de su segunda versión y fue tomado por los sectores críticos a la consulta como una victoria a sus reclamos. Si ésto fue una acción del ministerio para bajar la desconfianza sobre el proceso, debe ser reconocido como un gesto positivo. No obstante, como dijimos en la publicación anterior, hay un gesto adicional al respecto, que el ministerio puede y debe hacer, dado que el Plan de la Patria, aunque no sea mencionado en los documentos de la consulta, sigue siendo el Plan de la Nación aprobado por la Asamblea Nacional y su vigencia indica que, cuando se estén elaborando las políticas públicas del sector, éstas deberán adecuarse a lo establecido en el mismo, partiendo del modelo político que en ese texto se asume y que es contrario al establecido en la Constitución Nacional. Aquí les dejamos nuevamente, el gesto propuesto al ministerio en este aspecto.

“Gesto 4: -considerado el más importante- declaración pública de las autoridades del ministerio diciendo que el proceso y sus productos estarán apegados a la Constitución, por lo que se desconocerán los mandatos del Plan de la Patria referentes a la política educativa no se correspondan con lo que establece la Constitución y que, en consecuencia, también se solicitará a la Asamblea Nacional su modificación.”

II.Consulta Especializada

El documento al que hacemos referencia en el punto anterior, la presentación para los directivos de las escuelas, contiene una versión reorganizada de la información de la consulta y se agregan algunos detalles sobre la consulta especializada. Sobre ella, habíamos adelantado, que el ministerio tiene pautados 29 estudios (o los tenía pautados al inicio, no sabemos si la lista se amplió). A continuación, les volvemos a colocar la presentación que se hacía sobre el contenido de estos estudios en los documentos iniciales de la consulta.

temas estudiosEn el documento con la presentación a los directores, se agregan algunos aspectos que permiten tener mayor información sobre este componente de la consulta y sobre lo que se espera con el mismo.

En las dos siguientes imágenes, se encuentra la información sobre los estudios, con la nueva estructura con la que los agrupó el ministerio para presentarlos:

presentación de los temas 1

presentación de los temas 2

Las características que tendrán quiénes se espera que desarrollen los estudios, de acuerdo a este material son:

características de los que los realizan

A esta altura, deberían estar contratados todos los especialistas para desarrollar los estudios, por lo que sería un gran gesto del ministerio, presentar al país la lista definitiva de los estudios en desarrollo, con sus objetivos, alcances y equipos de trabajo.

Sin embargo, mientras el ministerio decide y realiza ese gesto, podemos ver en términos muy generales, los resultados esperados en esa parte del proceso, de acuerdo a la mencionada publicación.

resultados de estudios

Para conocer más detalles, aunque sean generales, sobre los estudios y sobre los otros aspectos de la consulta, incluidos en este nuevo documento, la Presentación a los directores de los planteles. Les recordamos que lo pueden bajar aquí.

III. Proceso de altísimo rigor científico

Tal como mencionamos en la publicación Primeras notas sobre la Consulta Educativa: Nuevos materiales, la consulta se presenta como un proceso de “altísimo rigor científico“. Además, entre los principios que la sustentan, se menciona la transparencia del proceso, que lógicamente no debería restringirse a la difusión de los resultados, sino que debería abarcar el desarrollo de todo el proceso. Dada esa presentación, es natural que la gente se pregunte algunas cosas, entre ellas:

1. De acuerdo a lo que se planteó en la primera parte de esta publicación, en las escuelas se han desarrollado procesos diferentes: ¿Cómo se hará la sistematización de esos resultados? ¿Se va a solicitar a las escuelas que especifiquen las pautas empleadas para realizar la consulta en cada caso o se hará caso omiso de la existencia de estas diferencias? ¿Cómo se piensa abordar y resolver ese problema de consistencia y calidad de la data?

2. En el instructivo para la elaboración de los informes por escuela, se indica, para cada sector, estudiantes y resto de la comunidad, que se especifique el número de participantes discriminados por sexo. ¿Este dato se solicita para hacer alguna ponderación del peso que tendrán esas respuestas sobre el total de los participantes o sólo para tener una contabilidad de la cantidad de personas que participaron? ¿Cómo se hace compatible, a la hora de procesar todos los resultados, la ausencia del registro del sexo del participante en los instrumentos de la consulta masiva? ¿En ese caso es un dato irrelevante? Esto nos lleva a otra pregunta: en el mecanismo que existe en la web y que utiliza un instrumento con las mismas preguntas que el de la consulta masiva en espacios públicos, se solicita en la identificación del participante su ocupación y estado de residencia, esos datos no se solicitan en los demás instrumentos ¿Para qué se solicita esos datos en este mecanismo y cómo se manejará su ausencia en los otros instrumentos, al menos en los que tienen las mismas preguntas?

3.  Como la participación es voluntaria y anónima, se tendrá número de participantes por sexo para cada proceso en cada escuela, pero no se tendrá la relación de éstos sobre el total de los miembros de la comunidad en cada escuela. ¿Cómo se manejará científicamente la diversidad de porcentajes de participación de los actores escolares, si se desconoce el dato? o ¿se considera éste un dato irrelevante? Es menester recordar que la no participación expresa una opinión sobre el proceso, en algunos casos, esa opinión fue manifestada por algunos actores de forma escrita.

4. Dado que en el país tenemos escuelas pequeñas, algunas con 80 estudiantes y escuelas grandes, muchas con más de 2.000, ¿se tomará en consideración para la sistematización de los resultados el tamaño de las escuelas? De ser así, ¿cuál será el parámetro o los criterios para ello? La diferencia en el tamaño de las escuelas puede tener como consecuencia que en una escuela pequeña, aunque participe el 100 % de comunidad, el total de participantes, puede ser equivalente a sólo un porcentaje de los que participan en una escuela grande.

5. Como existen diversos mecanismos de participación, se deberá garantizar la calidad de los datos recogidos en las diversas modalidades, incluyendo la consulta en las escuelas, pero también las llamadas telefónicas y los buzones colocados a las salidas de conciertos y en lugares públicos, también los informes que recogen los resultados de los encuentros parroquiales, municipales, estadales y nacionales. En este caso las preguntas son: ¿Cuáles son los mecanismos de control y de calidad que se utilizarán para garantizar la calidad de la data recogida? ¿Cómo se hará la sistematización de toda esa información y su procesamiento, en especial de la data que se recoge a partir de debates y de sesiones con preguntas abiertas? ¿Cómo y con qué protocolo y criterios se van a procesar los dibujos hechos por los niños? ¿Cómo se van a construir los lineamientos a partir de esta diversidad  de fuentes, tipos y calidad de la data? ¿Cómo se manejará la relación entre fuentes y pesos, de acuerdo a la cantidad de participantes? ¿Qué protocolos y criterios se van a utilizar para ello?

Es importante que antes de que avance más el proceso, y con el ánimo de hacerlo más transparente y de contribuir a bajar las tensiones y desconfianza existente, el ministerio, como parte de sus gestos, informe al país los detalles y criterios sobre cómo se hará la sistematización y el procesamiento de todos los datos, partiendo de su diversa naturaleza y procedencia. ¿Cuándo se informará ello al país?

A modo de información adicional: en una reunión que hubo entre directivos de escuelas privadas con representantes del Ministerio, la profesora Maricarmen Soler, una de las personas que participan en el proyecto del Observatorio, le preguntó a la Viceministro de nuestra parte, sobre las características de la sistematización y procesamiento de la data y la Viceministro ofreció escribirnos un correo contándonos los detalles. También, como portadora de nuestra idiosincracia, dijo a modo de “chistecito”, que, al parecer, nosotros creíamos que el ministerio no tenía personal calificado para hacer ese proceso.

A la Viceministro, Soraya El Achkar, que además, es la que Dirige la Secretaría Técnica y Multidisciplinaria de la Consulta, le decimos:

Estimada Soraya, nosotros suponemos que el ministerio, si decidió emprender un proceso de esta envergadura, debe tener el personal calificado para ello o debe buscarlo, porque ese es su deber y obligación, nuestras preguntas no tienen que ver con eso. Nosotros, como ciudadanos de esta República y de acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y 62 de la Constitución, artículos constituciónestamos en nuestro derecho a solicitar información y a hacer seguimiento a la administración pública sobre todas las acciones de políticas públicas que emprenda. Tenemos derecho también a expresar nuestra opinión sobre el proceso y a llamar la atención sobre lo que, técnica y científicamente, se aprecia como vacíos o problemas en la metodología utilizada. Como Observatorio, nos hemos dado a la tarea de difundir los materiales, pero también de analizarlos y expresar nuestras opiniones y dudas al respecto, así como de informar sobre los acontecimientos que se han presentado a lo largo de este proceso. Ese también es nuestro derecho.

Esperaremos con mucho interés ese correo que ofreciste explicando los detalles metodológicos de la consulta y lo publicaremos en lo que llegue a nuestro buzón, (oevenezuela@gmail.com), porque lo que creemos que es más importante, en este momento, es que todo el país conozca todos los detalles del proceso de consulta y que sea la información y ese conocimiento el que contribuya a bajar la tensión y la desconfianza que existe sobre la consulta y porque entendemos también, que esta situación sería diferente si este proceso no se hubiese desarrollado en un contexto de tensiones políticas y desencuentros como el que lamentablemente tenemos, o si partiendo de su existencia, el ministerio se hubiese tomado más tiempo para divulgar los detalles del mismo y para construir la confianza necesaria en la población, con espacios de conversación y encuentro previos al desarrollo de las actividades propias de la consulta. Porque como todos sabemos, la viabilidad política de las acciones públicas, es algo que se construye sumando voluntades a los esfuerzos y abriendo espacios de conversación y debate previos a la acción que se quiere impulsar.

Pero aunque ya esté avanzado la consulta, siempre se pueden tomar acciones correctivas, entre ellas la difusión de la información que falta y que es importante para que, entre muchas otras cosas, este esfuerzo, con toda la inversión de tiempo y de recursos asociada, no pierda su eficacia como ha sucedido en otras oportunidades en acciones emprendidas por el ministerio, cuyos resultados no fueron asumidos como válidos por una parte importante de la población, por la forma en la que fueron construidos, porque los ciudadanos tienen diferencias de fondo con los productos de los mismos o porque, contienen aspectos que son violatorios de la Constitución o que no garantizan calidad de la educación.

Por estas razones, además de agradecerte la intención de informarnos con un correo y ratificarte que lo esperamos, nos gustaría sugerirte que como un gesto valioso del ministerio, incluyan en la web sobre la Consulta, el material que permita que todo el que quiera responder a preguntas como las que aquí recogimos, o cualquier otra pregunta que tenga sobre la metodología que garantiza el rigor científico del proceso, tenga acceso a él para que pueda despejar sus dudas.

IV. Ya funciona la web de la consulta: 

Como anunciamos en publicaciones pasadas, el MPPE creó un dominio para alojar los documentos e instrumentos de la consulta. Hasta hace unos días, el dominio aún aparecía como “en construcción”, pero ya se encuentra activo y tiene los materiales que conocemos organizados, algunos materiales nuevos y el mecanismo para participar en la consulta desde la web.

Como no tiene sentido reproducir en esta publicación, lo que está contenido en la web de la Consulta, haremos algunas menciones y los invitamos a todos a revisarla.

Así se ve la portada de la web:

portada web nueva

Esta es la parte alta de la web, de acuerdo a la captura de pantalla que hicimos. Hay más información en la portada, como podrán ver si la visitan en este enlace: http://consultacalidadeducativa.me.gob.ve/

Como verán en la parte superior, debajo del banner, hay un menú que permite navegar por toda la web:

menu

En algunas secciones, se despliega otro menú. Las secciones y los menús desplegables son los siguientes:

menu 1

menu 2menu 3menu 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que lo ideal era que la web con todos sus contenidos iniciales, estuviera activa al inicio del proceso de Consulta, ésta se puso a disposición del público casi terminando el proceso de consulta en las escuelas. Sin embargo, un poco antes, la mayoría de los documentos fueron puestos a disposición del país en una sección específica de la web del ministerio, tal como reseñamos en las publicaciones anteriores.

En este momento, como es de esperarse, no todos los enlaces tienen información. Algunos porque refieren a resultados y consecuencias del proceso de consulta y otros, porque entendemos que el proceso de construcción de esta web ha sido progresivo, y seguramente no han podido poner todas las secciones activas con información al mismo tiempo. Esto obviamente, no favorece el mejor desarrollo de la consulta, pero el problema fundamental, el no haber contado con la información de forma oportuna, por haber comenzado el proceso con documentos no acabados o definitivos y por no tener un espacio web que los albergara, comienza a resolverse.

Hay algunas secciones de la web a las que queremos hacer mención especial:

1. ¿Cómo reconocer a los encuestadores?

Del menú “documentos”, en la pestaña correspondiente a “documentos de la consulta ampliada”, capturamos la siguiente imagen:

para reconocer a los encuestadores

En la consulta ampliada, el ministerio ofreció colocar buzones para que la gente pueda expresar su opinión en la calle, a la salida de conciertos y en lugares con mucha afluencia de jóvenes. En la sección de la que mostramos la captura de pantalla, pueden ver el diseño de la franela y la gorra que portarán los funcionarios que trabajarán en esa forma de recolección de información y también las características que podrán tener las cajas en las que se depositarán las encuestas. Estas son las imágenes que contienen los documentos “Manual de Identidad” y “Caja de la Consulta”

uniforme

la caja

Pero quizá, lo más importante de la información contenida en esta sección, sea el instrumento que será utilizado para recoger la opinión de las personas por este medio.

Como podrán ver a continuación, el instrumento tiene una sola página con las instrucciones y tres sencillas preguntas de selección.

instrumento

Las preguntas, a pesar de ser de selección y de solicitar una sola respuesta, tienen opciones que no son excluyentes entre sí y que podrían ser jerarquizadas por las personas de acuerdo al orden en el que creen que dan mejor respuesta a cada pregunta. Este es el  mismo señalamiento que se tiene para el instrumento dirigido al director, en el que, por cierto, están incluidas estas tres preguntas, más otras dirigidas exclusivamente a los directivos como actores del sistema.

2. La encuesta en la web

Y aprovechando que el formulario es el mismo, pasemos a mencionar cómo está presentado y como funciona el mecanismo de participación por la web.

enlace encuesta

En la portada y en casi todas las secciones de la web, se puede ver la siguiente imagen: →

Esta es la puerta de entrada al mecanismo de participación incluido en la web. Si se pulsa el recuadro gris que dice “iniciar consulta”, aparecerá la siguiente pantalla: 

instrucciones encuesta

Esta es la parte superior de la página. En ella se encuentran las instrucciones, tal como se puede leer en la captura. A continuación se encuentra el formulario a responder, que está debajo de las instrucciones en esa misma página:

encuesta por internet

Como se puede ver, se trata de las mismas preguntas del formulario que se utilizará en los eventos y lugares públicos, con las mismas características en el tipo de respuesta.

En este punto, vale la pena preguntarse por qué la participación de la ciudadanía en general está restringida a esos tópicos, si temas como el perfil del egresado de la educación básica, la relación entre educación y trabajo y los fines de la educación básica, entre otros, son temas que nos atañen a todos como ciudadanos y sobre los que todos, por lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, tenemos derecho a participar.

El MPPE debería revisar este punto en la metodología y abrir un espacio para que quién quiera pueda expresar su opinión en la mayoría de los temas que forman parte de la agenda de la consulta.

3. Preguntas frecuentes

Como en casi todas las páginas que están asociadas a algún proceso, la web de la consulta tiene una sección de preguntas frecuentes. En ella no están todas las preguntas que muchos de los actores del sistema se han hecho desde que este proceso arrancó, pero hay algunas que hubiesen servido, desde el inicio, para aclarar algunas dudas, en especial las de algunos funcionarios de las zonas educativas que no tenían la información completa o clara. Aquí las preguntas frecuentes incluidas, con sus respuestas:

preguntas frecuentes

 4. Recursos de apoyo a la Consulta

Tanto en la última pestaña del menú inicial, la denominada “Recursos en línea”, como en la última pestaña del sub-menú “Documentos”, específicamente denominada “Biblioteca Virtual”, se pueden encontrar algunos materiales que pueden resultar de interés para quienes visiten la página y quieran documentarse sobre algunos de los temas asociados a la consulta.

Recursos en línea” contiene los enlaces a los institutos autónomos y fundaciones, asociados al ministerio de educación, más el enlace de la página de la AVEC, tal como se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla:

recursos en línea

Allí se podrían incluir enlaces a las páginas de otras organizaciones e iniciativas, nacionales e internacionales, relacionadas con educación y con la promoción del derecho a una educación de calidad para todos. Podrían estar los enlaces a los informes de la UNESCO sobre los avances de la iniciativa de Educación Para Todos, por poner un ejemplo; incluso, podría estar el enlace a los informes anuales de PROVEA, específicamente el capítulo dedicado a educación, y de otras organizaciones regionales que se centran en desarrollar los elementos asociados a la Educación como Derecho Humano.

También, dada su relevancia para discutir con información algunos aspectos de los temas que forman parte de la consulta, podrían ponerse a disposición de toda la ciudadanía, las Memorias y Cuentas del Ministerio, que a pesar de ser información pública, no se encuentra en ninguna parte oficialmente publicada, y un enlace que permitiera que todos los ciudadanos pudiéramos volver a utilizar la sección de estadísticas y consulta del sistema de información de las escuelas que tiene el Ministerio de Educación y que hasta hace 3 años era de acceso abierto en la web, pero que desde entonces, se encuentra en mantenimiento.

“Biblioteca Virtual” contiene un listado con 8 documentos que tocan el tema de calidad de la educación.

biblioteca virtualLos documentos que desarrollan específicamente el tema de calidad son: el primero que es de Cecilia Braslavsky del 2006, el quinto que es de Juan Manuel Escudero del 2003, el sexto es de Martín Carnoy del 2004 y el octavo que es de Rodrigo Jaramillo de 1999.

También hay un documento sobre las evaluaciones de calidad, es el segundo en el listado, es de Alejandro Tiana Ferrer, del 2002 (por cierto, de este mismo autor, hay documentos más recientes sobre el tema, como el titulado “La evaluación de la calidad de la educación : conceptos, modelos e instrumentos” que es del año 2006 y en el que se discute el concepto de calidad. Como material es interesante para revisarlo en este contexto (*)). Hay dos documentos de Juan Carlos Tedesco del 2003 y 2009, el tercero y el cuarto, respectivamente. Hay un documento sobre la exclusión de Pablo Gentili, es el séptimo y es del 2001.

Cabe resaltar que hay muchos espacios en internet que centran su debate en el tema de la calidad de la educación, por lo que esperamos que esta sección de la web de la consulta, sea enriquecida con el valioso material que existe en ellos.

(*) Aquí pueden encontrar dos enlaces desde los que pueden bajar el artículo de Alejandro Tiana Ferrer que les refiero, en ambos enlaces hay más material sobre calidad de la educación que también puede resultar de interés, por lo que no les extraje y colgué sólo ese artículo. (Seminario sobre la evaluación de la calidad en el sistema educativo, año 2006, España y Revista trasatlántica de educación de Editorial Santillana, número 1, año 2006)

Notas de maestros


Hoy, como es tradición, se celebra el día del maestro, profesional con una de las labores más delicadas en la sociedad: la formación de nuestros niños y jóvenes; y pieza clave para la garantía de una educación de calidad para todos, tal como reza el derecho a la educación.

Tamaña responsabilidad debería estar acompañada por los mejores salarios y condiciones de contratación de la administración pública, óptimas oportunidades de formación y actualización y también por el más riguroso sistema de ingreso y evaluación de desempeño a lo largo de su carrera.

Sin embargo, a pesar de los aumentos salariales y las firmas de los contratos colectivos que se han realizado durante las dos últimas décadas, las condiciones económicas de los profesionales de la docencia siguen siendo de supervivencia en la mayoría de los casos y desde el año 2000, con la promulgación del Decreto 1.011, comenzó formalmente, una modificación de la institucionalidad que respalda la carrera docente en Venezuela que incluye cambios en los requisitos y procedimientos para el ingreso al sistema y el ascenso en el mismo.  Estas condiciones y modificaciones han mantenido un ambiente de tensión y descontento en buena parte del gremio docente.

Dada la complejidad de esta situación, decidimos centrar las líneas siguientes, en un aspecto específico de las condiciones en las que nuestros docentes se encuentran vinculados con el sistema: el tipo de contratación.

Algunos antecedentes

Desde que se instauraron los concursos para ingreso y ascenso de los profesionales de la docencia mediante el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente en 1991, cuando un cargo quedaba vacante, se contrataba a un docente para suplir la falta, hasta que se abría el concurso correspondiente al cargo. Esta práctica, y la frecuencia con la que se convocaban los concursos de ingreso, tuvo como consecuencia que aparecieran cada vez más docentes que ocupaban cargos en condición de interinos.

A diferencia de los docentes titulares, que gozan de estabilidad laboral cuando ingresan al cargo, la condición de contratación como interino permitía a la administración pública, prescindir de los servicios del docente cuando lo considerara necesario, por lo que se convirtió en un mecanismo para garantizar el control de la disciplina laboral en las escuelas.  Así, esta práctica hecha costumbre, permitió que creciera el número de docentes interinos en el sistema. (No está de más aclarar que la contratación en carácter de interino, tenía y sigue teniendo como consecuencia peores condiciones económicas y ningún tipo de estabilidad).

Esa práctica ha sido utilizada intensamente, por más de dos décadas.

En noviembre del 2005, el ministerio de educación promulgó la resolución 58 (*), mediante la que se otorgaba la titularidad a un grupo de docentes interinos que estaban ocupando cargos vacantes. Este fue el inicio de la transformación del proceso de ingreso formal de los docentes a los cargos como titulares y el primer paso de  lo que el gobierno ha identificado desde entonces, como una política para consolidar la estabilidad del gremio, disminuyendo las contrataciones de carácter interino y otorgando la titularidad a través de un mecanismo de ingreso que ha ido variando en el tiempo y que incluye un año de ejercicio como interino, para optar por la titularidad.

Algunos números

No vamos aquí a analizar los detalles de las normas ni su evolución en el tiempo, sino vamos a referirnos a algunas cifras que permitan dar cuenta de los avances o retrocesos, de la política pública relativa a los tipos de contratación docente, sin la intención, dicho sea de paso, de que estas líneas puedan tomarse como una evaluación de resultados.

Haremos entonces, un contraste entre los datos relativos al número de docentes en el sistema, de acuerdo a las memorias y cuentas de los años 2003-2004, antes de la resolución 58, y 2011-2012, que es la última conocida, ya que la del año escolar pasado aún no está disponible y será presentada esta tarde en la Asamblea Nacional.

Revisando la cifra total de docentes en ambas memorias, encontramos que, en efecto y como es lógico por el crecimiento de la matrícula, desde el  año 2003-04 hasta el 2011-12, el número total de docentes en el país, se ha incrementado en 185.798, lo que representa el 48 % del total de docentes del año base.

Si observamos el cuadro 1, podemos apreciar que el incremento se ha dado en todas las condiciones de contratación, es decir, se ha incrementado tanto el número de docentes titulares, como el de interinos y el de otros tipos de contratación. Sin embargo, se aprecia también que el incremento relativo de los docentes titulares, es mayor que el de los interinos y el de los otros tipos de contratación.

Cuadro 1. Número de docentes por tipo de contratación, años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del MPP para la Educación.

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación.

Sin embargo, no se entiende que, con una política sostenida enunciada como tal por casi 10 años, la distribución relativa interna tenga muy poca variación entre el año escolar 2003-2004 y el 2011-2012, tal como se aprecia en el cuadro 2.

Cuadro 2. Variación relativa de docentes por tipo de contratación, años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Docentes en el espacio

Como es natural, la cantidad de docentes varía a lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que si vemos la distribución geográfica del total de docentes por entidad, tenemos que, tal como se aprecia en el gráfico 1, las entidades con mayor y menor proporción de docentes relativa al total nacional, son las mismas y permanecen en proporciones casi iguales en este lapso de tiempo. Pero se aprecian algunas variaciones en los pesos de las entidades intermedias, siendo las variaciones más notables las de Aragua, Bolívar y Falcón, en términos de disminución relativa con respecto al total nacional, y  las de Táchira y Trujillo en términos del aumento en su participación relativa.

Gráfico 1.  Distribución relativa de los docentes por entidad para los años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Fuente: Elaboración propia con los datos de las Memorias y Cuentas del MPP para la Educación

Fuente: Elaboración propia con los datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Pero si vemos el crecimiento en términos del número de docentes por entidad, tenemos que, el Estado que registró menor crecimiento fue Falcón con un 17 %, mientras que los que registraron un crecimiento mayor fueron Amazonas y Delta con un 116 y 108,5 % respectivamente, lo que significa que duplicaron la cantidad de docentes trabajando en el sistema.

Si pasamos a ver el comportamiento del total de docentes por entidad, pero por tipo de contratación, encontramos que el  incremento en el total de docentes incorporados al sistema, en todas las entidades territoriales, menos en Distrito Federal, incluye un incremento en los docentes titulares en diversas magnitudes. De hecho, en Distrito, tal como se observa en el gráfico 2, en el año escolar 2011-2012 se registran 449 docentes titulares menos que en el año 2003-2004, a pesar de tener 8.660 docentes más en total. La diferencia se registra en un aumento de docentes interinos y contratados de 623 y 8.486 respectivamente.

Gráfico 2. Distribución de docentes en Distrito Federal por tipo de contratación para los años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

En el resto de las entidades, el comportamiento no es uniforme, de hecho encontramos estados en los que aumenta el número de titulares, mientras disminuye el número de docentes interinos y con otros tipos de contratación; otros estados en los que aumenta el número en todos los tipos de contratación; pero también encontramos otras combinaciones que se pueden apreciar en el siguiente mapa.

Mapa 1: Distribución de diferencias absolutas entre el número de docentes por entidad y tipo de contratación para los años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Leyenda 1

No obstante, si se quiere apreciar mejor el comportamiento, en términos de la intención de la política pública, que supone el incremento de la estabilidad de los docentes, por tanto, el aumento de los que obtienen la titularidad de los cargos, la disminución de los interinatos y la eliminación progresiva de los otros tipos de contratación, podemos observar como varía la composición relativa de estos tres tipos de relación laboral de los docentes con el sistema, entre los dos años tomados como referencia.

En el mapa siguiente, podemos apreciar que en la mayoría de las entidades se da un incremento del porcentaje de titulares, aunque en algunos de ellos, ese aumento está también acompañado por el de interinos o el de otros tipos de contratación. Pero en 6 entidades (Amazonas, Aragua, Distrito, Portuguesa, Vargas y Yaracuy) el incremento relativo se da en los interinos y los docentes con otros tipos de contrato, disminuyendo el porcentaje de docentes titulares.

Mapa 2. Distribución de frecuencias relativas de docentes por entidad y tipo de contratación para los años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Leyenda 2

A pesar de que la variación relativa pareciera indicar una relación entre el aumento de titulares y la disminución de interinos y otros tipos de contratos, positiva y en la dirección que dice tener la política pública del gobierno, cabe destacar que sólo en el caso del Estado Táchira, se registra una variación de más de 30 puntos a favor de los docentes titulares, mientras 8 entidades están entre 10 y 15 puntos, 10 entidades están por debajo de los 10 puntos, y el resto presenta un decrecimiento, siendo el caso más importante el de Distrito que supera los 20 puntos.

En cuanto al crecimiento relativo de los interinos, resaltan los casos de Yaracuy que rebasa los  20 puntos y Amazonas que entre interinos y otros tipos de contratos, casi llega a los 13 puntos de diferencia, siendo una de las entidades que duplicó su nómina docente en el lapso de tiempo considerado.

Finalmente, llaman poderosamente la atención los esfuerzos de Trujillo por disminuir la participación de los docentes contratados mediante  figuras diferentes al interinato y a la titularidad, lo que se refleja en la  mayor diferencia entre todas las distribuciones relativas con más de 26 puntos. Sin embargo, también llama la atención, pero por el comportamiento contrario, los casos de Distrito y Aragua, que registran una variación positiva, es decir un incremento en la participación de docentes con otras formas de contrato, de más de 23 y 11 puntos respectivamente. Este incremento, no se ajusta y es contrario tanto a los enunciados de la política pública que el ministerio declara estar desarrollando, como de las demandas de los gremios.

(*) Favor no confundir con la de los Consejos Educativos. Si quieres conocer su texto, dale aquí: Resolución 58

1.039.217 ni escriben, ni leen


De acuerdo a la UNESCO, hoy, 8 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Este día, se reconoce como tal, desde el año 1965. Con motivo de su celebración, quisimos presentar unos datos sobre las políticas de alfabetización en Venezuela, que complementan nuestro post anterior titulado: Analfabetismo: entre 1,23 y 57,9

Como todos sabemos, antes de la aparición de las misiones, las políticas de alfabetización se diseñaban e instrumentaban desde la Dirección de Educación de Adultos del Ministerio de Educación.

Con el inicio del pasado gobierno, en el año 1.999, el ministerio, a través de la OSPP, anunció un programa para disminuir en dos años y medio el número de personas analfabetas, utilizando para ello el trabajo voluntario de los bachilleres que aspiraban entrar a la universidad.

Posteriormente, en junio del año 2000 fue lanzada la “Campaña de Alfabetización Bolivariana”, con la juramentación de 20.000 voluntarios. Su meta era la reducción del analfabetismo en un 40% en un lapso de 6 meses. Para el 2001, esa meta se habría replanteado, proponiéndose la erradicación del analfabetismo para el año 2003. Este plan sólo logró incorporar al proceso de alfabetización a 60.000 personas.

El Censo del 2001 reveló que en el país había más de 1 millón de personas analfabetas. La cifra exacta es 1.082.485 personas de 15 años y más (*) lo que equivale a una tasa de analfabetismo de 7,02%

Con esos antecedentes, en el 2003 se crea el Plan Nacional de Alfabetización, cuya meta era erradicar el analfabetismo para el año 2005 y para organizar su instrumentación se estimaron unas cifras de analfabetas, por Estado, diferentes a las existentes en el Censo del 2001. De esta manera, en lugar de programar la alfabetización de 1.082.485 personas mayores de 15 años, -o de acuerdo a la convención utilizada por el Censo en aquel momento, programar la alfabetización de 1.153.864 personas mayores de 10 años-, se programó la alfabetización de 1.595.000 personas en todo el territorio nacional, en 50.000 aulas dotadas con un televisor y un reproductor de video, a cargo de un facilitador y un asistente en cada aula, para atender a los participantes durante dos horas diarias por 7 semanas. En ese tiempo se esperaba que los participantes demostraran “que han aprendido a leer y a escribir sus nombres y apellidos, que leen con cierta fluidez y son capaces de redactar oraciones, mensajes sencillos y hasta cartas”, de acuerdo a lo que reza en el texto del Manual del Facilitador utilizado en aquel momento.

Con el Plan Nacional de Alfabetización se da nacimiento a la que hasta hoy, se denomina la Misión Robinson y que actualmente tiene 3 niveles (Robinson 1, a la que corresponde el proceso de alfabetización; Robinson 2 dirigida a la incorporación y graduación de adultos alfabetizados en sexto grado (**); y Robinson 3, destinada a constituir círculos de lectura con adultos alfabetizados pero no escolarizados) y dos componentes, uno nacional y uno internacional (El 19 de marzo de 2006 se crea la “Misión Robinson Internacional” (***)  en la que se establecen convenios de cooperación e intercambio con países del ALBA, entre otras, en materia de alfabetización). La ejecución de esta política, inicialmente es asignada al INCE, pero el 14 de febrero del 2005, mediante el decreto 3.524, se crea la Fundación Samuel Robinson que será la encargada de la instrumentación de la misma hasta la fecha.

Es así como una política que, inicial y tradicionalmente, formaba parte del sistema educativo formal, se convierte en una línea de acción que funciona paralelamente al sistema formal y que progresivamente va asumiendo parte importante de las competencias de la Direción de Educación de Adultos. La Fundación tiene el siguiente propósito:

Captura de pantalla del texto de la memoria y cuenta del MPP para la Educación

Captura de pantalla del texto de la memoria y cuenta del MPP para la Educación

Ese propósito se instrumenta, como se mencionó arriba, en tres niveles y en dos dimensiones. En la dimensión nacional, los tres niveles de la misión son los siguientes:

La Misión Robinson 1, que es la que se encarga específicamente del proceso de alfabetización de la población, se enmarca en la política enunciada de la siguiente manera: “Propiciar el conocimiento de la lectura y escritura en la población no escolarizada de la Nación” y utiliza para ello el método de alfabetización diseñado en Cuba y llamado “Yo Si Puedo” .

Desde sus inicios, y de acuerdo a las cifras de las memorias y cuentas del Ministerio, ha atendido a un total de 1.792.952 participantes, de los cuales han egresado 1.723.726, es decir, el 96%

A continuación se presentan dos gráficos con la progresión en el tiempo tanto de los inscritos como de los egresados.

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias y cuentas del MPP para la Educación

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias y cuentas del MPP para la Educación

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias y cuentas del MPP para la Educación

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias y cuentas del MPP para la Educación

Como se puede apreciar en los gráficos, los esfuerzos más importantes de incorporación de población se hicieron el primer año, disminuyendo, tanto el número de inscritos, como el de egresados, a lo largo del tiempo que tiene de existencia esta misión. Ese comportamiento, para una política como la de alfabetización de la población, que supone la disminución progresiva de las personas en dicha condición, en la medida en que funciona la política y que tiene éxito el sistema educativo en sus programas formales, luce obviamente normal. No obstante, cuando se comparan el número de egresados, con la población analfabeta registrada en el Censo del 2001, en las cifras estimadas al momento de lanzar el Plan Nacional de Alfabetización y con la población analfabeta registrada en el Censo del 2011, pareciera que no se trata de un comportamiento tan claro que, al menos, requiere de una investigación para determinar una explicación de lo sucedido.

Las cifras hablan por sí solas, tal como se observa en el siguiente cuadro.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población 2001 y 2011, del Programa de Alfabetización Nacional y de las Memorias y Cuentas del MPP para la Educación

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población 2001 y 2011, del Programa de Alfabetización Nacional y de las Memorias y Cuentas del MPP para la Educación

Por su parte, para la Misión Robinson 2, que fue creada para que las personas alfabetizadas pudieran incorporarse a la educación primaria y graduarse de sexto grado, la política pública se enuncia de la siguiente manera: “Garantizar la permanencia y prosecución en la modalidad de jóvenes, adultos y adultas excluidos del Subsistema de Educación Básica”. Como se puede observar, se trata de sustituir la actividad tradicionalmente adelantada por los mecanismos de la Dirección de Adultos, por un programa que, si bien se enmarca dentro del ámbito de competencia de dicha Dirección, se ejecuta externamente y en forma de misión, así se denomine “modalidad” como dice este enunciado.

En este punto, es importante señalar que estas misiones se sustentan en la lógica del aprendizaje acelerado y se plantearon como programas no permanentes. Para ello, en este caso, se utiliza un método denominado “Yo Si Puedo Seguir”, que sigue una estrategia de enseñanza similar al método Yo Si Puedo, utilizando televisión, VHS, video clase y folletos de apoyo.

Otro aspecto que cabe resaltar, es que esta misión no sólo pretende atender a los egresados de la misión precedente, sino que procura la inclusión de todos los adultos que no estén escolarizados o que no hayan terminado la educación primaria.

Desde sus inicios, de acuerdo a las cifras de las memorias y cuentas, esta misión ha incorporado a 3.981.278 personas, de las cuales se han graduado de sexto grado 827.066, es decir, el 20,8%. A continuación se presenta la progresión en el tiempo de los inscritos y egresados en este nivel de la misión.

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias y cuentas del MPP para la Educación

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias y cuentas del MPP para la Educación

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias y cuentas del MPP para la Educación

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias y cuentas del MPP para la Educación

Como se puede observar en los gráficos, los tres primeros años de instrumentación de la Misión Robinson 2, no tuvieron egresados, lo que resulta normal dado que se estima que cada año, los participantes, aprueben el equivalente a dos grados de educación primaria.

Finalmente, la Misión Robinson 3, es la que está diseñada para la promoción de la lectura y la escritura de los egresados de las dos misiones anteriores que no desee continuar estudios formales en bachillerato, a través de la conformación de “Círculos de Lectores“. Esta misión comenzó a operar en el año escolar 2006-07 y hasta la fecha se han registrado 197.425 participantes, incorporados en el tiempo, tal como se observa en el siguiente gráfico:

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias y cuentas del MPP para la Educación

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias y cuentas del MPP para la Educación

Como parte de la esta misión, se presume, de acuerdo a lo mencionado en la memoria y cuenta, que la formación en estos círculos de lectura, puede incluir o estar complementada por capacitación laboral en oficios que facilite a los participantes “auto abastecerse en sus necesidades” o incorporarse en “unidades productivas socialistas en los ambientes robinsonianos ubicados en todo el país

Para este año, de acuerdo a la programación contenida en la memoria y cuenta del MPP para la Educación, se estima la alfabetización de 70.596 personas, el ingreso a primaria de 129.996  y la incorporación en círculos de lectura, de 172.664, es decir, la participación de  373.256 personas adicionales en los tres niveles de la Misión Robinson.

Sin embargo, la tarea pendiente que tenemos como país en este campo, es casi similar a la que teníamos cuando arrancaron las misiones, porque, de acuerdo a los resultados del Censo del 2011 tenemos en el país todavía más de un millón de personas que no saben leer ni escribir, exactamente 1.039.217. Si asumimos que a la cifra oficial podemos restar los egresados de la Misión Robinson 1 del año 2011-12 y también asumimos que dicha misión cumplirá con su meta en un 100%, es decir, si asumimos que el año pasado se alfabetizaron 33.583 personas y que este año lo harán las 70.596 estimadas, todavía tendremos pendiente la alfabetización de 935.038 venezolanos.

(*) Algunas personas refieren, como la cifra de analfabetas arrojada por el Censo de 2001, 1.154.013 que equivale al 6,4% debido a que en los resultados de ese Censo divulgados por el INE, esa es la cifra establecida. Sin embargo, ésta no se corresponde a la cifra precisa de analfabetismo, de acuerdo a la convención establecida por la UNESCO, porque incluye a la población de 10 años y más y no a la población de 15 años y más que es lo técnicamente correcto.

(**) El 8 de septiembre del año 2003, mediante el decreto 2.602 se crea la Comisión Presidencial para el estudio, formulación, coordinación, seguimiento y evaluación del Plan Extraordinario de Prosecución Educativa al Sexto Grado de los Adultos Alfabetizados del “Plan Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez”

(***) En el 2008 se reportó un total de 318.499 participantes de la Misión Robinson Internacional en Nicaragua y un total de 820.264 participantes de esa misión en Bolivia.

Analfabetismo: entre 1,23 y 57,9


En 1948 se incluyó el derecho a la educación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (#DDHH). Actualmente, se considera que las personas tienen derecho a la educación toda la vida, es decir, desde que nacen hasta que se mueren. Con la declaración de la educación como derecho, la alfabetización, que es lo más básico en educación, también se considera un Derecho Humano.

En Dakar, en el año 2000, 160 países suscribieron un acuerdo para alcanzar, en el 2015, 6 objetivos dirigidos a lograr una Educación Para Todos (1). Estos objetivos son:

  1. Atención y educación de la primera infancia (Educación pre-primaria, nutrición, disminución de la mortalidad)
  2. Enseñanza primaria universal
  3. Aprendizaje de los jóvenes y adultos (Ampliación del acceso en secundaria y superior)
  4. Alfabetización de los adultos
  5. Paridad e igualdad entre sexos
  6. Calidad de la educación

Anualmente la UNESCO publica un informe para dar cuenta del avance de los países suscriptores en el logro de estos objetivos. Los informes de seguimiento hacen énfasis en algunos aspectos de interés cada año. Los publicados hasta el momento se pueden ver aquí: Informe de Seguimiento de la Educación para Todos.

Sin embargo, este reporte no versa sobre los datos contenidos en los informes de la UNESCO, se trata de una primera aproximación, un balance inicial y descriptivo, del estatus del cumplimiento del objetivo 4, la Alfabetización de adultos, a la luz de la publicación oficial de algunos de los datos del CENSO realizado en Venezuela en el año 2011.

De acuerdo a la UNESCO, se considera a una persona alfabeta cuando tiene la habilidad para leer y escribir con comprensión e incorpora esta habilidad en su vida diaria. La razón para incluir la alfabetización de adultos como uno de los objetivos en marco de acción de Dakar, se recoge en la siguiente captura del informe de UNESCO (UNESCO, 2011; Panorama Regional: América Latina y el Caribe, p 5)

Para medir el estatus de la alfabetización, la UNESCO incluye en sus informes datos que no son producto de pruebas o evaluación directa de competencias, sino que son producto del reporte suministrado por las personas. En la mayoría de los casos, utiliza como fuente la Encuesta de Hogares por Muestreo en la que los entrevistados informan si poseen o no esa habilidad.

En los censos de población se recoge la misma información con una pregunta muy sencilla. En el cuestionario del Censo 2011, la información se recogió a través de la pregunta número 15 de la quinta sección, con la siguiente formulación: “¿Sabe leer y escribir? Si o No” (2)

Aunque esa pregunta se realiza para todas las personas que son censadas, técnica y tradicionalmente, y de acuerdo a la UNESCO, para calcular la tasa de analfabetismo no se incluye a toda la población, sino a las personas de 15 años en adelante, es decir, que la tasa de analfabetismo refleja la proporción de personas de 15 años y más que no leen ni escriben.

Evolución de la tasa de analfabetismo nacional

De acuerdo a los datos del Censo del 2001 la tasa de analfabetismo en Venezuela era 7,02.

En el 2005, específicamente el 28 de octubre, Venezuela se declaró territorio libre de analfabetismo, lo que quiere decir, según UNESCO, que menos del 4 % de la población era analfabeta, lo cual se considera un avance significativo con respecto a los datos reflejados por el Censo del 2001.

Sin embargo, cuando revisamos los resultados del Censo 2011 encontramos que la tasa de analfabetismo, para ese momento, es de 5,23 %, lo cual implica un retroceso con respecto al logro reportado en el 2005.

Comportamiento de la tasa de analfabetismo por edad

Como es lógico, el comportamiento del analfabetismo por grupos de edad es variable y como se aprecia en el Censo del 2001, a medida en que aumenta la edad, también aumenta la proporción de personas que son analfabetas. Esta situación debería haberse modificado dada la existencia de políticas educativas dirigidas a la universalización de la educación básica (especialmente la educación primaria) y a la alfabetización de las personas adultas a través de las Misiones.

No obstante, los datos del Censo 2011 nos indican que este comportamiento se mantiene, lo que significa que tenemos que revisar la eficacia de dichas políticas.

Datos del Censo 2011

Porcentaje de la población que es analfabeta por grupos de edad. Elaboración propia con datos del Censo 2011 (*)

Obviamente, de acuerdo a la estructura de nuestra pirámide poblacional, hay muchas menos personas en los grupos de edad más avanzada que en los de los más jóvenes, sin embargo, el problema está en que en el porcentaje de personas analfabetas aumenta con los grupos de edad, a pesar de haber hecho inversiones importantes en políticas de inclusión escolar y de alfabetización de adultos.

En términos absolutos, la tasa registrada en el Censo del 2001, 7,02 %, equivale a 1.082.485 personas y la registrada en el Censo del 2011, 5,23 %, a 1.039.217 personas.

Si hacemos una comparación por edades simples, entre el porcentaje de población que era analfabeta por edad, según lo registrado por el Censo del 2001 y el que registra el Censo del 2011, vemos como, en efecto, para cada edad la proporción de población analfabeta, disminuye un poco, especialmente de los 40-80 años. Esto significa que entre las personas que en el 2011 tenían 40 años, por ejemplo, hay más alfabetas, que entre las que tenían esa edad 10 años antes.

Porcentaje de población analfabeta por edad simple (años cumplidos) contraste entre los censos del 2001 y del 2011

Porcentaje de población analfabeta por edad simple (años cumplidos). Contraste entre los censos del 2001 y del 2011.  Elaboración propia con datos de los Censos 2001 y 2011 (*)

Pero si contrastamos esas edades consigo mismas 10 años después, usando los datos de ambos censos, podemos apreciar que el porcentaje de analfabetas se mantiene, es decir, el porcentaje de analfabetismo es el mismo para quienes tenían 15 años en 2001 y tenían 25 años al momento de realizarse el censo del 2011. Este comportamiento se mantiene en todas las edades, salvo para los mayores de 90 años, para los que se aprecia un aumento, probablemente derivado del incremento en la esperanza de vida de la población en este tiempo.

Porcentaje de la población que es analfabeta por edad simple (años cumplidos). Contraste entre los censos del 2001 y del 2011, 10 años después.

Porcentaje de la población que es analfabeta por edad simple (años cumplidos). Contraste entre los censos del 2001 y del 2011, 10 años después. Elaboración propia con datos de los Censos 2001 y 2011 (*)

Por otra parte, es importante señalar que la mayor proporción de la población analfabeta se ubica en las edades correspondientes a la Población Económicamente Activa (PEA), esto es entre los 15 y los 64 años que es la edad de jubilación oficial de las personas en Venezuela. Si vemos como se comporta ese porcentaje por Entidad, tenemos que en sólo dos Estados, el porcentaje de población analfabeta que es PEA es menor del 60 %, en el resto del país, supera este porcentaje.

Población analfabeta que es Población Económicamente Activa por Estado. Datos del Censo 2011

Población analfabeta que es Población Económicamente Activa por Estado. Elaboración propia con datos del Censo 2011 (*)

Distribución de la población analfabeta en el territorio

Como se aprecia en el mapa anterior, la distribución de la población analfabeta no es homogénea en el territorio nacional, por lo que, a pesar de que la tasa para el país sea de 5,23 %, hay Estados, Municipios y Parroquias que registran tasas menores, pero también mucho mayores que la nacional.

El siguiente gráfico que recoge el comportamiento de la tasa de analfabetismo por entidad federal para el Censo 2011:

Comportamiento de la tasa de analfabetismo por entidad de acuerdo a los datos del Censo del 2011

Comportamiento de la tasa de analfabetismo por entidad de acuerdo a los datos del Censo del 2011. Elaboración propia con datos del Censo 2011. (*)

Como se puede observar, hay sólo 6 entidades que tienen una tasa de analfabetismo menor que la establecida por UNESCO para poder declarar a un territorio como libre de analfabetismo y 10 entidades, incluyendo las 6 primeras que registran una tasa de analfabetismo menor que la nacional. El resto, incluyendo las Dependencias Federales, registran tasas mayores que la nacional, en algunos casos, como Apure y Amazonas, de más del doble de la tasa nacional y como el del Delta, de más del triple.

Adicionalmente, es importante resaltar que hay una diferencia de 14,6 puntos, entre la entidad que tiene la menor tasa de analfabetismo que es Distrito, con 1,81 y la que tiene la mayor tasa del territorio, que es el Delta con 16,4, es decir, que el Delta tiene una tasa 9 veces mayor que la de Distrito.

Si vemos esto en un mapa, podemos notar que las mejores tasas se registran en la región central y en Nueva Esparta. Teniendo las peores tasas en los Estados Apure, Amazonas y Delta Amacuro.

Tasa de analfabetismo por Estado, de acuerdo a los datos del Censo 2011

Tasa de analfabetismo por Estado, de acuerdo a los datos del Censo 2011. Elaboración propia con datos del Censo 2011 (*)

Sin embargo, este comportamiento varía si ponemos la lupa un poco más grande y observamos el comportamiento de la tasa de analfabetismo por municipio. En este caso, encontramos que hay dos municipios en los que se registra la menor tasa de analfabetismo que son el Municipio Mario Briceño Iragorri del Estado Aragua y el Municipio San Diego del Estado Carabobo, ambos tienen una tasa de 1,23 (La tasa nacional es 4,26 veces la de estos municipios)

Distribución del analfabetismo por Municipio, de acuerdo a los datos del Censo 2011

Distribución del analfabetismo por Municipio, de acuerdo a los datos del Censo 2011. Elaboración propia con datos del Censo 2011. (*)

En este mapa se puede apreciar que los municipios con una tasa de analfabetismo menor que 4 %, no se encuentran solamente en la zona central del país. Estos municipios son:

municipios menos de 4b

Municipios con una tasa de analfabetismo menor al 4 %, por rango y por Estado de acuerdo a los datos del Censo 2011. Elaboración propia con datos del Censo 2011 (*)

En el caso de Distrito, como para el Censo corresponde a un sólo municipio, Libertador, si analizamos el comportamiento de esta tasa por parroquias, encontramos que la Parroquia La Candelaria es la que presenta la menor tasa de analfabetismo con un 0,8 %, mientras que la mayor la registra Antímano, con un 3 %. En el caso de Vargas, la parroquia con menor tasa de analfabetismo en Macuto, con 0,95 % y la mayor es Carayaca con 10,79 %.  A diferencia de Libertador, en el que la distancia entre la parroquia con menor tasa de analfabetismo y la mayor apenas supera los 2 puntos, Vargas tiene una diferencia de casi 10 puntos entre su mejor y su peor tasa de analfabetismo por parroquia.

Así como la variación territorial de la tasa de analfabetismo se puede apreciar tanto en la diferencia que existe entre la tasa de cada Estado y la tasa nacional, como en la diferencia que se registra entre la tasa mayor y la menor en cada Estado; mirando a nivel municipal se puede apreciar que los extremos del rango, que entre los Estados iba de 1,8 a 16,41 %, se colocan en el 1,23 %, de los municipios Mario Briceño Iragorri de Aragua y San Diego de Carabobo y el 57,90 % del Municipio Alto Orinoco del Estado Amazonas. Esta tasa, que es la más alta registrada en los municipios a nivel nacional, equivale a 47 veces la más baja y a 11 veces la tasa nacional, lo que pone de relieve la existencia de una mayor desigualdad territorial en el país. Esta relación también se modifica si se pone la lupa en el ámbito parroquial. (3)

Si miramos las diferencias de la tasa de analfabetismo dentro de cada Estado, esto es, la relación que existe entre la tasa municipal mayor y la tasa del Estado, pero también la que existe entre la tasa mayor y la menor registrada en sus municipios, podemos apreciar con mayor detalle el comportamiento de las desigualdades territoriales, intraestadales. En éstas Distrito y Carabobo son las entidades que registran una menor tasa de analfabetismo como entidad, combinada con las menores diferencias internas, mientras que en el otro extremo están Delta y Amazonas que, además de registrar las mayores tasas de analfabetismo entre los Estados, registran las mayores diferencias tanto de su mayor tasa municipal con la tasa del Estado, como entre las tasas municipales mayor y menor. Las relaciones para todos los Estados, se pueden ver en el siguiente cuadro.

inequidades

Tasa de Analfabetismo por Entidad Federal, más la diferencia entre ésta y la tasa municipal mayor de ese Estado y la diferencia entre la tasa municipal mayor y la menor para cada entidad, de acuerdo a los datos del Censo 2011. Para Distrito y Vargas, los cálculos se hicieron tomando los datos de las Parroquias correspondientes. Elaboración propia con datos del Censo 2011. (*)

Finalmente, otra forma de ilustrar las desigualdades territoriales, se obtiene contrastando el comportamiento de la tasa de analfabetismo de cada uno de los municipios del país, con la tasa nacional, tal como se recoge en el siguiente mapa.

Disparidades territoriales por la distribución de la tasa de analfabetismo por municipio, de acuerdo a los datos del Censo 2011

Disparidades territoriales por la distribución de la tasa de analfabetismo por municipio, de acuerdo a los datos del Censo 2011. Elaboración propia con datos del Censo 2011 (*)

Esta primera aproximación permite ilustrar y comprender que para poder medir el estatus del cumplimiento del objetivo 4 del acuerdo de Dakar, no es suficiente con calcular la tasa nacional de analfabetismo, sino que se requiere escudriñar a fondo el comportamiento de este indicador, para revelar la situación real en cada Estado, Municipio y Parroquia.

Estos datos también se pueden contrastar con otras variables que permitan, más allá de hacer una descripción del comportamiento del indicador, analizarlo a fondo. Sin embargo, eso será posible cuando el INE termine de ordenar la data y ponerla a disposición del público a través de su página web y de sus otros mecanismos de suministro de información.

Pero no es solamente la data contenida en el Censo la que nos puede ayudar a comprender las causas del comportamiento actual de esta tasa, también los ciudadanos organizados pueden participar activamente haciendo seguimiento en sus municipios, al funcionamiento de las misiones, a la inversión que desde cada Municipio y Estado se hace en educación y en programas de alfabetización, a cómo llega y se gestiona la que hace el gobierno central a través de sus ministerios. Este es un ámbito de acción ciudadana y desde el Observatorio les invitamos a que participen, a que debatan el tema con sus representantes y gobernantes y a que opinen y suministren información para enriquecer este análisis para todos.

De la misma forma, y dada la cercanía de las elecciones municipales, la invitación es también a los candidatos a concejales y a alcaldes para que analicen esta situación en el ámbito de gobierno en el que se postulan, tengan una idea precisa de su magnitud y elaboren propuestas de acción para incidir en ella de resultar electos.

En próximas entregas se continuará profundizando sobre el tema, por lo que se agradece a quiénes puedan tener información adicional, escribir a oevenezuela@gmail.com

(1) El acuerdo, con los marcos de acción regionales, se encuentra en el siguiente documento en línea: Marco de Acción Dakar

(2) El cuestionario del Censo 2011 puede bajarse de la página del INE o pisando este enlace: Cuestionario del Censo 2011

(3) El comportamiento de la tasa a nivel parroquial será objeto de una entrega posterior.

(*) Todos los datos utilizados en este post se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística (INE), Censos 2001 y 2011, procesados con el mecanismo de Redatam+SP, CEPAL/CELADE 2003-2012 que está disponible en la página del INE.

La resolución 058 y el derecho a la educación


El pasado 16 de octubre de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial número 40.029, mediante decreto ministerial, la resolución 058. Esta crea y regula la organización de las comunidades educativas a través de la figura de los Consejos Educativos y, por tanto, deroga la resolución 751 vigente desde 1986.

Ausencia de un proceso de consulta público y formal

Antes de entrar a precisar algunos elementos de esta resolución y su relación con el derecho a la educación, es importante resaltar que, desde el inicio de este gobierno, se han adelantado varios esfuerzos de modificación de la resolución 751 desde la Dirección Nacional de Comunidades Educativas del MPP para la Educación. Estos esfuerzos fueron, en su mayoría, acompañados de procesos de discusión pública de la propuesta elaborada por el ministerio. En algunos casos la discusión fue producto del conocimiento, por los caminos verdes, de la propuesta que se elaboraba en el ministerio y en otros casos, de la disposición del propio ministerio a debatir en diversos escenarios, el contenido de la misma. Si bien, en uno de los momentos, la Coordinadora Nacional de Comunidades Educativas del MPP para la Educación, en aquel momento, la profesora Xiomara Lucena, recorrió el país participando en foros de discusión y reuniones de trabajo con diversos actores escolares, hasta el momento, no se ha convocado un proceso formal de consulta pública sobre el contenido de esta resolución.

De hecho, dado que se trata de una resolución que dice en su presentación que tiene como propósito la democratización de la gestión educativa, lo lógico es que su elaboración sea producto de un proceso realmente democrático y participativo. Pero más allá del propósito expresado en la presentación de dicha resolución, la naturaleza del cambio que se pretende dar en las escuelas, es de tal magnitud que amerita una consulta pública nacional. En este marco, se considera que un proceso formal de consulta pública, por la naturaleza de la norma que se discute, debe incluir:

  1. La presentación pública y la difusión abierta y masiva del contenido de la propuesta. Esto implica hacer llegar, al menos, a las más de 26.000 escuelas del país, una copia del texto que se somete a consulta.
  2. La creación de una comisión encargada de la consulta. Dada la complejidad del tema y la diversidad de actores participantes en la dinámica de las comunidades educativas, se espera que esta comisión esté conformada por personas de todos los sectores y que mantenga el principio de pluralismo político consagrado en la Constitución Nacional.
  3. El establecimiento de un cronograma de consulta que indique el tiempo para conocer la propuesta; el tiempo para debatirla en el seno de las organizaciones vinculadas al sector educativo; el tiempo para recoger, sistematizar y presentar al país el resultado de la consulta; el tiempo para incorporar las modificaciones producto de la consulta realizada y el momento en el que se espera la promulgación de la resolución definitiva.
  4. El establecimiento de un mecanismo para analizar los aportes y opiniones de los actores vinculados al sector que permita identificar puntos de acuerdo, y divergencia y que permita que las divergencias puedan ser llevadas al debate público para lograr el mayor consenso posible en la redacción final de la resolución.
  5. Las organizaciones vinculadas al sector educativo son: las comunidades educativas de las escuelas, incluyendo sus organizaciones de padres y estudiantes y los consejos de docentes, más las asambleas generales de la comunidad educativa, en el caso que las escuelas lo consideren oportuno; las organizaciones gremiales, tanto las que agrupan a los padres, como las que agrupan a los docentes, trabajadores administrativos y obreros que hacen vida en las organizaciones educativas; las organizaciones gremiales que agrupan a los dueños de planteles educativos; las escuelas de educación de las diversas universidades del país; las organizaciones no gubernamentales, de los ámbitos nacional, regional y local, cuyo propósito central esté relacionado con la educación, las políticas educativas y el funcionamiento de las escuelas; la sub comisión de educación de la Asamblea Nacional; y las Secretarías y Direcciones de Educación de las Alcaldías y Municipios de todo el país.

El propósito: Democratizar la gestión escolar

Democratizar la gestión implica garantizar la participación de las personas que hacen vida en las comunidades educativas en la toma de decisiones que determina la gestión de la escuela. Sin embargo, esta participación puede establecerse mediante varios mecanismos, pero su diseño debe estar precedido por la definición del propósito y el alcance de dicha participación.

Participar para garantizar el derecho a la educación

Cuando se trata del derecho a la educación, es importante tener como premisa que, en términos de derechos humanos, hay tres tipos de titularidad: titularidad de derecho, titularidad de responsabilidades y titularidad de obligaciones.(*)

Titulares de derecho: En el derecho a la educación, las personas, niños, jóvenes y adultos, son, en general, titulares del derecho, esto implica que lo ejercen y demandan su garantía, protección y respeto. (*)

Titulares de responsabilidades: las personas -en tanto miembros de la sociedad- las familias y las organizaciones comunitarias y sociales, en general, son titulares de responsabilidades, lo que implica, en primera instancia, respetar los derechos de los otros ciudadanos y también, velar por la garantía del derecho, exigir su cumplimiento, exigir justicia en caso de violación o de incumplimiento y exigir rendición de cuentas y ajustes de las políticas y presupuestos destinados a la realización del derecho. En este marco, las comunidades y las organizaciones adquieren la responsabilidad de no permitir el trabajo infantil, de promover el empoderamiento de las personas, de asegurar que haya acceso al sistema para todos los niños y jóvenes en edad de cursar la educación obligatoria y de promover y motivar el ejercicio del derecho; y por su parte, las familias, especialmente los padres, tienen la libertad para escoger el tipo de educación para sus hijos, la responsabilidad de incorporar a los niños y jóvenes en la educación obligatoria, de no discriminar por ningún motivo a sus miembros en términos del ejercicio de este derecho, de permitir tiempo para el estudio, así como, de motivar y apoyar a los niños y jóvenes para que ejerzan su derecho. (*)

Titulares de obligaciones: las organizaciones del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, son titulares de las obligaciones que permiten el ejercicio y la realización del derecho. Estas obligaciones incluyen la generación de condiciones materiales y legales, la protección y el respeto del derecho. En el cumplimiento de sus obligaciones, el Estado debe asumir como criterios la igualdad de todos los ciudadanos como titulares del derecho que implica la no discriminación de ningún tipo, pero a la vez, el desarrollo de tratos preferentes para los grupos vulnerables y para los que no pueden ejercer el derecho por sí mismos. En el caso de que no exista la realización plena de un derecho, el Estado está en la obligación de demostrar que está utilizando, para su garantía, todos los recursos disponibles y solicitando asistencia internacional, en caso de ser necesario. (*)

Partiendo de esta estructura de titularidad sobre el derecho a la educación, si se considera a la escuela como la unidad más desagregada del Estado, en términos de la estructura del sistema educativo, es a través de ésta que se concreta la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la educación.

Si las escuelas son de dependencia oficial, es decir, su administración depende una instancia gubernamental, sea esta nacional, estadal o municipal, los trabajadores de la escuela, directivos, docentes, administrativos y obreros, son el brazo ejecutor, los representantes del Estado a través de los que éste ejerce su deber de garantizar el derecho a la educación. Más allá de la escuela como instancia más desagregada del Estado y brazo ejecutor de la política educativa, el Estado tiene como deber garantizar las condiciones que permitan el funcionamiento óptimo de las escuelas bajo su dependencia y que garanticen la calidad de la educación en las escuelas que no lo están.

Por su parte, los padres y representantes actúan como corresponsables del proceso educativo, en primer lugar en el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución que, de acuerdo a su artículo 76 (**) son responsables de formar y educar a niños y jóvenes, lo que comienza con la responsabilidad directa en la formación que se desarrolla en el seno de la familia, más allá de la escuela, y continúa con su corresponsabilidad en lo que sucede en el ámbito escolar lo que, como titulares de responsabilidades, se traduce en acompañar y promover la motivación para el aprovechamiento del proceso educativo que se desarrolla escuela, por parte de los niños y jóvenes, en la medida de las posibilidades de las familias derivadas de sus competencias y habilidades; y en la exigencia al Estado de las condiciones y calidad de la educación que es desarrollada en la escuela.

También hay otros actores de la vida nacional, con expresión nacional, regional y local que, por su rol de titulares de responsabilidad, tienen corresponsabilidad en la educación, tal como está establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación, aunque no necesariamente su acción se exprese dentro del ámbito escolar. Sin embargo, y en términos generales, los ciudadanos, tienen el deber de exigir el cumplimiento del derecho a la educación tal como está establecido en las convenciones internacionales suscritas por el país.

Y finalmente, las personas de todas las edades, como estudiantes, son titulares del derecho y por tanto, en la escuela tienen el deber de ejercerlo y la de demandar su garantía, protección y respeto.

Bajo esta estructura de titularidades, es que debe entenderse la participación en la gestión escolar de los diversos actores que hacen vida en las comunidades educativas.

Por otra parte, si se trata de escuelas de dependencia privada, la responsabilidad del Estado está en garantizar, a través de los mecanismos propios de la supervisión educativa, que los procesos educativos se desarrollen con la calidad y pertinencia que garanticen el debido ejercicio del derecho a la educación de los niños y jóvenes cuyas familias optan por esa opción educativa.

En este marco, es decir, en términos de la educación como derecho humano, democratizar la participación de los actores de las comunidades educativas en las escuelas, pasa por establecer espacios de comunicación y participación en la toma de decisiones que les competa, pero no, necesariamente de convertirlos en responsables y co-ejecutores de la gestión, porque, al convertirlos en responsables y co-ejecutores de la gestión en las escuelas, cambia la calidad de su titularidad con respecto al derecho a la educación y por tanto, deberían cambiar las condiciones de gestión para que pudieran, en efecto, cumplir con las responsabilidades que de ella se derivan. Pero también, y en consecuencia, debería cambiar la relación del Estado con la gestión de las escuelas.

De hecho, si lo que se entiende por democratizar la gestión es que las familias y los actores comunitarios formen parte de la gestión, la figura que se debe utilizar es la conversión de las escuelas oficiales en comunitarias, es decir, la transferencia de las escuelas a las comunidades. Pero esto implica no sólo dar espacio para que participen en algunas decisiones, sino transferir competencias, personal y recursos, para que las escuelas se auto administren. Esta es una figura muy diferente a la que se plantea en la resolución 058 y en su esencia implica la privatización de la gestión de las escuelas.

Si no se acompaña la asignación de responsabilidades con una transferencia de recursos y competencias para tomar decisiones, es imposible para las comunidades educativas, organizadas como Consejos Educativos, tal como lo establece la resolución 058, o no, cumplir con el desarrollo de una educación de calidad, tal como establece la Constitución y lo dictan los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que se desarrolla el derecho a la educación.

La asignación de responsabilidades propias de la naturaleza del Estado como titular de las obligaciones que permiten el ejercicio y la realización del derecho a la educación, se aprecian a lo largo de todo el texto de la resolución 058 en las funciones que establece tanto al Consejo Educativo en general, como a los diversos comités que lo conforman.

Si dichos comités y el propio Consejo Educativo, estuviera conformados fundamentalmente por los empleados del Estado, es decir, directivos, docentes, trabajadores administrativos y obreros, esta resolución sólo tendría unos problemas de forma que hacen engorrosa su instrumentación y el ministerio tendría que revisar los tiempos de contratación y dedicación de dichos empleados, porque obviamente no serían suficientes para desarrollar todas las actividades allí contempladas y además, cumplir con las funciones que son propias de sus cargos.

Pero como dichos comités están constituidos por los empleados del Estado, más los otros actores que hacen vida en la escuela, incluyendo a las organizaciones de la comunidad que se relacionan con ella, el resultado de la aplicación de la resolución 058 será  la cesión por parte del Estado, de la responsabilidad que le corresponde como garante del derecho a la educación, pero, como se dijo anteriormente, sin la transferencia de competencias, personal y recursos necesaria para que cada escuela organice su gestión y pueda desarrollar una verdadera educación de calidad. Así, cualquier ciudadano, como titular de responsabilidades, puede exigir a la escuela que cumpla con una educación de calidad desarrollada con ciertas condiciones y características, sin que la escuela pueda dar cumplimiento a ello por no tener, por ejemplo, la personalidad jurídica para ejecutar presupuesto, o para contratar personal, o los recursos para comprar materiales de laboratorio o equipos de computación o pagar la luz, a las madres procesadoras, y un largo etcétera.

Más allá de la esencia, los detalles imposibilitan su instrumentación

Antes de señalar algunos ejemplos que nos permitan ilustrar los detalles que imposibilitan la instrumentación inmediata de esta resolución, es interesante resaltar que, hasta ahora, la misma ha sido presentada como un mecanismo para transformar la democracia representativa en las escuelas en democracia participativa y directa. Sin embargo, los comités está  conformados por personas electas con un período de ejercicio de un año y sujetas a remoción por referendo revocatorio. Esta fórmula, permita seleccionar a voceros o a “representantes”, es una fórmula de ejercicio de democracia representativa con un componente de democracia asamblearia, que se expresa en la forma en la que se pueden funcionar los comités y en la presencia de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos como la instancia máxima de toma de decisiones para la gestión escolar.

Dicho esto, retomemos los problemas de instrumentación de la resolución 058. Como se dijo anteriormente, los problemas de esta resolución no se restringen a los cambios esenciales en términos de responsabilidades y obligaciones con respecto al derecho a la educación. Esta resolución tiene una redacción bastante confusa que no permite a las escuelas su aplicación directa e inmediata. De hecho, si como país creyéramos que el mejor modelo para administrar el sistema educativo y para garantizar el derecho a la educación, fuese la cesión de responsabilidades a las comunidades condicionada a la ausencia de competencias y discreción del gobierno en la dotación de recursos a las escuelas, – que es el modelo que se expresa en la resolución 058- su instrumentación requeriría una reformulación de su texto en muchos aspectos que resultan confusos, en otros en los que existen vacíos y en otros en los que se plantean contradicciones.

A modo de ilustración, entre los comités que conforman el Consejo Educativo, hay uno de Contraloría Social. Por la naturaleza de las funciones asociadas a la contraloría social, ésta se desarrolla desde fuera de las instancias y tiene como propósito el control de la gestión. Sin embargo, en la resolución 058 se plantea como parte de la gestión de la escuela, lo cual contradice su espíritu y la hace, en efecto inválida o inaplicable.

Otro ejemplo está en el comité de Infraestructura y Hábitat Escolar, al que se le asigna la responsabilidad de “impulsar y garantizar que las infraestructuras escolares existentes y las que sean construidas respondan a las normas de accesibilidad y a los criterios de calidad establecidos para la construcción de la planta física escolar”, organizar y desarrollar jornadas permanentes para el mantenimiento y preservación de la planta física, materiales equipos, etc y jornadas para la seguridad, protección y vigilancia de la infraestructura escolar. Estas que son funciones propias de las diversas instancias del Estado, como el propio ministerio, FEDE y las policías, pasan a ser responsabilidad de las escuelas sin que ello esté acompañado de transferencia de recursos para realizar las jornadas de mantenimiento, transferencia de capacidades técnicas para poder garantizar que las construcciones respondan a normas y criterios de calidad establecidos o de competencias y recursos, así como la creación de personalidad jurídica que actualmente las escuelas oficiales no tienen, que permita la contratación de vigilantes que garanticen la seguridad de los bienes e instalaciones de las escuelas las 24 horas los 7 días de la semana.

Finalmente, cabe citar una serie de problemas que se derivan del texto de la resolución y que dificultan su instrumentación y están asociados a la naturaleza de una escuela como organización educativa. Hay funciones técnicas en la escuela que requieren que las personas que las ejerzan tengan preparación específica para ello. La supervisión, como acompañamiento y control de la calidad del proceso de enseñanza, debe desarrollarse por profesionales formados y calificados para ello. Esta función en la escuela la realizan naturalmente los directivos, pero en la resolución 058 se extiende su realización a todos los actores de la comunidad educativa a través del Comité Académico. En este caso, hay una obvia confusión de roles, porque si bien cualquier miembro de la comunidad, que participa en el proceso de enseñanza puede tener alguna opinión que expresar sobre como se desarrolla, las opiniones tienen naturaleza diferente y deben ser consideradas de forma distinta. De hecho, un padre o un estudiante, puede expresar abiertamente que el método utilizado por un maestro no está dando resultados en el proceso de aprendizaje, o que se aleja del interés y la pertinencia de la formación que se persigue en la escuela. Estos son parámetros relacionados con la calidad de la educación que se desarrolla en la escuela. Pero sólo otro docente o un directivo en su función supervisora, puede hacerle observaciones técnicas al docente sobre el desarrollo de una estrategia con sus estudiantes. Son acciones de naturaleza diferente y complementaria. En este caso, democratizar la gestión no puede entenderse por promover que todos intervengan de igual manera, porque hay actividades que son propias a unos roles y no a otros, pero todas son necesarias en la escuela.

Del mismo modo, la organización de una escuela responde a unos criterios de funcionamiento que pueden ser compatibles con una gestión participativa y horizontal, en la que el liderazgo lo ejerce un colectivo con competencias para ello. Pero es muy diferente a plantear un esquema en el que se diluye la dirección de la escuela, su liderazgo y la coordinación de la gestión en el colectivo. Un tipo de estructura refiere a una gestión colegiada y la otra a una gestión asamblearia. Los niveles de participación, los mecanismos, los tiempos y la calificación requerida para la toma de decisiones en una organización que funcione con un régimen asambleario, como la planteada en la resolución 058, hacen inoperante la gestión y ponen en riesgo la gobernanza de la escuela.

Lo sano es postergar su aplicación y hacer una consulta pública nacional

Dado los problemas que existen en la resolución 058 que se derivan de la cesión por parte del Estado, de su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y de lo engorroso que resulta su instrumentación inmediata en las escuelas, por una parte, y por la otra que el texto actual es muy diferente al presentado por el ministerio en oportunidades anteriores y a pesar de que en su disposición transitoria segunda se establezca que la resolución está en proceso de revisión, evaluación y modificación en el período de un año, lo sano es postergar la aplicación y hacer un proceso de consulta pública formal con las características que se señalan al inicio de este texto.

Si estás de acuerdo con hacer esa solicitud formalmente al MPP para la Educación, firma esta solicitud en línea. También puedes hacer comentarios en la página de la solicitud, o hacernos llegar tus inquietudes sobre la resolución y tus propuestas al correo oevenezuela@gmail.com

(*) Ramos, O.; Más allá de la escuela… la sociedad educadora. Capítulo VIII. Educación y derechos humanos; en Ugalde, L., et al; Educación Para Transformar el País. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 2012

(**) El artículo 76 de la Constitución establece que “el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas”

SAME 2012: ¿Con derechos desde el principio?


Este año, la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) está dedicada a la defensa del derecho a la educación de los niños de 0 a 6 años, por lo que su lema es “Con derechos desde el principio”

En Venezuela la educación inicial constituye el primer nivel de la educación básica y de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación vigente: “comprende las etapas de maternal y preescolar destinadas a la educación de niños y niñas con edades comprendidas entre cero y seis años”.

Por otra parte, la Constitución Nacional en su artículo 103 estableció la obligatoriedad de la educación maternal y preescolar y en su artículo 178 le otorgó a los municipios la competencia para la gestión de la educación preescolar.

A 3 años del 2015, que es la fecha en la que el mundo tiene como meta lograr una educación de calidad para todos, encontramos lo siguiente:

1. Sólo el 37, 5 % de los niños entre 0 y 6 años, participan en algún programa educativo.

De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por el INE (1) para el año 2011 se estimaba una población de 4.044.157 niños entre 0 y 6 años, de los que, sólo 1.516.472 son atendidos por algún programa educativo (2), es decir, el 37,5 % de los niños entre 0 y 6 años de edad. En este caso no hacemos referencia a la calidad de la educación en la que participan, requisito indispensable para considerar que efectivamente están realizando su derecho, porque para ello, se requeriría adicionalmente una evaluación de lo que sucede en esos programas y de los logros educativos obtenidos.

2. Sólo el 13,1 % de los niños menores de 3 años son atendidos por algún programa educativo.

Para los niños menores de 3 años, el porcentaje de población atendida por algún programa, baja a 13,1 % a nivel nacional, con variaciones dependiendo de su ubicación geográfica. De acuerdo a lo que se puede apreciar en el mapa siguiente, los estados con menor proporción de población atendida son Anzoátegui y Mérida cuyos porcentajes no alcanzan al 5 % de la población menor de 3 años y los estados con mayor proporción de población atendida son Yacacuy (38,7 %), Falcón (38,6 %) y Cojedes (32,5 %), aunque ninguno alcanza a atender al 40 % de esa población. En estos tres estados la mayor proporción de niños es atendida por programas no convencionales (un poco más del 60 % en el caso de Falcón y Cojedes y el 80 % en el caso del estado Yaracuy; a nivel nacional la educación no convencional atiende solamente al 46 % de este grupo etario).

3. Sólo el 56,3 % de los niños que tienen entre 3 y 6 años participan en algún programa educativo.

Los niños entre 3 y 6 años están en edad de estudiar educación preescolar y a pesar de que desde 1999, la Constitución asignó la competencia de esa etapa a los municipios y el Ministerio de Educación asumió la expansión de la atención como uno de sus proyectos bandera, el sistema sólo ha logrado atender al 56,3 % de los niños en esa edad en todo el país. Tal como se aprecia en el siguiente mapa, la distribución de esa atención no es homogénea, de hecho hay una importante diferencia en el comportamiento de los estados Amazonas, Delta Amacuro y Nueva Esparta, con respecto al resto del país. En estos estados, la incorporación de los niños a algún programa de educación preescolar, supera el 80 % (Amazonas 99,5 %, Delta Amacuro 83 % y Nueva Esparta 80,9 %).

Después de ellos, los estados con mejor atención en esta etapa son Cojedes, Falcón, Miranda y Yaracuy, a los que se suma el Distrito Capital con un poco más del 60 % de los niños incorporados a algún programa educativo. Cabe resaltar, que a diferencia de la etapa maternal, en preescolar, la mayor parte de la atención se da a través de educación convencional. El desempeño más bajo de todos, lo tiene el estado Táchira en el que sólo el 40 % de los niños de 3 a 6 años se encuentran participando en algún programa de educación preescolar.

4. Para el año 2010 habían en todo el país 575 planteles de dependencia municipal, de los que sólo 288 ofrecían educación inicial en alguna de sus etapas.

A pesar de lo establecido en la Constitución de 1999, en el país no se ha registrado una política ni para descentralizar los planteles en los que se dicta educación inicial hacia los municipios, ni para construir nuevos planteles de esa dependencia en todo el territorio y dar cumplimiento al artículo 178, a la vez que garantizar la ampliación de la atención en ese nivel educativo.

La ausencia de estas políticas ha hecho que la oferta de educación de dependencia municipal no crezca, por lo que de los 575 planteles de dependencia municipal, sólo en 288 se ofrece educación inicial. Estos planteles se distribuyen según su tipo de la forma siguiente: 139 son escuelas que ofrecen sólo educación inicial, 145 son escuelas que ofrecen educación inicial y primaria y 4 son unidades educativas, es decir, que ofrecen educación básica completa.

En siguiente mapa se puede apreciar la distribución de municipios y parroquias en las que se ubican las escuelas de educación inicial de dependencia municipal. (En fucsia se resaltan los municipios y en rosado las parroquias de estos, en las que se localizan estas escuelas)

Vista esta data es evidente que Venezuela está muy lejos de garantizar el Derecho a la Educación para Todos desde el principio y que es imprescindible la instrumentación de una política pública, sustentada en descentralización, que permita remontar en el mediano plazo esta brecha y brindar atención a nuestros niños desde la primera infancia.

(1) Nuestra fuente de datos mientras se publican los resultados del Censo

(2) Cifras tomadas de la Memoria y Cuenta del MPP para la Educación

De 3 – 2 y el derecho a la educación de los refugiados


El sábado pasado, de acuerdo a la información suministrada por los medios, la Ministro de Educación anunció que las clases se reiniciarían el lunes 12 de diciembre, y el calendario escolar se extendería hasta el martes 20. (*)

Este anuncio indica que de los 3 días de clase perdidos la semana pasada, sólo se recuperarán 2.

La medida de suspensión de clases fue anunciada por el gobierno nacional, el pasado martes 6 de diciembre. Esta tendría una duración de 24 horas y se aplicó al Distrito Capital y los Estados Mérida, Miranda y Vargas. El miércoles, en horas de la tarde se amplió el lapso otras 24 horas y se extendió la medida al Estado Zulia. Finalmente, la medida se mantuvo también por el día viernes en todas las entidades afectadas, sumando un total de 72 horas sin clases, 48 para el Zulia.

Hasta el sábado, de acuerdo a la información suministrada por el gobierno nacional, había 4.812 familias afectadas. Estas, sumadas a los damnificados por las lluvias del año pasado, dan un total de 29.730 familias, 131.063 personas aproximadamente, que están ubicadas en 918 refugios. (***)

No obstante la reanudación de las clases este lunes 12, el Jefe de la Zona Educativa del Zulia, anunció que unas 95 escuelas, ubicadas en su mayoría en La Guajira, las clases se reanudarán el 9 de enero. (**)

Por sus declaraciones se entiende que algunas de estas escuelas se están utilizando como refugios, por lo que el regreso a clases dependerá realmente de que se haya dado la reubicación de los damnificados, ya sea porque regresaron a sus casas, porque le fueron asignadas nuevas viviendas o porque se cambiaron a otros refugios.

El jefe de Zona, “pidió “apoyo del personal docente, administrativo y obrero de las escuelas donde se suspendieron las clases, para colaborar con los damnificados que estén allí, para proteger y evitar el deterioro de las mismas””. (**)

Sin embargo, un llamado como éste no es suficiente porque, hay que recordar que, entre los 131 mil damnificados hay niños y jóvenes a los que hay que garantizarle todos sus derechos, entre ellos, el derecho a la educación, por lo que se espera que en los refugios se tomen todas las medidas que permitan que ellos sigan asistiendo a sus clases, ya sea en sus escuelas iniciales, en escuelas cercanas a los refugios o en los mismos refugios y que las actividades educativas que se desarrollen en todos los casos sean de calidad, tal como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales en los que se caracteriza el derecho a la educación.

En este tema, como país, nuestra meta debe ser que ni un sólo niño o joven pierda ni un sólo día de clases al año.

(*) ver noticia en: http://www.acn.com.ve/movil/noticia.php?id=37063
(**) ver noticia en: http://zulia.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=1273
(***) ver noticia en: http://m.el-carabobeno.com/index.cfm/articles/show/25064

El PAE falló en 22 de las 24 entidades federales del país


En los dos últimos años escolares (2009-2010 y 2010-2011) se han registrado problemas de funcionamiento en el Programa Alimentario Escolar (PAE) en 22 de las 24 entidades federales del país. En el mapa que se incluye a continuación, se puede apreciar la frecuencia con la que se han presentado, en la prensa de circulación nacional y regional (1), noticias relacionadas con el PAE en estos dos años escolares, incluyendo el período vacacional.

De un total de 129 noticias asociadas al funcionamiento del PAE, 18,6% (24 noticias) corresponde a anuncios realizados por instancias gubernamentales nacionales y regionales y el 81,4 %  restante (105 noticias) a denuncias realizadas por diversos actores del sector educativo.

Sin embargo, en lo que va de año escolar 2010-2011 el número de denuncias por mal funcionamiento del PAE, es mucho mayor al registrado durante el año 2009-2010, como lo muestra el siguiente gráfico: 

Las fallas se derivan de la falta de recursos para pagar a los proveedores y a las madres procesadoras. Las consecuencias, la reducción del horario de clases y en algunos casos, la suspensión de las actividades escolares.

¿Qué es le PAE?

El Programa de Alimentación Escolar existe en Venezuela desde de la década de los 90’s. Fue creado para proveer a niños y jóvenes de una alimentación adecuada y garantizar que la alimentación deficiente no se convirtiera en causal ni de exclusión del sistema educativo, ni de bajo desempeño académico. Este programa tiene como antecedente la beca alimentaria que formaba parte del Plan de Enfrentamiento a la Pobreza elaborado y puesto en marcha en 1989.

Desde entonces y hasta el momento, el apoyo a la alimentación, a través de la red escolar, ha permitido mejorar la nutrición de los niños y jóvenes de los sectores populares y mantenerlos asistiendo al sistema educativo, ya que, el grupo familiar puede administrar mejor los alimentos que compra entre todos los miembros del hogar.

En la instrumentación del programa participan el gobierno (nacional, regional o municipal según sea la dependencia de la escuela), el Instituto Nacional de Nutrición, cooperativas o empresas que proveen los suministros o comidas, madres que procesan los alimentos y algunos miembros del personal docente de la escuela que coordinan y supervisan el momento de la comida. La organización para el desarrollo de este programa en las escuelas, varía dependiendo del ente de adscripción de la escuela, de su tamaño y estructura interna. Sin embargo, los elementos claves del proceso siempre son los mismos: suministro de insumos, preparación de alimentos, organización y supervisión de la preparación e ingesta de comida. A modo de ilustración, se presenta a continuación, la estructura organizativa para la instrumentación del PAE, en una escuela de dependencia municipal (2).

El PAE incluye desayuno, merienda y almuerzo, aunque las tres comidas no se proveen en todas las escuelas.

Naturaleza de las denuncias:

Durante estos dos años escolares, se han registrado 5 denuncias relacionadas al estado de la comida o de los suministros. En el año 2009-2010:

1. El Liceo Bolivariano Rural El Rosario, ubicado en el Estado Bolívar, tuvo problemas en la preparación de alimentos, por lo que el PAE se suspendió en varias oportunidades. La descripción de la problemática, de acuerdo a la prensa, fue la siguiente: la preparación se desarrolla “en condiciones antihigiénicas: los alimentos se preparan al lado de las letrinas y en espacio abierto, estado susceptibles a la acción del viento que arrastra gran cantidad de arena y polvo que rodea al galpón” Adicionalmente, la nota destaca que la comida se prepara con poca agua y con leña provista por las madres procesadoras y los propios alumnos. (marzo 2010)

2. La Unidad Educativa Nacional Bolivariana Estado Vargas, ubicada en Santa Lucía, Estado Miranda, llevaban, al momento de la denuncia, 15 días sin recibir el desayuno debido a que los suministros enviados por Mercal, estaban descompuestos: “harina precocida con gusanos, huevos pasados, hortalizas y frutas podridas, queso ácido y otros productos con cucarachas y excrementos de ratones”. La denuncia fue hecha por miembros del Consejo Comunal del sector, quiénes agregaron que después de realizar el reclamo, siguieron recibiendo insumos en mal estado. (junio 2010)

Durante el lapso vacacional e iniciando el año escolar 2010-2011, dos diputadas de Consejo Legislativo del Estado Carabobo solicitaron una investigación ante la Fiscalía General de la República porque la leche que estaba entregando PDVAL al PAE estaba empaquetada sin ningún tipo de identificación, ni fecha de producción y caducidad. Las Diputadas tomaban como referencia los antecedentes de los contenedores de PDVAL que se encontraron con comida podrida y solicitaron a Fiscalía que la Contraloría Sanitaria del Ministerio de Sanidad certificara toda la comida que llegara al PAE. Esta denuncia contó con la Réplica de la Jefe de Zona Educativa de Carabobo, quién descalificó la denuncia de las Diputadas. Hasta el momento, se desconoce la suerte de la solicitud hecha ante la Fiscalía. (3 denuncias entre septiembre y octubre 2010)

Las 100 denuncias restantes están referidas, en su mayoría, a la suspensión del programa por falta de pago a proveedores o a madres procesadoras. El análisis detallado de las mismas, en una segunda entrega.

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