Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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¿Hay condiciones para el inicio del año escolar 2018-2019, el próximo 17 de septiembre, en Venezuela?


Como todo el país sabe, el año escolar 2017-2018, fue un año plagado de problemas y dificultades para el sistema educativo, comenzando por los efectos que tuvieron la hiperinflación, el desabastecimiento, la ausencia de efectivo y las fallas en el transporte público, en la dinámica de vida de las familias y su consecuencia en la asistencia irregular de docentes y estudiantes a las escuelas; pasando por las también reiteradas fallas en los servicios de alimentación, agua y luz que ocasionaron múltiples interrupciones y recortes en el horario de clases; y terminando con las consecuencias de la migración, física y económica, de docentes y estudiantes, más el impacto psicológico por los efectos de la crisis nacional en todos los miembros de las comunidades educativas.

En efecto, en Venezuela, en el último año, la educación ha experimentado una combinación compleja de problemas y impactos que alteraron la organización y el funcionamiento de las escuelas, teniendo como última consecuencia, restricciones en las garantías de varios derechos humanos, comenzando por el ejercicio del derecho a la educación, con la consecuente disminución en los logros y aprendizajes, durante el año escolar pasado.

A continuación, sin pretender hacer una descripción completa y exhaustiva de lo que vivió el sistema educativo durante el año escolar 2017-2018, debido a que es una tarea difícil para la dimensión de un espacio como éste y más con las limitaciones que impone la falta de acceso a la información detallada, por parte del ente rector; y con el propósito de ilustrar lo complejo y multifactorial de la situación vivida, se presentarán los principales y más recurrentes elementos que caracterizaron la dinámica del funcionamiento del sistema educativo, específicamente en el subsistema de educación básica, en Venezuela.

Emergencia humanitaria compleja en el sistema educativo

El sector educativo experimentó problemas derivados, por una parte, de los efectos de la situación nacional y por la otra, de fallas estructurales propias del sistema.

Efectos de la crisis nacional en la educación

Entre los elementos de la crisis nacional que afectaron la organización y el funcionamiento del sistema educativo, tenemos:

1. Interrupciones recurrentes en los servicios de agua potable, luz y comunicaciones –incluyendo conexión a internet-, que tuvieron como consecuencia suspensión de clases o recorte en el horario escolar, disminución de las condiciones sanitarias de las escuelas, y restricciones en el desarrollo de las actividades pedagógicas y administrativas –incluyendo el registro de datos, por parte de las escuelas, en el sistema de información del MPPE. También tuvieron consecuencias en la calidad de vida de las familias, afectando su asistencia a las escuelas y su desempeño educativo.

Estas interrupciones, especialmente en los servicios de agua potable y luz, se han agudizado y extendido, en los últimos meses y se han convertido en problemas graves en varios estados del país.

2. Deficiencia o inexistencia de los servicios de seguridad y vigilancia en las zonas en las que se ubican las escuelas, incrementando con ello la inseguridad y, en consecuencia, la realización de hurtos y robos, en las inmediaciones y dentro de las escuelas, así como la presencia de agentes de microtráfico de drogas y grupos delincuenciales.

Al respecto, cabe mencionar que, hasta el momento, la respuesta más estructurada que se ha instrumentado desde el Estado, es un “Plan Piloto de Monitoreo para la Seguridad Escolar”, diseñado por FEDE y comenzado a instrumentar a finales de agosto, pero en una muy pequeña muestra de planteles, en total y de acuerdo a la información oficial, son 18 planteles distribuidos en varios estados del país (Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira y Trujillo) y en el Distrito Capital.

3. Restricciones en el servicio de transporte público por disminución en el número de unidades activas y por reducción de las rutas y su alcance territorial. En este caso, se han instrumentado dos tipos de respuesta: habilitación de vehículos no aptos para el transporte seguro, como las denominadas coloquialmente “perreras”, y la incorporación de unidades por parte de algunos entes regionales.

4. Aumento exponencial de los costos y disminución de la capacidad adquisitiva de las familias para cubrir los costos de alimentación diaria y la canasta familiar, así como los costos de transporte para trasladarse a las escuelas.

5. Ausencia de efectivo y restricción en otras formas de pago, con la consecuente reducción de la capacidad, por parte de estudiantes, docentes y demás trabajadores, de asumir el pago del servicio del transporte público, así como la adquisición de algunos productos de la canasta familiar, aun teniendo los recursos económicos para ello.

6. Desabastecimiento de insumos clave en la canasta familiar y de medicamentos.

7. Reducción en la capacidad de atención y en las condiciones e insumos de los servicios de salud pública.

8. Rupturas o fragmentación de las familias de estudiantes y docentes, como consecuencia de actos de violencia y de migración de sus miembros.

Fallas estructurales propias del sistema

Entre los elementos derivados de fallas estructurales propias del sistema educativo, podemos citar:

1. Eliminación progresiva de la condición de gratuidad de la educación en las escuelas de dependencia oficial. Como ya se ha explicado en otras publicaciones, la gratuidad en la educación básica, además de ser una condición obligatoria del sistema, se evalúa a partir de los elementos de la canasta educativa que son 5: costos de inscripción y matrícula, alimentación en tiempo escolar, transporte, uniformes y útiles escolares.
Cuando las familias tienen que asumir de forma total o parcial, los elementos que constituyen dicha canasta, no se puede considerar que la educación sea efectivamente gratuita.

En nuestro caso, como también se señaló con anterioridad, hay costos adicionales a los considerados en la canasta educativa que, por deficiencias en el funcionamiento del sistema, han recaído en las familias -incluyendo a los estudiantes-, y también en los docentes, agravando el problema de gratuidad de la educación.

Entre estos costos cabe destacar, la inversión en horas de trabajo y de recursos económicos, -en adquisición y donación de insumos de limpieza- en las jornadas de mantenimiento menor convocadas por el MPPE y que son denominadas, entre otras, como “Una Gota de Amor para tu Escuela”; el financiamiento del alquiler de unidades de transporte acondicionadas para el traslado de los insumos del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) a las escuelas; los trabajos de reparación de equipos de cocina y refrigeración, también utilizados en el SAE, así como de equipos y mobiliario de diverso tipo de las escuelas; y la adquisición de papelería e insumos y materiales de oficina.

2. En cuanto a los costos de transporte que deben cubrir los miembros de las comunidades educativas, es importante señalar que el sistema educativo oficial, en su mayoría, no cuenta con transporte escolar, lo cual dificulta el acceso a la educación. En algunas regiones del país, ese problema se ve agravado porque la ubicación de las escuelas, no cumple con los estándares de distancia mínima, que faciliten el acceso de los estudiantes, sin hacer uso de un sistema de transporte.

3. Además de tener que cubrir, con horas de trabajo no remuneradas y con recursos para los elementos señalados en el primer punto, los docentes no cuentan con condiciones de trabajo e ingresos adecuados a la labor que cumplen, ni que les permitan cubrir los costos de la canasta familiar, lo que también contribuyó al incremento de las inasistencias recurrentes.

4. Déficit en la cantidad y calidad del equipo docente de las escuelas. Este es un problema que, como también hemos comentado en otras publicaciones, se ha venido desarrollando en Venezuela, desde hace años, con la lamentable consecuencia de que muchos estudiantes han recibido certificación de estudios y calificaciones, sin haber cursado determinadas asignaturas en bachillerato.

Con la situación migratoria, espacial y laboral, que se dio en el gremio docente, el año escolar pasado, el déficit se ha incrementado y sus consecuencias se agudizaron, debido a que, la insuficiente cantidad de docentes para todas las secciones por año y por grado que se ofrecen en las escuelas, se ha intentado resolver parcialmente, con personal que cumple funciones docentes, pero no está calificado para ello; en algunos casos se trata de miembros de la comunidad supliendo las faltas recurrentes o definitivas de los docentes; y en otros se trata de la incorporación de beneficiarios del programa “chamba juvenil” que no cuentan con las competencias ni los conocimientos adecuados, por la corta y precaria formación que recibieron antes de entrar en ejercicio.

En este punto, es importante señalar, que un agravante de la situación específicamente relacionado con las inasistencias recurrentes de los docentes, derivadas de los elementos de la crisis nacional, es la imposibilidad de tomar previsiones que permitan a los suplentes ocasionales, mantener la continuidad en los procesos de aprendizaje, lo que tiene efectos directos en la calidad de la educación y en el alcance de los aprendizajes que se logran en las escuelas.

5. Adicionalmente, por un precario programa de construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, la oferta educativa es insuficiente y en muchos casos, no cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, por daños en la infraestructura, en los equipos de uso ambiental (aires y ventiladores), o en el mobiliario de las aulas y laboratorios, lo cual entorpece el buen funcionamiento de las escuelas.

6. Otro programa con múltiples problemas en su diseño e instrumentación, que son agravados por los problemas de abastecimiento que se mencionaron en la sección anterior, es el del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) que no garantiza alimentación permanente, ni con la calidad nutricional adecuada, en las escuelas, a lo largo del año escolar.

7. Reiterados problemas derivados de un manejo deficiente de la política curricular impulsada desde el ente rector. Nos referimos en este caso a:

  • Producción de textos y recursos pedagógicos que no cumplen con la disposición contenida en el artículo 102 de la Constitución, de promover una formación crítica que respete todas las corrientes del pensamiento.
  • Promoción de una lógica y lenguaje de guerra, contraviniendo la construcción de una cultura de convivencia y paz, tal como se establece también en la Constitución.
  • Desorganización e improvisación en el desarrollo de modificaciones curriculares, especialmente en educación media, que tuvieron como consecuencia la imposibilidad de aplicación y la confusión en muchos liceos, restringiendo las oportunidades de tener una educación de calidad para los estudiantes.

8. Finalmente, es necesario mencionar la restricción recurrente de derechos concomitantes al derecho a la educación, a los miembros de las comunidades educativas. Nos referimos a los derechos a la manifestación y a la libre asociación de los diversos gremios del sector, que ha sido acompañada por la promoción de organizaciones afines al gobierno, como las organizaciones gremiales reconocidas oficialmente, en el sistema.

En esa misma lógica, se requiere mencionar la utilización de tiempo de funcionarios del sistema, así como de los medios de comunicación oficiales del Estado, para promover la participación de los miembros de las comunidades educativas, en actos de proselitismo político y para difundir mensajes con contenido político partidista específico.

Consecuencias para los estudiantes

En términos generales, los factores, externos y estructurales del sistema, mencionados en las secciones anteriores, tienen como consecuencias en, y para, los estudiantes, entre otras:

1. Disminución de la capacidad de atención, concentración y aprendizaje por deficiencias en la alimentación, por problemas de salud y por los efectos de sufrir angustia psicosocial y los traumas psicológicos asociados a los impactos de las situaciones familiares y de seguridad.

Los efectos físicos y psicológicos de la situación nacional afectan a los niños, niñas y jóvenes, más allá de sus consecuencias en el proceso de aprendizaje en las escuelas. En muchos casos la angustia se produce, directa o indirectamente, por la incertidumbre en la provisión de alimentos en el hogar, o porque se ven obligados a buscar empleo, a recurrir a la mendicidad o a hurgar en la basura, para conseguir alimentos y recursos.

En cuanto a los efectos físicos, es importante señalar que en diversas escuelas se registraron desmayos de estudiantes durante la realización de los actos cívicos al inicio de la jornada escolar, por deficiencias en la nutrición.

2. Inasistencias recurrentes, que agregan como factor adicional a la perturbación de la dinámica en las escuelas, la ruptura en la continuidad del proceso de aprendizaje y que tiene como consecuencia: la disminución del tiempo efectivo dedicado a las actividades escolares y la carencia de actividades estructuradas, restringiendo o disminuyendo la calidad de los procesos pedagógicos, y en consecuencia el alcance y la completitud de los aprendizajes.

3. Disminución de las condiciones y recursos de las escuelas por fallas en los servicios, por hurtos y robos, por ausencia del personal docente calificado, lo que también restringe las oportunidades de contar con procesos pedagógicos de calidad por las deficiencias en las condiciones mencionadas.

4. Falta de recursos de los estudiantes para desarrollar actividades pedagógicas o tareas, fuera de las escuelas o en sus casas.

5. Disminución del tiempo escolar y de los aprendizajes relevantes por la incorporación de contenidos de baja calidad o no pertinentes, así como de incertidumbre y confusión por improvisación en las pautas curriculares y sus modificaciones y por suspensión innecesaria de actividades para la realización de elecciones y para la asistencia de miembros de las comunidades educativas a actividades político partidistas.

6. La combinación de estos efectos, tiene como última consecuencia la limitación del desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

¿Y los problemas derivados de las inundaciones?

Como es conocido también por todos, además de lo sucedido durante el año escolar 2017-2018, en el período de vacaciones, más de 25 municipios, en más de 7 estados del país han sufrido inundaciones, dejando a miles de familias, temporalmente, con viviendas en condiciones de inhabitabilidad o en estado de pérdida, incluyendo sus alimentos, medicinas, muebles y ropa; en algunos casos, las pérdidas incluyeron cosechas, así como semillas y condiciones para retomar las siembras.

En esos municipios, hay a extensas zonas con problemas de comunicación, falta de electricidad, restricciones de medicinas, agua potable y de alimentos; además de con problemas de contaminación y sanitarios, con riesgos o con brotes de epidemias en curso (sarampión, malaria, dengue, afecciones en la piel y estomacales); y con la amenaza de ser víctimas de ataques de animales como caimanes y culebras.

En algunos casos, las inundaciones comenzaron a registrarse antes de que iniciara el período vacacional.

En todos los estados afectados, se encuentran escuelas con infraestructura inundada o que están siendo utilizadas como centros de acopio y refugios.

En el siguiente mapa, se pueden apreciar los municipios y estados con reportes de inundaciones entre el mes de julio y los primeros días de agosto.

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Revisando las fuentes oficiales, para conocer el tipo de atención han recibido los estudiantes que han sido afectados por las inundaciones y los planes de emergencia y previsión que se adelantan desde el MPPE para garantizar que, tanto los estudiantes como las escuelas puedan incorporarse al año escolar 2018-2019, a partir de la semana que viene, encontramos poca o inexistente información oficial.

En efecto, en la página del MPPE, en su sección de noticias, encontramos poquísimas referencias a la atención a la emergencia provocada por las lluvias en los estados afectados. Aunque sí encontramos información sobre otras iniciativas desarrolladas en algunos de esos estados, como la realización del Plan Agosto de Escuelas Abiertas en algunas de sus escuelas.

Tampoco encontramos datos que indicaran cambios importantes en los proyectos instrumentados durante el período vacacional, para atender los problemas ocasionados por las inundaciones, a pesar de ser evidente la necesidad de llevar a cabo acciones de emergencia, con miras al cercano inicio del año escolar.

En el caso del Estado Amazonas, que es uno de los más afectados por las inundaciones, encontramos que específicamente, con relación a la atención a las condiciones de la infraestructura educativa, en una nota de prensa del 29 de junio, se anunciaba que, desde las instancias responsables del mantenimiento de la infraestructura escolar, se proyectaba atender 65 escuelas con el programa “Una Gota de Amor Para Mi Escuela”.

Esa cifra, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles -que son los del año escolar 2014-2015, contenidos en la última Memoria y Cuenta publicada-, corresponde al 15% del total de escuelas que había en ese estado en ese año escolar; que equivalen al 15,6% de las escuelas oficiales y al 45,5% de las escuelas que dependen directamente del MPPE.

De acuerdo a las mencionadas cifras, en el Estado Amazonas, había, en el año escolar 2014-2015, 434 escuelas, de las cuales 418 eran de dependencia oficial, 143 de dependencia nacional (directamente del MPPE), 271 estadales, 4 municipales y 16 escuelas privadas.

Eso indica que, con el programa con el que oficialmente se atiende el mantenimiento menor de las escuelas en el sistema educativo, estaba programado atender menos del 50% de las escuelas que dependen directamente del MPPE, en esa entidad.

Posteriormente, el 3 de septiembre, se reportó que se había terminado el mantenimiento solamente en 16 de esas escuelas y que continuaba en ejecución en 7 escuelas más. Las escuelas atendidas hasta ese momento, eran todas, de acuerdo a la información publicada, del Municipio Atures, que es el municipio con mayor población del estado.

Eso significa que, de las 65 escuelas proyectadas, se logró culminar, hasta el 3 de septiembre, solamente el 24,6% y estaba en ejecución un 10,8% más, lo que daría como resultado que, de las 65 solamente se lograron atender el 35,4 % de las escuelas proyectadas; y que tomando como referencia las cifras del año escolar 2014-2015, citadas anteriormente, estaríamos hablando de una atención efectiva del 16,1%, de las escuelas nacionales del Estado Amazonas, incluyendo en el cálculo, las 7 escuelas que aún se encuentran en proceso de ejecución.

No obstante, esa cifra corresponde solamente a las escuelas atendidas por el programa y que estaban programadas antes de presentarse la situación ocasionada por las inundaciones.

Dada la falta de información, y como respuesta a la situación derivada de las inundaciones, es imperioso que el MPPE informe al país: ¿Cuántas de las escuelas del Estado Amazonas fueron efectivamente afectadas por las inundaciones, cuántas han sido recuperadas y cuántas fueron utilizadas y siguen funcionando como refugios y centros de acopio? ¿Cómo se programa atender a los estudiantes de las escuelas afectadas o utilizadas como refugios y centros de acopio, a partir del próximo lunes, 17 de septiembre?

Es necesario que el MPPE suministre al país, la misma información para todos los municipios de todos los estados con zonas afectadas por inundaciones.

También, es importante que el MPPE informe al país: ¿cómo ha sido la atención hasta ahora a los niños y jóvenes de todos los municipios afectados en cuando a las limitaciones de alimentación, las restricciones de agua potable, la falta de medicamentos, los brotes de enfermedades y las pérdidas de viviendas y bienes?; ¿cómo será la atención y el acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes que no estén en condiciones de regresar a la escuela?; ¿qué estrategias se utilizarán para facilitar su reincorporación?, ¿qué estrategias y planes concretos se instrumentarán para facilitar y garantizar la asistencia de los docentes a las escuela? tomando en consideración, para todos los miembros de la comunidad educativa, los casos en los que perdieron sus viviendas, o perdieron sus bienes, en los que se han enfermado o en los que son víctimas de traumas por las condiciones de privación y de pésima calidad en la que se desarrollan sus vidas producto de las inundaciones.

¿Qué debería haber hecho el MPPE durante agosto y la primera quincena de septiembre?

Frente a esa situación descrita en las secciones anteriores que incluye tanto los efectos de la crisis nacional en la vida de los miembros de las comunidades educativas, y en el funcionamiento del sistema educativo, como los problemas estructurales del sistema; así como las consecuencias de las inundaciones en una parte del territorio nacional, que se puede catalogar como parte de la emergencia humanitaria compleja registrada en Venezuela, se esperaría que el Estado, a través del ente rector del sistema educativo y apoyándose de todos los organismos competentes, hubiera empleado el mes de agosto y la primera quincena de septiembre, para realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación, escuela por escuela, que permitiera saber en qué condiciones está el sistema educativo, en cuanto a:

1. Condiciones reales de la infraestructura escolar, más allá del “embellecimiento” de algunos espacios y del mantenimiento menor de otros, con un estudio especial de las condiciones de la infraestructura en las zonas con inundaciones.

2. Condiciones de la dotación de recursos pedagógicos, de equipos y suministros para el funcionamiento de la escuela, así como de los equipos, mobiliario y utensilios para la alimentación escolar.

3. Funcionamiento real de los servicios de agua potable y de electricidad en las escuelas, así como los servicios de comunicaciones, incluyendo la conexión a internet. Tomando en consideración la localización de escuelas en las zonas en las que se han registrado fallas recurrentes, que se han incrementado en los últimos meses, o en las zonas en las que las fallas se derivaron de las inundaciones, y para los que, además, no existen planes de restauración cercana.

4. El estado real de la planta docente, que indique cuántos profesionales de la educación, con certificación y formación adecuada se mantienen en el sistema, cuántos suplentes y personal no calificado para ejercer dicha función ha sido incorporado a las escuelas y cuántos serán necesarios para garantizar que todas las secciones, años y grados, tengan un docente a cargo.

5. También se debió hacer una evaluación de la asistencia de docentes y estudiantes, el año escolar pasado, que permitiera tener una real dimensión del problema de inasistencias recurrentes, las causas más frecuentes, así como, sus efectos sobre la planificación docente y la disminución del tiempo escolar efectivo.

6. De igual manera, se pudo aprovechar este tiempo para hacer una primera aproximación a la identificación de los efectos psicológicos de la crisis en docentes y estudiantes, que permitiera, en un primer momento, identificar zonas y escuelas en las que se deberá prestar mayor atención para detectar y atender casos en el próximo año escolar.

7. De forma complementaria y para desarrollar planes de restauración de los aprendizajes perdidos, en el caso de los estudiantes, así como para desarrollar programas específicos de formación docente, se debió aprovechar este mes y medio, para diseñar dos evaluaciones estandarizadas y aplicadas en todas las escuelas del país.

  • Una evaluación estandarizada de los aprendizajes alcanzados por cada uno de los estudiantes de educación básica, tomando como referente lo que debió aprender para obtener la certificación que se le otorgó el año escolar pasado y que lo promovió al grado y año que cursará a partir del 17 de septiembre, para los estudiantes de primaria, y del 1 de octubre, para los estudiantes de bachillerato; que permita saber con qué base real cuenta para el inicio de su formación este próximo año escolar.
  • Una evaluación de conocimiento de lo que le corresponde enseñar y de competencias pedagógicas, que tiene actualmente cada profesor y maestro.

Con los resultados de ese diagnóstico, el MPPE podría diseñar programas para:

1. Apoyar a docentes y estudiantes para que puedan asistir regularmente a las escuelas, minimizando los efectos de las limitaciones económicas y los problemas de transporte.

2. Acompañar profesionalmente a las personas, sin formación docente, que estarán cumpliendo esa función en las escuelas en próximo año escolar.

3. Reforzar los programas de mejoramiento profesional de los docentes en ejercicio, enfocando la oferta a las necesidades específicas detectadas en la evaluación estandarizada.

4. Regularizar la prestación del servicio y mejorar la calidad nutricional del Sistema de Alimentación Escolar.

5. Promover y acompañar la reinserción de los estudiantes que se vieron en la obligación de abandonar sus estudios.

6. Desarrollar planes especiales para la formación de los estudiantes que, por razones de fuerza mayor, no puedan reincorporarse a las escuelas, pero puedan acceder a la educación en otras modalidades.

7. Desarrollar programas de atención específicamente diseñados para dar respuesta y atender a toda la población que se encuentra en zonas afectadas por las inundaciones, de acuerdo a las peculiaridades que se tengan en cada caso.

8. Acompañar y formar a los docentes en la atención y el apoyo a los estudiantes que experimentan angustia y traumas psicológicos, producto de los diversos impactos de la crisis en sus vidas.

9. Ampliar y completar los esfuerzos que se están comenzando a hacer para mejorar la seguridad en las escuelas, pero incluyendo también la atención a los problemas ocasionados por la penetración del microtráfico de drogas y las bandas delincuenciales a las escuelas.

10. Generar estrategias de reorganización del horario escolar, para que no se disminuya el tiempo de aprendizaje, por los problemas relacionados con las fallas en los servicios básicos y para compensar las horas perdidas con horas complementarias en otros días y horarios.

11. Establecer una estrategia dirigida a revertir los impactos negativos de los problemas experimentados el año escolar pasado, especialmente para la restauración de los aprendizajes que no se lograron, por los problemas estructurales del sistema educativo, y por los efectos de la crisis en la vida de las familias y las escuelas.

Es menester recordar que es obligación del Estado, la garantía del derecho a la educación, por lo que se espera que en momentos de dificultades como los que se están experimentando en Venezuela, dificultades que pueden catalogarse como emergencia humanitaria compleja, la acción del Estado no se remita a anunciar el inicio del año y esperar que la “mística” de las comunidades educativas puedan resolver los problemas y garantizar el funcionamiento de las escuelas, sino que asumiendo su obligación, diseñe los programas necesarios para atender la situación y garantizar efectivamente el funcionamiento óptimo de las escuelas, así como que se alcancen los aprendizajes esperados; y en un caso como el que nos ocupa, apoyar a las familias, docentes y estudiantes, para que puedan superar las dificultades e incorporarse efectivamente a la dinámica escolar.

 

¡Así van las cuentas: perdidos 6 días de clase! En #Venezuela #QueremosClases


En la publicación anterior, reseñamos que, hasta la fecha, se han perdido 11 días de clases en las escuelas. De ellos, 6 días se perdieron en el marco de la política de ahorro energético adelantada por el Ejecutivo Nacional a través de 3 decretos. En la siguiente infografía te presentamos los decretos con la información asociada:

6diasdeclase

 

Es importante resaltar que, al momento de promulgar el Decreto 2.303, el ejecutivo anunció la suspensión de las clases los días 29 de abril y 6 de mayo. Sin embargo, el artículo 1 del decreto, establece la duración del “régimen especial” desde el 27/04, hasta el próximo viernes 13/05:

“Artículo 1 °. Se establece un régimen especial de días No Laborables, de carácter transitorio, a ser aplicado a partir del día miércoles 27 de abril de 2016, y hasta el viernes 13 de mayo de 2016, como consecuencia de los efectos negativos del fenómeno El Niño sobre los niveles de disponibilidad del volumen de agua almacenada en la Represa de Gurí, que sirve a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en el estado Bolívar (…)”

La duración establecida en el decreto, más lo afirmado en el último párrafo del mismo artículo 1 del decreto:

“La declaratoria efectuada en el presente artículo podrá ser extendida por el plazo que se estime necesario, hasta tanto se regularice la capacidad de generación de energía y se disipen los riesgos de ser afectada la prestación oportuna y eficiente del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.”

hace que muchas comunidades educativas rechacen:

  1. La potencial suspensión de clases el viernes 13 de mayo.
  2. La potencial extensión del plazo establecido en el decreto, específicamente, la extensión de la suspensión de clases los viernes hasta que “se regularice la capacidad de generación de energía y se disipen los riesgos de ser afectada la prestación oportuna y eficiente del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.”
  3. La falta de información oportuna por parte del Ministerio de Educación sobre las medidas del ejecutivo, en el marco de la crisis eléctrica, que afectarán a las escuelas.
  4. La ausencia de información sistematizada sobre la pérdida de horas y días de clases, escuela por escuela, producto de la suspensión parcial o total de la jornada por apagones y por la inclusión de las escuelas en los cortes por racionamiento en bloques, establecidos Corpoelec. (Consideramos que dicha sistematización debe incluir también, las pérdidas de clases por inseguridad -robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas- y por falta de agua).
  5. La ausencia de un plan integral que permita recuperar el tiempo perdido, restableciendo el pleno ejercicio del derecho a la educación y garantizando que la educación sea efectivamente de calidad.

Ante la incertidumbre que produce la falta de información oportuna por parte del Ministerio, la amenaza de la extensión de las medidas del ejecutivo que afectarán la actividad de las escuelas y el calendario escolar, y las reiterada violación al derecho a la educación y la restricción al derecho que los padres y las familias tienen para ejercer su deberes, es imperativo que:

  1. Se modifique el Decreto 2.203 de 26 de abril de 2016, excluyendo al sector educativo, público y privado, del sub-sistema de Educación Básica.
  2. El Ministerio de Educación elabore y presente al país, un balance de la situación que contenga un inventario del tiempo de clases perdido, escuela por escuela, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.
  3. Un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.
  4. Una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la formación.

¡En #Venezuela #QueremosClases!

 

 

En #Venezuela queremos #ClasesMañana


Como el país sabe, el 26 de abril en la noche, el ejecutivo anunció al país que, como parte del plan de ahorro energético, cuya extensión se concretaba mediante el Decreto 2.294, se incluía la suspensión de dos viernes de clases en todas las escuelas del sub-sistema de Educación Básica: el pasado viernes 29 de abril y mañana 6 de mayo.

En el post pasado, mencionamos las razones por las que, esa medida, es considerada una violación al derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Si quieren ver los detalles, pueden hacerlo en el siguiente enlace: La suspensión de clases viola el Derecho a la Educación.

Ante una medida como la anunciada, las reacciones de padres, gremios docentes y gremios de educación privada, así como las de otras organizaciones educativas y defensoras de los derechos humanos, no se hicieron esperar. La solicitud en la que la mayoría coincide, es en la modificación del Decreto 2.294 para excluir a las escuelas y garantizar que no se pierda ni un día de clase más.

Si recordamos el calendario escolar, hasta la fecha, se han perdido 11 días de clases:

5 días, 1, 2, 3, 4 y 7 de diciembre, por elecciones.
3 días, 21, 22 y 23 de marzo, adicionales a los feriados de Semana Santa.
3 días, 18 y 29 de abril, más 6 de mayo, declarados no laborales por ahorro energético.

En total, son 11 días considerados como días de clases en el calendario inicial. De ellos, en sólo 2 se justificaría la suspensión, de acuerdo a los días que son realmente necesarios para la realización de los procesos electorales.

Pero además, no entran en esas cuentas, los días de clases que han sido suspendidos, a lo largo del año escolar, por las razones citadas en el post anterior y que se han convertido en hechos recurrentes en las escuelas a nivel nacional: a) inseguridad en el país, ha tenido como consecuencia el robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas y en algunos casos, asaltos en momentos de actividades escolares; b) suspensión parcial o total de la jornada por falta de agua; c) suspensión parcial o total de la jornada por apagones; y d) inclusión de las escuelas en los cortes por racionamiento que, dado su pésimo diseño, incluye cortes inesperados fuera del cronograma señalado por Corpoelec.

Como también dijimos en el post pasado, esta situación amerita, atención integral e inmediata del Estado, por lo que seguimos esperando del Ministerio:

  1. Un balance de la situación, un inventario del tiempo de clases perdido, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.
  2. Un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.
  3. Una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la formación.

En su lugar, el ente rector ha ratificado la medida y sus voceros han insistido en que la misma no altera la “calidad escolar”. En el siguiente enlace pueden leer las primeras declaraciones del Ministro: Ministro de Educación: Medida de suspensión de clases los viernes no altera la calidad escolar.

Pero, como mencionamos al inicio, esta medida no cuenta con el acuerdo de actores y organizaciones del sector educativo. A continuación presentamos las posiciones sobre la medida, expresadas públicamente por diversas organizaciones, recogidas, en estos días.

ONG del sector educativo y defensoras de los derechos humanos

Un total de 26 organizaciones, gremiales y de investigación del sector educativo y organizaciones defensoras de derechos humanos, suscribieron la siguiente posición, en un esfuerzo coordinado por FENASOPADRES:

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Adicionalmente, encontramos la posición de Padres Organizados (que fue presentada con anticipación a la iniciativa anterior, que este movimiento suscribe) y una iniciativa de Sociedades de Padres de alrededor de la 11 planteles privados.

La posición de Padres Organizados

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La iniciativa de las Sociedades de Padres de alrededor de 11 planteles privados

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Hasta el momento sabemos que la carta, acompañada por las firmas de los padres de los planteles, fue entregada el día martes 3 de mayo, ante autoridades de la Zona Educativa del Estado Miranda y que éstos ofrecieron hacerla llegar al Ministerio. Se espera una respuesta oficial, en los próximos días. Si

 

Los gremios docentes

Como pudieron apreciar en el documento presentado por las 26 ONG, estaban incluidos algunos gremios docentes. Además de ellos, encontramos unas declaraciones a los medios, de voceros de la Federación Venezolana de Maestros. Las declaraciones las podrán leer en los siguientes enlaces:

Orlando Alzuru: Suspensión de clases afecta la calidad educativa

Docentes en desacuerdo con suspender clases los viernes

Los gremios de educación privada

Tanto ANDIEP, como CAVEP, expresaron a través de comunicaciones oficiales su posición sobre la medida. A continuación podrán leer la posición de ambos gremios:

La posición de CAVEP

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La posición de ANDIEP

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Todas las organizaciones coinciden en la importancia de garantizar cada día de clases y la necesidad de no perder ni un día más. Para ello, la mayoría exhorta al ejecutivo a modificar el decreto y reinstalar las clases mañana viernes 6 de mayo.

Esperamos que el Ministerio de respuesta a todas estas organizaciones y asuma su rol como garante del derecho a la educación en Venezuela, lo que para él, como ente rector, se traduce en la obligación, entre otras cosas, de no se suspendan clases en las escuelas.

Es por ello que le decimos:

¡Ministro, en #Venezuela queremos #ClasesMañana!

La suspensión de clases viola el Derecho a la Educación


Anoche, con este tuit, el Ministro de Educación, anunció al país la suspensión de clases en las escuelas los próximos 2 viernes, como parte del “plan” de ahorro energético que el gobierno nacional está instrumentando.

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Y en la cuenta oficial del Ministerio, este fue uno de los tuits publicados:

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Podríamos discutir largamente, las causas de la crisis energética que afecta al país en este momento: falta de planificación, mantenimiento, ampliación del sistema, incluyendo los embalses, ausencia de medidas preventivas y educativas para construir una cultura de uso energético más racional y ausencia de planes de conservación ambiental para cuidar nuestros ecosistemas, entre otras. Podríamos hablar de tiempos, porque hace varios lustros que el tema del cambio climático entró en la agenda mundial y el fenómeno de El Niño no comenzó ayer. Si lo hiciéramos concluiríamos que la falta de previsión y la improvisación es la que nos hizo llegar a este punto y no podemos escudarnos en el fenómeno del Niño para justificar la crisis energética y las medidas tomadas.

La improvisación y falta de previsión se quiere resolver a última hora con racionamiento y una campaña en la que, desde el punto de vista del gobierno, usando la etiqueta #ElNiñoNoEsJuego, pareciera insinuar que quién no se toma la situación en serio, es la población.

Entre sus mensajes, el Ministro también afirmó que “esta medida es necesaria para el uso racional de la energía eléctrica, por lo que desde el sector educativo debemos cumplir con disciplina”, por lo que queremos preguntar al Ministro ¿la disciplina se aplica sólo a la suspensión de actividades y no a la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos?

Le recordamos al Ministro que los derechos de los niños tienen prioridad absoluta, de acuerdo a las convenciones internacionales suscritas por Venezuela y tal como está recogido en nuestra legislación, comenzando por la LOPNA.

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El principio de prioridad absoluta implica diseñar una estrategia, dentro del “plan” de racionamiento del gobierno, que permita garantizar, como prioridad, entre otros, el derecho a la educación de los niños y jóvenes.

¿Cómo afecta esta medida el derecho a la educación de nuestros niños?

El decretar dos días menos de clase disminuye los días establecidos en el calendario escolar para el aprendizaje. Son dos días en los que la planificación diseñada por los docentes, no se podrá llevar a cabo y en los que se interrumpe el proceso de enseñanza que viene desarrollándose en las aulas y fuera de ellas.

Una interrupción en el calendario, no puede tomarse a la ligera porque afecta la calidad del proceso que se desarrolla en las aulas. La educación es una labor altamente planificada, y aunque toda planificación es dinámica y flexible, su flexibilidad y dinámica no puede usarse como excusa para cubrir imprevistos que pueden actuar en contra de la calidad de aprendizaje. De hecho, para que la planificación educativa funcione, tiene que desarrollarse con ciertas condiciones.

Ilustremos con un ejemplo: si las clases se suspenden un día entre semana, se pierde la continuidad de las actividades tal como estaban planificadas, por lo que el docente, tiene que modificar su plan de trabajo, tomando tiempo, destinado a otras actividades, para comenzar la jornada siguiente retomando el hilo de lo trabajado y garantizar que los aprendizajes se están desarrollando de manera óptima para todos y cada uno de los estudiantes (hay que recordar que cada estudiante es diferente porque tiene necesidades y formas de aprendizaje peculiares y el docente debe tratar de responder a todas ellas).

Si la suspensión es, como en este caso, el viernes, con lo que se amplía el lapso entre una clase y la siguiente, las actividades para retomar el hilo, también se tienen que reajustar en detrimento del tiempo que estaba planificado para las que correspondía desarrollar el lunes, si no se hubiese dado la suspensión.

Pero además, las actividades que estaban previstas para el día de la suspensión hay que reprogramarlas y rediseñarlas y si no se amplía el tiempo de clase al día o se añade un día al calendario, por cada día perdido, el docente se verá obligado a eliminar actividades para que el tiempo alcance.

Esos detalles, parecen irrelevantes para el Ministerio, son invisibles para el país, pero afectan de hecho la calidad de la educación y de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes.

¿Cómo se ha afectado el derecho a la educación, por la suspensión de clases, hasta ahora?

Si hacemos un recuento rápido sobre lo que hemos vivido durante este año escolar, encontramos que algunas situaciones que venían experimentando nuestras escuelas, se han hecho recurrentes y este año escolar, han incrementado. Citemos las siguientes:

  1. Desde hace años, hemos visto como la inseguridad en el país, ha tenido como consecuencia el robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas. Ya no tenemos reportes esporádicos de escuelas robadas en períodos vacacionales, sino que en cualquier momento del año escolar podemos leer que se robaron el tanque del agua de una escuela, las computadoras y los alimentos. Muchos de esos robos, aunque no quede registro de ello, tienen como consecuencia la suspensión de parte de las actividades escolares y dependiendo de la magnitud, de parte de la jornada de clase o de la jornada completa, por imposibilidad de desarrollar las actividades educativas con las condiciones adecuadas.
  2. También desde hace años, muchos más en algunas regiones del país, el agua falta con frecuencia en las escuelas, por lo que se suspende parcial o totalmente la jornada. (Debemos recordar que hay regiones del país en las que la provisión de agua es muy poco regular, que a veces pasan una semana o más sin agua corriente y en muchos casos, no tienen ni la infraestructura ni los recursos, para surtir a la escuela con camiones).
  3. Desde que se incrementaron los problemas con el sistema eléctrico, también hemos visto como en muchas escuelas se han tenido que suspender clases por apagones. Eso sucede con mayor frecuencia en algunas regiones del país que en otras y en algunas zonas de las ciudades y poblados.
  4. Con el plan de racionamiento, la suspensión de clases afectó a las escuelas aún cuando deberían estar excluidas. En efecto, el pésimo “diseño” del sistema eléctrico y la falta de zonificación en el entramado del cableado, impidió, por una parte, excluir a las escuelas de los cortes por racionamiento, y por la otra, tuvo como consecuencia que en muchas zonas los cortes se hicieran en los bloques que no correspondía. Esto último debido a la falta de información de los técnicos de CORPOELEC sobre la distribución del cableado.

Por los reportes que nos han llegado, sabemos que las aquí citadas, son situaciones recurrentes y extendidas a lo largo y ancho del país, pero lamentablemente, las condiciones en las que se dan y la falta de información oficial, hace que sea imposible contabilizar con precisión la cantidad de escuelas afectadas, especificando la cantidad de días y horas de clase perdidas.

Como se trata de situaciones no planificadas o imprevistos, consecuencia de una mala planificación como en el punto 4, las familias, las escuelas y los docentes, no cuentan con el tiempo para tomar previsiones y minimizar el impacto en la calidad del proceso educativo, o para compensar con ampliación de actividades o con el diseño de actividades complementarias, las interrupciones en el calendario.

Estas situaciones también parecen irrelevantes para el Ministerio y son invisibles para el país, aunque no para las familias y docentes que tienen que vivirlas con frecuencia. Las interrupciones en el calendario y las suspensiones no previstas de clase, como en el caso anterior, afectan de hecho la calidad de la educación y de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes y no pueden ser ni invisibles para el país, ni irrelevantes para el ente a quién corresponde la obligación de garantizar el derecho a la educación en Venezuela.

De forma complementaria, es importante hacer mención a una situación que, ya no por la suspensión o interrupción de clases, afecta la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes y por tanto, la realización del derecho a la educación. Se trata del diseño de los bloques de racionamiento que incluyen horarios que son vitales para la realización de derecho a la educación: el bloque de 4 am a 8 am, que es el que las familias necesitan para acompañar a los niños y jóvenes en su preparación para asistir a las escuelas; y el bloque de la tarde, que es cuando los estudiantes llegan a sus casas y tienen que investigar y realizar actividades de aprendizaje complementarias a las realizadas en el aula.

Al respecto, le preguntamos al Ministro: ¿cómo estudian nuestro niños y jóvenes sin luz en sus casas? ¿cómo hace un docente para decidir y planificar qué día asigna tareas o investigación para la casa, en un grupo de unos 30 niños o jóvenes que viven en zonas con horarios de racionamiento diferentes?

Y ante la ausencia de información oficial, también queremos preguntarle al Ministro: ¿qué pasó con el sistema de información del sistema educativo? porque es bueno, en este contexto recordar que a finales de los 90s, Venezuela contaba con un sistema de información que nos permitía conocer detalles del sistema educativo, incluyendo características de las escuelas, dotación, nómina y estudiantes, entre otras, escuela por escuela y en todo el territorio nacional. Ese sistema fue modificado progresivamente por el ministerio y a pesar de que, en los primeros años de la década pasada, se le hicieron mejoras y se puso a disposición de todos los ciudadanos en internet, como deber ser por tratarse de información pública, posteriormente, se fue reduciendo la información disponible, para terminar cerrando el acceso público en el 2010.

En ese sistema, debería poder tenerse un registro de los días sin clase y sus motivos, porque, esa es información que periódicamente se reporta desde las escuelas. Esa opacidad creciente que el Ministerio ha adoptado como política, adicional a la prohibición expresa que desde hace años le hizo a directores y docentes para que no dieran declaraciones a los medios, ni suministraran información a investigadores, impide que, en un momento como éste, la ciudadanía pueda sistematizar información sobre lo que está sucediendo y hacer la contraloría que le corresponde de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Constitución.

Finalmente, creemos que la situación que se vive en el sistema educativo, producto de la recurrencia de los factores aquí mencionados, no se resuelve con la tradicionalmente utilizada “recomendación” del Ministerio a las escuelas y docentes, de hacer “ajustes” de acuerdo a las condiciones de cada escuela y grupo de estudiantes. Creemos que se trata de una situación de una importancia y gravedad tal, que amerita atención integral e inmediata del Estado

En primer lugar, se requiere un balance de la situación, un inventario del tiempo de clases perdido, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.

En segundo lugar, un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.

Y en tercer lugar, una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la  formación.

 

¿Y entonces ministro? #DDHH


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Eso lo dijo hoy, 1 de diciembre, a la 1 pm, a 13 horas de iniciado el período de suspensión de actividades y a 6 horas del inicio regular de la jornada educativa.

¿Y el derecho a la información oportuna? El derecho de los docentes a ser informados con tiempo para poder ajustar su planificación y el de las familias a tener información oportuna para tomar las debidas previsiones.

¿ y el derecho a la educación de los estudiantes?

Eso no pasaría si el ministro, como muestra en su twitter, en lugar de promover o alcahuetear la participación de funcionarios públicos, en ejercicio de sus cargos, en actividades de campaña electoral -reuniones de “supervisores” para la activación de puntos rojos, o el chequeo de la “maquinaria 1×10” del “sector educativo”, entre otras-, se dedicara a hacer su trabajo como ministro de educación.

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Pues sí: ¡Desde el 1ero de diciembre! #DDHH #Educacion


En efecto, de acuerdo a la web del ministerio, el ministro, por tuiter,  anunció la suspensión de clases para la realización del proceso electoral.

Las clases serán suspendidas desde el primero de diciembre, por lo que el ministerio se estaría tomando 2 días más de lo estrictamente necesario para la realización del proceso electoral. Por otra parte, si bien el ministro señala que la suspensión se realizará solo en las escuelas que funcionan como centros electorales, no se especifica cómo se hará para reprogramar los días perdidos en esos casos.

De acuerdo al anuncio del ministro, y al calendario del CNE, las escuelas podrán reiniciar actividades entre el lunes 7 y el martes 8, por lo que estamos hablando de una pérdida de mínimo 5 días de actividades (máximo de 6 días en las que la entrega del material restante se realice el lunes 7 como está previsto en el calendario del CNE).

Como cada día de clase es importante para la realización del derecho a la educación, no resulta dato irrelevante que haya un tratamiento diferenciado en los días de clases ofrecidos en las escuelas, dependiendo de si éstas funcionan o no como centros electorales. De hecho es obligatorio recuperar esos días perdidos, mucho más cuando el período de suspensión de actividades por el proceso electoral no estaba incluido en el calendario -lo que hubiese permitido a esas escuelas tomar previsiones en su planificación- y cuando el anuncio se hizo sólo 3 días hábiles antes y por tuiter.

También, es importante resaltar y llamar la atención sobre otro dato, que tal como reseña la noticia, fue suministrado por el ministro en su tuiter: “las escuelas que funcionen como centros de votación continuarán normalmente las actividades académicas hasta el 16 de diciembre“.

Entendemos que con “actividades académicas hasta el 16 de diciembre” el ministro se habrá querido referir estrictamente a las escuelas que ofrecen máximo hasta 6to grado, porque, de acuerdo al calendario publicado por su despacho, en la semana del 14 al 18 de diciembre, en las escuelas de educación media está prevista la realización de consejos de docentes y entrega de boletines con calificaciones, habrá actividades académicas hasta el 18 y el asueto navideño inicia el lunes 21 de diciembre. En las escuelas en las que sólo se ofrece educación inicial, primaria y especial, la elaboración y entrega de informes está prevista para la semana del 7 al 11 y los consejos se desarrollarán el lunes 14.

Por cierto, las escuelas que ofrecen educación inicial, primaria y especial que sean centros electorales y que pierdan entre 5 y 6 días de clases por las elecciones, podrían utilizar la semana del 14 al 18 de diciembre para recuperar los días perdidos por la realización del proceso electoral.

Reprogramar los días perdidos es parte de la obligación del Estado de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.

¿Desde el 1ero de diciembre?


Como se ha convertido en una terrible costumbre en Venezuela, los procesos electorales no están contemplados con anticipación en el calendario escolar elaborado por el ministerio. En efecto, las elecciones del 6 de diciembre, no aparecen reseñadas en el calendario que, tardíamente, envió el ministerio a las escuelas y publicó en su página web. A continuación pueden ver las actividades y efemérides incorporadas en el mes de diciembre, en las dos versiones del calendario:

calendario primaria

calendario media

Si aún no tienen el calendario oficial y lo quieren bajar, pueden hacerlo en el siguiente enlace: Calendario 2015-2016

Por su parte, el CNE en su cronograma electoral, establece que la distribución del material a los centros electorales se realizará el jueves 3 de diciembre (actividad 85), la instalación de las mesas electorales el día viernes 4 a las 8 am (actividad 87) y la recolección el material electoral se realizará entre los días 6 y 7 (actividad 94), lo que implicaría que las escuelas podrían iniciar actividades, el mismo lunes 7, en aquellos casos en los que la recolección del material electoral se realice el día 6.

A pesar de que con este cronograma del CNE se estarían tomando las escuelas un día más de lo estrictamente necesario, al indicar que la entrega del material se realizará el jueves 3, establece claramente que las escuelas estarían recibiendo al Plan República y el material electoral el jueves y entregando el material restante y despidiendo el resguardo de las instalaciones hecho por el Plan República, entre el domingo 6 y el lunes 7, lo que significa, a efectos del calendario escolar que se interrumpirían las actividades máximo 3 días.

Si no conoces el cronograma electoral, puedes buscarlo en la página el CNE o bajarlo aquí: Cronograma elecciones 6D 2015

Cabe resaltar que de acuerdo a los términos que están acostumbrados a utilizar algunos funcionarios, se denomina a este momento la “toma de las escuelas por parte del Plan República”, cuando lo correcto es decir que las escuelas están recibiendo el material electoral y la custodia de la seguridad del mismo, por parte del Plan República. Parece un detalle insignificante, pero no lo es, porque la autoridad de las escuelas reside en sus directivos y la autoridad civil de adscripción (nacional, estadal, municipal, privada o autónoma) y el Plan República sólo cumple funciones de resguardo de las instalaciones en las que se deposita el material electoral.

Hecha esta precisión, es importante llamar la atención en este momento, sobre las declaraciones del Jefe del ZODI del Estado Monagas, quien dice que aspira “tomar” las escuelas el primero de diciembre:

PR monagas

La reseña de las declaraciones, hechas en el portal de Globovisión, se pueden ver en este enlace: Declaraciones del Jefe del Plan República de Monagas.

Estas contrastan con las realizadas por el Jefe del ZODI del litoral central que parecen más apegadas al cronograma del CNE:

vargas

La reseña de estas declaraciones se encuentran en el portal “Ojo Pelao” y se pueden ver en este enlace: Declaraciones del Jefe del Plan República en Vargas.

A esta altura, aunque ya es tarde, corresponde al Ministerio de Educación informar oficialmente a las escuelas sobre los detalles de este proceso y sobre el ajuste que se requiera en el calendario, para recuperar los días que se pierdan en el proceso electoral, por no estar éste considerado inicialmente en su calendario. Esto deberá hacerlo a la brevedad posible, para que las escuelas, a su vez, puedan hacer sus ajustes con la reprogramación correspondiente.

Igualmente, es inaplazable que el ministerio se siente con las autoridades del CNE y las del Plan República, a coordinar la llegada del material a las escuelas que funcionan como centros electorales y de los efectivos que resguardarán su seguridad, así como, la salida de los efectivos y el material en lo que terminen las actividades del proceso electoral que se realizan directamente en los centros, para que las escuelas puedan retomar su dinámica de clases sin perder injustificadamente, ni un día más afectando el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes.

Obviamente, a esta altura, esta coordinación a la que nos referimos, debería estar realizada, pero dadas las diferencias en las declaraciones de los representantes del Plan República, nos tememos que aún falte mucho por acordar y coordinar entre estos entes, para el proceso de este 6 de diciembre.

 

 

Otro proceso electoral que afecta el derecho a la educación en Venezuela


Como es del conocimiento de todo el país el PSUV tendrá un proceso electoral en los próximos días. Se trata de unos comicios internos para la elección de los “Jefes de los Círculos de Lucha Popular”, es decir, un proceso de elecciones internas en el que sólo participarán los militantes de esa tolda política.

Como elección interna, es un asunto privado de un partido político, a diferencia de las elecciones para cargos públicos que se consideran un asunto público, porque son de interés de todos los ciudadanos de las circunscripciones electorales en las que se desarrollen. Si bien, el CNE debe acompañar los procesos electorales de estas instancias privadas, como ha hecho en otras oportunidades con las elecciones internas de dicho partido o con las elecciones primarias de las coaliciones políticas amparadas en la plataforma de la MUD, el carácter privado de estos comicios, debería plantear, tanto por parte del ente electoral, como por parte del MPP para la Educación, así como por parte de ese partido político, la construcción de condiciones que no afecten el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes como sucederá en este caso.

En oportunidades anteriores, en las que el calendario electoral, ha afectado al calendario de clases en las escuelas, hemos señalado que el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes, en el marco de los derechos humanos y de acuerdo, tanto a las convenciones internacionales, como a nuestra propia legislación, responde al principio de prioridad absoluta, por lo que, ante un conflicto entre derechos humanos de diversos ciudadanos, los de los niños y jóvenes, siempre tienen prioridad.

Por esa razón, hemos sugerido disminuir el número de días en los que se suspenden las clases porque las escuelas son tomadas por efectivos de la FAB para depositar y resguardar el material electoral. Ese número de días se ha mantenido en un total de 5 días hábiles, más los días feriados, que corresponden al fin de semana de la elección y que incluyen, regularmente, el día de la votación.

En estas circunstancias ratificamos que la duración de este lapso no debe mantenerse y que ninguna elección debería afectar el calendario escolar, que en el peor de los casos, en los que la complejidad del proceso electoral no permita tener otra opción, se debería reducir al mínimo la cantidad de días de suspensión de clase, entregando las escuelas el viernes antes de las elecciones y devolviéndolas el lunes siguiente, con lo cual se rescatarían 3 de los 5 días hábiles que, de acuerdo a la lógica actual, se pierden.

Para el proceso electoral interno del PSUV, tal como se aprecia en la siguiente comunicación recibida en una escuela el lunes 10 de noviembre, el lapso de suspensión de actividades se mantiene, tal como si se tratara de un proceso electoral de los más complejos y utiliza para su realización la misma red de centros electorales que la que se usa en los comicios para cargos públicos de elección popular.

A pesar de ser un documento público, se tachó el destinatario para evitar incomodidades innecesarias o retaliaciones a quienes suministraron la información.

A pesar de ser un documento público, se tachó el destinatario para evitar incomodidades innecesarias o retaliaciones a quienes suministraron la información.

 

Para verificar las fechas de dicha comunicación en el calendario que, a efectos de esta elección debería haber elaborado el CNE; buscamos la documentación correspondiente en su página, pero no encontramos ese documento. Es importante recalcar que, a pesar de tratarse de un proceso privado, dado que se hace con apoyo del CNE e implica el uso de recursos públicos, el calendario debería ser un documento público que estuviera a disposición de todo el país. En este caso, con mayor razón porque al utilizar la red de centros electorales conformada en su mayoría por escuelas, el proceso afecta el normal funcionamiento de los centros educativos, así como, la dinámica de vida de los trabajadores de la educación y de las familias con estudiantes en ellos, durante y después de la realización del proceso electoral.

Por esa misma razón, también debería publicarse un listado con todos los centros electorales que se utilizarán en estos comicios y que funcionan en planteles educativos, para que sus comunidades estuvieran al tanto y pudieran tomar, con suficiente anticipación, previsiones al respecto.

Por otra parte, dada esta situación, revisamos la fuente de información sobre el calendario escolar, es decir, la página del MPPE, que, como ente rector debería haber anunciado, tanto la suspensión de clases durante el período estipulado por el CNE, como las medidas a tomar para la recuperación del tiempo perdido, pero, hasta la madrugada de este martes 11 de noviembre, no encontramos ninguna referencia a esos aspectos en la información suministrada oficialmente por el MPPE en su web.

Tal como se aprecia en la carta y como se mencionó anteriormente, el plazo para la organización de las mesas que se está tomando en este caso, es el mismo que se aplica a una elección para un cargo público, comenzando con la toma de las escuelas, acompañada con la suspensión de actividades respectiva, desde el martes anterior a las elecciones. En este caso, la comunicación dice que las escuelas se deberán entregar a la FAB el martes 18 y la elección se realiza el domingo 23, por lo que si se siguen las pautas de otros procesos electorales, buena parte de las escuelas serán devueltas a sus directivos, el día lunes posterior al acto de votación.

De acuerdo a la lógica de los cronogramas electorales anteriores elaborados y publicados por el CNE, durante los días en los que las escuelas permanecen con las clases suspendidas y bajo la custodia de la FAB, se realiza la distribución del material electoral a las escuelas, desde la instancia superior que lo recibe previamente, las auditorías técnicas previas, la instalación de las mesas, el acto de votación que inicia con la constitución de las mesas en la madrugada del domingo y culmina con el traslado de las cajas y la entrega de las escuelas a sus directivos el día lunes después de las votaciones. Insistimos que, sin afectar la calidad del proceso electoral, el tiempo empleado para todas esas actividades debe reducirse al mínimo posible, en cualquier evento electoral que se realice con la coordinación del CNE, pero en este caso, las condiciones peculiares de la elección, obligan a pensar en medidas complementarias.

Por otra parte, cabe resaltar que tomando en consideración los detalles que se pueden apreciar en la comunicación, la carta fue elaborada el 20 de octubre, pero fue entregada en la escuela el 10 de noviembre, a 8 días, de la fecha pautada para la entrega de la escuela a la FAB, de los cuales sólo 5 son días hábiles, por tanto, con muy poco margen para ajustar la programación de las clases y la planificación de los docentes, lo que, de hecho y aunque no se ha considerado como un problema en oportunidades anteriores, constituye una violación al derecho al trabajo de los docentes que, sin haber recibido notificación oportuna, es decir, con suficiente anticipación, tienen que hacer modificaciones para poder ajustarse a la suspensión de actividades, lo que compromete la calidad de su trabajo e implica un incremento innecesario, y no reconocido, de sus horas de trabajo.

Esta situación en las escuelas y a esta altura del lapso correspondiente, nos lleva a preguntar si el MPPE considerará hacer un ajuste en el calendario que permita recuperar el tiempo que se perderá por el proceso electoral, o se asumirá, como en oportunidades anteriores, que la solución sea comprimir las actividades en el tiempo restante.

No obstante, como se mencionó arriba, dado que se trata de una elección privada y que la prioridad absoluta de los derechos de los niños y los jóvenes indica que se debe dar prioridad al derecho a la educación, es imprescindible plantearse medidas que se ajusten a la naturaleza de dichos comicios. Es por ello que proponemos que el CNE acuerde con el PSUV la ubicación de los centros electorales para la realización de ese proceso en instalaciones propias, y de no ser suficientes, que utilice instalaciones alternas que no incluyan centros educativos. En ese caso, se podría mantener el calendario acordado por lo que la FAB tomaría en custodia las casas del PSUV el martes 18, para resguardar el material de votación e instalar las mesas, en lugar de tomar las escuelas.

Esperamos también que el MPPE, como ente rector del sistema educativo en Venezuela, y cumpliendo con su obligación de garantizarlo, se pronuncie en defensa del derecho a la educación de los niños y jóvenes de todas las escuelas del país y haga valer el principio de prioridad absoluta en este caso.

Finalmente, como consecuencia de esta situación y para prevenir que se repita esta situación en futuros procesos electorales, proponemos que se revise la normativa electoral y se establezca:

Una instancia obligatoria de coordinación entre el MPPE, las Direcciones y Secretarías de Educación de los Gobiernos Regionales y Locales con el CNE para la organización del calendario electoral y su coordinación con el calendario de clases, tomando en consideración las necesidades del sector educativo de forma prioritaria y salvaguardando el principio de prioridad absoluta del derecho a la educación, así como velando por el derecho al trabajo de los educadores.

– Un lapso previo a cada proceso electoral en el que deban anunciarse de forma obligatoria y con suficiente anticipación al país, los detalles del cronograma que afectan el derecho a la educación de los estudiantes y al trabajo de los docentes.

– Y que se revisen los procedimientos desde la entrega de material hasta el conteo de votos y la realización de las auditorias postelectorales en las mesas, de forma de reducir el tiempo en el que se deban suspender las actividades en las escuelas que funcionen como centros electorales, en los futuros procesos electorales.

¡Suspendidas las clases hasta el próximo martes!


Elecciones vs Educación

A lo largo del año escolar 2012-2013, como ya sabemos todos, se realizarán 3 procesos electorales,  por lo que desde el final del año escolar pasado, buena parte de la ciudadanía se preguntaba si ello afectaría las clases y cómo haría el Estado para que el impacto de los 3 procesos electorales, fuese el menor posible sobre el desarrollo del año escolar.

Ante estas inquietudes, el 20 de agosto, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, respondió que las elecciones, específicamente refiriéndose a las presidenciales, no afectarían el calendario escolar porque las clases se iniciarían como era tradición, el 17 de septiembre para la educación inicial, primaria y especial y el 1ro de octubre para la educación media, añadiendo que sólo las escuelas que funcionaban como centros electorales suspenderían actividades y que lo harían nada más que el viernes antes y el lunes después de la fecha de las elecciones. Para el momento de las primeras declaraciones de la ministro sobre el tema, no había sido presentado a las escuelas el calendario oficial que anualmente elabora el ministerio.

Sin embargo, el 27 de septiembre, a 10 días del inicio del año escolar y faltando 10 días para las elecciones, el MPP para la Educación hizo un cambio en las reglas del juego. El cambio implica la suspensión de las clases a partir de hoy, martes 2 de octubre, para las escuelas que ya habían iniciado actividades y la postergación del inicio de las actividades para la educación media, hasta el 9 de octubre, día en que el Plan República estaría devolviendo las escuelas a sus comunidades educativas.

Ante este anuncio, la única explicación dada por el ministerio fue que la medida se tomaba a solicitud del CNE, quién necesitaba tomar las escuelas desde hoy para instalar los equipos y llevar el material electoral, añadiendo que la decisión se había tomado con la participación del Presidente de la República.(1)

Ni en dicho anuncio, ni en las declaraciones posteriores, se ha explicado al país por qué tanto el CNE como el MPP para la Educación, tuvieron que esperar al 27 de septiembre para tomar una medida de esa naturaleza que, sin lugar a dudas, afecta el desarrollo del año escolar y obliga a modificar tanto el calendario escolar, como la programación realizada por las escuelas que iniciaron actividades el 17 de septiembre -en el caso de la educación media, esta medida implica también, tanto pérdida de días de clase, como reprogramación de actividades-. Ambas instancias tuvieron tiempo suficiente para tomar previsiones que permitieran elaborar sus calendarios de forma coordinada y anunciar esta medida con suficiente anticipación para que las escuelas, sus directivos y docentes, así como las familias y los estudiantes, pudieran hacer los ajustes correspondientes.

Cabe resaltar que, al momento de este segundo anuncio, ya había comenzado a llegar una versión del calendario escolar a algunas escuelas, versión que, por cierto, no incluye ninguna mención a los días de suspensión de actividades por razones electorales, ni cuando se suponía que serían sólo 2 días por elección, ni con la versión actualizada de la medida que implica la suspensión de actividades por 5 días por elección; porque, como son tres los procesos electorales y se trata de procesos tan o más complejos que el presidencial, se estima que para los dos procesos restantes, la cantidad de días que el CNE tomará las escuelas, será la misma, por tanto, estamos hablando, no de una suspensión de las clases, por 5 días, sino una suspensión en total, de 14 días de actividades escolares a lo largo del año. (2)

Una suspensión de días de clase de esa magnitud no puede resolverse con ajustes internos en la planificación de cada escuela y docente, sino que amerita un reprogramación del año escolar. Sin embargo, parece que aún no se ha entendido ni la importancia del tiempo escolar ni el tenor de las responsabilidades que tienen las instancias del Estado en su aprovechamiento.

En una de nuestras primeras publicaciones, explicábamos que, en Venezuela, la educación es reconocida como derecho humano, por lo tanto, en el diseño e instrumentación de las políticas públicas que le corresponden, hay una serie de premisas que deben cumplirse. La primera que nombraremos en esta oportunidad, es que  corresponde al Estado garantizar la realización del derecho a la educación de todos los ciudadanos; esto implica que el MPP para la Educación, como ente rector del sistema educativo, tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible para garantizar que nada afecte el derecho a la educación de todos y cada uno de los ciudadanos, derecho que, como lo establece nuestra Constitución, es a una educación de calidad, por lo que cada día y cada hora es importante, en especial para los sectores que tienen menores recursos, condiciones y oportunidades.

La segunda premisa es que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, por lo tanto, no se puede priorizar un derecho con respecto a otros. Esto significa en la práctica, que el Estado debe garantizar todos los derechos humanos de forma conjunta y no puede sacrificar la garantía de un derecho por dar cumplimiento a otro, así el otro sea el derecho a la vida. En este caso, tanto el CNE como el MPP para la Educación, como instancias del Estado, debieron agotar todos los esfuerzos y buscar todo tipo de alternativas para garantizar, entre otras cosas, los 200 días de actividades escolares que establece la LOE que, como se verá, más adelante, no están garantizados. Y cuando nos referimos a agotar todos los esfuerzos, incluimos como una opciones válidas y deseables, tanto la reorganización del proceso de instalación de las máquinas y de dotación de materiales en los centros electorales por parte del CNE, como la extensión del calendario escolar tomando algunos días adicionales en diciembre, los tres primeros días de Semana Santa y los primeros días del mes de agosto.

Estas dos premisas debieron aplicarse también a la luz del carácter de prioridad absoluta que, por ley, tienen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Calendario oficial con errores y chucuto

En este enlace (Calendario escolar 2012-2013 ME) se puede bajar y ver la versión del calendario que ha llegado a algunas escuelas y que, por el membrete parece ser la oficial del Ministerio.

Como se aprecia en esta versión del calendario, y como se mencionó anteriormente, no se incluyen los días de suspensión de actividades asociados a las elecciones. Por otra parte, tanto para la educación inicial y primaria, como para la educación media, se establece el inicio de las actividades de enseñanza el 17 de septiembre, el inicio del asueto navideño el 17 de diciembre, el reinicio de las actividades el 7 de enero, el fin de las actividades de enseñanza el 4 de julio y el del año escolar, el 31 de agosto.

Así, de entrada, este documento, como “calendario escolar” para toda la educación básica, tiene errores importantes. El primero de ellos y el obviamente más notable, es fijar el inicio de las actividades de enseñanza en educación media, el 17 de septiembre cuando el ministerio, anunció como fecha oficial, primero el 1 de octubre, después el martes 9 y cuando éste hasta ha sancionado a colegios privados por haber iniciado clases en ese nivel educativo. Pero ese es sólo uno de los errores que se aprecian en esa parte del calendario. Otro error es la omisión del 12 de octubre como día feriado.

Un tercer error evidente es que en el primer lapso del calendario correspondiente a educación inicial y primaria, el período para la elaboración del informe pedagógico esté justo antes del cierre de los proyectos de aprendizaje, sin embargo, en el calendario del año pasado y en la programación de los otros dos lapsos de este año escolar, la elaboración del informe pedagógico se realiza, como es lógico, después del cierre de los proyectos de aprendizaje.

La omisión de los días de suspensión de clases por elecciones, más la del 12 de octubre como día feriado, hace que, al sumar los días hábiles de todo el año escolar, se alcancen los 200 días establecidos por la LOE, tanto para educación inicial, primaria y especial, como para educación media, que se sabe de ante mano que nunca puede alcanzar los 200 días porque sus actividades se inician, por tradición el primero de octubre. Esta forma de presentar la información resulta engañosa y en lugar de aclarar las cosas para las escuelas, lo que hace es enredarlas.

Sin embargo, si le tomamos la palabra a lo establecido en esta versión del calendario, el 12 de octubre este año debería ser asumido como un día de actividades escolares, por lo que no deberían suspenderse las clases en ninguna escuela.

Las otras fechas patrias que siempre son tomadas como feriados en el calendario escolar son: 19 de abril, 24 de junio, 5 y 24 de julio, más el Día del Trabajador. En este caso se mantienen como feriados. Lo mismo sucede con los días de carnaval y con todos los días de Semana Santa.

Otro elemento que llama la atención, es que a diferencia de lo establecido el año pasado y por ende, de la hipótesis de calendario que presentamos hace un par de publicaciones, las vacaciones navideñas comienzan el 17 de diciembre, lo que acorta aún más las posibilidades de cumplir con los 200 días establecidos por la LOE.

De hecho, si tomamos el calendario que ha llegado a algunas escuelas y aplicamos lo declarado por la ministro hasta el momento, tenemos que, en lugar de los 199 días de actividades escolares que nos daba nuestra primera hipótesis, tendremos 186 días efectivos de actividades escolares, es decir, 13 días menos, o 14 si tomamos como referencia los 200 días de actividades que son obligatorios por Ley.

En este gráfico es importante aclarar que los días de “receso no feriado” incluyen, los días del asueto navideño que se consideran hábiles para todo el mundo, más los tres primeros días de Semana Santa. Así como también, es importante decir que la reducción de los días de actividades de enseñanza y de las otras actividades escolares, como planificación, entrega de boletines informativos y realización de consejos escolares, se hizo de acuerdo a las fechas en las que caían los días de suspensión de actividades por razones electorales, haciéndose sólo un ajuste en la distribución de estos en diciembre y sin eliminar días de enseñanza, lo cual sería imprescindible para lograr una necesaria redistribución de las actividades derivada de dicha suspensión. Se espera que estos ajustes se hagan y anuncien oficialmente, por parte del MPP para la educación.

A modo de ilustración, se puede ver a continuación, como quedaría el calendario haciendo las inclusiones y resolviendo las omisiones producto de los errores cometidos por el ministerio en el documento entregado a algunas escuelas.

Dadas las características de este año escolar, y las omisiones, cambios de pautas y errores cometidos en la presentación por parte del ministerio, se hace mucho más necesario la activación de todas las comunidades educativas como instancias naturales de contraloría que puedan hacer seguimiento y velar por el cumplimiento del calendario escolar, pero también se hace necesario la activación de las organizaciones gremiales de padres y representantes, para que exijan el cumplimiento de la disposición de la LOE que establece como obligatorios 200 días de actividades escolares y la de la Constitución que establece la garantía de una educación de calidad para todos.

(1) Las declaraciones de la ministro las pueden ver nuevamente en los siguientes enlaces:

Elecciones no afectarán el calendario escolar

ME suspenderá clases desde el 2 de octubre para entregar planteles al CNE

Suspendidas las clases en todo el territorio nacional

(2) Son 14 días en lugar de 15, porque, como se verá en la gráfica que presentamos posteriormente en el texto, la versión oficial del calendario inicial el asueto navideño el día que el Plan República debería estar entregando las escuelas en el segundo proceso electoral.

De 3 – 2 y el derecho a la educación de los refugiados


El sábado pasado, de acuerdo a la información suministrada por los medios, la Ministro de Educación anunció que las clases se reiniciarían el lunes 12 de diciembre, y el calendario escolar se extendería hasta el martes 20. (*)

Este anuncio indica que de los 3 días de clase perdidos la semana pasada, sólo se recuperarán 2.

La medida de suspensión de clases fue anunciada por el gobierno nacional, el pasado martes 6 de diciembre. Esta tendría una duración de 24 horas y se aplicó al Distrito Capital y los Estados Mérida, Miranda y Vargas. El miércoles, en horas de la tarde se amplió el lapso otras 24 horas y se extendió la medida al Estado Zulia. Finalmente, la medida se mantuvo también por el día viernes en todas las entidades afectadas, sumando un total de 72 horas sin clases, 48 para el Zulia.

Hasta el sábado, de acuerdo a la información suministrada por el gobierno nacional, había 4.812 familias afectadas. Estas, sumadas a los damnificados por las lluvias del año pasado, dan un total de 29.730 familias, 131.063 personas aproximadamente, que están ubicadas en 918 refugios. (***)

No obstante la reanudación de las clases este lunes 12, el Jefe de la Zona Educativa del Zulia, anunció que unas 95 escuelas, ubicadas en su mayoría en La Guajira, las clases se reanudarán el 9 de enero. (**)

Por sus declaraciones se entiende que algunas de estas escuelas se están utilizando como refugios, por lo que el regreso a clases dependerá realmente de que se haya dado la reubicación de los damnificados, ya sea porque regresaron a sus casas, porque le fueron asignadas nuevas viviendas o porque se cambiaron a otros refugios.

El jefe de Zona, “pidió “apoyo del personal docente, administrativo y obrero de las escuelas donde se suspendieron las clases, para colaborar con los damnificados que estén allí, para proteger y evitar el deterioro de las mismas””. (**)

Sin embargo, un llamado como éste no es suficiente porque, hay que recordar que, entre los 131 mil damnificados hay niños y jóvenes a los que hay que garantizarle todos sus derechos, entre ellos, el derecho a la educación, por lo que se espera que en los refugios se tomen todas las medidas que permitan que ellos sigan asistiendo a sus clases, ya sea en sus escuelas iniciales, en escuelas cercanas a los refugios o en los mismos refugios y que las actividades educativas que se desarrollen en todos los casos sean de calidad, tal como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales en los que se caracteriza el derecho a la educación.

En este tema, como país, nuestra meta debe ser que ni un sólo niño o joven pierda ni un sólo día de clases al año.

(*) ver noticia en: http://www.acn.com.ve/movil/noticia.php?id=37063
(**) ver noticia en: http://zulia.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=1273
(***) ver noticia en: http://m.el-carabobeno.com/index.cfm/articles/show/25064

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