Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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El Zulia a Oscuras (y sin agua, alimentación, gas, transporte)


Dada la diversidad de condiciones y de situaciones en las que se están desarrollando las actividades en las escuelas de Venezuela, y la ausencia de información detallada, completa y real que debería ser suministrada por el Ministerio de Educación, se hace muy difícil tener un balance completo de la realización del derecho a la educación en el país, sin embargo, hemos tenido información directa de algunas escuelas.

En este caso, haremos referencia a un pequeño grupo de escuelas ubicado en el Estado Zulia, de las que nos llegó información parcial, pero valiosa. La mayoría está presentada en manera anecdótica, debido a la forma en que la recibimos.

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Estado Zulia (captura de Google Maps)

Así se ve la situación en algunas escuelas del Zulia

En estos días, conocimos la solicitud de auxilio que hizo a su grupo de apoyo, una directora de una escuela del Zulia.

Se trata de una de esas escuelas que a la que asisten diariamente, la mayoría de sus estudiantes y que sus espacios están copados. Es una escuela que atiende a niños en las zonas populares.

Esa directora, emplea parte de su tiempo, haciendo cola en una bomba de gasolina, para surtir a los carros de sus docentes, porque sin gasolina no pueden llegar a trabajar a la escuela.

Otra directora también informaba que había pasado la noche haciendo cola en una bomba y que cuando llegó la gandola con la gasolina en la mañana, los que atendían, dejaron pasar primero a sus conocidos, por lo que, se extendió más su tiempo en la cola, tomando parte de su horario laboral.

Una tercera directora comentaba que el domingo, estaba haciendo cola desde las 3:00 am y que, como no tenía dólares o pesos, no le correspondía ser atendida aún. Sin embargo, a los que revendían la gasolina o contaban con divisas de otros países, les habían despachado, mientras el resto hacía cola. Su ilusión era que si lograba poner gasolina, podía ir a trabajar el lunes.

Sin gasolina y sin efectivo, porque el que depende del transporte público debe pagar entre 1.000 y 1.500 Bs por pasaje, resulta inviable trabajar en educación.

De acuerdo a ese costo, un trabajador del sector educativo, que trabaja 20 días al mes, requiere entre 40.000 y 60.000 Bs, solamente para pagar el costo del pasaje de ida y vuelta al plantel, si depende del transporte público.

La directora también comentaba que, en lo que va de año, les han llegado en pocas oportunidades, pero han llegado, insumos para preparar la alimentación, pero ahora no tienen gas para cocinarlos y tampoco tienen agua en la escuela.

Más del 50 % de las otras escuelas, comentaron no tener servicio de alimentación, o tenerlo sin insumos, lo que, en la práctica es equivalente a no tenerlo, porque no pueden proveer de alimentación a los estudiantes.

De las escuelas que comentaron tener el servicio de alimentación activo, aproximadamente la mitad afirmó recibir insumos insuficientes y de las que precisaron los insumos recibidos, ninguna reportó tener proteínas de origen animal.

De hecho, entre todas, los rubros que mencionaron recibir, incluían arroz, aceite, azúcar, harina, caraotas y lentejas. En uno de los casos, la escuela reportó que en la nota de entrega, se especificaba que la provisión incluía pasta, pero que no había llegado.

En cuanto al servicio de electricidad que sabemos está bastante afectado en el Zulia, la directora comentaba que ella llega todos los días a la escuela, a las 6:50 am y a las 8, es decir, una hora y 10 minutos más tarde, se quedan sin electricidad.

Pero la falta de electricidad, como se conoce por las noticias de ese estado, no es exclusiva de esa escuela. De las escuelas de las que recibimos información en ese momento, la mayoría reportó no tener electricidad o tenerla en horario restringido.

Muchas de ellas reportaron que tampoco tenían agua y todas dijeron que el transporte era muy reducido y costoso.

A pesar de las condiciones inadecuadas y de los costos de transporte, en la mayoría de las escuelas de las que recibimos información, la asistencia de los estudiantes superaba al 60 % y la de directivos, docentes, administrativos y obreros, el 80 %.

Ante esa realidad cotidiana, cualquier escuela esperaría que los funcionarios del MPPE pasaran con frecuencia para ver cómo han podido sortear tantos obstáculos y proponer alternativas, ayuda y apoyo para que las escuelas puedan cumplir con su trabajo, ya que, corresponde al Estado, a través del MPPE, garantizar el derecho a la educación, sin embargo, lo que comenta la directora es que las visitas que, efectivamente, hacen con frecuencia los supervisores del ministerio, “son para presionarlos” y “acusarlos” de que ellos, como escuela, “hacen lo que quieren”.

Entendemos de esta información que, es también evidente que, la función supervisora, en el sistema educativo, puede apreciarse desdibujada.

La situación del Zulia, de acuerdo a la información recibida, es similar o peor en el resto de las escuelas. En algunas escuelas nacionales, la inasistencia tanto de docentes como de estudiantes es muy alta, por lo que los procesos tienen mayor irregularidad e interrupciones.

La situación reportada, requiere atención inmediata para poder comenzar a restaurar el derecho a la educación en ese estado.

Nueva suspensión de clases, hace más evidente es la necesidad de reprogramar el año escolar 2018-2019


Hace minutos, un vocero del ejecutivo nacional, anunció que se mantenían suspendidas las clases en todos los niveles del sistema educativo. Ese anuncio fue seguido del recorte de la jornada laboral hasta las 2 pm y durante la declaración, no se especificó en ningún momento, por cuanto tiempo sería la nueva suspensión de actividades, lo que deja al sistema educativo en total incertidumbre e incapacidad ni de planificar, ni de buscar e instrumentar alternativas para minimizar los impactos de alargar la suspensión de clases.

La declaración tampoco incluyó una necesaria explicación de las causas para tomar una medida de ese tenor, ya que, más allá del discurso sobre el que se justifica la caída del servicio eléctrico, no se especifica por qué se debe extender la suspensión de clases por más tiempo. De hecho, estuvimos tratando de conseguir más información y lo único que encontramos fue este texto en un comunicado oficial (*):

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Y posteriormente, nos hicieron llegar, la comunicación oficial del ministerio, en la que se precisa que se deberán suspender las clases, mañana 1 de abril, pero no se establece que el reinicio de clases se debe programar para el martes 2, por lo que, como ha venido sucediendo hasta ahora, se pudiera volver a extender mañana, haciendo los anuncios por un día a la vez.

Haciendo un breve recuento, para poner este anuncio en contexto, como ya todos saben, a los 6 días de clases que se habían perdido por el apagón del 7 de marzo, más los dos días perdidos por el asueto pre-carnaval, se sumaron, esta semana que está terminando, 4 días más de suspensión por un nuevo apagón. Los días adicionales de clases perdidos, fueron del 26 al 29 de marzo.

De acuerdo a ello, durante este año escolar, se han perdido 5 días por las elecciones, 2 días de asueto no programado y 10 días entre apagones y las suspensiones relacionadas con ellos. Eso suma un total de 17 días de clases perdidos. (Recordemos que el artículo 49 de la LOE establece que son 200 días de actividades escolares que ya, antes de estas pérdidas, no se cumplían)

Es importante recordar que los 5 días de clase por las elecciones se perdieron en el primer lapso y que el resto de los días perdidos, menos 1, se perdieron en el mes de marzo, dejando, como ya muchos han reseñado, a ese mes con sólo 8 días de actividades escolares.

Si nos enfocamos en el tiempo perdido desde el reinicio de clases el 7 de enero, tenemos que en estas 12 semanas, hay un total de 84 días, de los que 57 eran días de actividades escolares, de acuerdo al calendario oficial. (84 días en total, menos los 24 feriados (en este caso solamente los fines de semana) y los 3 de asueto tradicional (el día del maestro y lunes y martes de carnaval)).

De esos 57 días, 2 se perdieron por el decreto de asueto pre-carnaval y otros 10 por los apagones y las suspensiones de actividades relacionadas con ellos, sumando 12 días perdidos de clases, lo que deja solo 45 días de actividades. Es decir, que desde el 7 de enero, hasta la fecha, se ha perdido el 21% del tiempo disponible según el calendario.

Es de hacer notar que, la pérdida de tiempo, como ya mencionamos antes, ha sido más grave durante el mes de marzo, en el que, de los 19 días hábiles que debieron emplearse en el desarrollo de actividades escolares, en sólo 8, es decir, el 42% hubo clases.

Antes del anuncio que acaba de hacer el ejecutivo, íbamos a incluir en esta nota, una referencia a las instrucciones que habían llegado a algunas escuelas para el reinicio de clases mañana, haciendo énfasis en que, contrario a lo que debería suceder, no incluían pautas específicas para tratar ni la situación emocional de los estudiantes, ni la restauración de la rutina de trabajo, ni mucho menos, la recuperación del tiempo y los aprendizajes perdidos por las interrupciones y las condiciones en las que se dieron.

Pero dado este anuncio, queremos ratificar que, además de ser imprescindible que el ministerio de educación elabore pautas y gire instrucciones al respecto, debe programar una evaluación de la situación de las escuelas y del aprendizaje de los estudiantes, para que, con base a ello, se pueda diseñar y reprogramar el año escolar, haciendo todos los esfuerzos por garantizar no sólo que hayan actividades en las escuelas, sino que se garantice que todos los estudiantes logren los aprendizajes correspondientes, de manera exitosa y sin traumas adicionales a los que ya han sufrido por la situación nacional.

Queremos llamar también la atención de todos, sobre el hecho de que a pesar de poder cuantificar la pérdida de clases generalizada, no se puede ignorar la situación de muchos sectores del país, en los que, en algunos casos, por las inundaciones que retrasaron el inicio del año escolar, y en otros por falta de agua, por suspensiones del servicio eléctrico y por falta de docentes, se han perdido más días y horas de clase.

En esos casos, como se dijo en publicaciones anteriores, se tiene que garantizar que se pueda recuperar el tiempo perdido con las peculiaridades de cada caso, porque el derecho a la educación debe garantizarse sin ningún tipo de discriminación y no permitir que las zonas más afectadas cuenten con más tiempo y los recursos adecuados para recuperar el tiempo perdido y lograr los aprendizajes con igual calidad, que la mayoría, termina resultando en una discriminación por localización y condiciones de los servicios, lo cual, es totalmente inaceptable.

(*) Comunicado oficial del ejecutivo, publicado como imágenes en twitter.

Continua la suspensión de clases en #Venezuela


Este lunes 25 de marzo, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hubo una falla en el sistema eléctrico que dejó sin luz a una parte del país. A las 9:50 de la noche, cuando el servicio se había recuperado en varias zonas, se produjo un nuevo apagón afectando casi a la totalidad de los Estados.

Ese segundo apagón se mantuvo, por más un poco más de 13 horas en algunos sectores, pero por más de 24 horas en otras zonas, por lo que fueron suspendidas las actividades laborales y las clases del martes 26 de marzo. Posteriormente, el miércoles 27, a las 5 am, se volvió a generalizar el apagón en todo el país, por lo que se mantuvo la suspensión de actividades laborales y de clases.

Anoche, a las 8:30 pm, se anunció, a través de un mensaje de twitter, la extensión de la suspensión para este jueves 28 de marzo.

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El MPPE difundió ese mensaje, pero pasadas las 10 de la noche.

tuit del MPPE del 2703

En momentos como éstos, en los que situaciones externas al sistema educativo, afectan el desarrollo de las actividades, lo esperable es que el MPPE, a través de la red de supervisores y de sus medios de comunicación, que incluyen su web y sus redes, informe a las comunidades educativas sobre lo sucedido, pero especialmente, sobre cómo abordar sus consecuencias para lo que constituye su mandato, que es garantizar educación de calidad para todos, sin discriminación de ningún tipo.

Sin embargo, ni en la web del ministerio, ni en su cuenta de twitter, pudimos conseguir orientaciones que permitan a las escuelas, reprogramar sus actividades y atender a las consecuencias de los reiterados apagones en el aprendizaje de los estudiantes.

En su lugar, en la web del ministerio, las notas de prensa más recientes son del pasado 23 de marzo. A continuación se muestra el titular y la imagen que acompaña una de las dos notas de prensa. Ambas tienen un contenido similar y están referidas a una manifestación realizada en esa fecha en Caracas, pero en la que es presentada con este titular y esta foto, se recogen las declaraciones de varios funcionarios y maestros, en las que el mensaje es salir a la calle a defender “la revolución” y en ninguna parte, se menciona lo que se debe hacer en las escuelas para recuperar el tiempo perdido por el apagón del 7 de marzo.

Aristóbulo

Y en la cuenta de twitter, además del mensaje fijo con la suspensión de actividades que referimos al inicio, encontramos una publicación con la versión oficial de lo sucedido:

versión de lo sucedido

Adicionalmente, además de las publicaciones repetidas de otros días, un par de noticias sobre el programa de alimentación escolar; algunas sugerencias elaboradas por otro ente, para hacer un mejor uso del servicio eléctrico; y la publicación de información de otras instancias del ejecutivo, que incluyen una sobre la efeméride de hoy, y muchas sobre lo sucedido, con una versión particular y un lenguaje abiertamente de guerra que se aleja mucho de lo que debería ser la misión de un ente como el MPPE.

También encontramos una publicación con información político partidista que no debería ser divulgada desde la cuenta oficial del MPPE, en respeto a lo establecido en el artículo 102 de la Constitución y en sus disposiciones fundamentales.

boletin del partido

Lo que no encontramos, fue información con instrucciones giradas por el MPPE para que las escuelas y sus comunidades educativas puedan identificar, abordar y manejar las consecuencias de los apagones cuando se reinicien las clases, así como tampoco, las tan esperadas, por todos, pautas para la reprogramación del calendario escolar que, ahora, tiene que incluir la recuperación de 3 días más de clases, perdidos.

Y es que, en efecto, tomando solamente los días en los que la suspensión ha sido nacional, de acuerdo a las causas reconocidas por todos, hasta hoy llevamos 16 días de clases perdidos.

 

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¿Hay condiciones para el inicio del año escolar 2018-2019, el próximo 17 de septiembre, en Venezuela?


Como todo el país sabe, el año escolar 2017-2018, fue un año plagado de problemas y dificultades para el sistema educativo, comenzando por los efectos que tuvieron la hiperinflación, el desabastecimiento, la ausencia de efectivo y las fallas en el transporte público, en la dinámica de vida de las familias y su consecuencia en la asistencia irregular de docentes y estudiantes a las escuelas; pasando por las también reiteradas fallas en los servicios de alimentación, agua y luz que ocasionaron múltiples interrupciones y recortes en el horario de clases; y terminando con las consecuencias de la migración, física y económica, de docentes y estudiantes, más el impacto psicológico por los efectos de la crisis nacional en todos los miembros de las comunidades educativas.

En efecto, en Venezuela, en el último año, la educación ha experimentado una combinación compleja de problemas y impactos que alteraron la organización y el funcionamiento de las escuelas, teniendo como última consecuencia, restricciones en las garantías de varios derechos humanos, comenzando por el ejercicio del derecho a la educación, con la consecuente disminución en los logros y aprendizajes, durante el año escolar pasado.

A continuación, sin pretender hacer una descripción completa y exhaustiva de lo que vivió el sistema educativo durante el año escolar 2017-2018, debido a que es una tarea difícil para la dimensión de un espacio como éste y más con las limitaciones que impone la falta de acceso a la información detallada, por parte del ente rector; y con el propósito de ilustrar lo complejo y multifactorial de la situación vivida, se presentarán los principales y más recurrentes elementos que caracterizaron la dinámica del funcionamiento del sistema educativo, específicamente en el subsistema de educación básica, en Venezuela.

Emergencia humanitaria compleja en el sistema educativo

El sector educativo experimentó problemas derivados, por una parte, de los efectos de la situación nacional y por la otra, de fallas estructurales propias del sistema.

Efectos de la crisis nacional en la educación

Entre los elementos de la crisis nacional que afectaron la organización y el funcionamiento del sistema educativo, tenemos:

1. Interrupciones recurrentes en los servicios de agua potable, luz y comunicaciones –incluyendo conexión a internet-, que tuvieron como consecuencia suspensión de clases o recorte en el horario escolar, disminución de las condiciones sanitarias de las escuelas, y restricciones en el desarrollo de las actividades pedagógicas y administrativas –incluyendo el registro de datos, por parte de las escuelas, en el sistema de información del MPPE. También tuvieron consecuencias en la calidad de vida de las familias, afectando su asistencia a las escuelas y su desempeño educativo.

Estas interrupciones, especialmente en los servicios de agua potable y luz, se han agudizado y extendido, en los últimos meses y se han convertido en problemas graves en varios estados del país.

2. Deficiencia o inexistencia de los servicios de seguridad y vigilancia en las zonas en las que se ubican las escuelas, incrementando con ello la inseguridad y, en consecuencia, la realización de hurtos y robos, en las inmediaciones y dentro de las escuelas, así como la presencia de agentes de microtráfico de drogas y grupos delincuenciales.

Al respecto, cabe mencionar que, hasta el momento, la respuesta más estructurada que se ha instrumentado desde el Estado, es un “Plan Piloto de Monitoreo para la Seguridad Escolar”, diseñado por FEDE y comenzado a instrumentar a finales de agosto, pero en una muy pequeña muestra de planteles, en total y de acuerdo a la información oficial, son 18 planteles distribuidos en varios estados del país (Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira y Trujillo) y en el Distrito Capital.

3. Restricciones en el servicio de transporte público por disminución en el número de unidades activas y por reducción de las rutas y su alcance territorial. En este caso, se han instrumentado dos tipos de respuesta: habilitación de vehículos no aptos para el transporte seguro, como las denominadas coloquialmente “perreras”, y la incorporación de unidades por parte de algunos entes regionales.

4. Aumento exponencial de los costos y disminución de la capacidad adquisitiva de las familias para cubrir los costos de alimentación diaria y la canasta familiar, así como los costos de transporte para trasladarse a las escuelas.

5. Ausencia de efectivo y restricción en otras formas de pago, con la consecuente reducción de la capacidad, por parte de estudiantes, docentes y demás trabajadores, de asumir el pago del servicio del transporte público, así como la adquisición de algunos productos de la canasta familiar, aun teniendo los recursos económicos para ello.

6. Desabastecimiento de insumos clave en la canasta familiar y de medicamentos.

7. Reducción en la capacidad de atención y en las condiciones e insumos de los servicios de salud pública.

8. Rupturas o fragmentación de las familias de estudiantes y docentes, como consecuencia de actos de violencia y de migración de sus miembros.

Fallas estructurales propias del sistema

Entre los elementos derivados de fallas estructurales propias del sistema educativo, podemos citar:

1. Eliminación progresiva de la condición de gratuidad de la educación en las escuelas de dependencia oficial. Como ya se ha explicado en otras publicaciones, la gratuidad en la educación básica, además de ser una condición obligatoria del sistema, se evalúa a partir de los elementos de la canasta educativa que son 5: costos de inscripción y matrícula, alimentación en tiempo escolar, transporte, uniformes y útiles escolares.
Cuando las familias tienen que asumir de forma total o parcial, los elementos que constituyen dicha canasta, no se puede considerar que la educación sea efectivamente gratuita.

En nuestro caso, como también se señaló con anterioridad, hay costos adicionales a los considerados en la canasta educativa que, por deficiencias en el funcionamiento del sistema, han recaído en las familias -incluyendo a los estudiantes-, y también en los docentes, agravando el problema de gratuidad de la educación.

Entre estos costos cabe destacar, la inversión en horas de trabajo y de recursos económicos, -en adquisición y donación de insumos de limpieza- en las jornadas de mantenimiento menor convocadas por el MPPE y que son denominadas, entre otras, como “Una Gota de Amor para tu Escuela”; el financiamiento del alquiler de unidades de transporte acondicionadas para el traslado de los insumos del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) a las escuelas; los trabajos de reparación de equipos de cocina y refrigeración, también utilizados en el SAE, así como de equipos y mobiliario de diverso tipo de las escuelas; y la adquisición de papelería e insumos y materiales de oficina.

2. En cuanto a los costos de transporte que deben cubrir los miembros de las comunidades educativas, es importante señalar que el sistema educativo oficial, en su mayoría, no cuenta con transporte escolar, lo cual dificulta el acceso a la educación. En algunas regiones del país, ese problema se ve agravado porque la ubicación de las escuelas, no cumple con los estándares de distancia mínima, que faciliten el acceso de los estudiantes, sin hacer uso de un sistema de transporte.

3. Además de tener que cubrir, con horas de trabajo no remuneradas y con recursos para los elementos señalados en el primer punto, los docentes no cuentan con condiciones de trabajo e ingresos adecuados a la labor que cumplen, ni que les permitan cubrir los costos de la canasta familiar, lo que también contribuyó al incremento de las inasistencias recurrentes.

4. Déficit en la cantidad y calidad del equipo docente de las escuelas. Este es un problema que, como también hemos comentado en otras publicaciones, se ha venido desarrollando en Venezuela, desde hace años, con la lamentable consecuencia de que muchos estudiantes han recibido certificación de estudios y calificaciones, sin haber cursado determinadas asignaturas en bachillerato.

Con la situación migratoria, espacial y laboral, que se dio en el gremio docente, el año escolar pasado, el déficit se ha incrementado y sus consecuencias se agudizaron, debido a que, la insuficiente cantidad de docentes para todas las secciones por año y por grado que se ofrecen en las escuelas, se ha intentado resolver parcialmente, con personal que cumple funciones docentes, pero no está calificado para ello; en algunos casos se trata de miembros de la comunidad supliendo las faltas recurrentes o definitivas de los docentes; y en otros se trata de la incorporación de beneficiarios del programa “chamba juvenil” que no cuentan con las competencias ni los conocimientos adecuados, por la corta y precaria formación que recibieron antes de entrar en ejercicio.

En este punto, es importante señalar, que un agravante de la situación específicamente relacionado con las inasistencias recurrentes de los docentes, derivadas de los elementos de la crisis nacional, es la imposibilidad de tomar previsiones que permitan a los suplentes ocasionales, mantener la continuidad en los procesos de aprendizaje, lo que tiene efectos directos en la calidad de la educación y en el alcance de los aprendizajes que se logran en las escuelas.

5. Adicionalmente, por un precario programa de construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, la oferta educativa es insuficiente y en muchos casos, no cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, por daños en la infraestructura, en los equipos de uso ambiental (aires y ventiladores), o en el mobiliario de las aulas y laboratorios, lo cual entorpece el buen funcionamiento de las escuelas.

6. Otro programa con múltiples problemas en su diseño e instrumentación, que son agravados por los problemas de abastecimiento que se mencionaron en la sección anterior, es el del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) que no garantiza alimentación permanente, ni con la calidad nutricional adecuada, en las escuelas, a lo largo del año escolar.

7. Reiterados problemas derivados de un manejo deficiente de la política curricular impulsada desde el ente rector. Nos referimos en este caso a:

  • Producción de textos y recursos pedagógicos que no cumplen con la disposición contenida en el artículo 102 de la Constitución, de promover una formación crítica que respete todas las corrientes del pensamiento.
  • Promoción de una lógica y lenguaje de guerra, contraviniendo la construcción de una cultura de convivencia y paz, tal como se establece también en la Constitución.
  • Desorganización e improvisación en el desarrollo de modificaciones curriculares, especialmente en educación media, que tuvieron como consecuencia la imposibilidad de aplicación y la confusión en muchos liceos, restringiendo las oportunidades de tener una educación de calidad para los estudiantes.

8. Finalmente, es necesario mencionar la restricción recurrente de derechos concomitantes al derecho a la educación, a los miembros de las comunidades educativas. Nos referimos a los derechos a la manifestación y a la libre asociación de los diversos gremios del sector, que ha sido acompañada por la promoción de organizaciones afines al gobierno, como las organizaciones gremiales reconocidas oficialmente, en el sistema.

En esa misma lógica, se requiere mencionar la utilización de tiempo de funcionarios del sistema, así como de los medios de comunicación oficiales del Estado, para promover la participación de los miembros de las comunidades educativas, en actos de proselitismo político y para difundir mensajes con contenido político partidista específico.

Consecuencias para los estudiantes

En términos generales, los factores, externos y estructurales del sistema, mencionados en las secciones anteriores, tienen como consecuencias en, y para, los estudiantes, entre otras:

1. Disminución de la capacidad de atención, concentración y aprendizaje por deficiencias en la alimentación, por problemas de salud y por los efectos de sufrir angustia psicosocial y los traumas psicológicos asociados a los impactos de las situaciones familiares y de seguridad.

Los efectos físicos y psicológicos de la situación nacional afectan a los niños, niñas y jóvenes, más allá de sus consecuencias en el proceso de aprendizaje en las escuelas. En muchos casos la angustia se produce, directa o indirectamente, por la incertidumbre en la provisión de alimentos en el hogar, o porque se ven obligados a buscar empleo, a recurrir a la mendicidad o a hurgar en la basura, para conseguir alimentos y recursos.

En cuanto a los efectos físicos, es importante señalar que en diversas escuelas se registraron desmayos de estudiantes durante la realización de los actos cívicos al inicio de la jornada escolar, por deficiencias en la nutrición.

2. Inasistencias recurrentes, que agregan como factor adicional a la perturbación de la dinámica en las escuelas, la ruptura en la continuidad del proceso de aprendizaje y que tiene como consecuencia: la disminución del tiempo efectivo dedicado a las actividades escolares y la carencia de actividades estructuradas, restringiendo o disminuyendo la calidad de los procesos pedagógicos, y en consecuencia el alcance y la completitud de los aprendizajes.

3. Disminución de las condiciones y recursos de las escuelas por fallas en los servicios, por hurtos y robos, por ausencia del personal docente calificado, lo que también restringe las oportunidades de contar con procesos pedagógicos de calidad por las deficiencias en las condiciones mencionadas.

4. Falta de recursos de los estudiantes para desarrollar actividades pedagógicas o tareas, fuera de las escuelas o en sus casas.

5. Disminución del tiempo escolar y de los aprendizajes relevantes por la incorporación de contenidos de baja calidad o no pertinentes, así como de incertidumbre y confusión por improvisación en las pautas curriculares y sus modificaciones y por suspensión innecesaria de actividades para la realización de elecciones y para la asistencia de miembros de las comunidades educativas a actividades político partidistas.

6. La combinación de estos efectos, tiene como última consecuencia la limitación del desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

¿Y los problemas derivados de las inundaciones?

Como es conocido también por todos, además de lo sucedido durante el año escolar 2017-2018, en el período de vacaciones, más de 25 municipios, en más de 7 estados del país han sufrido inundaciones, dejando a miles de familias, temporalmente, con viviendas en condiciones de inhabitabilidad o en estado de pérdida, incluyendo sus alimentos, medicinas, muebles y ropa; en algunos casos, las pérdidas incluyeron cosechas, así como semillas y condiciones para retomar las siembras.

En esos municipios, hay a extensas zonas con problemas de comunicación, falta de electricidad, restricciones de medicinas, agua potable y de alimentos; además de con problemas de contaminación y sanitarios, con riesgos o con brotes de epidemias en curso (sarampión, malaria, dengue, afecciones en la piel y estomacales); y con la amenaza de ser víctimas de ataques de animales como caimanes y culebras.

En algunos casos, las inundaciones comenzaron a registrarse antes de que iniciara el período vacacional.

En todos los estados afectados, se encuentran escuelas con infraestructura inundada o que están siendo utilizadas como centros de acopio y refugios.

En el siguiente mapa, se pueden apreciar los municipios y estados con reportes de inundaciones entre el mes de julio y los primeros días de agosto.

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Revisando las fuentes oficiales, para conocer el tipo de atención han recibido los estudiantes que han sido afectados por las inundaciones y los planes de emergencia y previsión que se adelantan desde el MPPE para garantizar que, tanto los estudiantes como las escuelas puedan incorporarse al año escolar 2018-2019, a partir de la semana que viene, encontramos poca o inexistente información oficial.

En efecto, en la página del MPPE, en su sección de noticias, encontramos poquísimas referencias a la atención a la emergencia provocada por las lluvias en los estados afectados. Aunque sí encontramos información sobre otras iniciativas desarrolladas en algunos de esos estados, como la realización del Plan Agosto de Escuelas Abiertas en algunas de sus escuelas.

Tampoco encontramos datos que indicaran cambios importantes en los proyectos instrumentados durante el período vacacional, para atender los problemas ocasionados por las inundaciones, a pesar de ser evidente la necesidad de llevar a cabo acciones de emergencia, con miras al cercano inicio del año escolar.

En el caso del Estado Amazonas, que es uno de los más afectados por las inundaciones, encontramos que específicamente, con relación a la atención a las condiciones de la infraestructura educativa, en una nota de prensa del 29 de junio, se anunciaba que, desde las instancias responsables del mantenimiento de la infraestructura escolar, se proyectaba atender 65 escuelas con el programa “Una Gota de Amor Para Mi Escuela”.

Esa cifra, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles -que son los del año escolar 2014-2015, contenidos en la última Memoria y Cuenta publicada-, corresponde al 15% del total de escuelas que había en ese estado en ese año escolar; que equivalen al 15,6% de las escuelas oficiales y al 45,5% de las escuelas que dependen directamente del MPPE.

De acuerdo a las mencionadas cifras, en el Estado Amazonas, había, en el año escolar 2014-2015, 434 escuelas, de las cuales 418 eran de dependencia oficial, 143 de dependencia nacional (directamente del MPPE), 271 estadales, 4 municipales y 16 escuelas privadas.

Eso indica que, con el programa con el que oficialmente se atiende el mantenimiento menor de las escuelas en el sistema educativo, estaba programado atender menos del 50% de las escuelas que dependen directamente del MPPE, en esa entidad.

Posteriormente, el 3 de septiembre, se reportó que se había terminado el mantenimiento solamente en 16 de esas escuelas y que continuaba en ejecución en 7 escuelas más. Las escuelas atendidas hasta ese momento, eran todas, de acuerdo a la información publicada, del Municipio Atures, que es el municipio con mayor población del estado.

Eso significa que, de las 65 escuelas proyectadas, se logró culminar, hasta el 3 de septiembre, solamente el 24,6% y estaba en ejecución un 10,8% más, lo que daría como resultado que, de las 65 solamente se lograron atender el 35,4 % de las escuelas proyectadas; y que tomando como referencia las cifras del año escolar 2014-2015, citadas anteriormente, estaríamos hablando de una atención efectiva del 16,1%, de las escuelas nacionales del Estado Amazonas, incluyendo en el cálculo, las 7 escuelas que aún se encuentran en proceso de ejecución.

No obstante, esa cifra corresponde solamente a las escuelas atendidas por el programa y que estaban programadas antes de presentarse la situación ocasionada por las inundaciones.

Dada la falta de información, y como respuesta a la situación derivada de las inundaciones, es imperioso que el MPPE informe al país: ¿Cuántas de las escuelas del Estado Amazonas fueron efectivamente afectadas por las inundaciones, cuántas han sido recuperadas y cuántas fueron utilizadas y siguen funcionando como refugios y centros de acopio? ¿Cómo se programa atender a los estudiantes de las escuelas afectadas o utilizadas como refugios y centros de acopio, a partir del próximo lunes, 17 de septiembre?

Es necesario que el MPPE suministre al país, la misma información para todos los municipios de todos los estados con zonas afectadas por inundaciones.

También, es importante que el MPPE informe al país: ¿cómo ha sido la atención hasta ahora a los niños y jóvenes de todos los municipios afectados en cuando a las limitaciones de alimentación, las restricciones de agua potable, la falta de medicamentos, los brotes de enfermedades y las pérdidas de viviendas y bienes?; ¿cómo será la atención y el acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes que no estén en condiciones de regresar a la escuela?; ¿qué estrategias se utilizarán para facilitar su reincorporación?, ¿qué estrategias y planes concretos se instrumentarán para facilitar y garantizar la asistencia de los docentes a las escuela? tomando en consideración, para todos los miembros de la comunidad educativa, los casos en los que perdieron sus viviendas, o perdieron sus bienes, en los que se han enfermado o en los que son víctimas de traumas por las condiciones de privación y de pésima calidad en la que se desarrollan sus vidas producto de las inundaciones.

¿Qué debería haber hecho el MPPE durante agosto y la primera quincena de septiembre?

Frente a esa situación descrita en las secciones anteriores que incluye tanto los efectos de la crisis nacional en la vida de los miembros de las comunidades educativas, y en el funcionamiento del sistema educativo, como los problemas estructurales del sistema; así como las consecuencias de las inundaciones en una parte del territorio nacional, que se puede catalogar como parte de la emergencia humanitaria compleja registrada en Venezuela, se esperaría que el Estado, a través del ente rector del sistema educativo y apoyándose de todos los organismos competentes, hubiera empleado el mes de agosto y la primera quincena de septiembre, para realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación, escuela por escuela, que permitiera saber en qué condiciones está el sistema educativo, en cuanto a:

1. Condiciones reales de la infraestructura escolar, más allá del “embellecimiento” de algunos espacios y del mantenimiento menor de otros, con un estudio especial de las condiciones de la infraestructura en las zonas con inundaciones.

2. Condiciones de la dotación de recursos pedagógicos, de equipos y suministros para el funcionamiento de la escuela, así como de los equipos, mobiliario y utensilios para la alimentación escolar.

3. Funcionamiento real de los servicios de agua potable y de electricidad en las escuelas, así como los servicios de comunicaciones, incluyendo la conexión a internet. Tomando en consideración la localización de escuelas en las zonas en las que se han registrado fallas recurrentes, que se han incrementado en los últimos meses, o en las zonas en las que las fallas se derivaron de las inundaciones, y para los que, además, no existen planes de restauración cercana.

4. El estado real de la planta docente, que indique cuántos profesionales de la educación, con certificación y formación adecuada se mantienen en el sistema, cuántos suplentes y personal no calificado para ejercer dicha función ha sido incorporado a las escuelas y cuántos serán necesarios para garantizar que todas las secciones, años y grados, tengan un docente a cargo.

5. También se debió hacer una evaluación de la asistencia de docentes y estudiantes, el año escolar pasado, que permitiera tener una real dimensión del problema de inasistencias recurrentes, las causas más frecuentes, así como, sus efectos sobre la planificación docente y la disminución del tiempo escolar efectivo.

6. De igual manera, se pudo aprovechar este tiempo para hacer una primera aproximación a la identificación de los efectos psicológicos de la crisis en docentes y estudiantes, que permitiera, en un primer momento, identificar zonas y escuelas en las que se deberá prestar mayor atención para detectar y atender casos en el próximo año escolar.

7. De forma complementaria y para desarrollar planes de restauración de los aprendizajes perdidos, en el caso de los estudiantes, así como para desarrollar programas específicos de formación docente, se debió aprovechar este mes y medio, para diseñar dos evaluaciones estandarizadas y aplicadas en todas las escuelas del país.

  • Una evaluación estandarizada de los aprendizajes alcanzados por cada uno de los estudiantes de educación básica, tomando como referente lo que debió aprender para obtener la certificación que se le otorgó el año escolar pasado y que lo promovió al grado y año que cursará a partir del 17 de septiembre, para los estudiantes de primaria, y del 1 de octubre, para los estudiantes de bachillerato; que permita saber con qué base real cuenta para el inicio de su formación este próximo año escolar.
  • Una evaluación de conocimiento de lo que le corresponde enseñar y de competencias pedagógicas, que tiene actualmente cada profesor y maestro.

Con los resultados de ese diagnóstico, el MPPE podría diseñar programas para:

1. Apoyar a docentes y estudiantes para que puedan asistir regularmente a las escuelas, minimizando los efectos de las limitaciones económicas y los problemas de transporte.

2. Acompañar profesionalmente a las personas, sin formación docente, que estarán cumpliendo esa función en las escuelas en próximo año escolar.

3. Reforzar los programas de mejoramiento profesional de los docentes en ejercicio, enfocando la oferta a las necesidades específicas detectadas en la evaluación estandarizada.

4. Regularizar la prestación del servicio y mejorar la calidad nutricional del Sistema de Alimentación Escolar.

5. Promover y acompañar la reinserción de los estudiantes que se vieron en la obligación de abandonar sus estudios.

6. Desarrollar planes especiales para la formación de los estudiantes que, por razones de fuerza mayor, no puedan reincorporarse a las escuelas, pero puedan acceder a la educación en otras modalidades.

7. Desarrollar programas de atención específicamente diseñados para dar respuesta y atender a toda la población que se encuentra en zonas afectadas por las inundaciones, de acuerdo a las peculiaridades que se tengan en cada caso.

8. Acompañar y formar a los docentes en la atención y el apoyo a los estudiantes que experimentan angustia y traumas psicológicos, producto de los diversos impactos de la crisis en sus vidas.

9. Ampliar y completar los esfuerzos que se están comenzando a hacer para mejorar la seguridad en las escuelas, pero incluyendo también la atención a los problemas ocasionados por la penetración del microtráfico de drogas y las bandas delincuenciales a las escuelas.

10. Generar estrategias de reorganización del horario escolar, para que no se disminuya el tiempo de aprendizaje, por los problemas relacionados con las fallas en los servicios básicos y para compensar las horas perdidas con horas complementarias en otros días y horarios.

11. Establecer una estrategia dirigida a revertir los impactos negativos de los problemas experimentados el año escolar pasado, especialmente para la restauración de los aprendizajes que no se lograron, por los problemas estructurales del sistema educativo, y por los efectos de la crisis en la vida de las familias y las escuelas.

Es menester recordar que es obligación del Estado, la garantía del derecho a la educación, por lo que se espera que en momentos de dificultades como los que se están experimentando en Venezuela, dificultades que pueden catalogarse como emergencia humanitaria compleja, la acción del Estado no se remita a anunciar el inicio del año y esperar que la “mística” de las comunidades educativas puedan resolver los problemas y garantizar el funcionamiento de las escuelas, sino que asumiendo su obligación, diseñe los programas necesarios para atender la situación y garantizar efectivamente el funcionamiento óptimo de las escuelas, así como que se alcancen los aprendizajes esperados; y en un caso como el que nos ocupa, apoyar a las familias, docentes y estudiantes, para que puedan superar las dificultades e incorporarse efectivamente a la dinámica escolar.

 

¡Así van las cuentas: perdidos 6 días de clase! En #Venezuela #QueremosClases


En la publicación anterior, reseñamos que, hasta la fecha, se han perdido 11 días de clases en las escuelas. De ellos, 6 días se perdieron en el marco de la política de ahorro energético adelantada por el Ejecutivo Nacional a través de 3 decretos. En la siguiente infografía te presentamos los decretos con la información asociada:

6diasdeclase

 

Es importante resaltar que, al momento de promulgar el Decreto 2.303, el ejecutivo anunció la suspensión de las clases los días 29 de abril y 6 de mayo. Sin embargo, el artículo 1 del decreto, establece la duración del “régimen especial” desde el 27/04, hasta el próximo viernes 13/05:

“Artículo 1 °. Se establece un régimen especial de días No Laborables, de carácter transitorio, a ser aplicado a partir del día miércoles 27 de abril de 2016, y hasta el viernes 13 de mayo de 2016, como consecuencia de los efectos negativos del fenómeno El Niño sobre los niveles de disponibilidad del volumen de agua almacenada en la Represa de Gurí, que sirve a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en el estado Bolívar (…)”

La duración establecida en el decreto, más lo afirmado en el último párrafo del mismo artículo 1 del decreto:

“La declaratoria efectuada en el presente artículo podrá ser extendida por el plazo que se estime necesario, hasta tanto se regularice la capacidad de generación de energía y se disipen los riesgos de ser afectada la prestación oportuna y eficiente del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.”

hace que muchas comunidades educativas rechacen:

  1. La potencial suspensión de clases el viernes 13 de mayo.
  2. La potencial extensión del plazo establecido en el decreto, específicamente, la extensión de la suspensión de clases los viernes hasta que “se regularice la capacidad de generación de energía y se disipen los riesgos de ser afectada la prestación oportuna y eficiente del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.”
  3. La falta de información oportuna por parte del Ministerio de Educación sobre las medidas del ejecutivo, en el marco de la crisis eléctrica, que afectarán a las escuelas.
  4. La ausencia de información sistematizada sobre la pérdida de horas y días de clases, escuela por escuela, producto de la suspensión parcial o total de la jornada por apagones y por la inclusión de las escuelas en los cortes por racionamiento en bloques, establecidos Corpoelec. (Consideramos que dicha sistematización debe incluir también, las pérdidas de clases por inseguridad -robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas- y por falta de agua).
  5. La ausencia de un plan integral que permita recuperar el tiempo perdido, restableciendo el pleno ejercicio del derecho a la educación y garantizando que la educación sea efectivamente de calidad.

Ante la incertidumbre que produce la falta de información oportuna por parte del Ministerio, la amenaza de la extensión de las medidas del ejecutivo que afectarán la actividad de las escuelas y el calendario escolar, y las reiterada violación al derecho a la educación y la restricción al derecho que los padres y las familias tienen para ejercer su deberes, es imperativo que:

  1. Se modifique el Decreto 2.203 de 26 de abril de 2016, excluyendo al sector educativo, público y privado, del sub-sistema de Educación Básica.
  2. El Ministerio de Educación elabore y presente al país, un balance de la situación que contenga un inventario del tiempo de clases perdido, escuela por escuela, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.
  3. Un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.
  4. Una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la formación.

¡En #Venezuela #QueremosClases!

 

 

En #Venezuela queremos #ClasesMañana


Como el país sabe, el 26 de abril en la noche, el ejecutivo anunció al país que, como parte del plan de ahorro energético, cuya extensión se concretaba mediante el Decreto 2.294, se incluía la suspensión de dos viernes de clases en todas las escuelas del sub-sistema de Educación Básica: el pasado viernes 29 de abril y mañana 6 de mayo.

En el post pasado, mencionamos las razones por las que, esa medida, es considerada una violación al derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Si quieren ver los detalles, pueden hacerlo en el siguiente enlace: La suspensión de clases viola el Derecho a la Educación.

Ante una medida como la anunciada, las reacciones de padres, gremios docentes y gremios de educación privada, así como las de otras organizaciones educativas y defensoras de los derechos humanos, no se hicieron esperar. La solicitud en la que la mayoría coincide, es en la modificación del Decreto 2.294 para excluir a las escuelas y garantizar que no se pierda ni un día de clase más.

Si recordamos el calendario escolar, hasta la fecha, se han perdido 11 días de clases:

5 días, 1, 2, 3, 4 y 7 de diciembre, por elecciones.
3 días, 21, 22 y 23 de marzo, adicionales a los feriados de Semana Santa.
3 días, 18 y 29 de abril, más 6 de mayo, declarados no laborales por ahorro energético.

En total, son 11 días considerados como días de clases en el calendario inicial. De ellos, en sólo 2 se justificaría la suspensión, de acuerdo a los días que son realmente necesarios para la realización de los procesos electorales.

Pero además, no entran en esas cuentas, los días de clases que han sido suspendidos, a lo largo del año escolar, por las razones citadas en el post anterior y que se han convertido en hechos recurrentes en las escuelas a nivel nacional: a) inseguridad en el país, ha tenido como consecuencia el robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas y en algunos casos, asaltos en momentos de actividades escolares; b) suspensión parcial o total de la jornada por falta de agua; c) suspensión parcial o total de la jornada por apagones; y d) inclusión de las escuelas en los cortes por racionamiento que, dado su pésimo diseño, incluye cortes inesperados fuera del cronograma señalado por Corpoelec.

Como también dijimos en el post pasado, esta situación amerita, atención integral e inmediata del Estado, por lo que seguimos esperando del Ministerio:

  1. Un balance de la situación, un inventario del tiempo de clases perdido, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.
  2. Un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.
  3. Una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la formación.

En su lugar, el ente rector ha ratificado la medida y sus voceros han insistido en que la misma no altera la “calidad escolar”. En el siguiente enlace pueden leer las primeras declaraciones del Ministro: Ministro de Educación: Medida de suspensión de clases los viernes no altera la calidad escolar.

Pero, como mencionamos al inicio, esta medida no cuenta con el acuerdo de actores y organizaciones del sector educativo. A continuación presentamos las posiciones sobre la medida, expresadas públicamente por diversas organizaciones, recogidas, en estos días.

ONG del sector educativo y defensoras de los derechos humanos

Un total de 26 organizaciones, gremiales y de investigación del sector educativo y organizaciones defensoras de derechos humanos, suscribieron la siguiente posición, en un esfuerzo coordinado por FENASOPADRES:

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Adicionalmente, encontramos la posición de Padres Organizados (que fue presentada con anticipación a la iniciativa anterior, que este movimiento suscribe) y una iniciativa de Sociedades de Padres de alrededor de la 11 planteles privados.

La posición de Padres Organizados

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La iniciativa de las Sociedades de Padres de alrededor de 11 planteles privados

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Hasta el momento sabemos que la carta, acompañada por las firmas de los padres de los planteles, fue entregada el día martes 3 de mayo, ante autoridades de la Zona Educativa del Estado Miranda y que éstos ofrecieron hacerla llegar al Ministerio. Se espera una respuesta oficial, en los próximos días. Si

 

Los gremios docentes

Como pudieron apreciar en el documento presentado por las 26 ONG, estaban incluidos algunos gremios docentes. Además de ellos, encontramos unas declaraciones a los medios, de voceros de la Federación Venezolana de Maestros. Las declaraciones las podrán leer en los siguientes enlaces:

Orlando Alzuru: Suspensión de clases afecta la calidad educativa

Docentes en desacuerdo con suspender clases los viernes

Los gremios de educación privada

Tanto ANDIEP, como CAVEP, expresaron a través de comunicaciones oficiales su posición sobre la medida. A continuación podrán leer la posición de ambos gremios:

La posición de CAVEP

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La posición de ANDIEP

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Todas las organizaciones coinciden en la importancia de garantizar cada día de clases y la necesidad de no perder ni un día más. Para ello, la mayoría exhorta al ejecutivo a modificar el decreto y reinstalar las clases mañana viernes 6 de mayo.

Esperamos que el Ministerio de respuesta a todas estas organizaciones y asuma su rol como garante del derecho a la educación en Venezuela, lo que para él, como ente rector, se traduce en la obligación, entre otras cosas, de no se suspendan clases en las escuelas.

Es por ello que le decimos:

¡Ministro, en #Venezuela queremos #ClasesMañana!

La suspensión de clases viola el Derecho a la Educación


Anoche, con este tuit, el Ministro de Educación, anunció al país la suspensión de clases en las escuelas los próximos 2 viernes, como parte del “plan” de ahorro energético que el gobierno nacional está instrumentando.

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Y en la cuenta oficial del Ministerio, este fue uno de los tuits publicados:

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Podríamos discutir largamente, las causas de la crisis energética que afecta al país en este momento: falta de planificación, mantenimiento, ampliación del sistema, incluyendo los embalses, ausencia de medidas preventivas y educativas para construir una cultura de uso energético más racional y ausencia de planes de conservación ambiental para cuidar nuestros ecosistemas, entre otras. Podríamos hablar de tiempos, porque hace varios lustros que el tema del cambio climático entró en la agenda mundial y el fenómeno de El Niño no comenzó ayer. Si lo hiciéramos concluiríamos que la falta de previsión y la improvisación es la que nos hizo llegar a este punto y no podemos escudarnos en el fenómeno del Niño para justificar la crisis energética y las medidas tomadas.

La improvisación y falta de previsión se quiere resolver a última hora con racionamiento y una campaña en la que, desde el punto de vista del gobierno, usando la etiqueta #ElNiñoNoEsJuego, pareciera insinuar que quién no se toma la situación en serio, es la población.

Entre sus mensajes, el Ministro también afirmó que “esta medida es necesaria para el uso racional de la energía eléctrica, por lo que desde el sector educativo debemos cumplir con disciplina”, por lo que queremos preguntar al Ministro ¿la disciplina se aplica sólo a la suspensión de actividades y no a la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos?

Le recordamos al Ministro que los derechos de los niños tienen prioridad absoluta, de acuerdo a las convenciones internacionales suscritas por Venezuela y tal como está recogido en nuestra legislación, comenzando por la LOPNA.

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El principio de prioridad absoluta implica diseñar una estrategia, dentro del “plan” de racionamiento del gobierno, que permita garantizar, como prioridad, entre otros, el derecho a la educación de los niños y jóvenes.

¿Cómo afecta esta medida el derecho a la educación de nuestros niños?

El decretar dos días menos de clase disminuye los días establecidos en el calendario escolar para el aprendizaje. Son dos días en los que la planificación diseñada por los docentes, no se podrá llevar a cabo y en los que se interrumpe el proceso de enseñanza que viene desarrollándose en las aulas y fuera de ellas.

Una interrupción en el calendario, no puede tomarse a la ligera porque afecta la calidad del proceso que se desarrolla en las aulas. La educación es una labor altamente planificada, y aunque toda planificación es dinámica y flexible, su flexibilidad y dinámica no puede usarse como excusa para cubrir imprevistos que pueden actuar en contra de la calidad de aprendizaje. De hecho, para que la planificación educativa funcione, tiene que desarrollarse con ciertas condiciones.

Ilustremos con un ejemplo: si las clases se suspenden un día entre semana, se pierde la continuidad de las actividades tal como estaban planificadas, por lo que el docente, tiene que modificar su plan de trabajo, tomando tiempo, destinado a otras actividades, para comenzar la jornada siguiente retomando el hilo de lo trabajado y garantizar que los aprendizajes se están desarrollando de manera óptima para todos y cada uno de los estudiantes (hay que recordar que cada estudiante es diferente porque tiene necesidades y formas de aprendizaje peculiares y el docente debe tratar de responder a todas ellas).

Si la suspensión es, como en este caso, el viernes, con lo que se amplía el lapso entre una clase y la siguiente, las actividades para retomar el hilo, también se tienen que reajustar en detrimento del tiempo que estaba planificado para las que correspondía desarrollar el lunes, si no se hubiese dado la suspensión.

Pero además, las actividades que estaban previstas para el día de la suspensión hay que reprogramarlas y rediseñarlas y si no se amplía el tiempo de clase al día o se añade un día al calendario, por cada día perdido, el docente se verá obligado a eliminar actividades para que el tiempo alcance.

Esos detalles, parecen irrelevantes para el Ministerio, son invisibles para el país, pero afectan de hecho la calidad de la educación y de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes.

¿Cómo se ha afectado el derecho a la educación, por la suspensión de clases, hasta ahora?

Si hacemos un recuento rápido sobre lo que hemos vivido durante este año escolar, encontramos que algunas situaciones que venían experimentando nuestras escuelas, se han hecho recurrentes y este año escolar, han incrementado. Citemos las siguientes:

  1. Desde hace años, hemos visto como la inseguridad en el país, ha tenido como consecuencia el robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas. Ya no tenemos reportes esporádicos de escuelas robadas en períodos vacacionales, sino que en cualquier momento del año escolar podemos leer que se robaron el tanque del agua de una escuela, las computadoras y los alimentos. Muchos de esos robos, aunque no quede registro de ello, tienen como consecuencia la suspensión de parte de las actividades escolares y dependiendo de la magnitud, de parte de la jornada de clase o de la jornada completa, por imposibilidad de desarrollar las actividades educativas con las condiciones adecuadas.
  2. También desde hace años, muchos más en algunas regiones del país, el agua falta con frecuencia en las escuelas, por lo que se suspende parcial o totalmente la jornada. (Debemos recordar que hay regiones del país en las que la provisión de agua es muy poco regular, que a veces pasan una semana o más sin agua corriente y en muchos casos, no tienen ni la infraestructura ni los recursos, para surtir a la escuela con camiones).
  3. Desde que se incrementaron los problemas con el sistema eléctrico, también hemos visto como en muchas escuelas se han tenido que suspender clases por apagones. Eso sucede con mayor frecuencia en algunas regiones del país que en otras y en algunas zonas de las ciudades y poblados.
  4. Con el plan de racionamiento, la suspensión de clases afectó a las escuelas aún cuando deberían estar excluidas. En efecto, el pésimo “diseño” del sistema eléctrico y la falta de zonificación en el entramado del cableado, impidió, por una parte, excluir a las escuelas de los cortes por racionamiento, y por la otra, tuvo como consecuencia que en muchas zonas los cortes se hicieran en los bloques que no correspondía. Esto último debido a la falta de información de los técnicos de CORPOELEC sobre la distribución del cableado.

Por los reportes que nos han llegado, sabemos que las aquí citadas, son situaciones recurrentes y extendidas a lo largo y ancho del país, pero lamentablemente, las condiciones en las que se dan y la falta de información oficial, hace que sea imposible contabilizar con precisión la cantidad de escuelas afectadas, especificando la cantidad de días y horas de clase perdidas.

Como se trata de situaciones no planificadas o imprevistos, consecuencia de una mala planificación como en el punto 4, las familias, las escuelas y los docentes, no cuentan con el tiempo para tomar previsiones y minimizar el impacto en la calidad del proceso educativo, o para compensar con ampliación de actividades o con el diseño de actividades complementarias, las interrupciones en el calendario.

Estas situaciones también parecen irrelevantes para el Ministerio y son invisibles para el país, aunque no para las familias y docentes que tienen que vivirlas con frecuencia. Las interrupciones en el calendario y las suspensiones no previstas de clase, como en el caso anterior, afectan de hecho la calidad de la educación y de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes y no pueden ser ni invisibles para el país, ni irrelevantes para el ente a quién corresponde la obligación de garantizar el derecho a la educación en Venezuela.

De forma complementaria, es importante hacer mención a una situación que, ya no por la suspensión o interrupción de clases, afecta la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes y por tanto, la realización del derecho a la educación. Se trata del diseño de los bloques de racionamiento que incluyen horarios que son vitales para la realización de derecho a la educación: el bloque de 4 am a 8 am, que es el que las familias necesitan para acompañar a los niños y jóvenes en su preparación para asistir a las escuelas; y el bloque de la tarde, que es cuando los estudiantes llegan a sus casas y tienen que investigar y realizar actividades de aprendizaje complementarias a las realizadas en el aula.

Al respecto, le preguntamos al Ministro: ¿cómo estudian nuestro niños y jóvenes sin luz en sus casas? ¿cómo hace un docente para decidir y planificar qué día asigna tareas o investigación para la casa, en un grupo de unos 30 niños o jóvenes que viven en zonas con horarios de racionamiento diferentes?

Y ante la ausencia de información oficial, también queremos preguntarle al Ministro: ¿qué pasó con el sistema de información del sistema educativo? porque es bueno, en este contexto recordar que a finales de los 90s, Venezuela contaba con un sistema de información que nos permitía conocer detalles del sistema educativo, incluyendo características de las escuelas, dotación, nómina y estudiantes, entre otras, escuela por escuela y en todo el territorio nacional. Ese sistema fue modificado progresivamente por el ministerio y a pesar de que, en los primeros años de la década pasada, se le hicieron mejoras y se puso a disposición de todos los ciudadanos en internet, como deber ser por tratarse de información pública, posteriormente, se fue reduciendo la información disponible, para terminar cerrando el acceso público en el 2010.

En ese sistema, debería poder tenerse un registro de los días sin clase y sus motivos, porque, esa es información que periódicamente se reporta desde las escuelas. Esa opacidad creciente que el Ministerio ha adoptado como política, adicional a la prohibición expresa que desde hace años le hizo a directores y docentes para que no dieran declaraciones a los medios, ni suministraran información a investigadores, impide que, en un momento como éste, la ciudadanía pueda sistematizar información sobre lo que está sucediendo y hacer la contraloría que le corresponde de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Constitución.

Finalmente, creemos que la situación que se vive en el sistema educativo, producto de la recurrencia de los factores aquí mencionados, no se resuelve con la tradicionalmente utilizada “recomendación” del Ministerio a las escuelas y docentes, de hacer “ajustes” de acuerdo a las condiciones de cada escuela y grupo de estudiantes. Creemos que se trata de una situación de una importancia y gravedad tal, que amerita atención integral e inmediata del Estado

En primer lugar, se requiere un balance de la situación, un inventario del tiempo de clases perdido, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.

En segundo lugar, un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.

Y en tercer lugar, una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la  formación.

 

¿Y entonces ministro? #DDHH


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Eso lo dijo hoy, 1 de diciembre, a la 1 pm, a 13 horas de iniciado el período de suspensión de actividades y a 6 horas del inicio regular de la jornada educativa.

¿Y el derecho a la información oportuna? El derecho de los docentes a ser informados con tiempo para poder ajustar su planificación y el de las familias a tener información oportuna para tomar las debidas previsiones.

¿ y el derecho a la educación de los estudiantes?

Eso no pasaría si el ministro, como muestra en su twitter, en lugar de promover o alcahuetear la participación de funcionarios públicos, en ejercicio de sus cargos, en actividades de campaña electoral -reuniones de “supervisores” para la activación de puntos rojos, o el chequeo de la “maquinaria 1×10” del “sector educativo”, entre otras-, se dedicara a hacer su trabajo como ministro de educación.

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Pues sí: ¡Desde el 1ero de diciembre! #DDHH #Educacion


En efecto, de acuerdo a la web del ministerio, el ministro, por tuiter,  anunció la suspensión de clases para la realización del proceso electoral.

Las clases serán suspendidas desde el primero de diciembre, por lo que el ministerio se estaría tomando 2 días más de lo estrictamente necesario para la realización del proceso electoral. Por otra parte, si bien el ministro señala que la suspensión se realizará solo en las escuelas que funcionan como centros electorales, no se especifica cómo se hará para reprogramar los días perdidos en esos casos.

De acuerdo al anuncio del ministro, y al calendario del CNE, las escuelas podrán reiniciar actividades entre el lunes 7 y el martes 8, por lo que estamos hablando de una pérdida de mínimo 5 días de actividades (máximo de 6 días en las que la entrega del material restante se realice el lunes 7 como está previsto en el calendario del CNE).

Como cada día de clase es importante para la realización del derecho a la educación, no resulta dato irrelevante que haya un tratamiento diferenciado en los días de clases ofrecidos en las escuelas, dependiendo de si éstas funcionan o no como centros electorales. De hecho es obligatorio recuperar esos días perdidos, mucho más cuando el período de suspensión de actividades por el proceso electoral no estaba incluido en el calendario -lo que hubiese permitido a esas escuelas tomar previsiones en su planificación- y cuando el anuncio se hizo sólo 3 días hábiles antes y por tuiter.

También, es importante resaltar y llamar la atención sobre otro dato, que tal como reseña la noticia, fue suministrado por el ministro en su tuiter: “las escuelas que funcionen como centros de votación continuarán normalmente las actividades académicas hasta el 16 de diciembre“.

Entendemos que con “actividades académicas hasta el 16 de diciembre” el ministro se habrá querido referir estrictamente a las escuelas que ofrecen máximo hasta 6to grado, porque, de acuerdo al calendario publicado por su despacho, en la semana del 14 al 18 de diciembre, en las escuelas de educación media está prevista la realización de consejos de docentes y entrega de boletines con calificaciones, habrá actividades académicas hasta el 18 y el asueto navideño inicia el lunes 21 de diciembre. En las escuelas en las que sólo se ofrece educación inicial, primaria y especial, la elaboración y entrega de informes está prevista para la semana del 7 al 11 y los consejos se desarrollarán el lunes 14.

Por cierto, las escuelas que ofrecen educación inicial, primaria y especial que sean centros electorales y que pierdan entre 5 y 6 días de clases por las elecciones, podrían utilizar la semana del 14 al 18 de diciembre para recuperar los días perdidos por la realización del proceso electoral.

Reprogramar los días perdidos es parte de la obligación del Estado de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.

¿Desde el 1ero de diciembre?


Como se ha convertido en una terrible costumbre en Venezuela, los procesos electorales no están contemplados con anticipación en el calendario escolar elaborado por el ministerio. En efecto, las elecciones del 6 de diciembre, no aparecen reseñadas en el calendario que, tardíamente, envió el ministerio a las escuelas y publicó en su página web. A continuación pueden ver las actividades y efemérides incorporadas en el mes de diciembre, en las dos versiones del calendario:

calendario primaria

calendario media

Si aún no tienen el calendario oficial y lo quieren bajar, pueden hacerlo en el siguiente enlace: Calendario 2015-2016

Por su parte, el CNE en su cronograma electoral, establece que la distribución del material a los centros electorales se realizará el jueves 3 de diciembre (actividad 85), la instalación de las mesas electorales el día viernes 4 a las 8 am (actividad 87) y la recolección el material electoral se realizará entre los días 6 y 7 (actividad 94), lo que implicaría que las escuelas podrían iniciar actividades, el mismo lunes 7, en aquellos casos en los que la recolección del material electoral se realice el día 6.

A pesar de que con este cronograma del CNE se estarían tomando las escuelas un día más de lo estrictamente necesario, al indicar que la entrega del material se realizará el jueves 3, establece claramente que las escuelas estarían recibiendo al Plan República y el material electoral el jueves y entregando el material restante y despidiendo el resguardo de las instalaciones hecho por el Plan República, entre el domingo 6 y el lunes 7, lo que significa, a efectos del calendario escolar que se interrumpirían las actividades máximo 3 días.

Si no conoces el cronograma electoral, puedes buscarlo en la página el CNE o bajarlo aquí: Cronograma elecciones 6D 2015

Cabe resaltar que de acuerdo a los términos que están acostumbrados a utilizar algunos funcionarios, se denomina a este momento la “toma de las escuelas por parte del Plan República”, cuando lo correcto es decir que las escuelas están recibiendo el material electoral y la custodia de la seguridad del mismo, por parte del Plan República. Parece un detalle insignificante, pero no lo es, porque la autoridad de las escuelas reside en sus directivos y la autoridad civil de adscripción (nacional, estadal, municipal, privada o autónoma) y el Plan República sólo cumple funciones de resguardo de las instalaciones en las que se deposita el material electoral.

Hecha esta precisión, es importante llamar la atención en este momento, sobre las declaraciones del Jefe del ZODI del Estado Monagas, quien dice que aspira “tomar” las escuelas el primero de diciembre:

PR monagas

La reseña de las declaraciones, hechas en el portal de Globovisión, se pueden ver en este enlace: Declaraciones del Jefe del Plan República de Monagas.

Estas contrastan con las realizadas por el Jefe del ZODI del litoral central que parecen más apegadas al cronograma del CNE:

vargas

La reseña de estas declaraciones se encuentran en el portal “Ojo Pelao” y se pueden ver en este enlace: Declaraciones del Jefe del Plan República en Vargas.

A esta altura, aunque ya es tarde, corresponde al Ministerio de Educación informar oficialmente a las escuelas sobre los detalles de este proceso y sobre el ajuste que se requiera en el calendario, para recuperar los días que se pierdan en el proceso electoral, por no estar éste considerado inicialmente en su calendario. Esto deberá hacerlo a la brevedad posible, para que las escuelas, a su vez, puedan hacer sus ajustes con la reprogramación correspondiente.

Igualmente, es inaplazable que el ministerio se siente con las autoridades del CNE y las del Plan República, a coordinar la llegada del material a las escuelas que funcionan como centros electorales y de los efectivos que resguardarán su seguridad, así como, la salida de los efectivos y el material en lo que terminen las actividades del proceso electoral que se realizan directamente en los centros, para que las escuelas puedan retomar su dinámica de clases sin perder injustificadamente, ni un día más afectando el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes.

Obviamente, a esta altura, esta coordinación a la que nos referimos, debería estar realizada, pero dadas las diferencias en las declaraciones de los representantes del Plan República, nos tememos que aún falte mucho por acordar y coordinar entre estos entes, para el proceso de este 6 de diciembre.

 

 

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