Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Inicio del año escolar 2019-2020, con “alegría” a medias


A pocas horas del inicio del nuevo año escolar, se perfila una situación muy precaria y complicada.

Por una parte, el ministerio de educación gira instrucciones para que en todas las escuelas se regrese a clases “con alegría”, en las notas de prensa del ministerio, se anuncian la garantía de entrega de útiles, uniformes y la presencia del programa de alimentación en las escuelas; pero por la otra, en una zona educativa, se advierte que las escuelas trabajarán medio turno, hasta que llegue el PAE y que, el inicio del año escolar se hará de forma diferenciada: en las escuelas elegidas por circuito, las actividades serán diferentes a las del resto de las escuelas, porque podrán ser visitadas por autoridades y podrán contar con la participación de otros estudiantes.

Adicionalmente, existe mucha incertidumbre, ya que, a pesar de los reiterados anuncios del programa “Una Gota de Amor para mi Escuela en Resistencia”, no se tiene información precisa sobre las condiciones en cada una de las escuelas, en algunos casos, la “gota de amor” no llegó o no fue suficiente; y hay una fuerte protesta de los educadores, por la estrategia asumida por el ministerio, para tratar de paliar las consecuencias del éxodo de docentes del sistema.

Vamos por partes:

Otro año sin calendario

Antes de entrar a tocar los temas mencionados al inicio, es importante hacer notar que, hasta la fecha, el ministerio no ha ni publicado, ni distribuido, el calendario escolar para el año 2019-2020, de hecho, en la página del ministerio, aún aparece el banner del calendario para el pasado año escolar:

portada de web

Cabe recordar que, el calendario escolar, es un instrumento que debería ser definido antes de finalizar el año escolar previo y distribuido en las escuelas en Julio, para que el cierre de año, pueda incluir las correspondientes actividades de planificación y preparación para el nuevo año. Eso dejó de hacerse así, desde hace mucho tiempo en Venezuela.

Sin embargo, este año escolar, dadas las deficiencias que hubo en los dos años escolares anteriores, el diseño, elaboración y distribución del calendario, debería haberse hecho, no solamente antes de terminar el año escolar pasado, sino que esperamos, que en este caso, incorpore ajustes que permitan a educadores y estudiantes, restaurar los aprendizajes perdidos y no alcanzados el año pasado y, además y en consecuencia, desarrollar con calidad, los aprendizajes correspondientes a este año escolar.

Regreso con discriminación

De acuerdo a la información que circuló el ministerio a través de sus redes de supervisores, hay dos formas de comenzar el año escolar: “con alegría” y con actividades especiales por si vienen funcionarios y medios.

Las pautas para todas las escuelas, fueron distribuidas en dos formatos, a través del documento “Regreso a Clases con Alegría”, que contenía en toda su extensión, la “instrucción ministerial”, con lo que se esperaba que se hiciera en las escuelas, antes, durante y después del día de inicio de actividades.

portada regreso a clases

Y, también, fueron distribuidas, por chat, a través del siguiente mensaje de texto:

Cabe señalar que, llama la atención, que de los 5 viceministerios de ese ente, las instrucciones para el inicio del año escolar fueran firmadas y difundidas por el viceministro de Comunidades Educativas y no por los viceministros de Educación y Primaria y de Educación Media.

Las instrucciones, incluían una estrategia comunicacional, con etiquetas y videos:

Pero posteriormente, se distribuyó una instrucción adicional: la selección de unas escuelas (una por circuito) en algunas zonas educativas, en las que se realizarían actividades diferentes. Con esta instrucción, se identificaría un grupo de escuelas para que sirvieran de vitrina, mostrando, a través de un selecto grupo, lo que se supone que es el inicio de este año escolar en Venezuela, aunque no se desarrolle de la misma manera en todas las escuelas del país.

A continuación, encontrarán un enlace en el que pueden escuchar 2 notas de voz, distribuidas a través de la red de supervisores de una de las zonas educativas del país, con las instrucciones para la selección y con algunas ideas gruesas sobre lo que podría pasar en las escuelas seleccionadas.

Notas de Voz sobre el inicio del año escolar (1)

De acuerdo a lo afirmado en los audios, las actividades en esa selección de escuelas, se espera que sean diferentes a las del resto, incluso, pueden incluir la presencia de estudiantes de otras escuelas, en las seleccionadas.

A continuación, de forma complementaria, se presentan dos capturas de pantalla del documento “Regreso a Clases con Alegría”, que contienen las actividades a desarrollarse en las escuelas de educación inicial y primaria, durante la primera semana de actividades:

Para quienes deseen leer el documento completo, lo dejamos en el siguiente enlace: REGRESO A CLASES CON ALEGRÍA.

¿Los uniformes y útiles son para cuándo?

El ministerio también hizo anuncios en los últimos días, en los que aseguraba que tanto los uniformes, como los útiles escolares, estarían garantizados. Entendemos que se trata de garantizarlos para todos los estudiantes de las escuelas oficiales, tal como lo establece el derecho a la educación.

Sin embargo, en los anuncios, se incluía información sobre compras programadas y producción en curso, que no necesariamente garantiza que el año escolar inicie con la dotación a todos los estudiantes de esos dos rubros de la canasta educativa. También se encontró mucha falta de precisión sobre las cantidades a producir y adquirir, ya que las mencionadas en las notas de prensa, no coincidían con las demandadas por el sistema. (Pueden ver más detalles de estas notas de prensa, en los enlaces que están en las notas a pie de página)

Al respecto, esperamos conocer, el listado de insumos a entregar a cada estudiante, así como el cronograma de distribución por parte del ministerio, ya que, el año escolar pasado, pudimos ver como útiles y uniformes eran entregados meses después del inicio del año escolar, lo que implica una discriminación a los estudiantes que no pudieron contar con esos rubros durante todo el año.

Menos tiempo hasta que llegue la alimentación

Entre los anuncios hechos por el ministerio, con respecto a la alimentación escolar, resaltaron los del ministro, quién dijo que se garantizaría la “presencia” del Programa de Alimentación en las escuelas y que se estaba trabajando en el mecanismo de distribución, para lo que se empleará una empresa del Estado especializada en almacenamiento y logística (CEALCO (2), fundada en 1976 y adquirida por PDVAL en el año 2008, que es adscrita al ministerio de alimentación en el 2010).

Las cifras que se manejan en todas las notas de prensa en las que se ha mencionado la garantía del PAE durante el año escolar, coinciden con 603.000 toneladas, para la alimentación de “más de 24.000” (3) escuelas, durante todo el año. Sin embargo, hasta el momento no se ha especificado:

  1. ¿Qué contendrán, en términos de tipo de alimentos y proporciones, esas 603.000 toneladas?
  2. ¿En qué cantidad y en qué momentos, serán distribuidas a cada una de las escuelas del país?

Pero lo más importante de la información omitida es:

  1. ¿De dónde saldrán los alimentos a ser almacenados y distribuidos por esa empresa? ya que, lo único que se menciona en las notas de prensa, es que el programa “tiene que funcionar con producción nacional” (4), pero no se especifica cómo se va a promover y garantizar.
  2. ¿Cómo se van a almacenar, conservar, refrigerar y cocinar los alimentos en todas las escuelas? En efecto, hasta la fecha, no se ha presentado ni información, ni un plan, que considere la situación de cada una de las escuelas, para abordar los problemas de los servicios que restringen el funcionamiento de los planteles y que afectan la preparación y conservación (electricidad, agua y gas), así como tampoco, un plan para la reparación y dotación de equipos de refrigeración y cocina.

Lo que sí se hizo, fue advertir a las escuelas de, al menos, una de las zonas educativas del país, que, mientras no lleguen los insumos para la elaboración de la alimentación, las escuelas trabajarán media jornada, lo que significa que, el año escolar arranca con un recorte del tiempo. (Captura de pantalla del mensaje enviado por la red de supervisores a través de una aplicación de chat)

medio turno pae

Es importante recordar que es costumbre, en el sistema educativo venezolano, que se recorte la jornada escolar, entre otras, cada vez que falla el programa de alimentación. Esos recortes, que afectan la calidad y completitud del aprendizaje, no son contabilizados por el sistema, para ser recuperados en otro momento del año escolar.

¿Inicio de clases en las calles?

De acuerdo a la información suministrada por algunos de los gremios y movimientos de educadores, dada la precaria situación de los docentes, que les impide asistir a las escuelas en condiciones óptimas, mañana lunes, se esperan protestas en todo el país. (Ver imagen)

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Una de las consignas de esa protesta, según el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, es: ¡La clase del 16 la damos en la calle! Ver @EducadoresMESR.

(Sobre el tema de la situación de la profesión docente, y las políticas empleadas por el ejecutivo para abordarlas, escribiremos en la próxima entrega)


Notas:

(1) Las notas de voz fueron distribuidas por la red de supervisores de una de las zonas educativas del país, utilizando una aplicación de chat y fueron compiladas en un sólo audio para facilitar su difusión.

(2) CEALCO

(3) Anuncio sobre garantía de dotación para inicio del año escolar

(4) Los datos sobre la dotación del PAE

A pocos días del inicio del año escolar 2019-2020 (Parte 2)


Hoy martes 27 de agosto, a 19 días del inicio del nuevo año escolar 2019-2020, continuamos tocando los aspectos que nos permitan comprender la complejidad y gravedad de la situación, de la educación en Venezuela, como parte de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país.

Precaria situación del sistema educativo

Como ha sido puesto en evidencia, en diversas fuentes, un componente esencial de la crisis humanitaria que afecta el país, es el alto y progresivo deterioro del sistema educativo, en términos de infraestructura, servicios básicos, equipamiento, y recursos pedagógicos y materiales. Veamos algunos detalles al respecto.

El acceso a la educación, tal como establece el enfoque de derechos humanos, y como hemos indicado en publicaciones anteriores, no se limita a la existencia de escuelas en cantidad suficiente para atender a la población en edad escolar en un país. Para que exista un acceso real, se debe garantizar que existan las instalaciones, que estas estén en óptimas condiciones, que cuenten con los servicios necesarios para su funcionamiento, y con los recursos (humanos, pedagógicos y materiales, que incluyen equipamiento, mobiliario y materiales en general) que permitan garantizar educación de calidad para todos y sin discriminación; también que el Estado facilite la incorporación, de la población correspondiente, provea los recursos para que se mantenga en el sistema y culmine la formación completa; y además, que el proceso educativo se realice en condiciones tales, que se garantice el éxito en la formación.

En ese marco, es que uno de los elementos de la garantía del derecho a la educación, es el establecimiento de educación gratuita y la determinación de que la gratuidad no se remite a que las familias no tengan que sufragar el costo del funcionamiento de los planteles mediante el pago de aranceles por inscripción y mensualidades.

De hecho, el Estado debe garantizar la existencia de escuelas en las que se ofrezca educación gratuita en cantidad suficiente, como para atender a toda la población que lo requiera. Pero también, el Estado, debe garantizar que las familias no tengan que asumir los costos de lo que se denomina la canasta educativa y que está constituida por los gastos en aranceles de inscripción y mensualidades, más 4 rubros adicionales que son imprescindibles para garantizar la asistencia de la población a la escuela, en condiciones óptimas. Estos, como ya hemos mencionado en oportunidades anteriores, son: alimentación en horario escolar, uniformes, útiles y transporte.

Sobre este punto específico, hemos dicho en innumerables oportunidades que, el Estado no cumple reiteradamente con uno de los elementos de la canasta educativa, dado que la mayoría de las escuelas oficiales a lo largo y ancho del país, no cuenta con un sistema de transporte escolar y que las medidas como el subsidio al transporte público, para la atención a la población estudiantil, han desaparecido progresivamente, al punto de que, en este momento, no funcionan.

Para ilustrar este punto, vamos a citar el “Informe Condiciones de Vida de las Comunidades Indígenas 2019. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro”, elaborado por la organización Kapé Kapé (1), en el que se afirma que el 82,6% de las comunidades indígenas incluidas en el estudio, carecen del servicio de transporte, pero no solamente del servicio de transporte escolar, sino del servicio de transporte público en general, lo que afecta, entre otras cosas, la asistencia a las escuelas, dejando como única opción de acceso, ir a las escuelas a pie. Es importante resaltar que, además de formar parte de la canasta educativa, la provisión de transporte público en un mandato establecido en la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades indígenas. (2)

Adicionalmente, es importante señalar que una de las causas de abandono escolar (reportado por el 62% de los entrevistados), identificadas por Kapé Kapé en su informe, es la incapacidad de las familias para cubrir los costos de mensualidades de las escuelas, la compra de útiles escolares y el transporte, tres elementos que conforman la canasta educativa.

Pero esa no es una realidad exclusiva de las comunidades indígenas, de hecho, la ausencia de transporte escolar, se ha agudizado por el deterioro y la restricción progresiva del transporte público, más allá de la existencia o no, de mecanismos de subsidio al pasaje estudiantil, convirtiéndose en una causa de las inasistencias recurrentes de docentes y estudiantes, a las que nos referimos en la publicación anterior.

Al respecto, la UDSE (3), en su informe, menciona la falta de transporte como una de las causas para que no se haya cumplido con la programación de los proyectos pedagógicos, durante el año escolar pasado. Y FUNDAREDES (4) en los resultados de su encuesta reporta que en el 81% de las escuelas incluidas en su muestra, se presentaron inasistencias de docentes, motivadas por problemas relacionados con la situación del país, entre ellos la falta de transporte.

Con respecto al sistema de alimentación escolar, la situación es alarmante porque, como ya es información conocida, una alimentación deficiente, influye directamente en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. De hecho, esa es la razón por la que se incluye este aspecto como parte de la canasta educativa, y los datos reportados en los estudios, corroboran lo que ha sido puesto en evidencia, a través de noticias y reportajes puntuales, en múltiples medios de comunicación.

En este caso, la situación tiene dos componentes: la ausencia reiterada en muchas escuelas de la alimentación provista en horario escolar, como parte de la política educativa del Estado y la inadecuación nutricional de las comidas ofrecidas, de acuerdo a los estándares establecidos y a las características de la población a atender.

En efecto, solamente el 11% de las escuelas que formaron parte del estudio de FUNDAREDES dijeron que se cumplía diariamente con el programa de alimentación, y de la totalidad, apenas el 1,4% dijo que la alimentación cumplía con los valores nutricionales adecuados.

Por otra parte, el informe presentado por CADEF (5), indica que en en el Estado Cojedes, el programa de alimentación no funcionó en más del 70% de las escuelas incluidas en su muestra y que en las que funcionó, lo hizo de manera deficiente, al punto de no cumplir con los requerimientos nutricionales adecuados, y solicitar condimentos, como colaboración de las familias para completar la preparación de los alimentos.

En el caso de las escuelas del Estado Carabobo, según información suministrada por las organizaciones FENASOPADRES y Padres Organizados, el programa de alimentación tuvo fallas en su instrumentación en todas las escuelas. En algunos casos, la alimentación no cumplía con los requerimientos nutricionales adecuados, pero en la mayoría, el suministro falló en múltiples oportunidades, a lo largo del año escolar.

Con respecto a los otros 2 componentes de la canasta educativa, uniformes y útiles escolares, por las propias notas de prensa publicadas por el ministerio de educación, se sabe que parte de la dotación no se entrega al inicio del año escolar. Efectivamente, hay múltiples notas anunciando entregas en escuelas específicas, durante todo el año, lo que constituye un problema en la instrumentación de esa política, ya que, los uniformes y los útiles escolares, deben ser suministrados a todos los estudiantes que los requieran, al inicio del año escolar para eliminar las restricciones potenciales del acceso, derivadas de su falta y las consecuencias en el desempeño de los estudiantes desatendidos.

Más allá de la canasta educativa, las condiciones de infraestructura y servicios de las escuelas, es otro de los aspectos en creciente deterioro. Al respecto mencionaremos algunos datos, que, como se aclaró anteriormente, dada la ausencia de datos públicos y completos, son producto de estudios parciales y enfocados en muestras.

Comenzaremos, nuevamente, citando el informe de Kapé Kapé que se refiere a las condiciones en las comunidades indígenas, debido a que, de acuerdo a los datos recabados, el 26 % de las comunidades estudiadas no cuentan con escuelas, lo cual es una situación de partida muy grave, ya que eso obliga a la población a trasladarse a otra comunidad para poder estudiar y ese traslado, sin transporte disponible, en comunidades que con asentamiento disperso, es mucho menos factible.

Adicionalmente, en el informe precisan que las comunidades estudiadas en el Estado Amazonas, que cuentan con escuelas, las escuelas ofrecen nada más hasta cuarto grado de educación primaria, lo cual impide, por limitaciones en la oferta, que los habitantes de esas comunidades puedan completar la educación básica obligatoria, que, en Venezuela, incluye educación inicial, primaria y bachillerato.

Por otra parte, con relación a las condiciones, en el informe se indica que las comunidades del Municipio Sucre del Estado Bolívar dijeron que las escuelas se encuentran en muy mal estado y en el Delta Amacuro, las comunidades reportaron contar con infraestructura escolar muy deteriorada. Así mismo, reportan fallas en el servicio eléctrico y en el suministro de agua potable, en este caso el reporte es hecho por más del 90% de todas las comunidades consultadas en las 3 entidades, lo cual afecta el funcionamiento de las escuelas en los lugares en las que existen.

En cuanto a la infraestructura, el estudio de FUNDAREDES, arrojó que solamente el 11% de los planteles cuenta con condiciones óptimas para desarrollar las actividades escolares, apenas el 2% reportó que se desarrollaran actividades de mantenimiento y el 1% dijo contar con los servicios básicos de forma permanente y con los servicios sanitarios en buen estado. Las deficiencias en la dotación de mobiliario alcanzan al 91% de la muestra de planteles, la inexistencia de espacios con dotación de equipos de computación para el uso de los estudiantes, alcanza el 97%, el 93% dijo no contar con espacios y equipos deportivos, y solo el 7% dijo tener material didáctico adecuado.

El informe presentado por CADEF, indica que las escuelas no tienen las condiciones para funcionar y en algunos casos, no cuentan con pupitres por lo que los estudiantes deber sentarse en el suelo. Ese informe también reporta las fallas en los servicios de agua y electricidad, de forma recurrente, en las escuelas del Estado Cojedes.

De forma complementaria, aunque es un elemento que no se menciona con frecuencia en las evaluaciones sobre las condiciones de funcionamiento del sistema educativo, es importante mencionar que, de acuerdo a los datos recogidos en la muestra estudiada por FUNDAREDES, solamente el 3% de las escuelas cuenta con un servicio que permita brindar primeros auxilios a docentes y estudiantes durante el horario escolar y que los estudiantes no cuentan con seguro médico. Por su parte CADEF reporta en su informe, que los docentes cuentan con un seguro médico, pero con una cobertura simbólica que no permite que éstos puedan atender sus problemas de salud. Dato que también es corroborado en el informe de la UDSE.

Este dato es especialmente relevante en la situación de crisis humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela, debido al incremento de los problemas de salud en todo el territorio nacional. En el caso de las comunidades indígenas, la situación tiene como agravante la inexistencia de ambulatorios, o su existencia en condiciones precarias, lo que impide la atención en salud de la población escolar.

Como se puede observar, en términos de infraestructura, servicios y equipamiento, los datos reportados por estas organizaciones ratifican la precariedad de las condiciones en las que se encuentra el sistema educativo y se esperaría que, durante el período vacacional que, para los niveles de inicial y primaria, termina en 19 días, se desarrollara un profundo proceso de mantenimiento y dotación escolar que permitiera restaurar las edificaciones y mejorar las condiciones en todas las escuelas oficiales del país.

El plan de dotación y mantenimiento escolar, como ya hemos mencionado en otras publicaciones, que debería ser diseñado con anticipación, contar con un cronograma realista de ejecución y con recursos suficientes para su financiamiento; debería ser conocido por todo el país, especialmente por las comunidades educativas e incluir, en el caso del mantenimiento, tanto actividades de mantenimiento menor, como las de mantenimiento mayor que deben hacerse periódicamente en todas las escuelas, porque no se trata solamente de hacer una limpieza profunda y algunos retoques en la infraestructura, se trata de garantizar que las escuelas, cada una de ellas, esté en condiciones óptimas para el desarrollo del próximo año escolar.

Ese plan, no se conoce hasta el momento.

Pero además, hay dos aspectos que deberían tratarse de forma prioritaria, en este contexto: la construcción y equipamiento de unidades educativas en las zonas en las que no existe oferta actualmente, así como la ampliación de la infraestructura, en aquellos casos que, por la matrícula, lo ameriten; y la garantía de provisión, sin interrupciones, de los servicios básicos de los que dependen las escuelas para funcionar.

Para ello, como se ha mencionado en publicaciones anteriores, es imprescindible, hacer un censo detallado de las condiciones de cada escuela, tanto de las condiciones en las que se encuentra su infraestructura, como de las condiciones de los servicios asociados a su funcionamiento.

Desde finales del año escolar pasado y en lo que va del mes de agosto, no ha habido una declaración del ministerio que diga que están realizando un censo exhaustivo, completo y detallado que permita conocer la situación y condiciones de cada una de las escuelas, incluyendo el funcionamiento de los servicios públicos de los que dependen.

De hecho, dada la situación que se vive en el país, es urgente que, desde el Estado, se realice este censo para conocer cuáles son las condiciones de cada escuela, en términos de servicios, para saber, por ejemplo, cuántas escuelas no cuentan con servicio de agua potable, por lo que requieren un suministro periódico y programado a lo largo del año escolar; cómo está la situación del racionamiento eléctrico escuela por escuela para conocer las posibilidades de interrupciones de actividades del año escolar próximo y tomar previsiones que permitan minimizar, o compensar el tiempo que se puede perder por ello; como no hay transporte escolar en las escuelas oficiales, también hay que conocer cómo está funcionando el transporte público en las zonas en las que están las escuelas, para saber la capacidad de acceso real diario de docentes y estudiantes y buscar opciones que permitan minimizar las deficiencias de transporte que limitan el acceso a la educación en todo el país.

Así mismo, se requiere conocer con detalle la situación de la infraestructura, el equipamiento y la dotación de las escuelas, para poder hacer ajustes antes del inicio del año escolar y adicionalmente, diseñar planes de inversión para abordar la situación más allá del momento.

La elaboración del censo, por la información recabada, permitiría al país, en primer lugar, saber en qué condiciones podrán desarrollarse las clases en cada una de las escuelas durante el año escolar 2019-2020, cuáles son los riesgos o condiciones que podrían alterar su desarrollo y qué medidas deben tomarse para garantizar que, progresivamente, se garantice su desarrollo en condiciones óptimas.

A partir de la información recabada, se podrían establecer, por una parte, planes de inversión para garantizar, en el corto plazo, el funcionamiento de todos los servicios en todas las escuelas del país, y por la otra, planes de contingencia para garantizar que, mientras ello se logra, no se pierda tiempo de actividades escolares, por las recurrentes fallas en el servicio eléctrico de algunas zonas, o por la ausencia de servicio de agua o las deficiencias de transporte público, debido a la inexistencia del transporte escolar.

En ese marco, se podrían tomar medidas para que cuando se inicien las clases de inicial y primaria el 16 de septiembre y las de media en octubre, cada una de las escuelas se encuentre en las condiciones adecuadas: tengan agua, luz, la infraestructura en buen estado, estén bien equipadas y dotadas, se hayan resuelto los problemas de gestión que han tenido como consecuencia las fallas recurrentes de la alimentación en las escuelas, así como, se instrumenten medidas para resolver los problemas de transporte, incluso, los de inseguridad que es un tema que no se ha tocado hasta el momento, así como también tengan los docentes completos y formados para realizar su trabajo.

No obstante, como la falta de docentes y las pésimas condiciones de contratación y trabajo en las que se encuentran, es un problema que se ha agudizado, que forma parte de las condiciones de desarrollo del proceso educativo, pero que en sí mismo, es complejo, dedicaremos una nueva publicación para tocar el tema con más detalle, apoyándonos en algunos datos presentados por algunos de los informes muestrales que hemos consultado hasta ahora.

Posteriormente tocaremos los aspectos relacionados con la baja calidad y pertinencia de los aprendizajes.


Notas:

(1) Kapé Kapé es una organización dedicada a defender y proteger los derechos de los pueblos indígenas. El “Informe Condiciones de Vida de las Comunidades Indígenas 2019. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro” es el más actualizado de la organización, sobre la situación de las comunidades indígenas en esos tres estados, y estudió las condiciones de vida de 23 comunidades indígenas de los Estados Amazonas (12 comunidades del municipio Autana), Bolívar (9 comunidades, 5 del municipio Sucre y 4 del Municipio Sifontes) y Delta Amacuro (2 comunidades en los Municipios Antonio Díaz y Pedernales).

Pueden conocer su trabajo visitando su página web y ver el informe completo en la sección de informes, o bajarlo directamente desde este enlace de su web.

(2) En la página 8 de su informe, Kapé Kapé refiere el contenido del artículo 73 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación, incluyendo a las comunidades con asentamiento disperso, para las que se establece la obligación de garantizar el acceso al transporte.

(3) Como se apuntó en la publicación anterior, la UDSE (Unidad Democrática del Sector Educativo) presentó, ante la opinión pública, un informe el pasado 30 de julio con información sobre 6 problemas que incidieron en la garantía del derecho a la educación en Venezuela. Al final de esta reseña hecha por del medio “Punto de Corte”, pueden encontrar un enlace que les permite bajar la presentación del informe. Nota de Punto de Corte.

(4) En el caso de FUNDAREDES (Fudación Redes), hacemos referencia a la misma encuesta que realizó al personal docente, que citamos en la publicación pasada. Esta, como dijimos, fue realizada en una muestra de escuelas, de educación primaria y media, en todo el territorio nacional. De acuerdo a la información suministrada por la fundación, los resultados serán presentados públicamente, en los próximos días y la muestra estuvo conformada por 3.044 escuelas cuya distribución porcentual, se encuentra en el gráfico de la nota correspondiente en la pasada publicación.

En este enlace pueden encontrar la web de FUNDAREDES y ver sus informes.

(5) Como también se dijo en la publicación anterior, CADEF (Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos) elaboró un reporte sobre la situación del derecho a la educación en el Estado Cojedes. El estudio incluyó los testimonios de padres y representantes de 16 instituciones educativas, públicas y privadas, ubicadas en los Municipios Ezequiel Zamora y Tinaquillo, En este enlace pueden visitar la página de la organización y en éste, específicamente, pueden bajar el reporte.

A pocos días del inicio del año escolar 2019-2020 (Parte 1)


A 20 días para el inicio del año escolar 2019-2020, el país debe preguntarse si se están haciendo los esfuerzos para garantizar condiciones óptimas en el funcionamiento del sistema educativo, y evitar que se repitan los problemas que, de acuerdo a las apreciaciones de todas las organizaciones que han emitido su opinión sobre lo sucedido, hacen que el pasado año escolar 2018-2019, sea considerado el peor año en la historia reciente de la educación venezolana.

En efecto, durante ese el año escolar pasado, se presentó un cúmulo de situaciones y problemas que incluyeron:

El notable incremento de los días de clase perdidos, por las fallas en los servicios públicos, pero especialmente por los apagones, que tuvieron su episodio más generalizado y extendido, durante el mes de marzo de 2019.

La agudización de la precaria situación del sistema educativo, en términos de infraestructura, servicios, equipamiento, recursos pedagógicos y materiales.

Y la baja calidad y estabilidad del proceso educativo, derivada, de la combinación de las interrupciones recurrentes de las actividades, con las fallas en el diseño e instrumentación de la política curricular en educación básica, la incorporación de personas al desarrollo de actividades de enseñanza, sin la formación y el acompañamiento adecuado, y la precaria situación social y psicológica de estudiantes y docentes, como consecuencia de la crisis humanitaria compleja, por la que atraviesa Venezuela. A ello debe sumarse, el empeño del ejecutivo de continuar haciendo uso político-partidista del sistema escolar, violando lo establecido en la Constitución.

Ante una situación como la experimentada, el sistema educativo requeriría el diseño, financiamiento e instrumentación, de:

– un plan especial para atender la Crisis Humanitaria en el sector; (1)

– una política a largo plazo que permitiera su reconstrucción y adecuación para que el Estado pueda garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, de forma progresiva, y a partir del próximo año escolar 2019-2020;

– y finalmente, un plan de restauración de los aprendizaje negados por el sistema, a los jóvenes a los que se les han otorgado certificaciones de aprendizajes, a pesar de no tener la formación que dicen certificar.

Hasta ahora, no se han presentado, ni esbozado esos planes por parte del ministerio, lo que no garantizará un mejor desempeño del sistema educativo, a partir de septiembre.

Para comprender la complejidad y gravedad de la situación, a continuación, tocaremos algunos aspectos en específico. Comenzaremos, en esta publicación, con los aspectos relativos a la pérdida del tiempo de aprendizaje y posteriormente, tocaremos los relativos a la precaria situación del sistema educativo y a la baja calidad y estabilidad del proceso, en otra publicación.

Pérdida del tiempo de aprendizaje

En años escolares pasados, desde el Observatorio, hemos hecho un seguimiento del cumplimiento del calendario escolar y contabilizado los días de clases perdidos.

Este año, la diversidad de causas, y de situaciones a las que han estado sometidas las escuelas a lo largo y ancho del territorio, hacen imposible tener una contabilidad precisa de la cantidad de días de clase que tuvo, efectivamente, el año escolar 2018-2019. De hecho, dada la complejidad de la situación y las variaciones regionales y locales, la contabilidad debería haberse registrado, y atendido, escuela por escuela.

No obstante, en un informe presentado ante la opinión pública por la UDSE (2), se señaló  como dato crítico, que los planteles de los Estados Monagas y Zulia, -incluidos en la muestra de escuelas de la que recabaron información-, apenas superaron el 50% de los 200 días hábiles de actividades escolares que establece el artículo 49 de la LOE. De igual manera, señalan como crítico el hecho de que entidades como Distrito Capital y el Estado Sucre, los días de clase, en los planteles de la muestra respectiva, hayan superado apenas el 70 % de los establecidos.

Por otra parte, la organización CADEF (3), en su recorrido por un grupo de escuelas del Estado Cojedes, registró que se habían perdido 60 días de clases, es decir, al menos el 30% de los días establecidos de actividades escolares, solamente como consecuencia de la crisis eléctrica.

Por su parte, la organización FUNDAREDES (4), que realizó un levantamiento de información en una muestra de 3.044 escuelas ubicadas en todo el territorio nacional, reportó que solamente el 15 % de las escuelas incluidas en su muestra, es decir, 458 escuelas, dijeron haber cumplido con el calendario escolar establecido (el calendario escolar establecido, incluye los ajustes realizados por el ministerio, después de los apagones nacionales y sus consecuentes, recortes del horario escolar).

En el caso del Municipio Sucre, de los Estados Carabobo y Miranda, de acuerdo a información suministrada por las organizaciones FENASOPADRES y Padres Organizados, las escuelas cumplieron con el calendario con las modificaciones derivadas de los ajustes y los apagones, pero con protestas de los docentes por los bajos salarios y en el caso específico del Estado Carabobo, con el otorgamiento de certificaciones de bachillerato, sin que los estudiantes alcanzaran los aprendizajes correspondientes.

Sin embargo, más allá de los datos puntuales, locales o regionales arrojados por estudios en muestras de escuelas, queremos resaltar que no se puede hablar del tiempo de aprendizaje solamente considerando los días de clase perdidos.

En efecto, en términos de la dinámica de aprendizaje en las escuelas, muchos más factores, hasta ahora no contabilizados, afectaron el uso del tiempo es las escuelas, por lo que el tiempo efectivo de aprendizaje fue mucho menor y, en este caso, tampoco puede hacerse un cálculo generalizable a todas las escuelas del territorio nacional.

Como dijimos al inicio, las causas por las que se perdió el tiempo en el sistema educativo, fueron diversas y dependían de la situación de cada una de las escuelas del país. La diversidad de factores, incluyó:

1. Días de clase perdidos en las escuelas que se encontraban en las zonas afectadas por las inundaciones. Recordemos que, como publicamos en su momento (5) durante el período vacacional del año pasado, (aunque en algunas zonas comenzó antes) más de 25 municipios, en más de 7 estados del país sufrieron inundaciones, lo que afectó a miles de familias y a escuelas que tuvieron su infraestructura inundada o que fueron utilizadas como centros de acopio y refugios, por lo que no pudieron iniciar las clases cuando estaba pautado.

2. Días de clase perdidos, en su totalidad, por los apagones nacionales.

3. Días de clase perdidos, total o parcialmente, por apagones regionales y locales.

4. Días de clase perdidos, total o parcialmente, por la aplicación del cronograma de racionamiento del servicio eléctrico, que, dependiendo de la región, la localidad y la dirección específica de ubicación de escuela, tuvieron comportamiento y efectos diferentes. En muchos casos y en incontables oportunidades, las suspensiones del servicio eléctrico, correspondientes al cronograma de racionamiento, no se correspondían con la programación establecida y anunciada por la empresa prestadora del servicio, lo que dificultó, tanto a las escuelas, como a las familias, tomar previsiones para minimizar el tiempo perdido.

5. Días de clase perdidos parcialmente, por falta de agua. En muchas oportunidades, la falta de agua en las escuelas, tiene como consecuencia la disminución de las condiciones de higiene, por lo que, en esos casos, se producen suspensiones parciales, o recortes, de la jornada escolar.

6. Días de clase perdidos parcialmente, por ausencia de alimentación en tiempo escolar. En la mayoría de las escuelas, incluyendo las de media jornada, cuando no se suministra la alimentación en horario escolar, por fallas en el PAE (SAE, según una de las últimas denominaciones, o PAEZ en el Zulia), y debido a que, muchos estudiantes no llevan alimentación desde sus casas, la jornada se acorta. Es importante recordar que, por una parte, el proceso de aprendizaje de una persona que no se alimenta, está comprometido, y además, que, por fallas en la alimentación comenzó a presentarse, el desmayo de los estudiantes, como un episodio en las escuelas, en varias regiones del país, lo que incrementa los riesgos de salud de los estudiantes.

7. Días de clase perdidos, total o parcialmente, por falta de maestros, puntuales y definitivas. En este caso, la contabilidad del tiempo perdido, debe registrarse por aula, ya que, en una escuela puede presentarse la ausencia de uno o más docentes, pero no se suspenden las actividades en las aulas, o secciones, en las que el docente asiste.

Sobre este factor, es importante recordar que, como también es de conocimiento público, la migración de docentes a otras actividades económicas y la migración del país, comenzaron a incrementarse notablemente, en los dos últimos años, por lo que se agravó el problema del tiempo perdido por falta de docentes en las escuelas.

Sin embargo, esas no son las únicas causas y formas que toma esta situación. También se producen inasistencias, puntuales y recurrentes, derivadas del deterioro en las condiciones de trabajo de los docentes. Estas se relacionan con problemas de salud y con inexistencia de transporte en las escuelas públicas, asociada a la incapacidad de los profesionales de la docencia para cubrir los costos del transporte público, con el salario que el Estado les paga, entre otras. La falta de transporte puede tener como agravante, la inexistencia de unidades y rutas de transporte público, que les permitan trasladarse a sus escuelas, por lo que, en esos casos, los docentes deben caminar, lo que disminuye sus condiciones físicas para poder desempeñarse en su trabajo.

En este punto hay un aspecto más, derivado de las inasistencias puntuales o recurrentes, y es la falta de formación de las personas que, en algunos casos, y por falta de tiempo para que la escuela logre una solución mejor, se encargan de la atención a los estudiantes, en las aulas que se quedan sin docentes.

8. Tiempo de clase perdido debido a las inasistencias recurrentes de los estudiantes. Como también está registrado, las condiciones de vida de los estudiantes (fallas en los servicios de luz y agua en sus casas, dificultades de las familias para asumir los costos de la canasta básica familiar, lo que afecta, entre otras, la alimentación), más la inexistencia de un sistema de transporte escolar para casi la totalidad de las escuelas oficiales, han dificultado la asistencia diaria de los estudiantes, produciéndose un fenómeno que se puede denominar “inasistencia recurrente” que se caracteriza por la inasistencia varias veces a la semana de los estudiantes a la escuela. Esta situación hace que, diariamente, el grupo de estudiantes presentes en el aula, sea diferente y que no llegue al 100% (Hay escuelas en las que las inasistencias recurrentes de los estudiantes, hacen que, a lo largo de la semana, la matrícula de un aula, oscile entre 40 y 70% de asistencia).

La inasistencia recurrente de los estudiantes, afecta, como se ha dicho en otras oportunidades, la planificación de las actividades de aprendizaje, disminuyendo, a la larga, el tiempo efectivamente aprovechado y, en consecuencia, limitando los aprendizajes desarrollados a lo largo del año escolar.

A las pérdidas de tiempo, por suspensión parcial o total de un día de clases, o por ineficacia en el uso del tiempo, derivada de factores como las inasistencias recurrentes, o las faltas de docentes, se debe agregar que existen factores físicos, emocionales y psicológicos que afectan el desempeño de los docentes y el rendimiento de los estudiantes.

Estos factores tienen que ver con las consecuencias de la baja calidad de vida de las familias, las reiteradas alteraciones de la dinámica cotidiana por fallas en los servicios y por la inseguridad (incrementos en los hurtos, robos, microtráfico de drogas, en las inmediaciones y dentro de los planteles, así como la presencia de grupos irregulares que modifican la dinámica de vida de las comunidades -sobre la presencia de grupos irregulares y sus impactos en las escuelas, se sugiere ver el trabajo presentado por FUNDAREDES en su web y también la reseña de ese trabajo hecha en el informe de la UDSE), y el impacto emocional y psicológico que produce la ruptura de familias por la migración, más las consecuencias de los factores anteriores.

En este punto, también es importante, tomar en consideración dos elementos adicionales: el primero de ellos, es que en algunas regiones, dadas las características climáticas, las condiciones para desarrollar actividades educativas, sin servicio eléctrico, disminuyen la capacidad de atención y de participación de los estudiantes en las actividades escolares, por lo que algunas escuelas optaban por el recorte de la jornada de clases. Y el segundo, es que en aquellas escuelas en las que la decisión era continuar la jornada, el estado físico y emocional de los estudiantes, podían afectar el logro de los aprendizajes, es decir, mantener la jornada, en condiciones inadecuadas, no es garantía de éxito en el proceso educativo.

Como se puede deducir de este largo y complejo enunciado de factores que afectan la calidad y eficacia del uso del tiempo en las escuelas, la pérdida de tiempo efectivo, pero especialmente, sus consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes, debe ser evaluada escuela por escuela, sección por sección y estudiante por estudiante.

Se esperaría, que dicha evaluación se hubiese realizado al final del año escolar pasado, pero el ministerio de educación, que es el ente encargado de hacerla, no la realizó. Sin embargo, los efectos en los aprendizajes no pueden ignorarse. De hecho, hay un dato en el informe presentado por la UDSE que indica que hay Estados como Monagas, en los docentes de las escuelas que formaron parte de la muestra de ese estudio, solamente lograron desarrollar el 40% de los proyectos pedagógicos que tenían planificados, mientras que en Distrito Capital y el Estado Lara, el porcentaje de logro no alcanzó el 70%, que fue el alcanzado por los docentes de las escuelas del Estado Amazonas, incluidas en la muestra.

Este dato ratifica que resulta imperativo que se haga una evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, de todas las escuelas y secciones del sistema educativo, debe ser censal e incluir a todos los estudiantes. Se debe realizar al inicio del nuevo año escolar.

Debe estar dirigida a conocer lo que aprendió y lo que no aprendió cada niño, niña y adolescente en el sistema educativo, en relación al último grado o año que cursó, y con esos resultados, hacer un plan de restauración de los aprendizajes perdidos, que sea complementario al desarrollo del año escolar.

Eso significa que el próximo año escolar no puede tener ni la misma duración, ni la misma dinámica que se acostumbra en el sistema educativo, sino que debe ser un año escolar que debe tener más tiempo y una dinámica con mayor dedicación que permita, a lo largo del año escolar 2019-2020, restaurar los aprendizajes perdidos y, a la vez, desarrollar los aprendizajes correspondientes al nuevo año escolar, con una planificación que debe considerar las peculiaridades de cada estudiante, sección y escuela, debido a la diversidad y complejidad de las situaciones de partida.

Esta evaluación, debe realizarse durante los primeros días del calendario escolar, para poder estimar cuánto tiempo adicional se requiere, así como, hacer el ajuste en la planificación y la dinámica del año escolar, para que al finalizar el año escolar 2019-2020, los certificados de aprendizaje que se entreguen correspondan a los aprendizajes correspondientes y efectivamente desarrollados, en lugar de la certificación automática, que no corresponde a los aprendizajes alcanzados que se ha entregado en los últimos años.

(Como dijimos arriba, en una siguiente publicación, tocaremos los aspectos relativos a la precaria situación del sistema educativo y a la baja calidad y estabilidad del proceso).


Notas:

(1) En publicaciones pasadas, hemos comentado algunas ideas sobre medidas necesarias que permitirían atender la crisis humanitaria en el sector. Las puedes encontrar en estos enlaces: Restauración del Derecho a la Educación en #Venezuela (Reinserción)Restauración (propiamente dicha) del Derecho a la Educación en #Venezuela y Reinvención del #DerechoALaEducación en Venezuela.

(2) La UDSE (Unidad Democrática del Sector Educativo) presentó, ante la opinión pública, un informe el pasado 30 de julio con información sobre 6 problemas que incidieron en la garantía del derecho a la educación en Venezuela. Al final de esta reseña hecha por del medio “Punto de Corte”, pueden encontrar un enlace que les permite bajar la presentación del informe. Nota de Punto de Corte.

(3) CADEF (Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos) elaboró un reporte sobre la situación del derecho a la educación en el Estado Cojedes. En este enlace pueden visitar la página de la organización y en éste, específicamente, pueden bajar el reporte.

(4) FUNDAREDES (Fudación Redes) realizó una encuesta al personal docente de una muestra de escuelas, de educación primaria y media, en todo el territorio nacional. De acuerdo a la información suministrada por la fundación, los resultados serán presentados públicamente, en los próximos días y la muestra estuvo conformada por 3.044 escuelas distribuidas regionalmente, tal como se aprecia en el siguiente mapa.

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En este enlace pueden encontrar la web de FUNDAREDES y ver sus informes.

(5) Previo al inicio del año escolar 2018-2019, publicamos una reseña sobre las condiciones del sistema educativo que incluyó datos sobre las zonas del país afectadas por las inundaciones. La publicación la puedes ver aquí.

Cómo afecta el franco deterioro de las condiciones de vida de los zulianos en el quehacer educativo


El presente, es un reporte preparado por la Asociación Civil Escuelas Arquidiocesanas y FENASOPADRES, que difundimos en este blog, como complemento y ampliación a la publicación previa sobre la situación en el Estado Zulia.

informe conjunto

Según cifras oficiales, el estado Zulia cuenta con 2.720 planteles (de educación básica, es decir, que ofrecen, en diversas combinaciones, desde educación inicial a educación media) (*), que atienden a una matrícula de 800.000 alumnos.

Caracterización de las condiciones de vida de los zulianos:

  • Servicio eléctrico:

El estado experimenta racionamientos, no programados, con esquemas de cortes que van desde 6 horas en adelante, que no permiten ningún tipo de planificación de la jornada escolar. En consecuencia las actividades escolares se desarrollan sin electricidad, a pesar de las altas temperaturas que se registran siempre en el estado; y en horarios reducidos, hasta las 11 a.m. en el turno matutino y hasta las 4.00 p.m. en el turno vespertino.

También se experimentan apagones generalizados producto de cualquier situación que afecta el sistema eléctrico, desactualizado, sin mantenimiento e inversión, absolutamente deteriorado. Estos apagones tienen una duración que va desde 2 días hasta 6 días continuos.

  • Transporte:

La capacidad del sistema de transporte público se ha visto notablemente reducida. De hecho, actualmente solo funciona, cerca del 25 por ciento del servicio, por lo que, ante la inexistencia de  un plan de contingencia de rutas escolares, en algunas rutas, alumnos y maestros se ven obligados a caminar por horas, bajo el sol inclemente zuliano o utilizar cualquier tipo de vehículos no aptos para llegar a las escuelas.

Aunado a esto, el costo del pasaje en una sola vía de ruta corta, puede alcanzar hasta Bs. 1.500 y en los bancos diariamente, luego de hacer largas colas padres, alumnos y maestros y si tienen la suerte de llegar mientras hay efectivo, solo pueden retirar Bs. 3.000 por día; con el agravante de las unidades que prestan el servicio de transporte, no aceptan el pago con billetes de baja denominación, incluyendo el de Bs. 100, que es la denominación que se retira en los cajeros y taquillas de los bancos.

Un dato adicional, en este contexto, es que el monto del sueldo mensual de un docente, no alcanza ni para cubrir el costo de transporte.

En cuanto a los medios de transporte particular, la escasez de gasolina y regulación de litros de suministro por vehículo, ocasionan que la rutina diaria de un zuliano incluya su permanencia en colas de hasta 2 días, para surtir a su vehículo de gasolina y solo se le suministran 30 litros por vehículo, con lo cual no se llena el tanque, ya que, la capacidad de un tanque promedio es de 60 litros de gasolina.

  • Servicio de gas:

El estado Zulia cuenta con gas por sistema de tuberías subterráneas en casi todos los municipios. (Son 21 en total). Dada la grave situación eléctrica, los ciudadanos, los comercios, empresas y algunas escuelas privadas, se han visto obligados a la utilización de plantas eléctricas, lo cual ha llevado a un consumo de gas fuera de lo habitual.

Las empresas que suministran el gas, por la escasez que hay en el país, solo reciben un camión semanal y el que viene por tubería no es suficiente para cubrir toda la demanda. En consecuencia, ha proliferado el uso de carbones y palos para cocinar en los sectores más  vulnerables, no escapando las escuelas de esta realidad, que deben cocinar con leña para poder ofrecer algo de los pocos alimentos que llegan de los programas sociales.

  • Higiene y condiciones sanitarias

Los problemas de suministro de electricidad y agua en las escuelas, así como, en los hogares, aunados, al alto costo de los productos de limpieza y aseo, afectan, en primer lugar y seriamente, la sana practica de higiene de la población estudiantil y docente, lo que, por supuesto, trae como consecuencia el deterioro de todos los actores de la labor educativa; y en segundo lugar, aumentan las dificultades para mantener, en óptimo estado, las condiciones sanitarias requeridas para el desarrollo de las actividades escolares, teniendo como consecuencia el incremento de los costos, dedicados a ello, en las escuelas.

  • Alimentación en horario escolar:

En horario escolar, por norma, las escuelas deben tener disponibles opciones y tiempo para la alimentación de los estudiantes. En el Zulia, los programas oficiales de alimentación son de suministro nacional y regional. En ambos casos, el suministro se realiza intermitentemente y la dotación es incompleta.

Para las escuelas atendidas por el programa nacional, por el CNAE (Corporación Nacional de Alimentación Escolar), y también por el PAEZ, el director de cada escuela, debe ir a retirar los insumos suministrados a un centro previamente establecido, lo que significa que se traslada el costo del transporte a la escuela (con el agravante de que, por la escasez de gasolina y las dificultades y altos costos de mantenimiento de los vehículos, los costos se incrementan para las escuelas) y que se restringe la cantidad y el tipo de insumos para cada plantel. Estas restricciones, por ejemplo, se traducen en que las escuelas puedan recibir solamente leche, solamente carbohidratos o solamente proteínas, lo cual constituye una limitación adicional para la elaboración de comidas nutricionalmente adecuadas.

Por otra parte, en algunos casos, por los problemas derivados de las constantes fallas en la electricidad en las escuelas, cuando el suministro incluye pernil, (cerdo), -que es la proteína animal que llega con alguna frecuencia-, en las escuelas se cocina, se sala o se comparte este insumo, con la comunidad para consumir de inmediato y evitar su descomposición, ya que, por no poder mantenerse correctamente refrigerado, se rompe la cadena de refrigeración.

  • Uniforme escolar y calzado:

Por la situación económica, los padres no pueden asumir los altos costos de estos rubros que forman parte de la canasta educativa. Ello, aunado al alto costo de los productos de limpieza que se utilizan para lavar los uniformes, impide que este mantenimiento, se realice con frecuencia, pues los esfuerzos están dirigidos a garantizar la compra de los alimentos y no a, reparar lavar o comprar vestido y calzado.

Cerca del 40 por ciento de la población, carece de calzado, o estos están en tal estado de deterioro, que muchas veces, los miembros de la comunidad, son obligados a asistir a clases en chanclas o cholas, es decir sandalias muy rudimentarias, lo que crea una situación de presión social y depresión, tanto en niños como en adultos.

  • Salud física y mental:

Las terribles condiciones en las cuales está viviendo el estado Zulia, pero particularmente el sector educativo, han tenido serias consecuencias en la salud, física y mental de los miembros de la comunidad.

Estas han llevado, por una parte, a la acumulación de cansancio, producto de, entre otras, no dormir noches completas, debido a que por las altas temperaturas, las personas se ven obligadas a dormir fuera de sus habitaciones, en algunos casos, en aceras, techos, y en enramadas; y por otra parte, la mala alimentación, los insectos, (especialmente, la proliferación de moscas, producto de la acumulación de basura), la quema de basura (ante la ausencia de recolección de la misma porque no funciona el aseo urbano), el  cocinar en leña, el alto costo de medicamentos y las pésimas condiciones de los centros de salud, han afectado de diversas maneras la salud, lo que ha llevado a que la situación de desesperanza, depresión y tristeza se vea reflejada en el día a día de las escuelas.

  • Planes de contingencia y políticas educativas:

Finalmente, la ausencia de planes por parte del estado venezolano, particularmente de las autoridades regionales en el estado Zulia, para atender a todas las situaciones que afectan el buen desempeño educativo; así como, la falta de lineamientos adecuados, más la imposición de lineamientos no acordes con la realidad de cada escuela, agrava aún más la situación, lo que se traduce en el desconocimiento y la falta de asistencia a la escuela zuliana, vulnerando el derecho a la educación de más de 800 mil niños y jóvenes.


(*)Fuente: Zona Educativa, 2015

El Zulia a Oscuras (y sin agua, alimentación, gas, transporte)


Dada la diversidad de condiciones y de situaciones en las que se están desarrollando las actividades en las escuelas de Venezuela, y la ausencia de información detallada, completa y real que debería ser suministrada por el Ministerio de Educación, se hace muy difícil tener un balance completo de la realización del derecho a la educación en el país, sin embargo, hemos tenido información directa de algunas escuelas.

En este caso, haremos referencia a un pequeño grupo de escuelas ubicado en el Estado Zulia, de las que nos llegó información parcial, pero valiosa. La mayoría está presentada en manera anecdótica, debido a la forma en que la recibimos.

zulia

Estado Zulia (captura de Google Maps)

Así se ve la situación en algunas escuelas del Zulia

En estos días, conocimos la solicitud de auxilio que hizo a su grupo de apoyo, una directora de una escuela del Zulia.

Se trata de una de esas escuelas que a la que asisten diariamente, la mayoría de sus estudiantes y que sus espacios están copados. Es una escuela que atiende a niños en las zonas populares.

Esa directora, emplea parte de su tiempo, haciendo cola en una bomba de gasolina, para surtir a los carros de sus docentes, porque sin gasolina no pueden llegar a trabajar a la escuela.

Otra directora también informaba que había pasado la noche haciendo cola en una bomba y que cuando llegó la gandola con la gasolina en la mañana, los que atendían, dejaron pasar primero a sus conocidos, por lo que, se extendió más su tiempo en la cola, tomando parte de su horario laboral.

Una tercera directora comentaba que el domingo, estaba haciendo cola desde las 3:00 am y que, como no tenía dólares o pesos, no le correspondía ser atendida aún. Sin embargo, a los que revendían la gasolina o contaban con divisas de otros países, les habían despachado, mientras el resto hacía cola. Su ilusión era que si lograba poner gasolina, podía ir a trabajar el lunes.

Sin gasolina y sin efectivo, porque el que depende del transporte público debe pagar entre 1.000 y 1.500 Bs por pasaje, resulta inviable trabajar en educación.

De acuerdo a ese costo, un trabajador del sector educativo, que trabaja 20 días al mes, requiere entre 40.000 y 60.000 Bs, solamente para pagar el costo del pasaje de ida y vuelta al plantel, si depende del transporte público.

La directora también comentaba que, en lo que va de año, les han llegado en pocas oportunidades, pero han llegado, insumos para preparar la alimentación, pero ahora no tienen gas para cocinarlos y tampoco tienen agua en la escuela.

Más del 50 % de las otras escuelas, comentaron no tener servicio de alimentación, o tenerlo sin insumos, lo que, en la práctica es equivalente a no tenerlo, porque no pueden proveer de alimentación a los estudiantes.

De las escuelas que comentaron tener el servicio de alimentación activo, aproximadamente la mitad afirmó recibir insumos insuficientes y de las que precisaron los insumos recibidos, ninguna reportó tener proteínas de origen animal.

De hecho, entre todas, los rubros que mencionaron recibir, incluían arroz, aceite, azúcar, harina, caraotas y lentejas. En uno de los casos, la escuela reportó que en la nota de entrega, se especificaba que la provisión incluía pasta, pero que no había llegado.

En cuanto al servicio de electricidad que sabemos está bastante afectado en el Zulia, la directora comentaba que ella llega todos los días a la escuela, a las 6:50 am y a las 8, es decir, una hora y 10 minutos más tarde, se quedan sin electricidad.

Pero la falta de electricidad, como se conoce por las noticias de ese estado, no es exclusiva de esa escuela. De las escuelas de las que recibimos información en ese momento, la mayoría reportó no tener electricidad o tenerla en horario restringido.

Muchas de ellas reportaron que tampoco tenían agua y todas dijeron que el transporte era muy reducido y costoso.

A pesar de las condiciones inadecuadas y de los costos de transporte, en la mayoría de las escuelas de las que recibimos información, la asistencia de los estudiantes superaba al 60 % y la de directivos, docentes, administrativos y obreros, el 80 %.

Ante esa realidad cotidiana, cualquier escuela esperaría que los funcionarios del MPPE pasaran con frecuencia para ver cómo han podido sortear tantos obstáculos y proponer alternativas, ayuda y apoyo para que las escuelas puedan cumplir con su trabajo, ya que, corresponde al Estado, a través del MPPE, garantizar el derecho a la educación, sin embargo, lo que comenta la directora es que las visitas que, efectivamente, hacen con frecuencia los supervisores del ministerio, “son para presionarlos” y “acusarlos” de que ellos, como escuela, “hacen lo que quieren”.

Entendemos de esta información que, es también evidente que, la función supervisora, en el sistema educativo, puede apreciarse desdibujada.

La situación del Zulia, de acuerdo a la información recibida, es similar o peor en el resto de las escuelas. En algunas escuelas nacionales, la inasistencia tanto de docentes como de estudiantes es muy alta, por lo que los procesos tienen mayor irregularidad e interrupciones.

La situación reportada, requiere atención inmediata para poder comenzar a restaurar el derecho a la educación en ese estado.

¿Es posible la recuperación del tiempo perdido en educación?


(Por diversas razones no habíamos podido mantener las publicaciones del blog actualizadas. Hoy, aprovechando que hay luz y conexión, – bueno, había conexión y se cayó antes de publicar-, retomaremos las publicaciones en este blog)

Como todos saben, siempre hacemos una hipótesis de calendario al inicio del año escolar, que luego ajustamos cuando se publica el calendario del Ministerio y posteriormente vamos haciendo un balance de los días de clase perdidos.

Ese seguimiento tiene sentido siempre, incluso en circunstancias especiales e inéditas como las que estamos viviendo en Venezuela, pero precisamente por estas circunstancias, especialmente por la forma diversa en la que han afectado al país, dependiendo de las zonas, en lugar de comenzar con el “cálculo” de los días de clases perdidos, en este momento, haremos unas consideraciones sobre cómo y para qué estimar el tiempo perdido, y sobre las condiciones para el regreso y la continuación del año escolar.

Estimación del tiempo perdido

Sacar la cuenta del tiempo perdido en educación, en este momento, es una tarea que debe ser realizada en cada escuela, porque para poder saber cuántos días y horas de clase se han perdido desde el inicio de clases, el 17 de septiembre -para inicial y primaria- , o desde el 1 de octubre -para bachillerato-, es imprescindible hacer la cuenta en cada una de las escuelas del país, tomando en consideración varios factores:

  1. Días de inicio de año escolar empleados en inscripciones y con actividades incompletas por baja asistencia de los estudiantes.
  2. Días de inicio de año escolar perdidos porque, como consecuencia de las inundaciones, no se pudieron iniciar las actividades en las escuelas.
  3. Días de suspensión de actividades por elecciones. En esta oportunidad también hay variaciones, teniendo como máximo los 5 días inicialmente decretados por el Ministerio.
  4. Días de retorno de las vacaciones de diciembre con actividades incompletas por la baja asistencia de estudiantes y por la migración de docentes.
  5. Días de asueto decretados por el ejecutivo.
  6. Días de actividades perdidas previos al apagón nacional por falta de luz o de agua en la zona en la que se ubica la escuela. También se deben contabilizar las suspensiones parciales, es decir, las horas perdidas porque se redujo la jornada de trabajo, por las mismas razones o por fallas en el Sistema de Alimentación Escolar, por las que.
  7. Días de apagón, más días de suspensión de actividades decretados.

Para ello, a esta altura, se esperaría que el Ministerio hubiera girado instrucciones en las escuelas, en varias oportunidades, para poder contabilizar las pérdidas en cada una y, de ser necesario, como en el caso de las escuelas ubicadas en los municipios afectados por las inundaciones, que hubiera organizado la reprogramación y extensión del año escolar desde el inicio. Actualmente, también se esperaría que hubiera tenido un balance del tiempo perdido hasta antes del apagón, con una propuesta de extensión del calendario, para recuperarlo.

Tiempo perdido más allá de suspensiones y reducciones de jornada

Sin embargo, el tiempo perdido, en educación, no se calcula solamente en términos de días y horas sin clases, o sin actividades de aprendizaje, se calcula tomando en consideración el aprovechamiento efectivo del tiempo escolar.

En nuestra publicación del 10 de septiembre del año pasado, en la que presentamos las consideraciones que se deberían tener para evaluar la factibilidad del inicio del año escolar 2018-2019, con normalidad, especificamos los problemas que se habían registrado a lo largo del año escolar pasado y que habían afectado la calidad y cantidad de los aprendizajes de los estudiantes. (Puedes leer la publicación aquí)

La mayoría de los problemas registrados durante el año escolar 2017-2018, se han repetido e incrementado durante lo que va de año escolar 2018-2019, afectando, mucho más, las posibilidades de mantener la continuidad en las actividades de aprendizaje. Para ilustrar la situación cotidiana de las escuelas, tomaremos dos problemas como ejemplos:

  1. La inasistencia recurrente de los estudiantes: como se sabe, desde el año escolar pasado, en muchas escuelas, falta a clases todos los días, entre el 30 y el 70 % de los estudiantes de cada aula, la inasistencia no es la misma en todas las aulas, todos los días, ni tampoco es la misma en todas las aulas de una escuela.

Adicionalmente, los estudiantes que no asisten varían día a día. En algunos casos, las inasistencias de los estudiantes son de una a 3 veces a la semana.

Esa situación tiene como consecuencia una variación importante en la conformación del grupo de estudiantes que se encuentra en el aula, cada día; en efecto, debido a ello, el grupo siempre es diferente, por lo que a los maestros se les dificulta mantener la continuidad en los procesos de enseñanza, y, por ello, deben emplear mucho más del tiempo requerido para desarrollar las actividades y garantizar el aprendizaje. Una buena parte del tiempo, es empleado en repetir experiencias para garantizar el aprendizaje de los que no pudieron asistir y en realizar actividades para retomar el hilo, repasar, reforzar procesos y tratar de reconstruir la continuidad perdida.

La ruptura en la continuidad de los aprendizajes, se agudiza con las interrupciones parciales o totales de las actividades por fallas en los servicios (agua, luz, alimentación), que en algunas zonas del país, son recurrentes. Pero también, la capacidad de participar de forma exitosa en las actividades, está mediada, por una parte por las razones por las que los estudiantes dejan de asistir de forma recurrente, así como por las condiciones de vida en sus casas, y por la otra, por las condiciones en las que se desarrollan las actividades en las escuelas que incluyen desde la dotación, hasta las condiciones sanitarias y de seguridad, pasando por el equipamiento y la alimentación.

Las inasistencias de esta magnitud, por las causas que se producen, y especialmente, por las consecuencias en la formación de cada uno de los estudiantes, no se contabilizan simplemente, se tienen que registrar tomando como referencia los aprendizajes afectados en cada caso, y tomándolos en consideración a la hora de reprogramar, porque un estudiante que no logró un aprendizaje que es requisito para uno posterior, está en franca desventaja y no sólo tendrá más dificultades de aprender posteriormente, sino que sufrirá el impacto psicológico de experimentar esa desventaja, especialmente, conociendo las causas que la originaron.

Todas esas interrupciones –y su recurrencia- debilitan la apropiación de los aprendizajes por parte de los estudiantes, lo que tiene como consecuencia una mayor disminución en la calidad de la educación que se obtiene, afectando, en última instancia, la realización del derecho a la educación, y limitando el desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

2. Condiciones psicológicas y emocionales de estudiantes y docentes: además de los problemas ya reportados, el año escolar pasado, que como sabemos también se han incrementado al inicio de este, la situación política, económica y social ha tenido severas consecuencias en la población emocionales y psicológicas en la población.

La incertidumbre por la situación y sus consecuencias en la vida cotidiana, las restricciones en la adquisición de alimentos y medicamentos, las fallas en el transporte, las fallas en los servicios de luz y de agua, la falla en el suministro de gas, el aumento de la delincuencia, por una parte, y la sensación de pérdida tanto de condiciones de vida, como de familia, por las migraciones, entre otras, han generado un estado de indefensión, de desesperanza, de inestabilidad emocional y psicológica en la población, que dificultan, tanto la capacidad de concentración y organización de todos, como la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.

Aunque ya algunas de las condiciones se han comenzado a hacer visibles, como problemas del sistema educativo, como por ejemplo, entender que un niño que no se alimenta bien, no puede aprender; o que cuando no hay recursos suficientes en las casas, o cuando no hay agua para lavar la ropa o hasta para bañarse, como ha pasado en los últimos meses, los niños dejan de asistir a la escuela; hay otras que ahora es que comienzan a mencionarse y que están asociadas a la angustia psicosocial y los traumas psicológicos; así como también otras que no se mencionan sino en algunos espacios, como la necesidad de mantener la estructura y organización del tiempo, así como las rutinas de vida en la cotidianidad.

En efecto, ahora parece comenzar a entenderse que un niño que está triste porque parte de su familia emigró, o porque perdió un familiar o un amigo, producto de la falta de medicamentos, de alimentos, o por deficiencias en el sistema de salud o como víctima de la delincuencia, o porque sus condiciones de vida han disminuido considerablemente; o un niño que tiene miedo porque en el sector en el que vive experimenta la tensión de la inseguridad cotidianamente, no puede concentrarse y por tanto, está en desventaja para el desarrollo del proceso de aprendizaje.

En estos casos, tanto los cálculos del tiempo necesario para recuperar la calidad y completitud de los aprendizajes, como para el diseño de las estrategias para lograr la restauración de los mismos, especialmente, cuando las condiciones que los afectan, no mejoran, sino que se agravan con el tiempo, requieren, además de instrucciones especiales, dado lo excepcional de la situación, de un proceso de evaluación que permita a los docentes estimar el tiempo que requeriría para poder replantear su planificación para el resto del año escolar. Ese proceso de evaluación, por cierto, también requiere tiempo que no podrá emplearse ni en la reconstrucción de la continuidad del proceso, ni en el desarrollo del mismo.

Adicionalmente, lo extraordinario de este tipo de situaciones, requiere el apoyo de personal especializado y de guías para docentes y padres, o representantes, que permitan acompañar de manera adecuada a los estudiantes en su participación en el proceso educativo.

Condiciones para el regreso y la continuación del año escolar

En una situación como la que estamos viviendo en Venezuela, se esperaría que el Ministerio de Educación, como el ente responsable del sistema educativo, específicamente de la educación básica, a esta altura:

  1. Hubiera hecho un balance de los daños en las escuelas, por las fallas en los servicios, así como por las consecuencias de la delincuencia. Ese balance debería incluir, el cálculo de los daños y pérdidas, así como de un inventario de los problemas a resolver y las necesidades de reparación y reposición de equipos e insumos; y con un estimado del tiempo de recuperación tanto de los servicios de luz, agua y alimentación, más la inversión y el tiempo para reparar daños y reponer equipos e insumos en cada escuela.
  2. Hubiera hecho un balance del equipo docente con el que se cuenta y de los cargos docentes ocupados temporalmente, por personas que no tienen formación para ese ejercicio, de forma de poder generar un plan de emergencia para la atención de los centros educativos, que estuviera acompañado por docentes formados –incluso pidiendo ayuda a docentes jubilados- y por materiales para apoyar a todo el personal, tanto en las labores pedagógicas propiamente dichas, como en la detección y atención a las consecuencias de la angustia psicosocial y los traumas psicológicos. Ese balance y ese plan, por cierto, debería incluir una evaluación de las condiciones de trabajo y de vida de los docentes, así como la restauración de las condiciones establecidas en su contratación colectiva.
  3. Hubiera discutido, con los organismos internacionales competentes en atención a las emergencias humanitarias, las posibilidades y planes, tanto para el reinicio de clases, como para la extensión del año escolar, con base en las actividades de acompañamiento psicosocial y educativo, complementarias, para garantizar disminuir las diferencias en las condiciones de los estudiantes, por la diversidad de formas y magnitud, en las sus vidas y su formación se han afectado, hasta el momento.
  4. Con base en la información recaudada, hubiera elaborado planes, con inversión establecida y tiempos, así como, con materiales para garantizar un exitoso reinicio del año escolar, con la necesaria restauración de las condiciones y aprendizajes dependiendo de las variaciones de la situación en cada una de las zonas del país y de las escuelas.
  5. Hubiera discutido con los gremios del sector, los planes elaborados y la mejor forma de instrumentarlos para, desde la visión de los que hacen posible cotidianamente la educación en las escuelas, se pudieran hacer los ajustes necesarios.
  6. Y, en lugar de estar postergando diariamente el inicio de clases, anunciara el día de reinicio de las clases, con un calendario claro, junto con los planes asociados, para el conocimiento de todo el país y de cada comunidad.

Sin embargo, además de ello, en aquellas escuelas en las que se pudiera, así fuera de forma parcial, por las condiciones generadas por las fallas en los servicios, se hubieran podido habilitar las instalaciones para:

  1. Proveer de alimentos a las comunidades con mayores dificultades. Obviamente, para ello, la escuela debería contar con un mínimo de condiciones que incluyeran agua, luz y gas, para poder preparar los alimentos, pero, esas son condiciones que, en muchos casos pudieron procurarse con el apoyo del Estado, y que pudieron ayudar a atender a la población, así como a disminuir los efectos psicosociales de la situación en ella. Esta actividad se ha realizado en algunas escuelas del Estado Miranda los dos últimos días.
  2. Servir como centros de acopio y distribución de insumos básicos, como comida no perecedera, suplementos nutricionales y agua, que es lo que se debería suministrar a la población en una situación de emergencia generalizada como la que se presentó a raíz del apagón generalizado en Venezuela.
  3. Servir como centros de reunión y de atención para los niños y jóvenes, con actividades lúdicas y complementarias de aprendizaje, que les permitieran tener algo de organización en el tiempo y mantener la lógica de la rutina, ambas cosas importantes, tanto para su formación, como para su estabilidad psicológica y emocional.

En lugar de ello, asistimos a una dinámica muy diferente, especialmente carente de evaluaciones, balances, planes y materiales de apoyo para atender la situación actual y para el acompañamiento de nuestros niños y jóvenes, antes, durante y después del reinicio de clases.

 

La educación no es gratuita en Venezuela


La educación no es gratuita

Comenzaremos diciendo que en ningún país del mundo, la educación es gratuita. La educación es financiada con recursos del Estado, por tanto, todos los ciudadanos que pagamos impuestos, incluyendo el IVA, contribuimos con su financiamiento. En efecto, aunque sea no contribuyente, cada vez que Usted compra un producto por el que paga IVA, está contribuyendo con el presupuesto nacional.

Del presupuesto nacional, salen los recursos para el financiamiento de las escuelas dependientes del Ministerio de Educación, pero también, salen los recursos del situado territorial, que corresponde al presupuesto total o parcial, de Gobernaciones y Alcaldías, dependiendo de la capacidad de recaudación, especialmente de estas últimas. Así que los recursos para el financiamiento de las escuelas estadales y municipales, también salen del bolsillo de todos los ciudadanos del país.

Entran en ese grupo, de forma parcial, las escuelas privadas subvencionadas, que a través de recursos otorgados por el Ministerio de Educación, o por algunos entes descentralizados, financian parcialmente su presupuesto.

La inversión que se hace en las escuelas privadas, corre por cuenta exclusiva de quienes inscriben a sus hijos en ellas.

¿Debe ser gratuita la educación?

De acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Educación, pero también de acuerdo a los tratados sobre derechos humanos suscritos por Venezuela, hay una parte de la educación debe ser obligatoria y gratuita. En efecto, en Venezuela, la educación básica, se aspira a que sea gratuita porque es obligatoria, y carece de sentido que el Estado obligue a sus ciudadanos a formarse obligatoriamente, sin poner a disposición las facilidades y los recursos para que nadie se quede sin formarse por falta de ellos.

La educación no es barata

El presupuesto educativo debe cubrir los costos de contratación del todo el personal del Ministerio de Educación, incluyendo los entes desconcentrados que, para quién no está familiarizado con el sistema, son las zonas educativas y los distritos o municipios escolares. Este personal incluye, desde los vigilantes de la sede central, hasta el ministro, pasando por todos los obreros, trabajadores administrativos, técnicos y profesionales de la educación que laboran en esa extensa red, entre los que están todos los coordinadores y supervisores adscritos a los entes desconcentrados.

Pero no sólo los costos de contratación del personal (pago de salarios y beneficios sociales como alimentación y seguro medico), sino también todos los costos de funcionamiento, incluyendo los servicios básicos, como agua y luz, la compra de equipos, material especializado y material de oficina, la conexión a internet y el transporte, con los gastos de mantenimiento de las edificaciones, los equipos y los vehículos, y, también los de formación permanente de todo el personal.

Ese esquema de inversión se replica en las gobernaciones y alcaldías que tienen escuelas a su cargo.

Las escuelas tienen costos de funcionamiento similares, con algunas peculiaridades que las diferencian de las instancias administrativas del sistema. Una parte importante de los costos de funcionamiento de las escuelas, corresponde al pago de sus docentes y el financiamiento de su formación permanente. Pero a diferencia del resto de las instancias del sistema, la dotación de materiales y equipos para el funcionamiento y su reposición y actualización, constituye una parte de la inversión que no se puede evitar o postergar.

Entre los costos recurrentes, para que funcione el sistema educativo, están también los costos de construcción de nuevas escuelas, y la ampliación de las existentes y el mantenimiento menor y mayor de la infraestructura.

La construcción y ampliación de las escuelas, es una necesidad en un sistema que requiere expandir su capacidad para poder atender a todos los estudiantes a tiempo completo, que es el estándar asumido por el modelo denominado “bolivariano” como óptimo para garantizar calidad en la formación de los estudiantes. La expansión de la capacidad incluye la construcción de tantas escuelas como planteles a medio tiempo existan actualmente, la ampliación de las escuelas que funcionan con turno alterno, en tantas aulas como secciones tengan; y la construcción de tantas escuelas adicionales como se requieran para dar acceso a la educación a sectores que, por falta de oferta, se encuentran excluidos del sistema.

En este punto es importante resaltar que la construcción de “ciudades educacionales” que concentran la oferta educativa, requiere de un sistema de transporte eficaz, y de alimentación ininterrumpida, para que las familias que estén en sectores alejados de dichos complejos, puedan tener acceso real a la educación a través de ese esquema. Sin embargo, si se trata de garantizar acceso a la educación para todos, quizás convendría revisar ese esquema y construir escuelas más pequeñas y modestas, mejor distribuidas en el territorio nacional, para acercarlas efectivamente a la gente.

El mantenimiento, en todos sus tipos, es algo imprescindible para contar con una infraestructura adecuada. El mantenimiento, así como la construcción, requiere programación presupuestaria de largo plazo, especialmente, en el mantenimiento mayor que debe realizarse a la infraestructura de cada escuela, cada 5 años.

Como se puede ver, el financiamiento a la educación, no se restringe a los gastos corrientes, sino que contempla inversión a mediano y largo plazo.

La lógica de inversión en las escuelas privadas es similar, porque requiere contemplar los gastos corrientes y las inversiones para mantenimiento menor y mayor, formación del personal y reposición y actualización de equipos.

El costo de la educación para las familias

Se afirma que la educación es gratuita cuando las familias que tienen inscritos a sus hijos en las escuelas oficiales, no corren con los gastos de lo que se denomina la “canasta educativa”. Como habíamos indicado en una publicación de hace unos años, la canasta educativa, está conformada por 5 rubros:

Canasta educativa

En Venezuela, efectivamente, hace más de una década, se prohibió por resolución el cobro de cualquier arancel y colaboración, asociada a la inscripción de los estudiantes de las escuelas oficiales. Pero el resto de los elementos de la canasta educativa, no son garantizados como gratuitos, para todos los estudiantes de las escuelas oficiales.

En efecto, con contadas excepciones que, por cierto, no incluyen al Ministerio de Educación, las escuelas no cuentan con un sistema de transporte y, desde hace tiempo, ni siquiera con el subsidio al pasaje estudiantil en el sistema de transporte público; por lo que, el traslado hacia la escuela y el retorno, es financiado por las familias. Este costo es más alto, en la medida en la que la escuela quede más lejos de la vivienda.

Por otra parte, si bien en algunos equipos como las Canaimas y recursos como la Colección Bicentenario, el Estado hace un esfuerzo para que todos los estudiantes puedan contar con ellos, la dotación de útiles y materiales escolares, no es para todos los estudiantes de las escuelas oficiales, sino para una parte de ellos. Lo mismo sucede con los uniformes escolares.

En estos dos rubros de la canasta educativa, el Estado, a través de algunas dependencias, ha promovido de forma complementaria, ferias escolares, para que las familias puedan adquirir útiles y uniformes a menor costo que el regular del mercado, pero, si las familias tienen que pagar por ellos, así sea menos que en librerías y tiendas, el pago recae sobre la familia, por lo que, para esos rubros, no existe gratuidad en el sistema educativo.

Con respecto a la alimentación escolar, es importante resaltar que, por diversas razones, algunas asociadas al contexto en el que se desarrolla el proceso educativo, y otras propias de la gestión ministerial, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que ha recibido diversas denominaciones y varias reinvenciones, no funciona todos los días del año, y la alimentación no ha sido con regularidad, nutricionalmente completa, por lo que las familias han optado por asumir el costo de la alimentación durante el tiempo escolar, y, dependiendo de la situación, por no enviar a los niños y jóvenes a las escuelas cuando el PAE falla; así como hay escuelas que acortan la jornada escolar cuando no cuentan con la alimentación.

Esta intermitencia de la alimentación tiene consecuencias adicionales a la no gratuidad, para el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes.

Ahora las familias pagarán la educación con trabajo

Si bien no es una novedad porque tiene algunos precedentes, este año escolar, el ministerio de educación apelando a un impreciso concepto de corresponsabilidad, ha dicho que se programarán jornadas de mantenimiento periódicas en las escuelas, que serán realizadas por maestros, padres y estudiantes.

Esta medida que pareciera lógica partiendo de la disposición de todos los miembros de las comunidades educativas, al cuidado de las instalaciones de las escuelas, esconde la transferencia de un costo de inversión que debería ser cubierto por el Estado, hacia las familias a través de horas de trabajo en mantenimiento escolar. Esa transferencia que se hace efectiva en horas de trabajo, es un pago que las familias realizan para el funcionamiento del sistema educativo que debería ser reconocido como tal, y que ratifica la no gratuidad de la educación oficial en Venezuela.

Ese pago corresponde a un rubro que no ha sido incluido, hasta ahora en la “canasta educativa”, pero, dada esta política del Estado Venezolano, requeriría estudiar su incorporación a la misma.

¿Es factible que la educación sea gratuita para todos en Venezuela?

Llegado este punto, es obligatorio preguntarse si en la situación actual en Venezuela, es factible garantizar educación realmente gratuita para todos.

Obviamente, por como se maneja el presupuesto nacional, parece que no es factible, por lo que corresponde a los entes del Estado, corregir el uso del presupuesto, y a los ciudadanos exigir que así se haga.

Sin embargo, si esa corrección no fuera posible, corresponde al Ministerio de Educación, asumir esa realidad cambiando el discurso propagandístico, con el que venden como gratuita una educación que tiene costos que son asumidos por las familias y explicando al país, con claridad, los criterios para la asignación de algunos programas que minimizan los costos de la educación para las familias.

 

¿Crees que Venezuela pase el examen?


Hoy 1 de noviembre, a entre las 4 y las 7.30 am, hora de Venezuela, el Estado venezolano rinde examen ante Naciones Unidas. Se trata del Examen Periódico Universal (EPU) que los Estados presentan ante sus pares, cada cuatro años.

El primer ciclo de Venezuela se realizó en 2011, por lo que este será el segundo ciclo.

De acuerdo a la lógica empleada, el Estado, en esta oportunidad, deberá dar cuenta sobre cómo ha adoptado las recomendaciones hechas por los otros Estados en el primer ciclo, así como los avances que, en materia de garantía de los derechos humanos, ha logrado desde entonces.

Al ser el EPU un examen universal, trata todos los derechos humanos, por tanto, incluye el derecho a la educación.

En el informe presentado por el Estado para este segundo ciclo, la sección sobre educación, dice lo siguiente:

“68. En Venezuela, el 82% de las escuelas son públicas, gratuitas y de calidad, con participación del gobierno central, estatal y municipal. Para el año escolar 2014–2015, Venezuela tuvo una cobertura de estudiantes de 3 a 16 años en todos sus niveles y modalidades del 89,3%; y en la enseñanza primaria del 93%; con índices de paridad de género en todos los niveles educativos.

69. Desde 2013 se destina al Sub-sistema de Educación Básica más del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), (2013: 4,14%; 2014: 4,39%; y 2015: 4,03%). Dicho porcentaje sumado a lo destinado en Educación Universitaria, supera el 6% del PIB que recomienda la UNESCO en educación.

70. Hasta el año 2015, los programas educativos Robinson I y II han alfabetizado a 2.838.079 personas, que en promedio tienen 55 años de edad, en su mayoría mujeres (58%); la Misión Ribas10 ha formado 1.000.766 personas; y la Misión Sucre11 ha graduado 417.796 estudiantes.

71. Se han entregado de manera gratuita, 100.000 libros escolares a estudiantes de educación básica12. Estos libros son adaptados a la lengua y cultura de las comunidades indígenas. Hasta el primer trimestre de 2016, se han distribuido más de 4.500.000 computadoras portátiles “Canaimitas”13 con una inversión de aproximadamente 1.500.000,00 USD.

72. La disminución de la brecha digital ha tenido un impacto social significativo. Se han instalado 2.704 CBIT destinados a la reparación de computadoras y actualización de software, llegando a las parroquias menos favorecidas. Al cierre de 2014 se han formado tecnológicamente a más de 1.800.000 personas y se ha garantizado el acceso a las TIC’s a 1.000 estudiantes con necesidades educativas especiales. También se garantiza conectividad Wi-Fi gratuita en la mayoría de plazas centrales del país.

73. Durante el período escolar 2014–2015, la población en educación inicial alcanzó un total de 1.597.521 niños; representando una tasa de escolaridad del 79%; en educación primaria, la matrícula fue de 3.449.592 estudiantes; representando una tasa de escolaridad de 93%; y en educación media (general y técnica), tasa neta de escolaridad se ubicó 73%, con una la matricula de 2.301.822 adolescentes y jóvenes para ese período educativo.

74. Se han desplegado estrategias para la educación no-convencional en primera infancia (Simoncitos Comunitarios y Simoncitos Familiares) para la atención a 100.353 niños de 0 a 6 años anualmente (según año escolar), con la participación de 23.224 madres integrales que colaboran en la educación y a la vez se incorporan al mercado laboral. Igualmente, se brindó apoyo a 7.947 miembros de las familias en actividades de formación en salud sexual y reproductiva, educación familiar y crecimiento personal.

75. Durante este periodo, se realizó una amplia consulta sobre la calidad educativa, en la cual la población expresó su opinión sobre la educación que quiere. Participaron 7.233.489 personas, cifra que representa el 27% de la población mayor a 6 años, lo que implicó que 3 de cada 10 venezolanos expresaron su opinión.

76. En cuanto a la educación universitaria, se creó un nuevo Sistema Nacional de Ingreso que garantiza el acceso con criterios de justicia y equidad, donde el 1% de los cupos son para personas con discapacidad. La matrícula en educación universitaria para el año 2015 fue de 2.622.013 estudiantes, lo cual representó el 83,25% de acceso en edades comprendidas entre 17 y 22 años.

77. En cuanto a los beneficios estudiantiles, hasta el año 2014 se otorgaron un total de 252.178 becas a estudiantes de pregrado y postgrado para fortalecer la formación en áreas de desarrollo estratégico nacional. Éstos también cuentan con atención de salud totalmente gratuita y se han construido y habilitado residencias estudiantiles.”

Este informe contiene la base de la exposición que los representantes del Estado, harán durante los 70 minutos que les corresponden, de acuerdo a la dinámica de la sesión, después de lo que, un grupo de países harán intervenciones comentando lo expuesto y haciendo recomendaciones. Hasta ahora hay 103 países inscritos para intervenir. De acuerdo al tiempo disponible para la sesión, cada Estado tendrá 1 minuto y 10 segundos para hacer su intervención.

A continuación haremos unos comentarios sobre algunos de los datos suministrados por el Estado en su informe.

Sobre el comentario 68, que dice: “En Venezuela, el 82% de las escuelas son públicas, gratuitas y de calidad, con participación del gobierno central, estatal y municipal. Para el año escolar 2014–2015, Venezuela tuvo una cobertura de estudiantes de 3 a 16 años en todos sus niveles y modalidades del 89,3%; y en la enseñanza primaria del 93%; con índices de paridad de género en todos los niveles educativos”

Es importante resaltar que, aunque el Estado afirme que el 82% de las escuelas son oficiales, sólo 77% de los estudiantes, cursan en dichas escuelas. Tal como se observa en el siguiente gráfico, ese porcentaje ha disminuido más de 4 puntos desde el año escolar 1998-1999.

Adicionalmente, hay que señalar que las escuelas oficiales no son realmente gratuitas como afirma el informe, porque si bien en las escuelas oficiales de Venezuela, el cobro de aranceles de inscripción y matrícula está prohibido por decreto, la educación que se ofrece en las escuelas no es gratuita debido a que hay costos del funcionamiento de los planteles que deberían ser asumidos por el Estado, pero que se están transfiriendo a las comunidades y familias.

En efecto, el Estado no financia todos los rubros de la denominada canasta educativa, como por ejemplo los costos de transporte, ya que, se eliminó el pasaje estudiantil y el Ministerio de Educación y casi ninguna gobernación o alcaldía, provee el servicio de transporte para que los estudiantes puedan asistir a las escuelas. El servicio de alimentación es cada vez más irregular en las escuelas oficiales, lo que ha tenido como consecuencia que las familias decidan no enviar a sus hijos a clase cuando falla este servicio.

Pero además, hay costos que son asumidos por las comunidades sin ser reconocidos por el Estado. Uno de ellos es el costo del transporte de los insumos requeridos por el PAE -en este caso, como los insumos para preparar las comidas no son llevados por el sistema a las escuelas y el Ministerio no pone el transporte para que los mismos lleguen, las comunidades deben realizar una colecta periódica para alquilar el transporte con el que se llevarán desde las sedes de Mercal o PDVAL, a las escuelas- y el otro, es el costo del mantenimiento de las escuelas que, en lugar de ser asumido por el Estado, bajo una interpretación peculiar del concepto de corresponsabilidad, se realiza gracias al aporte en horas de trabajo de padres, estudiantes y miembros de las comunidades.

En ese párrafo, el informe afirma que las escuelas son de calidad, lo que oculta que la mayoría de las escuelas tienen condiciones inadecuadas para su funcionamiento, entre ellas cabe mencionar que muchas tienen el personal incompleto y mal formado -especialmente el egresado de las misiones-; la infraestructura incompleta y en mal estado; además, hay discriminación espacial derivada de ausencia de escuelas en zonas indígenas y rurales, especialmente, de escuelas medias; la dotación es insuficiente y actualmente, los servicios de agua y electricidad son irregulares. Todas estas condiciones hacen imposible que las escuelas brinden una educación de calidad.

Sobre el comentario 71, que dice: “Se han entregado de manera gratuita, 100.000 libros escolares a estudiantes de educación básica. Estos libros son adaptados a la lengua y cultura de las comunidades indígenas. Hasta el primer trimestre de 2016, se han distribuido más de 4.500.000 computadoras portátiles “Canaimitas” con una inversión de aproximadamente 1.500.000,00 USD.”

Es importante recordar que, según la normativa vigente, los planes de estudio y actividades en toda la educación venezolana, deben estar dirigidos al desarrollo del denominado “Plan de la Patria” que es un plan de la nación, convertido en ley y enfocado al desarrollo de la propuesta político-partidista del partido actualmente en el gobierno, violando lo establecido en la Constitución que declara a Venezuela como un país políticamente pluralista y en su artículo 102 especifica que la educación respetará todas las corrientes de pensamiento.

Esa directriz está recogida en la elaboración tanto de los libros de texto entregados por el ministerio y también en la de los contenidos de las computadoras “Canaimitas”. Con respecto a los primeros, no se puede dejar de mencionar que el ministerio impuso el uso exclusivo de la colección de libros de texto, denominada Colección Bicentenario, que en efecto, son entregados de forma gratuita a los estudiantes de todas las escuelas de educación básica del país. Son tratados como libros de texto únicos y obligatorios, a través de los que se desarrollan los programas de estudio.

En dichos libros se presentan contenidos con una “lectura de la historia” hecha de acuerdo a la interpretación desarrollada por los miembros del partido de gobierno, que consiste en una visión calificada de los eventos históricos sucedidos, en la que se clasifica entre “buenos y malos” de acuerdo a la afinidad de los protagonistas con las ideas promovidas por el partido de gobierno. Además, se utilizan ejemplos para la enseñanza de cualquier disciplina, en los que se califican como malas e indeseables las situaciones o ideas que no sean afines a las promovidas desde la visión ideológica del partido de gobierno y como buenas y deseables las que sí la apoyan. Los ejemplos están cargados de propaganda gubernamental.

Y aunque el párrafo no hace referencia a ello, dado que se trata de una disposición curricular, es importante mencionar que, adicionalmente a estos esfuerzos por utilizar a la educación como un espacio para la formación de partidarios, desde 1999, se han adelantado esfuerzos por promover la educación militar como parte de la educación básica. El primer esfuerzo se materializó con la conversión de “instrucción pre-militar” en asignatura obligatoria para todos los estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato, es decir, para jóvenes entre 15 y 17 años.

El intento más reciente fue promovido por el ministerio para la defensa quién tomándose atribuciones de diseño curricular que corresponden al ministerio de educación, promulgó un decreto (Resolución 17.621) en el que se creó el denominado Plan Integral de Formación Militar que incluye el desarrollo de una asignatura –y eje integrador- denominada “Educación para la defensa integral”, a ser dictada en todos los subsistemas de la Educación Básica. Esta asignatura-eje, se basa en una concepción de la defensa de la nación como una labor “cívico-militar” y será desarrollado y administrado por la “milicia” que es un componente civil e irregular de la Fuerza Armada. Como “eje integrador” sus contenidos deberán ser integrados en la enseñanza de las otras asignaturas y áreas curriculares de la educación básica. Hasta el momento, la asignatura no ha sido incorporada en la dinámica de enseñanza en las escuelas, pero tampoco ha sido derogada la resolución que la crea.

Sobre los comentarios 76 y 77 que dicen, respectivamente:

“76. En cuanto a la educación universitaria, se creó un nuevo Sistema Nacional de Ingreso que garantiza el acceso con criterios de justicia y equidad, donde el 1% de los cupos son para personas con discapacidad. La matrícula en educación universitaria para el año 2015 fue de 2.622.013 estudiantes, lo cual representó el 83,25% de acceso en edades comprendidas entre 17 y 22 años.
77. En cuanto a los beneficios estudiantiles, hasta el año 2014 se otorgaron un total de 252.178 becas a estudiantes de pregrado y postgrado para fortalecer la formación en áreas de desarrollo estratégico nacional. Éstos también cuentan con atención de salud totalmente gratuita y se han construido y habilitado residencias estudiantiles.”

Cabe señalar, poniendo el foco sobre el derecho a la educación de los estudiantes universitarios: que existe una política de zonificación regional que limita el derecho de los estudiantes a escoger la carrera y la universidad de su preferencia lo cual, de hecho, restringe el ejercicio del derecho a la educación en igualdad de oportunidades, a su ejercicio determinado por factores socio-geográficos, y político-partidistas.

Por otra parte, el ingreso al sistema universitario no garantiza el acceso real, porque las condiciones en las que se encuentran las universidades y las características de los programas de estudio no permiten garantizar ni la permanencia y el éxito, por una parte, ni la calidad de la educación, por la otra. La calidad de los programas de las universidades creadas recientemente y de las misiones de nivel universitario, está fuertemente cuestionada, debido a que sus planes de estudio, en la mayoría de los casos, no han sido evaluados y acreditados, pero además, en varias de las ofertas de formación, éstos son incompletos.

Por otra parte, el ingreso a una universidad no garantiza el acceso a la educación, cuando las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo, no son las adecuadas, ni permiten la permanencia de los estudiantes independientemente de su nivel socioeconómico. Al respecto, es importante citar el informe sobre el derecho a educación de los estudiantes universitarios. Este informe dice que:

Para que se haga efectivo el derecho a la educación para todos en igualdad de condiciones, hay servicios estudiantiles que las universidades deben prestar para solventar las dificultades de los estudiantes que no cuentan con los recursos para garantizar su permanencia en ellas. La no garantía de recursos para prestar estos servicios tiene consecuencias directas en la capacidad de los estudiantes afectados para permanecer cursando estudios, o para hacerlo en condiciones que le garanticen éxito educativo, ambos componentes esenciales de la realización del derecho a la educación. Estos servicios se han visto fuertemente afectados por la asignación presupuestaria ineficiente hecha por el Estado a las universidades nacionales. Los servicios estudiantiles a considerar en este informe son becas, comedor estudiantil, transporte, servicios médicos y residencia.
1. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, la población que puede beneficiarse de las becas es muy pequeña, pero el monto mensual de la misma no permite sufragar sino el costo de 5 almuerzos, lo que implica que los estudiantes becarios, deben buscar recursos adicionales para poder alimentarse completo esos 5 días, -desayuno, almuerzo y cena-, así como para hacerlo el resto de los 15 días hábiles del mes, sin contar que deben buscar recursos adicionales para alimentarse los fines de semana.
2. El servicio de comedor está orientado a la población más vulnerable económicamente, que no puede costearse una alimentación acorde a los requerimientos nutricionales de un estudiante universitario. Actualmente este servicio prácticamente no se presta en las universidades nacionales, por dos razones fundamentales: la primera es la falta de recursos, la segunda es la escasez de alimentos. Si bien, la escasez de alimentos, es una condición que afecta no sólo al sector universitario y su origen está en políticas económicas erradas del gobierno nacional, la insuficiencia presupuestaria producto del trato discriminatorio a las universidades nacionales autónomas, impide que estas casas de estudio puedan buscar alternativas para paliar sus efectos en ellas y en el derecho a la educación de sus estudiantes.
3. El servicio de transporte está orientado a garantizar que aquellos estudiantes que no residan en la ciudad donde está ubicado el campus y que no posean los recursos para trasladarse diariamente, puedan contar con un servicio que los traslade diariamente. Este servicio también incluye la movilización de estudiantes que necesiten realizar visitas de campo como parte de su formación profesional. La insuficiencia presupuestaria ha tenido como consecuencia que las universidades no puedan pagar a los prestadores del servicio, ni adquirir nuevas unidades de transporte para ampliar la oferta, así como tampoco puedan sufragar los gastos asociados al mantenimiento y reparación de las unidades produciéndose la paralización a buena parte de la flota y como consecuencia, muchos de los estudiantes beneficiaros han tenido que abandonar sus estudios.
4. Los servicios médicos en las universidades tienen dos componentes: la atención primaria y el seguro médico. El Estado ofreció proveer a los estudiantes de un seguro para emergencias y atención a enfermedades, con el que no ha cumplido hasta la fecha. Pero adicionalmente, los servicios de atención primaria con los que cuentan las universidades nacionales autónomas, se encuentran en las pésimas condiciones porque tienen la infraestructura deteriorada, les falta personal y carecen de insumos médicos, impidiendo recibir atención médica a la comunidad estudiantil que lo necesita.
5. Finalmente el servicio de residencia está orientado a garantizar el acceso a la a la educación a los estudiantes en condiciones de mayor vulnerabilidad, para los que el traslado diario no es una opción viable. En la mayoría de las universidades nacionales autónomas del país, no existe este servicio, obligando a los estudiantes a costear el alojamiento en una residencia privada, o a desistir de su intención de estudiar en la universidad. En las universidades en las que aún existe el servicio de residencia, su capacidad es sumamente reducida, se presentan situaciones de hacinamiento y la prestación de los servicios básicos es de muy mala calidad.

Si quieres tener más información sobre el proceso y los informes del derecho a la educación, puedes verlos en este enlace: Información sobre EPU

En este enlace, encontrarás una carpeta llamada “Sobre el EPU”, con un material de Naciones Unidas que explica lo que es el EPU y 4 documentos elaborados por la organización CIVILIS Derechos Humanos con información sobre el EPU y sobre la participación de la Sociedad Civil en ese proceso.

También encontrarás una carpeta llamada “Informe de UN y del Estado” en la que está el informe presentado por el Estado Venezolano y un resumen de las contribuciones presentadas por diversas organizaciones elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Y una carpeta llamada “Informes sobre el derecho a la Educación”, en la que encontrarás los informes elaborados en el marco del EPU y unas infografías que ilustran la situación del derecho a la educación en Venezuela. Entre ellos podrás leer el elaborado de forma conjunta por la Asamblea de Educación y la Federación de Centros Universitarios de la UCV, en el que se presenta la situación de derechos humanos de los estudiantes universitarios.

Finalmente, durante el proceso previo a la sesión, 170 organizaciones de DDHH, elaboraron más de 50 informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Aquí puedes ver las hojas resumen de los informes, organizadas por tema: Hojas Informativas

 

¡Así van las cuentas: perdidos 6 días de clase! En #Venezuela #QueremosClases


En la publicación anterior, reseñamos que, hasta la fecha, se han perdido 11 días de clases en las escuelas. De ellos, 6 días se perdieron en el marco de la política de ahorro energético adelantada por el Ejecutivo Nacional a través de 3 decretos. En la siguiente infografía te presentamos los decretos con la información asociada:

6diasdeclase

 

Es importante resaltar que, al momento de promulgar el Decreto 2.303, el ejecutivo anunció la suspensión de las clases los días 29 de abril y 6 de mayo. Sin embargo, el artículo 1 del decreto, establece la duración del “régimen especial” desde el 27/04, hasta el próximo viernes 13/05:

“Artículo 1 °. Se establece un régimen especial de días No Laborables, de carácter transitorio, a ser aplicado a partir del día miércoles 27 de abril de 2016, y hasta el viernes 13 de mayo de 2016, como consecuencia de los efectos negativos del fenómeno El Niño sobre los niveles de disponibilidad del volumen de agua almacenada en la Represa de Gurí, que sirve a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en el estado Bolívar (…)”

La duración establecida en el decreto, más lo afirmado en el último párrafo del mismo artículo 1 del decreto:

“La declaratoria efectuada en el presente artículo podrá ser extendida por el plazo que se estime necesario, hasta tanto se regularice la capacidad de generación de energía y se disipen los riesgos de ser afectada la prestación oportuna y eficiente del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.”

hace que muchas comunidades educativas rechacen:

  1. La potencial suspensión de clases el viernes 13 de mayo.
  2. La potencial extensión del plazo establecido en el decreto, específicamente, la extensión de la suspensión de clases los viernes hasta que “se regularice la capacidad de generación de energía y se disipen los riesgos de ser afectada la prestación oportuna y eficiente del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.”
  3. La falta de información oportuna por parte del Ministerio de Educación sobre las medidas del ejecutivo, en el marco de la crisis eléctrica, que afectarán a las escuelas.
  4. La ausencia de información sistematizada sobre la pérdida de horas y días de clases, escuela por escuela, producto de la suspensión parcial o total de la jornada por apagones y por la inclusión de las escuelas en los cortes por racionamiento en bloques, establecidos Corpoelec. (Consideramos que dicha sistematización debe incluir también, las pérdidas de clases por inseguridad -robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas- y por falta de agua).
  5. La ausencia de un plan integral que permita recuperar el tiempo perdido, restableciendo el pleno ejercicio del derecho a la educación y garantizando que la educación sea efectivamente de calidad.

Ante la incertidumbre que produce la falta de información oportuna por parte del Ministerio, la amenaza de la extensión de las medidas del ejecutivo que afectarán la actividad de las escuelas y el calendario escolar, y las reiterada violación al derecho a la educación y la restricción al derecho que los padres y las familias tienen para ejercer su deberes, es imperativo que:

  1. Se modifique el Decreto 2.203 de 26 de abril de 2016, excluyendo al sector educativo, público y privado, del sub-sistema de Educación Básica.
  2. El Ministerio de Educación elabore y presente al país, un balance de la situación que contenga un inventario del tiempo de clases perdido, escuela por escuela, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.
  3. Un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.
  4. Una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la formación.

¡En #Venezuela #QueremosClases!

 

 

La suspensión de clases viola el Derecho a la Educación


Anoche, con este tuit, el Ministro de Educación, anunció al país la suspensión de clases en las escuelas los próximos 2 viernes, como parte del “plan” de ahorro energético que el gobierno nacional está instrumentando.

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Y en la cuenta oficial del Ministerio, este fue uno de los tuits publicados:

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Podríamos discutir largamente, las causas de la crisis energética que afecta al país en este momento: falta de planificación, mantenimiento, ampliación del sistema, incluyendo los embalses, ausencia de medidas preventivas y educativas para construir una cultura de uso energético más racional y ausencia de planes de conservación ambiental para cuidar nuestros ecosistemas, entre otras. Podríamos hablar de tiempos, porque hace varios lustros que el tema del cambio climático entró en la agenda mundial y el fenómeno de El Niño no comenzó ayer. Si lo hiciéramos concluiríamos que la falta de previsión y la improvisación es la que nos hizo llegar a este punto y no podemos escudarnos en el fenómeno del Niño para justificar la crisis energética y las medidas tomadas.

La improvisación y falta de previsión se quiere resolver a última hora con racionamiento y una campaña en la que, desde el punto de vista del gobierno, usando la etiqueta #ElNiñoNoEsJuego, pareciera insinuar que quién no se toma la situación en serio, es la población.

Entre sus mensajes, el Ministro también afirmó que “esta medida es necesaria para el uso racional de la energía eléctrica, por lo que desde el sector educativo debemos cumplir con disciplina”, por lo que queremos preguntar al Ministro ¿la disciplina se aplica sólo a la suspensión de actividades y no a la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos?

Le recordamos al Ministro que los derechos de los niños tienen prioridad absoluta, de acuerdo a las convenciones internacionales suscritas por Venezuela y tal como está recogido en nuestra legislación, comenzando por la LOPNA.

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El principio de prioridad absoluta implica diseñar una estrategia, dentro del “plan” de racionamiento del gobierno, que permita garantizar, como prioridad, entre otros, el derecho a la educación de los niños y jóvenes.

¿Cómo afecta esta medida el derecho a la educación de nuestros niños?

El decretar dos días menos de clase disminuye los días establecidos en el calendario escolar para el aprendizaje. Son dos días en los que la planificación diseñada por los docentes, no se podrá llevar a cabo y en los que se interrumpe el proceso de enseñanza que viene desarrollándose en las aulas y fuera de ellas.

Una interrupción en el calendario, no puede tomarse a la ligera porque afecta la calidad del proceso que se desarrolla en las aulas. La educación es una labor altamente planificada, y aunque toda planificación es dinámica y flexible, su flexibilidad y dinámica no puede usarse como excusa para cubrir imprevistos que pueden actuar en contra de la calidad de aprendizaje. De hecho, para que la planificación educativa funcione, tiene que desarrollarse con ciertas condiciones.

Ilustremos con un ejemplo: si las clases se suspenden un día entre semana, se pierde la continuidad de las actividades tal como estaban planificadas, por lo que el docente, tiene que modificar su plan de trabajo, tomando tiempo, destinado a otras actividades, para comenzar la jornada siguiente retomando el hilo de lo trabajado y garantizar que los aprendizajes se están desarrollando de manera óptima para todos y cada uno de los estudiantes (hay que recordar que cada estudiante es diferente porque tiene necesidades y formas de aprendizaje peculiares y el docente debe tratar de responder a todas ellas).

Si la suspensión es, como en este caso, el viernes, con lo que se amplía el lapso entre una clase y la siguiente, las actividades para retomar el hilo, también se tienen que reajustar en detrimento del tiempo que estaba planificado para las que correspondía desarrollar el lunes, si no se hubiese dado la suspensión.

Pero además, las actividades que estaban previstas para el día de la suspensión hay que reprogramarlas y rediseñarlas y si no se amplía el tiempo de clase al día o se añade un día al calendario, por cada día perdido, el docente se verá obligado a eliminar actividades para que el tiempo alcance.

Esos detalles, parecen irrelevantes para el Ministerio, son invisibles para el país, pero afectan de hecho la calidad de la educación y de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes.

¿Cómo se ha afectado el derecho a la educación, por la suspensión de clases, hasta ahora?

Si hacemos un recuento rápido sobre lo que hemos vivido durante este año escolar, encontramos que algunas situaciones que venían experimentando nuestras escuelas, se han hecho recurrentes y este año escolar, han incrementado. Citemos las siguientes:

  1. Desde hace años, hemos visto como la inseguridad en el país, ha tenido como consecuencia el robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas. Ya no tenemos reportes esporádicos de escuelas robadas en períodos vacacionales, sino que en cualquier momento del año escolar podemos leer que se robaron el tanque del agua de una escuela, las computadoras y los alimentos. Muchos de esos robos, aunque no quede registro de ello, tienen como consecuencia la suspensión de parte de las actividades escolares y dependiendo de la magnitud, de parte de la jornada de clase o de la jornada completa, por imposibilidad de desarrollar las actividades educativas con las condiciones adecuadas.
  2. También desde hace años, muchos más en algunas regiones del país, el agua falta con frecuencia en las escuelas, por lo que se suspende parcial o totalmente la jornada. (Debemos recordar que hay regiones del país en las que la provisión de agua es muy poco regular, que a veces pasan una semana o más sin agua corriente y en muchos casos, no tienen ni la infraestructura ni los recursos, para surtir a la escuela con camiones).
  3. Desde que se incrementaron los problemas con el sistema eléctrico, también hemos visto como en muchas escuelas se han tenido que suspender clases por apagones. Eso sucede con mayor frecuencia en algunas regiones del país que en otras y en algunas zonas de las ciudades y poblados.
  4. Con el plan de racionamiento, la suspensión de clases afectó a las escuelas aún cuando deberían estar excluidas. En efecto, el pésimo “diseño” del sistema eléctrico y la falta de zonificación en el entramado del cableado, impidió, por una parte, excluir a las escuelas de los cortes por racionamiento, y por la otra, tuvo como consecuencia que en muchas zonas los cortes se hicieran en los bloques que no correspondía. Esto último debido a la falta de información de los técnicos de CORPOELEC sobre la distribución del cableado.

Por los reportes que nos han llegado, sabemos que las aquí citadas, son situaciones recurrentes y extendidas a lo largo y ancho del país, pero lamentablemente, las condiciones en las que se dan y la falta de información oficial, hace que sea imposible contabilizar con precisión la cantidad de escuelas afectadas, especificando la cantidad de días y horas de clase perdidas.

Como se trata de situaciones no planificadas o imprevistos, consecuencia de una mala planificación como en el punto 4, las familias, las escuelas y los docentes, no cuentan con el tiempo para tomar previsiones y minimizar el impacto en la calidad del proceso educativo, o para compensar con ampliación de actividades o con el diseño de actividades complementarias, las interrupciones en el calendario.

Estas situaciones también parecen irrelevantes para el Ministerio y son invisibles para el país, aunque no para las familias y docentes que tienen que vivirlas con frecuencia. Las interrupciones en el calendario y las suspensiones no previstas de clase, como en el caso anterior, afectan de hecho la calidad de la educación y de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes y no pueden ser ni invisibles para el país, ni irrelevantes para el ente a quién corresponde la obligación de garantizar el derecho a la educación en Venezuela.

De forma complementaria, es importante hacer mención a una situación que, ya no por la suspensión o interrupción de clases, afecta la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes y por tanto, la realización del derecho a la educación. Se trata del diseño de los bloques de racionamiento que incluyen horarios que son vitales para la realización de derecho a la educación: el bloque de 4 am a 8 am, que es el que las familias necesitan para acompañar a los niños y jóvenes en su preparación para asistir a las escuelas; y el bloque de la tarde, que es cuando los estudiantes llegan a sus casas y tienen que investigar y realizar actividades de aprendizaje complementarias a las realizadas en el aula.

Al respecto, le preguntamos al Ministro: ¿cómo estudian nuestro niños y jóvenes sin luz en sus casas? ¿cómo hace un docente para decidir y planificar qué día asigna tareas o investigación para la casa, en un grupo de unos 30 niños o jóvenes que viven en zonas con horarios de racionamiento diferentes?

Y ante la ausencia de información oficial, también queremos preguntarle al Ministro: ¿qué pasó con el sistema de información del sistema educativo? porque es bueno, en este contexto recordar que a finales de los 90s, Venezuela contaba con un sistema de información que nos permitía conocer detalles del sistema educativo, incluyendo características de las escuelas, dotación, nómina y estudiantes, entre otras, escuela por escuela y en todo el territorio nacional. Ese sistema fue modificado progresivamente por el ministerio y a pesar de que, en los primeros años de la década pasada, se le hicieron mejoras y se puso a disposición de todos los ciudadanos en internet, como deber ser por tratarse de información pública, posteriormente, se fue reduciendo la información disponible, para terminar cerrando el acceso público en el 2010.

En ese sistema, debería poder tenerse un registro de los días sin clase y sus motivos, porque, esa es información que periódicamente se reporta desde las escuelas. Esa opacidad creciente que el Ministerio ha adoptado como política, adicional a la prohibición expresa que desde hace años le hizo a directores y docentes para que no dieran declaraciones a los medios, ni suministraran información a investigadores, impide que, en un momento como éste, la ciudadanía pueda sistematizar información sobre lo que está sucediendo y hacer la contraloría que le corresponde de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Constitución.

Finalmente, creemos que la situación que se vive en el sistema educativo, producto de la recurrencia de los factores aquí mencionados, no se resuelve con la tradicionalmente utilizada “recomendación” del Ministerio a las escuelas y docentes, de hacer “ajustes” de acuerdo a las condiciones de cada escuela y grupo de estudiantes. Creemos que se trata de una situación de una importancia y gravedad tal, que amerita atención integral e inmediata del Estado

En primer lugar, se requiere un balance de la situación, un inventario del tiempo de clases perdido, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.

En segundo lugar, un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.

Y en tercer lugar, una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la  formación.

 

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