Observatorio Educativo de Venezuela

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Nueva Convención “Única y Unitaria”: Corresponsabilidad y escuelas como “territorios de paz” con “cuerpos de combatientes”


Con una propuesta entregada el 20 de julio ante el Ministerio del Trabajo, los gremios docentes tuvieron que declararse en conflicto para lograr que el gobierno se sentara a discutir una nueva convención colectiva.

La reunión de instalación se realizó apenas el 5 de noviembre, en ella se estableció cuáles eran las partes que se sentarían a discutir el contrato, se presentaron los participantes presentes y se abrió un espacio para exponer objeciones a los aspectos generales de la discusión.

El establecimiento de las partes en negociación comenzó a institucionalizar un cambio en la naturaleza de este contrato, ya que, no se discutiría gremio por gremio, como en oportunidades anteriores, sino que se planteó realizar una discusión “unitaria”, en la que, docentes, trabajadores administrativos y obreros, se sientan al mismo tiempo a discutir los detalles de la contratación, pero estableciendo condiciones contractuales específicas a la naturaleza de sus funciones y dedicación.

En la reunión de instalación, no hubo objeciones a las condiciones generales de negociación, por lo que se fijó como fecha de inicio de las discusiones el 10 de noviembre y como sede, la Defensoría del Pueblo.

Dada la modificación que se inició en la reunión de instalación y que continuó en reuniones posteriores, en cuanto a las partes en negociación y al tipo de contrato, se puede resaltar que ya no está en discusión la “VIII Convención Colectiva de las Trabajadoras y Los Trabajadores de la Educación dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación” (en este enlace se puede ver el proyecto), de acuerdo al título del documento introducido en julio por las federaciones docentes, ni el “Proyecto de Convención Colectiva Unitario de Las y Los Trabajadores, Docentes, Administrativos y Obreros, dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación“, tal como reza en el texto del acta de instalación (en este enlace pueden ver el acta); sino que lo que está en discusión es la “Primera Convención Colectiva Única y Unitaria de Los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación“.

En efecto, el MPPE llevó como propuesta a la primera reunión formal, el cambio del término “unitaria” por “única” -tal como consta en el acta del 10 de noviembre (en este enlace pueden ver el acta de la reunión del 10/11)-, los gremios, obviamente no aceptaron, pero, en su lugar, apostaron por una especie de solución salomónica, que implicó la adopción de ambos términos, “Única y Unitaria”, tal como se aprecia en el texto del acta de la reunión del 12 de noviembre (en este enlace se puede ver el texto del acta 12/11)

Este denominación, “Primera Convención Colectiva Única y Unitaria de Los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación“, aunque puede parecer un asunto irrelevante de uso de palabras en un título, puede tener consecuencias no deseadas para los gremios, porque se trata de términos de diferente significado, no complementarios, uno de los cuales anula en la práctica al otro, por lo que ahora, de lo que se puede hablar es de la negociación de una convención única para todos los trabajadores del sector, dependientes del MPPE.

Al respecto, conversamos con Raquel Figueroa, quien es la Coordinadora Nacional del Movimiento de Educadores Simón RodríguezDirigente sindical de FENAPRODO-CPV, que nos expresó la preocupación de los gremios porque el hecho de que todos los trabajadores en un país o en un sector, como en este caso, sean titulares de los mismos derechos humanos, en el plano laboral, no implica la unificación del tratamiento contractual de los trabajadores de la educación, que puede tener como consecuencia, la no consideración ni de las necesidades específicas de los trabajadores de cada uno de los sectores y ni de las condiciones laborales que se desprenden de la naturaleza de las funciones que cumplen en el sistema educativo. (*) Este es un riesgo en desarrollo y se verá su alcance en la evolución de las negociaciones entre los gremios.

En la determinación de las partes, es importante señalar también que, en la reunión de instalación de las negociaciones, no quedaron registrados todos los que se reconocerían como participantes. De hecho, en la siguiente captura de pantalla, tomada del primer acta, se aprecia la inclusión de 16 organizaciones gremiales.

las partesY a partir de la primera reunión formal, aparece incorporada FETRAMAGISTERIO como parte, sumando un total de 17 organizaciones gremiales en esta negociación. (Captura de pantalla de la reunión del 10/11)

las partes 2

En este conjunto de organizaciones parte, son gremios docentes: FEV, FETRAENSEÑANZA, FETRASINED, FENAPRODO-CPV, FETRAMAGISTERIO, FVM, FESLEV-CLEV, FENATEV y SINAFUM y organizaciones de trabajadores no docentes, en algunos casos, organizaciones sindicales que tienen afiliados no exclusivamente del sector: SUNEP-ME, SIRTRAME, SNSEME, SNFPME, SINAEP-MECD, FETRAEDUCACIONALES,  FENOBOLMED y FENARBOTRASEP.

Pero como esta discusión es sobre las condiciones contractuales de los trabajadores de la educación, lo que se establezca en las mismas, puede afectar la realización del derecho a la educación de los estudiantes.

En tal sentido, es importante considerar, por ejemplo, que la calidad de los docentes constituye un aspecto clave en el logro de una educación de calidad en las escuelas, por lo que se espera que el sistema brinde las mejores condiciones de contratación y laborales, por una parte y exija una excelente formación inicial y en ejercicio, por la otra, para garantizar su mejor desempeño en la formación de los estudiantes. También se espera que, entre las condiciones laborales se puedan discutir aspectos como los que no han permitido establecer la extensión del calendario escolar, para que se pueda contar con 200 días de clase (días de clase no días de actividades escolares, que es diferente), que es una aspiración del país desde hace más 3 lustros.

Hasta el momento, la discusión se ha desarrollado en 4 reuniones, después de la de instalación y aún hay muchas cosas en debate. Sin embargo, ya se pueden señalar algunos aspectos controversiales sobre los que es necesario poner atención:

1. El primero de ellos es el uso del término corresponsabilidad en las definiciones iniciales del contrato. En la cláusula “Definiciones” se establece:

def trabajadores

Esa afirmación se reitera al final de la definición quinta, cuando dice que los trabajadores de la educación, junto con el ente rector, las familias y la comunidad, son “corresponsables” de garantizar el pleno goce del derecho a la educación.

En este caso, es importante aclarar que, términos de derechos humanos, el Estado tienen la obligación de garantizar el derecho una educación de calidad para todos. Esto se traduce, en cuanto a la educación obligatoria y gratuita, en términos de gestión del sistema y específicamente en la de las organizaciones educativas dependientes del ministerio, que son las directamente afectadas en la discusión de esta contratación, en la obligación de garantizar que las escuelas funcionen con las condiciones óptimas, lo que implica la obligación de garantizar condiciones laborales y contractuales óptimas para docentes, administrativos y obreros y de lograr que éstos tengan un óptimo desempeño en sus  funciones.

Pero la obligación de garantizar el derecho a la educación, no se puede transferir a los trabajadores de la educación aplicando el concepto de “corresponsabilidad” de los actores sociales establecido en la Constitución, como tampoco se puede transferir a los otro actores que forman parte de las comunidades educativas, como se pretende hacer al final de la definición quinta y como se pretendió hacer en el texto de la Resolución 58.

El desarrollo del concepto de “corresponsabilidad” está muy crudo en Venezuela y, hasta ahora, su aplicación, lejos de establecer un marco de apertura para la participación de los diversos sectores en el desarrollo del país, lamentablemente, ha sido utilizado como un descargo de responsabilidades por parte de las organizaciones gubernamentales, a las que corresponde directamente, la obligación de garantizar los derechos humanos.

2. El segundo aspecto que debe llamar nuestra atención, está también en el marco de las definiciones y se trata de la incorporación del uso de términos y concepciones que responden a la ideología del partido de gobierno, y que están en contra de lo que se establece en la Constitución.

En efecto, según la definición quinta, el trabajo es un proceso social “que tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista”

def trabajo

En la Constitución se establece que Venezuela es un país pluralista y en ninguna parte de su texto se declara, ni socialista, ni anti capitalista, así que por más que esas sean las concepciones que definen la posición política de los funcionarios que hoy ejercen el poder, en el ente rector, no pueden convertirse en elementos que determinen la relación laboral entre los trabajadores de ningún sector y el Estado. De hecho, tal como están escritas esas definiciones, no deberían ser aprobadas por no corresponder al modelo de país establecido en la Constitución.

Obviamente, a esta altura, más de uno pensará que esos términos están incluidos en el Plan de la Patria, pero un plan de la nación, que viola lo establecido en la Constitución, no puede convertirse en referencia para la definición de las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores.

3. En el mismo orden de ideas, el tercer aspecto al que debemos prestar atención, es la definición de organizaciones sindicales, incluida en este contrato. De acuerdo a la definición 4, los sindicatos no sólo son organizaciones para la defensa de los intereses de sus afiliados, sino que ahora tienen también como objeto “la defensa del pueblo, de la independencia y la soberanía nacional”

def sindicatos

Esta lógica, que también está incluida y desarrollada en el actual plan de la patria, pone de lado el concepto de ciudadanía, responde a una concepción “cívico-militar” de las personas y la sociedad, contradiciendo lo que se establece en la Constitución.

Las consecuencias de esa definición se pueden apreciar en dos cláusulas que fueron incluidas en la última reunión de la que tenemos información, la del 19 de noviembre. En ellas se establece:

  • que “se conviene en fomentar el fortalecimiento del sentimiento patriótico y la conciencia clasista”
  • fomentar “la conformación de cuerpos de combatientes estructurados en milicias de trabajadores y trabajadoras desde las sedes administrativas y planteles”. Estas milicias además de contribuir con la atención de la población en situaciones de desastres naturales, garantizarán “los servicios públicos fundamentales en caso de desestabilización, conflicto armado o sabotaje y participarán en la defensa de la Patria cuando las circunstancias así lo exijan”

seguridad y economía

Pero no conformes con lo establecido en esa cláusula, la siguiente, tal como se aprecia en la captura de pantalla precedente, compromete a las organizaciones sindicales a “impulsar la constitución de brigadas voluntarias” para participar en “el combate contra la guerra económica”, en estrecha colaboración con la SUNDDE.

La penetración del modelo político del partido de gobierno y de la lógica de guerra en las condiciones laborales de los trabajadores del sector educativo, además de ser contraria a lo que establece la Constitución vigente, le imprime un carácter diferente al que, por su naturaleza, debe tener el funcionamiento del sistema educativo y de la red de escuelas en el que se sustenta. Pero adicionalmente, los trabajadores de la educación tienen funciones específicas que ocupan, en la mayoría de los casos, mucho más que el tiempo de trabajo, que los términos del contrato le reconocen y remuneran, por lo que, es totalmente descabellado aumentar sus actividades y funciones, aunque éstas tuvieran alguna relación lógica con el trabajo para el que el Estado les contrata. Todo ésto afecta el derecho a la educación, específicamente el que se debe garantizar en el sistema de Educación Básica.

Por otra parte, en contradicción con el espíritu de la citada definición y de esas cláusulas, el texto aprobado hasta el momento, también se incluye una cláusula que declara a las escuelas “como Territorios de Paz”, con la que se establece como labor conjunta entre el ente rector y las organizaciones sindicales, la construcción de relaciones de respeto, la creación de consciencia y prevención de la violencia física y simbólica, evitar todo tipo de discriminación, valorar la diversidad cultural, entre otras, pero cuyo texto incluye el mantenimiento y la preservación de las estructuras e instalaciones educativas, como una de las primeras acciones en este ámbito.

territorios de paz

En este caso, es importante señalar que, asumiendo que el cuidado de las instalaciones debe formar parte de la cultura escolar e incluir a todos los miembros de las comunidades educativas, y que, entre las labores de trabajo de los obreros en las escuelas, se encuentran las de mantenimiento cotidiano y algunas de mantenimiento menor de las instalaciones, el mantenimiento de la infraestructura escolar, como programa en el ámbito de la gestión educativa, es responsabilidad del ente del cuál depende cada una de las escuelas que, a efectos de este contrato, coincide con el ente rector. Es por esa razón que la forma como está redactada esta parte de la cláusula, es peligrosa porque con ella puede estarse descargando nuevamente en las comunidades, la responsabilidad del ministerio sobre una de sus obligaciones,  y que, tal como ha sucedido con la Resolución 58, este descargo de responsabilidad no está acompañado de la transferencia de recursos que permite que las escuelas asuman las competencias que, en consecuencia y de manera velada, se les está transfiriendo, constituyéndose en una carga adicional que las comunidades no pueden afrontar.

En cuanto a las actividades relacionadas con la constitución de las escuelas como “Territorios de Paz”, queremos recalcar que ese propósito es inconsistente con lo señalado al inicio de este punto, porque no es posible construir  una cultura de paz, cimentada en una cultura de guerra.

Como se puede apreciar en lo reseñado hasta el momento, la discusión de esta contratación es de interés para todos los ciudadanos, más allá de los relacionados con el sector o los que pertenecen a los gremios de padres y estudiantes, por sus consecuencias potenciales, no sólo en las condiciones de contratación de los trabajadores del sector, sino por los cambios en la naturaleza de las actividades y funciones a desarrollarse en el sistema educativo, que pueden atentar contra la realización del derecho a la educación de los estudiantes.

Por ello invitamos a todos, a seguir este proceso. Para mantenerse al día con las discusiones, pueden visitar el Blog del Sindicato de los Trabajadores de la Educación del Estado Mérida SINDITEM (pueden encontrarlo en este enlace), quienes han estado publicando las actas que se suscriben en este proceso.

Nosotros estaremos atentos a los avances de esta negociación y continuaremos publicando sobre el tema.

(*)  En este enlace se puede ver la posición completa del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

 

 

 

“INSTRUCCIÓN MINISTERIAL”, ¿Y entonces?


Este domingo 22, en una manifestación política, dos altos funcionarios del MPPE, el Ministro y el Viceministro de Educación Media, declararon a los medios, que las diversas pautas que han llegado a las escuelas, y que han sido conocidas por la opinión pública bajo la denominación “Instrucción Ministerial”, no responden a una directriz emanada de ese despacho.

Esto fue recogido así por varios diarios, de circulación regional y nacional. A continuación se presentan un par de capturas de pantalla con la noticia y si pulsan en los respectivos enlaces, podrán leer la noticia, tal como fue publicada en ambos periódicos.

Diario la Verdad

Diario 2001

Sin embargo, queremos recordar a estos funcionarios que desde el 11 de este mes, es decir, 11 días antes de su pronunciamiento público, el país tiene conocimiento, por diversas fuentes, de un serie de directrices emanadas del MPPE. Los detalles de las directrices que llegaron al Observatorio, los pueden conocer, o recordar, en nuestras dos publicaciones previas.

“INSTRUCCIÓN MINISTERIAL DE EMERGENCIA” (actualización 2) (que contiene la publicación inicial del 11/03, más dos actualizaciones)

“INSTRUCCIÓN MINISTERIAL DE EMERGENCIA” (Nuevos datos) (publicada el 20/03, que contiene la tercera actualización de información)

Pero también queremos recordar que el Ministerio es un ente del gobierno central, que tiene instancias desconcentradas en dos ámbitos territoriales, Zonas Educativas y Municipios o Distritos Escolares. Existe una Zona Educativa por cada Estado, más una zona en el Distrito Capital, y cada Zona Educativa está organizada en municipios o distritos escolares, dependiendo de la cantidad de planteles, la complejidad geoespacial y la organización territorial.

En cada una de estas instancias, hay funcionarios del MPPE que constituyen el enlace entre el nivel central del Ministerio y las escuelas de todas las dependencias (oficiales nacionales, estadales municipales y autónomas, y privadas).

Esta red de funcionarios que, deberían ser en su mayoría supervisores de carrera, pero que, en todo caso, son docentes cumpliendo función supervisora, dependen y responden directamente al Ministerio, ya que, tanto las Zonas, como los Municipios o Distritos Escolares, son, como se mencionó anteriormente, instancias desconcentradas del MPPE. Al ser instancias desconcentradas, no gozan de la autonomía que tienen las Direcciones de Educación de las Alcaldías y las Gobernaciones, por pertenecer a instancias de gobierno descentralizado.

Es por esta razón que cualquier pauta de trabajo, directriz o instrucción que llega a las escuelas proveniente de las Zonas Educativas o de los Municipios o Distritos Escolares, es asumida por el sistema, escuelas, directivos, docentes, padres, estudiantes, trabajadores administrativos y obreros, como una directriz ministerial y no puede ser de otra manera.

Por otra parte, los funcionarios que cumplen la función supervisora, llevan las directrices del ministerio a las escuelas a través de comunicaciones escritas (memos, cartas, documentos, correos electrónicos) o directamente en reuniones que realiza cada supervisor con los directivos del grupo de escuelas que tiene a su cargo. Las directrices tienen igual validez.

Siendo así, no se entiende cómo es posible que, ante los cuestionamientos hechos por diversos sectores del país, sobre el contenido de las directrices relacionadas con el decreto de Obama, que llegaron por diversas vías a las escuelas, los más altos funcionarios del MPPE, sólo digan que ellos no dieron ninguna orden y no asuman la responsabilidad de lo que parte de su red de supervisores hizo llegar a las escuelas, como instrucción del ministerio.

En un caso como éste, asumir la responsabilidad por parte de estos funcionarios, implicaría:

1. Hacer una declaración pública oficial pidiendo disculpas al país y a las comunidades educativas de las escuelas afectadas por lo sucedido, y suspendiendo toda “instrucción”, pauta o directriz que sobre ese tema pudo haber llegado a las escuelas.

2. Ordenar una investigación que permita establecer las responsabilidades administrativas que correspondan, debido a que, en todos los casos, las “instrucciones” o pautas, incluían claras violaciones de los derechos de los niños y jóvenes.

3. Hacer una consulta a la Defensoría de niños, niñas y adolescentes sobre los alcances de las violaciones a la LOPNNA ocurridas en cada uno de los casos en los que se ejecutaron esas “instrucciones” o pautas y solicitar las actuaciones correspondientes.

4. Organizar, con la Defensoría de niños, niñas y adolescentes y con carácter de urgencia, un curso de formación para toda la red de docentes en función supervisora (incluyendo a directores de escuelas) y supervisores en ejercicio, en derechos humanos y la aplicación de lo establecido, al respecto, en la Constitución, la LOPNNA, la LOE y los tratados internacionales suscritos por Venezuela.

5. Evaluar los procesos de toma de decisión y comunicación entre el MPPE y sus instancias desconcentradas, para resolver los problemas que, evidentemente tienen, y que hacen “aparecer” “instrucciones ministeriales” que no han sido “ordenadas”.

Dada la naturaleza de la “instrucción”, la violación de los derechos asociada y que, de acuerdo al Ministro, no responde a las directrices emanadas oficialmente del nivel central del MPPE, es importante que esos anuncios y las medidas se tomen de inmediato, para evitar que los entes desconcentrados del ministerio, sigan adelante con la “instrucción”, como es el caso, del Municipio Escolar Número 1 del Estado Guárico, que envió el martes 24, a las 4 y media de la tarde, el siguiente correo electrónico a todas sus escuelas:

Para cerrar esta nota y continuando con la recopilación de material sobre el tema, les dejamos a continuación, una carta escrita por un representante en respuesta a la “Instrucción Ministerial” que recibió de su escuela. Como podrán ver, se trata de una respuesta a la carta que envió el Consejo Educativo de una escuela en Maturín, que incluimos en nuestra publicación anterior. La carta habla por sí sola:


 

 

 

 

“INSTRUCCIÓN MINISTERIAL DE EMERGENCIA” (Nuevos datos)


(Ésta iba a ser la tercera actualización de la publicación sobre la “INSTRUCCIÓN MINISTERIAL DE EMERGENCIA” que escribimos el 11/03, pero, para que no se haga demasiado larga la entrada, colocaremos la nueva información en este post. Invitamos, a quienes no conocen esta denuncia desde el inicio, a revisar el post anterior).

En esta oportunidad recogemos los pronunciamientos de la Red de Padres, Madres y Representantes y de la FEDERACIÓN NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANES, FENASOPADRES, sobre esta acción del Ministerio.

La FEDERACIÓN NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANES, FENASOPADRES, se pronunció de la siguiente manera:

Por su parte, la Red de Padres, Madres y Representantes, realizó una rueda de prensa en la que pidió una aclaratoria al MPPE. Pueden ver la rueda de prensa en el siguiente enlace:

Pero no solo los gremios de padres se han manifestado, también recibimos una denuncia hecha, simultáneamente por el Colegio de Profesores del Estado Yaracuy y el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez.

En conversación telefónica, que sostuvimos esta mañana con el Profesor Armando Barreto, quién es Presidente del Colegio de Profesores del Estado Yaracuy, pudimos conocer que, en dicha entidad, el MPPE, a través de su red de supervisores, ha hecho llegar la “instrucción” a todas las escuelas de Educación Inicial, Primaria y Especial. En este caso, los funcionarios del MPPE indican a los directores de las escuelas que deben solicitar a todos los niños en educación inicial (preescolar) que realicen dibujos y a todos los niños de educación primaria y especial, que escriban cartas dirigidas al Presidente Obama, solicitando que derogue el decreto. Estas acciones se han acompañado de jornadas de recolección de firmas utilizando una planilla con el siguiente formato:

De acuerdo al Profesor Barreto, esta instrucción se ha hecho llegar a las escuelas de todas las dependencias, es decir, oficiales (nacionales, estadales y municipales) y privadas.

El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, acompaña al Colegio de Profesores del Estado Yaracuy en esa denuncia, con un par de reseñas gráficas sobre la instrumentación de estas acciones en las escuelas de la entidad. En la primera, podemos apreciar el momento en el que colocan la huella dactilar de un niño de preescolar en una planilla de recolección de firmas.

 

Y en la segunda podemos apreciar una planilla en la que se registró el nombre del estudiante, el número de cédula escolar, el nombre de la escuela y la huella dactilar de un grupo de niños de educación inicial. Obviamente, no se incluyen las firmas, porque los niños en edades de 3 a 5 años, que es la edad en la que regularmente deberían estar cursando educación preescolar, aún no saben firmar.

Estas imágenes son acompañadas por la siguiente declaración del movimiento de docentes:

“Denuncia el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

El gobierno manipula a niños y niñas de preescolar.

Los educadores que conformamos el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, denunciamos de manera responsable ante el magisterio y ante el país la vil manipulación del Ministerio del Poder Popular para la Educación en los planteles de Preescolar y Primaria que se encuentran en el Estado Yaracuy.
Presentamos a continuación fotos de los niños y niñas del Preescolar del Municipio Manuel Monge del Estado Yaracuy. En las mismas queda clara la manipulación política del gobierno nacional, que es capaz de utilizar a niños y niñas de 3 a 5 años de edad para rechazar con sus huellas digitales la supuesta “amenaza del presidente de Estados Unidos a Venezuela”.
Convocamos a mantener la ética y conciencia a todos los educadores que se encuentran en todo nuestro territorio para no prestarse a estas prácticas que deforman nuestro papel como educadores y ‎el sentido de la pedagogía y enseñanza.
No somos educadores para ser manipulados y menos para manipular.
No somos educadores para impulsar en las aulas de clase la falsificación de la realidad y de nuestra historia. Construyamos conciencia para la vida, para la felicidad no para defender a ningún régimen político nacional y a ningún imperialismo, sea chino, ruso o norteamericano.

¡BASTA YA DE MANIPULACIÓN CON NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS!

Educadores activos y jubilados del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez”

En estos días, también recibimos, a través de nuestros contactos, la siguiente comunicación enviada a los Padres y Representantes de una escuela privada en el Estado Monagas:

Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y sus altos dirigentes, están abierta y activamente unidos a una campaña promovida desde la presidencia, que todos hemos podido conocer a través de los medios de comunicación y que, entendemos, es la que da justificación y origen a la “instrucción ministerial” que ha llegado a las escuelas.

En la cuenta oficial del MPPE en Twitter, se puede ver el siguiente mensaje, en el que se utiliza para la campaña, una foto de dos niños que estudian preescolar:

También la Fundación El Niño Simón del Estado Bolívar, se une a estas acciones declarando “territorio de paz” a todos los Centros de Educación Inicial de la Fundación. Aquí pueden ver la captura de pantalla de dicho mensaje.

El ministro, en diversos actos realizados con estudiantes y directivos de escuelas en los Estados Falcón y Miranda, a través de sus declaraciones y en sus mensajes de twitter, mantiene su discurso con respecto a este tema. En su discurso cabe resaltar el lenguaje de guerra utilizado, tanto en el llamado a “Luchar y gobernar, combatir y estudiar” que hizo en Falcón (*), citando la consigna enunciada por el Presidente Maduro, como en su llamado a “cerrar filas” a través de su cuenta en twitter.

Como parte de la “campaña” del gobierno, se unió a la convocatoria a un “Gran tuitazo”; y, en su cuenta de twitter, también reseñó los resultados de las actividades de la “instrucción ministerial” que posteó la Sala Situacional del MPPE del Estado Mérida, como se puede apreciar a continuación:

Por su parte, la Viceministro El Achkar, también continuó haciendo uso de imágenes de niños, incluidos los de preescolar, para, desde su cargo, cumplir con la “instrucción ministerial”.

 

Para finalizar, queremos recordar lo que dijimos en nuestra anterior publicación: Uso indebido de la autoridad del Estado y violación a los derechos de los niños y jóvenes, son dos de las faltas que estos funcionarios están cometiendo.

(*) Este llamado se puede apreciar, tanto el la foto en la que se incluye una captura de imagen de la noticia publicada en el portal del MPPE, como en la misma noticia, en esta dirección: Noticia del Ministro en Falcón.

“INSTRUCCIÓN MINISTERIAL DE EMERGENCIA” (actualización 2)


(Esta publicación contiene, al final, el texto inicial publicado ayer 11/03, precedido por las actualizaciones de ayer 12/03 y con la información que hemos recibido hoy 13/03/2015, hasta esta hora: 1:50 pm)

En nuestra actualización de hoy, informamos que, desde la Parroquia La Vega, en Caracas, nos informaron que a sus escuelas también llego la “INSTRUCCIÓN” del MPPE. En ese caso, solicitaron que se elaboraran 20 distintivos y 20 carpetas decoradas.

Por otra parte, desde el Estado Bolívar con el sello de la Escuela Estadal “EBE Madre María de San José” de Puerto Ordaz, nos llega una “comunicación” muy informal, dirigida a los docentes, informando que, por orden del Ministro, los docentes deben elaborar con sus estudiantes, “cartas dirigidas a B. Obama rechazando la agresión imperialista“. A continuación, la comunicación, tal como nos llegó:

Es más que obvio, que quienes desde el gobierno promueven estas actividades en las escuelas, incurren en una violación a los derechos de los niños y jóvenes, haciendo uso de la autoridad que les da ser funcionarios del ente rector del sistema educativo, para promover un pronunciamiento político específico de este sector, en este momento.

Es importante que estos funcionarios recuerden que el marco internacional de los derechos humanos y la legislación venezolana, garantizan el derecho de los niños y jóvenes a participar y a expresar sus opiniones, pero se trata de las opiniones que tengan los niños y jóvenes, no las opiniones que desde el MPPE o de cualquier otra instancia gubernamental, se decida que deben expresar. Uso indebido de la autoridad del Estado y violación a los derechos de los niños y jóvenes, son dos de las faltas que estos funcionarios están cometiendo.

Adicionalmente, es importante recordar, que los derechos consagrados en la LOPNNA, son progresivos, tal como nos reseña, Maricarmen Soler:

“En la exposición de motivos de la LOPNA (2000), se puede leer: “…este régimen progresivo no implica que el niño o el adolescente pueda ejercer de forma inmediata, después de la vigencia de la ley, todos sus derechos y garantías. Por el contrario, se consagra un régimen en el cual el niño y el adolescente se le va reconociendo el ejercicio de sus derechos y garantías conforme a su desarrollo o evolución de sus facultades, el cual va acompañado de un incremento progresivo de sus deberes y su responsabilidad, inclusive en materia penal. Asimismo, se indica expresamente que los padres, representantes o responsables tienen el deber de orientarlos en el ejercicio de sus derechos y garantía de forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación en la ciudadanía activa. En definitiva no se trata de otorgar capacidad plena a los niños y adolescentes, si no más bien reconocer el ejercicio personal de sus derecho y garantías con la debida orientación.”
La participación de los padres queda recogida en el actual artículo 13, párrafo primero, cuando dice: “los padres, representantes o responsables tienen el deber y el derecho de orientar a los niños y adolescentes en el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías“. Lo que indica que, además, el MPPE no puede girar instrucciones para que implique, si se tratara de ello, el ejercicio de estos derechos por parte de los estudiantes, sin contar con el conocimiento y la orientación de los padres.
Tal como hicimos ayer, completamos la actualización, con información pertinente tomada de tuiter, en este caso del TL de la Viceministro en la que se evidencia el uso de los niños en las escuelas, como parte de la campaña gubernamental que se adelanta desde el MPPE:

A continuación, el texto incluido ayer 12/03/2015 en la primera actualización:

Comenzamos esta actualización cambiando los signos de interrogación del título por unas comillas, debido a que nos ha llegado la misma información desde el Municipio Los Salias (Miranda):

del Municipio Heres (Bolívar):

Y del Distrito 1, del Municipio Libertador. En este caso, la información no llegó por escrito, sino que fue notificada en una reunión, esta mañana. En la reunión dijeron a las escuelas participantes que por orden del Ministerio de Educación todas las escuelas públicas del mencionado distrito, debían colocar en la puerta de entrada la Bandera Nacional elaborada por los niños con alguna técnica plástica, acompañada de una pancarta grande, con lo siguiente: “No somos AMENAZA, somos esperanza y queremos vivir en paz

Pero también, porque en el TL de la cuenta de tuiter del Ministro, Héctor Rodríguez, y se puede corroborar que la instrucción llegó y fue acatada en el Municipio Miranda (Mérida):

mérida

Así como, en el Municipio Cocorote de Yaracuy:

Yaracuy

En este Municipio, también nos informaron que en la Escuela Básica León Trujillo hicieron firmar a todos los niños la declaración, desde primer grado, tal como se solicita en la “INSTRUCCIÓN”. La información nos llegó a través de representantes que no dieron su autorización para que ésto sucediera. En ese caso, nos comentaron que los miembros del Consejo Comunal del sector, estaban entre los organizadores de las actividades en la escuela.

Por otra parte, en el Estado Monagas, la iniciativa parece haber llegado en boca del propio ministro, quién reseña, en su tuiter, un encuentro que tuvo ayer con estudiantes y directores de las escuelas de dicha entidad. A continuación, los mensajes que se explican solos:

Ministro 2

Ministro 1

Te recordamos que puedes escribir a oevenezuela@gmail.com y enviarnos la información que llegó a tu escuela, o comentarnos lo que, al respecto, sucedió. Como siempre, puedes escribirnos con confianza, porque, de así desearlo, garantizaremos la confidencialidad de tu comunicación.

A continuación, el texto publicado 11/03/2015 , tal como salió inicialmente:

Esta mañana llegó a diversas escuelas del Estado Miranda, un correo identificado como “INSTRUCCIÓN MINISTERIAL DE EMERGENCIA” (mayúsculas del remitente), con el siguiente texto:  (captura de pantalla del correo)

Como se puede apreciar, la comunicación está firmada por la Jefe de la Coordinación Municipal del Municipio Simón Bolívar de ese estado y, de acuerdo al texto, comunica las “INSTRUCCIONES ADOPTADAS POR EL MPPE” (mayúsculas del remitente).

Actividades de este tipo, promovidas como “política de Estado”, constituyen un intento de algunos funcionarios del gobierno, por alinear a todas las organizaciones del sistema educativo, con una lógica totalmente ajena al espíritu de construcción de una cultura para la paz, tal como debe imperar en la educación venezolana.

Declarar que el propósito de esas acciones es “convertir” a las escuelas en “territorios de paz”,  no basta para lograrlo. Hace falta que las acciones respondan a una lógica de paz. No se puede construir la paz a partir de una lógica de guerra.

Si esta es, efectivamente, una comunicación de las instrucciones “adoptadas por el MPPE”, queremos que nos ayudes a verificar si la misma se ha remitido solamente a las escuelas del Estado Miranda, o si ha llegado a escuelas de otros estados. También queremos verificar, si en todos los casos el texto tiene las mismas instrucciones o si las instrucciones son diferentes.

Por ello te invitamos a que nos escribas en los comentarios a de este post, o por nuestro correo oevenezuela@gmail.com y nos cuentes si han llegado instrucciones de este tipo a tu escuela y ¿qué indican que la escuela debe hacer? Como siempre, puedes escribirnos con confianza, porque, de así desearlo, garantizaremos la confidencialidad de tu comunicación.

PS: Por cierto, se sugiere no confundir “avocar“:

Con “abocar“:

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