Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Corporación Nacional para la Alimentación Escolar –> 57 días más tarde


El 16 de septiembre pasado, como parte de los actos de inicio del año escolar, se anunció la creación de la Corporación Nacional para la Alimentación Escolar, así como la aprobación de recursos que permitirían financiar los costos del Programa de Alimentación Escolar hasta el mes de diciembre, incluyendo el incremento del pago que se realiza a las madres procesadoras.

Tal como se recogió en diversos medios (1), los anuncios fueron:

1. La creación de la Corporación Nacional para la Alimentación Escolar.

2. La transformación del Programa de Alimentación Escolar en un programa “integral” con “componentes productivos, comercializadores y de servicios“.

3. La incorporación de las madres procesadoras como trabajadoras adscritas a la Corporación.

4. El aumento del pago de las madres procesadoras al monto del salario mínimo, aplicable a partir del primero de septiembre.

5. La aprobación de 2.155 millones de bolívares para el pago del salario de las madres procesadoras y incluyendo el bono de fin de año.

6. La aprobación de 6.703 millones de bolívares para garantizar el funcionamiento del PAE hasta el mes de diciembre.

Desde el día del anuncio, hicimos seguimiento a las publicaciones en la Gaceta Oficial, debido a que, el tipo de decisiones anunciadas, deben formalizarse mediante decretos y publicarse en Gaceta.

El primer decreto con el que se comienzan a hacer efectivos esos anuncios, el Decreto 1.387, se aprobó y publicó en la Gaceta Oficial 48.538, este martes 11 de noviembre. Se trata del decreto presidencial mediante el que se crea la Corporación.

Desde el día del anuncio, el 16 de septiembre, hasta la publicación de este primer decreto, pasaron 57 días.

En el texto del decreto (2) se lee que “se autoriza” la creación de la Corporación (artículo 1) y que, una vez que el MPPE revise el procedimiento con la Procuraduría, es que podrá realizar los trámites para elaborar y registrar el acta constitutiva (artículo 9), es decir, que hasta que ese trámite no se haga efectivo, la Corporación no se puede considerar un hecho.

También dice el decreto que:

–> se trata de una empresa del Estado bajo la figura de Sociedad Anónima, adscrita al MPPE con sede en Caracas, que podrá establecer oficinas en cualquier lugar del país, (artículos 1 y 2).

–> se inicia con 8.859.586.653 acciones, que tendrán el valor de 1 Bolívar, por lo que su capital inicial es de  8.859.586.653 bolívares -que son 1.586.653 Bolívares más que el monto total de los anuncios hechos por el gobierno el 16 de septiembre (2.155 + 6.703 = 8.858 millones de bolívares)- pagaderos en su totalidad por el MPPE, (artículo 5).

–> estará conformada por una Asamblea de Accionistas (que no se especifica quién y cómo se constituye) y administrada por una Junta Directiva que será designada por el Ministro de Educación, (artículo 6).

–> su organización y funcionamiento se determinarán en su acta constitutiva y su reglamento interno, (artículo 7).

Esto significa, que a esta altura:

1. No está clara la fecha en la que podrá comenzar a operar la Corporación.

2. Para que el MPPE pueda formalizar todo el procedimiento, tiene que haber recibido un crédito adicional por el monto del capital inicial que previamente debe ser aprobado y publicado en Gaceta Oficial, o que debe hacer una transferencia entre partidas para contar con los fondos, si es que hubiese disponibilidad en el presupuesto actual del Ministerio. La transferencia también debe ser aprobada y publicada en Gaceta Oficial para que se haga efectiva. (Por el contenido del anuncio hecho el 16 de septiembre y por el presupuesto disponible en el Ministerio de acuerdo a la Ley de Presupuesto y los créditos adicionales aprobados hasta la fecha para ese despacho, se presume que se tratará de un nuevo crédito adicional)

3. Dada la coincidencia entre el monto anunciado y el monto aprobado, se puede suponer que los 6.703 millones anunciados para cubrir los costos del PAE de septiembre a diciembre, incluyen los gastos de funcionamiento de la Corporación, no solo los relacionados con el pago de los insumos para la preparación de los alimentos. Por lo que si, en las cuentas iniciales, basadas en la cantidad de días y de estudiantes a atender, nos daban un poco más de 20 Bolívares diarios por estudiante para suministrar, en buena parte de los casos, hasta 3 comidas al día (desayuno, merienda y almuerzo), habrá que conocer los gastos de funcionamiento de la Corporación para poder tener un estimado del presupuesto disponible para la compras asociadas a la operación del PAE; lo que solo podrá hacerse cuando esté registrada y establecida su organización y funcionamiento.

4. Si la Corporación aún no está operativa, las madres procesadoras no han sido formalmente contratadas, por lo que no deben haber recibido el pago del salario mínimo, desde el primero de septiembre, tal como fue ofrecido.

Dada la información disponible hasta el momento, cabe preguntar:

1. ¿Cuándo está previsto que comience a operar la Corporación?

2. ¿Cómo y quiénes conformarán la Asamblea de Accionistas?

3. Si no se ha aprobado ningún crédito adicional o una transferencia de partidas, ¿cómo se están pagando los costos de la operación del PAE hasta el momento?

4. Si al monto estipulado para la operación del PAE hasta diciembre, se restan los gastos de funcionamiento, ¿cuál es el monto estimado para adquirir y transportar los insumos que se utilizarán en la elaboración de las comidas? ¿Cuál es el monto disponible para cada comida?

5.  ¿Cuál es el monto que se les ha pagado a las madres procesadoras por su trabajo durante este tiempo? ¿Se les ha pagado? ¿Con qué figura?

6. ¿Cuando suscriban el contrato con la Corporación, las madres procesadoras tendrán todos los beneficios que les corresponden por ley?

7. ¿Por qué el monto del capital inicial es casi el mismo que los gastos para la operación del PAE?

Hay muchas más preguntas asociadas a las modificaciones en el PAE que se asomaron el día del anuncio, específicamente sobre la incorporación de componentes de producción y comercialización y sobre la estrategia para construir y llevar a cabo el proceso de cambio que implica, que haremos posteriormente porque entendemos que, si el ejecutivo tardó 57 días en promulgar el decreto con el que se anuncia la creación de la Corporación, hay muchas más cosas que segura y lamentablemente, aún no tendrá resueltas.

Sin embargo, por lo que ha sucedido hasta el momento, no podemos dejar de señalar que el ejecutivo, el 16 de septiembre, debía tener elaborada una propuesta concreta, desarrollada con todo detalle y sometida a un estudio de factibilidad, que, en el peor de los casos, requiriera de unos pocos días para completar los trámites legales y la aprobación de recursos, y que incluyera una estrategia para construir el cambio. En su lugar, se anunció la creación de la Corporación y la aprobación de recursos como hechos cumplidos, generando, sin necesidad, falsas expectativas en la población.

 

 

(1) En los siguientes enlaces se pueden ver las noticias recogidas en algunos medios, sobre los anuncios hechos por el ejecutivo.

Noticia sobre la creación de la Corporación – Ministerio de la Defensa

Noticia sobre la creación de la Corporación – Diario Panorama

Noticia sobre la creación de la Corporación – El Universal (16/09)

Noticia sobre la creación de la Corporación- El Universal (17/09)

(2) La Gaceta Oficial 48.538, con el decreto 1.387 se puede ver aquí

El nuevo año escolar arranca ¿el 15 o el 16? (7 anuncios y la hipótesis 2014-2015)


¿15 o 16?

De acuerdo a las reseñas de prensa, el Ministro de Educación anunció que el año escolar 2014-2015, se iniciaría este 15 de septiembre, aunque, algunos medios, como el diario Ultimas Noticias, reseñó el contenido de un tuit de la cuenta del ministro que decía “Convocamos a las madres, padres y estudiantes para el 16 de septiembre cuando iniciaremos las clases en todas las escuelas y liceos del país” (Detalles en reseña de Ultimas Noticias)

El anuncio inicial, fue respondido por un representante del Colegio de Profesores de Venezuela, Frank Andrade, quién aclaró que de acuerdo a lo establecido en las normas y la contratación vigente, los docentes deben incorporarse el 16 de septiembre (Detalle en reseña de El Universal)

Muchos directivos de escuelas privadas y algunas autoridades regionales, como es el caso de Loengry Matheus, Autoridad Única del Estado Trujillo, coinciden con el representante del Colegio de Profesores, en hacer el llamado a iniciar las clases el martes 16 (Detalles en la reseña del Diario de Los Andes)

Esperamos que, en el transcurso de hoy viernes, se precise si los niños y jóvenes deben presentarse en las escuelas el lunes 15 o el martes 16.

Promesas de inicio de año escolar

El anuncio recogido por los diversos medios, ha estado acompañado con información específica sobre el número de planteles nuevos que serán inaugurados el 15 de septiembre, así como sobre el pago del porcentaje de aumento salarial de los docentes que está previsto para esta fecha y de los elementos de la canasta educativa que se entregarán a estudiantes y esta vez, también a los maestros.

Veamos algunos detalles y ofertas asociadas con el anuncio:

1. Unas reseñas recogen la oferta del ministro, de inaugurar 85 planteles en zonas rurales y urbanas del territorio nacional con el inicio del año escolar, aunque, en otras se menciona la construcción e inauguración de 113 nuevos planteles. Podríamos asumir que se trata de la confusión natural de la información que se da cuando se reseñan diversas declaraciones por distintos medios y hasta podríamos interpretar que, en efecto, el ministerio construye 113 planteles nuevos, pero que sólo 85 serán inaugurados el lunes 15.

Dados los antecedentes de los últimos años, es importante verificar que todo lo que se ofrece se cumpla efectivamente, ya que tenemos varios años en los que el ejecutivo ofrece construir una cantidad de escuelas, pero al momento de la inauguración ofrecida, o del cierre del año fiscal, se registra en la memoria y cuenta, un número que difícilmente, alcanza al 10 % de lo anunciado.

Además, lo correcto y transparente por parte del ministerio, es publicar un listado con las nuevas escuelas, que tenga la siguiente información para que sea de conocimiento y fácil verificación por cualquier ciudadano:

  • Nombre y dirección de cada escuela.
  • Fecha de inicio y culminación de la construcción.
  • Fecha en que se inicia la inscripción de los estudiantes.
  • Fecha de inauguración y entrega a la comunidad educativa.
  • Proyecto con los montos, el asignado y el ejecutado.
  • Ente que coordinó la construcción, con los contratistas encargados de cada fase.
  • Características de la oferta educativa en cada caso, es decir, niveles que atenderá, grados, años y cantidad de niños que atenderá en cada uno.
  • Nómina de empleados, esto es, directivos, docentes y trabajadores administrativos y obreros con nombre y cédula de identidad.
  • Espacios y servicios incluidos, es decir, si tiene biblioteca, sala con equipos de computación, canchas deportivas, el Programa de Alimentación Escolar, por ejemplo.

La publicación de los detalles de los proyectos de las nuevas escuelas, es parte del acceso a la información que debe garantizar el Estado y en otros países se hace con detalles similares a los que sugerimos. (Para quienes quieran conocer un buen ejemplo, les invitamos a visitar el portal del Programa Nacional Más Escuelas de Argentina que incluye información hasta de los procesos de licitación y los planos de las escuelas a construir)

Pero adicional a la información sobre las 113 nuevas escuelas, es importante que el ministerio formule y presente al país, un plan de ampliación de la planta escolar a mediano plazo, que permita saber cómo, cuándo y dónde se van a construir los planteles que se necesitan para garantizar que todos los habitantes del país, en edad escolar, tengan cupo en una escuela cercana y puedan cursar toda la educación básica, desde inicial, hasta quinto o sexto año de educación media. Ese plan de ampliación debe estar asociado a un presupuesto previamente comprometido, por el tiempo estimado para su ejecución y que sea aprobado como presupuesto programa en la Asamblea Nacional.

2. Otra parte de los anuncios está relacionada con el mantenimiento y la recuperación de los planteles existentes. En este caso, encontramos algunas reseñas que mencionan 14.000 instituciones que son rehabilitadas por el Gobierno Nacional desde el mes de marzo pasado, y otras que hablan de la recuperación de 6.400 en todo el país. Esta confusión de cifras, también se resuelve con la publicación de un listado que serviría, además, para que las comunidades educativas, hagan contraloría a las obras de mantenimiento que financia el Estado. En este caso, el listado debería contener la siguiente información:

  • Nombre y dirección de cada escuela.
  • Fecha de inicio y culminación de las obras.
  • Tipo de mantenimiento que se realizó, si se trató de mantenimiento menor, si incluyó reparaciones mayores o si hubo ampliación o construcción de nuevas aulas.
  • Proyecto con el tipo de mantenimiento que se realizó y con los montos, asignado y ejecutado.
  • Ente que coordinó la reparación, con los contratistas en cada fase.
  • Características de la oferta educativa que tiene ahora y se ésta se modificó, en el caso de las ampliaciones, cuál fue la modificación.

Así como en el caso de la ampliación de la planta escolar, el mantenimiento debe tener un plan preciso, con una operación previamente establecida y conocida por todos, porque, si bien, hay acciones de mantenimiento y reparación producto de imprevistos, hay actividades recurrentes, por tipo de mantenimiento.

Todas las actividades de mantenimiento, dependiendo de su tipo, tienen una frecuencia y un costo estimado que deben estar previstos en una planificación, con su operación diseñada y una partida asignada con anticipación, para garantizar que esa actividad, que es vital para el funcionamiento del sistema educativo, no pase a depender de la aprobación de créditos adicionales o de la organización de operativos como los que se acostumbra en esta gestión, del tipo “una gota de amor” para las escuelas o “una escuela por municipio” cada fin de semana. La planificación de los diversos tipos de mantenimiento, además de permitir contar con los recursos previamente aprobados y comprometidos, facilita que las escuelas puedan prepararse para resolver la logística de funcionamiento mientras se realizan, por ejemplo, las actividades de mantenimiento mayor que incluyen actividades como impermeabilización de techos y deben tener una frecuencia de 5 años.

3. También encontramos entre las reseñas, el anuncio del pago del 15 % del aumento del salario a los docentes que, aunque en algunos medios se presentaba como el anuncio de un nuevo beneficio, se trata del porcentaje que corresponde a estas fechas y que fue acordado al momento de la firma del último contrato colectivo. El que forme parte de un compromiso previo, no implica que no pueda considerarse muy bajo o insuficiente en este momento, por una parte, porque cuando se suscribió el contrato, varios gremios expresaron que el porcentaje de aumento total era insuficiente si se comparaba con el incremento del costo de vida acumulado desde la firma del contrato anterior y por la otra, porque el incremento del costo de la vida en los últimos meses supera con creces el monto total acordado, mucho más el porcentaje correspondiente a estas fechas.

En este caso, creemos que es importante atender las solicitudes de los docentes para que se revisen de nuevo los montos de los salarios, pero además, creemos importante que, asociado a ello, haya una discusión más profunda de los términos de contratación de los docentes que implique la ampliación del tiempo disponible para realizar todas las actividades asociadas con su ejercicio profesional, de manera que, ellos no tengan que llevarse trabajo para realizarlo en las horas que deberían dedicarse a descansar y a compartir con sus familias, ni se vean obligados a buscar trabajos adicionales para completar sus ingresos.

4. Dotación de los textos de la Colección Bicentenaria y Canaimas, fue otro de los temas que encontramos en las reseñas. En este tema nos preguntamos dos tipos de cosas:

  • ¿los 30 millones de libros que se espera entregar al inicio de año escolar, son los mismos que se entregaron el año escolar pasado o el ministerio, de acuerdo a la voluntad expresada por el Ministro, cuando recibió las observaciones hechas por diversos profesionales que evaluaron los textos, revisó y corrigió los problemas y deficiencias denunciadas? Si no los corrigió ¿fue por falta de tiempo para hacer una nueva edición o porque consideró que no eran problemas y deficiencias que debían corregirse? y si fue por falta de tiempo para hacer una nueva edición ¿cuál es la estrategia y las pautas de trabajo que se suministrarán a los docentes para que puedan manejar en el trabajo con los estudiantes, los problemas y deficiencias de los textos? Nos hacemos preguntas similares con respecto a los contenidos de las Canaimas que también han sido reseñados críticamente por algunos profesionales.
  • ¿cuánto está costando al Estado la dotación de los textos de la Colección Bicentenaria y las Canaimas a los estudiantes y cómo se ha ejecutado esa inversión? Como en el caso de la construcción de las escuelas, la producción e impresión de los textos de la Colección Bicentenaria y y la compra y programación de las Canaimas tienen costos asociados, entes encargados de la ejecución de los correspondientes proyectos y, sin incluir a los profesionales que elaboran los libros o programan las aplicaciones y contenidos, empresas a las que se les contrata la impresión de los textos  y productoras o comercializadoras de equipos a las que se les compran las Canaimas. En este caso, también es importante que el ministerio publique un listado en el que informe al país, por ejemplo, cuales fueron las imprentas que trabajaron en la impresión de los textos, diciendo qué libros y cuál tiraje correspondió a cada una, en qué fecha recibieron el material, cuándo les corresponde entregar o cuando entregaron y cuál fue el monto aprobado y ejecutado para cada una. Para las computadoras Canaimas, el listado debería incluir las empresas, el costo por unidad, las características de las computadoras, la cantidad comprada a cada empresa, con los montos asignados y ejecutados respectivos.

Por cierto, que una excelente noticia en este marco, es que se tiene prevista la entrega de computadoras fijas a las escuelas para apoyar los procesos administrativos y también que se comenzará la entrega de Canaimas a los docentes, ambas deudas del ministerio con las escuelas, y que en el caso de los docentes los dejaba relegados como beneficiarios de esta política, dificultando su trabajo profesional, ya que sin contar con equipos, poco podían orientar la formación de los estudiantes en su uso. Sin embargo, la compra y entrega de ambos tipos de equipos debe ser presentada al país con la misma información que se sugiere en el caso de las Canaimas para estudiantes, ya que, el propósito común es brindar transparencia en la gestión pública.

En todos los casos, la información sobre la compra e impresión, debe estar acompañada por un cronograma de entrega en las escuelas para que las comunidades puedan estar pendientes y hacer las labores de contraloría social correspondientes.

5. Un quinto anuncio reseñado con motivo del próximo comienzo del año escolar, fue el inicio de un sistema nacional de formación de maestros que estará a cargo de 400 instituciones académicas en todo el país y que se desarrollará con diversas modalidades que incluye acompañamiento en aula y realización de congresos pedagógicos en diversos niveles. (Detalles en reseña de Noticias 24) Este anuncio fue reseñado de dos maneras, por lo que sería de gran ayuda para el país, los docentes y las comunidades educativas en las que trabajan, que se publicaran los detalles de la programación de este nuevo sistema nacional de formación y se definiera si algunas de sus actividades van a coincidir con las clases, para que cada escuela pueda tomar previsiones y contar con suplentes en los momentos del año escolar en los que ésto suceda. También sería muy importante que se coordinara con los docentes la dedicación adicional que requerirán para atender las actividades de esta modalidad de formación, dadas las limitaciones de tiempo que ya tienen para realizar su trabajo profesional cotidiano.

Pero en las reseñas de esa política, nos llamó la atención la siguiente referencia a las palabras del ministro “Insistió en que la educación hay que pensarla en función de “la sociedad y el país que queremos”, e hizo un llamado a aplicar políticas de seguimiento de cuadros, con el objetivo de supervisar a los docentes”. (Ver reseña en Ultimas Noticias) Nos llamó la atención porque a nivel mundial, en educación, desde hace unas décadas se vienen adelantado esfuerzos para que la supervisión en las escuelas, se transforme en un proceso de acompañamiento de la labor de los docentes y hablar de ese proceso, como uno en el que se apliquen “políticas de seguimiento de cuadros” rompe con el espíritu del acompañamiento de la labor educativa y lo lleva a la lógica de la formación que es propia de las estructuras partidistas. Obviamente, esto puede ser un problema de interpretación de quién transcribió la noticia o de expresión del ministro quién ya sabemos, ha dejado claro en diversos escenarios que es y se considera un político, pero para que el sistema educativo se cure en salud y los Jefes de Zona y supervisores tengan claro el tipo de trabajo que se espera realicen en las escuelas, sería conveniente que el ministerio publique su concepto, políticas y estrategias de supervisión y deje claro se existe alguna modificación a la normativa vigente que rige a esa función, para que sea del conocimiento de todos.

6. Entre las cosas que reseñaron los medios hasta el momento, como era de esperarse, hubo una mención general a los resultados de la consulta para la calidad educativa. Al respecto, las reseñas dicen que el ministro afirmó que en el proceso participaron más de 7 millones de personas y que los resultados de la sistematización se estarían entregando este mes. La oferta de entrega este mes, coincide con lo anunciado al principio del proceso en el calendario presentado.

Sin embargo, hay dos cosas que es importante recordar: la primera es que la participación no se puede contabilizar ni por la matrícula de las escuelas participantes, ni por el número de personas que firmaron asistencia en los encuentros municipales, regionales y nacionales, porque, no todos los estudiantes, representantes, docentes y demás trabajadores de las escuelas expresaron su opinión en el proceso y porque asistir a un encuentro, tipo congreso científico en el que se escuchan ponencias y no hay espacios para construir acuerdos de forma participativa, no se puede considerar una participación efectiva. Lo que si se puede, es asumir como un proceso con una alta asistencia de personas.

La segunda cosa a recordar, es la más importante. Tal como pudimos conocer, en las escuelas se dieron procesos diferentes para recoger la opinión de los miembros de sus comunidades, se trató de procesos que no eran compatibles metológicamente a la hora de sistematizar los resultados. Esa situación y la diversidad de insumos obtenidos a lo largo del proceso, hacían de la sistematización una tarea bastante compleja y difícil que requería de procesos y criterios técnicos muy bien diseñados para poder desarrollarse con el “rigor científico” que se anunció que tendría ese proceso. Por esa razón y por diversos medios, solicitamos conocer el procedimiento y los criterios que se utilizarían para realizar la sistematización de la información obtenida en la consulta. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta a esa solicitud. Aún esperamos la información y consideramos que hacerla pública favorecería el proceso de validación y las etapas de diseño de políticas públicas que se desarrollen posteriormente con sus resultados.

7. Finalmente, no podemos dejar de mencionar otra de las ofertas reseñadas en un par de medios: la realización de un chequeo médico gratuito para todos los estudiantes del país, específicamente los del sistema público, en coordinación con el Ministerio de la Salud. En este caso, la oferta incluye también a los estudiantes no solamente de educación básica, sino también a los del subsistema de educación universitaria. (Ver nota de Ultimas Noticias). El anuncio indica que, a pesar de que parece que se inicia junto con el año escolar, no se hará en un solo momento, lo cual es además lógico dada la cantidad de niños y jóvenes en el sistema educativo. Se espera que, por el volumen, lo novedoso de la oferta y lo delicado del proceso, se anuncien los detalles con un cronograma indicando cuando se realizará el chequeo en cada escuela y en qué consistirá, para que las familias decidan si acompañan o no a los niños y jóvenes al momento del chequeo, como es tanto su deber, como su derecho.

Hipótesis de calendario para el año escolar 2014-2015

Como parece que se va a convertir en costumbre, en lugar del calendario escolar con todos sus detalles, a esta altura sólo conocemos el día en el que se tiene previsto el inicio de clases. Bueno, lo conocemos, pero con la duda expresada al inicio de este texto. Así que con base al calendario del año pasado, tomando en consideración las pautas tradicionales para la planificación mensual y las actividades de cierre de lapso, más los feriados oficiales y los no feriados no laborales, tenemos 319 0 320 días en total, que incluyen 90 días feriados correspondientes a los fines de semana, 13 días feriados que caen entre semana y 12 días no feriados, pero que tradicionalmente son no laborables en el sector educativo, lo que nos da un total de 115 días no laborables y 204 (205) días hábiles para actividades escolares.

Estos 204 (205) días se distribuyen de la siguiente manera:

gráfico de torta 201415

Que sean 204 o 205 días, dependerá de si las clases inician efectivamente el lunes 15 o lo hacen el martes 16. No obstante, cabe resaltar que, como el año pasado, en nuestra hipótesis de calendario, incluyendo los feriados oficiales y también los no feriados que se toman como no laborales tradicionalmente en educación, tenemos, al menos 204 días hábiles de actividades escolares, en lugar de los 200 que estipula el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación. Es importante que se aprovechen los 204, porque de ellos, sólo tendremos 155 efectivamente de clases. El resto, si bien son de actividades que en su mayoría incluyen a los estudiantes e implican aprendizaje, son actividades complementarias y lo ideal sería tener los 200 días de clases, tal como se enunciaba el artículo 49 al momento de su discusión en la Asamblea Nacional.

Con esa distribución de actividades, nuestra hipótesis de calendario queda de la siguiente manera:

 

Toca ahora esperar por la versión oficial del ministerio, para hacer los ajustes pertinentes, pero también apostar a que no se produzcan fallas en el suministro del PAE, en el suministro de electricidad o en el de agua, que acorten la jornada diaria de clases o que hagan que se pierda el día completo de clases, como ha sucedido con frecuencia en años anteriores.

Tu información cuenta

Como ya debes saber, iniciar el año escolar no significa anunciar un día de inicio, abrir las escuelas, recibir a los estudiantes y arrancar.

Como todos los años, antes de arrancar de lleno las clases deben realizarse una serie de actividades que permitan que las escuelas estén en óptimas condiciones y que las actividades escolares estén programadas con anticipación. Esto significa que los trabajos de mantenimiento deben haberse realizado previamente y estén terminados el domingo 14, a más tardar; que el mobiliario, los equipos y los materiales necesarios, tanto para el desarrollo de las clases, como para el de las actividades administrativas y también las de mantenimiento diario (limpieza), estén disponibles; que los directivos y los docentes estén organizados y preparados para arrancar las actividades de enseñanza con los estudiantes ese día, lo que incluye la planificación anual del trabajo por parte de todos ellos; que la nómina docente esté completa; que, en aquellas escuelas que cuenten con programas de alimentación, el espacio y los equipos necesarios para la preparación de las comidas estén en óptimas condiciones, la organización para la elaboración y servicio esté preparada y ajustada y que el personal que se encargará de ello esté contactado y completo.

El lunes, o el martes a más tardar, estudiantes, docentes, directivos y empleados administrativos y obreros se darán cita en cada escuela y verificarán en la práctica si cada una se encuentra en condiciones óptimas para el inicio de actividades. En la mayoría de los casos, los directivos y algunos docentes y representantes, se han dado cita previamente, para garantizar que las escuelas se encuentren en condiciones. ¿Es el caso de la tuya?

Para cerrar esta publicación sobre el inicio del año escolar, queremos solicitar tu colaboración suministrando algunos datos sobre cómo encontraste tu escuela. Para ello, elaboramos un formulario muy sencillo que puedes llenar en línea. Participar es muy sencillo:

1. Revisa el formato que encontrarás en este enlace: formulario

2. Cuando estés en tu escuela, recoge la información.

3. Llena el formulario en línea, a través del mismo enlace.

4. Una vez que termines el reporte, pulsa el botón enviar para que nos llegue la información sobre tu escuela.

Si quieres agregar fotos o realizar un registro más detallado, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oevenezuela@gmail.com

Tu aporte voluntario nos permitirá obtener datos de las escuelas de todo el país.

Ayúdanos también difundiendo el formulario entre tus conocidos de otras escuelas.

Muchas gracias por tu participación.

 

¿Autonomía + Participación = Resolución 058?


El pasado miércoles 2 de enero de 2013, Gustavo Méndez, periodista que cubre la fuente de educación de El Universal, hizo una reseña sobre el estatus del debate que, a través de los medios de comunicación, se sostiene sobre la Resolución 58 publicada en Gaceta Oficial el 16 de octubre de 2012.

En su reseña se pueden encontrar las ideas que, desde diversas posiciones se han expuesto a favor y en contra del contenido de la resolución. (Para quiénes no tuvieron la oportunidad de leerlo, aquí pueden encontrar el artículo de Méndez).

Como todos sabemos, a esta altura, la resolución tiene problemas para su instrumentación, dados los vacíos y omisiones que han sido identificados y reportados por casi todos actores que han hecho declaraciones al respecto, desde los más críticos a la resolución, hasta los que están más de acuerdo y resaltan sus virtudes. A modo de ejemplo, citamos, además de la reseña de Méndez, un artículo de opinión, publicado también en El Universal, en el que Pablo Fernández explica lo que considera son las virtudes de dicha resolución, iniciando por reconocer que “la resolución es perfectible y que hay algunas lagunas procedimentales en ella que se deberán corregir“. (El artículo completo pueden verlo aquí).

Por nuestra parte, el 25 de octubre, en este mismo espacio, hicimos unas primeras observaciones sobre el contenido de la Resolución 58 y su relación con la garantía del derecho a la educación. No obstante, aprovechando algunos de los elementos reseñados por Méndez en su artículo, creemos necesario promover que se replantee la discusión de fondo con respecto a la pertinencia y alcances de este instrumento normativo. La discusión de fondo es la que puede ayudar al país a tomar una posición consensuada sobre los términos en los que debe reformarse esta resolución.

Democratizar la educación

De acuerdo a las fuentes oficiales, el propósito de la Resolución 58 es la democratización de la educación.

Cuando este término, “democratizar la educación“, comenzó a utilizarse, estaba referido a la necesidad de ampliar el acceso al sistema educativo para lograr la participación de la mayor cantidad de personas posibles, especialmente el sistema formal y de carácter obligatorio. Democratizar la educación, entonces, se refería a universalizar, a ofrecer educación para todos y en ese sentido era sinónimo de inclusión y en Venezuela estuvo asociado, en sus inicios a la política de masificación de la educación. Por cierto, en ese momento se hablaba de una educación igual para todos y por ende, una educación oficial y preferiblemente brindada por el Estado.

Si embargo, cuando hablamos hoy de “democratizar la educación” hacemos referencia a un proceso más complejo porque, en estos tiempos, entendemos varias cosas de forma diferente.

Entendemos, en primer lugar, que no existe real inclusión sin que se garantice éxito en el proceso educativo, es decir, ya la inclusión no se mide en función de la cantidad de cupos que se ofrecen con respecto a la población en edad de cursar cada uno de los niveles educativos formales, sino que se toma en cuenta también la capacidad del sistema para garantizar que los estudiantes se mantengan en el sistema, que se garantice su prosecución y el logro de los aprendizajes y competencias que se presume deben ser desarrollados en cada nivel y etapa del proceso educativo.

En segundo lugar, entendemos que el conocimiento no se transmite sino que se construye, por lo que las relaciones y los roles en los espacios de enseñanza, deben sufrir modificaciones importantes con relación a las existentes en las últimas décadas.

Y en tercer lugar, por mencionar algunos de los supuestos que han variado desde entonces, entendemos que las personas aprenden de forma diferente y para contextos distintos, por lo que lo que sucede diariamente en cada escuela y en cada aula, puede o debe variar de acuerdo al contexto socio-cultural en el que se localice la escuela, de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiantes y sus entornos familiares y de acuerdo a las características de aprendizaje que tenga cada grupo de estudiantes.

Partiendo de, al menos y por el momento, estos supuestos, es obvio que lo que debemos entender por “democratizar la educación“, es algo muy diferente a ampliar el acceso al sistema.

Democratizar la educación significaría, entre otras cosas, lograr una educación de calidad para todos y para cada una de las personas que participen en el sistema educativo -una educación de calidad entendiendo que el que sea de calidad es sinónimo de una educación eficaz, es decir que logre los objetivos que se propone, entre los que uno de los más importantes es el éxito de todos los que en el sistema participan.

Democratizar la educación también significaría, un cambio en las reglas de juego en los procesos de enseñanza con énfasis en el protagonismo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Y democratizar implicaría a su vez, un cambio en la distribución del poder de decisión, en cuanto al diseño curricular y su instrumentación, poniendo énfasis en la construcción de procesos de enseñanza a la medida de las escuelas y los estudiantes. Esta re-distribución del poder de toma de decisiones se daría sobre los contenidos y programas, en diversos niveles y de distintas formas, dependiendo del modelo y los niveles de autonomía que se quieran adoptar y permitiría la adecuación del proceso de enseñanza al contexto en el que se desarrolle y a las características de los estudiantes y sus familias.

Desde este punto de vista, si la Resolución 58 tiene como propósito democratizar la educación, requiere antes de instrumentarse, aclarar algunos elementos del contexto normativo en el que se inscribe, para poder afinar la estructura y procedimientos de la organización que plantea para las escuelas, y que, como es evidente, con base a las que se deberá modificar el texto vigente.

Y aunque no parezca evidente y existan instrumentos normativos de reciente data, como la Constitución y la Ley Orgánica de Educación que debería establecer claramente este contexto, hay aspectos no resueltos que no permiten establecer con claridad las características del contexto que determinarían el contenido específico de la resolución y otros que se plantean como contradicciones entre varios de los instrumentos normativos que deben determinar las características de este contexto. Adicionalmente, estos aspectos no resueltos y las contradicciones entre instrumentos, son producto, a la vez que reflejan, visiones encontradas sobre la educación y su función en la sociedad, que se encuentran presentes en Venezuela actualmente.

Como desarrollarlos todos, sería muy extenso en este espacio, mencionaremos un par de ellos, un par de importancia capital para la definición del contexto.

1. Educar ¿para qué?

De acuerdo a las declaraciones de la Ministro de Educación, los Consejos Escolares  mediante la Resolución 58, buscan “la formación para la nueva ciudadanía, para la participación protagónica y la democracia profunda“. Sin embargo, este es uno de los primeros puntos en los que se observa tanto un desacuerdo a nivel social, como discrepancias entre los instrumentos normativos y de política pública que determinan el contexto para la aplicación de dicha resolución.

En este caso, es importante que se defina, por ejemplo, qué es lo que se entiende como nueva ciudadanía, si se trata de una ciudadanía como la dibuja la Constitución vigente, o si se perfila como se dibuja en el Plan Nacional Simón Bolívar, porque de acuerdo a la Constitución, Venezuela es un país políticamente pluralista y su educación, tal como reza su artículo 102, debe respetar todas las corrientes de pensamiento, mientras que el Plan Nacional Simón Bolívar, al que se refieren tanto la LOE como la Resolución 58 a la hora de plantear el desarrollo de algunos de sus aspectos, habla de una sociedad “socialista”, lo que se traduce en una elección por un marco ideológico específico que, en última instancia, eliminaría tanto el pluralismo político como rasgo de la sociedad, como el respeto a todas las corrientes del pensamiento, en el proceso educativo.

Pero también es menester que se defina lo que se entiende como una “democracia profunda” porque de ello dependerá el tipo de decisiones que se tomarían en cada una de las instancias de la organización escolar, así como los participantes y los mecanismos de decisión que se establezcan. Y más allá de la dimensión política de la educación, el propósito de la misma, en términos de las características del ciudadano que se quiere formar en todas las dimensiones del ser y del conocimiento, van a determinar quién decide qué y cómo se decide, en cuanto al currículo, los programas de estudio, los proyectos, las estrategias de enseñanza y los contenidos.

De hecho, responder de forma socialmente concertada a la pregunta “educación ¿para qué?” determina, por una parte, la amplitud y el contenido de la educación obligatoria para una sociedad, así como, la naturaleza y dimensiones que tendrá la autonomía de las organizaciones y de los educadores para la definición de los diversos niveles de desarrollo del currículo vigente.

2. Participación y autonomía

Por otra parte y de forma complementaria, dado que ahora entendemos que la educación debe responder al contexto en el que se desarrolla y a las características de los estudiantes y sus familias, pero además, dadas las nuevas reglas del juego que implica asumir el protagonismo de los estudiantes en la construcción de conocimientos y en su proceso de aprendizaje, se hace evidente que se requieren nuevos mecanismos para garantizar la participación de los estudiantes y sus familiares, así como de los miembros de la comunidad educativa de las escuelas, en la toma de decisiones sobre algunos aspectos de la gestión escolar que antes estaban reservados al Ministerio de Educación, a los entes de administración del sistema educativo descentralizados y a los directivos de los planteles.

Para algunos de estos aspectos, ya existen antecedentes en el texto de la derogada Resolución 751, pero otros no han sido desarrollados previamente en ningún instrumento normativo, incluyendo los marcos curriculares vigentes.

Sin embargo, para tener real claridad a la hora de desarrollar dichos mecanismos, es importante revisar el contexto en el que los mismos deben desarrollarse, ya que, algunos elementos de la Resolución 58 parecieran querer apuntar a su instrumentación en escuelas que gozan de cierto grado de autonomía para la toma de decisiones y en el que los maestros y profesores tienen también un grado de autonomía suficiente para responder a las peculiaridades del grupo de estudiantes con el que le corresponda trabajar, pero dicha autonomía no está claramente establecida en la LOE, ni cuenta con la asignación de recursos necesarios para que pueda instrumentarse de forma óptima en cada una de las escuelas.

En este tema, también, las diversas posiciones expuestas hasta el momento, ante la opinión pública, reflejan puntos de vista encontrados que deben ser debatidos para poder construir un consenso que haga factible determinar, por una parte, los niveles y características de la autonomía de las escuelas y los maestros, tanto para la gestión pedagógica, como para la gestión escolar en general, y por la otra los niveles de  participación y ámbitos de incidencia de los diversos actores en la toma de decisiones para estas dos dimensiones de gestión.

Como se desprende de la discusión que se ha reflejado en la opinión pública, a través de los medios de comunicación, no existen consensos sociales en aspectos básicos y centrales que determinan el contexto de aplicación de la Resolución 58 y, por tanto, se hace necesario apuntar a su debate y construcción para poder dar un marco institucional más claro, que tendrá como obvia consecuencia una nueva redacción de esta resolución.

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