Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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El Zulia a Oscuras (y sin agua, alimentación, gas, transporte)


Dada la diversidad de condiciones y de situaciones en las que se están desarrollando las actividades en las escuelas de Venezuela, y la ausencia de información detallada, completa y real que debería ser suministrada por el Ministerio de Educación, se hace muy difícil tener un balance completo de la realización del derecho a la educación en el país, sin embargo, hemos tenido información directa de algunas escuelas.

En este caso, haremos referencia a un pequeño grupo de escuelas ubicado en el Estado Zulia, de las que nos llegó información parcial, pero valiosa. La mayoría está presentada en manera anecdótica, debido a la forma en que la recibimos.

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Estado Zulia (captura de Google Maps)

Así se ve la situación en algunas escuelas del Zulia

En estos días, conocimos la solicitud de auxilio que hizo a su grupo de apoyo, una directora de una escuela del Zulia.

Se trata de una de esas escuelas que a la que asisten diariamente, la mayoría de sus estudiantes y que sus espacios están copados. Es una escuela que atiende a niños en las zonas populares.

Esa directora, emplea parte de su tiempo, haciendo cola en una bomba de gasolina, para surtir a los carros de sus docentes, porque sin gasolina no pueden llegar a trabajar a la escuela.

Otra directora también informaba que había pasado la noche haciendo cola en una bomba y que cuando llegó la gandola con la gasolina en la mañana, los que atendían, dejaron pasar primero a sus conocidos, por lo que, se extendió más su tiempo en la cola, tomando parte de su horario laboral.

Una tercera directora comentaba que el domingo, estaba haciendo cola desde las 3:00 am y que, como no tenía dólares o pesos, no le correspondía ser atendida aún. Sin embargo, a los que revendían la gasolina o contaban con divisas de otros países, les habían despachado, mientras el resto hacía cola. Su ilusión era que si lograba poner gasolina, podía ir a trabajar el lunes.

Sin gasolina y sin efectivo, porque el que depende del transporte público debe pagar entre 1.000 y 1.500 Bs por pasaje, resulta inviable trabajar en educación.

De acuerdo a ese costo, un trabajador del sector educativo, que trabaja 20 días al mes, requiere entre 40.000 y 60.000 Bs, solamente para pagar el costo del pasaje de ida y vuelta al plantel, si depende del transporte público.

La directora también comentaba que, en lo que va de año, les han llegado en pocas oportunidades, pero han llegado, insumos para preparar la alimentación, pero ahora no tienen gas para cocinarlos y tampoco tienen agua en la escuela.

Más del 50 % de las otras escuelas, comentaron no tener servicio de alimentación, o tenerlo sin insumos, lo que, en la práctica es equivalente a no tenerlo, porque no pueden proveer de alimentación a los estudiantes.

De las escuelas que comentaron tener el servicio de alimentación activo, aproximadamente la mitad afirmó recibir insumos insuficientes y de las que precisaron los insumos recibidos, ninguna reportó tener proteínas de origen animal.

De hecho, entre todas, los rubros que mencionaron recibir, incluían arroz, aceite, azúcar, harina, caraotas y lentejas. En uno de los casos, la escuela reportó que en la nota de entrega, se especificaba que la provisión incluía pasta, pero que no había llegado.

En cuanto al servicio de electricidad que sabemos está bastante afectado en el Zulia, la directora comentaba que ella llega todos los días a la escuela, a las 6:50 am y a las 8, es decir, una hora y 10 minutos más tarde, se quedan sin electricidad.

Pero la falta de electricidad, como se conoce por las noticias de ese estado, no es exclusiva de esa escuela. De las escuelas de las que recibimos información en ese momento, la mayoría reportó no tener electricidad o tenerla en horario restringido.

Muchas de ellas reportaron que tampoco tenían agua y todas dijeron que el transporte era muy reducido y costoso.

A pesar de las condiciones inadecuadas y de los costos de transporte, en la mayoría de las escuelas de las que recibimos información, la asistencia de los estudiantes superaba al 60 % y la de directivos, docentes, administrativos y obreros, el 80 %.

Ante esa realidad cotidiana, cualquier escuela esperaría que los funcionarios del MPPE pasaran con frecuencia para ver cómo han podido sortear tantos obstáculos y proponer alternativas, ayuda y apoyo para que las escuelas puedan cumplir con su trabajo, ya que, corresponde al Estado, a través del MPPE, garantizar el derecho a la educación, sin embargo, lo que comenta la directora es que las visitas que, efectivamente, hacen con frecuencia los supervisores del ministerio, “son para presionarlos” y “acusarlos” de que ellos, como escuela, “hacen lo que quieren”.

Entendemos de esta información que, es también evidente que, la función supervisora, en el sistema educativo, puede apreciarse desdibujada.

La situación del Zulia, de acuerdo a la información recibida, es similar o peor en el resto de las escuelas. En algunas escuelas nacionales, la inasistencia tanto de docentes como de estudiantes es muy alta, por lo que los procesos tienen mayor irregularidad e interrupciones.

La situación reportada, requiere atención inmediata para poder comenzar a restaurar el derecho a la educación en ese estado.

Reinvención del #DerechoALaEducación en Venezuela


Tal como les comentamos en las dos publicaciones anteriores, para poder decir que en Venezuela se garantiza el derecho a la educación, o que su garantía está en proceso de construcción, requerimos trabajar desde tres lógicas, que se hacen efectivas en tres momentos (hablamos de momentos y no de fases o etapas, porque hay acciones y tiempos solapados entre ellos). Los momentos, tal como los hemos presentado aquí, son: reinserción, restauración (propiamente dicha) y la reinvención de la educación.

Reinsertar que, de acuerdo a nuestra primera publicación sobre el tema, significa reincorporar, en algunos casos y regularizar en otros, la participación de niños, niñas y adolescentes para que puedan reintegrase con éxito en el sistema educativo; restaurar que, como planteamos en la publicación pasada, significa dotar al sistema de las condiciones óptimas para su funcionamiento con el propósito de devolver a la educación su estatus de derecho humano; y reinventar la educación, que es el tema que tocaremos en esta publicación, que implica y requiere innovación y replanteamiento, porque no solo hoy vivimos otro momento histórico con condiciones y necesidades muy diferentes, sino que mucho de lo que tuvimos y logramos, en educación en Venezuela, fue destruido y perdido.

Reinvención de la educación en Venezuela

A pesar de que la tentación puede ser muy grande y de que hay varios referentes de organizaciones nacionales e internacionales, gremiales, políticas y académicas, que pueden servir de insumo, no describiremos el producto final de lo que podría ser una reinvención de la educación en Venezuela.

Hablaremos de algunas características y aspectos que deben ser considerados en el debate que, en torno a ella, debe darse en el país.

Lo primero que mencionaremos es que, a pesar de que es un aspecto de tradicional consideración en todos los sistemas educativos, en Venezuela se necesita incluir en la lógica de reinvención, el tratamiento de la educación como un asunto prioritario, crucial y basal del desarrollo de la sociedad.

Eso no significa que se le adhiera el calificativo de “prioritario” cada vez que se mencione en el presupuesto, o en el proceso del diseño y evaluación de las políticas públicas, como se ha hecho recurrentemente hasta ahora, sino que los fondos destinados a la educación, se traten como inversión, (lo que implica la aplicación de unos criterios de diseño y evaluación diferentes a cuando se trata como gasto o compensación social); que el desempeño del sistema educativo sea medido en la evaluación de las políticas públicas, más allá de las propiamente educativas; y que tanto el diseño de la política educativa, tome en consideración el marco hacia donde se quiere orientar el desarrollo del país y de la vida de las personas, como que el diseño de las políticas públicas y la visión de país que se construya y reconstruya permanentemente en Venezuela, incorpore a la educación como asunto crucial y como criterio.

Lo segundo que mencionaremos, es que hay que retomar la lógica de que la educación es un proceso con resultados parciales y medibles en diversos lapsos, y múltiples dimensiones, pero, que como política pública tiene horizonte de largo plazo, especialmente la relativa a la educación obligatoria, que, como sabemos, en Venezuela abarca toda la educación básica, y que incluye desde inicial hasta bachillerato.

Esto significa, por una parte que la política educativa debe diseñarse garantizando su coherencia, que los cambios que se hagan deben tener una instrumentación acorde con ello, lo que, en algunos casos, implica que se requiera de una instrumentación progresiva.

Y finalmente, que el proceso de evaluación debe ser complejo y completo, para poder, por una parte monitorear la evolución y hacer los ajustes pertinentes, sin perder la esencia, ni la dirección, y por la otra, garantizar que tendremos los resultados reales y definitivos en el largo plazo.

Esta condición obliga a que la política educativa esté asociada a algunos planes que superan el horizonte de duración de los gobiernos y, por tanto, que su diseño e instrumentación debe tener mecanismos que permitan mantener los planes y los proyectos en el tiempo. De acuerdo a esta característica, las políticas públicas en educación deberían contar con el acuerdo de la mayoría, tal como si se tratara de un texto del tenor de una Ley Orgánica o de algunas de las características del proyecto de país sobre el que se sustenta la Constitución.

Estos dos puntos que, para muchos, pudieran parecer una vuelta al pasado, realmente implican una reinvención en Venezuela, porque nunca fueron instrumentados debidamente. Ellos significan, entre otras, además de la utilización de planes y compromisos de presupuesto, con duración más allá de la anual, la construcción de instancias de debate y especialmente, de evaluación, con un carácter técnico-profesional, que no dependan de los cambios en los gobernantes para mantener la lógica de funcionamiento y las metas y objetivos a alcanzar.

En la lógica de comprender a la educación como una materia cuyo horizonte de planificación y evaluación de resultados, es el largo plazo, se encuentra el tercer elemento a mencionar, que es la garantía progresiva de la realización del derecho a la educación para todos.

En efecto, es muy tentador, también, pensar que con decretar que en Venezuela a partir de ahora, se garantizará el derecho a una educación de calidad para todos, se darán las condiciones para que la realización sea un hecho. Pero, es importante dejar claro que, por la diversidad de situaciones y de condiciones, y por la disparidad entre muchas de ellas, la realización del derecho a la educación no es algo automático. De hecho, en los acuerdos y tratados internacionales, se entiende que, una vez suscrito el compromiso del Estado, la realización es progresiva, para lo que se espera que el Estado elabore los planes, con presupuesto y tiempos de instrumentación que permitan dicha realización progresiva.

Es importante agregar, que en una situación como la nuestra, en la que vivimos una emergencia humanitaria compleja, registramos un retroceso en algunas de las condiciones en las que se garantizaba el derecho a la educación, por lo que los planes implican la reconstrucción de las metas y el desarrollo de los tres momentos.

Es por ello que, aunque parezca innecesario decirlo, el momento de restauración propiamente dicha, requiere de una lógica de reinvención que permita al Estado contar con los instrumentos que faciliten el diseño, la instrumentación y la evaluación de planes y proyectos específicos que, en el tiempo, tengan como producto final, dicha restauración para todos, sin ningún tipo de discriminación, que no sea la que algunos entienden como discriminación positiva que es la que asigna recursos prioritarios a las personas con mayores dificultades, para ayudarlos a superarlas.

De este aspecto, se desprende el cuarto elemento a considerar que es la necesaria discusión entre igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades. Hasta ahora, desde los discursos de algunos políticos y funcionarios, pasando por los textos de planes, proyectos y leyes, en Venezuela se estila mencionar como condición ideal en educación, la garantía de la igualdad de condiciones, al lado de la garantía de igualdad de oportunidades.

Es por ello que lo que se promueve, como parte de este momento, es una discusión de fondo que permita comprender al país y asumir que al garantizar la igualdad de condiciones, se puede negar la igualdad de oportunidades y que la igualdad de oportunidades sólo se puede garantizar, si se logra la diversidad de condiciones, de acuerdo a las características y necesidades de cada ciudadano.

El resultado de esa discusión, debe permitir que se defina lo que se persigue en Venezuela, para que las políticas públicas del sector, puedan estar diseñadas, o para garantizar que todos tendrán las condiciones que requieran para poder aprovechar las oportunidades que se ofrecen, o que, por el contrario, todos estarán en las mismas condiciones, independientemente, de sus características, preferencias, capacidades y aspiraciones.

De la forma en la que presentamos la disyuntiva, se desprende nuestra posición al respecto. Pero la necesidad de dar y resolver la discusión, nace de la imposibilidad de hacer diseños coherentes, en los planes y las políticas del sector, si se utilizan los dos, no sólo indistintamente, sino conjuntamente, como se ha hecho hasta ahora.

Hasta este punto del texto, la reinvención pareciera más una reconstrucción que a algo que implique innovar, pero, de acuerdo a nuestra experiencia como país, muchas de las cosas planteadas, en educación y en términos de políticas públicas, se quedaron en buenas intenciones o en el papel y por tanto, la innovación, en muchos casos, está en cómo replantearlas, de acuerdo a la realidad actual y como instrumentarlas de verdad y garantizando que efectivamente, funcionen.

El quinto y último aspecto a mencionar, es el que se desprende de lo que se debe entender como una educación de calidad. De hecho en las publicaciones anteriores, se mencionó que la definición de calidad a la que se refiere el derecho a la educación en los instrumentos internacionales, tiene algunos parámetros de referencia, pero en términos de su contenido y orientación específicos, lo que se concibe como una educación de calidad depende del contexto y de la visión que se tenga en cada sociedad y país.

Es por ello que en este aspecto se abren muchas opciones a considerar, pero en un proceso interactivo entre la definición y diseño de la visión de la Venezuela que queremos y la de la educación a la que aspiramos.

Para comenzar, en este momento, como dijimos al principio, hay una diversidad de documentos e ideas, más o menos desarrolladas, más puntuales o más globales, más políticas, gremiales o académicas, que están sobre la mesa, con propuestas tanto sobre el país que queremos, como sobre la educación a la que aspiramos.

La innovación, en este caso, no comenzaría, aunque convendría pensar en ello, por cambiar la competencia mediática entre opciones y proyectos, por el análisis y la construcción negociada de una, así sea para la identificación de los aspectos con acuerdos potenciales y en común, porque en este caso, tenemos experiencias previas interesantes y parcialmente exitosas.

En este caso, la innovación estaría en que lo que de ellas se obtenga, se desarrolle efectivamente y se instrumente. Pero eso en términos de forma.

En términos de contenido, es donde está el reto mayor de la reinvención, por ejemplo:

  1. Replantearse el propósito y la duración de la educación obligatoria. El para qué, cómo y por qué se establece como obligatoria una parte de la educación y modificar sus propósitos, métodos y contenidos, de acuerdo a lo que se pretende con ella.
  2. La definición de referentes de calidad que tengan aspectos que respondan realmente a las demandas y necesidades de la vida y el mundo actual.
  3. La construcción de un sistema educativo que combine la lógica de las políticas públicas en el largo plazo, con la lógica de la incorporación de la innovación como un aspecto esencial.
  4. El desarrollo de un sistema de evaluación integral y multidimensional, que permita por una parte, monitorear el desempeño del sistema y de todos sus componentes, y por la otra, hacer ajustes y mejoras, para garantizar cada vez mejor desempeño. Este sistema podría incluir un proceso de evaluación y recertificación periódica de los docentes, así como un proceso de evaluación permanente, con planificación de cambios y mejoras en las escuelas. En esta misma lógica, se debe pensar en un proceso de evaluación para la innovación permanente de los espacios de formación de los docentes o de las escuelas de educación de las universidades.
  5. La articulación real entre los niveles y entre los subsistemas, entre la educación formal y no formal; entre la educación presencial, la virtual y la a distancia; y también entre las modalidades.
  6. El desarrollo de dinámicas pedagógicas y andragógicas que respondan a las necesidades de personalización de los procesos, que consideren los mecanismos para el desarrollo de capacidades en la práctica, no sólo teóricamente, y que incorporen la innovación y la tecnología que se requiera en cada caso.
  7. El desarrollo de un componente de formación ciudadana que permita que las personas desarrollen su capacidad de análisis y de pensamiento crítico y propio, que comprendan su realidad social y política, que se incorporen elementos de análisis y comprensión de los procesos históricos y de desarrollo de la identidad, que construya espacios para la expresión y la convivencia, pero que estén sustentados en el pluralismo, sin que ningún actor o funcionario, pretenda utilizarlos para beneficio de su perspectiva o para el fortalecimiento de su organización o parcialidad política.

Esos puntos, como abrebocas, entre muchos otros.

Para no hacer este texto mucho más extenso, la innovación en este caso, como se desprende de muchas de las consideraciones del texto, está en que el país y el sector educativo, comience a pensar en términos de reinvención, en lugar de quedarse en la reconstrucción de algunos aspectos que se consideraron exitosos o necesarios.

¿Hay condiciones para el inicio del año escolar 2018-2019, el próximo 17 de septiembre, en Venezuela?


Como todo el país sabe, el año escolar 2017-2018, fue un año plagado de problemas y dificultades para el sistema educativo, comenzando por los efectos que tuvieron la hiperinflación, el desabastecimiento, la ausencia de efectivo y las fallas en el transporte público, en la dinámica de vida de las familias y su consecuencia en la asistencia irregular de docentes y estudiantes a las escuelas; pasando por las también reiteradas fallas en los servicios de alimentación, agua y luz que ocasionaron múltiples interrupciones y recortes en el horario de clases; y terminando con las consecuencias de la migración, física y económica, de docentes y estudiantes, más el impacto psicológico por los efectos de la crisis nacional en todos los miembros de las comunidades educativas.

En efecto, en Venezuela, en el último año, la educación ha experimentado una combinación compleja de problemas y impactos que alteraron la organización y el funcionamiento de las escuelas, teniendo como última consecuencia, restricciones en las garantías de varios derechos humanos, comenzando por el ejercicio del derecho a la educación, con la consecuente disminución en los logros y aprendizajes, durante el año escolar pasado.

A continuación, sin pretender hacer una descripción completa y exhaustiva de lo que vivió el sistema educativo durante el año escolar 2017-2018, debido a que es una tarea difícil para la dimensión de un espacio como éste y más con las limitaciones que impone la falta de acceso a la información detallada, por parte del ente rector; y con el propósito de ilustrar lo complejo y multifactorial de la situación vivida, se presentarán los principales y más recurrentes elementos que caracterizaron la dinámica del funcionamiento del sistema educativo, específicamente en el subsistema de educación básica, en Venezuela.

Emergencia humanitaria compleja en el sistema educativo

El sector educativo experimentó problemas derivados, por una parte, de los efectos de la situación nacional y por la otra, de fallas estructurales propias del sistema.

Efectos de la crisis nacional en la educación

Entre los elementos de la crisis nacional que afectaron la organización y el funcionamiento del sistema educativo, tenemos:

1. Interrupciones recurrentes en los servicios de agua potable, luz y comunicaciones –incluyendo conexión a internet-, que tuvieron como consecuencia suspensión de clases o recorte en el horario escolar, disminución de las condiciones sanitarias de las escuelas, y restricciones en el desarrollo de las actividades pedagógicas y administrativas –incluyendo el registro de datos, por parte de las escuelas, en el sistema de información del MPPE. También tuvieron consecuencias en la calidad de vida de las familias, afectando su asistencia a las escuelas y su desempeño educativo.

Estas interrupciones, especialmente en los servicios de agua potable y luz, se han agudizado y extendido, en los últimos meses y se han convertido en problemas graves en varios estados del país.

2. Deficiencia o inexistencia de los servicios de seguridad y vigilancia en las zonas en las que se ubican las escuelas, incrementando con ello la inseguridad y, en consecuencia, la realización de hurtos y robos, en las inmediaciones y dentro de las escuelas, así como la presencia de agentes de microtráfico de drogas y grupos delincuenciales.

Al respecto, cabe mencionar que, hasta el momento, la respuesta más estructurada que se ha instrumentado desde el Estado, es un “Plan Piloto de Monitoreo para la Seguridad Escolar”, diseñado por FEDE y comenzado a instrumentar a finales de agosto, pero en una muy pequeña muestra de planteles, en total y de acuerdo a la información oficial, son 18 planteles distribuidos en varios estados del país (Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira y Trujillo) y en el Distrito Capital.

3. Restricciones en el servicio de transporte público por disminución en el número de unidades activas y por reducción de las rutas y su alcance territorial. En este caso, se han instrumentado dos tipos de respuesta: habilitación de vehículos no aptos para el transporte seguro, como las denominadas coloquialmente “perreras”, y la incorporación de unidades por parte de algunos entes regionales.

4. Aumento exponencial de los costos y disminución de la capacidad adquisitiva de las familias para cubrir los costos de alimentación diaria y la canasta familiar, así como los costos de transporte para trasladarse a las escuelas.

5. Ausencia de efectivo y restricción en otras formas de pago, con la consecuente reducción de la capacidad, por parte de estudiantes, docentes y demás trabajadores, de asumir el pago del servicio del transporte público, así como la adquisición de algunos productos de la canasta familiar, aun teniendo los recursos económicos para ello.

6. Desabastecimiento de insumos clave en la canasta familiar y de medicamentos.

7. Reducción en la capacidad de atención y en las condiciones e insumos de los servicios de salud pública.

8. Rupturas o fragmentación de las familias de estudiantes y docentes, como consecuencia de actos de violencia y de migración de sus miembros.

Fallas estructurales propias del sistema

Entre los elementos derivados de fallas estructurales propias del sistema educativo, podemos citar:

1. Eliminación progresiva de la condición de gratuidad de la educación en las escuelas de dependencia oficial. Como ya se ha explicado en otras publicaciones, la gratuidad en la educación básica, además de ser una condición obligatoria del sistema, se evalúa a partir de los elementos de la canasta educativa que son 5: costos de inscripción y matrícula, alimentación en tiempo escolar, transporte, uniformes y útiles escolares.
Cuando las familias tienen que asumir de forma total o parcial, los elementos que constituyen dicha canasta, no se puede considerar que la educación sea efectivamente gratuita.

En nuestro caso, como también se señaló con anterioridad, hay costos adicionales a los considerados en la canasta educativa que, por deficiencias en el funcionamiento del sistema, han recaído en las familias -incluyendo a los estudiantes-, y también en los docentes, agravando el problema de gratuidad de la educación.

Entre estos costos cabe destacar, la inversión en horas de trabajo y de recursos económicos, -en adquisición y donación de insumos de limpieza- en las jornadas de mantenimiento menor convocadas por el MPPE y que son denominadas, entre otras, como “Una Gota de Amor para tu Escuela”; el financiamiento del alquiler de unidades de transporte acondicionadas para el traslado de los insumos del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) a las escuelas; los trabajos de reparación de equipos de cocina y refrigeración, también utilizados en el SAE, así como de equipos y mobiliario de diverso tipo de las escuelas; y la adquisición de papelería e insumos y materiales de oficina.

2. En cuanto a los costos de transporte que deben cubrir los miembros de las comunidades educativas, es importante señalar que el sistema educativo oficial, en su mayoría, no cuenta con transporte escolar, lo cual dificulta el acceso a la educación. En algunas regiones del país, ese problema se ve agravado porque la ubicación de las escuelas, no cumple con los estándares de distancia mínima, que faciliten el acceso de los estudiantes, sin hacer uso de un sistema de transporte.

3. Además de tener que cubrir, con horas de trabajo no remuneradas y con recursos para los elementos señalados en el primer punto, los docentes no cuentan con condiciones de trabajo e ingresos adecuados a la labor que cumplen, ni que les permitan cubrir los costos de la canasta familiar, lo que también contribuyó al incremento de las inasistencias recurrentes.

4. Déficit en la cantidad y calidad del equipo docente de las escuelas. Este es un problema que, como también hemos comentado en otras publicaciones, se ha venido desarrollando en Venezuela, desde hace años, con la lamentable consecuencia de que muchos estudiantes han recibido certificación de estudios y calificaciones, sin haber cursado determinadas asignaturas en bachillerato.

Con la situación migratoria, espacial y laboral, que se dio en el gremio docente, el año escolar pasado, el déficit se ha incrementado y sus consecuencias se agudizaron, debido a que, la insuficiente cantidad de docentes para todas las secciones por año y por grado que se ofrecen en las escuelas, se ha intentado resolver parcialmente, con personal que cumple funciones docentes, pero no está calificado para ello; en algunos casos se trata de miembros de la comunidad supliendo las faltas recurrentes o definitivas de los docentes; y en otros se trata de la incorporación de beneficiarios del programa “chamba juvenil” que no cuentan con las competencias ni los conocimientos adecuados, por la corta y precaria formación que recibieron antes de entrar en ejercicio.

En este punto, es importante señalar, que un agravante de la situación específicamente relacionado con las inasistencias recurrentes de los docentes, derivadas de los elementos de la crisis nacional, es la imposibilidad de tomar previsiones que permitan a los suplentes ocasionales, mantener la continuidad en los procesos de aprendizaje, lo que tiene efectos directos en la calidad de la educación y en el alcance de los aprendizajes que se logran en las escuelas.

5. Adicionalmente, por un precario programa de construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, la oferta educativa es insuficiente y en muchos casos, no cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, por daños en la infraestructura, en los equipos de uso ambiental (aires y ventiladores), o en el mobiliario de las aulas y laboratorios, lo cual entorpece el buen funcionamiento de las escuelas.

6. Otro programa con múltiples problemas en su diseño e instrumentación, que son agravados por los problemas de abastecimiento que se mencionaron en la sección anterior, es el del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) que no garantiza alimentación permanente, ni con la calidad nutricional adecuada, en las escuelas, a lo largo del año escolar.

7. Reiterados problemas derivados de un manejo deficiente de la política curricular impulsada desde el ente rector. Nos referimos en este caso a:

  • Producción de textos y recursos pedagógicos que no cumplen con la disposición contenida en el artículo 102 de la Constitución, de promover una formación crítica que respete todas las corrientes del pensamiento.
  • Promoción de una lógica y lenguaje de guerra, contraviniendo la construcción de una cultura de convivencia y paz, tal como se establece también en la Constitución.
  • Desorganización e improvisación en el desarrollo de modificaciones curriculares, especialmente en educación media, que tuvieron como consecuencia la imposibilidad de aplicación y la confusión en muchos liceos, restringiendo las oportunidades de tener una educación de calidad para los estudiantes.

8. Finalmente, es necesario mencionar la restricción recurrente de derechos concomitantes al derecho a la educación, a los miembros de las comunidades educativas. Nos referimos a los derechos a la manifestación y a la libre asociación de los diversos gremios del sector, que ha sido acompañada por la promoción de organizaciones afines al gobierno, como las organizaciones gremiales reconocidas oficialmente, en el sistema.

En esa misma lógica, se requiere mencionar la utilización de tiempo de funcionarios del sistema, así como de los medios de comunicación oficiales del Estado, para promover la participación de los miembros de las comunidades educativas, en actos de proselitismo político y para difundir mensajes con contenido político partidista específico.

Consecuencias para los estudiantes

En términos generales, los factores, externos y estructurales del sistema, mencionados en las secciones anteriores, tienen como consecuencias en, y para, los estudiantes, entre otras:

1. Disminución de la capacidad de atención, concentración y aprendizaje por deficiencias en la alimentación, por problemas de salud y por los efectos de sufrir angustia psicosocial y los traumas psicológicos asociados a los impactos de las situaciones familiares y de seguridad.

Los efectos físicos y psicológicos de la situación nacional afectan a los niños, niñas y jóvenes, más allá de sus consecuencias en el proceso de aprendizaje en las escuelas. En muchos casos la angustia se produce, directa o indirectamente, por la incertidumbre en la provisión de alimentos en el hogar, o porque se ven obligados a buscar empleo, a recurrir a la mendicidad o a hurgar en la basura, para conseguir alimentos y recursos.

En cuanto a los efectos físicos, es importante señalar que en diversas escuelas se registraron desmayos de estudiantes durante la realización de los actos cívicos al inicio de la jornada escolar, por deficiencias en la nutrición.

2. Inasistencias recurrentes, que agregan como factor adicional a la perturbación de la dinámica en las escuelas, la ruptura en la continuidad del proceso de aprendizaje y que tiene como consecuencia: la disminución del tiempo efectivo dedicado a las actividades escolares y la carencia de actividades estructuradas, restringiendo o disminuyendo la calidad de los procesos pedagógicos, y en consecuencia el alcance y la completitud de los aprendizajes.

3. Disminución de las condiciones y recursos de las escuelas por fallas en los servicios, por hurtos y robos, por ausencia del personal docente calificado, lo que también restringe las oportunidades de contar con procesos pedagógicos de calidad por las deficiencias en las condiciones mencionadas.

4. Falta de recursos de los estudiantes para desarrollar actividades pedagógicas o tareas, fuera de las escuelas o en sus casas.

5. Disminución del tiempo escolar y de los aprendizajes relevantes por la incorporación de contenidos de baja calidad o no pertinentes, así como de incertidumbre y confusión por improvisación en las pautas curriculares y sus modificaciones y por suspensión innecesaria de actividades para la realización de elecciones y para la asistencia de miembros de las comunidades educativas a actividades político partidistas.

6. La combinación de estos efectos, tiene como última consecuencia la limitación del desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

¿Y los problemas derivados de las inundaciones?

Como es conocido también por todos, además de lo sucedido durante el año escolar 2017-2018, en el período de vacaciones, más de 25 municipios, en más de 7 estados del país han sufrido inundaciones, dejando a miles de familias, temporalmente, con viviendas en condiciones de inhabitabilidad o en estado de pérdida, incluyendo sus alimentos, medicinas, muebles y ropa; en algunos casos, las pérdidas incluyeron cosechas, así como semillas y condiciones para retomar las siembras.

En esos municipios, hay a extensas zonas con problemas de comunicación, falta de electricidad, restricciones de medicinas, agua potable y de alimentos; además de con problemas de contaminación y sanitarios, con riesgos o con brotes de epidemias en curso (sarampión, malaria, dengue, afecciones en la piel y estomacales); y con la amenaza de ser víctimas de ataques de animales como caimanes y culebras.

En algunos casos, las inundaciones comenzaron a registrarse antes de que iniciara el período vacacional.

En todos los estados afectados, se encuentran escuelas con infraestructura inundada o que están siendo utilizadas como centros de acopio y refugios.

En el siguiente mapa, se pueden apreciar los municipios y estados con reportes de inundaciones entre el mes de julio y los primeros días de agosto.

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Revisando las fuentes oficiales, para conocer el tipo de atención han recibido los estudiantes que han sido afectados por las inundaciones y los planes de emergencia y previsión que se adelantan desde el MPPE para garantizar que, tanto los estudiantes como las escuelas puedan incorporarse al año escolar 2018-2019, a partir de la semana que viene, encontramos poca o inexistente información oficial.

En efecto, en la página del MPPE, en su sección de noticias, encontramos poquísimas referencias a la atención a la emergencia provocada por las lluvias en los estados afectados. Aunque sí encontramos información sobre otras iniciativas desarrolladas en algunos de esos estados, como la realización del Plan Agosto de Escuelas Abiertas en algunas de sus escuelas.

Tampoco encontramos datos que indicaran cambios importantes en los proyectos instrumentados durante el período vacacional, para atender los problemas ocasionados por las inundaciones, a pesar de ser evidente la necesidad de llevar a cabo acciones de emergencia, con miras al cercano inicio del año escolar.

En el caso del Estado Amazonas, que es uno de los más afectados por las inundaciones, encontramos que específicamente, con relación a la atención a las condiciones de la infraestructura educativa, en una nota de prensa del 29 de junio, se anunciaba que, desde las instancias responsables del mantenimiento de la infraestructura escolar, se proyectaba atender 65 escuelas con el programa “Una Gota de Amor Para Mi Escuela”.

Esa cifra, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles -que son los del año escolar 2014-2015, contenidos en la última Memoria y Cuenta publicada-, corresponde al 15% del total de escuelas que había en ese estado en ese año escolar; que equivalen al 15,6% de las escuelas oficiales y al 45,5% de las escuelas que dependen directamente del MPPE.

De acuerdo a las mencionadas cifras, en el Estado Amazonas, había, en el año escolar 2014-2015, 434 escuelas, de las cuales 418 eran de dependencia oficial, 143 de dependencia nacional (directamente del MPPE), 271 estadales, 4 municipales y 16 escuelas privadas.

Eso indica que, con el programa con el que oficialmente se atiende el mantenimiento menor de las escuelas en el sistema educativo, estaba programado atender menos del 50% de las escuelas que dependen directamente del MPPE, en esa entidad.

Posteriormente, el 3 de septiembre, se reportó que se había terminado el mantenimiento solamente en 16 de esas escuelas y que continuaba en ejecución en 7 escuelas más. Las escuelas atendidas hasta ese momento, eran todas, de acuerdo a la información publicada, del Municipio Atures, que es el municipio con mayor población del estado.

Eso significa que, de las 65 escuelas proyectadas, se logró culminar, hasta el 3 de septiembre, solamente el 24,6% y estaba en ejecución un 10,8% más, lo que daría como resultado que, de las 65 solamente se lograron atender el 35,4 % de las escuelas proyectadas; y que tomando como referencia las cifras del año escolar 2014-2015, citadas anteriormente, estaríamos hablando de una atención efectiva del 16,1%, de las escuelas nacionales del Estado Amazonas, incluyendo en el cálculo, las 7 escuelas que aún se encuentran en proceso de ejecución.

No obstante, esa cifra corresponde solamente a las escuelas atendidas por el programa y que estaban programadas antes de presentarse la situación ocasionada por las inundaciones.

Dada la falta de información, y como respuesta a la situación derivada de las inundaciones, es imperioso que el MPPE informe al país: ¿Cuántas de las escuelas del Estado Amazonas fueron efectivamente afectadas por las inundaciones, cuántas han sido recuperadas y cuántas fueron utilizadas y siguen funcionando como refugios y centros de acopio? ¿Cómo se programa atender a los estudiantes de las escuelas afectadas o utilizadas como refugios y centros de acopio, a partir del próximo lunes, 17 de septiembre?

Es necesario que el MPPE suministre al país, la misma información para todos los municipios de todos los estados con zonas afectadas por inundaciones.

También, es importante que el MPPE informe al país: ¿cómo ha sido la atención hasta ahora a los niños y jóvenes de todos los municipios afectados en cuando a las limitaciones de alimentación, las restricciones de agua potable, la falta de medicamentos, los brotes de enfermedades y las pérdidas de viviendas y bienes?; ¿cómo será la atención y el acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes que no estén en condiciones de regresar a la escuela?; ¿qué estrategias se utilizarán para facilitar su reincorporación?, ¿qué estrategias y planes concretos se instrumentarán para facilitar y garantizar la asistencia de los docentes a las escuela? tomando en consideración, para todos los miembros de la comunidad educativa, los casos en los que perdieron sus viviendas, o perdieron sus bienes, en los que se han enfermado o en los que son víctimas de traumas por las condiciones de privación y de pésima calidad en la que se desarrollan sus vidas producto de las inundaciones.

¿Qué debería haber hecho el MPPE durante agosto y la primera quincena de septiembre?

Frente a esa situación descrita en las secciones anteriores que incluye tanto los efectos de la crisis nacional en la vida de los miembros de las comunidades educativas, y en el funcionamiento del sistema educativo, como los problemas estructurales del sistema; así como las consecuencias de las inundaciones en una parte del territorio nacional, que se puede catalogar como parte de la emergencia humanitaria compleja registrada en Venezuela, se esperaría que el Estado, a través del ente rector del sistema educativo y apoyándose de todos los organismos competentes, hubiera empleado el mes de agosto y la primera quincena de septiembre, para realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación, escuela por escuela, que permitiera saber en qué condiciones está el sistema educativo, en cuanto a:

1. Condiciones reales de la infraestructura escolar, más allá del “embellecimiento” de algunos espacios y del mantenimiento menor de otros, con un estudio especial de las condiciones de la infraestructura en las zonas con inundaciones.

2. Condiciones de la dotación de recursos pedagógicos, de equipos y suministros para el funcionamiento de la escuela, así como de los equipos, mobiliario y utensilios para la alimentación escolar.

3. Funcionamiento real de los servicios de agua potable y de electricidad en las escuelas, así como los servicios de comunicaciones, incluyendo la conexión a internet. Tomando en consideración la localización de escuelas en las zonas en las que se han registrado fallas recurrentes, que se han incrementado en los últimos meses, o en las zonas en las que las fallas se derivaron de las inundaciones, y para los que, además, no existen planes de restauración cercana.

4. El estado real de la planta docente, que indique cuántos profesionales de la educación, con certificación y formación adecuada se mantienen en el sistema, cuántos suplentes y personal no calificado para ejercer dicha función ha sido incorporado a las escuelas y cuántos serán necesarios para garantizar que todas las secciones, años y grados, tengan un docente a cargo.

5. También se debió hacer una evaluación de la asistencia de docentes y estudiantes, el año escolar pasado, que permitiera tener una real dimensión del problema de inasistencias recurrentes, las causas más frecuentes, así como, sus efectos sobre la planificación docente y la disminución del tiempo escolar efectivo.

6. De igual manera, se pudo aprovechar este tiempo para hacer una primera aproximación a la identificación de los efectos psicológicos de la crisis en docentes y estudiantes, que permitiera, en un primer momento, identificar zonas y escuelas en las que se deberá prestar mayor atención para detectar y atender casos en el próximo año escolar.

7. De forma complementaria y para desarrollar planes de restauración de los aprendizajes perdidos, en el caso de los estudiantes, así como para desarrollar programas específicos de formación docente, se debió aprovechar este mes y medio, para diseñar dos evaluaciones estandarizadas y aplicadas en todas las escuelas del país.

  • Una evaluación estandarizada de los aprendizajes alcanzados por cada uno de los estudiantes de educación básica, tomando como referente lo que debió aprender para obtener la certificación que se le otorgó el año escolar pasado y que lo promovió al grado y año que cursará a partir del 17 de septiembre, para los estudiantes de primaria, y del 1 de octubre, para los estudiantes de bachillerato; que permita saber con qué base real cuenta para el inicio de su formación este próximo año escolar.
  • Una evaluación de conocimiento de lo que le corresponde enseñar y de competencias pedagógicas, que tiene actualmente cada profesor y maestro.

Con los resultados de ese diagnóstico, el MPPE podría diseñar programas para:

1. Apoyar a docentes y estudiantes para que puedan asistir regularmente a las escuelas, minimizando los efectos de las limitaciones económicas y los problemas de transporte.

2. Acompañar profesionalmente a las personas, sin formación docente, que estarán cumpliendo esa función en las escuelas en próximo año escolar.

3. Reforzar los programas de mejoramiento profesional de los docentes en ejercicio, enfocando la oferta a las necesidades específicas detectadas en la evaluación estandarizada.

4. Regularizar la prestación del servicio y mejorar la calidad nutricional del Sistema de Alimentación Escolar.

5. Promover y acompañar la reinserción de los estudiantes que se vieron en la obligación de abandonar sus estudios.

6. Desarrollar planes especiales para la formación de los estudiantes que, por razones de fuerza mayor, no puedan reincorporarse a las escuelas, pero puedan acceder a la educación en otras modalidades.

7. Desarrollar programas de atención específicamente diseñados para dar respuesta y atender a toda la población que se encuentra en zonas afectadas por las inundaciones, de acuerdo a las peculiaridades que se tengan en cada caso.

8. Acompañar y formar a los docentes en la atención y el apoyo a los estudiantes que experimentan angustia y traumas psicológicos, producto de los diversos impactos de la crisis en sus vidas.

9. Ampliar y completar los esfuerzos que se están comenzando a hacer para mejorar la seguridad en las escuelas, pero incluyendo también la atención a los problemas ocasionados por la penetración del microtráfico de drogas y las bandas delincuenciales a las escuelas.

10. Generar estrategias de reorganización del horario escolar, para que no se disminuya el tiempo de aprendizaje, por los problemas relacionados con las fallas en los servicios básicos y para compensar las horas perdidas con horas complementarias en otros días y horarios.

11. Establecer una estrategia dirigida a revertir los impactos negativos de los problemas experimentados el año escolar pasado, especialmente para la restauración de los aprendizajes que no se lograron, por los problemas estructurales del sistema educativo, y por los efectos de la crisis en la vida de las familias y las escuelas.

Es menester recordar que es obligación del Estado, la garantía del derecho a la educación, por lo que se espera que en momentos de dificultades como los que se están experimentando en Venezuela, dificultades que pueden catalogarse como emergencia humanitaria compleja, la acción del Estado no se remita a anunciar el inicio del año y esperar que la “mística” de las comunidades educativas puedan resolver los problemas y garantizar el funcionamiento de las escuelas, sino que asumiendo su obligación, diseñe los programas necesarios para atender la situación y garantizar efectivamente el funcionamiento óptimo de las escuelas, así como que se alcancen los aprendizajes esperados; y en un caso como el que nos ocupa, apoyar a las familias, docentes y estudiantes, para que puedan superar las dificultades e incorporarse efectivamente a la dinámica escolar.

 

La educación no es gratuita en Venezuela


La educación no es gratuita

Comenzaremos diciendo que en ningún país del mundo, la educación es gratuita. La educación es financiada con recursos del Estado, por tanto, todos los ciudadanos que pagamos impuestos, incluyendo el IVA, contribuimos con su financiamiento. En efecto, aunque sea no contribuyente, cada vez que Usted compra un producto por el que paga IVA, está contribuyendo con el presupuesto nacional.

Del presupuesto nacional, salen los recursos para el financiamiento de las escuelas dependientes del Ministerio de Educación, pero también, salen los recursos del situado territorial, que corresponde al presupuesto total o parcial, de Gobernaciones y Alcaldías, dependiendo de la capacidad de recaudación, especialmente de estas últimas. Así que los recursos para el financiamiento de las escuelas estadales y municipales, también salen del bolsillo de todos los ciudadanos del país.

Entran en ese grupo, de forma parcial, las escuelas privadas subvencionadas, que a través de recursos otorgados por el Ministerio de Educación, o por algunos entes descentralizados, financian parcialmente su presupuesto.

La inversión que se hace en las escuelas privadas, corre por cuenta exclusiva de quienes inscriben a sus hijos en ellas.

¿Debe ser gratuita la educación?

De acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Educación, pero también de acuerdo a los tratados sobre derechos humanos suscritos por Venezuela, hay una parte de la educación debe ser obligatoria y gratuita. En efecto, en Venezuela, la educación básica, se aspira a que sea gratuita porque es obligatoria, y carece de sentido que el Estado obligue a sus ciudadanos a formarse obligatoriamente, sin poner a disposición las facilidades y los recursos para que nadie se quede sin formarse por falta de ellos.

La educación no es barata

El presupuesto educativo debe cubrir los costos de contratación del todo el personal del Ministerio de Educación, incluyendo los entes desconcentrados que, para quién no está familiarizado con el sistema, son las zonas educativas y los distritos o municipios escolares. Este personal incluye, desde los vigilantes de la sede central, hasta el ministro, pasando por todos los obreros, trabajadores administrativos, técnicos y profesionales de la educación que laboran en esa extensa red, entre los que están todos los coordinadores y supervisores adscritos a los entes desconcentrados.

Pero no sólo los costos de contratación del personal (pago de salarios y beneficios sociales como alimentación y seguro medico), sino también todos los costos de funcionamiento, incluyendo los servicios básicos, como agua y luz, la compra de equipos, material especializado y material de oficina, la conexión a internet y el transporte, con los gastos de mantenimiento de las edificaciones, los equipos y los vehículos, y, también los de formación permanente de todo el personal.

Ese esquema de inversión se replica en las gobernaciones y alcaldías que tienen escuelas a su cargo.

Las escuelas tienen costos de funcionamiento similares, con algunas peculiaridades que las diferencian de las instancias administrativas del sistema. Una parte importante de los costos de funcionamiento de las escuelas, corresponde al pago de sus docentes y el financiamiento de su formación permanente. Pero a diferencia del resto de las instancias del sistema, la dotación de materiales y equipos para el funcionamiento y su reposición y actualización, constituye una parte de la inversión que no se puede evitar o postergar.

Entre los costos recurrentes, para que funcione el sistema educativo, están también los costos de construcción de nuevas escuelas, y la ampliación de las existentes y el mantenimiento menor y mayor de la infraestructura.

La construcción y ampliación de las escuelas, es una necesidad en un sistema que requiere expandir su capacidad para poder atender a todos los estudiantes a tiempo completo, que es el estándar asumido por el modelo denominado “bolivariano” como óptimo para garantizar calidad en la formación de los estudiantes. La expansión de la capacidad incluye la construcción de tantas escuelas como planteles a medio tiempo existan actualmente, la ampliación de las escuelas que funcionan con turno alterno, en tantas aulas como secciones tengan; y la construcción de tantas escuelas adicionales como se requieran para dar acceso a la educación a sectores que, por falta de oferta, se encuentran excluidos del sistema.

En este punto es importante resaltar que la construcción de “ciudades educacionales” que concentran la oferta educativa, requiere de un sistema de transporte eficaz, y de alimentación ininterrumpida, para que las familias que estén en sectores alejados de dichos complejos, puedan tener acceso real a la educación a través de ese esquema. Sin embargo, si se trata de garantizar acceso a la educación para todos, quizás convendría revisar ese esquema y construir escuelas más pequeñas y modestas, mejor distribuidas en el territorio nacional, para acercarlas efectivamente a la gente.

El mantenimiento, en todos sus tipos, es algo imprescindible para contar con una infraestructura adecuada. El mantenimiento, así como la construcción, requiere programación presupuestaria de largo plazo, especialmente, en el mantenimiento mayor que debe realizarse a la infraestructura de cada escuela, cada 5 años.

Como se puede ver, el financiamiento a la educación, no se restringe a los gastos corrientes, sino que contempla inversión a mediano y largo plazo.

La lógica de inversión en las escuelas privadas es similar, porque requiere contemplar los gastos corrientes y las inversiones para mantenimiento menor y mayor, formación del personal y reposición y actualización de equipos.

El costo de la educación para las familias

Se afirma que la educación es gratuita cuando las familias que tienen inscritos a sus hijos en las escuelas oficiales, no corren con los gastos de lo que se denomina la “canasta educativa”. Como habíamos indicado en una publicación de hace unos años, la canasta educativa, está conformada por 5 rubros:

Canasta educativa

En Venezuela, efectivamente, hace más de una década, se prohibió por resolución el cobro de cualquier arancel y colaboración, asociada a la inscripción de los estudiantes de las escuelas oficiales. Pero el resto de los elementos de la canasta educativa, no son garantizados como gratuitos, para todos los estudiantes de las escuelas oficiales.

En efecto, con contadas excepciones que, por cierto, no incluyen al Ministerio de Educación, las escuelas no cuentan con un sistema de transporte y, desde hace tiempo, ni siquiera con el subsidio al pasaje estudiantil en el sistema de transporte público; por lo que, el traslado hacia la escuela y el retorno, es financiado por las familias. Este costo es más alto, en la medida en la que la escuela quede más lejos de la vivienda.

Por otra parte, si bien en algunos equipos como las Canaimas y recursos como la Colección Bicentenario, el Estado hace un esfuerzo para que todos los estudiantes puedan contar con ellos, la dotación de útiles y materiales escolares, no es para todos los estudiantes de las escuelas oficiales, sino para una parte de ellos. Lo mismo sucede con los uniformes escolares.

En estos dos rubros de la canasta educativa, el Estado, a través de algunas dependencias, ha promovido de forma complementaria, ferias escolares, para que las familias puedan adquirir útiles y uniformes a menor costo que el regular del mercado, pero, si las familias tienen que pagar por ellos, así sea menos que en librerías y tiendas, el pago recae sobre la familia, por lo que, para esos rubros, no existe gratuidad en el sistema educativo.

Con respecto a la alimentación escolar, es importante resaltar que, por diversas razones, algunas asociadas al contexto en el que se desarrolla el proceso educativo, y otras propias de la gestión ministerial, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que ha recibido diversas denominaciones y varias reinvenciones, no funciona todos los días del año, y la alimentación no ha sido con regularidad, nutricionalmente completa, por lo que las familias han optado por asumir el costo de la alimentación durante el tiempo escolar, y, dependiendo de la situación, por no enviar a los niños y jóvenes a las escuelas cuando el PAE falla; así como hay escuelas que acortan la jornada escolar cuando no cuentan con la alimentación.

Esta intermitencia de la alimentación tiene consecuencias adicionales a la no gratuidad, para el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes.

Ahora las familias pagarán la educación con trabajo

Si bien no es una novedad porque tiene algunos precedentes, este año escolar, el ministerio de educación apelando a un impreciso concepto de corresponsabilidad, ha dicho que se programarán jornadas de mantenimiento periódicas en las escuelas, que serán realizadas por maestros, padres y estudiantes.

Esta medida que pareciera lógica partiendo de la disposición de todos los miembros de las comunidades educativas, al cuidado de las instalaciones de las escuelas, esconde la transferencia de un costo de inversión que debería ser cubierto por el Estado, hacia las familias a través de horas de trabajo en mantenimiento escolar. Esa transferencia que se hace efectiva en horas de trabajo, es un pago que las familias realizan para el funcionamiento del sistema educativo que debería ser reconocido como tal, y que ratifica la no gratuidad de la educación oficial en Venezuela.

Ese pago corresponde a un rubro que no ha sido incluido, hasta ahora en la “canasta educativa”, pero, dada esta política del Estado Venezolano, requeriría estudiar su incorporación a la misma.

¿Es factible que la educación sea gratuita para todos en Venezuela?

Llegado este punto, es obligatorio preguntarse si en la situación actual en Venezuela, es factible garantizar educación realmente gratuita para todos.

Obviamente, por como se maneja el presupuesto nacional, parece que no es factible, por lo que corresponde a los entes del Estado, corregir el uso del presupuesto, y a los ciudadanos exigir que así se haga.

Sin embargo, si esa corrección no fuera posible, corresponde al Ministerio de Educación, asumir esa realidad cambiando el discurso propagandístico, con el que venden como gratuita una educación que tiene costos que son asumidos por las familias y explicando al país, con claridad, los criterios para la asignación de algunos programas que minimizan los costos de la educación para las familias.

 

Instrucción Nº 1 (la suspensión de la suspensión)


El anuncio hecho por el nuevo ministro de educación y publicado como nota de prensa en la web del MPPE, el 20 de enero, generó muchas inquietudes y preguntas en los miembros de las comunidades educativas de los liceos, pero también en buena parte de la ciudadanía. En efecto, la forma en la que se dio a conocer la decisión sobre el proceso de transformación curricular no fue lo suficientemente clara, detallada y precisa, como para que el país supiera qué es lo que sucedería en consecuencia, en las escuelas.

Sin embargo, con fecha 26 de febrero, comenzó a llegar a las zonas educativas y a través de ellas, a los liceos, una comunicación del MPPE, titulada “Instrucción Nº 1“, en la que el ministro establece algunas precisiones a lo anunciado.

A continuación, para que todos la puedan leer, encontrarán en imágenes, el texto de dicha instrucción:

Sobre su contenido, es importante resaltar que:

1.- Para evitar confusiones, interpretaciones erróneas y especulaciones, la instrucción debió llegar primero, o a más tardar simultáneamente, a los liceos, cuyas comunidades son las protagonistas del proceso educativo, en lugar de a través de un anuncio hecho en un acto y recogido por la prensa del MPPE en una nota publicada en su portal.

2.- Una cosa es lo que se recogió en la nota de prensa sobre el artículo 8 de la resolución 143 y otra, lo que se establece en esta instrucción. De acuerdo al texto de esta instrucción, no hay nada en la resolución 143 que esté suspendido este año escolar.

En efecto, cuando en la nota de prensa se decía que “Luego de escuchar las demandas, observaciones y preocupaciones de sectores de la sociedad sobre el desarrollo de la implementación de la Transformación Curricular en el Subsistema de Educación Media General, el Ministerio del Poder Popular para la Educación decidió suspender el avance progresivo del plan de estudio propuesto en el artículo 8 de la Resolución 0143, la cual contempla los Lineamientos del Proceso de Transformación Curricular en todos los Niveles y Modalidades”, al parecer, no se refería al año escolar en curso, ya que, en el texto de la instrucción, en el punto 2 dice que se mantiene durante este año escolar y que el resultado de las modificaciones que se produzcan en su revisión, entrarán en vigencia para el año escolar 2017-2018.img-20170127-wa0029a

3.- Cuando la nota de prensa recogía las declaraciones del ministro, en las que afirmaba “en los liceos donde se haya implementado, se debe “iniciar el proceso de revisión, de escuchar a los docentes las experiencias que han tenido en estas últimas semanas, para hacer las adecuaciones que tengan lugar, para conservar los contenidos esenciales y las materias necesarias para lograr una formación o un egresado de nuestro sistema educativo público de Educación Media General con una formación académica integral”,  lo que estaba anunciando era el inicio de un nuevo “proceso de consulta” cuyas características, participantes y cronograma, aún se desconocen, pero cuyo propósito es “restituir la especificidad” de las materias agrupadas en áreas y garantizar que se “mantenga” las de aquellas que permanecen como áreas separadas en la propuesta de transformación curricular en curso.

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Por tanto, la instrucción que decía que en los liceos  “se debe “iniciar el proceso de revisión””, no quería decir que se iniciaría de inmediato, sino, de acuerdo al texto de la instrucción, cuando el MPPE establezca los “alcances y orientaciones metodológicas” de dicha consulta.

4.- El MPPE insiste en llamar plan de estudios a los horarios publicados en la resolución 143, a pesar de que técnicamente una cosa dista mucho de la otra. Esperamos que el tiempo que el MPPE se está tomando para establecer los términos de la nueva consulta, sirva para que se complete y mejore la propuesta de transformación curricular y que lo que se lleve a a consulta sea en efecto un plan de estudios.

Hacemos un llamado al MPPE para que la consulta efectivamente incluya a todos los sectores del sistema educativo, sin ningún tipo de exclusión ni discriminación. Y que la consulta cuente con una metodología y dinámica que permita la real participación del país en la definición de la política de formación en la Educación Básica.

Aprovechamos esta nota para recordar también que está pendiente que el MPPE informe al país:

– formalmente los resultados del proceso piloto desarrollado durante el año escolar 2015-2016 y que explique las razones por las que el mismo no pudo ser instrumentado sino en 68 de los 127 planteles, tal como se había anunciado en la presentación previa.

– el mecanismo formal de participación en el nuevo proceso de consulta, así como el mecanismo de comunicación sobre los resultados de la misma.

Y que, en términos de política pública, en su rol de ente rector y dada su obligación de garantizar del derecho a una educación de calidad para todos, responda a las siguientes preguntas:

– ¿Cuál será la estrategia de aplicación del modelo resultante y cómo se garantizará que los estudiantes que están actualmente en los últimos años de educación media, puedan culminar de forma exitosa sus estudios sin ser afectados negativamente por la instrumentación de la reforma?

– ¿Cuánto tiempo necesitan los liceos, de acuerdo a sus características y peculiaridades, para contar con las condiciones óptimas para que la aplicación del modelo sea realmente exitosa? ¿Cómo incorpora esa variable el MPPE en su programación?

– ¿Cuáles serán las directrices que orientarán el acompañamiento, monitoreo, evaluación y los ajustes del proceso en cada liceo, zona educativa y a nivel nacional? ¿Cómo se programa la formación de los supervisores para que logren realizar un acompañamiento efectivo del proceso desde cada Estado y Municipio? ¿Con qué recursos cuentan y cuál es la inversión que está planteada para ello?

– Más allá de la mención de la Micro Misión Simón Rodríguez ¿Cuáles son los planes específicos de formación de los docentes que permitirán aplicar el nuevo diseño de forma exitosa? ¿En cuanto tiempo y con cuál inversión se llevarán a cabo para garantizar que los docentes tengan la formación adecuada para las exigencias del modelo?

– Dado que se conoce que existe déficit de docentes en educación media y que lo instrumentado en  términos de la transformación curricular en el piloto y durante este año en los liceos públicos, requería la concentración de los docentes en un liceo y el aumento de horas de dedicación, ¿qué modificaciones administrativas, en términos de contratación de los docentes y de funcionamiento de los liceos se han programado, para garantizar que en esta oportunidad el modelo no fracase, por falta de condiciones para instrumentarlo? ¿Cuánto le costarán al país los cambios previstos? ¿De dónde se obtendrán los recursos, cómo se hará la inversión, y en cuánto tiempo?

– ¿Qué inversión se plantea hacer para ampliar y mejorar la calidad de los recursos con los que cuentan las escuelas para la aplicación de este modelo? ¿Cuánto se invertirá en conexión y acceso a Internet? ¿Cuánto se invertirá en modernizar y dotar los laboratorios? ¿Cuánto se invertirá en la ampliación y construcción de nuevos liceos para garantizar la extensión de la jornada a jornada completa? ¿Cómo se estima resolver el déficit de escuelas que ofrezcan este nivel educativo, en las zonas del país a las que la educación media no llega? ¿De dónde se obtendrán los recursos, cómo se hará la inversión, y en cuánto tiempo?

Esas son interrogantes que el MPPE tenía que haber respondido antes de iniciar la extensión que arrancó este año escolar 2016-2017 y que aún debe responder.

Finalmente, reiteramos nuestra invitación a las comunidades educativas, a los gremios del sector y a toda la ciudadanía a que, acogiéndose a lo establecido en el artículo 20 de la resolución 143, escriba al MPPE solicitando información sobre esta decisión y sus consecuencias, así como, sobre las dudas que tenga con relación a las directrices establecidas en las resoluciones 142 y 143, que aún siguen vigentes y también sobre las contenidas en los textos emanados de ese despacho y que rigen lo que sucede en las escuelas en términos de la transformación curricular, más allá de dichas resoluciones.

 

¿Y entonces ministro? #DDHH


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0112

Eso lo dijo hoy, 1 de diciembre, a la 1 pm, a 13 horas de iniciado el período de suspensión de actividades y a 6 horas del inicio regular de la jornada educativa.

¿Y el derecho a la información oportuna? El derecho de los docentes a ser informados con tiempo para poder ajustar su planificación y el de las familias a tener información oportuna para tomar las debidas previsiones.

¿ y el derecho a la educación de los estudiantes?

Eso no pasaría si el ministro, como muestra en su twitter, en lugar de promover o alcahuetear la participación de funcionarios públicos, en ejercicio de sus cargos, en actividades de campaña electoral -reuniones de “supervisores” para la activación de puntos rojos, o el chequeo de la “maquinaria 1×10” del “sector educativo”, entre otras-, se dedicara a hacer su trabajo como ministro de educación.

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Nueva Convención “Única y Unitaria”: Corresponsabilidad y escuelas como “territorios de paz” con “cuerpos de combatientes”


Con una propuesta entregada el 20 de julio ante el Ministerio del Trabajo, los gremios docentes tuvieron que declararse en conflicto para lograr que el gobierno se sentara a discutir una nueva convención colectiva.

La reunión de instalación se realizó apenas el 5 de noviembre, en ella se estableció cuáles eran las partes que se sentarían a discutir el contrato, se presentaron los participantes presentes y se abrió un espacio para exponer objeciones a los aspectos generales de la discusión.

El establecimiento de las partes en negociación comenzó a institucionalizar un cambio en la naturaleza de este contrato, ya que, no se discutiría gremio por gremio, como en oportunidades anteriores, sino que se planteó realizar una discusión “unitaria”, en la que, docentes, trabajadores administrativos y obreros, se sientan al mismo tiempo a discutir los detalles de la contratación, pero estableciendo condiciones contractuales específicas a la naturaleza de sus funciones y dedicación.

En la reunión de instalación, no hubo objeciones a las condiciones generales de negociación, por lo que se fijó como fecha de inicio de las discusiones el 10 de noviembre y como sede, la Defensoría del Pueblo.

Dada la modificación que se inició en la reunión de instalación y que continuó en reuniones posteriores, en cuanto a las partes en negociación y al tipo de contrato, se puede resaltar que ya no está en discusión la “VIII Convención Colectiva de las Trabajadoras y Los Trabajadores de la Educación dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación” (en este enlace se puede ver el proyecto), de acuerdo al título del documento introducido en julio por las federaciones docentes, ni el “Proyecto de Convención Colectiva Unitario de Las y Los Trabajadores, Docentes, Administrativos y Obreros, dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación“, tal como reza en el texto del acta de instalación (en este enlace pueden ver el acta); sino que lo que está en discusión es la “Primera Convención Colectiva Única y Unitaria de Los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación“.

En efecto, el MPPE llevó como propuesta a la primera reunión formal, el cambio del término “unitaria” por “única” -tal como consta en el acta del 10 de noviembre (en este enlace pueden ver el acta de la reunión del 10/11)-, los gremios, obviamente no aceptaron, pero, en su lugar, apostaron por una especie de solución salomónica, que implicó la adopción de ambos términos, “Única y Unitaria”, tal como se aprecia en el texto del acta de la reunión del 12 de noviembre (en este enlace se puede ver el texto del acta 12/11)

Este denominación, “Primera Convención Colectiva Única y Unitaria de Los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación“, aunque puede parecer un asunto irrelevante de uso de palabras en un título, puede tener consecuencias no deseadas para los gremios, porque se trata de términos de diferente significado, no complementarios, uno de los cuales anula en la práctica al otro, por lo que ahora, de lo que se puede hablar es de la negociación de una convención única para todos los trabajadores del sector, dependientes del MPPE.

Al respecto, conversamos con Raquel Figueroa, quien es la Coordinadora Nacional del Movimiento de Educadores Simón RodríguezDirigente sindical de FENAPRODO-CPV, que nos expresó la preocupación de los gremios porque el hecho de que todos los trabajadores en un país o en un sector, como en este caso, sean titulares de los mismos derechos humanos, en el plano laboral, no implica la unificación del tratamiento contractual de los trabajadores de la educación, que puede tener como consecuencia, la no consideración ni de las necesidades específicas de los trabajadores de cada uno de los sectores y ni de las condiciones laborales que se desprenden de la naturaleza de las funciones que cumplen en el sistema educativo. (*) Este es un riesgo en desarrollo y se verá su alcance en la evolución de las negociaciones entre los gremios.

En la determinación de las partes, es importante señalar también que, en la reunión de instalación de las negociaciones, no quedaron registrados todos los que se reconocerían como participantes. De hecho, en la siguiente captura de pantalla, tomada del primer acta, se aprecia la inclusión de 16 organizaciones gremiales.

las partesY a partir de la primera reunión formal, aparece incorporada FETRAMAGISTERIO como parte, sumando un total de 17 organizaciones gremiales en esta negociación. (Captura de pantalla de la reunión del 10/11)

las partes 2

En este conjunto de organizaciones parte, son gremios docentes: FEV, FETRAENSEÑANZA, FETRASINED, FENAPRODO-CPV, FETRAMAGISTERIO, FVM, FESLEV-CLEV, FENATEV y SINAFUM y organizaciones de trabajadores no docentes, en algunos casos, organizaciones sindicales que tienen afiliados no exclusivamente del sector: SUNEP-ME, SIRTRAME, SNSEME, SNFPME, SINAEP-MECD, FETRAEDUCACIONALES,  FENOBOLMED y FENARBOTRASEP.

Pero como esta discusión es sobre las condiciones contractuales de los trabajadores de la educación, lo que se establezca en las mismas, puede afectar la realización del derecho a la educación de los estudiantes.

En tal sentido, es importante considerar, por ejemplo, que la calidad de los docentes constituye un aspecto clave en el logro de una educación de calidad en las escuelas, por lo que se espera que el sistema brinde las mejores condiciones de contratación y laborales, por una parte y exija una excelente formación inicial y en ejercicio, por la otra, para garantizar su mejor desempeño en la formación de los estudiantes. También se espera que, entre las condiciones laborales se puedan discutir aspectos como los que no han permitido establecer la extensión del calendario escolar, para que se pueda contar con 200 días de clase (días de clase no días de actividades escolares, que es diferente), que es una aspiración del país desde hace más 3 lustros.

Hasta el momento, la discusión se ha desarrollado en 4 reuniones, después de la de instalación y aún hay muchas cosas en debate. Sin embargo, ya se pueden señalar algunos aspectos controversiales sobre los que es necesario poner atención:

1. El primero de ellos es el uso del término corresponsabilidad en las definiciones iniciales del contrato. En la cláusula “Definiciones” se establece:

def trabajadores

Esa afirmación se reitera al final de la definición quinta, cuando dice que los trabajadores de la educación, junto con el ente rector, las familias y la comunidad, son “corresponsables” de garantizar el pleno goce del derecho a la educación.

En este caso, es importante aclarar que, términos de derechos humanos, el Estado tienen la obligación de garantizar el derecho una educación de calidad para todos. Esto se traduce, en cuanto a la educación obligatoria y gratuita, en términos de gestión del sistema y específicamente en la de las organizaciones educativas dependientes del ministerio, que son las directamente afectadas en la discusión de esta contratación, en la obligación de garantizar que las escuelas funcionen con las condiciones óptimas, lo que implica la obligación de garantizar condiciones laborales y contractuales óptimas para docentes, administrativos y obreros y de lograr que éstos tengan un óptimo desempeño en sus  funciones.

Pero la obligación de garantizar el derecho a la educación, no se puede transferir a los trabajadores de la educación aplicando el concepto de “corresponsabilidad” de los actores sociales establecido en la Constitución, como tampoco se puede transferir a los otro actores que forman parte de las comunidades educativas, como se pretende hacer al final de la definición quinta y como se pretendió hacer en el texto de la Resolución 58.

El desarrollo del concepto de “corresponsabilidad” está muy crudo en Venezuela y, hasta ahora, su aplicación, lejos de establecer un marco de apertura para la participación de los diversos sectores en el desarrollo del país, lamentablemente, ha sido utilizado como un descargo de responsabilidades por parte de las organizaciones gubernamentales, a las que corresponde directamente, la obligación de garantizar los derechos humanos.

2. El segundo aspecto que debe llamar nuestra atención, está también en el marco de las definiciones y se trata de la incorporación del uso de términos y concepciones que responden a la ideología del partido de gobierno, y que están en contra de lo que se establece en la Constitución.

En efecto, según la definición quinta, el trabajo es un proceso social “que tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista”

def trabajo

En la Constitución se establece que Venezuela es un país pluralista y en ninguna parte de su texto se declara, ni socialista, ni anti capitalista, así que por más que esas sean las concepciones que definen la posición política de los funcionarios que hoy ejercen el poder, en el ente rector, no pueden convertirse en elementos que determinen la relación laboral entre los trabajadores de ningún sector y el Estado. De hecho, tal como están escritas esas definiciones, no deberían ser aprobadas por no corresponder al modelo de país establecido en la Constitución.

Obviamente, a esta altura, más de uno pensará que esos términos están incluidos en el Plan de la Patria, pero un plan de la nación, que viola lo establecido en la Constitución, no puede convertirse en referencia para la definición de las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores.

3. En el mismo orden de ideas, el tercer aspecto al que debemos prestar atención, es la definición de organizaciones sindicales, incluida en este contrato. De acuerdo a la definición 4, los sindicatos no sólo son organizaciones para la defensa de los intereses de sus afiliados, sino que ahora tienen también como objeto “la defensa del pueblo, de la independencia y la soberanía nacional”

def sindicatos

Esta lógica, que también está incluida y desarrollada en el actual plan de la patria, pone de lado el concepto de ciudadanía, responde a una concepción “cívico-militar” de las personas y la sociedad, contradiciendo lo que se establece en la Constitución.

Las consecuencias de esa definición se pueden apreciar en dos cláusulas que fueron incluidas en la última reunión de la que tenemos información, la del 19 de noviembre. En ellas se establece:

  • que “se conviene en fomentar el fortalecimiento del sentimiento patriótico y la conciencia clasista”
  • fomentar “la conformación de cuerpos de combatientes estructurados en milicias de trabajadores y trabajadoras desde las sedes administrativas y planteles”. Estas milicias además de contribuir con la atención de la población en situaciones de desastres naturales, garantizarán “los servicios públicos fundamentales en caso de desestabilización, conflicto armado o sabotaje y participarán en la defensa de la Patria cuando las circunstancias así lo exijan”

seguridad y economía

Pero no conformes con lo establecido en esa cláusula, la siguiente, tal como se aprecia en la captura de pantalla precedente, compromete a las organizaciones sindicales a “impulsar la constitución de brigadas voluntarias” para participar en “el combate contra la guerra económica”, en estrecha colaboración con la SUNDDE.

La penetración del modelo político del partido de gobierno y de la lógica de guerra en las condiciones laborales de los trabajadores del sector educativo, además de ser contraria a lo que establece la Constitución vigente, le imprime un carácter diferente al que, por su naturaleza, debe tener el funcionamiento del sistema educativo y de la red de escuelas en el que se sustenta. Pero adicionalmente, los trabajadores de la educación tienen funciones específicas que ocupan, en la mayoría de los casos, mucho más que el tiempo de trabajo, que los términos del contrato le reconocen y remuneran, por lo que, es totalmente descabellado aumentar sus actividades y funciones, aunque éstas tuvieran alguna relación lógica con el trabajo para el que el Estado les contrata. Todo ésto afecta el derecho a la educación, específicamente el que se debe garantizar en el sistema de Educación Básica.

Por otra parte, en contradicción con el espíritu de la citada definición y de esas cláusulas, el texto aprobado hasta el momento, también se incluye una cláusula que declara a las escuelas “como Territorios de Paz”, con la que se establece como labor conjunta entre el ente rector y las organizaciones sindicales, la construcción de relaciones de respeto, la creación de consciencia y prevención de la violencia física y simbólica, evitar todo tipo de discriminación, valorar la diversidad cultural, entre otras, pero cuyo texto incluye el mantenimiento y la preservación de las estructuras e instalaciones educativas, como una de las primeras acciones en este ámbito.

territorios de paz

En este caso, es importante señalar que, asumiendo que el cuidado de las instalaciones debe formar parte de la cultura escolar e incluir a todos los miembros de las comunidades educativas, y que, entre las labores de trabajo de los obreros en las escuelas, se encuentran las de mantenimiento cotidiano y algunas de mantenimiento menor de las instalaciones, el mantenimiento de la infraestructura escolar, como programa en el ámbito de la gestión educativa, es responsabilidad del ente del cuál depende cada una de las escuelas que, a efectos de este contrato, coincide con el ente rector. Es por esa razón que la forma como está redactada esta parte de la cláusula, es peligrosa porque con ella puede estarse descargando nuevamente en las comunidades, la responsabilidad del ministerio sobre una de sus obligaciones,  y que, tal como ha sucedido con la Resolución 58, este descargo de responsabilidad no está acompañado de la transferencia de recursos que permite que las escuelas asuman las competencias que, en consecuencia y de manera velada, se les está transfiriendo, constituyéndose en una carga adicional que las comunidades no pueden afrontar.

En cuanto a las actividades relacionadas con la constitución de las escuelas como “Territorios de Paz”, queremos recalcar que ese propósito es inconsistente con lo señalado al inicio de este punto, porque no es posible construir  una cultura de paz, cimentada en una cultura de guerra.

Como se puede apreciar en lo reseñado hasta el momento, la discusión de esta contratación es de interés para todos los ciudadanos, más allá de los relacionados con el sector o los que pertenecen a los gremios de padres y estudiantes, por sus consecuencias potenciales, no sólo en las condiciones de contratación de los trabajadores del sector, sino por los cambios en la naturaleza de las actividades y funciones a desarrollarse en el sistema educativo, que pueden atentar contra la realización del derecho a la educación de los estudiantes.

Por ello invitamos a todos, a seguir este proceso. Para mantenerse al día con las discusiones, pueden visitar el Blog del Sindicato de los Trabajadores de la Educación del Estado Mérida SINDITEM (pueden encontrarlo en este enlace), quienes han estado publicando las actas que se suscriben en este proceso.

Nosotros estaremos atentos a los avances de esta negociación y continuaremos publicando sobre el tema.

(*)  En este enlace se puede ver la posición completa del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

 

 

 

Orientaciones Pedagógicas: ¡El detalle que faltaba!


Cuando, seguramente como todos, esperábamos que el MPPE, finalmente, publicara el Calendario Escolar 2015-2016 antes del inicio de actividades. Nos llegó por los caminos verdes, para variar, un documento titulado “Orientaciones Pedagógicas. Año Escolar 2015-2016” que consideramos es de interés general.

Indagando, pudimos conocer que este documento era del conocimiento, desde hace algunos días, de algunos docentes, específicamente los que participan en la formación de directivos en la plataforma web Araguaney, que es pertenece al Centro Nacional de Investigación y Formación del Magisterio Venezolano, adscrito al MPPE y también de los supervisores y algunos directores de escuelas, ya que fue enviado, por correo, al circuito de Zonas Educativas y Municipios Escolares, o al menos, que sepamos, a una parte de ellos.

Aquí les dejamos el índice, para que tengan idea de su contenido:

Y, para quienes quieran revisarlo con detalle, les dejamos este enlace para que lo puedan bajar: Orientaciones Pedagógicas. Año Escolar 2015-2016

Cuando terminemos de revisarlo, escribiremos los comentarios pertinentes y agradecemos, de antemano, los comentarios y observaciones que, los que lo revisen, quieran hacernos llegar, a través de la sección de comentarios, o directamente escribiendo al correo del Observatorio oevenezuela@gmail.com

Tiempos de maestros


El inicio de este año nos sorprendió con la publicación de una versión del calendario del año escolar 2014-2015 en la web del ministerio. Nos sorprendió, porque, como dijimos en la publicación anterior, fue extemporánea. En dicho calendario, para el mes de enero, se incluían 3 actividades relacionadas con la celebración del Día del Maestro.

Como es costumbre, estaba señalado el 15 de enero como el “Día del Maestro y la Maestra”, pero además, este año se incluyó un “Encuentro estadal de grupos culturales y estables del Magisterio” a celebrarse del 13 al 16 y un “Encuentro Deportivo del Magisterio” que debería tener lugar el fin de semana, es decir, 17 y 18 de enero.

Parecería que está de más decir que, para organizar la celebración del Día del Maestro y encuentros estadales y gremiales, se requiere una clara definición de objetivos, características y participantes y organización anticipada. Pero, en su lugar, fue el lunes 12 de enero pasadas las 3 de la tarde, cuando algunas escuelas recibieron la primera parte de las pautas para la organización de las actividades relacionadas con la celebración del Día del Maestro y el martes 13, en la mañana, cuando recibieron la segunda. (*) (**)

Las pautas incluyeron, en el primer correo:

  • El documento “Efemérides Hoy” correspondiente a la fecha.
  • El calendario en sus dos versiones (las que presentamos en la publicación pasada)
  • Y un formato, tipo calendario, para que la escuela reporte a la zona educativa correspondiente, la organización de actividades de “interculturalidad” que tiene pautadas para este mes.

Y en el segundo correo, las pautas específicas para la organización de las actividades de la semana.

Sobre estas pautas, creemos importante señalar lo siguiente:

1. En el documento “Efemérides Hoy” resalta el uso de la siguiente frase de Luis Beltrán Prieto Figueroa a modo de presentación:

Con esta frase, entre otras y en su momento, Prieto justificaba la necesidad de la figura del Estado Docente. Hoy, y desde hace muchas décadas, existe Estado Docente en Venezuela, sin embargo, en términos de la función formadora de los maestros, en el marco de un Estado democrático, pluralista y respetuoso de los Derechos Humanos, cabría preguntarse ¿cuál es el significado de una cita como esa, cuando el Estado Docente que tenemos, que se expresa a través de políticas públicas adelantadas por el MPPE, como las instrumentas para la contratación de docentes y en los contenidos y obligación del uso de la colección bicentenario, viola los principios consagrados en los artículos 102 (respeto a todas las corrientes de pensamiento) y 104 (exclusión de la injerencia partidista en la carrera docente) de la Constitución?

Pregunta que está enlazada con el segundo aspecto que queremos señalar.

2. En dicho texto hay una referencia a los resultados de la consulta:

En él es interesante observar que, salvando algunas referencias específicas como las menciones al “trabajo liberador” y al “desarrollo socioproductivo en su contexto”, los resultados de la consulta no aportan ninguna novedad a lo que el país ha expresado, por diversas vías, y desde hace muchos años, como expectativas con respecto a la profesión docente: mejores condiciones de contratación para los docentes y mejor formación. Y en este punto, es importante señalar que las mejores condiciones de contratación, no se restringen a la mejora de los “beneficios socioeconómicos”, sino que incluyen: un aumento considerable del salario, la reinstitucionalización de la carrera docente (discusión y aprobación de la Ley de Carrera Docente en deuda desde el 2010, restablecimiento de los concursos de ingreso y ascenso, instrumentación de un sistema de evaluación del desempeño y exclusión de la injerencia político-partidista tanto en la contratación de docentes, como en su evaluación y en la determinación de sus actividades profesionales y complementarias) y la ampliación de la jornada laboral, con los beneficios contractuales asociados (porque decir que el docente debe permanecer en la escuela la jornada completa y que eso no esté asociado a una modificación contractual que incluya el aumento en el salario correspondiente, es una declaración sólo retórica) y un sólido sistema de formación permanente (cabe resaltar que en diversas oportunidades también, se ha hecho énfasis en la necesidad de revisar tanto las opciones de formación inicial, como las estrategias y condiciones de formación en ejercicio).

3. El texto también contiene una breve reseña a Luisa Cáceres de Arismendi (suponemos que como apoyo a los maestros para la conmemoración del día 17)

4. Finalmente, las pautas propuestas para la celebración de las efemérides:

pautas de efemerides hoy

Obviamente, se requiere anticipación para poder instrumentar unas pautas de esta naturaleza que incluyen investigación, elaboración de galerías, identificación de personas en las comunidades con su cronograma de visitas respectivo y elaboración de mapas y exposiciones. Pero resulta imposible, si se reciben el lunes de la semana en la que deben desarrollarse. En este caso, ¿cuáles serán las pautas de los directivos y supervisores para evaluar el desempeño de los docentes? ¿cuáles las recomendaciones que harán en el acompañamiento?

El documento “Efemérides Hoy” completo lo pueden bajar aquí

4. Las pautas en el segundo correo, estaban dirigidas a los directores de zonas educativas e incluían una disculpa por el atraso en el envío. A continuación, les copiamos las pautas, tal cual como nos llegaron, para que puedan apreciar los detalles de su contenido:

“A propósito del Día del Maestro, proponemos una programación pautada durante una semana con el fin de valorar el trabajo del docente y el aporte que brinda diariamente en las escuelas, liceos y comunidades para cultivar  una cultura de paz.

Las y los docentes de todos los niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica serán las y los protagonistas de estas actividades, se estimulará la participación colectiva o individual, en la medida de sus capacidades y según sus intereses; no sólo como una forma agradable de pasar el tiempo libre, sino como la oportunidad para la integración de las y los docentes, para su motivación  personal y profesional y a su vez haciendo captación para la conformación de grupos estables y equipos deportivos magisteriales.

Las áreas creadoras que se desarrollarán  en el encuentro en cada una de las instancia serán: canto, danza, cejecución de instrumento, artes plásticas(Bidimensional: pintura, mural, afiche, Tridimensional: escultura, cerámica, artesanía), expresión oral (narración oral: cuentos leyenda, fabulas; declamación: coplas poesías y décimas),Artes Escénicas (teatro – títeres), gastronomía reflejando los platos típicos de la localidad.

No es necesario hacer grandes producciones artísticas para organizarnos y ejecutar un encuentro de saberes culturales hecho por las y los docentes de nuestras escuelas y liceos. En este sentido, sugerimos la concepción de unipersonales, duetos y tríos; en cualquiera de las instancias y en un evento sencillo podemos disfrutar de una maestro que cuente cuentos, dos que interpreten una pieza musical y un trío que armónicamente ejecuten sus instrumentos, considerando para cada uno un tiempo de participación y que el evento en general no sobrepase más de dos horas.

Las disciplinas deportivas y recreativas que se desarrollarán en el encuentro, son en su mayoría colectivas: juegos deportivos como el béisbol, softbol, kickingball, voleibol, baloncesto, bolas criollas, dominó; también otras como bailoterapia, juegos tradicionales, caminatas al aire libre y todas aquellas que le permitan a la y el docente realizar deporte  y  recrearse de manera sana.

El desarrollo de las actividades se ejecutará en el tiempo libre de las y los docentes, sin interrumpir la dinámica de clase, entre la semana del 12 al  18 de enero del 2015, según Calendario Escolar, incluyendo estas actividades en la programación respectiva de la Grilla Cultural y Deportiva. Las mismas podrán desarrollarse en espacios escénicos y deportivos de las instituciones educativas, en algún campo deportivo o simplemente utilizando los recursos ambientales que ofrece la propia naturaleza.

Los temas, en cada una de las actividades, deben ser principalmente de identidad nacional, latinoamericano y enmarcados en la Educación Bolivariana. La música en todos sus géneros y estilos; impulsar la danza tradicional venezolana local, regional y estadal. Los temas de las artes visuales sobre la cultura de paz y convivencia armoniosa. En el teatro se pueden interpretar monólogos u obras con pocos personajes con temas de gestas independentistas, igualmente en el arte de la narración oral, declamación, poesías, poesías, fábulas y leyendas, se pudiera aprovechar el tema ecológico, procurando que las producciones literarias sean inéditas o de autores venezolanos o latinoamericanos.

Se sugiere promocionar y difundir la actividad a través de los medios de comunicación e información, también tomar registros fotográficos para la sistematización y la presentación del informe. Después de cada evento y en colectivo se realizará evaluación cualitativa entre las y los participantes o involucrados en el proceso de producción.

Les invito a que nuevamente aunemos esfuerzo para el encuentro con los demás entes e instituciones, a modo de tener una producción sencilla, pero digna; que nuestras maestras y maestros se sienta agradados, atendidos y estimulados. Comenzando por certificar su labor como docentes de cultura y educación física para la Educación Bolivariana. En segundo lugar, para que cada actividad esté acompañada de un programa de mano donde aparezcan los créditos de su participación, asegurándole un público en la que pudieran participar las y los estudiantes disfrutando del trabajo de sus maestras y maestros. Por otra parte, es necesario considerar el tema de la hidratación y refrigerio para los mismos.

Se sugiere entregar una certificación a cada una las y los docentes, por la labor alcanzada en cada encuentro cultural y deportivo, por haber promovido el desarrollo cultural los fines de semanas en las Grillas, por impulsar los equipos y clubes deportivos, o por dirigir los grupos estables con trabajo permanente en su comunidad. La misma debe llevar firma y sello de las y los directores, coordinadores o jefes de parroquia, jefas y jefes de zonas educativa, según cada instancia de participación”

Nos llamaron la atención las frases, en el segundo y en sexto párrafo: “no sólo como una forma agradable de pasar el tiempo libre” y “El desarrollo de las actividades se ejecutará en el tiempo libre de las y los docentes, sin interrumpir la dinámica de clase, entre la semana del 12 al  18 de enero del 2015”, por lo que nos preguntamos ¿a cuál tiempo libre hace referencia el MPPE?, ya que, es de conocimiento general que los docentes, que el horario de trabajo de los docentes no cuenta con las horas suficientes para que éstos realicen todas las actividades que corresponder a su desempeño profesional, que, a duras penas, pueden dar sus clases y que buena parte de la planificación y la corrección de evaluaciones la tienen que hacer fuera de la escuela, en el tiempo en que les correspondería descansar y desarrollar actividades propias de su vida familiar.

Creemos que estas pautas no se construyen a partir de lo que todos sabemos es la dinámica cotidiana del trabajo de los docentes y éste no es un detalle irrelevante al que puede pasársele por encima, especialmente, cuando se espera, con ellas, mejorar la calidad de la educación en las escuelas. El tiempo, en el ejercicio profesional de los docentes, no es ni puede tratarse como un dato al margen o como algo totalmente maleable.

En este marco, cabe recordar que, a inicios del año escolar, entre las pautas que el MPPE envió a las escuelas, las denominadas “orientaciones” de la 1 a la 7, se relacionaban con la formación y la investigación docente.

En estas “orientaciones” se “establecieron” grupos, programas, módulos y líneas de “investigación y formación” en las escuelas, más intercambios, debates, congresos y publicaciones; todo ello sin aumentar las horas de dedicación de los profesionales de la educación al cumplimiento de sus tareas y funciones. En su lugar, se propone la creación del “Sábado Pedagógico” para el desarrollo de una parte de estos planes de trabajo de investigación y formación, pero sin modificar de ninguna manera, los términos de la contratación de los docentes. ¿Cómo se espera que funcione efectivamente este programa?

Por cierto, los congresos tienen su cronograma, aunque sus fechas no están recogidas en el Calendario Escolar 2014-2015 publicado por el MPPE. Aquí el cronograma:

De las 57 “orientaciones” (***) de inicio de año escolar, desarrolladas en 37 páginas, 7 (en 9 páginas) corresponden a este componente de investigación y formación. Se espera entonces que los profesionales de la educación cambien su dinámica de trabajo, incorporen, entre otras, las actividades de investigación y formación mencionadas, estén la jornada completa en las escuelas y que adicionalmente empleen los denominados “Sábados Pedagógicos” para desarrollar una parte de la amplia cantidad de actividades que incluye este programa de “investigación y formación”, pero todo ello partiendo del supuesto de que los docentes utilicen su “tiempo libre” y que no es necesaria una revisión a fondo de sus términos de contratación y su tiempo de dedicación en las escuelas.

El tiempo de los docentes debe convertirse obligatoriamente en un dato de la ecuación a la hora de diseño de las políticas públicas y de las pautas enviadas por el MPPE, como órgano Rector del Estado Docente, a las escuelas. Es cuestión de respeto a la profesión.

(*) Aunque no tenemos noticias que nos indiquen que no fue general, esperamos que esto haya ocurrido solamente en algunas zonas educativas del país y que otras escuelas hayan recibido estas pautas, al menos, la semana previa, que era la que estaba pautada, según el calendario y las declaraciones de algunos voceros del ministerio, como la del inicio de clases en enero

(**) Sobre el “Encuentro Deportivo del Magisterio” la única pauta previa, se encontraba en la compilación de “orientaciones” enviada a las escuelas en las primeras semanas del año escolar y no contenía muchos detalles. A continuación, pueden apreciar su contenido:

 

(***) El documento con las 57 orientaciones se puede bajar aquí

El nuevo año escolar arranca ¿el 15 o el 16? (7 anuncios y la hipótesis 2014-2015)


¿15 o 16?

De acuerdo a las reseñas de prensa, el Ministro de Educación anunció que el año escolar 2014-2015, se iniciaría este 15 de septiembre, aunque, algunos medios, como el diario Ultimas Noticias, reseñó el contenido de un tuit de la cuenta del ministro que decía “Convocamos a las madres, padres y estudiantes para el 16 de septiembre cuando iniciaremos las clases en todas las escuelas y liceos del país” (Detalles en reseña de Ultimas Noticias)

El anuncio inicial, fue respondido por un representante del Colegio de Profesores de Venezuela, Frank Andrade, quién aclaró que de acuerdo a lo establecido en las normas y la contratación vigente, los docentes deben incorporarse el 16 de septiembre (Detalle en reseña de El Universal)

Muchos directivos de escuelas privadas y algunas autoridades regionales, como es el caso de Loengry Matheus, Autoridad Única del Estado Trujillo, coinciden con el representante del Colegio de Profesores, en hacer el llamado a iniciar las clases el martes 16 (Detalles en la reseña del Diario de Los Andes)

Esperamos que, en el transcurso de hoy viernes, se precise si los niños y jóvenes deben presentarse en las escuelas el lunes 15 o el martes 16.

Promesas de inicio de año escolar

El anuncio recogido por los diversos medios, ha estado acompañado con información específica sobre el número de planteles nuevos que serán inaugurados el 15 de septiembre, así como sobre el pago del porcentaje de aumento salarial de los docentes que está previsto para esta fecha y de los elementos de la canasta educativa que se entregarán a estudiantes y esta vez, también a los maestros.

Veamos algunos detalles y ofertas asociadas con el anuncio:

1. Unas reseñas recogen la oferta del ministro, de inaugurar 85 planteles en zonas rurales y urbanas del territorio nacional con el inicio del año escolar, aunque, en otras se menciona la construcción e inauguración de 113 nuevos planteles. Podríamos asumir que se trata de la confusión natural de la información que se da cuando se reseñan diversas declaraciones por distintos medios y hasta podríamos interpretar que, en efecto, el ministerio construye 113 planteles nuevos, pero que sólo 85 serán inaugurados el lunes 15.

Dados los antecedentes de los últimos años, es importante verificar que todo lo que se ofrece se cumpla efectivamente, ya que tenemos varios años en los que el ejecutivo ofrece construir una cantidad de escuelas, pero al momento de la inauguración ofrecida, o del cierre del año fiscal, se registra en la memoria y cuenta, un número que difícilmente, alcanza al 10 % de lo anunciado.

Además, lo correcto y transparente por parte del ministerio, es publicar un listado con las nuevas escuelas, que tenga la siguiente información para que sea de conocimiento y fácil verificación por cualquier ciudadano:

  • Nombre y dirección de cada escuela.
  • Fecha de inicio y culminación de la construcción.
  • Fecha en que se inicia la inscripción de los estudiantes.
  • Fecha de inauguración y entrega a la comunidad educativa.
  • Proyecto con los montos, el asignado y el ejecutado.
  • Ente que coordinó la construcción, con los contratistas encargados de cada fase.
  • Características de la oferta educativa en cada caso, es decir, niveles que atenderá, grados, años y cantidad de niños que atenderá en cada uno.
  • Nómina de empleados, esto es, directivos, docentes y trabajadores administrativos y obreros con nombre y cédula de identidad.
  • Espacios y servicios incluidos, es decir, si tiene biblioteca, sala con equipos de computación, canchas deportivas, el Programa de Alimentación Escolar, por ejemplo.

La publicación de los detalles de los proyectos de las nuevas escuelas, es parte del acceso a la información que debe garantizar el Estado y en otros países se hace con detalles similares a los que sugerimos. (Para quienes quieran conocer un buen ejemplo, les invitamos a visitar el portal del Programa Nacional Más Escuelas de Argentina que incluye información hasta de los procesos de licitación y los planos de las escuelas a construir)

Pero adicional a la información sobre las 113 nuevas escuelas, es importante que el ministerio formule y presente al país, un plan de ampliación de la planta escolar a mediano plazo, que permita saber cómo, cuándo y dónde se van a construir los planteles que se necesitan para garantizar que todos los habitantes del país, en edad escolar, tengan cupo en una escuela cercana y puedan cursar toda la educación básica, desde inicial, hasta quinto o sexto año de educación media. Ese plan de ampliación debe estar asociado a un presupuesto previamente comprometido, por el tiempo estimado para su ejecución y que sea aprobado como presupuesto programa en la Asamblea Nacional.

2. Otra parte de los anuncios está relacionada con el mantenimiento y la recuperación de los planteles existentes. En este caso, encontramos algunas reseñas que mencionan 14.000 instituciones que son rehabilitadas por el Gobierno Nacional desde el mes de marzo pasado, y otras que hablan de la recuperación de 6.400 en todo el país. Esta confusión de cifras, también se resuelve con la publicación de un listado que serviría, además, para que las comunidades educativas, hagan contraloría a las obras de mantenimiento que financia el Estado. En este caso, el listado debería contener la siguiente información:

  • Nombre y dirección de cada escuela.
  • Fecha de inicio y culminación de las obras.
  • Tipo de mantenimiento que se realizó, si se trató de mantenimiento menor, si incluyó reparaciones mayores o si hubo ampliación o construcción de nuevas aulas.
  • Proyecto con el tipo de mantenimiento que se realizó y con los montos, asignado y ejecutado.
  • Ente que coordinó la reparación, con los contratistas en cada fase.
  • Características de la oferta educativa que tiene ahora y se ésta se modificó, en el caso de las ampliaciones, cuál fue la modificación.

Así como en el caso de la ampliación de la planta escolar, el mantenimiento debe tener un plan preciso, con una operación previamente establecida y conocida por todos, porque, si bien, hay acciones de mantenimiento y reparación producto de imprevistos, hay actividades recurrentes, por tipo de mantenimiento.

Todas las actividades de mantenimiento, dependiendo de su tipo, tienen una frecuencia y un costo estimado que deben estar previstos en una planificación, con su operación diseñada y una partida asignada con anticipación, para garantizar que esa actividad, que es vital para el funcionamiento del sistema educativo, no pase a depender de la aprobación de créditos adicionales o de la organización de operativos como los que se acostumbra en esta gestión, del tipo “una gota de amor” para las escuelas o “una escuela por municipio” cada fin de semana. La planificación de los diversos tipos de mantenimiento, además de permitir contar con los recursos previamente aprobados y comprometidos, facilita que las escuelas puedan prepararse para resolver la logística de funcionamiento mientras se realizan, por ejemplo, las actividades de mantenimiento mayor que incluyen actividades como impermeabilización de techos y deben tener una frecuencia de 5 años.

3. También encontramos entre las reseñas, el anuncio del pago del 15 % del aumento del salario a los docentes que, aunque en algunos medios se presentaba como el anuncio de un nuevo beneficio, se trata del porcentaje que corresponde a estas fechas y que fue acordado al momento de la firma del último contrato colectivo. El que forme parte de un compromiso previo, no implica que no pueda considerarse muy bajo o insuficiente en este momento, por una parte, porque cuando se suscribió el contrato, varios gremios expresaron que el porcentaje de aumento total era insuficiente si se comparaba con el incremento del costo de vida acumulado desde la firma del contrato anterior y por la otra, porque el incremento del costo de la vida en los últimos meses supera con creces el monto total acordado, mucho más el porcentaje correspondiente a estas fechas.

En este caso, creemos que es importante atender las solicitudes de los docentes para que se revisen de nuevo los montos de los salarios, pero además, creemos importante que, asociado a ello, haya una discusión más profunda de los términos de contratación de los docentes que implique la ampliación del tiempo disponible para realizar todas las actividades asociadas con su ejercicio profesional, de manera que, ellos no tengan que llevarse trabajo para realizarlo en las horas que deberían dedicarse a descansar y a compartir con sus familias, ni se vean obligados a buscar trabajos adicionales para completar sus ingresos.

4. Dotación de los textos de la Colección Bicentenaria y Canaimas, fue otro de los temas que encontramos en las reseñas. En este tema nos preguntamos dos tipos de cosas:

  • ¿los 30 millones de libros que se espera entregar al inicio de año escolar, son los mismos que se entregaron el año escolar pasado o el ministerio, de acuerdo a la voluntad expresada por el Ministro, cuando recibió las observaciones hechas por diversos profesionales que evaluaron los textos, revisó y corrigió los problemas y deficiencias denunciadas? Si no los corrigió ¿fue por falta de tiempo para hacer una nueva edición o porque consideró que no eran problemas y deficiencias que debían corregirse? y si fue por falta de tiempo para hacer una nueva edición ¿cuál es la estrategia y las pautas de trabajo que se suministrarán a los docentes para que puedan manejar en el trabajo con los estudiantes, los problemas y deficiencias de los textos? Nos hacemos preguntas similares con respecto a los contenidos de las Canaimas que también han sido reseñados críticamente por algunos profesionales.
  • ¿cuánto está costando al Estado la dotación de los textos de la Colección Bicentenaria y las Canaimas a los estudiantes y cómo se ha ejecutado esa inversión? Como en el caso de la construcción de las escuelas, la producción e impresión de los textos de la Colección Bicentenaria y y la compra y programación de las Canaimas tienen costos asociados, entes encargados de la ejecución de los correspondientes proyectos y, sin incluir a los profesionales que elaboran los libros o programan las aplicaciones y contenidos, empresas a las que se les contrata la impresión de los textos  y productoras o comercializadoras de equipos a las que se les compran las Canaimas. En este caso, también es importante que el ministerio publique un listado en el que informe al país, por ejemplo, cuales fueron las imprentas que trabajaron en la impresión de los textos, diciendo qué libros y cuál tiraje correspondió a cada una, en qué fecha recibieron el material, cuándo les corresponde entregar o cuando entregaron y cuál fue el monto aprobado y ejecutado para cada una. Para las computadoras Canaimas, el listado debería incluir las empresas, el costo por unidad, las características de las computadoras, la cantidad comprada a cada empresa, con los montos asignados y ejecutados respectivos.

Por cierto, que una excelente noticia en este marco, es que se tiene prevista la entrega de computadoras fijas a las escuelas para apoyar los procesos administrativos y también que se comenzará la entrega de Canaimas a los docentes, ambas deudas del ministerio con las escuelas, y que en el caso de los docentes los dejaba relegados como beneficiarios de esta política, dificultando su trabajo profesional, ya que sin contar con equipos, poco podían orientar la formación de los estudiantes en su uso. Sin embargo, la compra y entrega de ambos tipos de equipos debe ser presentada al país con la misma información que se sugiere en el caso de las Canaimas para estudiantes, ya que, el propósito común es brindar transparencia en la gestión pública.

En todos los casos, la información sobre la compra e impresión, debe estar acompañada por un cronograma de entrega en las escuelas para que las comunidades puedan estar pendientes y hacer las labores de contraloría social correspondientes.

5. Un quinto anuncio reseñado con motivo del próximo comienzo del año escolar, fue el inicio de un sistema nacional de formación de maestros que estará a cargo de 400 instituciones académicas en todo el país y que se desarrollará con diversas modalidades que incluye acompañamiento en aula y realización de congresos pedagógicos en diversos niveles. (Detalles en reseña de Noticias 24) Este anuncio fue reseñado de dos maneras, por lo que sería de gran ayuda para el país, los docentes y las comunidades educativas en las que trabajan, que se publicaran los detalles de la programación de este nuevo sistema nacional de formación y se definiera si algunas de sus actividades van a coincidir con las clases, para que cada escuela pueda tomar previsiones y contar con suplentes en los momentos del año escolar en los que ésto suceda. También sería muy importante que se coordinara con los docentes la dedicación adicional que requerirán para atender las actividades de esta modalidad de formación, dadas las limitaciones de tiempo que ya tienen para realizar su trabajo profesional cotidiano.

Pero en las reseñas de esa política, nos llamó la atención la siguiente referencia a las palabras del ministro “Insistió en que la educación hay que pensarla en función de “la sociedad y el país que queremos”, e hizo un llamado a aplicar políticas de seguimiento de cuadros, con el objetivo de supervisar a los docentes”. (Ver reseña en Ultimas Noticias) Nos llamó la atención porque a nivel mundial, en educación, desde hace unas décadas se vienen adelantado esfuerzos para que la supervisión en las escuelas, se transforme en un proceso de acompañamiento de la labor de los docentes y hablar de ese proceso, como uno en el que se apliquen “políticas de seguimiento de cuadros” rompe con el espíritu del acompañamiento de la labor educativa y lo lleva a la lógica de la formación que es propia de las estructuras partidistas. Obviamente, esto puede ser un problema de interpretación de quién transcribió la noticia o de expresión del ministro quién ya sabemos, ha dejado claro en diversos escenarios que es y se considera un político, pero para que el sistema educativo se cure en salud y los Jefes de Zona y supervisores tengan claro el tipo de trabajo que se espera realicen en las escuelas, sería conveniente que el ministerio publique su concepto, políticas y estrategias de supervisión y deje claro se existe alguna modificación a la normativa vigente que rige a esa función, para que sea del conocimiento de todos.

6. Entre las cosas que reseñaron los medios hasta el momento, como era de esperarse, hubo una mención general a los resultados de la consulta para la calidad educativa. Al respecto, las reseñas dicen que el ministro afirmó que en el proceso participaron más de 7 millones de personas y que los resultados de la sistematización se estarían entregando este mes. La oferta de entrega este mes, coincide con lo anunciado al principio del proceso en el calendario presentado.

Sin embargo, hay dos cosas que es importante recordar: la primera es que la participación no se puede contabilizar ni por la matrícula de las escuelas participantes, ni por el número de personas que firmaron asistencia en los encuentros municipales, regionales y nacionales, porque, no todos los estudiantes, representantes, docentes y demás trabajadores de las escuelas expresaron su opinión en el proceso y porque asistir a un encuentro, tipo congreso científico en el que se escuchan ponencias y no hay espacios para construir acuerdos de forma participativa, no se puede considerar una participación efectiva. Lo que si se puede, es asumir como un proceso con una alta asistencia de personas.

La segunda cosa a recordar, es la más importante. Tal como pudimos conocer, en las escuelas se dieron procesos diferentes para recoger la opinión de los miembros de sus comunidades, se trató de procesos que no eran compatibles metológicamente a la hora de sistematizar los resultados. Esa situación y la diversidad de insumos obtenidos a lo largo del proceso, hacían de la sistematización una tarea bastante compleja y difícil que requería de procesos y criterios técnicos muy bien diseñados para poder desarrollarse con el “rigor científico” que se anunció que tendría ese proceso. Por esa razón y por diversos medios, solicitamos conocer el procedimiento y los criterios que se utilizarían para realizar la sistematización de la información obtenida en la consulta. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta a esa solicitud. Aún esperamos la información y consideramos que hacerla pública favorecería el proceso de validación y las etapas de diseño de políticas públicas que se desarrollen posteriormente con sus resultados.

7. Finalmente, no podemos dejar de mencionar otra de las ofertas reseñadas en un par de medios: la realización de un chequeo médico gratuito para todos los estudiantes del país, específicamente los del sistema público, en coordinación con el Ministerio de la Salud. En este caso, la oferta incluye también a los estudiantes no solamente de educación básica, sino también a los del subsistema de educación universitaria. (Ver nota de Ultimas Noticias). El anuncio indica que, a pesar de que parece que se inicia junto con el año escolar, no se hará en un solo momento, lo cual es además lógico dada la cantidad de niños y jóvenes en el sistema educativo. Se espera que, por el volumen, lo novedoso de la oferta y lo delicado del proceso, se anuncien los detalles con un cronograma indicando cuando se realizará el chequeo en cada escuela y en qué consistirá, para que las familias decidan si acompañan o no a los niños y jóvenes al momento del chequeo, como es tanto su deber, como su derecho.

Hipótesis de calendario para el año escolar 2014-2015

Como parece que se va a convertir en costumbre, en lugar del calendario escolar con todos sus detalles, a esta altura sólo conocemos el día en el que se tiene previsto el inicio de clases. Bueno, lo conocemos, pero con la duda expresada al inicio de este texto. Así que con base al calendario del año pasado, tomando en consideración las pautas tradicionales para la planificación mensual y las actividades de cierre de lapso, más los feriados oficiales y los no feriados no laborales, tenemos 319 0 320 días en total, que incluyen 90 días feriados correspondientes a los fines de semana, 13 días feriados que caen entre semana y 12 días no feriados, pero que tradicionalmente son no laborables en el sector educativo, lo que nos da un total de 115 días no laborables y 204 (205) días hábiles para actividades escolares.

Estos 204 (205) días se distribuyen de la siguiente manera:

gráfico de torta 201415

Que sean 204 o 205 días, dependerá de si las clases inician efectivamente el lunes 15 o lo hacen el martes 16. No obstante, cabe resaltar que, como el año pasado, en nuestra hipótesis de calendario, incluyendo los feriados oficiales y también los no feriados que se toman como no laborales tradicionalmente en educación, tenemos, al menos 204 días hábiles de actividades escolares, en lugar de los 200 que estipula el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación. Es importante que se aprovechen los 204, porque de ellos, sólo tendremos 155 efectivamente de clases. El resto, si bien son de actividades que en su mayoría incluyen a los estudiantes e implican aprendizaje, son actividades complementarias y lo ideal sería tener los 200 días de clases, tal como se enunciaba el artículo 49 al momento de su discusión en la Asamblea Nacional.

Con esa distribución de actividades, nuestra hipótesis de calendario queda de la siguiente manera:

 

Toca ahora esperar por la versión oficial del ministerio, para hacer los ajustes pertinentes, pero también apostar a que no se produzcan fallas en el suministro del PAE, en el suministro de electricidad o en el de agua, que acorten la jornada diaria de clases o que hagan que se pierda el día completo de clases, como ha sucedido con frecuencia en años anteriores.

Tu información cuenta

Como ya debes saber, iniciar el año escolar no significa anunciar un día de inicio, abrir las escuelas, recibir a los estudiantes y arrancar.

Como todos los años, antes de arrancar de lleno las clases deben realizarse una serie de actividades que permitan que las escuelas estén en óptimas condiciones y que las actividades escolares estén programadas con anticipación. Esto significa que los trabajos de mantenimiento deben haberse realizado previamente y estén terminados el domingo 14, a más tardar; que el mobiliario, los equipos y los materiales necesarios, tanto para el desarrollo de las clases, como para el de las actividades administrativas y también las de mantenimiento diario (limpieza), estén disponibles; que los directivos y los docentes estén organizados y preparados para arrancar las actividades de enseñanza con los estudiantes ese día, lo que incluye la planificación anual del trabajo por parte de todos ellos; que la nómina docente esté completa; que, en aquellas escuelas que cuenten con programas de alimentación, el espacio y los equipos necesarios para la preparación de las comidas estén en óptimas condiciones, la organización para la elaboración y servicio esté preparada y ajustada y que el personal que se encargará de ello esté contactado y completo.

El lunes, o el martes a más tardar, estudiantes, docentes, directivos y empleados administrativos y obreros se darán cita en cada escuela y verificarán en la práctica si cada una se encuentra en condiciones óptimas para el inicio de actividades. En la mayoría de los casos, los directivos y algunos docentes y representantes, se han dado cita previamente, para garantizar que las escuelas se encuentren en condiciones. ¿Es el caso de la tuya?

Para cerrar esta publicación sobre el inicio del año escolar, queremos solicitar tu colaboración suministrando algunos datos sobre cómo encontraste tu escuela. Para ello, elaboramos un formulario muy sencillo que puedes llenar en línea. Participar es muy sencillo:

1. Revisa el formato que encontrarás en este enlace: formulario

2. Cuando estés en tu escuela, recoge la información.

3. Llena el formulario en línea, a través del mismo enlace.

4. Una vez que termines el reporte, pulsa el botón enviar para que nos llegue la información sobre tu escuela.

Si quieres agregar fotos o realizar un registro más detallado, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oevenezuela@gmail.com

Tu aporte voluntario nos permitirá obtener datos de las escuelas de todo el país.

Ayúdanos también difundiendo el formulario entre tus conocidos de otras escuelas.

Muchas gracias por tu participación.

 

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