Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Por fin tenemos calendario para el año escolar 2017-2018, pero sin proceso electoral


El año escolar 2017-2018 inició oficialmente, el pasado lunes 18 de septiembre para educación inicial y primaria.  Como en años anteriores, el calendario no fue enviado a las escuelas con la debida anticipación.

Es importante recordar que, para que las escuelas y los docentes puedan hacer una adecuada y oportuna planificación, individual, coordinada y en equipo, el calendario escolar debería ser enviado a los planteles antes de la culminación del año escolar precedente, para que se puedan aprovechar los días y las reuniones de cierre de actividades, en tareas relativas a dicha planificación.

También es importante recordar que año escolar pasado, se perdieron 2 semanas de actividades, violando lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación, para que el Plan República tomara las escuelas por la realización de un proceso electoral el último día de julio. Esto significa que, las actividades de cierre del año escolar 2016-2017, fueron seriamente afectadas, lo que tuvo consecuencias, además de en la disminución de los días de clase para los estudiantes, en las jornadas de planificación de los directivos y docentes y en las jornadas de inscripción.

En ese contexto, se esperaría que el MPP para la Educación, hubiese tomado previsiones y tuviera no solamente listo y enviado a las escuelas el calendario durante el período vacacional, sino que éste incluyera previsiones para solventar los problemas derivados de la pérdida de dos semanas del año escolar anterior.

No obstante, eso no fue así y en su lugar, para este año escolar, se dio la siguiente secuencia:

  1. El ministro anunció, a finales de agosto, solamente las acostumbradas dos fechas de inicio del nuevo año escolar.
  2. El ministerio envió, desde las zonas educativas a las escuelas, un cronograma de trabajo para la primera semana, en algunos casos el sábado 16 de septiembre y en otros, el mismo lunes 18 en la madrugada, lo que hace imposible una planificación adecuada.
  3. Hoy 21 de septiembre, se publica en la página web del MPPE el calendario.

A continuación, presentamos el cronograma de trabajo (capturas de pantalla del documento enviado por el MPPE a las escuelas) para el inicio del año escolar. Es oportuno resaltar que en su presentación dice que se trata de la “Fiesta Escolar 2017-2018”, que el cronograma está organizado en torno a “consignas” y que hay actividades enmarcadas en la “constituyente” que, como se ha dicho anteriormente, es un proceso que se desarrolla, a pesar de que viola lo establecido en la Constitución, por lo que, incorporarlo como parte del marco en el que se desarrollan las actividades del sistema educativo, puede generar confusión en los estudiantes sobre lo que significa el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución vigente.

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Este cronograma, fue elaborado el 14 de septiembre, tal como se aprecia en las propiedades del documento.

propiedades documento semana 1

Fuente: Captura de pantalla del documento

Sobre el calendario escolar, publicado hoy, cabe mencionar que esta versión fue elaborada por el ministerio ayer 20 de septiembre, tal como se aprecia también en las propiedades del documento.

propiedades de calendario

Fuente: Captura del pantalla del documento

En cuanto al contenido, como ya es costumbre, incluye las efemérides que el ministerio establece que se deben considerar para su conmemoración en las escuelas y las fechas de algunas de las actividades administrativas y complementarias, para el desarrollo del año escolar. Sin embargo, el proceso electoral del 15 de octubre no fue incluido. En efecto, éste no se menciona, ni se indican los días que se suspenderán las clases por la toma de las escuelas que hace el Plan República en ese marco.

Imagen8

Fuente: MPPE, Calendario 2017-2018 (captura de pantalla del documento publicado en la web del MPPE)

Por otra parte, por los enunciados de algunas de las actividades del calendario, se espera que las escuelas reciban, en estos días, un documento con las “orientaciones” para el desarrollo del año escolar, como ha sucedido en los años escolares precedentes (incluyendo el retraso en el envío a las escuelas) y dados los antecedentes del año escolar pasado, estamos revisando con detalle el contenido, incluyente las efemérides y publicaremos los hallazgos próximamente.

Así luce el calendario escolar de este año. Si lo quieres bajar completo, ve a la página del ministerio o bájalo allí, desde este enlace.

calendario

Fuente: Página web del MPPE (Captura de pantalla)

Con respecto a los días de actividades escolares y los días de clase, elaboramos la acostumbrada hipótesis, que ajustaremos cuando terminemos de revisar el calendario, junto con las “orientaciones” que, como dijimos, esperamos que lleguen en estos días a las escuelas.

Mientras llegan dichas orientaciones, les adelantamos que para este año encontramos que, entre el 18 de septiembre del 2017 y el 31 de julio de 2018  (ambos incluidos), hay 324 días (46 semanas completas, más los dos últimos días del mes de julio). Éstos, excluyendo los días feriados, los días de receso no feriado (días en los que por decisión del MPPE no hay clases a pesar de no ser feriados, estos incluyen las vacaciones de diciembre y los 3 primeros días de Semana Santa) y las elecciones, dan un total de 201 días aprovechables para el desarrollo de actividades escolares, lo que permitiría, con un día de margen, cumplir con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación, dado que, para éste período, varias de las efemérides caen fines de semana.

Sin embargo, tomando en consideración las actividades administrativas y de planificación que son complementarias y vitales para el desarrollo de procesos de enseñanza con calidad, los días de clase, no pasarían de 149, lo que implica que, sigue siendo importante hacer una revisión del calendario escolar.

A continuación se presenta la distribución de los días de ese período, de acuerdo a su denominación y a las actividades escolares que se estila desarrollar.

distribución

Fuente: Elaboración propia.

leyenda

Nótese que en el cálculo de los días en el que las escuelas no tendrán actividades por la realización de las elecciones, se toma como referencia lo dicho por el ministro en sus declaraciones, de acuerdo a una nota de prensa publicada en el portal del MPPE y cuya cita se presenta, como captura de pantalla, a continuación:

5 días de elecciones Fuente: Página web del MPPE (Captura de pantalla de nota de prensa)

Finalmente, les presentamos la hipótesis día a día, para que se pueda apreciar la distribución de las actividades esperada, a lo largo del año escolar.Imagen2Es importante resaltar que algunas de las fechas de las actividades de planificación y complementarias a las clases, pueden variar por escuela y pueden realizarse en fechas diferentes a las que indicamos en esta hipótesis, pero la cantidad de días destinados para ellas, debería mantenerse dados los antecedentes de funcionamiento del sistema escolar.

Como se puede observar de la información con la que se cuenta hasta ahora, en términos de Calendario de actividades, el año escolar 2017-2018 está arrancando con deficiencias, en primer lugar, porque el calendario no fue enviado con suficiente anticipación a las escuelas, como para que éstas pudieran ajustar su planificación con tiempo; en segundo lugar, porque las actividades estipuladas para la primera semana, llegaron a las escuelas también muy tarde como para poder planificarlas adecuadamente; y en tercer lugar, porque hay información importante relacionada con el calendario, con la que aún no cuentan las escuelas, como cuáles y cuántos serán los días de clases que se perderán por el proceso de elecciones de gobernadores en octubre, y de qué se tratan y qué recursos y planificación requerirán varias de las actividades que, de acuerdo a lo señalado en el calendario, se esperan desarrollar en las escuelas durante este año 2017-2018. 

 

¿Crees que Venezuela pase el examen?


Hoy 1 de noviembre, a entre las 4 y las 7.30 am, hora de Venezuela, el Estado venezolano rinde examen ante Naciones Unidas. Se trata del Examen Periódico Universal (EPU) que los Estados presentan ante sus pares, cada cuatro años.

El primer ciclo de Venezuela se realizó en 2011, por lo que este será el segundo ciclo.

De acuerdo a la lógica empleada, el Estado, en esta oportunidad, deberá dar cuenta sobre cómo ha adoptado las recomendaciones hechas por los otros Estados en el primer ciclo, así como los avances que, en materia de garantía de los derechos humanos, ha logrado desde entonces.

Al ser el EPU un examen universal, trata todos los derechos humanos, por tanto, incluye el derecho a la educación.

En el informe presentado por el Estado para este segundo ciclo, la sección sobre educación, dice lo siguiente:

“68. En Venezuela, el 82% de las escuelas son públicas, gratuitas y de calidad, con participación del gobierno central, estatal y municipal. Para el año escolar 2014–2015, Venezuela tuvo una cobertura de estudiantes de 3 a 16 años en todos sus niveles y modalidades del 89,3%; y en la enseñanza primaria del 93%; con índices de paridad de género en todos los niveles educativos.

69. Desde 2013 se destina al Sub-sistema de Educación Básica más del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), (2013: 4,14%; 2014: 4,39%; y 2015: 4,03%). Dicho porcentaje sumado a lo destinado en Educación Universitaria, supera el 6% del PIB que recomienda la UNESCO en educación.

70. Hasta el año 2015, los programas educativos Robinson I y II han alfabetizado a 2.838.079 personas, que en promedio tienen 55 años de edad, en su mayoría mujeres (58%); la Misión Ribas10 ha formado 1.000.766 personas; y la Misión Sucre11 ha graduado 417.796 estudiantes.

71. Se han entregado de manera gratuita, 100.000 libros escolares a estudiantes de educación básica12. Estos libros son adaptados a la lengua y cultura de las comunidades indígenas. Hasta el primer trimestre de 2016, se han distribuido más de 4.500.000 computadoras portátiles “Canaimitas”13 con una inversión de aproximadamente 1.500.000,00 USD.

72. La disminución de la brecha digital ha tenido un impacto social significativo. Se han instalado 2.704 CBIT destinados a la reparación de computadoras y actualización de software, llegando a las parroquias menos favorecidas. Al cierre de 2014 se han formado tecnológicamente a más de 1.800.000 personas y se ha garantizado el acceso a las TIC’s a 1.000 estudiantes con necesidades educativas especiales. También se garantiza conectividad Wi-Fi gratuita en la mayoría de plazas centrales del país.

73. Durante el período escolar 2014–2015, la población en educación inicial alcanzó un total de 1.597.521 niños; representando una tasa de escolaridad del 79%; en educación primaria, la matrícula fue de 3.449.592 estudiantes; representando una tasa de escolaridad de 93%; y en educación media (general y técnica), tasa neta de escolaridad se ubicó 73%, con una la matricula de 2.301.822 adolescentes y jóvenes para ese período educativo.

74. Se han desplegado estrategias para la educación no-convencional en primera infancia (Simoncitos Comunitarios y Simoncitos Familiares) para la atención a 100.353 niños de 0 a 6 años anualmente (según año escolar), con la participación de 23.224 madres integrales que colaboran en la educación y a la vez se incorporan al mercado laboral. Igualmente, se brindó apoyo a 7.947 miembros de las familias en actividades de formación en salud sexual y reproductiva, educación familiar y crecimiento personal.

75. Durante este periodo, se realizó una amplia consulta sobre la calidad educativa, en la cual la población expresó su opinión sobre la educación que quiere. Participaron 7.233.489 personas, cifra que representa el 27% de la población mayor a 6 años, lo que implicó que 3 de cada 10 venezolanos expresaron su opinión.

76. En cuanto a la educación universitaria, se creó un nuevo Sistema Nacional de Ingreso que garantiza el acceso con criterios de justicia y equidad, donde el 1% de los cupos son para personas con discapacidad. La matrícula en educación universitaria para el año 2015 fue de 2.622.013 estudiantes, lo cual representó el 83,25% de acceso en edades comprendidas entre 17 y 22 años.

77. En cuanto a los beneficios estudiantiles, hasta el año 2014 se otorgaron un total de 252.178 becas a estudiantes de pregrado y postgrado para fortalecer la formación en áreas de desarrollo estratégico nacional. Éstos también cuentan con atención de salud totalmente gratuita y se han construido y habilitado residencias estudiantiles.”

Este informe contiene la base de la exposición que los representantes del Estado, harán durante los 70 minutos que les corresponden, de acuerdo a la dinámica de la sesión, después de lo que, un grupo de países harán intervenciones comentando lo expuesto y haciendo recomendaciones. Hasta ahora hay 103 países inscritos para intervenir. De acuerdo al tiempo disponible para la sesión, cada Estado tendrá 1 minuto y 10 segundos para hacer su intervención.

A continuación haremos unos comentarios sobre algunos de los datos suministrados por el Estado en su informe.

Sobre el comentario 68, que dice: “En Venezuela, el 82% de las escuelas son públicas, gratuitas y de calidad, con participación del gobierno central, estatal y municipal. Para el año escolar 2014–2015, Venezuela tuvo una cobertura de estudiantes de 3 a 16 años en todos sus niveles y modalidades del 89,3%; y en la enseñanza primaria del 93%; con índices de paridad de género en todos los niveles educativos”

Es importante resaltar que, aunque el Estado afirme que el 82% de las escuelas son oficiales, sólo 77% de los estudiantes, cursan en dichas escuelas. Tal como se observa en el siguiente gráfico, ese porcentaje ha disminuido más de 4 puntos desde el año escolar 1998-1999.

Adicionalmente, hay que señalar que las escuelas oficiales no son realmente gratuitas como afirma el informe, porque si bien en las escuelas oficiales de Venezuela, el cobro de aranceles de inscripción y matrícula está prohibido por decreto, la educación que se ofrece en las escuelas no es gratuita debido a que hay costos del funcionamiento de los planteles que deberían ser asumidos por el Estado, pero que se están transfiriendo a las comunidades y familias.

En efecto, el Estado no financia todos los rubros de la denominada canasta educativa, como por ejemplo los costos de transporte, ya que, se eliminó el pasaje estudiantil y el Ministerio de Educación y casi ninguna gobernación o alcaldía, provee el servicio de transporte para que los estudiantes puedan asistir a las escuelas. El servicio de alimentación es cada vez más irregular en las escuelas oficiales, lo que ha tenido como consecuencia que las familias decidan no enviar a sus hijos a clase cuando falla este servicio.

Pero además, hay costos que son asumidos por las comunidades sin ser reconocidos por el Estado. Uno de ellos es el costo del transporte de los insumos requeridos por el PAE -en este caso, como los insumos para preparar las comidas no son llevados por el sistema a las escuelas y el Ministerio no pone el transporte para que los mismos lleguen, las comunidades deben realizar una colecta periódica para alquilar el transporte con el que se llevarán desde las sedes de Mercal o PDVAL, a las escuelas- y el otro, es el costo del mantenimiento de las escuelas que, en lugar de ser asumido por el Estado, bajo una interpretación peculiar del concepto de corresponsabilidad, se realiza gracias al aporte en horas de trabajo de padres, estudiantes y miembros de las comunidades.

En ese párrafo, el informe afirma que las escuelas son de calidad, lo que oculta que la mayoría de las escuelas tienen condiciones inadecuadas para su funcionamiento, entre ellas cabe mencionar que muchas tienen el personal incompleto y mal formado -especialmente el egresado de las misiones-; la infraestructura incompleta y en mal estado; además, hay discriminación espacial derivada de ausencia de escuelas en zonas indígenas y rurales, especialmente, de escuelas medias; la dotación es insuficiente y actualmente, los servicios de agua y electricidad son irregulares. Todas estas condiciones hacen imposible que las escuelas brinden una educación de calidad.

Sobre el comentario 71, que dice: “Se han entregado de manera gratuita, 100.000 libros escolares a estudiantes de educación básica. Estos libros son adaptados a la lengua y cultura de las comunidades indígenas. Hasta el primer trimestre de 2016, se han distribuido más de 4.500.000 computadoras portátiles “Canaimitas” con una inversión de aproximadamente 1.500.000,00 USD.”

Es importante recordar que, según la normativa vigente, los planes de estudio y actividades en toda la educación venezolana, deben estar dirigidos al desarrollo del denominado “Plan de la Patria” que es un plan de la nación, convertido en ley y enfocado al desarrollo de la propuesta político-partidista del partido actualmente en el gobierno, violando lo establecido en la Constitución que declara a Venezuela como un país políticamente pluralista y en su artículo 102 especifica que la educación respetará todas las corrientes de pensamiento.

Esa directriz está recogida en la elaboración tanto de los libros de texto entregados por el ministerio y también en la de los contenidos de las computadoras “Canaimitas”. Con respecto a los primeros, no se puede dejar de mencionar que el ministerio impuso el uso exclusivo de la colección de libros de texto, denominada Colección Bicentenario, que en efecto, son entregados de forma gratuita a los estudiantes de todas las escuelas de educación básica del país. Son tratados como libros de texto únicos y obligatorios, a través de los que se desarrollan los programas de estudio.

En dichos libros se presentan contenidos con una “lectura de la historia” hecha de acuerdo a la interpretación desarrollada por los miembros del partido de gobierno, que consiste en una visión calificada de los eventos históricos sucedidos, en la que se clasifica entre “buenos y malos” de acuerdo a la afinidad de los protagonistas con las ideas promovidas por el partido de gobierno. Además, se utilizan ejemplos para la enseñanza de cualquier disciplina, en los que se califican como malas e indeseables las situaciones o ideas que no sean afines a las promovidas desde la visión ideológica del partido de gobierno y como buenas y deseables las que sí la apoyan. Los ejemplos están cargados de propaganda gubernamental.

Y aunque el párrafo no hace referencia a ello, dado que se trata de una disposición curricular, es importante mencionar que, adicionalmente a estos esfuerzos por utilizar a la educación como un espacio para la formación de partidarios, desde 1999, se han adelantado esfuerzos por promover la educación militar como parte de la educación básica. El primer esfuerzo se materializó con la conversión de “instrucción pre-militar” en asignatura obligatoria para todos los estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato, es decir, para jóvenes entre 15 y 17 años.

El intento más reciente fue promovido por el ministerio para la defensa quién tomándose atribuciones de diseño curricular que corresponden al ministerio de educación, promulgó un decreto (Resolución 17.621) en el que se creó el denominado Plan Integral de Formación Militar que incluye el desarrollo de una asignatura –y eje integrador- denominada “Educación para la defensa integral”, a ser dictada en todos los subsistemas de la Educación Básica. Esta asignatura-eje, se basa en una concepción de la defensa de la nación como una labor “cívico-militar” y será desarrollado y administrado por la “milicia” que es un componente civil e irregular de la Fuerza Armada. Como “eje integrador” sus contenidos deberán ser integrados en la enseñanza de las otras asignaturas y áreas curriculares de la educación básica. Hasta el momento, la asignatura no ha sido incorporada en la dinámica de enseñanza en las escuelas, pero tampoco ha sido derogada la resolución que la crea.

Sobre los comentarios 76 y 77 que dicen, respectivamente:

“76. En cuanto a la educación universitaria, se creó un nuevo Sistema Nacional de Ingreso que garantiza el acceso con criterios de justicia y equidad, donde el 1% de los cupos son para personas con discapacidad. La matrícula en educación universitaria para el año 2015 fue de 2.622.013 estudiantes, lo cual representó el 83,25% de acceso en edades comprendidas entre 17 y 22 años.
77. En cuanto a los beneficios estudiantiles, hasta el año 2014 se otorgaron un total de 252.178 becas a estudiantes de pregrado y postgrado para fortalecer la formación en áreas de desarrollo estratégico nacional. Éstos también cuentan con atención de salud totalmente gratuita y se han construido y habilitado residencias estudiantiles.”

Cabe señalar, poniendo el foco sobre el derecho a la educación de los estudiantes universitarios: que existe una política de zonificación regional que limita el derecho de los estudiantes a escoger la carrera y la universidad de su preferencia lo cual, de hecho, restringe el ejercicio del derecho a la educación en igualdad de oportunidades, a su ejercicio determinado por factores socio-geográficos, y político-partidistas.

Por otra parte, el ingreso al sistema universitario no garantiza el acceso real, porque las condiciones en las que se encuentran las universidades y las características de los programas de estudio no permiten garantizar ni la permanencia y el éxito, por una parte, ni la calidad de la educación, por la otra. La calidad de los programas de las universidades creadas recientemente y de las misiones de nivel universitario, está fuertemente cuestionada, debido a que sus planes de estudio, en la mayoría de los casos, no han sido evaluados y acreditados, pero además, en varias de las ofertas de formación, éstos son incompletos.

Por otra parte, el ingreso a una universidad no garantiza el acceso a la educación, cuando las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo, no son las adecuadas, ni permiten la permanencia de los estudiantes independientemente de su nivel socioeconómico. Al respecto, es importante citar el informe sobre el derecho a educación de los estudiantes universitarios. Este informe dice que:

Para que se haga efectivo el derecho a la educación para todos en igualdad de condiciones, hay servicios estudiantiles que las universidades deben prestar para solventar las dificultades de los estudiantes que no cuentan con los recursos para garantizar su permanencia en ellas. La no garantía de recursos para prestar estos servicios tiene consecuencias directas en la capacidad de los estudiantes afectados para permanecer cursando estudios, o para hacerlo en condiciones que le garanticen éxito educativo, ambos componentes esenciales de la realización del derecho a la educación. Estos servicios se han visto fuertemente afectados por la asignación presupuestaria ineficiente hecha por el Estado a las universidades nacionales. Los servicios estudiantiles a considerar en este informe son becas, comedor estudiantil, transporte, servicios médicos y residencia.
1. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, la población que puede beneficiarse de las becas es muy pequeña, pero el monto mensual de la misma no permite sufragar sino el costo de 5 almuerzos, lo que implica que los estudiantes becarios, deben buscar recursos adicionales para poder alimentarse completo esos 5 días, -desayuno, almuerzo y cena-, así como para hacerlo el resto de los 15 días hábiles del mes, sin contar que deben buscar recursos adicionales para alimentarse los fines de semana.
2. El servicio de comedor está orientado a la población más vulnerable económicamente, que no puede costearse una alimentación acorde a los requerimientos nutricionales de un estudiante universitario. Actualmente este servicio prácticamente no se presta en las universidades nacionales, por dos razones fundamentales: la primera es la falta de recursos, la segunda es la escasez de alimentos. Si bien, la escasez de alimentos, es una condición que afecta no sólo al sector universitario y su origen está en políticas económicas erradas del gobierno nacional, la insuficiencia presupuestaria producto del trato discriminatorio a las universidades nacionales autónomas, impide que estas casas de estudio puedan buscar alternativas para paliar sus efectos en ellas y en el derecho a la educación de sus estudiantes.
3. El servicio de transporte está orientado a garantizar que aquellos estudiantes que no residan en la ciudad donde está ubicado el campus y que no posean los recursos para trasladarse diariamente, puedan contar con un servicio que los traslade diariamente. Este servicio también incluye la movilización de estudiantes que necesiten realizar visitas de campo como parte de su formación profesional. La insuficiencia presupuestaria ha tenido como consecuencia que las universidades no puedan pagar a los prestadores del servicio, ni adquirir nuevas unidades de transporte para ampliar la oferta, así como tampoco puedan sufragar los gastos asociados al mantenimiento y reparación de las unidades produciéndose la paralización a buena parte de la flota y como consecuencia, muchos de los estudiantes beneficiaros han tenido que abandonar sus estudios.
4. Los servicios médicos en las universidades tienen dos componentes: la atención primaria y el seguro médico. El Estado ofreció proveer a los estudiantes de un seguro para emergencias y atención a enfermedades, con el que no ha cumplido hasta la fecha. Pero adicionalmente, los servicios de atención primaria con los que cuentan las universidades nacionales autónomas, se encuentran en las pésimas condiciones porque tienen la infraestructura deteriorada, les falta personal y carecen de insumos médicos, impidiendo recibir atención médica a la comunidad estudiantil que lo necesita.
5. Finalmente el servicio de residencia está orientado a garantizar el acceso a la a la educación a los estudiantes en condiciones de mayor vulnerabilidad, para los que el traslado diario no es una opción viable. En la mayoría de las universidades nacionales autónomas del país, no existe este servicio, obligando a los estudiantes a costear el alojamiento en una residencia privada, o a desistir de su intención de estudiar en la universidad. En las universidades en las que aún existe el servicio de residencia, su capacidad es sumamente reducida, se presentan situaciones de hacinamiento y la prestación de los servicios básicos es de muy mala calidad.

Si quieres tener más información sobre el proceso y los informes del derecho a la educación, puedes verlos en este enlace: Información sobre EPU

En este enlace, encontrarás una carpeta llamada “Sobre el EPU”, con un material de Naciones Unidas que explica lo que es el EPU y 4 documentos elaborados por la organización CIVILIS Derechos Humanos con información sobre el EPU y sobre la participación de la Sociedad Civil en ese proceso.

También encontrarás una carpeta llamada “Informe de UN y del Estado” en la que está el informe presentado por el Estado Venezolano y un resumen de las contribuciones presentadas por diversas organizaciones elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Y una carpeta llamada “Informes sobre el derecho a la Educación”, en la que encontrarás los informes elaborados en el marco del EPU y unas infografías que ilustran la situación del derecho a la educación en Venezuela. Entre ellos podrás leer el elaborado de forma conjunta por la Asamblea de Educación y la Federación de Centros Universitarios de la UCV, en el que se presenta la situación de derechos humanos de los estudiantes universitarios.

Finalmente, durante el proceso previo a la sesión, 170 organizaciones de DDHH, elaboraron más de 50 informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Aquí puedes ver las hojas resumen de los informes, organizadas por tema: Hojas Informativas

 

¡Así van las cuentas: perdidos 6 días de clase! En #Venezuela #QueremosClases


En la publicación anterior, reseñamos que, hasta la fecha, se han perdido 11 días de clases en las escuelas. De ellos, 6 días se perdieron en el marco de la política de ahorro energético adelantada por el Ejecutivo Nacional a través de 3 decretos. En la siguiente infografía te presentamos los decretos con la información asociada:

6diasdeclase

 

Es importante resaltar que, al momento de promulgar el Decreto 2.303, el ejecutivo anunció la suspensión de las clases los días 29 de abril y 6 de mayo. Sin embargo, el artículo 1 del decreto, establece la duración del “régimen especial” desde el 27/04, hasta el próximo viernes 13/05:

“Artículo 1 °. Se establece un régimen especial de días No Laborables, de carácter transitorio, a ser aplicado a partir del día miércoles 27 de abril de 2016, y hasta el viernes 13 de mayo de 2016, como consecuencia de los efectos negativos del fenómeno El Niño sobre los niveles de disponibilidad del volumen de agua almacenada en la Represa de Gurí, que sirve a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en el estado Bolívar (…)”

La duración establecida en el decreto, más lo afirmado en el último párrafo del mismo artículo 1 del decreto:

“La declaratoria efectuada en el presente artículo podrá ser extendida por el plazo que se estime necesario, hasta tanto se regularice la capacidad de generación de energía y se disipen los riesgos de ser afectada la prestación oportuna y eficiente del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.”

hace que muchas comunidades educativas rechacen:

  1. La potencial suspensión de clases el viernes 13 de mayo.
  2. La potencial extensión del plazo establecido en el decreto, específicamente, la extensión de la suspensión de clases los viernes hasta que “se regularice la capacidad de generación de energía y se disipen los riesgos de ser afectada la prestación oportuna y eficiente del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.”
  3. La falta de información oportuna por parte del Ministerio de Educación sobre las medidas del ejecutivo, en el marco de la crisis eléctrica, que afectarán a las escuelas.
  4. La ausencia de información sistematizada sobre la pérdida de horas y días de clases, escuela por escuela, producto de la suspensión parcial o total de la jornada por apagones y por la inclusión de las escuelas en los cortes por racionamiento en bloques, establecidos Corpoelec. (Consideramos que dicha sistematización debe incluir también, las pérdidas de clases por inseguridad -robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas- y por falta de agua).
  5. La ausencia de un plan integral que permita recuperar el tiempo perdido, restableciendo el pleno ejercicio del derecho a la educación y garantizando que la educación sea efectivamente de calidad.

Ante la incertidumbre que produce la falta de información oportuna por parte del Ministerio, la amenaza de la extensión de las medidas del ejecutivo que afectarán la actividad de las escuelas y el calendario escolar, y las reiterada violación al derecho a la educación y la restricción al derecho que los padres y las familias tienen para ejercer su deberes, es imperativo que:

  1. Se modifique el Decreto 2.203 de 26 de abril de 2016, excluyendo al sector educativo, público y privado, del sub-sistema de Educación Básica.
  2. El Ministerio de Educación elabore y presente al país, un balance de la situación que contenga un inventario del tiempo de clases perdido, escuela por escuela, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.
  3. Un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.
  4. Una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la formación.

¡En #Venezuela #QueremosClases!

 

 

En #Venezuela queremos #ClasesMañana


Como el país sabe, el 26 de abril en la noche, el ejecutivo anunció al país que, como parte del plan de ahorro energético, cuya extensión se concretaba mediante el Decreto 2.294, se incluía la suspensión de dos viernes de clases en todas las escuelas del sub-sistema de Educación Básica: el pasado viernes 29 de abril y mañana 6 de mayo.

En el post pasado, mencionamos las razones por las que, esa medida, es considerada una violación al derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Si quieren ver los detalles, pueden hacerlo en el siguiente enlace: La suspensión de clases viola el Derecho a la Educación.

Ante una medida como la anunciada, las reacciones de padres, gremios docentes y gremios de educación privada, así como las de otras organizaciones educativas y defensoras de los derechos humanos, no se hicieron esperar. La solicitud en la que la mayoría coincide, es en la modificación del Decreto 2.294 para excluir a las escuelas y garantizar que no se pierda ni un día de clase más.

Si recordamos el calendario escolar, hasta la fecha, se han perdido 11 días de clases:

5 días, 1, 2, 3, 4 y 7 de diciembre, por elecciones.
3 días, 21, 22 y 23 de marzo, adicionales a los feriados de Semana Santa.
3 días, 18 y 29 de abril, más 6 de mayo, declarados no laborales por ahorro energético.

En total, son 11 días considerados como días de clases en el calendario inicial. De ellos, en sólo 2 se justificaría la suspensión, de acuerdo a los días que son realmente necesarios para la realización de los procesos electorales.

Pero además, no entran en esas cuentas, los días de clases que han sido suspendidos, a lo largo del año escolar, por las razones citadas en el post anterior y que se han convertido en hechos recurrentes en las escuelas a nivel nacional: a) inseguridad en el país, ha tenido como consecuencia el robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas y en algunos casos, asaltos en momentos de actividades escolares; b) suspensión parcial o total de la jornada por falta de agua; c) suspensión parcial o total de la jornada por apagones; y d) inclusión de las escuelas en los cortes por racionamiento que, dado su pésimo diseño, incluye cortes inesperados fuera del cronograma señalado por Corpoelec.

Como también dijimos en el post pasado, esta situación amerita, atención integral e inmediata del Estado, por lo que seguimos esperando del Ministerio:

  1. Un balance de la situación, un inventario del tiempo de clases perdido, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.
  2. Un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.
  3. Una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la formación.

En su lugar, el ente rector ha ratificado la medida y sus voceros han insistido en que la misma no altera la “calidad escolar”. En el siguiente enlace pueden leer las primeras declaraciones del Ministro: Ministro de Educación: Medida de suspensión de clases los viernes no altera la calidad escolar.

Pero, como mencionamos al inicio, esta medida no cuenta con el acuerdo de actores y organizaciones del sector educativo. A continuación presentamos las posiciones sobre la medida, expresadas públicamente por diversas organizaciones, recogidas, en estos días.

ONG del sector educativo y defensoras de los derechos humanos

Un total de 26 organizaciones, gremiales y de investigación del sector educativo y organizaciones defensoras de derechos humanos, suscribieron la siguiente posición, en un esfuerzo coordinado por FENASOPADRES:

2016-05-04 11.03.332016-05-04 11.04.20

Adicionalmente, encontramos la posición de Padres Organizados (que fue presentada con anticipación a la iniciativa anterior, que este movimiento suscribe) y una iniciativa de Sociedades de Padres de alrededor de la 11 planteles privados.

La posición de Padres Organizados

padres organizados

 

La iniciativa de las Sociedades de Padres de alrededor de 11 planteles privados

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Hasta el momento sabemos que la carta, acompañada por las firmas de los padres de los planteles, fue entregada el día martes 3 de mayo, ante autoridades de la Zona Educativa del Estado Miranda y que éstos ofrecieron hacerla llegar al Ministerio. Se espera una respuesta oficial, en los próximos días. Si

 

Los gremios docentes

Como pudieron apreciar en el documento presentado por las 26 ONG, estaban incluidos algunos gremios docentes. Además de ellos, encontramos unas declaraciones a los medios, de voceros de la Federación Venezolana de Maestros. Las declaraciones las podrán leer en los siguientes enlaces:

Orlando Alzuru: Suspensión de clases afecta la calidad educativa

Docentes en desacuerdo con suspender clases los viernes

Los gremios de educación privada

Tanto ANDIEP, como CAVEP, expresaron a través de comunicaciones oficiales su posición sobre la medida. A continuación podrán leer la posición de ambos gremios:

La posición de CAVEP

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La posición de ANDIEP

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Todas las organizaciones coinciden en la importancia de garantizar cada día de clases y la necesidad de no perder ni un día más. Para ello, la mayoría exhorta al ejecutivo a modificar el decreto y reinstalar las clases mañana viernes 6 de mayo.

Esperamos que el Ministerio de respuesta a todas estas organizaciones y asuma su rol como garante del derecho a la educación en Venezuela, lo que para él, como ente rector, se traduce en la obligación, entre otras cosas, de no se suspendan clases en las escuelas.

Es por ello que le decimos:

¡Ministro, en #Venezuela queremos #ClasesMañana!

La suspensión de clases viola el Derecho a la Educación


Anoche, con este tuit, el Ministro de Educación, anunció al país la suspensión de clases en las escuelas los próximos 2 viernes, como parte del “plan” de ahorro energético que el gobierno nacional está instrumentando.

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Y en la cuenta oficial del Ministerio, este fue uno de los tuits publicados:

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Podríamos discutir largamente, las causas de la crisis energética que afecta al país en este momento: falta de planificación, mantenimiento, ampliación del sistema, incluyendo los embalses, ausencia de medidas preventivas y educativas para construir una cultura de uso energético más racional y ausencia de planes de conservación ambiental para cuidar nuestros ecosistemas, entre otras. Podríamos hablar de tiempos, porque hace varios lustros que el tema del cambio climático entró en la agenda mundial y el fenómeno de El Niño no comenzó ayer. Si lo hiciéramos concluiríamos que la falta de previsión y la improvisación es la que nos hizo llegar a este punto y no podemos escudarnos en el fenómeno del Niño para justificar la crisis energética y las medidas tomadas.

La improvisación y falta de previsión se quiere resolver a última hora con racionamiento y una campaña en la que, desde el punto de vista del gobierno, usando la etiqueta #ElNiñoNoEsJuego, pareciera insinuar que quién no se toma la situación en serio, es la población.

Entre sus mensajes, el Ministro también afirmó que “esta medida es necesaria para el uso racional de la energía eléctrica, por lo que desde el sector educativo debemos cumplir con disciplina”, por lo que queremos preguntar al Ministro ¿la disciplina se aplica sólo a la suspensión de actividades y no a la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos?

Le recordamos al Ministro que los derechos de los niños tienen prioridad absoluta, de acuerdo a las convenciones internacionales suscritas por Venezuela y tal como está recogido en nuestra legislación, comenzando por la LOPNA.

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El principio de prioridad absoluta implica diseñar una estrategia, dentro del “plan” de racionamiento del gobierno, que permita garantizar, como prioridad, entre otros, el derecho a la educación de los niños y jóvenes.

¿Cómo afecta esta medida el derecho a la educación de nuestros niños?

El decretar dos días menos de clase disminuye los días establecidos en el calendario escolar para el aprendizaje. Son dos días en los que la planificación diseñada por los docentes, no se podrá llevar a cabo y en los que se interrumpe el proceso de enseñanza que viene desarrollándose en las aulas y fuera de ellas.

Una interrupción en el calendario, no puede tomarse a la ligera porque afecta la calidad del proceso que se desarrolla en las aulas. La educación es una labor altamente planificada, y aunque toda planificación es dinámica y flexible, su flexibilidad y dinámica no puede usarse como excusa para cubrir imprevistos que pueden actuar en contra de la calidad de aprendizaje. De hecho, para que la planificación educativa funcione, tiene que desarrollarse con ciertas condiciones.

Ilustremos con un ejemplo: si las clases se suspenden un día entre semana, se pierde la continuidad de las actividades tal como estaban planificadas, por lo que el docente, tiene que modificar su plan de trabajo, tomando tiempo, destinado a otras actividades, para comenzar la jornada siguiente retomando el hilo de lo trabajado y garantizar que los aprendizajes se están desarrollando de manera óptima para todos y cada uno de los estudiantes (hay que recordar que cada estudiante es diferente porque tiene necesidades y formas de aprendizaje peculiares y el docente debe tratar de responder a todas ellas).

Si la suspensión es, como en este caso, el viernes, con lo que se amplía el lapso entre una clase y la siguiente, las actividades para retomar el hilo, también se tienen que reajustar en detrimento del tiempo que estaba planificado para las que correspondía desarrollar el lunes, si no se hubiese dado la suspensión.

Pero además, las actividades que estaban previstas para el día de la suspensión hay que reprogramarlas y rediseñarlas y si no se amplía el tiempo de clase al día o se añade un día al calendario, por cada día perdido, el docente se verá obligado a eliminar actividades para que el tiempo alcance.

Esos detalles, parecen irrelevantes para el Ministerio, son invisibles para el país, pero afectan de hecho la calidad de la educación y de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes.

¿Cómo se ha afectado el derecho a la educación, por la suspensión de clases, hasta ahora?

Si hacemos un recuento rápido sobre lo que hemos vivido durante este año escolar, encontramos que algunas situaciones que venían experimentando nuestras escuelas, se han hecho recurrentes y este año escolar, han incrementado. Citemos las siguientes:

  1. Desde hace años, hemos visto como la inseguridad en el país, ha tenido como consecuencia el robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas. Ya no tenemos reportes esporádicos de escuelas robadas en períodos vacacionales, sino que en cualquier momento del año escolar podemos leer que se robaron el tanque del agua de una escuela, las computadoras y los alimentos. Muchos de esos robos, aunque no quede registro de ello, tienen como consecuencia la suspensión de parte de las actividades escolares y dependiendo de la magnitud, de parte de la jornada de clase o de la jornada completa, por imposibilidad de desarrollar las actividades educativas con las condiciones adecuadas.
  2. También desde hace años, muchos más en algunas regiones del país, el agua falta con frecuencia en las escuelas, por lo que se suspende parcial o totalmente la jornada. (Debemos recordar que hay regiones del país en las que la provisión de agua es muy poco regular, que a veces pasan una semana o más sin agua corriente y en muchos casos, no tienen ni la infraestructura ni los recursos, para surtir a la escuela con camiones).
  3. Desde que se incrementaron los problemas con el sistema eléctrico, también hemos visto como en muchas escuelas se han tenido que suspender clases por apagones. Eso sucede con mayor frecuencia en algunas regiones del país que en otras y en algunas zonas de las ciudades y poblados.
  4. Con el plan de racionamiento, la suspensión de clases afectó a las escuelas aún cuando deberían estar excluidas. En efecto, el pésimo “diseño” del sistema eléctrico y la falta de zonificación en el entramado del cableado, impidió, por una parte, excluir a las escuelas de los cortes por racionamiento, y por la otra, tuvo como consecuencia que en muchas zonas los cortes se hicieran en los bloques que no correspondía. Esto último debido a la falta de información de los técnicos de CORPOELEC sobre la distribución del cableado.

Por los reportes que nos han llegado, sabemos que las aquí citadas, son situaciones recurrentes y extendidas a lo largo y ancho del país, pero lamentablemente, las condiciones en las que se dan y la falta de información oficial, hace que sea imposible contabilizar con precisión la cantidad de escuelas afectadas, especificando la cantidad de días y horas de clase perdidas.

Como se trata de situaciones no planificadas o imprevistos, consecuencia de una mala planificación como en el punto 4, las familias, las escuelas y los docentes, no cuentan con el tiempo para tomar previsiones y minimizar el impacto en la calidad del proceso educativo, o para compensar con ampliación de actividades o con el diseño de actividades complementarias, las interrupciones en el calendario.

Estas situaciones también parecen irrelevantes para el Ministerio y son invisibles para el país, aunque no para las familias y docentes que tienen que vivirlas con frecuencia. Las interrupciones en el calendario y las suspensiones no previstas de clase, como en el caso anterior, afectan de hecho la calidad de la educación y de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes y no pueden ser ni invisibles para el país, ni irrelevantes para el ente a quién corresponde la obligación de garantizar el derecho a la educación en Venezuela.

De forma complementaria, es importante hacer mención a una situación que, ya no por la suspensión o interrupción de clases, afecta la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes y por tanto, la realización del derecho a la educación. Se trata del diseño de los bloques de racionamiento que incluyen horarios que son vitales para la realización de derecho a la educación: el bloque de 4 am a 8 am, que es el que las familias necesitan para acompañar a los niños y jóvenes en su preparación para asistir a las escuelas; y el bloque de la tarde, que es cuando los estudiantes llegan a sus casas y tienen que investigar y realizar actividades de aprendizaje complementarias a las realizadas en el aula.

Al respecto, le preguntamos al Ministro: ¿cómo estudian nuestro niños y jóvenes sin luz en sus casas? ¿cómo hace un docente para decidir y planificar qué día asigna tareas o investigación para la casa, en un grupo de unos 30 niños o jóvenes que viven en zonas con horarios de racionamiento diferentes?

Y ante la ausencia de información oficial, también queremos preguntarle al Ministro: ¿qué pasó con el sistema de información del sistema educativo? porque es bueno, en este contexto recordar que a finales de los 90s, Venezuela contaba con un sistema de información que nos permitía conocer detalles del sistema educativo, incluyendo características de las escuelas, dotación, nómina y estudiantes, entre otras, escuela por escuela y en todo el territorio nacional. Ese sistema fue modificado progresivamente por el ministerio y a pesar de que, en los primeros años de la década pasada, se le hicieron mejoras y se puso a disposición de todos los ciudadanos en internet, como deber ser por tratarse de información pública, posteriormente, se fue reduciendo la información disponible, para terminar cerrando el acceso público en el 2010.

En ese sistema, debería poder tenerse un registro de los días sin clase y sus motivos, porque, esa es información que periódicamente se reporta desde las escuelas. Esa opacidad creciente que el Ministerio ha adoptado como política, adicional a la prohibición expresa que desde hace años le hizo a directores y docentes para que no dieran declaraciones a los medios, ni suministraran información a investigadores, impide que, en un momento como éste, la ciudadanía pueda sistematizar información sobre lo que está sucediendo y hacer la contraloría que le corresponde de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Constitución.

Finalmente, creemos que la situación que se vive en el sistema educativo, producto de la recurrencia de los factores aquí mencionados, no se resuelve con la tradicionalmente utilizada “recomendación” del Ministerio a las escuelas y docentes, de hacer “ajustes” de acuerdo a las condiciones de cada escuela y grupo de estudiantes. Creemos que se trata de una situación de una importancia y gravedad tal, que amerita atención integral e inmediata del Estado

En primer lugar, se requiere un balance de la situación, un inventario del tiempo de clases perdido, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.

En segundo lugar, un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.

Y en tercer lugar, una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la  formación.

 

¿Y entonces ministro? #DDHH


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Eso lo dijo hoy, 1 de diciembre, a la 1 pm, a 13 horas de iniciado el período de suspensión de actividades y a 6 horas del inicio regular de la jornada educativa.

¿Y el derecho a la información oportuna? El derecho de los docentes a ser informados con tiempo para poder ajustar su planificación y el de las familias a tener información oportuna para tomar las debidas previsiones.

¿ y el derecho a la educación de los estudiantes?

Eso no pasaría si el ministro, como muestra en su twitter, en lugar de promover o alcahuetear la participación de funcionarios públicos, en ejercicio de sus cargos, en actividades de campaña electoral -reuniones de “supervisores” para la activación de puntos rojos, o el chequeo de la “maquinaria 1×10” del “sector educativo”, entre otras-, se dedicara a hacer su trabajo como ministro de educación.

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Pues sí: ¡Desde el 1ero de diciembre! #DDHH #Educacion


En efecto, de acuerdo a la web del ministerio, el ministro, por tuiter,  anunció la suspensión de clases para la realización del proceso electoral.

Las clases serán suspendidas desde el primero de diciembre, por lo que el ministerio se estaría tomando 2 días más de lo estrictamente necesario para la realización del proceso electoral. Por otra parte, si bien el ministro señala que la suspensión se realizará solo en las escuelas que funcionan como centros electorales, no se especifica cómo se hará para reprogramar los días perdidos en esos casos.

De acuerdo al anuncio del ministro, y al calendario del CNE, las escuelas podrán reiniciar actividades entre el lunes 7 y el martes 8, por lo que estamos hablando de una pérdida de mínimo 5 días de actividades (máximo de 6 días en las que la entrega del material restante se realice el lunes 7 como está previsto en el calendario del CNE).

Como cada día de clase es importante para la realización del derecho a la educación, no resulta dato irrelevante que haya un tratamiento diferenciado en los días de clases ofrecidos en las escuelas, dependiendo de si éstas funcionan o no como centros electorales. De hecho es obligatorio recuperar esos días perdidos, mucho más cuando el período de suspensión de actividades por el proceso electoral no estaba incluido en el calendario -lo que hubiese permitido a esas escuelas tomar previsiones en su planificación- y cuando el anuncio se hizo sólo 3 días hábiles antes y por tuiter.

También, es importante resaltar y llamar la atención sobre otro dato, que tal como reseña la noticia, fue suministrado por el ministro en su tuiter: “las escuelas que funcionen como centros de votación continuarán normalmente las actividades académicas hasta el 16 de diciembre“.

Entendemos que con “actividades académicas hasta el 16 de diciembre” el ministro se habrá querido referir estrictamente a las escuelas que ofrecen máximo hasta 6to grado, porque, de acuerdo al calendario publicado por su despacho, en la semana del 14 al 18 de diciembre, en las escuelas de educación media está prevista la realización de consejos de docentes y entrega de boletines con calificaciones, habrá actividades académicas hasta el 18 y el asueto navideño inicia el lunes 21 de diciembre. En las escuelas en las que sólo se ofrece educación inicial, primaria y especial, la elaboración y entrega de informes está prevista para la semana del 7 al 11 y los consejos se desarrollarán el lunes 14.

Por cierto, las escuelas que ofrecen educación inicial, primaria y especial que sean centros electorales y que pierdan entre 5 y 6 días de clases por las elecciones, podrían utilizar la semana del 14 al 18 de diciembre para recuperar los días perdidos por la realización del proceso electoral.

Reprogramar los días perdidos es parte de la obligación del Estado de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.

Nueva Convención “Única y Unitaria”: Corresponsabilidad y escuelas como “territorios de paz” con “cuerpos de combatientes”


Con una propuesta entregada el 20 de julio ante el Ministerio del Trabajo, los gremios docentes tuvieron que declararse en conflicto para lograr que el gobierno se sentara a discutir una nueva convención colectiva.

La reunión de instalación se realizó apenas el 5 de noviembre, en ella se estableció cuáles eran las partes que se sentarían a discutir el contrato, se presentaron los participantes presentes y se abrió un espacio para exponer objeciones a los aspectos generales de la discusión.

El establecimiento de las partes en negociación comenzó a institucionalizar un cambio en la naturaleza de este contrato, ya que, no se discutiría gremio por gremio, como en oportunidades anteriores, sino que se planteó realizar una discusión “unitaria”, en la que, docentes, trabajadores administrativos y obreros, se sientan al mismo tiempo a discutir los detalles de la contratación, pero estableciendo condiciones contractuales específicas a la naturaleza de sus funciones y dedicación.

En la reunión de instalación, no hubo objeciones a las condiciones generales de negociación, por lo que se fijó como fecha de inicio de las discusiones el 10 de noviembre y como sede, la Defensoría del Pueblo.

Dada la modificación que se inició en la reunión de instalación y que continuó en reuniones posteriores, en cuanto a las partes en negociación y al tipo de contrato, se puede resaltar que ya no está en discusión la “VIII Convención Colectiva de las Trabajadoras y Los Trabajadores de la Educación dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación” (en este enlace se puede ver el proyecto), de acuerdo al título del documento introducido en julio por las federaciones docentes, ni el “Proyecto de Convención Colectiva Unitario de Las y Los Trabajadores, Docentes, Administrativos y Obreros, dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación“, tal como reza en el texto del acta de instalación (en este enlace pueden ver el acta); sino que lo que está en discusión es la “Primera Convención Colectiva Única y Unitaria de Los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación“.

En efecto, el MPPE llevó como propuesta a la primera reunión formal, el cambio del término “unitaria” por “única” -tal como consta en el acta del 10 de noviembre (en este enlace pueden ver el acta de la reunión del 10/11)-, los gremios, obviamente no aceptaron, pero, en su lugar, apostaron por una especie de solución salomónica, que implicó la adopción de ambos términos, “Única y Unitaria”, tal como se aprecia en el texto del acta de la reunión del 12 de noviembre (en este enlace se puede ver el texto del acta 12/11)

Este denominación, “Primera Convención Colectiva Única y Unitaria de Los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación“, aunque puede parecer un asunto irrelevante de uso de palabras en un título, puede tener consecuencias no deseadas para los gremios, porque se trata de términos de diferente significado, no complementarios, uno de los cuales anula en la práctica al otro, por lo que ahora, de lo que se puede hablar es de la negociación de una convención única para todos los trabajadores del sector, dependientes del MPPE.

Al respecto, conversamos con Raquel Figueroa, quien es la Coordinadora Nacional del Movimiento de Educadores Simón RodríguezDirigente sindical de FENAPRODO-CPV, que nos expresó la preocupación de los gremios porque el hecho de que todos los trabajadores en un país o en un sector, como en este caso, sean titulares de los mismos derechos humanos, en el plano laboral, no implica la unificación del tratamiento contractual de los trabajadores de la educación, que puede tener como consecuencia, la no consideración ni de las necesidades específicas de los trabajadores de cada uno de los sectores y ni de las condiciones laborales que se desprenden de la naturaleza de las funciones que cumplen en el sistema educativo. (*) Este es un riesgo en desarrollo y se verá su alcance en la evolución de las negociaciones entre los gremios.

En la determinación de las partes, es importante señalar también que, en la reunión de instalación de las negociaciones, no quedaron registrados todos los que se reconocerían como participantes. De hecho, en la siguiente captura de pantalla, tomada del primer acta, se aprecia la inclusión de 16 organizaciones gremiales.

las partesY a partir de la primera reunión formal, aparece incorporada FETRAMAGISTERIO como parte, sumando un total de 17 organizaciones gremiales en esta negociación. (Captura de pantalla de la reunión del 10/11)

las partes 2

En este conjunto de organizaciones parte, son gremios docentes: FEV, FETRAENSEÑANZA, FETRASINED, FENAPRODO-CPV, FETRAMAGISTERIO, FVM, FESLEV-CLEV, FENATEV y SINAFUM y organizaciones de trabajadores no docentes, en algunos casos, organizaciones sindicales que tienen afiliados no exclusivamente del sector: SUNEP-ME, SIRTRAME, SNSEME, SNFPME, SINAEP-MECD, FETRAEDUCACIONALES,  FENOBOLMED y FENARBOTRASEP.

Pero como esta discusión es sobre las condiciones contractuales de los trabajadores de la educación, lo que se establezca en las mismas, puede afectar la realización del derecho a la educación de los estudiantes.

En tal sentido, es importante considerar, por ejemplo, que la calidad de los docentes constituye un aspecto clave en el logro de una educación de calidad en las escuelas, por lo que se espera que el sistema brinde las mejores condiciones de contratación y laborales, por una parte y exija una excelente formación inicial y en ejercicio, por la otra, para garantizar su mejor desempeño en la formación de los estudiantes. También se espera que, entre las condiciones laborales se puedan discutir aspectos como los que no han permitido establecer la extensión del calendario escolar, para que se pueda contar con 200 días de clase (días de clase no días de actividades escolares, que es diferente), que es una aspiración del país desde hace más 3 lustros.

Hasta el momento, la discusión se ha desarrollado en 4 reuniones, después de la de instalación y aún hay muchas cosas en debate. Sin embargo, ya se pueden señalar algunos aspectos controversiales sobre los que es necesario poner atención:

1. El primero de ellos es el uso del término corresponsabilidad en las definiciones iniciales del contrato. En la cláusula “Definiciones” se establece:

def trabajadores

Esa afirmación se reitera al final de la definición quinta, cuando dice que los trabajadores de la educación, junto con el ente rector, las familias y la comunidad, son “corresponsables” de garantizar el pleno goce del derecho a la educación.

En este caso, es importante aclarar que, términos de derechos humanos, el Estado tienen la obligación de garantizar el derecho una educación de calidad para todos. Esto se traduce, en cuanto a la educación obligatoria y gratuita, en términos de gestión del sistema y específicamente en la de las organizaciones educativas dependientes del ministerio, que son las directamente afectadas en la discusión de esta contratación, en la obligación de garantizar que las escuelas funcionen con las condiciones óptimas, lo que implica la obligación de garantizar condiciones laborales y contractuales óptimas para docentes, administrativos y obreros y de lograr que éstos tengan un óptimo desempeño en sus  funciones.

Pero la obligación de garantizar el derecho a la educación, no se puede transferir a los trabajadores de la educación aplicando el concepto de “corresponsabilidad” de los actores sociales establecido en la Constitución, como tampoco se puede transferir a los otro actores que forman parte de las comunidades educativas, como se pretende hacer al final de la definición quinta y como se pretendió hacer en el texto de la Resolución 58.

El desarrollo del concepto de “corresponsabilidad” está muy crudo en Venezuela y, hasta ahora, su aplicación, lejos de establecer un marco de apertura para la participación de los diversos sectores en el desarrollo del país, lamentablemente, ha sido utilizado como un descargo de responsabilidades por parte de las organizaciones gubernamentales, a las que corresponde directamente, la obligación de garantizar los derechos humanos.

2. El segundo aspecto que debe llamar nuestra atención, está también en el marco de las definiciones y se trata de la incorporación del uso de términos y concepciones que responden a la ideología del partido de gobierno, y que están en contra de lo que se establece en la Constitución.

En efecto, según la definición quinta, el trabajo es un proceso social “que tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista”

def trabajo

En la Constitución se establece que Venezuela es un país pluralista y en ninguna parte de su texto se declara, ni socialista, ni anti capitalista, así que por más que esas sean las concepciones que definen la posición política de los funcionarios que hoy ejercen el poder, en el ente rector, no pueden convertirse en elementos que determinen la relación laboral entre los trabajadores de ningún sector y el Estado. De hecho, tal como están escritas esas definiciones, no deberían ser aprobadas por no corresponder al modelo de país establecido en la Constitución.

Obviamente, a esta altura, más de uno pensará que esos términos están incluidos en el Plan de la Patria, pero un plan de la nación, que viola lo establecido en la Constitución, no puede convertirse en referencia para la definición de las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores.

3. En el mismo orden de ideas, el tercer aspecto al que debemos prestar atención, es la definición de organizaciones sindicales, incluida en este contrato. De acuerdo a la definición 4, los sindicatos no sólo son organizaciones para la defensa de los intereses de sus afiliados, sino que ahora tienen también como objeto “la defensa del pueblo, de la independencia y la soberanía nacional”

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Esta lógica, que también está incluida y desarrollada en el actual plan de la patria, pone de lado el concepto de ciudadanía, responde a una concepción “cívico-militar” de las personas y la sociedad, contradiciendo lo que se establece en la Constitución.

Las consecuencias de esa definición se pueden apreciar en dos cláusulas que fueron incluidas en la última reunión de la que tenemos información, la del 19 de noviembre. En ellas se establece:

  • que “se conviene en fomentar el fortalecimiento del sentimiento patriótico y la conciencia clasista”
  • fomentar “la conformación de cuerpos de combatientes estructurados en milicias de trabajadores y trabajadoras desde las sedes administrativas y planteles”. Estas milicias además de contribuir con la atención de la población en situaciones de desastres naturales, garantizarán “los servicios públicos fundamentales en caso de desestabilización, conflicto armado o sabotaje y participarán en la defensa de la Patria cuando las circunstancias así lo exijan”

seguridad y economía

Pero no conformes con lo establecido en esa cláusula, la siguiente, tal como se aprecia en la captura de pantalla precedente, compromete a las organizaciones sindicales a “impulsar la constitución de brigadas voluntarias” para participar en “el combate contra la guerra económica”, en estrecha colaboración con la SUNDDE.

La penetración del modelo político del partido de gobierno y de la lógica de guerra en las condiciones laborales de los trabajadores del sector educativo, además de ser contraria a lo que establece la Constitución vigente, le imprime un carácter diferente al que, por su naturaleza, debe tener el funcionamiento del sistema educativo y de la red de escuelas en el que se sustenta. Pero adicionalmente, los trabajadores de la educación tienen funciones específicas que ocupan, en la mayoría de los casos, mucho más que el tiempo de trabajo, que los términos del contrato le reconocen y remuneran, por lo que, es totalmente descabellado aumentar sus actividades y funciones, aunque éstas tuvieran alguna relación lógica con el trabajo para el que el Estado les contrata. Todo ésto afecta el derecho a la educación, específicamente el que se debe garantizar en el sistema de Educación Básica.

Por otra parte, en contradicción con el espíritu de la citada definición y de esas cláusulas, el texto aprobado hasta el momento, también se incluye una cláusula que declara a las escuelas “como Territorios de Paz”, con la que se establece como labor conjunta entre el ente rector y las organizaciones sindicales, la construcción de relaciones de respeto, la creación de consciencia y prevención de la violencia física y simbólica, evitar todo tipo de discriminación, valorar la diversidad cultural, entre otras, pero cuyo texto incluye el mantenimiento y la preservación de las estructuras e instalaciones educativas, como una de las primeras acciones en este ámbito.

territorios de paz

En este caso, es importante señalar que, asumiendo que el cuidado de las instalaciones debe formar parte de la cultura escolar e incluir a todos los miembros de las comunidades educativas, y que, entre las labores de trabajo de los obreros en las escuelas, se encuentran las de mantenimiento cotidiano y algunas de mantenimiento menor de las instalaciones, el mantenimiento de la infraestructura escolar, como programa en el ámbito de la gestión educativa, es responsabilidad del ente del cuál depende cada una de las escuelas que, a efectos de este contrato, coincide con el ente rector. Es por esa razón que la forma como está redactada esta parte de la cláusula, es peligrosa porque con ella puede estarse descargando nuevamente en las comunidades, la responsabilidad del ministerio sobre una de sus obligaciones,  y que, tal como ha sucedido con la Resolución 58, este descargo de responsabilidad no está acompañado de la transferencia de recursos que permite que las escuelas asuman las competencias que, en consecuencia y de manera velada, se les está transfiriendo, constituyéndose en una carga adicional que las comunidades no pueden afrontar.

En cuanto a las actividades relacionadas con la constitución de las escuelas como “Territorios de Paz”, queremos recalcar que ese propósito es inconsistente con lo señalado al inicio de este punto, porque no es posible construir  una cultura de paz, cimentada en una cultura de guerra.

Como se puede apreciar en lo reseñado hasta el momento, la discusión de esta contratación es de interés para todos los ciudadanos, más allá de los relacionados con el sector o los que pertenecen a los gremios de padres y estudiantes, por sus consecuencias potenciales, no sólo en las condiciones de contratación de los trabajadores del sector, sino por los cambios en la naturaleza de las actividades y funciones a desarrollarse en el sistema educativo, que pueden atentar contra la realización del derecho a la educación de los estudiantes.

Por ello invitamos a todos, a seguir este proceso. Para mantenerse al día con las discusiones, pueden visitar el Blog del Sindicato de los Trabajadores de la Educación del Estado Mérida SINDITEM (pueden encontrarlo en este enlace), quienes han estado publicando las actas que se suscriben en este proceso.

Nosotros estaremos atentos a los avances de esta negociación y continuaremos publicando sobre el tema.

(*)  En este enlace se puede ver la posición completa del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

 

 

 

¿Desde el 1ero de diciembre?


Como se ha convertido en una terrible costumbre en Venezuela, los procesos electorales no están contemplados con anticipación en el calendario escolar elaborado por el ministerio. En efecto, las elecciones del 6 de diciembre, no aparecen reseñadas en el calendario que, tardíamente, envió el ministerio a las escuelas y publicó en su página web. A continuación pueden ver las actividades y efemérides incorporadas en el mes de diciembre, en las dos versiones del calendario:

calendario primaria

calendario media

Si aún no tienen el calendario oficial y lo quieren bajar, pueden hacerlo en el siguiente enlace: Calendario 2015-2016

Por su parte, el CNE en su cronograma electoral, establece que la distribución del material a los centros electorales se realizará el jueves 3 de diciembre (actividad 85), la instalación de las mesas electorales el día viernes 4 a las 8 am (actividad 87) y la recolección el material electoral se realizará entre los días 6 y 7 (actividad 94), lo que implicaría que las escuelas podrían iniciar actividades, el mismo lunes 7, en aquellos casos en los que la recolección del material electoral se realice el día 6.

A pesar de que con este cronograma del CNE se estarían tomando las escuelas un día más de lo estrictamente necesario, al indicar que la entrega del material se realizará el jueves 3, establece claramente que las escuelas estarían recibiendo al Plan República y el material electoral el jueves y entregando el material restante y despidiendo el resguardo de las instalaciones hecho por el Plan República, entre el domingo 6 y el lunes 7, lo que significa, a efectos del calendario escolar que se interrumpirían las actividades máximo 3 días.

Si no conoces el cronograma electoral, puedes buscarlo en la página el CNE o bajarlo aquí: Cronograma elecciones 6D 2015

Cabe resaltar que de acuerdo a los términos que están acostumbrados a utilizar algunos funcionarios, se denomina a este momento la “toma de las escuelas por parte del Plan República”, cuando lo correcto es decir que las escuelas están recibiendo el material electoral y la custodia de la seguridad del mismo, por parte del Plan República. Parece un detalle insignificante, pero no lo es, porque la autoridad de las escuelas reside en sus directivos y la autoridad civil de adscripción (nacional, estadal, municipal, privada o autónoma) y el Plan República sólo cumple funciones de resguardo de las instalaciones en las que se deposita el material electoral.

Hecha esta precisión, es importante llamar la atención en este momento, sobre las declaraciones del Jefe del ZODI del Estado Monagas, quien dice que aspira “tomar” las escuelas el primero de diciembre:

PR monagas

La reseña de las declaraciones, hechas en el portal de Globovisión, se pueden ver en este enlace: Declaraciones del Jefe del Plan República de Monagas.

Estas contrastan con las realizadas por el Jefe del ZODI del litoral central que parecen más apegadas al cronograma del CNE:

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La reseña de estas declaraciones se encuentran en el portal “Ojo Pelao” y se pueden ver en este enlace: Declaraciones del Jefe del Plan República en Vargas.

A esta altura, aunque ya es tarde, corresponde al Ministerio de Educación informar oficialmente a las escuelas sobre los detalles de este proceso y sobre el ajuste que se requiera en el calendario, para recuperar los días que se pierdan en el proceso electoral, por no estar éste considerado inicialmente en su calendario. Esto deberá hacerlo a la brevedad posible, para que las escuelas, a su vez, puedan hacer sus ajustes con la reprogramación correspondiente.

Igualmente, es inaplazable que el ministerio se siente con las autoridades del CNE y las del Plan República, a coordinar la llegada del material a las escuelas que funcionan como centros electorales y de los efectivos que resguardarán su seguridad, así como, la salida de los efectivos y el material en lo que terminen las actividades del proceso electoral que se realizan directamente en los centros, para que las escuelas puedan retomar su dinámica de clases sin perder injustificadamente, ni un día más afectando el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes.

Obviamente, a esta altura, esta coordinación a la que nos referimos, debería estar realizada, pero dadas las diferencias en las declaraciones de los representantes del Plan República, nos tememos que aún falte mucho por acordar y coordinar entre estos entes, para el proceso de este 6 de diciembre.

 

 

Orientaciones Pedagógicas: ¡El detalle que faltaba!


Cuando, seguramente como todos, esperábamos que el MPPE, finalmente, publicara el Calendario Escolar 2015-2016 antes del inicio de actividades. Nos llegó por los caminos verdes, para variar, un documento titulado “Orientaciones Pedagógicas. Año Escolar 2015-2016” que consideramos es de interés general.

Indagando, pudimos conocer que este documento era del conocimiento, desde hace algunos días, de algunos docentes, específicamente los que participan en la formación de directivos en la plataforma web Araguaney, que es pertenece al Centro Nacional de Investigación y Formación del Magisterio Venezolano, adscrito al MPPE y también de los supervisores y algunos directores de escuelas, ya que fue enviado, por correo, al circuito de Zonas Educativas y Municipios Escolares, o al menos, que sepamos, a una parte de ellos.

Aquí les dejamos el índice, para que tengan idea de su contenido:

Y, para quienes quieran revisarlo con detalle, les dejamos este enlace para que lo puedan bajar: Orientaciones Pedagógicas. Año Escolar 2015-2016

Cuando terminemos de revisarlo, escribiremos los comentarios pertinentes y agradecemos, de antemano, los comentarios y observaciones que, los que lo revisen, quieran hacernos llegar, a través de la sección de comentarios, o directamente escribiendo al correo del Observatorio oevenezuela@gmail.com

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