Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Cómo afecta el franco deterioro de las condiciones de vida de los zulianos en el quehacer educativo


El presente, es un reporte preparado por la Asociación Civil Escuelas Arquidiocesanas y FENASOPADRES, que difundimos en este blog, como complemento y ampliación a la publicación previa sobre la situación en el Estado Zulia.

informe conjunto

Según cifras oficiales, el estado Zulia cuenta con 2.720 planteles (de educación básica, es decir, que ofrecen, en diversas combinaciones, desde educación inicial a educación media) (*), que atienden a una matrícula de 800.000 alumnos.

Caracterización de las condiciones de vida de los zulianos:

  • Servicio eléctrico:

El estado experimenta racionamientos, no programados, con esquemas de cortes que van desde 6 horas en adelante, que no permiten ningún tipo de planificación de la jornada escolar. En consecuencia las actividades escolares se desarrollan sin electricidad, a pesar de las altas temperaturas que se registran siempre en el estado; y en horarios reducidos, hasta las 11 a.m. en el turno matutino y hasta las 4.00 p.m. en el turno vespertino.

También se experimentan apagones generalizados producto de cualquier situación que afecta el sistema eléctrico, desactualizado, sin mantenimiento e inversión, absolutamente deteriorado. Estos apagones tienen una duración que va desde 2 días hasta 6 días continuos.

  • Transporte:

La capacidad del sistema de transporte público se ha visto notablemente reducida. De hecho, actualmente solo funciona, cerca del 25 por ciento del servicio, por lo que, ante la inexistencia de  un plan de contingencia de rutas escolares, en algunas rutas, alumnos y maestros se ven obligados a caminar por horas, bajo el sol inclemente zuliano o utilizar cualquier tipo de vehículos no aptos para llegar a las escuelas.

Aunado a esto, el costo del pasaje en una sola vía de ruta corta, puede alcanzar hasta Bs. 1.500 y en los bancos diariamente, luego de hacer largas colas padres, alumnos y maestros y si tienen la suerte de llegar mientras hay efectivo, solo pueden retirar Bs. 3.000 por día; con el agravante de las unidades que prestan el servicio de transporte, no aceptan el pago con billetes de baja denominación, incluyendo el de Bs. 100, que es la denominación que se retira en los cajeros y taquillas de los bancos.

Un dato adicional, en este contexto, es que el monto del sueldo mensual de un docente, no alcanza ni para cubrir el costo de transporte.

En cuanto a los medios de transporte particular, la escasez de gasolina y regulación de litros de suministro por vehículo, ocasionan que la rutina diaria de un zuliano incluya su permanencia en colas de hasta 2 días, para surtir a su vehículo de gasolina y solo se le suministran 30 litros por vehículo, con lo cual no se llena el tanque, ya que, la capacidad de un tanque promedio es de 60 litros de gasolina.

  • Servicio de gas:

El estado Zulia cuenta con gas por sistema de tuberías subterráneas en casi todos los municipios. (Son 21 en total). Dada la grave situación eléctrica, los ciudadanos, los comercios, empresas y algunas escuelas privadas, se han visto obligados a la utilización de plantas eléctricas, lo cual ha llevado a un consumo de gas fuera de lo habitual.

Las empresas que suministran el gas, por la escasez que hay en el país, solo reciben un camión semanal y el que viene por tubería no es suficiente para cubrir toda la demanda. En consecuencia, ha proliferado el uso de carbones y palos para cocinar en los sectores más  vulnerables, no escapando las escuelas de esta realidad, que deben cocinar con leña para poder ofrecer algo de los pocos alimentos que llegan de los programas sociales.

  • Higiene y condiciones sanitarias

Los problemas de suministro de electricidad y agua en las escuelas, así como, en los hogares, aunados, al alto costo de los productos de limpieza y aseo, afectan, en primer lugar y seriamente, la sana practica de higiene de la población estudiantil y docente, lo que, por supuesto, trae como consecuencia el deterioro de todos los actores de la labor educativa; y en segundo lugar, aumentan las dificultades para mantener, en óptimo estado, las condiciones sanitarias requeridas para el desarrollo de las actividades escolares, teniendo como consecuencia el incremento de los costos, dedicados a ello, en las escuelas.

  • Alimentación en horario escolar:

En horario escolar, por norma, las escuelas deben tener disponibles opciones y tiempo para la alimentación de los estudiantes. En el Zulia, los programas oficiales de alimentación son de suministro nacional y regional. En ambos casos, el suministro se realiza intermitentemente y la dotación es incompleta.

Para las escuelas atendidas por el programa nacional, por el CNAE (Corporación Nacional de Alimentación Escolar), y también por el PAEZ, el director de cada escuela, debe ir a retirar los insumos suministrados a un centro previamente establecido, lo que significa que se traslada el costo del transporte a la escuela (con el agravante de que, por la escasez de gasolina y las dificultades y altos costos de mantenimiento de los vehículos, los costos se incrementan para las escuelas) y que se restringe la cantidad y el tipo de insumos para cada plantel. Estas restricciones, por ejemplo, se traducen en que las escuelas puedan recibir solamente leche, solamente carbohidratos o solamente proteínas, lo cual constituye una limitación adicional para la elaboración de comidas nutricionalmente adecuadas.

Por otra parte, en algunos casos, por los problemas derivados de las constantes fallas en la electricidad en las escuelas, cuando el suministro incluye pernil, (cerdo), -que es la proteína animal que llega con alguna frecuencia-, en las escuelas se cocina, se sala o se comparte este insumo, con la comunidad para consumir de inmediato y evitar su descomposición, ya que, por no poder mantenerse correctamente refrigerado, se rompe la cadena de refrigeración.

  • Uniforme escolar y calzado:

Por la situación económica, los padres no pueden asumir los altos costos de estos rubros que forman parte de la canasta educativa. Ello, aunado al alto costo de los productos de limpieza que se utilizan para lavar los uniformes, impide que este mantenimiento, se realice con frecuencia, pues los esfuerzos están dirigidos a garantizar la compra de los alimentos y no a, reparar lavar o comprar vestido y calzado.

Cerca del 40 por ciento de la población, carece de calzado, o estos están en tal estado de deterioro, que muchas veces, los miembros de la comunidad, son obligados a asistir a clases en chanclas o cholas, es decir sandalias muy rudimentarias, lo que crea una situación de presión social y depresión, tanto en niños como en adultos.

  • Salud física y mental:

Las terribles condiciones en las cuales está viviendo el estado Zulia, pero particularmente el sector educativo, han tenido serias consecuencias en la salud, física y mental de los miembros de la comunidad.

Estas han llevado, por una parte, a la acumulación de cansancio, producto de, entre otras, no dormir noches completas, debido a que por las altas temperaturas, las personas se ven obligadas a dormir fuera de sus habitaciones, en algunos casos, en aceras, techos, y en enramadas; y por otra parte, la mala alimentación, los insectos, (especialmente, la proliferación de moscas, producto de la acumulación de basura), la quema de basura (ante la ausencia de recolección de la misma porque no funciona el aseo urbano), el  cocinar en leña, el alto costo de medicamentos y las pésimas condiciones de los centros de salud, han afectado de diversas maneras la salud, lo que ha llevado a que la situación de desesperanza, depresión y tristeza se vea reflejada en el día a día de las escuelas.

  • Planes de contingencia y políticas educativas:

Finalmente, la ausencia de planes por parte del estado venezolano, particularmente de las autoridades regionales en el estado Zulia, para atender a todas las situaciones que afectan el buen desempeño educativo; así como, la falta de lineamientos adecuados, más la imposición de lineamientos no acordes con la realidad de cada escuela, agrava aún más la situación, lo que se traduce en el desconocimiento y la falta de asistencia a la escuela zuliana, vulnerando el derecho a la educación de más de 800 mil niños y jóvenes.


(*)Fuente: Zona Educativa, 2015

Menos tiempo = Educación de baja calidad y formación incompleta


A través de un mensaje en unas cuentas de twitter, se pudo conocer, el pasado domingo 21, a las 9:45 pm que los días lunes, martes y miércoles (22, 23, y 24) de esta semana, el horario escolar estaría restringido entre las 7 am y las 12 m.

Al enterarnos, esperamos la comunicación oficial del Ministerio de Educación, en su cuenta en esa red social o en su página de Facebook, en la página web oficial, a través de sus correos y mensajes en los chats asociados a la red de Zonas Educativas y supervisores, pero no hubo comunicación oficial.

De hecho, en su cuenta de twitter, el MPPE, hasta anoche (22/04), tenía solamente dos RT, uno de cada uno de los mensajes originales publicados con la noticia por otras instancias, y de resto, un montón de mensajes sobre el reinicio de actividades, en los que resaltaban dos cosas: el regreso con “total normalidad” y con un “100% de funcionalidad” en “todos” los planteles y la reiteración del discurso y lenguaje de guerra, afirmando, que se daba un “regreso a clases en resistencia“, frase que se utilizó como referencia para las publicaciones que se produjeron por el reinicio de clases, después de los apagones y antes de Semana Santa.

En la página web, por otra parte, había 3 notas de prensa de ayer y el resto, databan del 16 de abril. En ninguna parte, se hacía referencia ni al ajuste del horario de trabajo, ni a cómo iba a ser el tratamiento de ese recorte en los planteles que tienen turno completo, en las escuelas que tienen 2 turnos, y las que son de turno integral; tampoco se hacía mención a cómo se iba a recuperar el tiempo perdido en ninguno de los casos.

Hoy, 23/04,  aparecieron dos notas de prensa y una reseña adicional sobre una noticia del pasado 15 de abril, cargada con simbología de guerra, y presentada como parte de la portada, con esta imagen que no aparece en la reseña original:

milicia2

Captura de Pantalla de la web del MPPE (23/04/2019)

Sin embargo, información específica sobre qué deben hacer las escuelas y cómo lo harán, no apareció por ninguna fuente pública oficial.

Al parecer, la construcción de una narrativa oficial, desde el MPPE, una narrativa que, por cierto, se debate entre la “resistencia” y el lenguaje de guerra, versus la normalidad absoluta, es lo que constituye la política de comunicación del ente rector del sector, en lugar de la información que, como la instancia que en la que recae la responsabilidad garantizar educación de calidad para todos, debería suministrar a las comunidades educativas, pero también a la ciudadanía en general, sobre el funcionamiento del sistema y, especialmente, en este momento, sobre las medidas extraordinarias que deberían ayudar, por una parte a recuperar el tiempo perdido, y por la otra, a cumplir con su obligación de ofrecer y garantizar, educación de calidad para todos, sin ninguna discriminación y respetando lo que establecen, tanto la Constitución, como los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

Lo que sí pudimos conocer algunos, de acuerdo a la información difundida por los chats de la red de supervisores, fue la agenda cultural programada para los últimos días de este mes, es decir, esta semana e inicios de la otra, que, de acuerdo a un mensaje enviado el 17, era la siguiente:

de la zona F

Captura de pantalla de un mensaje de whatsapp

También pudimos conocer, a través de otro mensaje, los detalles de la programación para esta período de tiempo, que corresponde al cierre del segundo lapso, ahora denominado “Momento Pedagógico“, en una de las Zonas Educativas. A continuación el texto:

 “Buen día colegas, por medio de la presente se les envía orientaciones para ser incorporadas en sus planificaciones o sistema de trabajo institucional:

1. Del 22 al 26-04-19 Semana Aniversario del Programa Todas las Manos a la Siembra, desarrollar actividades alusivas al programa en todos los niveles, proyectarlos a través de periódicos , murales, carteleras, trabajo en los espacios donde se desarrolla entre otras estrategias, ustedes colegas son muy creativos.

2. Del 22 al 25-04-19 se debe elaborar y terminar los Boletines Informativos, II Momento Pedagógico en Educación Inicial, Primaria y Especial.

3.  Del 22 al 24-0419, se deben realizar Jornadas de Convivencia y Paz institucional.

4. El día 26-04-19 Consejo Pedagógico y entrega del II Registro Informativo (Boletines) de los Procesos de Aprendizaje de Educación Media General y Adultos.

5. El día 26-0419, Jornada de Mantenimiento escolar “Esta es mi escuela”

6. Día 29-04-19 Entrega de Boletines Informativos II Momento Pedagógico de Educación Inicial, Primaria y Educación Especial. así mismo, inicia el III Momento Pedagógico del año escolar 2018-2019.

7. Día 30-04-19′ Entrega del II Registro Informativo (Boletines) de los Procesos de Aprendizaje de Educación Media y Adultos.

8. Del 22 al 24-04-19 Horarios especial de actividades escolares (7:00am a 12:00m) y (8:00am a 1:00pm)

9. Enviar diariamente la matricula asistida tanto de los estudiantes como del personal, por favor antes de las 9:00am.

Nota: Se les estará informándose a las instituciones de Educación Media en el transcurso de la tarde si pueden extender su horario hasta las 2 durante los días martes y miércoles de la presente semana.

10. Recuerden la actividad de la juramentacion de las brigadas el día 25/4 en la cancha Montañeros. Se les envió por correo la información y programación”

(Copia textual del mensaje)

Como se puede apreciar, en el punto 8 y en la nota que está después del punto 9, se encuentra, muy escueta, la información sobre el horario restringido -punto 8-, sin aclarar cómo se manejará su instrumentación en las escuelas que tienen turno vespertino, o en las que son de turno integral; y se notifica que, ayer en la tarde, se informaría a las escuelas con Educación Media, si podían extender el horario hasta las 2 pm. Es decir, que las escuelas donde hay bachillerato, tendrían que esperar a después de terminada la jornada, para saber si, hoy martes y mañana miércoles, podrían ampliar el tiempo de la jornada hasta las 2 pm.

Es importante aprovechar el contenido de esa nota para recordar que las actividades educativas, son actividades planificadas y por tanto, todos los cambios, internos o externos, que afecten su desarrollo, tienen como consecuencia que los maestros y profesores, deban revisar y reajustar su planificación. Si como en todos los casos, se hacen los anuncios a última hora y llegan a las escuelas por medios informales, o por medios oficiales con atraso, como en estos casos, el trabajo de los profesionales de la educación y la formación de los estudiantes, se ven, irremediablemente, afectados.

Es por ello que hay que reiterar, que no es aceptable que el anuncio de la reducción de la jornada los días 22, 23 y 24, se haga de manera informal y la noche del 21. Tampoco es aceptable que el ente rector de la educación, el Ministerio, no tenga información oficial en ninguno de sus medios, más allá de un par de retuits de unos escuetos mensajes, así como tampoco es aceptable que la información que llegue a las escuelas, a través de la red de supervisores, se restrinja a un punto y una nota, en un mensaje de chat enviado el primer día de instrumentada la medida, pero además, con información incompleta y con un aviso de que, más tarde, recibirían más información.

¡La garantía del derecho a la educación, debe tomarse en serio en Venezuela!

Además, queremos recordar que esta reducción de jornada que afecta, de formas diversas a las escuelas, dependiendo de su jornada y horario de trabajo, se suma al tiempo perdido este año escolar, para el que no se ha planteado un plan serio y realista de recuperación hasta el momento.

Es importante que el país exija seriedad y cumplimiento de la garantía del derecho a la educación, porque las consecuencias de estas pérdidas de tiempo, que se traducen en aprendizajes de baja calidad e incompletos, tienen impacto a corto, mediano y largo plazo en la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Finalmente, es importante recordar que, en este caso, estamos hablando de la Educación Básica, que es obligatoria, es decir, ella contiene los conocimientos, habilidades, competencias y actitudes que todo ciudadano debe, obligatoriamente, desarrollar, por lo que cursarla, aprovecharla y aprobarla, es un deber para todos; y, por tanto, lo que en ella suceda, es un asunto de interés para cada persona y también para toda la sociedad, así como una responsabilidad ineludible del Estado.

 

Continua la suspensión de clases en #Venezuela


Este lunes 25 de marzo, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hubo una falla en el sistema eléctrico que dejó sin luz a una parte del país. A las 9:50 de la noche, cuando el servicio se había recuperado en varias zonas, se produjo un nuevo apagón afectando casi a la totalidad de los Estados.

Ese segundo apagón se mantuvo, por más un poco más de 13 horas en algunos sectores, pero por más de 24 horas en otras zonas, por lo que fueron suspendidas las actividades laborales y las clases del martes 26 de marzo. Posteriormente, el miércoles 27, a las 5 am, se volvió a generalizar el apagón en todo el país, por lo que se mantuvo la suspensión de actividades laborales y de clases.

Anoche, a las 8:30 pm, se anunció, a través de un mensaje de twitter, la extensión de la suspensión para este jueves 28 de marzo.

tuit JR 2703 suspension

El MPPE difundió ese mensaje, pero pasadas las 10 de la noche.

tuit del MPPE del 2703

En momentos como éstos, en los que situaciones externas al sistema educativo, afectan el desarrollo de las actividades, lo esperable es que el MPPE, a través de la red de supervisores y de sus medios de comunicación, que incluyen su web y sus redes, informe a las comunidades educativas sobre lo sucedido, pero especialmente, sobre cómo abordar sus consecuencias para lo que constituye su mandato, que es garantizar educación de calidad para todos, sin discriminación de ningún tipo.

Sin embargo, ni en la web del ministerio, ni en su cuenta de twitter, pudimos conseguir orientaciones que permitan a las escuelas, reprogramar sus actividades y atender a las consecuencias de los reiterados apagones en el aprendizaje de los estudiantes.

En su lugar, en la web del ministerio, las notas de prensa más recientes son del pasado 23 de marzo. A continuación se muestra el titular y la imagen que acompaña una de las dos notas de prensa. Ambas tienen un contenido similar y están referidas a una manifestación realizada en esa fecha en Caracas, pero en la que es presentada con este titular y esta foto, se recogen las declaraciones de varios funcionarios y maestros, en las que el mensaje es salir a la calle a defender “la revolución” y en ninguna parte, se menciona lo que se debe hacer en las escuelas para recuperar el tiempo perdido por el apagón del 7 de marzo.

Aristóbulo

Y en la cuenta de twitter, además del mensaje fijo con la suspensión de actividades que referimos al inicio, encontramos una publicación con la versión oficial de lo sucedido:

versión de lo sucedido

Adicionalmente, además de las publicaciones repetidas de otros días, un par de noticias sobre el programa de alimentación escolar; algunas sugerencias elaboradas por otro ente, para hacer un mejor uso del servicio eléctrico; y la publicación de información de otras instancias del ejecutivo, que incluyen una sobre la efeméride de hoy, y muchas sobre lo sucedido, con una versión particular y un lenguaje abiertamente de guerra que se aleja mucho de lo que debería ser la misión de un ente como el MPPE.

También encontramos una publicación con información político partidista que no debería ser divulgada desde la cuenta oficial del MPPE, en respeto a lo establecido en el artículo 102 de la Constitución y en sus disposiciones fundamentales.

boletin del partido

Lo que no encontramos, fue información con instrucciones giradas por el MPPE para que las escuelas y sus comunidades educativas puedan identificar, abordar y manejar las consecuencias de los apagones cuando se reinicien las clases, así como tampoco, las tan esperadas, por todos, pautas para la reprogramación del calendario escolar que, ahora, tiene que incluir la recuperación de 3 días más de clases, perdidos.

Y es que, en efecto, tomando solamente los días en los que la suspensión ha sido nacional, de acuerdo a las causas reconocidas por todos, hasta hoy llevamos 16 días de clases perdidos.

 

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¿Es posible la recuperación del tiempo perdido en educación?


(Por diversas razones no habíamos podido mantener las publicaciones del blog actualizadas. Hoy, aprovechando que hay luz y conexión, – bueno, había conexión y se cayó antes de publicar-, retomaremos las publicaciones en este blog)

Como todos saben, siempre hacemos una hipótesis de calendario al inicio del año escolar, que luego ajustamos cuando se publica el calendario del Ministerio y posteriormente vamos haciendo un balance de los días de clase perdidos.

Ese seguimiento tiene sentido siempre, incluso en circunstancias especiales e inéditas como las que estamos viviendo en Venezuela, pero precisamente por estas circunstancias, especialmente por la forma diversa en la que han afectado al país, dependiendo de las zonas, en lugar de comenzar con el “cálculo” de los días de clases perdidos, en este momento, haremos unas consideraciones sobre cómo y para qué estimar el tiempo perdido, y sobre las condiciones para el regreso y la continuación del año escolar.

Estimación del tiempo perdido

Sacar la cuenta del tiempo perdido en educación, en este momento, es una tarea que debe ser realizada en cada escuela, porque para poder saber cuántos días y horas de clase se han perdido desde el inicio de clases, el 17 de septiembre -para inicial y primaria- , o desde el 1 de octubre -para bachillerato-, es imprescindible hacer la cuenta en cada una de las escuelas del país, tomando en consideración varios factores:

  1. Días de inicio de año escolar empleados en inscripciones y con actividades incompletas por baja asistencia de los estudiantes.
  2. Días de inicio de año escolar perdidos porque, como consecuencia de las inundaciones, no se pudieron iniciar las actividades en las escuelas.
  3. Días de suspensión de actividades por elecciones. En esta oportunidad también hay variaciones, teniendo como máximo los 5 días inicialmente decretados por el Ministerio.
  4. Días de retorno de las vacaciones de diciembre con actividades incompletas por la baja asistencia de estudiantes y por la migración de docentes.
  5. Días de asueto decretados por el ejecutivo.
  6. Días de actividades perdidas previos al apagón nacional por falta de luz o de agua en la zona en la que se ubica la escuela. También se deben contabilizar las suspensiones parciales, es decir, las horas perdidas porque se redujo la jornada de trabajo, por las mismas razones o por fallas en el Sistema de Alimentación Escolar, por las que.
  7. Días de apagón, más días de suspensión de actividades decretados.

Para ello, a esta altura, se esperaría que el Ministerio hubiera girado instrucciones en las escuelas, en varias oportunidades, para poder contabilizar las pérdidas en cada una y, de ser necesario, como en el caso de las escuelas ubicadas en los municipios afectados por las inundaciones, que hubiera organizado la reprogramación y extensión del año escolar desde el inicio. Actualmente, también se esperaría que hubiera tenido un balance del tiempo perdido hasta antes del apagón, con una propuesta de extensión del calendario, para recuperarlo.

Tiempo perdido más allá de suspensiones y reducciones de jornada

Sin embargo, el tiempo perdido, en educación, no se calcula solamente en términos de días y horas sin clases, o sin actividades de aprendizaje, se calcula tomando en consideración el aprovechamiento efectivo del tiempo escolar.

En nuestra publicación del 10 de septiembre del año pasado, en la que presentamos las consideraciones que se deberían tener para evaluar la factibilidad del inicio del año escolar 2018-2019, con normalidad, especificamos los problemas que se habían registrado a lo largo del año escolar pasado y que habían afectado la calidad y cantidad de los aprendizajes de los estudiantes. (Puedes leer la publicación aquí)

La mayoría de los problemas registrados durante el año escolar 2017-2018, se han repetido e incrementado durante lo que va de año escolar 2018-2019, afectando, mucho más, las posibilidades de mantener la continuidad en las actividades de aprendizaje. Para ilustrar la situación cotidiana de las escuelas, tomaremos dos problemas como ejemplos:

  1. La inasistencia recurrente de los estudiantes: como se sabe, desde el año escolar pasado, en muchas escuelas, falta a clases todos los días, entre el 30 y el 70 % de los estudiantes de cada aula, la inasistencia no es la misma en todas las aulas, todos los días, ni tampoco es la misma en todas las aulas de una escuela.

Adicionalmente, los estudiantes que no asisten varían día a día. En algunos casos, las inasistencias de los estudiantes son de una a 3 veces a la semana.

Esa situación tiene como consecuencia una variación importante en la conformación del grupo de estudiantes que se encuentra en el aula, cada día; en efecto, debido a ello, el grupo siempre es diferente, por lo que a los maestros se les dificulta mantener la continuidad en los procesos de enseñanza, y, por ello, deben emplear mucho más del tiempo requerido para desarrollar las actividades y garantizar el aprendizaje. Una buena parte del tiempo, es empleado en repetir experiencias para garantizar el aprendizaje de los que no pudieron asistir y en realizar actividades para retomar el hilo, repasar, reforzar procesos y tratar de reconstruir la continuidad perdida.

La ruptura en la continuidad de los aprendizajes, se agudiza con las interrupciones parciales o totales de las actividades por fallas en los servicios (agua, luz, alimentación), que en algunas zonas del país, son recurrentes. Pero también, la capacidad de participar de forma exitosa en las actividades, está mediada, por una parte por las razones por las que los estudiantes dejan de asistir de forma recurrente, así como por las condiciones de vida en sus casas, y por la otra, por las condiciones en las que se desarrollan las actividades en las escuelas que incluyen desde la dotación, hasta las condiciones sanitarias y de seguridad, pasando por el equipamiento y la alimentación.

Las inasistencias de esta magnitud, por las causas que se producen, y especialmente, por las consecuencias en la formación de cada uno de los estudiantes, no se contabilizan simplemente, se tienen que registrar tomando como referencia los aprendizajes afectados en cada caso, y tomándolos en consideración a la hora de reprogramar, porque un estudiante que no logró un aprendizaje que es requisito para uno posterior, está en franca desventaja y no sólo tendrá más dificultades de aprender posteriormente, sino que sufrirá el impacto psicológico de experimentar esa desventaja, especialmente, conociendo las causas que la originaron.

Todas esas interrupciones –y su recurrencia- debilitan la apropiación de los aprendizajes por parte de los estudiantes, lo que tiene como consecuencia una mayor disminución en la calidad de la educación que se obtiene, afectando, en última instancia, la realización del derecho a la educación, y limitando el desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

2. Condiciones psicológicas y emocionales de estudiantes y docentes: además de los problemas ya reportados, el año escolar pasado, que como sabemos también se han incrementado al inicio de este, la situación política, económica y social ha tenido severas consecuencias en la población emocionales y psicológicas en la población.

La incertidumbre por la situación y sus consecuencias en la vida cotidiana, las restricciones en la adquisición de alimentos y medicamentos, las fallas en el transporte, las fallas en los servicios de luz y de agua, la falla en el suministro de gas, el aumento de la delincuencia, por una parte, y la sensación de pérdida tanto de condiciones de vida, como de familia, por las migraciones, entre otras, han generado un estado de indefensión, de desesperanza, de inestabilidad emocional y psicológica en la población, que dificultan, tanto la capacidad de concentración y organización de todos, como la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.

Aunque ya algunas de las condiciones se han comenzado a hacer visibles, como problemas del sistema educativo, como por ejemplo, entender que un niño que no se alimenta bien, no puede aprender; o que cuando no hay recursos suficientes en las casas, o cuando no hay agua para lavar la ropa o hasta para bañarse, como ha pasado en los últimos meses, los niños dejan de asistir a la escuela; hay otras que ahora es que comienzan a mencionarse y que están asociadas a la angustia psicosocial y los traumas psicológicos; así como también otras que no se mencionan sino en algunos espacios, como la necesidad de mantener la estructura y organización del tiempo, así como las rutinas de vida en la cotidianidad.

En efecto, ahora parece comenzar a entenderse que un niño que está triste porque parte de su familia emigró, o porque perdió un familiar o un amigo, producto de la falta de medicamentos, de alimentos, o por deficiencias en el sistema de salud o como víctima de la delincuencia, o porque sus condiciones de vida han disminuido considerablemente; o un niño que tiene miedo porque en el sector en el que vive experimenta la tensión de la inseguridad cotidianamente, no puede concentrarse y por tanto, está en desventaja para el desarrollo del proceso de aprendizaje.

En estos casos, tanto los cálculos del tiempo necesario para recuperar la calidad y completitud de los aprendizajes, como para el diseño de las estrategias para lograr la restauración de los mismos, especialmente, cuando las condiciones que los afectan, no mejoran, sino que se agravan con el tiempo, requieren, además de instrucciones especiales, dado lo excepcional de la situación, de un proceso de evaluación que permita a los docentes estimar el tiempo que requeriría para poder replantear su planificación para el resto del año escolar. Ese proceso de evaluación, por cierto, también requiere tiempo que no podrá emplearse ni en la reconstrucción de la continuidad del proceso, ni en el desarrollo del mismo.

Adicionalmente, lo extraordinario de este tipo de situaciones, requiere el apoyo de personal especializado y de guías para docentes y padres, o representantes, que permitan acompañar de manera adecuada a los estudiantes en su participación en el proceso educativo.

Condiciones para el regreso y la continuación del año escolar

En una situación como la que estamos viviendo en Venezuela, se esperaría que el Ministerio de Educación, como el ente responsable del sistema educativo, específicamente de la educación básica, a esta altura:

  1. Hubiera hecho un balance de los daños en las escuelas, por las fallas en los servicios, así como por las consecuencias de la delincuencia. Ese balance debería incluir, el cálculo de los daños y pérdidas, así como de un inventario de los problemas a resolver y las necesidades de reparación y reposición de equipos e insumos; y con un estimado del tiempo de recuperación tanto de los servicios de luz, agua y alimentación, más la inversión y el tiempo para reparar daños y reponer equipos e insumos en cada escuela.
  2. Hubiera hecho un balance del equipo docente con el que se cuenta y de los cargos docentes ocupados temporalmente, por personas que no tienen formación para ese ejercicio, de forma de poder generar un plan de emergencia para la atención de los centros educativos, que estuviera acompañado por docentes formados –incluso pidiendo ayuda a docentes jubilados- y por materiales para apoyar a todo el personal, tanto en las labores pedagógicas propiamente dichas, como en la detección y atención a las consecuencias de la angustia psicosocial y los traumas psicológicos. Ese balance y ese plan, por cierto, debería incluir una evaluación de las condiciones de trabajo y de vida de los docentes, así como la restauración de las condiciones establecidas en su contratación colectiva.
  3. Hubiera discutido, con los organismos internacionales competentes en atención a las emergencias humanitarias, las posibilidades y planes, tanto para el reinicio de clases, como para la extensión del año escolar, con base en las actividades de acompañamiento psicosocial y educativo, complementarias, para garantizar disminuir las diferencias en las condiciones de los estudiantes, por la diversidad de formas y magnitud, en las sus vidas y su formación se han afectado, hasta el momento.
  4. Con base en la información recaudada, hubiera elaborado planes, con inversión establecida y tiempos, así como, con materiales para garantizar un exitoso reinicio del año escolar, con la necesaria restauración de las condiciones y aprendizajes dependiendo de las variaciones de la situación en cada una de las zonas del país y de las escuelas.
  5. Hubiera discutido con los gremios del sector, los planes elaborados y la mejor forma de instrumentarlos para, desde la visión de los que hacen posible cotidianamente la educación en las escuelas, se pudieran hacer los ajustes necesarios.
  6. Y, en lugar de estar postergando diariamente el inicio de clases, anunciara el día de reinicio de las clases, con un calendario claro, junto con los planes asociados, para el conocimiento de todo el país y de cada comunidad.

Sin embargo, además de ello, en aquellas escuelas en las que se pudiera, así fuera de forma parcial, por las condiciones generadas por las fallas en los servicios, se hubieran podido habilitar las instalaciones para:

  1. Proveer de alimentos a las comunidades con mayores dificultades. Obviamente, para ello, la escuela debería contar con un mínimo de condiciones que incluyeran agua, luz y gas, para poder preparar los alimentos, pero, esas son condiciones que, en muchos casos pudieron procurarse con el apoyo del Estado, y que pudieron ayudar a atender a la población, así como a disminuir los efectos psicosociales de la situación en ella. Esta actividad se ha realizado en algunas escuelas del Estado Miranda los dos últimos días.
  2. Servir como centros de acopio y distribución de insumos básicos, como comida no perecedera, suplementos nutricionales y agua, que es lo que se debería suministrar a la población en una situación de emergencia generalizada como la que se presentó a raíz del apagón generalizado en Venezuela.
  3. Servir como centros de reunión y de atención para los niños y jóvenes, con actividades lúdicas y complementarias de aprendizaje, que les permitieran tener algo de organización en el tiempo y mantener la lógica de la rutina, ambas cosas importantes, tanto para su formación, como para su estabilidad psicológica y emocional.

En lugar de ello, asistimos a una dinámica muy diferente, especialmente carente de evaluaciones, balances, planes y materiales de apoyo para atender la situación actual y para el acompañamiento de nuestros niños y jóvenes, antes, durante y después del reinicio de clases.

 

Monitoreando el inicio del año escolar 2018-2019 en Venezuela


Como sabes, durante el año escolar pasado (2017-2018) el sistema educativo presentó muchas irregularidades producto de, por una parte, los impactos de la situación nacional sobre la vida de las familias, de todos los miembros de las comunidades educativas, y por la otra, por las propias fallas estructurales del sistema.

Es por esta razón que este año escolar 2018-2019, que inicia mañana, 17 de septiembre, para los niveles de inicial y primaria de la Educación Básica, requerimos conocer y hacer visibles ante el país, las condiciones en las que se inician las actividades.

Para poder tener información oportuna y directa desde las escuelas, requerimos de tu apoyo, por lo que queremos invitarte a participar.

Participar como padre, representante, docente, trabajador administrativo, obrero, estudiante, o vecino de la comunidad en la que se localiza la escuela, es muy sencillo, puedes contarnos:

  1. Si se iniciaron las clases.
  2. Si la escuela cuenta con las condiciones de infraestructura y dotación, aptas para iniciar las clases.
  3. Si la escuela cuenta con las condiciones de mínimas para su funcionamiento, es decir, si tiene condiciones sanitarias, agua potable, luz, comunicaciones, internet.
  4. Si tiene los insumos y equipamiento para brindar alimentación.
  5. Si hay transporte público para llegar a la escuela.
  6. Si cuenta con los docentes y directivos suficientes para desarrollar una educación de calidad.

Puedes hacerlo escribiendo:

  1. Uno o varios correos a monitoreoOEV@gmail.com, 
  2. O uno o varios tuits usando la etiqueta #AClasesVzla2018 

Cuando escribas, recuerda siempre poner el nombre de tu escuela y dónde está ubicada para poder incorporarla en el registro. Si es posible, puedes acompañar la información con fotos.

Para tener la mayor cantidad de información posible, estaremos recibiendo aportes sobre el inicio del año escolar durante el primer mes de actividades. A partir del 1 de octubre, esperamos también tener reportes sobre el inicio de las clases en educación media.

Te damos las gracias de antemano, por participar y permitirnos visibilizar la situación de las escuelas al inicio de este año 2018-2019

Nueva suspensión por elecciones = 10 días menos de clases este año escolar en Venezuela


El pasado miércoles 9 de abril, el Ministerio de Educación (MPPE), publicó en su cuenta de twitter una circular, fechada el 10 de mayo, con la que notificaba la suspensión de las actividades en todos los planteles, desde el martes 15 hasta el lunes 21, por la realización de las elecciones pautadas para el 20 de mayo.

A continuación pueden ver el tuit y la circular:

 

En esta oportunidad, como en los anteriores procesos electorales, la suspensión de clases se hace por 5 días: 4 previos al fin de semana en el que se realiza la votación, más el lunes siguiente. Esto sucede así, desde hace varios años.

Esta suspensión, como hemos señalado en procesos electorales anteriores, es excesiva e innecesaria, pues bastaría con suspender las actividades el viernes antes y el lunes después, para la entrega de materiales y equipos, la organización y apertura de las mesas, la realización del proceso de votación, el cierre de mesas con sus respectivas auditorías, y la devolución de los materiales y equipos electorales al CNE, a través del organismo correspondiente.

Sin embargo, en esta oportunidad, además de los cuestionamientos que se han hecho sobre la legitimidad de la convocatoria al proceso electoral y la duración de la suspensión de clases, la situación presenta un agravante, debido a que la medida se aplica a todas escuelas, sean o no centros electorales.

En efecto, se produce una doble restricción al derecho a la educación, porque por una parte se suspenden las actividades en escuelas que no son centros electorales y por la otra se suspenden por más días de los necesarios para realizar el proceso electoral.

Todo ello, sin que el MPPE anuncie ninguna medida que permita la recuperación del tiempo perdido y la restauración adecuada y efectiva de los procesos de aprendizaje.

Cabe destacar que, por no estar previsto este proceso electoral desde antes de iniciar el año escolar, ni haber sido incluido con anticipación en el calendario de actividades, las escuelas no han contado con tiempo suficiente para hacer los ajustes que les permitirían mantener la calidad y la eficacia de los procesos de aprendizaje. Y ante tan poca anticipación y sin contar con medidas que permitan ajustar el calendario escolar, aumentando los días o ampliando el horario de trabajo, resulta imposible, tanto mitigar los efectos negativos de las interrupciones no programadas de actividades, como de la disminución del tiempo de actividades escolares.

En efecto, desde inicios del año escolar, en la publicación que hicimos el 21 de septiembre, advertimos que, de los 324 días que hay entre el 18 de septiembre -día de inicio del año escolar para los niveles de educación inicial y primaria-, y el 31 de julio -día de cierre del año escolar-, se podrían tener 201 días de actividades escolares -uno más que lo que estipula el artículo 49 de la LOE-, pero sólo 149 días de clases, incluyendo, entre los días potenciales, todas las actividades complementarias.

artículo 49 de LOE

Con este nuevo proceso electoral, la cantidad de días de clase se reduce a 144 y el tiempo disponible para actividades escolares queda en 196, es decir, 4 días menos que lo que establece la LOE.

Ver la distribución en los gráficos siguientes:

Fuente: Elaboración propia.

Tanto la reducción del tiempo, como la falta de anticipación en su notificación, tienen repercusiones negativas en la realización del derecho a la educación, que implica el desarrollo de educación de calidad.

Frente a esta medida arbitraria, algunas comunidades educativas han reaccionado. Una de ellas, elaboró el siguiente comunicado, en el cual hacen un llamado a toda la comunidad a asistir a la escuela y desarrollar las actividades con normalidad, hasta el jueves 17 de mayo. El comunicado, se puede ver a continuación:

comunidad JXXIII

Fuente: Cuenta de twitter de la Comunidad Educativa del I.E. Juan XXIII (*)

Es importante, adicionalmente, llamar la atención sobre el hecho de que esta suspensión de actividades se da en un momento, en el que por diversas razones, el desarrollo del año escolar se ha visto entorpecido y la continuidad de los procesos de aprendizaje ha sido interrumpida con frecuencia.

Nos referimos a las inasistencias recurrentes reportadas en las escuelas, tanto de estudiantes como de docentes, derivadas de la disminución en las opciones de transporte público, de la falta de recursos en las familias para sufragar los costos de traslado a las escuelas y de alimentación en el tiempo escolar, y de la imposibilidad de asistencia por razones de salud o, en el caso de los estudiantes, por tener que trabajar o acompañar a sus familias a hacer colas para conseguir alimentos.

Pero también, nos referimos a las interrupciones de las actividades escolares por las fallas recurrentes en el Programa de Alimentación Escolar y en los servicios de electricidad y agua, que implican la suspensión, parcial o total, de la jornada diaria de clases, por falta de condiciones para realizar las actividades.

Estas son situaciones que se presentan, cada vez con más frecuencia, en las escuelas de todas las dependencias del sistema educativo venezolano y, aún cuando su recurrencia es variable a lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que los estudiantes son afectados de forma peculiar y diferenciada, los efectos en la restricción del derecho a la educación, en términos de continuidad y calidad, son cada vez más generalizados.

Ante este contexto, se esperaría que el MPPE en lugar de suspender las clases 5 días para la realización de un proceso electoral, estuviera haciendo un inventario de las interrupciones parciales y totales de clases, así como de la recurrencia de las inasistencias de los estudiantes, y proponiendo medidas especiales para tratar, en lo posible, de mitigar los efectos negativos de esta situación sobre el funcionamiento del sistema educativo, así como de normalizar la continuidad de los procesos de aprendizaje y trabajar por garantizar un mínimo de calidad en la educación durante lo que resta del año escolar 2017-2018.

También es importante alertar sobre la continuidad en el uso inadecuado de los recursos del Estado que se hace desde el MPPE, específicamente en el contexto del proceso electoral, ya que promueve actividades y utiliza sus medios de comunicación y cuentas en las redes sociales, para hacer campaña electoral por uno de los candidatos, lo cual es violatorio de la normativa existente y califica como peculado de uso.

En las siguientes imágenes se pueden apreciar, unos pocos ejemplos, del uso propagandístico de la cuenta oficial de twitter del MPPE, en el marco de la campaña electoral, por una parte, difundiendo información de campaña electoral, y por la otra, reseñando dos actos, uno con mujeres y otro con docentes, en los que se instó a ambos sectores a trabajar en la campaña electoral de uno de los candidatos, actos que en sí mismos, son violatorios de la normativa existente.

Nota: Para ver las imágenes completas, pulse cada una de ellas. Fuente: Cuenta de twitter del MPPE

Tanto esta nueva suspensión de clases, como el uso de los recursos del Estado con fines propagandístico-electorales, vulneran el derecho a la educación en Venezuela.

(*) En este enlace, pueden ver la cuenta de twitter de la Comunidad Educativa del I.E. Juan XXIII

¿Crees que Venezuela pase el examen?


Hoy 1 de noviembre, a entre las 4 y las 7.30 am, hora de Venezuela, el Estado venezolano rinde examen ante Naciones Unidas. Se trata del Examen Periódico Universal (EPU) que los Estados presentan ante sus pares, cada cuatro años.

El primer ciclo de Venezuela se realizó en 2011, por lo que este será el segundo ciclo.

De acuerdo a la lógica empleada, el Estado, en esta oportunidad, deberá dar cuenta sobre cómo ha adoptado las recomendaciones hechas por los otros Estados en el primer ciclo, así como los avances que, en materia de garantía de los derechos humanos, ha logrado desde entonces.

Al ser el EPU un examen universal, trata todos los derechos humanos, por tanto, incluye el derecho a la educación.

En el informe presentado por el Estado para este segundo ciclo, la sección sobre educación, dice lo siguiente:

“68. En Venezuela, el 82% de las escuelas son públicas, gratuitas y de calidad, con participación del gobierno central, estatal y municipal. Para el año escolar 2014–2015, Venezuela tuvo una cobertura de estudiantes de 3 a 16 años en todos sus niveles y modalidades del 89,3%; y en la enseñanza primaria del 93%; con índices de paridad de género en todos los niveles educativos.

69. Desde 2013 se destina al Sub-sistema de Educación Básica más del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), (2013: 4,14%; 2014: 4,39%; y 2015: 4,03%). Dicho porcentaje sumado a lo destinado en Educación Universitaria, supera el 6% del PIB que recomienda la UNESCO en educación.

70. Hasta el año 2015, los programas educativos Robinson I y II han alfabetizado a 2.838.079 personas, que en promedio tienen 55 años de edad, en su mayoría mujeres (58%); la Misión Ribas10 ha formado 1.000.766 personas; y la Misión Sucre11 ha graduado 417.796 estudiantes.

71. Se han entregado de manera gratuita, 100.000 libros escolares a estudiantes de educación básica12. Estos libros son adaptados a la lengua y cultura de las comunidades indígenas. Hasta el primer trimestre de 2016, se han distribuido más de 4.500.000 computadoras portátiles “Canaimitas”13 con una inversión de aproximadamente 1.500.000,00 USD.

72. La disminución de la brecha digital ha tenido un impacto social significativo. Se han instalado 2.704 CBIT destinados a la reparación de computadoras y actualización de software, llegando a las parroquias menos favorecidas. Al cierre de 2014 se han formado tecnológicamente a más de 1.800.000 personas y se ha garantizado el acceso a las TIC’s a 1.000 estudiantes con necesidades educativas especiales. También se garantiza conectividad Wi-Fi gratuita en la mayoría de plazas centrales del país.

73. Durante el período escolar 2014–2015, la población en educación inicial alcanzó un total de 1.597.521 niños; representando una tasa de escolaridad del 79%; en educación primaria, la matrícula fue de 3.449.592 estudiantes; representando una tasa de escolaridad de 93%; y en educación media (general y técnica), tasa neta de escolaridad se ubicó 73%, con una la matricula de 2.301.822 adolescentes y jóvenes para ese período educativo.

74. Se han desplegado estrategias para la educación no-convencional en primera infancia (Simoncitos Comunitarios y Simoncitos Familiares) para la atención a 100.353 niños de 0 a 6 años anualmente (según año escolar), con la participación de 23.224 madres integrales que colaboran en la educación y a la vez se incorporan al mercado laboral. Igualmente, se brindó apoyo a 7.947 miembros de las familias en actividades de formación en salud sexual y reproductiva, educación familiar y crecimiento personal.

75. Durante este periodo, se realizó una amplia consulta sobre la calidad educativa, en la cual la población expresó su opinión sobre la educación que quiere. Participaron 7.233.489 personas, cifra que representa el 27% de la población mayor a 6 años, lo que implicó que 3 de cada 10 venezolanos expresaron su opinión.

76. En cuanto a la educación universitaria, se creó un nuevo Sistema Nacional de Ingreso que garantiza el acceso con criterios de justicia y equidad, donde el 1% de los cupos son para personas con discapacidad. La matrícula en educación universitaria para el año 2015 fue de 2.622.013 estudiantes, lo cual representó el 83,25% de acceso en edades comprendidas entre 17 y 22 años.

77. En cuanto a los beneficios estudiantiles, hasta el año 2014 se otorgaron un total de 252.178 becas a estudiantes de pregrado y postgrado para fortalecer la formación en áreas de desarrollo estratégico nacional. Éstos también cuentan con atención de salud totalmente gratuita y se han construido y habilitado residencias estudiantiles.”

Este informe contiene la base de la exposición que los representantes del Estado, harán durante los 70 minutos que les corresponden, de acuerdo a la dinámica de la sesión, después de lo que, un grupo de países harán intervenciones comentando lo expuesto y haciendo recomendaciones. Hasta ahora hay 103 países inscritos para intervenir. De acuerdo al tiempo disponible para la sesión, cada Estado tendrá 1 minuto y 10 segundos para hacer su intervención.

A continuación haremos unos comentarios sobre algunos de los datos suministrados por el Estado en su informe.

Sobre el comentario 68, que dice: “En Venezuela, el 82% de las escuelas son públicas, gratuitas y de calidad, con participación del gobierno central, estatal y municipal. Para el año escolar 2014–2015, Venezuela tuvo una cobertura de estudiantes de 3 a 16 años en todos sus niveles y modalidades del 89,3%; y en la enseñanza primaria del 93%; con índices de paridad de género en todos los niveles educativos”

Es importante resaltar que, aunque el Estado afirme que el 82% de las escuelas son oficiales, sólo 77% de los estudiantes, cursan en dichas escuelas. Tal como se observa en el siguiente gráfico, ese porcentaje ha disminuido más de 4 puntos desde el año escolar 1998-1999.

Adicionalmente, hay que señalar que las escuelas oficiales no son realmente gratuitas como afirma el informe, porque si bien en las escuelas oficiales de Venezuela, el cobro de aranceles de inscripción y matrícula está prohibido por decreto, la educación que se ofrece en las escuelas no es gratuita debido a que hay costos del funcionamiento de los planteles que deberían ser asumidos por el Estado, pero que se están transfiriendo a las comunidades y familias.

En efecto, el Estado no financia todos los rubros de la denominada canasta educativa, como por ejemplo los costos de transporte, ya que, se eliminó el pasaje estudiantil y el Ministerio de Educación y casi ninguna gobernación o alcaldía, provee el servicio de transporte para que los estudiantes puedan asistir a las escuelas. El servicio de alimentación es cada vez más irregular en las escuelas oficiales, lo que ha tenido como consecuencia que las familias decidan no enviar a sus hijos a clase cuando falla este servicio.

Pero además, hay costos que son asumidos por las comunidades sin ser reconocidos por el Estado. Uno de ellos es el costo del transporte de los insumos requeridos por el PAE -en este caso, como los insumos para preparar las comidas no son llevados por el sistema a las escuelas y el Ministerio no pone el transporte para que los mismos lleguen, las comunidades deben realizar una colecta periódica para alquilar el transporte con el que se llevarán desde las sedes de Mercal o PDVAL, a las escuelas- y el otro, es el costo del mantenimiento de las escuelas que, en lugar de ser asumido por el Estado, bajo una interpretación peculiar del concepto de corresponsabilidad, se realiza gracias al aporte en horas de trabajo de padres, estudiantes y miembros de las comunidades.

En ese párrafo, el informe afirma que las escuelas son de calidad, lo que oculta que la mayoría de las escuelas tienen condiciones inadecuadas para su funcionamiento, entre ellas cabe mencionar que muchas tienen el personal incompleto y mal formado -especialmente el egresado de las misiones-; la infraestructura incompleta y en mal estado; además, hay discriminación espacial derivada de ausencia de escuelas en zonas indígenas y rurales, especialmente, de escuelas medias; la dotación es insuficiente y actualmente, los servicios de agua y electricidad son irregulares. Todas estas condiciones hacen imposible que las escuelas brinden una educación de calidad.

Sobre el comentario 71, que dice: “Se han entregado de manera gratuita, 100.000 libros escolares a estudiantes de educación básica. Estos libros son adaptados a la lengua y cultura de las comunidades indígenas. Hasta el primer trimestre de 2016, se han distribuido más de 4.500.000 computadoras portátiles “Canaimitas” con una inversión de aproximadamente 1.500.000,00 USD.”

Es importante recordar que, según la normativa vigente, los planes de estudio y actividades en toda la educación venezolana, deben estar dirigidos al desarrollo del denominado “Plan de la Patria” que es un plan de la nación, convertido en ley y enfocado al desarrollo de la propuesta político-partidista del partido actualmente en el gobierno, violando lo establecido en la Constitución que declara a Venezuela como un país políticamente pluralista y en su artículo 102 especifica que la educación respetará todas las corrientes de pensamiento.

Esa directriz está recogida en la elaboración tanto de los libros de texto entregados por el ministerio y también en la de los contenidos de las computadoras “Canaimitas”. Con respecto a los primeros, no se puede dejar de mencionar que el ministerio impuso el uso exclusivo de la colección de libros de texto, denominada Colección Bicentenario, que en efecto, son entregados de forma gratuita a los estudiantes de todas las escuelas de educación básica del país. Son tratados como libros de texto únicos y obligatorios, a través de los que se desarrollan los programas de estudio.

En dichos libros se presentan contenidos con una “lectura de la historia” hecha de acuerdo a la interpretación desarrollada por los miembros del partido de gobierno, que consiste en una visión calificada de los eventos históricos sucedidos, en la que se clasifica entre “buenos y malos” de acuerdo a la afinidad de los protagonistas con las ideas promovidas por el partido de gobierno. Además, se utilizan ejemplos para la enseñanza de cualquier disciplina, en los que se califican como malas e indeseables las situaciones o ideas que no sean afines a las promovidas desde la visión ideológica del partido de gobierno y como buenas y deseables las que sí la apoyan. Los ejemplos están cargados de propaganda gubernamental.

Y aunque el párrafo no hace referencia a ello, dado que se trata de una disposición curricular, es importante mencionar que, adicionalmente a estos esfuerzos por utilizar a la educación como un espacio para la formación de partidarios, desde 1999, se han adelantado esfuerzos por promover la educación militar como parte de la educación básica. El primer esfuerzo se materializó con la conversión de “instrucción pre-militar” en asignatura obligatoria para todos los estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato, es decir, para jóvenes entre 15 y 17 años.

El intento más reciente fue promovido por el ministerio para la defensa quién tomándose atribuciones de diseño curricular que corresponden al ministerio de educación, promulgó un decreto (Resolución 17.621) en el que se creó el denominado Plan Integral de Formación Militar que incluye el desarrollo de una asignatura –y eje integrador- denominada “Educación para la defensa integral”, a ser dictada en todos los subsistemas de la Educación Básica. Esta asignatura-eje, se basa en una concepción de la defensa de la nación como una labor “cívico-militar” y será desarrollado y administrado por la “milicia” que es un componente civil e irregular de la Fuerza Armada. Como “eje integrador” sus contenidos deberán ser integrados en la enseñanza de las otras asignaturas y áreas curriculares de la educación básica. Hasta el momento, la asignatura no ha sido incorporada en la dinámica de enseñanza en las escuelas, pero tampoco ha sido derogada la resolución que la crea.

Sobre los comentarios 76 y 77 que dicen, respectivamente:

“76. En cuanto a la educación universitaria, se creó un nuevo Sistema Nacional de Ingreso que garantiza el acceso con criterios de justicia y equidad, donde el 1% de los cupos son para personas con discapacidad. La matrícula en educación universitaria para el año 2015 fue de 2.622.013 estudiantes, lo cual representó el 83,25% de acceso en edades comprendidas entre 17 y 22 años.
77. En cuanto a los beneficios estudiantiles, hasta el año 2014 se otorgaron un total de 252.178 becas a estudiantes de pregrado y postgrado para fortalecer la formación en áreas de desarrollo estratégico nacional. Éstos también cuentan con atención de salud totalmente gratuita y se han construido y habilitado residencias estudiantiles.”

Cabe señalar, poniendo el foco sobre el derecho a la educación de los estudiantes universitarios: que existe una política de zonificación regional que limita el derecho de los estudiantes a escoger la carrera y la universidad de su preferencia lo cual, de hecho, restringe el ejercicio del derecho a la educación en igualdad de oportunidades, a su ejercicio determinado por factores socio-geográficos, y político-partidistas.

Por otra parte, el ingreso al sistema universitario no garantiza el acceso real, porque las condiciones en las que se encuentran las universidades y las características de los programas de estudio no permiten garantizar ni la permanencia y el éxito, por una parte, ni la calidad de la educación, por la otra. La calidad de los programas de las universidades creadas recientemente y de las misiones de nivel universitario, está fuertemente cuestionada, debido a que sus planes de estudio, en la mayoría de los casos, no han sido evaluados y acreditados, pero además, en varias de las ofertas de formación, éstos son incompletos.

Por otra parte, el ingreso a una universidad no garantiza el acceso a la educación, cuando las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo, no son las adecuadas, ni permiten la permanencia de los estudiantes independientemente de su nivel socioeconómico. Al respecto, es importante citar el informe sobre el derecho a educación de los estudiantes universitarios. Este informe dice que:

Para que se haga efectivo el derecho a la educación para todos en igualdad de condiciones, hay servicios estudiantiles que las universidades deben prestar para solventar las dificultades de los estudiantes que no cuentan con los recursos para garantizar su permanencia en ellas. La no garantía de recursos para prestar estos servicios tiene consecuencias directas en la capacidad de los estudiantes afectados para permanecer cursando estudios, o para hacerlo en condiciones que le garanticen éxito educativo, ambos componentes esenciales de la realización del derecho a la educación. Estos servicios se han visto fuertemente afectados por la asignación presupuestaria ineficiente hecha por el Estado a las universidades nacionales. Los servicios estudiantiles a considerar en este informe son becas, comedor estudiantil, transporte, servicios médicos y residencia.
1. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, la población que puede beneficiarse de las becas es muy pequeña, pero el monto mensual de la misma no permite sufragar sino el costo de 5 almuerzos, lo que implica que los estudiantes becarios, deben buscar recursos adicionales para poder alimentarse completo esos 5 días, -desayuno, almuerzo y cena-, así como para hacerlo el resto de los 15 días hábiles del mes, sin contar que deben buscar recursos adicionales para alimentarse los fines de semana.
2. El servicio de comedor está orientado a la población más vulnerable económicamente, que no puede costearse una alimentación acorde a los requerimientos nutricionales de un estudiante universitario. Actualmente este servicio prácticamente no se presta en las universidades nacionales, por dos razones fundamentales: la primera es la falta de recursos, la segunda es la escasez de alimentos. Si bien, la escasez de alimentos, es una condición que afecta no sólo al sector universitario y su origen está en políticas económicas erradas del gobierno nacional, la insuficiencia presupuestaria producto del trato discriminatorio a las universidades nacionales autónomas, impide que estas casas de estudio puedan buscar alternativas para paliar sus efectos en ellas y en el derecho a la educación de sus estudiantes.
3. El servicio de transporte está orientado a garantizar que aquellos estudiantes que no residan en la ciudad donde está ubicado el campus y que no posean los recursos para trasladarse diariamente, puedan contar con un servicio que los traslade diariamente. Este servicio también incluye la movilización de estudiantes que necesiten realizar visitas de campo como parte de su formación profesional. La insuficiencia presupuestaria ha tenido como consecuencia que las universidades no puedan pagar a los prestadores del servicio, ni adquirir nuevas unidades de transporte para ampliar la oferta, así como tampoco puedan sufragar los gastos asociados al mantenimiento y reparación de las unidades produciéndose la paralización a buena parte de la flota y como consecuencia, muchos de los estudiantes beneficiaros han tenido que abandonar sus estudios.
4. Los servicios médicos en las universidades tienen dos componentes: la atención primaria y el seguro médico. El Estado ofreció proveer a los estudiantes de un seguro para emergencias y atención a enfermedades, con el que no ha cumplido hasta la fecha. Pero adicionalmente, los servicios de atención primaria con los que cuentan las universidades nacionales autónomas, se encuentran en las pésimas condiciones porque tienen la infraestructura deteriorada, les falta personal y carecen de insumos médicos, impidiendo recibir atención médica a la comunidad estudiantil que lo necesita.
5. Finalmente el servicio de residencia está orientado a garantizar el acceso a la a la educación a los estudiantes en condiciones de mayor vulnerabilidad, para los que el traslado diario no es una opción viable. En la mayoría de las universidades nacionales autónomas del país, no existe este servicio, obligando a los estudiantes a costear el alojamiento en una residencia privada, o a desistir de su intención de estudiar en la universidad. En las universidades en las que aún existe el servicio de residencia, su capacidad es sumamente reducida, se presentan situaciones de hacinamiento y la prestación de los servicios básicos es de muy mala calidad.

Si quieres tener más información sobre el proceso y los informes del derecho a la educación, puedes verlos en este enlace: Información sobre EPU

En este enlace, encontrarás una carpeta llamada “Sobre el EPU”, con un material de Naciones Unidas que explica lo que es el EPU y 4 documentos elaborados por la organización CIVILIS Derechos Humanos con información sobre el EPU y sobre la participación de la Sociedad Civil en ese proceso.

También encontrarás una carpeta llamada “Informe de UN y del Estado” en la que está el informe presentado por el Estado Venezolano y un resumen de las contribuciones presentadas por diversas organizaciones elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Y una carpeta llamada “Informes sobre el derecho a la Educación”, en la que encontrarás los informes elaborados en el marco del EPU y unas infografías que ilustran la situación del derecho a la educación en Venezuela. Entre ellos podrás leer el elaborado de forma conjunta por la Asamblea de Educación y la Federación de Centros Universitarios de la UCV, en el que se presenta la situación de derechos humanos de los estudiantes universitarios.

Finalmente, durante el proceso previo a la sesión, 170 organizaciones de DDHH, elaboraron más de 50 informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Aquí puedes ver las hojas resumen de los informes, organizadas por tema: Hojas Informativas

 

¡Así van las cuentas: perdidos 6 días de clase! En #Venezuela #QueremosClases


En la publicación anterior, reseñamos que, hasta la fecha, se han perdido 11 días de clases en las escuelas. De ellos, 6 días se perdieron en el marco de la política de ahorro energético adelantada por el Ejecutivo Nacional a través de 3 decretos. En la siguiente infografía te presentamos los decretos con la información asociada:

6diasdeclase

 

Es importante resaltar que, al momento de promulgar el Decreto 2.303, el ejecutivo anunció la suspensión de las clases los días 29 de abril y 6 de mayo. Sin embargo, el artículo 1 del decreto, establece la duración del “régimen especial” desde el 27/04, hasta el próximo viernes 13/05:

“Artículo 1 °. Se establece un régimen especial de días No Laborables, de carácter transitorio, a ser aplicado a partir del día miércoles 27 de abril de 2016, y hasta el viernes 13 de mayo de 2016, como consecuencia de los efectos negativos del fenómeno El Niño sobre los niveles de disponibilidad del volumen de agua almacenada en la Represa de Gurí, que sirve a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en el estado Bolívar (…)”

La duración establecida en el decreto, más lo afirmado en el último párrafo del mismo artículo 1 del decreto:

“La declaratoria efectuada en el presente artículo podrá ser extendida por el plazo que se estime necesario, hasta tanto se regularice la capacidad de generación de energía y se disipen los riesgos de ser afectada la prestación oportuna y eficiente del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.”

hace que muchas comunidades educativas rechacen:

  1. La potencial suspensión de clases el viernes 13 de mayo.
  2. La potencial extensión del plazo establecido en el decreto, específicamente, la extensión de la suspensión de clases los viernes hasta que “se regularice la capacidad de generación de energía y se disipen los riesgos de ser afectada la prestación oportuna y eficiente del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.”
  3. La falta de información oportuna por parte del Ministerio de Educación sobre las medidas del ejecutivo, en el marco de la crisis eléctrica, que afectarán a las escuelas.
  4. La ausencia de información sistematizada sobre la pérdida de horas y días de clases, escuela por escuela, producto de la suspensión parcial o total de la jornada por apagones y por la inclusión de las escuelas en los cortes por racionamiento en bloques, establecidos Corpoelec. (Consideramos que dicha sistematización debe incluir también, las pérdidas de clases por inseguridad -robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas- y por falta de agua).
  5. La ausencia de un plan integral que permita recuperar el tiempo perdido, restableciendo el pleno ejercicio del derecho a la educación y garantizando que la educación sea efectivamente de calidad.

Ante la incertidumbre que produce la falta de información oportuna por parte del Ministerio, la amenaza de la extensión de las medidas del ejecutivo que afectarán la actividad de las escuelas y el calendario escolar, y las reiterada violación al derecho a la educación y la restricción al derecho que los padres y las familias tienen para ejercer su deberes, es imperativo que:

  1. Se modifique el Decreto 2.203 de 26 de abril de 2016, excluyendo al sector educativo, público y privado, del sub-sistema de Educación Básica.
  2. El Ministerio de Educación elabore y presente al país, un balance de la situación que contenga un inventario del tiempo de clases perdido, escuela por escuela, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.
  3. Un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.
  4. Una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la formación.

¡En #Venezuela #QueremosClases!

 

 

En #Venezuela queremos #ClasesMañana


Como el país sabe, el 26 de abril en la noche, el ejecutivo anunció al país que, como parte del plan de ahorro energético, cuya extensión se concretaba mediante el Decreto 2.294, se incluía la suspensión de dos viernes de clases en todas las escuelas del sub-sistema de Educación Básica: el pasado viernes 29 de abril y mañana 6 de mayo.

En el post pasado, mencionamos las razones por las que, esa medida, es considerada una violación al derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Si quieren ver los detalles, pueden hacerlo en el siguiente enlace: La suspensión de clases viola el Derecho a la Educación.

Ante una medida como la anunciada, las reacciones de padres, gremios docentes y gremios de educación privada, así como las de otras organizaciones educativas y defensoras de los derechos humanos, no se hicieron esperar. La solicitud en la que la mayoría coincide, es en la modificación del Decreto 2.294 para excluir a las escuelas y garantizar que no se pierda ni un día de clase más.

Si recordamos el calendario escolar, hasta la fecha, se han perdido 11 días de clases:

5 días, 1, 2, 3, 4 y 7 de diciembre, por elecciones.
3 días, 21, 22 y 23 de marzo, adicionales a los feriados de Semana Santa.
3 días, 18 y 29 de abril, más 6 de mayo, declarados no laborales por ahorro energético.

En total, son 11 días considerados como días de clases en el calendario inicial. De ellos, en sólo 2 se justificaría la suspensión, de acuerdo a los días que son realmente necesarios para la realización de los procesos electorales.

Pero además, no entran en esas cuentas, los días de clases que han sido suspendidos, a lo largo del año escolar, por las razones citadas en el post anterior y que se han convertido en hechos recurrentes en las escuelas a nivel nacional: a) inseguridad en el país, ha tenido como consecuencia el robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas y en algunos casos, asaltos en momentos de actividades escolares; b) suspensión parcial o total de la jornada por falta de agua; c) suspensión parcial o total de la jornada por apagones; y d) inclusión de las escuelas en los cortes por racionamiento que, dado su pésimo diseño, incluye cortes inesperados fuera del cronograma señalado por Corpoelec.

Como también dijimos en el post pasado, esta situación amerita, atención integral e inmediata del Estado, por lo que seguimos esperando del Ministerio:

  1. Un balance de la situación, un inventario del tiempo de clases perdido, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.
  2. Un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.
  3. Una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la formación.

En su lugar, el ente rector ha ratificado la medida y sus voceros han insistido en que la misma no altera la “calidad escolar”. En el siguiente enlace pueden leer las primeras declaraciones del Ministro: Ministro de Educación: Medida de suspensión de clases los viernes no altera la calidad escolar.

Pero, como mencionamos al inicio, esta medida no cuenta con el acuerdo de actores y organizaciones del sector educativo. A continuación presentamos las posiciones sobre la medida, expresadas públicamente por diversas organizaciones, recogidas, en estos días.

ONG del sector educativo y defensoras de los derechos humanos

Un total de 26 organizaciones, gremiales y de investigación del sector educativo y organizaciones defensoras de derechos humanos, suscribieron la siguiente posición, en un esfuerzo coordinado por FENASOPADRES:

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Adicionalmente, encontramos la posición de Padres Organizados (que fue presentada con anticipación a la iniciativa anterior, que este movimiento suscribe) y una iniciativa de Sociedades de Padres de alrededor de la 11 planteles privados.

La posición de Padres Organizados

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La iniciativa de las Sociedades de Padres de alrededor de 11 planteles privados

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Hasta el momento sabemos que la carta, acompañada por las firmas de los padres de los planteles, fue entregada el día martes 3 de mayo, ante autoridades de la Zona Educativa del Estado Miranda y que éstos ofrecieron hacerla llegar al Ministerio. Se espera una respuesta oficial, en los próximos días. Si

 

Los gremios docentes

Como pudieron apreciar en el documento presentado por las 26 ONG, estaban incluidos algunos gremios docentes. Además de ellos, encontramos unas declaraciones a los medios, de voceros de la Federación Venezolana de Maestros. Las declaraciones las podrán leer en los siguientes enlaces:

Orlando Alzuru: Suspensión de clases afecta la calidad educativa

Docentes en desacuerdo con suspender clases los viernes

Los gremios de educación privada

Tanto ANDIEP, como CAVEP, expresaron a través de comunicaciones oficiales su posición sobre la medida. A continuación podrán leer la posición de ambos gremios:

La posición de CAVEP

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La posición de ANDIEP

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Todas las organizaciones coinciden en la importancia de garantizar cada día de clases y la necesidad de no perder ni un día más. Para ello, la mayoría exhorta al ejecutivo a modificar el decreto y reinstalar las clases mañana viernes 6 de mayo.

Esperamos que el Ministerio de respuesta a todas estas organizaciones y asuma su rol como garante del derecho a la educación en Venezuela, lo que para él, como ente rector, se traduce en la obligación, entre otras cosas, de no se suspendan clases en las escuelas.

Es por ello que le decimos:

¡Ministro, en #Venezuela queremos #ClasesMañana!

La suspensión de clases viola el Derecho a la Educación


Anoche, con este tuit, el Ministro de Educación, anunció al país la suspensión de clases en las escuelas los próximos 2 viernes, como parte del “plan” de ahorro energético que el gobierno nacional está instrumentando.

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Y en la cuenta oficial del Ministerio, este fue uno de los tuits publicados:

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Podríamos discutir largamente, las causas de la crisis energética que afecta al país en este momento: falta de planificación, mantenimiento, ampliación del sistema, incluyendo los embalses, ausencia de medidas preventivas y educativas para construir una cultura de uso energético más racional y ausencia de planes de conservación ambiental para cuidar nuestros ecosistemas, entre otras. Podríamos hablar de tiempos, porque hace varios lustros que el tema del cambio climático entró en la agenda mundial y el fenómeno de El Niño no comenzó ayer. Si lo hiciéramos concluiríamos que la falta de previsión y la improvisación es la que nos hizo llegar a este punto y no podemos escudarnos en el fenómeno del Niño para justificar la crisis energética y las medidas tomadas.

La improvisación y falta de previsión se quiere resolver a última hora con racionamiento y una campaña en la que, desde el punto de vista del gobierno, usando la etiqueta #ElNiñoNoEsJuego, pareciera insinuar que quién no se toma la situación en serio, es la población.

Entre sus mensajes, el Ministro también afirmó que “esta medida es necesaria para el uso racional de la energía eléctrica, por lo que desde el sector educativo debemos cumplir con disciplina”, por lo que queremos preguntar al Ministro ¿la disciplina se aplica sólo a la suspensión de actividades y no a la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos?

Le recordamos al Ministro que los derechos de los niños tienen prioridad absoluta, de acuerdo a las convenciones internacionales suscritas por Venezuela y tal como está recogido en nuestra legislación, comenzando por la LOPNA.

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El principio de prioridad absoluta implica diseñar una estrategia, dentro del “plan” de racionamiento del gobierno, que permita garantizar, como prioridad, entre otros, el derecho a la educación de los niños y jóvenes.

¿Cómo afecta esta medida el derecho a la educación de nuestros niños?

El decretar dos días menos de clase disminuye los días establecidos en el calendario escolar para el aprendizaje. Son dos días en los que la planificación diseñada por los docentes, no se podrá llevar a cabo y en los que se interrumpe el proceso de enseñanza que viene desarrollándose en las aulas y fuera de ellas.

Una interrupción en el calendario, no puede tomarse a la ligera porque afecta la calidad del proceso que se desarrolla en las aulas. La educación es una labor altamente planificada, y aunque toda planificación es dinámica y flexible, su flexibilidad y dinámica no puede usarse como excusa para cubrir imprevistos que pueden actuar en contra de la calidad de aprendizaje. De hecho, para que la planificación educativa funcione, tiene que desarrollarse con ciertas condiciones.

Ilustremos con un ejemplo: si las clases se suspenden un día entre semana, se pierde la continuidad de las actividades tal como estaban planificadas, por lo que el docente, tiene que modificar su plan de trabajo, tomando tiempo, destinado a otras actividades, para comenzar la jornada siguiente retomando el hilo de lo trabajado y garantizar que los aprendizajes se están desarrollando de manera óptima para todos y cada uno de los estudiantes (hay que recordar que cada estudiante es diferente porque tiene necesidades y formas de aprendizaje peculiares y el docente debe tratar de responder a todas ellas).

Si la suspensión es, como en este caso, el viernes, con lo que se amplía el lapso entre una clase y la siguiente, las actividades para retomar el hilo, también se tienen que reajustar en detrimento del tiempo que estaba planificado para las que correspondía desarrollar el lunes, si no se hubiese dado la suspensión.

Pero además, las actividades que estaban previstas para el día de la suspensión hay que reprogramarlas y rediseñarlas y si no se amplía el tiempo de clase al día o se añade un día al calendario, por cada día perdido, el docente se verá obligado a eliminar actividades para que el tiempo alcance.

Esos detalles, parecen irrelevantes para el Ministerio, son invisibles para el país, pero afectan de hecho la calidad de la educación y de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes.

¿Cómo se ha afectado el derecho a la educación, por la suspensión de clases, hasta ahora?

Si hacemos un recuento rápido sobre lo que hemos vivido durante este año escolar, encontramos que algunas situaciones que venían experimentando nuestras escuelas, se han hecho recurrentes y este año escolar, han incrementado. Citemos las siguientes:

  1. Desde hace años, hemos visto como la inseguridad en el país, ha tenido como consecuencia el robo de equipos, materiales y alimentos del PAE, en las escuelas. Ya no tenemos reportes esporádicos de escuelas robadas en períodos vacacionales, sino que en cualquier momento del año escolar podemos leer que se robaron el tanque del agua de una escuela, las computadoras y los alimentos. Muchos de esos robos, aunque no quede registro de ello, tienen como consecuencia la suspensión de parte de las actividades escolares y dependiendo de la magnitud, de parte de la jornada de clase o de la jornada completa, por imposibilidad de desarrollar las actividades educativas con las condiciones adecuadas.
  2. También desde hace años, muchos más en algunas regiones del país, el agua falta con frecuencia en las escuelas, por lo que se suspende parcial o totalmente la jornada. (Debemos recordar que hay regiones del país en las que la provisión de agua es muy poco regular, que a veces pasan una semana o más sin agua corriente y en muchos casos, no tienen ni la infraestructura ni los recursos, para surtir a la escuela con camiones).
  3. Desde que se incrementaron los problemas con el sistema eléctrico, también hemos visto como en muchas escuelas se han tenido que suspender clases por apagones. Eso sucede con mayor frecuencia en algunas regiones del país que en otras y en algunas zonas de las ciudades y poblados.
  4. Con el plan de racionamiento, la suspensión de clases afectó a las escuelas aún cuando deberían estar excluidas. En efecto, el pésimo “diseño” del sistema eléctrico y la falta de zonificación en el entramado del cableado, impidió, por una parte, excluir a las escuelas de los cortes por racionamiento, y por la otra, tuvo como consecuencia que en muchas zonas los cortes se hicieran en los bloques que no correspondía. Esto último debido a la falta de información de los técnicos de CORPOELEC sobre la distribución del cableado.

Por los reportes que nos han llegado, sabemos que las aquí citadas, son situaciones recurrentes y extendidas a lo largo y ancho del país, pero lamentablemente, las condiciones en las que se dan y la falta de información oficial, hace que sea imposible contabilizar con precisión la cantidad de escuelas afectadas, especificando la cantidad de días y horas de clase perdidas.

Como se trata de situaciones no planificadas o imprevistos, consecuencia de una mala planificación como en el punto 4, las familias, las escuelas y los docentes, no cuentan con el tiempo para tomar previsiones y minimizar el impacto en la calidad del proceso educativo, o para compensar con ampliación de actividades o con el diseño de actividades complementarias, las interrupciones en el calendario.

Estas situaciones también parecen irrelevantes para el Ministerio y son invisibles para el país, aunque no para las familias y docentes que tienen que vivirlas con frecuencia. Las interrupciones en el calendario y las suspensiones no previstas de clase, como en el caso anterior, afectan de hecho la calidad de la educación y de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes y no pueden ser ni invisibles para el país, ni irrelevantes para el ente a quién corresponde la obligación de garantizar el derecho a la educación en Venezuela.

De forma complementaria, es importante hacer mención a una situación que, ya no por la suspensión o interrupción de clases, afecta la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes y por tanto, la realización del derecho a la educación. Se trata del diseño de los bloques de racionamiento que incluyen horarios que son vitales para la realización de derecho a la educación: el bloque de 4 am a 8 am, que es el que las familias necesitan para acompañar a los niños y jóvenes en su preparación para asistir a las escuelas; y el bloque de la tarde, que es cuando los estudiantes llegan a sus casas y tienen que investigar y realizar actividades de aprendizaje complementarias a las realizadas en el aula.

Al respecto, le preguntamos al Ministro: ¿cómo estudian nuestro niños y jóvenes sin luz en sus casas? ¿cómo hace un docente para decidir y planificar qué día asigna tareas o investigación para la casa, en un grupo de unos 30 niños o jóvenes que viven en zonas con horarios de racionamiento diferentes?

Y ante la ausencia de información oficial, también queremos preguntarle al Ministro: ¿qué pasó con el sistema de información del sistema educativo? porque es bueno, en este contexto recordar que a finales de los 90s, Venezuela contaba con un sistema de información que nos permitía conocer detalles del sistema educativo, incluyendo características de las escuelas, dotación, nómina y estudiantes, entre otras, escuela por escuela y en todo el territorio nacional. Ese sistema fue modificado progresivamente por el ministerio y a pesar de que, en los primeros años de la década pasada, se le hicieron mejoras y se puso a disposición de todos los ciudadanos en internet, como deber ser por tratarse de información pública, posteriormente, se fue reduciendo la información disponible, para terminar cerrando el acceso público en el 2010.

En ese sistema, debería poder tenerse un registro de los días sin clase y sus motivos, porque, esa es información que periódicamente se reporta desde las escuelas. Esa opacidad creciente que el Ministerio ha adoptado como política, adicional a la prohibición expresa que desde hace años le hizo a directores y docentes para que no dieran declaraciones a los medios, ni suministraran información a investigadores, impide que, en un momento como éste, la ciudadanía pueda sistematizar información sobre lo que está sucediendo y hacer la contraloría que le corresponde de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Constitución.

Finalmente, creemos que la situación que se vive en el sistema educativo, producto de la recurrencia de los factores aquí mencionados, no se resuelve con la tradicionalmente utilizada “recomendación” del Ministerio a las escuelas y docentes, de hacer “ajustes” de acuerdo a las condiciones de cada escuela y grupo de estudiantes. Creemos que se trata de una situación de una importancia y gravedad tal, que amerita atención integral e inmediata del Estado

En primer lugar, se requiere un balance de la situación, un inventario del tiempo de clases perdido, que esté acompañado de un ajuste en el calendario escolar para recuperarlo.

En segundo lugar, un plan de acción para garantizar que no se pierda ni una hora más de clase desde este momento, hasta que termine el año escolar en ninguna escuela del país.

Y en tercer lugar, una revisión del diseño de los bloques de racionamiento, para evitar los impactos secundarios en las actividades que, desde las casas, acompañan la preparación para la asistencia a la escuela y la  formación.

 

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