Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Prioridades invertidas


Entre el martes 25 de agosto y el viernes 4 de septiembre se elaboraron y aprobaron 6 resoluciones ministeriales que fueron finalmente publicadas en la Gaceta Oficial 40.739 de ese viernes 4. Tal como se aprecia en la siguiente captura de pantalla, 3 de ellas están relacionadas con los preparativos para el inicio del año escolar y otras dos con el servicio de alimentación que se ofrece en las escuelas y que debe estar disponible desde el primer día de clases.

Las resoluciones relacionadas con los preparativos para el inicio del año escolar, son las relativas al uniforme y a los útiles, sobre las que no haremos mayor referencia en esta entrega, más allá de resaltar que para la fecha de la publicación, resultan bastante extemporáneas, porque la mayoría de las familias tienen las listas de útiles y las características de los uniformes desde el final del año escolar pasado y dedicaron parte del mes de agosto a buscar recursos y a comprar uniformes y útiles; y la resolución sobre las efemérides en el calendario escolar, que será el objeto de esta publicación.

Como resaltamos en el post anterior, arrancamos septiembre sin calendario oficial. En su lugar, y de manera extemporánea, el MPPE promulga una resolución con las “Normas sobre Efemérides en el Calendario Escolar“. Se trata del Decreto Ministerial 077 del 25 de agosto, que como ya se mencionó, fue publicado el pasado viernes. Decimos que es extemporáneo por las mismas razones que explicamos en el post anterior, aunque, en este caso, se haya publicado los primeros días de septiembre, en lugar de en el mes de enero, como se hizo el año escolar pasado.

Obviamente, que como norma, contiene una parte de las pautas que el MPPE incluye en el calendario que elabora anualmente para la gestión del año escolar, pero no es suficiente para que se pueda considerar que ya tenemos calendario.

¿Cuál es el propósito y qué contiene esta resolución?

De los artículos 1 y 3 del texto, se desprende que tiene como propósito “regular las efemérides como componente del Calendario Escolar” (artículo 1), normando la organización de las actividades asociadas a su conmemoración, lo que implica definir las características de dichas actividades y fijar las fechas a celebrar o conmemorar (artículo 3)

En la selección de las efemérides,  de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, se incluyen acontecimientos locales, regionales, nacionales o internacionales, de carácter histórico, cultural, científico, político, económico o educativo. Y, según el artículo 1, se trata de aquellos que “constituyen elementos indispensables para promover el desarrollo de la identidad nacional”.

En cuanto a su función educativa, la promoción de la “identidad nacional” mencionada en el primer artículo, se “desarrolla-complementa”, con “el desarrollo de la venezolanidad, el reconocimiento de las culturas del mundo” y la “formación en valores y actitudes de identidad y arraigo, solidaridad, respeto y tolerancia a la diversidad”. (Artículo 3 numeral 4)

Palabras más, palabras menos, y un poco enredada, como la mayoría de las resoluciones ministeriales de los últimos tiempos, en las que la claridad no es su mayor virtud, la resolución convierte a las “efemérides” seleccionadas, en elementos clave para la formación ciudadana, una especie de desarrollo curricular paralelo a los programas de estudio.

De esta manera, las efemérides, como contenido, no son incorporadas al proceso de enseñanza como el producto de una reforma curricular consultada y debatida con el país, ni tampoco como parte de la planificación que cada escuela y cada docente hace, en respuesta a las características y necesidades específicas de sus estudiantes. Son seleccionadas por el MPPE y “elevadas a rango de contenido clave”, para ser aplicadas en todas las organizaciones de Educación Básica, a través de una resolución y no podrán ser modificadas, sino por el ministerio en un acto jurídico de rango igual o superior. (artículos 4 y 5)

Pero ¿qué significa, específicamente normar la organización de las actividades asociadas a su conmemoración y definir las características de dichas actividades, es decir, como se desarrolla lo dicho en el el artículo 3, de acuerdo al resto del texto de la resolución?

En los artículos 8 y 9 se enuncia una “estrategia” de tres partes, pero se aclara que el MPPE producirá una “ficha pedagógica” que orientará las actividades a realizar. Aquí los artículos:

A lo largo del año escolar pasado conocimos un par de versiones de esas fichas pedagógicas . Con el título de “Efemérides Hoy” el MPPE, a través del Viceministerio de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, produjo más de 35 (*) fichas con ese título, cada una contenía el material relacionado con dos efemérides. Dicho material tenía una exposición inicial para cada una y cerraba con cuatro actividades sugeridas, dos por cada fecha a conmemorar.

¿Las recuerdan?  Más adelante pondremos imágenes del contenido de una de las efemérides más emblemáticas.

Además de “Efemérides Hoy”, el MPPE, a través de ese mismo viceministerio, publicó otra colección de materiales titulada “Instrucción Viceministerial”, que incluyó entre sus títulos, las pautas para las “escenificaciones pedagógicas” de un extenso cronograma de batallas, marcando así con el tono de la guerra, el propósito de “fomentar una cultura de paz”.

 

En un texto de 11 páginas con 12 instrucciones y un cronograma con 46 batallas, se mencionaba la incorporación de los docentes de “instrucción premilitar” en el desarrollo de las actividades, así como de las organizaciones estudiantiles y familiares creadas y reconocidas por el gobierno, como representantes gremiales, pero en uno de los párrafos de la primera instrucción de ese material, se recogía su real espíritu “pedagógico”

Con ese propósito y ese material, ¿serán esas las efemérides de aquí a la eternidad? ¿Y si consideramos que faltan efemérides importantes? ¿Qué pasa en los casos en los que las comunidades consideren que sus celebraciones o conmemoraciones locales y regionales son relevantes?

De acuerdo a lo que leemos en los artículos 10 y 11 de la resolución, pareciera posible incorporar nuevas fechas.

Lo que no parece posible, es solicitar que se excluyan algunas de las  mencionadas.

En este calendario se conserva la base de efemérides incluida por el MPPE en el calendario escolar 2014-2015. Sin embargo, es importante resaltar que incluyeron una serie de celebraciones internacionales asociadas a los derechos humanos y a la valoración de la diversidad, incluyendo la neurológica y funcional.

En una revisión a primera vista, se aprecia que algunos errores del calendario pasado se corrigieron, de hecho, a Juan Pablo Sojo Rengifo, Cristóbal Rojas, Luis Mariano Rivera y Cipriano Castro les corrigieron las fechas del natalicio y arreglaron las del Día de la Lengua Materna y del Día de la Actividad Física. Aunque no corrieron con la misma suerte Teresa de la Parra, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Día Mundial de la Lucha Contra las Drogas.

Y entre inclusiones y arreglos, omitieron el Fin de Año, eliminaron los Días del Odontólogo y de la Eficiencia Energética. Claro, mucho más resalta que eliminaran el Aniversario del Plan Nacional de Paz y Convivencia. Aunque también suprimieron la palabra escenificación asociada a las conmemoraciones de las batallas, pero en su lugar, agregaron más batallas al calendario.

Por otra parte, llama la atención que como parte de las modificaciones, incluyeran entre las efemérides, la Semana de la Escuela Bolivariana y en este contexto parece un tanto irónico que se incluya como celebración el Día Internacional de los y las migrantes. Pero lo que no se entiende es que incluyeran la “Conmemoración de la Siembra del Cantor del Pueblo Alí Primera”, pero no se les ocurriera incluir el natalicio de Simón Díaz.

No se entiende tampoco, que se incluya entre las efemérides el Día Internacional de la solidaridad con el Pueblo Palestino y nos preguntamos por qué la exclusividad.

Lo que no extraña ni llama la atención es que, a pesar de que en esta versión de efemérides, convirtieron al “Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana”, en Presidente, se mantienen las celebraciones partidistas, que han ido incorporando progresivamente y con las que pretenden construir ” identidad nacional” a partir de la propaganda del partido de gobierno, convirtiendo en fiestas nacionales: el día de la “Dignidad Cívico Militar” -4 de febrero-, el de la “Rebelión Popular” -27 de febrero-, el día de la “Dignidad” -13 de abril- y el nacimiento y muerte de un ex -presidente.

Para una de esas fechas, ya conocemos la “ficha pedagógica” que pueden usar, porque fue la enviada a las escuelas el año escolar pasado. Aquí tienen las capturas de pantalla correspondientes:

Y no extraña, ni llama la atención, porque forma parte del mismo guión con el que se pretende construir la identidad nacional, la idea de venezolanidad, asociada a una tendencia política específica, violando lo establecido en la Constitución y también violando lo que las convenciones internacionales sobre derechos humanos, establecen como derecho a la educación.

 

PS: Aquí podrán bajar la sección de la Gaceta Oficial con las resoluciones del MPPE. La resolución de las efemérides es la segunda.

(*) No pudimos conocer la totalidad de las fichas porque la distribución se hacía a través de las zonas educativas a las escuelas y no todas las escuelas recibieron todas las fichas.

“INSTRUCCIÓN MINISTERIAL”, ¿Y entonces?


Este domingo 22, en una manifestación política, dos altos funcionarios del MPPE, el Ministro y el Viceministro de Educación Media, declararon a los medios, que las diversas pautas que han llegado a las escuelas, y que han sido conocidas por la opinión pública bajo la denominación “Instrucción Ministerial”, no responden a una directriz emanada de ese despacho.

Esto fue recogido así por varios diarios, de circulación regional y nacional. A continuación se presentan un par de capturas de pantalla con la noticia y si pulsan en los respectivos enlaces, podrán leer la noticia, tal como fue publicada en ambos periódicos.

Diario la Verdad

Diario 2001

Sin embargo, queremos recordar a estos funcionarios que desde el 11 de este mes, es decir, 11 días antes de su pronunciamiento público, el país tiene conocimiento, por diversas fuentes, de un serie de directrices emanadas del MPPE. Los detalles de las directrices que llegaron al Observatorio, los pueden conocer, o recordar, en nuestras dos publicaciones previas.

“INSTRUCCIÓN MINISTERIAL DE EMERGENCIA” (actualización 2) (que contiene la publicación inicial del 11/03, más dos actualizaciones)

“INSTRUCCIÓN MINISTERIAL DE EMERGENCIA” (Nuevos datos) (publicada el 20/03, que contiene la tercera actualización de información)

Pero también queremos recordar que el Ministerio es un ente del gobierno central, que tiene instancias desconcentradas en dos ámbitos territoriales, Zonas Educativas y Municipios o Distritos Escolares. Existe una Zona Educativa por cada Estado, más una zona en el Distrito Capital, y cada Zona Educativa está organizada en municipios o distritos escolares, dependiendo de la cantidad de planteles, la complejidad geoespacial y la organización territorial.

En cada una de estas instancias, hay funcionarios del MPPE que constituyen el enlace entre el nivel central del Ministerio y las escuelas de todas las dependencias (oficiales nacionales, estadales municipales y autónomas, y privadas).

Esta red de funcionarios que, deberían ser en su mayoría supervisores de carrera, pero que, en todo caso, son docentes cumpliendo función supervisora, dependen y responden directamente al Ministerio, ya que, tanto las Zonas, como los Municipios o Distritos Escolares, son, como se mencionó anteriormente, instancias desconcentradas del MPPE. Al ser instancias desconcentradas, no gozan de la autonomía que tienen las Direcciones de Educación de las Alcaldías y las Gobernaciones, por pertenecer a instancias de gobierno descentralizado.

Es por esta razón que cualquier pauta de trabajo, directriz o instrucción que llega a las escuelas proveniente de las Zonas Educativas o de los Municipios o Distritos Escolares, es asumida por el sistema, escuelas, directivos, docentes, padres, estudiantes, trabajadores administrativos y obreros, como una directriz ministerial y no puede ser de otra manera.

Por otra parte, los funcionarios que cumplen la función supervisora, llevan las directrices del ministerio a las escuelas a través de comunicaciones escritas (memos, cartas, documentos, correos electrónicos) o directamente en reuniones que realiza cada supervisor con los directivos del grupo de escuelas que tiene a su cargo. Las directrices tienen igual validez.

Siendo así, no se entiende cómo es posible que, ante los cuestionamientos hechos por diversos sectores del país, sobre el contenido de las directrices relacionadas con el decreto de Obama, que llegaron por diversas vías a las escuelas, los más altos funcionarios del MPPE, sólo digan que ellos no dieron ninguna orden y no asuman la responsabilidad de lo que parte de su red de supervisores hizo llegar a las escuelas, como instrucción del ministerio.

En un caso como éste, asumir la responsabilidad por parte de estos funcionarios, implicaría:

1. Hacer una declaración pública oficial pidiendo disculpas al país y a las comunidades educativas de las escuelas afectadas por lo sucedido, y suspendiendo toda “instrucción”, pauta o directriz que sobre ese tema pudo haber llegado a las escuelas.

2. Ordenar una investigación que permita establecer las responsabilidades administrativas que correspondan, debido a que, en todos los casos, las “instrucciones” o pautas, incluían claras violaciones de los derechos de los niños y jóvenes.

3. Hacer una consulta a la Defensoría de niños, niñas y adolescentes sobre los alcances de las violaciones a la LOPNNA ocurridas en cada uno de los casos en los que se ejecutaron esas “instrucciones” o pautas y solicitar las actuaciones correspondientes.

4. Organizar, con la Defensoría de niños, niñas y adolescentes y con carácter de urgencia, un curso de formación para toda la red de docentes en función supervisora (incluyendo a directores de escuelas) y supervisores en ejercicio, en derechos humanos y la aplicación de lo establecido, al respecto, en la Constitución, la LOPNNA, la LOE y los tratados internacionales suscritos por Venezuela.

5. Evaluar los procesos de toma de decisión y comunicación entre el MPPE y sus instancias desconcentradas, para resolver los problemas que, evidentemente tienen, y que hacen “aparecer” “instrucciones ministeriales” que no han sido “ordenadas”.

Dada la naturaleza de la “instrucción”, la violación de los derechos asociada y que, de acuerdo al Ministro, no responde a las directrices emanadas oficialmente del nivel central del MPPE, es importante que esos anuncios y las medidas se tomen de inmediato, para evitar que los entes desconcentrados del ministerio, sigan adelante con la “instrucción”, como es el caso, del Municipio Escolar Número 1 del Estado Guárico, que envió el martes 24, a las 4 y media de la tarde, el siguiente correo electrónico a todas sus escuelas:

Para cerrar esta nota y continuando con la recopilación de material sobre el tema, les dejamos a continuación, una carta escrita por un representante en respuesta a la “Instrucción Ministerial” que recibió de su escuela. Como podrán ver, se trata de una respuesta a la carta que envió el Consejo Educativo de una escuela en Maturín, que incluimos en nuestra publicación anterior. La carta habla por sí sola:


 

 

 

 

“INSTRUCCIÓN MINISTERIAL DE EMERGENCIA” (actualización 2)


(Esta publicación contiene, al final, el texto inicial publicado ayer 11/03, precedido por las actualizaciones de ayer 12/03 y con la información que hemos recibido hoy 13/03/2015, hasta esta hora: 1:50 pm)

En nuestra actualización de hoy, informamos que, desde la Parroquia La Vega, en Caracas, nos informaron que a sus escuelas también llego la “INSTRUCCIÓN” del MPPE. En ese caso, solicitaron que se elaboraran 20 distintivos y 20 carpetas decoradas.

Por otra parte, desde el Estado Bolívar con el sello de la Escuela Estadal “EBE Madre María de San José” de Puerto Ordaz, nos llega una “comunicación” muy informal, dirigida a los docentes, informando que, por orden del Ministro, los docentes deben elaborar con sus estudiantes, “cartas dirigidas a B. Obama rechazando la agresión imperialista“. A continuación, la comunicación, tal como nos llegó:

Es más que obvio, que quienes desde el gobierno promueven estas actividades en las escuelas, incurren en una violación a los derechos de los niños y jóvenes, haciendo uso de la autoridad que les da ser funcionarios del ente rector del sistema educativo, para promover un pronunciamiento político específico de este sector, en este momento.

Es importante que estos funcionarios recuerden que el marco internacional de los derechos humanos y la legislación venezolana, garantizan el derecho de los niños y jóvenes a participar y a expresar sus opiniones, pero se trata de las opiniones que tengan los niños y jóvenes, no las opiniones que desde el MPPE o de cualquier otra instancia gubernamental, se decida que deben expresar. Uso indebido de la autoridad del Estado y violación a los derechos de los niños y jóvenes, son dos de las faltas que estos funcionarios están cometiendo.

Adicionalmente, es importante recordar, que los derechos consagrados en la LOPNNA, son progresivos, tal como nos reseña, Maricarmen Soler:

“En la exposición de motivos de la LOPNA (2000), se puede leer: “…este régimen progresivo no implica que el niño o el adolescente pueda ejercer de forma inmediata, después de la vigencia de la ley, todos sus derechos y garantías. Por el contrario, se consagra un régimen en el cual el niño y el adolescente se le va reconociendo el ejercicio de sus derechos y garantías conforme a su desarrollo o evolución de sus facultades, el cual va acompañado de un incremento progresivo de sus deberes y su responsabilidad, inclusive en materia penal. Asimismo, se indica expresamente que los padres, representantes o responsables tienen el deber de orientarlos en el ejercicio de sus derechos y garantía de forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación en la ciudadanía activa. En definitiva no se trata de otorgar capacidad plena a los niños y adolescentes, si no más bien reconocer el ejercicio personal de sus derecho y garantías con la debida orientación.”
La participación de los padres queda recogida en el actual artículo 13, párrafo primero, cuando dice: “los padres, representantes o responsables tienen el deber y el derecho de orientar a los niños y adolescentes en el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías“. Lo que indica que, además, el MPPE no puede girar instrucciones para que implique, si se tratara de ello, el ejercicio de estos derechos por parte de los estudiantes, sin contar con el conocimiento y la orientación de los padres.
Tal como hicimos ayer, completamos la actualización, con información pertinente tomada de tuiter, en este caso del TL de la Viceministro en la que se evidencia el uso de los niños en las escuelas, como parte de la campaña gubernamental que se adelanta desde el MPPE:

A continuación, el texto incluido ayer 12/03/2015 en la primera actualización:

Comenzamos esta actualización cambiando los signos de interrogación del título por unas comillas, debido a que nos ha llegado la misma información desde el Municipio Los Salias (Miranda):

del Municipio Heres (Bolívar):

Y del Distrito 1, del Municipio Libertador. En este caso, la información no llegó por escrito, sino que fue notificada en una reunión, esta mañana. En la reunión dijeron a las escuelas participantes que por orden del Ministerio de Educación todas las escuelas públicas del mencionado distrito, debían colocar en la puerta de entrada la Bandera Nacional elaborada por los niños con alguna técnica plástica, acompañada de una pancarta grande, con lo siguiente: “No somos AMENAZA, somos esperanza y queremos vivir en paz

Pero también, porque en el TL de la cuenta de tuiter del Ministro, Héctor Rodríguez, y se puede corroborar que la instrucción llegó y fue acatada en el Municipio Miranda (Mérida):

mérida

Así como, en el Municipio Cocorote de Yaracuy:

Yaracuy

En este Municipio, también nos informaron que en la Escuela Básica León Trujillo hicieron firmar a todos los niños la declaración, desde primer grado, tal como se solicita en la “INSTRUCCIÓN”. La información nos llegó a través de representantes que no dieron su autorización para que ésto sucediera. En ese caso, nos comentaron que los miembros del Consejo Comunal del sector, estaban entre los organizadores de las actividades en la escuela.

Por otra parte, en el Estado Monagas, la iniciativa parece haber llegado en boca del propio ministro, quién reseña, en su tuiter, un encuentro que tuvo ayer con estudiantes y directores de las escuelas de dicha entidad. A continuación, los mensajes que se explican solos:

Ministro 2

Ministro 1

Te recordamos que puedes escribir a oevenezuela@gmail.com y enviarnos la información que llegó a tu escuela, o comentarnos lo que, al respecto, sucedió. Como siempre, puedes escribirnos con confianza, porque, de así desearlo, garantizaremos la confidencialidad de tu comunicación.

A continuación, el texto publicado 11/03/2015 , tal como salió inicialmente:

Esta mañana llegó a diversas escuelas del Estado Miranda, un correo identificado como “INSTRUCCIÓN MINISTERIAL DE EMERGENCIA” (mayúsculas del remitente), con el siguiente texto:  (captura de pantalla del correo)

Como se puede apreciar, la comunicación está firmada por la Jefe de la Coordinación Municipal del Municipio Simón Bolívar de ese estado y, de acuerdo al texto, comunica las “INSTRUCCIONES ADOPTADAS POR EL MPPE” (mayúsculas del remitente).

Actividades de este tipo, promovidas como “política de Estado”, constituyen un intento de algunos funcionarios del gobierno, por alinear a todas las organizaciones del sistema educativo, con una lógica totalmente ajena al espíritu de construcción de una cultura para la paz, tal como debe imperar en la educación venezolana.

Declarar que el propósito de esas acciones es “convertir” a las escuelas en “territorios de paz”,  no basta para lograrlo. Hace falta que las acciones respondan a una lógica de paz. No se puede construir la paz a partir de una lógica de guerra.

Si esta es, efectivamente, una comunicación de las instrucciones “adoptadas por el MPPE”, queremos que nos ayudes a verificar si la misma se ha remitido solamente a las escuelas del Estado Miranda, o si ha llegado a escuelas de otros estados. También queremos verificar, si en todos los casos el texto tiene las mismas instrucciones o si las instrucciones son diferentes.

Por ello te invitamos a que nos escribas en los comentarios a de este post, o por nuestro correo oevenezuela@gmail.com y nos cuentes si han llegado instrucciones de este tipo a tu escuela y ¿qué indican que la escuela debe hacer? Como siempre, puedes escribirnos con confianza, porque, de así desearlo, garantizaremos la confidencialidad de tu comunicación.

PS: Por cierto, se sugiere no confundir “avocar“:

Con “abocar“:

¿Autonomía + Participación = Resolución 058?


El pasado miércoles 2 de enero de 2013, Gustavo Méndez, periodista que cubre la fuente de educación de El Universal, hizo una reseña sobre el estatus del debate que, a través de los medios de comunicación, se sostiene sobre la Resolución 58 publicada en Gaceta Oficial el 16 de octubre de 2012.

En su reseña se pueden encontrar las ideas que, desde diversas posiciones se han expuesto a favor y en contra del contenido de la resolución. (Para quiénes no tuvieron la oportunidad de leerlo, aquí pueden encontrar el artículo de Méndez).

Como todos sabemos, a esta altura, la resolución tiene problemas para su instrumentación, dados los vacíos y omisiones que han sido identificados y reportados por casi todos actores que han hecho declaraciones al respecto, desde los más críticos a la resolución, hasta los que están más de acuerdo y resaltan sus virtudes. A modo de ejemplo, citamos, además de la reseña de Méndez, un artículo de opinión, publicado también en El Universal, en el que Pablo Fernández explica lo que considera son las virtudes de dicha resolución, iniciando por reconocer que “la resolución es perfectible y que hay algunas lagunas procedimentales en ella que se deberán corregir“. (El artículo completo pueden verlo aquí).

Por nuestra parte, el 25 de octubre, en este mismo espacio, hicimos unas primeras observaciones sobre el contenido de la Resolución 58 y su relación con la garantía del derecho a la educación. No obstante, aprovechando algunos de los elementos reseñados por Méndez en su artículo, creemos necesario promover que se replantee la discusión de fondo con respecto a la pertinencia y alcances de este instrumento normativo. La discusión de fondo es la que puede ayudar al país a tomar una posición consensuada sobre los términos en los que debe reformarse esta resolución.

Democratizar la educación

De acuerdo a las fuentes oficiales, el propósito de la Resolución 58 es la democratización de la educación.

Cuando este término, “democratizar la educación“, comenzó a utilizarse, estaba referido a la necesidad de ampliar el acceso al sistema educativo para lograr la participación de la mayor cantidad de personas posibles, especialmente el sistema formal y de carácter obligatorio. Democratizar la educación, entonces, se refería a universalizar, a ofrecer educación para todos y en ese sentido era sinónimo de inclusión y en Venezuela estuvo asociado, en sus inicios a la política de masificación de la educación. Por cierto, en ese momento se hablaba de una educación igual para todos y por ende, una educación oficial y preferiblemente brindada por el Estado.

Si embargo, cuando hablamos hoy de “democratizar la educación” hacemos referencia a un proceso más complejo porque, en estos tiempos, entendemos varias cosas de forma diferente.

Entendemos, en primer lugar, que no existe real inclusión sin que se garantice éxito en el proceso educativo, es decir, ya la inclusión no se mide en función de la cantidad de cupos que se ofrecen con respecto a la población en edad de cursar cada uno de los niveles educativos formales, sino que se toma en cuenta también la capacidad del sistema para garantizar que los estudiantes se mantengan en el sistema, que se garantice su prosecución y el logro de los aprendizajes y competencias que se presume deben ser desarrollados en cada nivel y etapa del proceso educativo.

En segundo lugar, entendemos que el conocimiento no se transmite sino que se construye, por lo que las relaciones y los roles en los espacios de enseñanza, deben sufrir modificaciones importantes con relación a las existentes en las últimas décadas.

Y en tercer lugar, por mencionar algunos de los supuestos que han variado desde entonces, entendemos que las personas aprenden de forma diferente y para contextos distintos, por lo que lo que sucede diariamente en cada escuela y en cada aula, puede o debe variar de acuerdo al contexto socio-cultural en el que se localice la escuela, de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiantes y sus entornos familiares y de acuerdo a las características de aprendizaje que tenga cada grupo de estudiantes.

Partiendo de, al menos y por el momento, estos supuestos, es obvio que lo que debemos entender por “democratizar la educación“, es algo muy diferente a ampliar el acceso al sistema.

Democratizar la educación significaría, entre otras cosas, lograr una educación de calidad para todos y para cada una de las personas que participen en el sistema educativo -una educación de calidad entendiendo que el que sea de calidad es sinónimo de una educación eficaz, es decir que logre los objetivos que se propone, entre los que uno de los más importantes es el éxito de todos los que en el sistema participan.

Democratizar la educación también significaría, un cambio en las reglas de juego en los procesos de enseñanza con énfasis en el protagonismo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Y democratizar implicaría a su vez, un cambio en la distribución del poder de decisión, en cuanto al diseño curricular y su instrumentación, poniendo énfasis en la construcción de procesos de enseñanza a la medida de las escuelas y los estudiantes. Esta re-distribución del poder de toma de decisiones se daría sobre los contenidos y programas, en diversos niveles y de distintas formas, dependiendo del modelo y los niveles de autonomía que se quieran adoptar y permitiría la adecuación del proceso de enseñanza al contexto en el que se desarrolle y a las características de los estudiantes y sus familias.

Desde este punto de vista, si la Resolución 58 tiene como propósito democratizar la educación, requiere antes de instrumentarse, aclarar algunos elementos del contexto normativo en el que se inscribe, para poder afinar la estructura y procedimientos de la organización que plantea para las escuelas, y que, como es evidente, con base a las que se deberá modificar el texto vigente.

Y aunque no parezca evidente y existan instrumentos normativos de reciente data, como la Constitución y la Ley Orgánica de Educación que debería establecer claramente este contexto, hay aspectos no resueltos que no permiten establecer con claridad las características del contexto que determinarían el contenido específico de la resolución y otros que se plantean como contradicciones entre varios de los instrumentos normativos que deben determinar las características de este contexto. Adicionalmente, estos aspectos no resueltos y las contradicciones entre instrumentos, son producto, a la vez que reflejan, visiones encontradas sobre la educación y su función en la sociedad, que se encuentran presentes en Venezuela actualmente.

Como desarrollarlos todos, sería muy extenso en este espacio, mencionaremos un par de ellos, un par de importancia capital para la definición del contexto.

1. Educar ¿para qué?

De acuerdo a las declaraciones de la Ministro de Educación, los Consejos Escolares  mediante la Resolución 58, buscan “la formación para la nueva ciudadanía, para la participación protagónica y la democracia profunda“. Sin embargo, este es uno de los primeros puntos en los que se observa tanto un desacuerdo a nivel social, como discrepancias entre los instrumentos normativos y de política pública que determinan el contexto para la aplicación de dicha resolución.

En este caso, es importante que se defina, por ejemplo, qué es lo que se entiende como nueva ciudadanía, si se trata de una ciudadanía como la dibuja la Constitución vigente, o si se perfila como se dibuja en el Plan Nacional Simón Bolívar, porque de acuerdo a la Constitución, Venezuela es un país políticamente pluralista y su educación, tal como reza su artículo 102, debe respetar todas las corrientes de pensamiento, mientras que el Plan Nacional Simón Bolívar, al que se refieren tanto la LOE como la Resolución 58 a la hora de plantear el desarrollo de algunos de sus aspectos, habla de una sociedad “socialista”, lo que se traduce en una elección por un marco ideológico específico que, en última instancia, eliminaría tanto el pluralismo político como rasgo de la sociedad, como el respeto a todas las corrientes del pensamiento, en el proceso educativo.

Pero también es menester que se defina lo que se entiende como una “democracia profunda” porque de ello dependerá el tipo de decisiones que se tomarían en cada una de las instancias de la organización escolar, así como los participantes y los mecanismos de decisión que se establezcan. Y más allá de la dimensión política de la educación, el propósito de la misma, en términos de las características del ciudadano que se quiere formar en todas las dimensiones del ser y del conocimiento, van a determinar quién decide qué y cómo se decide, en cuanto al currículo, los programas de estudio, los proyectos, las estrategias de enseñanza y los contenidos.

De hecho, responder de forma socialmente concertada a la pregunta “educación ¿para qué?” determina, por una parte, la amplitud y el contenido de la educación obligatoria para una sociedad, así como, la naturaleza y dimensiones que tendrá la autonomía de las organizaciones y de los educadores para la definición de los diversos niveles de desarrollo del currículo vigente.

2. Participación y autonomía

Por otra parte y de forma complementaria, dado que ahora entendemos que la educación debe responder al contexto en el que se desarrolla y a las características de los estudiantes y sus familias, pero además, dadas las nuevas reglas del juego que implica asumir el protagonismo de los estudiantes en la construcción de conocimientos y en su proceso de aprendizaje, se hace evidente que se requieren nuevos mecanismos para garantizar la participación de los estudiantes y sus familiares, así como de los miembros de la comunidad educativa de las escuelas, en la toma de decisiones sobre algunos aspectos de la gestión escolar que antes estaban reservados al Ministerio de Educación, a los entes de administración del sistema educativo descentralizados y a los directivos de los planteles.

Para algunos de estos aspectos, ya existen antecedentes en el texto de la derogada Resolución 751, pero otros no han sido desarrollados previamente en ningún instrumento normativo, incluyendo los marcos curriculares vigentes.

Sin embargo, para tener real claridad a la hora de desarrollar dichos mecanismos, es importante revisar el contexto en el que los mismos deben desarrollarse, ya que, algunos elementos de la Resolución 58 parecieran querer apuntar a su instrumentación en escuelas que gozan de cierto grado de autonomía para la toma de decisiones y en el que los maestros y profesores tienen también un grado de autonomía suficiente para responder a las peculiaridades del grupo de estudiantes con el que le corresponda trabajar, pero dicha autonomía no está claramente establecida en la LOE, ni cuenta con la asignación de recursos necesarios para que pueda instrumentarse de forma óptima en cada una de las escuelas.

En este tema, también, las diversas posiciones expuestas hasta el momento, ante la opinión pública, reflejan puntos de vista encontrados que deben ser debatidos para poder construir un consenso que haga factible determinar, por una parte, los niveles y características de la autonomía de las escuelas y los maestros, tanto para la gestión pedagógica, como para la gestión escolar en general, y por la otra los niveles de  participación y ámbitos de incidencia de los diversos actores en la toma de decisiones para estas dos dimensiones de gestión.

Como se desprende de la discusión que se ha reflejado en la opinión pública, a través de los medios de comunicación, no existen consensos sociales en aspectos básicos y centrales que determinan el contexto de aplicación de la Resolución 58 y, por tanto, se hace necesario apuntar a su debate y construcción para poder dar un marco institucional más claro, que tendrá como obvia consecuencia una nueva redacción de esta resolución.

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