Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Continua la suspensión de clases en #Venezuela


Este lunes 25 de marzo, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hubo una falla en el sistema eléctrico que dejó sin luz a una parte del país. A las 9:50 de la noche, cuando el servicio se había recuperado en varias zonas, se produjo un nuevo apagón afectando casi a la totalidad de los Estados.

Ese segundo apagón se mantuvo, por más un poco más de 13 horas en algunos sectores, pero por más de 24 horas en otras zonas, por lo que fueron suspendidas las actividades laborales y las clases del martes 26 de marzo. Posteriormente, el miércoles 27, a las 5 am, se volvió a generalizar el apagón en todo el país, por lo que se mantuvo la suspensión de actividades laborales y de clases.

Anoche, a las 8:30 pm, se anunció, a través de un mensaje de twitter, la extensión de la suspensión para este jueves 28 de marzo.

tuit JR 2703 suspension

El MPPE difundió ese mensaje, pero pasadas las 10 de la noche.

tuit del MPPE del 2703

En momentos como éstos, en los que situaciones externas al sistema educativo, afectan el desarrollo de las actividades, lo esperable es que el MPPE, a través de la red de supervisores y de sus medios de comunicación, que incluyen su web y sus redes, informe a las comunidades educativas sobre lo sucedido, pero especialmente, sobre cómo abordar sus consecuencias para lo que constituye su mandato, que es garantizar educación de calidad para todos, sin discriminación de ningún tipo.

Sin embargo, ni en la web del ministerio, ni en su cuenta de twitter, pudimos conseguir orientaciones que permitan a las escuelas, reprogramar sus actividades y atender a las consecuencias de los reiterados apagones en el aprendizaje de los estudiantes.

En su lugar, en la web del ministerio, las notas de prensa más recientes son del pasado 23 de marzo. A continuación se muestra el titular y la imagen que acompaña una de las dos notas de prensa. Ambas tienen un contenido similar y están referidas a una manifestación realizada en esa fecha en Caracas, pero en la que es presentada con este titular y esta foto, se recogen las declaraciones de varios funcionarios y maestros, en las que el mensaje es salir a la calle a defender “la revolución” y en ninguna parte, se menciona lo que se debe hacer en las escuelas para recuperar el tiempo perdido por el apagón del 7 de marzo.

Aristóbulo

Y en la cuenta de twitter, además del mensaje fijo con la suspensión de actividades que referimos al inicio, encontramos una publicación con la versión oficial de lo sucedido:

versión de lo sucedido

Adicionalmente, además de las publicaciones repetidas de otros días, un par de noticias sobre el programa de alimentación escolar; algunas sugerencias elaboradas por otro ente, para hacer un mejor uso del servicio eléctrico; y la publicación de información de otras instancias del ejecutivo, que incluyen una sobre la efeméride de hoy, y muchas sobre lo sucedido, con una versión particular y un lenguaje abiertamente de guerra que se aleja mucho de lo que debería ser la misión de un ente como el MPPE.

También encontramos una publicación con información político partidista que no debería ser divulgada desde la cuenta oficial del MPPE, en respeto a lo establecido en el artículo 102 de la Constitución y en sus disposiciones fundamentales.

boletin del partido

Lo que no encontramos, fue información con instrucciones giradas por el MPPE para que las escuelas y sus comunidades educativas puedan identificar, abordar y manejar las consecuencias de los apagones cuando se reinicien las clases, así como tampoco, las tan esperadas, por todos, pautas para la reprogramación del calendario escolar que, ahora, tiene que incluir la recuperación de 3 días más de clases, perdidos.

Y es que, en efecto, tomando solamente los días en los que la suspensión ha sido nacional, de acuerdo a las causas reconocidas por todos, hasta hoy llevamos 16 días de clases perdidos.

 

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Reprogramación imprescindible


(Esta publicación iba a ser más amplia y detallada, pero como hoy amanecimos sin luz en diversos sectores, haremos una versión preliminar).

Como hemos venido afirmando en las últimas publicaciones, desde el desarrollo irregular del año escolar pasado, 2017-2018, diversos factores han y están afectando la calidad de la educación que se está desarrollando en nuestras escuelas.

Los factores que afectaron el desempeño del sistema el año pasado, tanto los propios del funcionamiento del sistema educativo, como los relativos a la situación nacional, siguen presentes en la dinámica de desarrollo de la Educación Básica en Venezuela. Muchos de ellos, en lugar de disminuir, han aumentado, y han aparecido otros, lo que afectó mucho más el escolar vigente, 2018-2019, desde su inicio.

En este momento, las irregularidades y problemas que afectan al sistema educativo, siguen incrementándose, mucho más, desde el regreso a clases después del asueto de navidad.

Esas irregularidades, como hemos ya mencionado, incluyen la exclusión de los estudiantes del sistema, exclusión de más de un millón de niños, niñas y adolescentes, tal fue reconocido ayer,  por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Esta exclusión, aunque no ha sido reconocida abierta y públicamente por el ministerio, ni incluida como debería en sus planes de acción, no es desconocida, tal como consta en las instrucciones giradas por ese despacho al final del año escolar pasado.

En efecto, en agosto del 2018, el MPPE, envió un documento a las zonas educativas, el documento Orientación Viceministerial N.º 1, en el que se dictaban instrucciones para generar un registro (censo) de los estudiantes inscritos para el año escolar 2018-2019, de todos los niveles y modalidades y en escuelas de todas las dependencias. En su texto se especificaba: “Es imperativo el cumplimiento de las metas establecidas para la matrícula escolar de cada estado, señalado en el cuadro anexo”.

cuadro censo 1819

En el cuadro se puede apreciar que, después de finalizado el año escolar, 2017-2018 e iniciado el período vacacional, solamente se había registrado una inscripción del 38% de la matrícula esperada en Educación Básica. Por cierto, la matrícula final estimada, en ese cuadro, es mucho menor que la anunciada como alcanzada por el mismo ministerio, lo cual, constituye una discrepancia importante en la data, que, por cierto, coincide con el estimado de estudiantes fuera del sistema.

Otras dos consecuencias de los factores, internos y externos, que afectan al sistema educativo, como ya se ha mencionado, son la inasistencia recurrente de docentes y estudiantes, y las interrupciones parciales y totales de las jornadas escolares. Estas interrupciones, como es del conocimiento público, se producen por cortes o fallas en los servicios de agua y luz, por hurto o robo de insumos y equipos, por fallas en el servicio de alimentación y por inasistencia del personal docente, o por su ausencia definitiva, producto de la migración del país o hacia otra actividad laboral.

Ambas situaciones afectan la cantidad, el uso y aprovechamiento del tiempo escolar, por lo que hemos insistido, por una parte en la necesidad de hacer una evaluación que permita, a cada escuela, estimar el tiempo necesario para restaurar los procesos de aprendizaje y reprogramar las actividades de este año escolar; y por la otra, en tomar las previsiones necesarias, de forma planificada, para garantizar la estabilidad de los procesos educativos, en todas las escuelas del territorio nacional, considerando el manejo de los factores que han impedido su normal desarrollo y que aún no se han podido, ni están próximos a resolverse.

Es importante resaltar que, a pesar el ministerio no ha girado instrucciones específicas para la recuperación del tiempo perdido, las consecuencias de las inasistencias recurrentes y de las interrupciones parciales y totales de las jornadas, tampoco han sido desconocidas por él, tal como se demuestra en la Orientación Viceministerial N.º 5, elaborada y enviada a las zonas educativas en los primeros días de enero del 2019, con la cual se perseguía, por una parte, hacer acompañamiento al inicio del año escolar, y por la otra, “tener un panorama general de la asistencia de nuestras niñas, niños, jóvenes, adultos y adultas” y “de la incorporación o no del personal a sus actividades diarias”.

En esa orientación, se establecían pautas para que los supervisores incorporaran en su planificación, actividades como: verificar las condiciones de la planta física de las escuelas, activar las jornadas de mantenimiento preventivo, constatar la apertura de cada plantel, registrar incidencias que impidieran el inicio de actividades (es importante resaltar que la incidencia mencionada explícitamente en las instrucciones es el “hurto”, lo que implica que el ministerio conoce la recurrencia de este factor en las escuelas), y como se observa en la captura de pantalla siguiente, constatar la asistencia de estudiantes, docentes y demás trabajadores a las escuelas.

imagen 2

Como se puede apreciar, la situación del sistema, para enero de este año, no era del desconocimiento del ministerio y para ese momento, a través de la red de supervisores, ese ente debería contar con un inventario de condiciones y sucesos, en cada escuela, así como de la cantidad de tiempo perdido y de las inasistencias recurrentes, de docentes y estudiantes por sección.

Sin embargo, hasta la fecha, incluso, después del apagón generalizado que sufrió el país desde el 7 de marzo, el ministerio no ha girado instrucciones ni para la recuperación del tiempo perdido, ni para el manejo de las situaciones que, como la falta de transporte, la irregularidad en el servicio de alimentación escolar, y las fallas recurrentes de luz y de agua, interrumpen total o parcialmente las jornadas de trabajo en las escuelas del país.

Al respecto, es importante recordar que por el apagón se perdieron 6 días de clases, que incluyen los días de apagón generalizado más los días de suspensión de actividades en todo el país, como consecuencia del mismo.

No obstante, esos no son los únicos días de clase perdidos, también es necesario contabilizar los 2 días del asueto pre-carnaval, decretados desde el ejecutivo a última hora y sin justificación académica, así como, al menos, los 5 días de suspensión de actividades por la realización de las elecciones. En este caso, es menester recordar que la suspensión no estaba incluida en la versión inicial del calendario, por lo que hubo que reprogramar cuando se incluyó, y también que para la realización de un proceso electoral, no se requiere la suspensión de las clases por 5 días, sino, máximo por 2 días, el viernes antes y el lunes después, como se ha dicho en innumerables oportunidades.

De esta forma, en total, y tomando en consideración los días mencionados, hasta la fecha, se han perdido 13 días de clase, de los cuales, 8 se han perdido, en las última semanas. Para que puedan tener una mejor idea de los días de clase que se han perdido, y de los que faltan, de acuerdo al calendario escolar vigente, específicamente desde el regreso de clases en enero, pueden ver la siguiente imagen:

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Es por esta razón que, sin siquiera incluir las pérdidas parciales de las jornadas, o las totales en escuelas específicas, en las que por diversas razones no han podido tener clases, es imprescindible que se reprograme el calendario escolar, para lo que queda del año 2018-2019.

Hasta el momento, desde el ministerio han emanado algunas instrucciones que están centradas en el análisis de la situación y en su aprovechamiento para el trabajo de ciertos tópicos asociados con el buen uso y el ahorro energético. Sin embargo, la presentación de esas instrucciones tiene una carga ideológica que plantea la situación en términos y con lenguaje de guerra y que desconoce las causas de lo sucedido, pero especialmente, desconoce la situación que hay que manejar para poder resolver las deficiencias de fondo.

En efecto, en un documento denominado “Una práctica pedagógica amorosa en tiempos de dificultades” se utilizan frases como: “enarbolando la bandera tricolor y empuñando la espada de la paz, para defender a esta Patria hermosa como una Nación Libre y Soberana”, que utilizan un lenguaje de guerra para referirse a la “paz”; y se describe la situación vivida así: “después de varios días de oscuridad provocada, después de tanta guerra económica que ha afectado directamente la dinámica escolar de algunas instituciones educativas; después de tantas protestas violentas en la frontera de nuestro país originada por algunos personajes de la derecha internacional; afectando el sueño, la moral, el arraigo y la identidad de nuestros jóvenes.”

(El documento en cuestión puede verse, en capturas de pantalla, al final de esta publicación).

En el documento dirigido específicamente la situación del sistema eléctrico y se trata de una modificación de las Orientaciones Pedagógicas de la Educación Ambiental que el ministerio elaboró y presentó en enero, en conjunto con otros ministerios. En su presentación, los dos primeros párrafos, también contienen ese lenguaje e interpretación sesgada de la realidad a la que nos referimos, tal como se aprecia en esta imagen.

instructivo conjunto

(El documento, que tiene 19 páginas, lo pondremos a disposición de los lectores, en un enlace al final de esta publicación, lo que tengamos servicio de electricidad y podamos cargarlo).

El resto del documento, contiene sugerencias para desarrollar actividades pedagógicas que permitan contribuir con la formación ambiental y el manejo racional de los recursos, pero en ninguna parte, contiene instrucciones que permitan reprogramar el tiempo, para la recuperación del tiempo perdido.

Es por estas razones y porque no se vislumbra una normalización en el funcionamiento de los servicios de alimentación escolar, electricidad y agua, ni tampoco la solución de los problemas que garanticen la restauración del servicio de transporte, así como las condiciones de vida que permitan la adecuada alimentación de las familias en sus hogares, que sostenemos que, en este momento es imprescindible:

  1. Que el MPPE presente públicamente, y con soportes que permitan a investigadores independientes y organizaciones de derechos humanos, verificar, los resultados del censo de estudiantes, que se debió desarrollar en el país, de acuerdo a lo establecido por la Orientación Viceministerial N.º 1, emitida en agosto del 2018.
  2. Que se realice una nueva evaluación de las condiciones de las escuelas, como actualización de la que se debió realizar en enero de este año, de acuerdo a la Orientación Viceministerial N.º 5, en la que se incluya el cálculo del tiempo perdido por escuela, por sección y por estudiante, considerando las suspensiones totales y parciales de las jornadas en escuelas específicas y las inasistencias recurrentes de los estudiantes.
  3. Que se establezcan las bases para la realización de una evaluación de los alcances de los aprendizajes de los estudiantes en todos los niveles y modalidades, para tener una dimensión relativa a las consecuencias reales del tiempo perdido.
  4. Que se programe una extensión del calendario escolar que incluya, el aprovechamiento de los primeros días del mes de agosto, para terminar las actividades escolares, en todas las escuelas, más la incorporación como días de clases, dependiendo de las necesidades de cada una de las escuelas, de tantos sábados, como sea necesario en cada caso. Esta última medida se sustenta en las cláusula 16 y 17 del contrato colectivo vigente de los trabajadoras y los trabajadores administrativos y docentes del ministerio, que indican que, los sábados no son días feriados (cláusula 16, ver imagen) y que las vacaciones corresponden a las establecidas, de acuerdo de al calendario escolar establecido por el ente rector (cláusula 17, numeral 1)

clausula dias de asueto

La educación básica de calidad, en Venezuela, además de un derecho humano, es obligatoria para todos los ciudadanos, y el Estado está en la obligación (vlr) de garantizarla, para ello, este año escolar, es imprescindible reprogramar el calendario para recuperar el tiempo perdido.


Imágenes del documento “Una práctica pedagógica amorosa en tiempos de dificultades”

¿Es posible la recuperación del tiempo perdido en educación?


(Por diversas razones no habíamos podido mantener las publicaciones del blog actualizadas. Hoy, aprovechando que hay luz y conexión, – bueno, había conexión y se cayó antes de publicar-, retomaremos las publicaciones en este blog)

Como todos saben, siempre hacemos una hipótesis de calendario al inicio del año escolar, que luego ajustamos cuando se publica el calendario del Ministerio y posteriormente vamos haciendo un balance de los días de clase perdidos.

Ese seguimiento tiene sentido siempre, incluso en circunstancias especiales e inéditas como las que estamos viviendo en Venezuela, pero precisamente por estas circunstancias, especialmente por la forma diversa en la que han afectado al país, dependiendo de las zonas, en lugar de comenzar con el “cálculo” de los días de clases perdidos, en este momento, haremos unas consideraciones sobre cómo y para qué estimar el tiempo perdido, y sobre las condiciones para el regreso y la continuación del año escolar.

Estimación del tiempo perdido

Sacar la cuenta del tiempo perdido en educación, en este momento, es una tarea que debe ser realizada en cada escuela, porque para poder saber cuántos días y horas de clase se han perdido desde el inicio de clases, el 17 de septiembre -para inicial y primaria- , o desde el 1 de octubre -para bachillerato-, es imprescindible hacer la cuenta en cada una de las escuelas del país, tomando en consideración varios factores:

  1. Días de inicio de año escolar empleados en inscripciones y con actividades incompletas por baja asistencia de los estudiantes.
  2. Días de inicio de año escolar perdidos porque, como consecuencia de las inundaciones, no se pudieron iniciar las actividades en las escuelas.
  3. Días de suspensión de actividades por elecciones. En esta oportunidad también hay variaciones, teniendo como máximo los 5 días inicialmente decretados por el Ministerio.
  4. Días de retorno de las vacaciones de diciembre con actividades incompletas por la baja asistencia de estudiantes y por la migración de docentes.
  5. Días de asueto decretados por el ejecutivo.
  6. Días de actividades perdidas previos al apagón nacional por falta de luz o de agua en la zona en la que se ubica la escuela. También se deben contabilizar las suspensiones parciales, es decir, las horas perdidas porque se redujo la jornada de trabajo, por las mismas razones o por fallas en el Sistema de Alimentación Escolar, por las que.
  7. Días de apagón, más días de suspensión de actividades decretados.

Para ello, a esta altura, se esperaría que el Ministerio hubiera girado instrucciones en las escuelas, en varias oportunidades, para poder contabilizar las pérdidas en cada una y, de ser necesario, como en el caso de las escuelas ubicadas en los municipios afectados por las inundaciones, que hubiera organizado la reprogramación y extensión del año escolar desde el inicio. Actualmente, también se esperaría que hubiera tenido un balance del tiempo perdido hasta antes del apagón, con una propuesta de extensión del calendario, para recuperarlo.

Tiempo perdido más allá de suspensiones y reducciones de jornada

Sin embargo, el tiempo perdido, en educación, no se calcula solamente en términos de días y horas sin clases, o sin actividades de aprendizaje, se calcula tomando en consideración el aprovechamiento efectivo del tiempo escolar.

En nuestra publicación del 10 de septiembre del año pasado, en la que presentamos las consideraciones que se deberían tener para evaluar la factibilidad del inicio del año escolar 2018-2019, con normalidad, especificamos los problemas que se habían registrado a lo largo del año escolar pasado y que habían afectado la calidad y cantidad de los aprendizajes de los estudiantes. (Puedes leer la publicación aquí)

La mayoría de los problemas registrados durante el año escolar 2017-2018, se han repetido e incrementado durante lo que va de año escolar 2018-2019, afectando, mucho más, las posibilidades de mantener la continuidad en las actividades de aprendizaje. Para ilustrar la situación cotidiana de las escuelas, tomaremos dos problemas como ejemplos:

  1. La inasistencia recurrente de los estudiantes: como se sabe, desde el año escolar pasado, en muchas escuelas, falta a clases todos los días, entre el 30 y el 70 % de los estudiantes de cada aula, la inasistencia no es la misma en todas las aulas, todos los días, ni tampoco es la misma en todas las aulas de una escuela.

Adicionalmente, los estudiantes que no asisten varían día a día. En algunos casos, las inasistencias de los estudiantes son de una a 3 veces a la semana.

Esa situación tiene como consecuencia una variación importante en la conformación del grupo de estudiantes que se encuentra en el aula, cada día; en efecto, debido a ello, el grupo siempre es diferente, por lo que a los maestros se les dificulta mantener la continuidad en los procesos de enseñanza, y, por ello, deben emplear mucho más del tiempo requerido para desarrollar las actividades y garantizar el aprendizaje. Una buena parte del tiempo, es empleado en repetir experiencias para garantizar el aprendizaje de los que no pudieron asistir y en realizar actividades para retomar el hilo, repasar, reforzar procesos y tratar de reconstruir la continuidad perdida.

La ruptura en la continuidad de los aprendizajes, se agudiza con las interrupciones parciales o totales de las actividades por fallas en los servicios (agua, luz, alimentación), que en algunas zonas del país, son recurrentes. Pero también, la capacidad de participar de forma exitosa en las actividades, está mediada, por una parte por las razones por las que los estudiantes dejan de asistir de forma recurrente, así como por las condiciones de vida en sus casas, y por la otra, por las condiciones en las que se desarrollan las actividades en las escuelas que incluyen desde la dotación, hasta las condiciones sanitarias y de seguridad, pasando por el equipamiento y la alimentación.

Las inasistencias de esta magnitud, por las causas que se producen, y especialmente, por las consecuencias en la formación de cada uno de los estudiantes, no se contabilizan simplemente, se tienen que registrar tomando como referencia los aprendizajes afectados en cada caso, y tomándolos en consideración a la hora de reprogramar, porque un estudiante que no logró un aprendizaje que es requisito para uno posterior, está en franca desventaja y no sólo tendrá más dificultades de aprender posteriormente, sino que sufrirá el impacto psicológico de experimentar esa desventaja, especialmente, conociendo las causas que la originaron.

Todas esas interrupciones –y su recurrencia- debilitan la apropiación de los aprendizajes por parte de los estudiantes, lo que tiene como consecuencia una mayor disminución en la calidad de la educación que se obtiene, afectando, en última instancia, la realización del derecho a la educación, y limitando el desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

2. Condiciones psicológicas y emocionales de estudiantes y docentes: además de los problemas ya reportados, el año escolar pasado, que como sabemos también se han incrementado al inicio de este, la situación política, económica y social ha tenido severas consecuencias en la población emocionales y psicológicas en la población.

La incertidumbre por la situación y sus consecuencias en la vida cotidiana, las restricciones en la adquisición de alimentos y medicamentos, las fallas en el transporte, las fallas en los servicios de luz y de agua, la falla en el suministro de gas, el aumento de la delincuencia, por una parte, y la sensación de pérdida tanto de condiciones de vida, como de familia, por las migraciones, entre otras, han generado un estado de indefensión, de desesperanza, de inestabilidad emocional y psicológica en la población, que dificultan, tanto la capacidad de concentración y organización de todos, como la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.

Aunque ya algunas de las condiciones se han comenzado a hacer visibles, como problemas del sistema educativo, como por ejemplo, entender que un niño que no se alimenta bien, no puede aprender; o que cuando no hay recursos suficientes en las casas, o cuando no hay agua para lavar la ropa o hasta para bañarse, como ha pasado en los últimos meses, los niños dejan de asistir a la escuela; hay otras que ahora es que comienzan a mencionarse y que están asociadas a la angustia psicosocial y los traumas psicológicos; así como también otras que no se mencionan sino en algunos espacios, como la necesidad de mantener la estructura y organización del tiempo, así como las rutinas de vida en la cotidianidad.

En efecto, ahora parece comenzar a entenderse que un niño que está triste porque parte de su familia emigró, o porque perdió un familiar o un amigo, producto de la falta de medicamentos, de alimentos, o por deficiencias en el sistema de salud o como víctima de la delincuencia, o porque sus condiciones de vida han disminuido considerablemente; o un niño que tiene miedo porque en el sector en el que vive experimenta la tensión de la inseguridad cotidianamente, no puede concentrarse y por tanto, está en desventaja para el desarrollo del proceso de aprendizaje.

En estos casos, tanto los cálculos del tiempo necesario para recuperar la calidad y completitud de los aprendizajes, como para el diseño de las estrategias para lograr la restauración de los mismos, especialmente, cuando las condiciones que los afectan, no mejoran, sino que se agravan con el tiempo, requieren, además de instrucciones especiales, dado lo excepcional de la situación, de un proceso de evaluación que permita a los docentes estimar el tiempo que requeriría para poder replantear su planificación para el resto del año escolar. Ese proceso de evaluación, por cierto, también requiere tiempo que no podrá emplearse ni en la reconstrucción de la continuidad del proceso, ni en el desarrollo del mismo.

Adicionalmente, lo extraordinario de este tipo de situaciones, requiere el apoyo de personal especializado y de guías para docentes y padres, o representantes, que permitan acompañar de manera adecuada a los estudiantes en su participación en el proceso educativo.

Condiciones para el regreso y la continuación del año escolar

En una situación como la que estamos viviendo en Venezuela, se esperaría que el Ministerio de Educación, como el ente responsable del sistema educativo, específicamente de la educación básica, a esta altura:

  1. Hubiera hecho un balance de los daños en las escuelas, por las fallas en los servicios, así como por las consecuencias de la delincuencia. Ese balance debería incluir, el cálculo de los daños y pérdidas, así como de un inventario de los problemas a resolver y las necesidades de reparación y reposición de equipos e insumos; y con un estimado del tiempo de recuperación tanto de los servicios de luz, agua y alimentación, más la inversión y el tiempo para reparar daños y reponer equipos e insumos en cada escuela.
  2. Hubiera hecho un balance del equipo docente con el que se cuenta y de los cargos docentes ocupados temporalmente, por personas que no tienen formación para ese ejercicio, de forma de poder generar un plan de emergencia para la atención de los centros educativos, que estuviera acompañado por docentes formados –incluso pidiendo ayuda a docentes jubilados- y por materiales para apoyar a todo el personal, tanto en las labores pedagógicas propiamente dichas, como en la detección y atención a las consecuencias de la angustia psicosocial y los traumas psicológicos. Ese balance y ese plan, por cierto, debería incluir una evaluación de las condiciones de trabajo y de vida de los docentes, así como la restauración de las condiciones establecidas en su contratación colectiva.
  3. Hubiera discutido, con los organismos internacionales competentes en atención a las emergencias humanitarias, las posibilidades y planes, tanto para el reinicio de clases, como para la extensión del año escolar, con base en las actividades de acompañamiento psicosocial y educativo, complementarias, para garantizar disminuir las diferencias en las condiciones de los estudiantes, por la diversidad de formas y magnitud, en las sus vidas y su formación se han afectado, hasta el momento.
  4. Con base en la información recaudada, hubiera elaborado planes, con inversión establecida y tiempos, así como, con materiales para garantizar un exitoso reinicio del año escolar, con la necesaria restauración de las condiciones y aprendizajes dependiendo de las variaciones de la situación en cada una de las zonas del país y de las escuelas.
  5. Hubiera discutido con los gremios del sector, los planes elaborados y la mejor forma de instrumentarlos para, desde la visión de los que hacen posible cotidianamente la educación en las escuelas, se pudieran hacer los ajustes necesarios.
  6. Y, en lugar de estar postergando diariamente el inicio de clases, anunciara el día de reinicio de las clases, con un calendario claro, junto con los planes asociados, para el conocimiento de todo el país y de cada comunidad.

Sin embargo, además de ello, en aquellas escuelas en las que se pudiera, así fuera de forma parcial, por las condiciones generadas por las fallas en los servicios, se hubieran podido habilitar las instalaciones para:

  1. Proveer de alimentos a las comunidades con mayores dificultades. Obviamente, para ello, la escuela debería contar con un mínimo de condiciones que incluyeran agua, luz y gas, para poder preparar los alimentos, pero, esas son condiciones que, en muchos casos pudieron procurarse con el apoyo del Estado, y que pudieron ayudar a atender a la población, así como a disminuir los efectos psicosociales de la situación en ella. Esta actividad se ha realizado en algunas escuelas del Estado Miranda los dos últimos días.
  2. Servir como centros de acopio y distribución de insumos básicos, como comida no perecedera, suplementos nutricionales y agua, que es lo que se debería suministrar a la población en una situación de emergencia generalizada como la que se presentó a raíz del apagón generalizado en Venezuela.
  3. Servir como centros de reunión y de atención para los niños y jóvenes, con actividades lúdicas y complementarias de aprendizaje, que les permitieran tener algo de organización en el tiempo y mantener la lógica de la rutina, ambas cosas importantes, tanto para su formación, como para su estabilidad psicológica y emocional.

En lugar de ello, asistimos a una dinámica muy diferente, especialmente carente de evaluaciones, balances, planes y materiales de apoyo para atender la situación actual y para el acompañamiento de nuestros niños y jóvenes, antes, durante y después del reinicio de clases.

 

Monitoreando el inicio del año escolar 2018-2019 en Venezuela


Como sabes, durante el año escolar pasado (2017-2018) el sistema educativo presentó muchas irregularidades producto de, por una parte, los impactos de la situación nacional sobre la vida de las familias, de todos los miembros de las comunidades educativas, y por la otra, por las propias fallas estructurales del sistema.

Es por esta razón que este año escolar 2018-2019, que inicia mañana, 17 de septiembre, para los niveles de inicial y primaria de la Educación Básica, requerimos conocer y hacer visibles ante el país, las condiciones en las que se inician las actividades.

Para poder tener información oportuna y directa desde las escuelas, requerimos de tu apoyo, por lo que queremos invitarte a participar.

Participar como padre, representante, docente, trabajador administrativo, obrero, estudiante, o vecino de la comunidad en la que se localiza la escuela, es muy sencillo, puedes contarnos:

  1. Si se iniciaron las clases.
  2. Si la escuela cuenta con las condiciones de infraestructura y dotación, aptas para iniciar las clases.
  3. Si la escuela cuenta con las condiciones de mínimas para su funcionamiento, es decir, si tiene condiciones sanitarias, agua potable, luz, comunicaciones, internet.
  4. Si tiene los insumos y equipamiento para brindar alimentación.
  5. Si hay transporte público para llegar a la escuela.
  6. Si cuenta con los docentes y directivos suficientes para desarrollar una educación de calidad.

Puedes hacerlo escribiendo:

  1. Uno o varios correos a monitoreoOEV@gmail.com, 
  2. O uno o varios tuits usando la etiqueta #AClasesVzla2018 

Cuando escribas, recuerda siempre poner el nombre de tu escuela y dónde está ubicada para poder incorporarla en el registro. Si es posible, puedes acompañar la información con fotos.

Para tener la mayor cantidad de información posible, estaremos recibiendo aportes sobre el inicio del año escolar durante el primer mes de actividades. A partir del 1 de octubre, esperamos también tener reportes sobre el inicio de las clases en educación media.

Te damos las gracias de antemano, por participar y permitirnos visibilizar la situación de las escuelas al inicio de este año 2018-2019

¿Hay condiciones para el inicio del año escolar 2018-2019, el próximo 17 de septiembre, en Venezuela?


Como todo el país sabe, el año escolar 2017-2018, fue un año plagado de problemas y dificultades para el sistema educativo, comenzando por los efectos que tuvieron la hiperinflación, el desabastecimiento, la ausencia de efectivo y las fallas en el transporte público, en la dinámica de vida de las familias y su consecuencia en la asistencia irregular de docentes y estudiantes a las escuelas; pasando por las también reiteradas fallas en los servicios de alimentación, agua y luz que ocasionaron múltiples interrupciones y recortes en el horario de clases; y terminando con las consecuencias de la migración, física y económica, de docentes y estudiantes, más el impacto psicológico por los efectos de la crisis nacional en todos los miembros de las comunidades educativas.

En efecto, en Venezuela, en el último año, la educación ha experimentado una combinación compleja de problemas y impactos que alteraron la organización y el funcionamiento de las escuelas, teniendo como última consecuencia, restricciones en las garantías de varios derechos humanos, comenzando por el ejercicio del derecho a la educación, con la consecuente disminución en los logros y aprendizajes, durante el año escolar pasado.

A continuación, sin pretender hacer una descripción completa y exhaustiva de lo que vivió el sistema educativo durante el año escolar 2017-2018, debido a que es una tarea difícil para la dimensión de un espacio como éste y más con las limitaciones que impone la falta de acceso a la información detallada, por parte del ente rector; y con el propósito de ilustrar lo complejo y multifactorial de la situación vivida, se presentarán los principales y más recurrentes elementos que caracterizaron la dinámica del funcionamiento del sistema educativo, específicamente en el subsistema de educación básica, en Venezuela.

Emergencia humanitaria compleja en el sistema educativo

El sector educativo experimentó problemas derivados, por una parte, de los efectos de la situación nacional y por la otra, de fallas estructurales propias del sistema.

Efectos de la crisis nacional en la educación

Entre los elementos de la crisis nacional que afectaron la organización y el funcionamiento del sistema educativo, tenemos:

1. Interrupciones recurrentes en los servicios de agua potable, luz y comunicaciones –incluyendo conexión a internet-, que tuvieron como consecuencia suspensión de clases o recorte en el horario escolar, disminución de las condiciones sanitarias de las escuelas, y restricciones en el desarrollo de las actividades pedagógicas y administrativas –incluyendo el registro de datos, por parte de las escuelas, en el sistema de información del MPPE. También tuvieron consecuencias en la calidad de vida de las familias, afectando su asistencia a las escuelas y su desempeño educativo.

Estas interrupciones, especialmente en los servicios de agua potable y luz, se han agudizado y extendido, en los últimos meses y se han convertido en problemas graves en varios estados del país.

2. Deficiencia o inexistencia de los servicios de seguridad y vigilancia en las zonas en las que se ubican las escuelas, incrementando con ello la inseguridad y, en consecuencia, la realización de hurtos y robos, en las inmediaciones y dentro de las escuelas, así como la presencia de agentes de microtráfico de drogas y grupos delincuenciales.

Al respecto, cabe mencionar que, hasta el momento, la respuesta más estructurada que se ha instrumentado desde el Estado, es un “Plan Piloto de Monitoreo para la Seguridad Escolar”, diseñado por FEDE y comenzado a instrumentar a finales de agosto, pero en una muy pequeña muestra de planteles, en total y de acuerdo a la información oficial, son 18 planteles distribuidos en varios estados del país (Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira y Trujillo) y en el Distrito Capital.

3. Restricciones en el servicio de transporte público por disminución en el número de unidades activas y por reducción de las rutas y su alcance territorial. En este caso, se han instrumentado dos tipos de respuesta: habilitación de vehículos no aptos para el transporte seguro, como las denominadas coloquialmente “perreras”, y la incorporación de unidades por parte de algunos entes regionales.

4. Aumento exponencial de los costos y disminución de la capacidad adquisitiva de las familias para cubrir los costos de alimentación diaria y la canasta familiar, así como los costos de transporte para trasladarse a las escuelas.

5. Ausencia de efectivo y restricción en otras formas de pago, con la consecuente reducción de la capacidad, por parte de estudiantes, docentes y demás trabajadores, de asumir el pago del servicio del transporte público, así como la adquisición de algunos productos de la canasta familiar, aun teniendo los recursos económicos para ello.

6. Desabastecimiento de insumos clave en la canasta familiar y de medicamentos.

7. Reducción en la capacidad de atención y en las condiciones e insumos de los servicios de salud pública.

8. Rupturas o fragmentación de las familias de estudiantes y docentes, como consecuencia de actos de violencia y de migración de sus miembros.

Fallas estructurales propias del sistema

Entre los elementos derivados de fallas estructurales propias del sistema educativo, podemos citar:

1. Eliminación progresiva de la condición de gratuidad de la educación en las escuelas de dependencia oficial. Como ya se ha explicado en otras publicaciones, la gratuidad en la educación básica, además de ser una condición obligatoria del sistema, se evalúa a partir de los elementos de la canasta educativa que son 5: costos de inscripción y matrícula, alimentación en tiempo escolar, transporte, uniformes y útiles escolares.
Cuando las familias tienen que asumir de forma total o parcial, los elementos que constituyen dicha canasta, no se puede considerar que la educación sea efectivamente gratuita.

En nuestro caso, como también se señaló con anterioridad, hay costos adicionales a los considerados en la canasta educativa que, por deficiencias en el funcionamiento del sistema, han recaído en las familias -incluyendo a los estudiantes-, y también en los docentes, agravando el problema de gratuidad de la educación.

Entre estos costos cabe destacar, la inversión en horas de trabajo y de recursos económicos, -en adquisición y donación de insumos de limpieza- en las jornadas de mantenimiento menor convocadas por el MPPE y que son denominadas, entre otras, como “Una Gota de Amor para tu Escuela”; el financiamiento del alquiler de unidades de transporte acondicionadas para el traslado de los insumos del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) a las escuelas; los trabajos de reparación de equipos de cocina y refrigeración, también utilizados en el SAE, así como de equipos y mobiliario de diverso tipo de las escuelas; y la adquisición de papelería e insumos y materiales de oficina.

2. En cuanto a los costos de transporte que deben cubrir los miembros de las comunidades educativas, es importante señalar que el sistema educativo oficial, en su mayoría, no cuenta con transporte escolar, lo cual dificulta el acceso a la educación. En algunas regiones del país, ese problema se ve agravado porque la ubicación de las escuelas, no cumple con los estándares de distancia mínima, que faciliten el acceso de los estudiantes, sin hacer uso de un sistema de transporte.

3. Además de tener que cubrir, con horas de trabajo no remuneradas y con recursos para los elementos señalados en el primer punto, los docentes no cuentan con condiciones de trabajo e ingresos adecuados a la labor que cumplen, ni que les permitan cubrir los costos de la canasta familiar, lo que también contribuyó al incremento de las inasistencias recurrentes.

4. Déficit en la cantidad y calidad del equipo docente de las escuelas. Este es un problema que, como también hemos comentado en otras publicaciones, se ha venido desarrollando en Venezuela, desde hace años, con la lamentable consecuencia de que muchos estudiantes han recibido certificación de estudios y calificaciones, sin haber cursado determinadas asignaturas en bachillerato.

Con la situación migratoria, espacial y laboral, que se dio en el gremio docente, el año escolar pasado, el déficit se ha incrementado y sus consecuencias se agudizaron, debido a que, la insuficiente cantidad de docentes para todas las secciones por año y por grado que se ofrecen en las escuelas, se ha intentado resolver parcialmente, con personal que cumple funciones docentes, pero no está calificado para ello; en algunos casos se trata de miembros de la comunidad supliendo las faltas recurrentes o definitivas de los docentes; y en otros se trata de la incorporación de beneficiarios del programa “chamba juvenil” que no cuentan con las competencias ni los conocimientos adecuados, por la corta y precaria formación que recibieron antes de entrar en ejercicio.

En este punto, es importante señalar, que un agravante de la situación específicamente relacionado con las inasistencias recurrentes de los docentes, derivadas de los elementos de la crisis nacional, es la imposibilidad de tomar previsiones que permitan a los suplentes ocasionales, mantener la continuidad en los procesos de aprendizaje, lo que tiene efectos directos en la calidad de la educación y en el alcance de los aprendizajes que se logran en las escuelas.

5. Adicionalmente, por un precario programa de construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, la oferta educativa es insuficiente y en muchos casos, no cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, por daños en la infraestructura, en los equipos de uso ambiental (aires y ventiladores), o en el mobiliario de las aulas y laboratorios, lo cual entorpece el buen funcionamiento de las escuelas.

6. Otro programa con múltiples problemas en su diseño e instrumentación, que son agravados por los problemas de abastecimiento que se mencionaron en la sección anterior, es el del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) que no garantiza alimentación permanente, ni con la calidad nutricional adecuada, en las escuelas, a lo largo del año escolar.

7. Reiterados problemas derivados de un manejo deficiente de la política curricular impulsada desde el ente rector. Nos referimos en este caso a:

  • Producción de textos y recursos pedagógicos que no cumplen con la disposición contenida en el artículo 102 de la Constitución, de promover una formación crítica que respete todas las corrientes del pensamiento.
  • Promoción de una lógica y lenguaje de guerra, contraviniendo la construcción de una cultura de convivencia y paz, tal como se establece también en la Constitución.
  • Desorganización e improvisación en el desarrollo de modificaciones curriculares, especialmente en educación media, que tuvieron como consecuencia la imposibilidad de aplicación y la confusión en muchos liceos, restringiendo las oportunidades de tener una educación de calidad para los estudiantes.

8. Finalmente, es necesario mencionar la restricción recurrente de derechos concomitantes al derecho a la educación, a los miembros de las comunidades educativas. Nos referimos a los derechos a la manifestación y a la libre asociación de los diversos gremios del sector, que ha sido acompañada por la promoción de organizaciones afines al gobierno, como las organizaciones gremiales reconocidas oficialmente, en el sistema.

En esa misma lógica, se requiere mencionar la utilización de tiempo de funcionarios del sistema, así como de los medios de comunicación oficiales del Estado, para promover la participación de los miembros de las comunidades educativas, en actos de proselitismo político y para difundir mensajes con contenido político partidista específico.

Consecuencias para los estudiantes

En términos generales, los factores, externos y estructurales del sistema, mencionados en las secciones anteriores, tienen como consecuencias en, y para, los estudiantes, entre otras:

1. Disminución de la capacidad de atención, concentración y aprendizaje por deficiencias en la alimentación, por problemas de salud y por los efectos de sufrir angustia psicosocial y los traumas psicológicos asociados a los impactos de las situaciones familiares y de seguridad.

Los efectos físicos y psicológicos de la situación nacional afectan a los niños, niñas y jóvenes, más allá de sus consecuencias en el proceso de aprendizaje en las escuelas. En muchos casos la angustia se produce, directa o indirectamente, por la incertidumbre en la provisión de alimentos en el hogar, o porque se ven obligados a buscar empleo, a recurrir a la mendicidad o a hurgar en la basura, para conseguir alimentos y recursos.

En cuanto a los efectos físicos, es importante señalar que en diversas escuelas se registraron desmayos de estudiantes durante la realización de los actos cívicos al inicio de la jornada escolar, por deficiencias en la nutrición.

2. Inasistencias recurrentes, que agregan como factor adicional a la perturbación de la dinámica en las escuelas, la ruptura en la continuidad del proceso de aprendizaje y que tiene como consecuencia: la disminución del tiempo efectivo dedicado a las actividades escolares y la carencia de actividades estructuradas, restringiendo o disminuyendo la calidad de los procesos pedagógicos, y en consecuencia el alcance y la completitud de los aprendizajes.

3. Disminución de las condiciones y recursos de las escuelas por fallas en los servicios, por hurtos y robos, por ausencia del personal docente calificado, lo que también restringe las oportunidades de contar con procesos pedagógicos de calidad por las deficiencias en las condiciones mencionadas.

4. Falta de recursos de los estudiantes para desarrollar actividades pedagógicas o tareas, fuera de las escuelas o en sus casas.

5. Disminución del tiempo escolar y de los aprendizajes relevantes por la incorporación de contenidos de baja calidad o no pertinentes, así como de incertidumbre y confusión por improvisación en las pautas curriculares y sus modificaciones y por suspensión innecesaria de actividades para la realización de elecciones y para la asistencia de miembros de las comunidades educativas a actividades político partidistas.

6. La combinación de estos efectos, tiene como última consecuencia la limitación del desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

¿Y los problemas derivados de las inundaciones?

Como es conocido también por todos, además de lo sucedido durante el año escolar 2017-2018, en el período de vacaciones, más de 25 municipios, en más de 7 estados del país han sufrido inundaciones, dejando a miles de familias, temporalmente, con viviendas en condiciones de inhabitabilidad o en estado de pérdida, incluyendo sus alimentos, medicinas, muebles y ropa; en algunos casos, las pérdidas incluyeron cosechas, así como semillas y condiciones para retomar las siembras.

En esos municipios, hay a extensas zonas con problemas de comunicación, falta de electricidad, restricciones de medicinas, agua potable y de alimentos; además de con problemas de contaminación y sanitarios, con riesgos o con brotes de epidemias en curso (sarampión, malaria, dengue, afecciones en la piel y estomacales); y con la amenaza de ser víctimas de ataques de animales como caimanes y culebras.

En algunos casos, las inundaciones comenzaron a registrarse antes de que iniciara el período vacacional.

En todos los estados afectados, se encuentran escuelas con infraestructura inundada o que están siendo utilizadas como centros de acopio y refugios.

En el siguiente mapa, se pueden apreciar los municipios y estados con reportes de inundaciones entre el mes de julio y los primeros días de agosto.

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Revisando las fuentes oficiales, para conocer el tipo de atención han recibido los estudiantes que han sido afectados por las inundaciones y los planes de emergencia y previsión que se adelantan desde el MPPE para garantizar que, tanto los estudiantes como las escuelas puedan incorporarse al año escolar 2018-2019, a partir de la semana que viene, encontramos poca o inexistente información oficial.

En efecto, en la página del MPPE, en su sección de noticias, encontramos poquísimas referencias a la atención a la emergencia provocada por las lluvias en los estados afectados. Aunque sí encontramos información sobre otras iniciativas desarrolladas en algunos de esos estados, como la realización del Plan Agosto de Escuelas Abiertas en algunas de sus escuelas.

Tampoco encontramos datos que indicaran cambios importantes en los proyectos instrumentados durante el período vacacional, para atender los problemas ocasionados por las inundaciones, a pesar de ser evidente la necesidad de llevar a cabo acciones de emergencia, con miras al cercano inicio del año escolar.

En el caso del Estado Amazonas, que es uno de los más afectados por las inundaciones, encontramos que específicamente, con relación a la atención a las condiciones de la infraestructura educativa, en una nota de prensa del 29 de junio, se anunciaba que, desde las instancias responsables del mantenimiento de la infraestructura escolar, se proyectaba atender 65 escuelas con el programa “Una Gota de Amor Para Mi Escuela”.

Esa cifra, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles -que son los del año escolar 2014-2015, contenidos en la última Memoria y Cuenta publicada-, corresponde al 15% del total de escuelas que había en ese estado en ese año escolar; que equivalen al 15,6% de las escuelas oficiales y al 45,5% de las escuelas que dependen directamente del MPPE.

De acuerdo a las mencionadas cifras, en el Estado Amazonas, había, en el año escolar 2014-2015, 434 escuelas, de las cuales 418 eran de dependencia oficial, 143 de dependencia nacional (directamente del MPPE), 271 estadales, 4 municipales y 16 escuelas privadas.

Eso indica que, con el programa con el que oficialmente se atiende el mantenimiento menor de las escuelas en el sistema educativo, estaba programado atender menos del 50% de las escuelas que dependen directamente del MPPE, en esa entidad.

Posteriormente, el 3 de septiembre, se reportó que se había terminado el mantenimiento solamente en 16 de esas escuelas y que continuaba en ejecución en 7 escuelas más. Las escuelas atendidas hasta ese momento, eran todas, de acuerdo a la información publicada, del Municipio Atures, que es el municipio con mayor población del estado.

Eso significa que, de las 65 escuelas proyectadas, se logró culminar, hasta el 3 de septiembre, solamente el 24,6% y estaba en ejecución un 10,8% más, lo que daría como resultado que, de las 65 solamente se lograron atender el 35,4 % de las escuelas proyectadas; y que tomando como referencia las cifras del año escolar 2014-2015, citadas anteriormente, estaríamos hablando de una atención efectiva del 16,1%, de las escuelas nacionales del Estado Amazonas, incluyendo en el cálculo, las 7 escuelas que aún se encuentran en proceso de ejecución.

No obstante, esa cifra corresponde solamente a las escuelas atendidas por el programa y que estaban programadas antes de presentarse la situación ocasionada por las inundaciones.

Dada la falta de información, y como respuesta a la situación derivada de las inundaciones, es imperioso que el MPPE informe al país: ¿Cuántas de las escuelas del Estado Amazonas fueron efectivamente afectadas por las inundaciones, cuántas han sido recuperadas y cuántas fueron utilizadas y siguen funcionando como refugios y centros de acopio? ¿Cómo se programa atender a los estudiantes de las escuelas afectadas o utilizadas como refugios y centros de acopio, a partir del próximo lunes, 17 de septiembre?

Es necesario que el MPPE suministre al país, la misma información para todos los municipios de todos los estados con zonas afectadas por inundaciones.

También, es importante que el MPPE informe al país: ¿cómo ha sido la atención hasta ahora a los niños y jóvenes de todos los municipios afectados en cuando a las limitaciones de alimentación, las restricciones de agua potable, la falta de medicamentos, los brotes de enfermedades y las pérdidas de viviendas y bienes?; ¿cómo será la atención y el acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes que no estén en condiciones de regresar a la escuela?; ¿qué estrategias se utilizarán para facilitar su reincorporación?, ¿qué estrategias y planes concretos se instrumentarán para facilitar y garantizar la asistencia de los docentes a las escuela? tomando en consideración, para todos los miembros de la comunidad educativa, los casos en los que perdieron sus viviendas, o perdieron sus bienes, en los que se han enfermado o en los que son víctimas de traumas por las condiciones de privación y de pésima calidad en la que se desarrollan sus vidas producto de las inundaciones.

¿Qué debería haber hecho el MPPE durante agosto y la primera quincena de septiembre?

Frente a esa situación descrita en las secciones anteriores que incluye tanto los efectos de la crisis nacional en la vida de los miembros de las comunidades educativas, y en el funcionamiento del sistema educativo, como los problemas estructurales del sistema; así como las consecuencias de las inundaciones en una parte del territorio nacional, que se puede catalogar como parte de la emergencia humanitaria compleja registrada en Venezuela, se esperaría que el Estado, a través del ente rector del sistema educativo y apoyándose de todos los organismos competentes, hubiera empleado el mes de agosto y la primera quincena de septiembre, para realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación, escuela por escuela, que permitiera saber en qué condiciones está el sistema educativo, en cuanto a:

1. Condiciones reales de la infraestructura escolar, más allá del “embellecimiento” de algunos espacios y del mantenimiento menor de otros, con un estudio especial de las condiciones de la infraestructura en las zonas con inundaciones.

2. Condiciones de la dotación de recursos pedagógicos, de equipos y suministros para el funcionamiento de la escuela, así como de los equipos, mobiliario y utensilios para la alimentación escolar.

3. Funcionamiento real de los servicios de agua potable y de electricidad en las escuelas, así como los servicios de comunicaciones, incluyendo la conexión a internet. Tomando en consideración la localización de escuelas en las zonas en las que se han registrado fallas recurrentes, que se han incrementado en los últimos meses, o en las zonas en las que las fallas se derivaron de las inundaciones, y para los que, además, no existen planes de restauración cercana.

4. El estado real de la planta docente, que indique cuántos profesionales de la educación, con certificación y formación adecuada se mantienen en el sistema, cuántos suplentes y personal no calificado para ejercer dicha función ha sido incorporado a las escuelas y cuántos serán necesarios para garantizar que todas las secciones, años y grados, tengan un docente a cargo.

5. También se debió hacer una evaluación de la asistencia de docentes y estudiantes, el año escolar pasado, que permitiera tener una real dimensión del problema de inasistencias recurrentes, las causas más frecuentes, así como, sus efectos sobre la planificación docente y la disminución del tiempo escolar efectivo.

6. De igual manera, se pudo aprovechar este tiempo para hacer una primera aproximación a la identificación de los efectos psicológicos de la crisis en docentes y estudiantes, que permitiera, en un primer momento, identificar zonas y escuelas en las que se deberá prestar mayor atención para detectar y atender casos en el próximo año escolar.

7. De forma complementaria y para desarrollar planes de restauración de los aprendizajes perdidos, en el caso de los estudiantes, así como para desarrollar programas específicos de formación docente, se debió aprovechar este mes y medio, para diseñar dos evaluaciones estandarizadas y aplicadas en todas las escuelas del país.

  • Una evaluación estandarizada de los aprendizajes alcanzados por cada uno de los estudiantes de educación básica, tomando como referente lo que debió aprender para obtener la certificación que se le otorgó el año escolar pasado y que lo promovió al grado y año que cursará a partir del 17 de septiembre, para los estudiantes de primaria, y del 1 de octubre, para los estudiantes de bachillerato; que permita saber con qué base real cuenta para el inicio de su formación este próximo año escolar.
  • Una evaluación de conocimiento de lo que le corresponde enseñar y de competencias pedagógicas, que tiene actualmente cada profesor y maestro.

Con los resultados de ese diagnóstico, el MPPE podría diseñar programas para:

1. Apoyar a docentes y estudiantes para que puedan asistir regularmente a las escuelas, minimizando los efectos de las limitaciones económicas y los problemas de transporte.

2. Acompañar profesionalmente a las personas, sin formación docente, que estarán cumpliendo esa función en las escuelas en próximo año escolar.

3. Reforzar los programas de mejoramiento profesional de los docentes en ejercicio, enfocando la oferta a las necesidades específicas detectadas en la evaluación estandarizada.

4. Regularizar la prestación del servicio y mejorar la calidad nutricional del Sistema de Alimentación Escolar.

5. Promover y acompañar la reinserción de los estudiantes que se vieron en la obligación de abandonar sus estudios.

6. Desarrollar planes especiales para la formación de los estudiantes que, por razones de fuerza mayor, no puedan reincorporarse a las escuelas, pero puedan acceder a la educación en otras modalidades.

7. Desarrollar programas de atención específicamente diseñados para dar respuesta y atender a toda la población que se encuentra en zonas afectadas por las inundaciones, de acuerdo a las peculiaridades que se tengan en cada caso.

8. Acompañar y formar a los docentes en la atención y el apoyo a los estudiantes que experimentan angustia y traumas psicológicos, producto de los diversos impactos de la crisis en sus vidas.

9. Ampliar y completar los esfuerzos que se están comenzando a hacer para mejorar la seguridad en las escuelas, pero incluyendo también la atención a los problemas ocasionados por la penetración del microtráfico de drogas y las bandas delincuenciales a las escuelas.

10. Generar estrategias de reorganización del horario escolar, para que no se disminuya el tiempo de aprendizaje, por los problemas relacionados con las fallas en los servicios básicos y para compensar las horas perdidas con horas complementarias en otros días y horarios.

11. Establecer una estrategia dirigida a revertir los impactos negativos de los problemas experimentados el año escolar pasado, especialmente para la restauración de los aprendizajes que no se lograron, por los problemas estructurales del sistema educativo, y por los efectos de la crisis en la vida de las familias y las escuelas.

Es menester recordar que es obligación del Estado, la garantía del derecho a la educación, por lo que se espera que en momentos de dificultades como los que se están experimentando en Venezuela, dificultades que pueden catalogarse como emergencia humanitaria compleja, la acción del Estado no se remita a anunciar el inicio del año y esperar que la “mística” de las comunidades educativas puedan resolver los problemas y garantizar el funcionamiento de las escuelas, sino que asumiendo su obligación, diseñe los programas necesarios para atender la situación y garantizar efectivamente el funcionamiento óptimo de las escuelas, así como que se alcancen los aprendizajes esperados; y en un caso como el que nos ocupa, apoyar a las familias, docentes y estudiantes, para que puedan superar las dificultades e incorporarse efectivamente a la dinámica escolar.

 

Certificación comprometida


Desde mediados del mes de junio, hemos visto a grupos de estudiantes de quinto año de bachillerato celebrando su graduación. Se trata de un final de año escolar adelantado que debe llamar nuestra atención como país, debido a todas las irregularidades que ha experimentado el sistema educativo.

Como es por todos sabido, este año las escuelas no han escapado a los problemas de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela. De hecho, ha venido padeciéndolos desde hace tiempo, pero en este momento, se han hecho más graves y evidentes.

Pero sin entrar en los detalles sobre cómo se expresa la emergencia humanitaria compleja en educación en todas sus dimensiones, queremos enfocarnos en una que es propia e interna al sistema educativo, la certificación de los aprendizajes.

La educación básica, en Venezuela, es obligatoria. De ella, que abarca desde la educación inicial, hasta la educación media, se espera que sea suficiente para la formación de los ciudadanos y su óptimo desarrollo en todas las dimensiones del ser.

Sin embargo, desde que comenzaron los anuncios de la elaboración e instrumentación de un cambio curricular en educación media, que se dijo sería construido con participación de las comunidades y que tendría una prueba piloto antes de su extensión a todos los liceos, los problemas que se venían experimentando en educación media, se incrementaron.

De hecho, el proceso de “consulta” que incluiría mesas de trabajo en cada liceo durante marzo y abril de 2015, en el que participarían “Docentes, Estudiantes, Personal Administrativo y Obrero, Padres, Madres, Representantes”, no se desarrolló como debería, así como tampoco la experiencia piloto que estaba pautada para instrumentarse en el año escolar 2015-2016.

A ese arranque, siguieron varias modificaciones, que, en algunos casos, se restringieron a cambios de denominaciones y de horarios, con una precaria evaluación y sin resolver los problemas de fondo, así como tampoco, los adicionales, creados durante la instrumentación de la propuesta.

Ese proceso, en lugar de concertado con las comunidades y planificado con meticulosidad, ha sido improvisado y atropellado, generando confusión y problemas innecesarios en los liceos, en algunos casos, derivados de la obvia falta de formación de los docentes para la instrumentación de la agrupación de asignaturas en áreas, y en otros, derivados de problemas administrativos que debía haber abordado y evitado el ministerio, como la inexistencia de formatos para el registro de calificaciones, de acuerdo a las nuevas pautas de organización curricular.

La improvisación y fallas en la consulta y en los aspectos técnicos de la propuesta, no se ha corregido desde entonces, sino que se ha sostenido hasta el momento, ampliándose a la educación media técnica que en este año escolar que culmina, sufrió los enredos del intento de integración de varios planes de estudio de forma parcial y, en este momento, está esperando por una nueva propuesta curricular a instrumentarse para el próximo año escolar, que se supone, que está en plena construcción y validación.

En ese precario contexto curricular, se han estado formando los bachilleres que ahora se están graduando. Pero además, en no pocos casos, se están graduando en liceos en los que, como es por todo el país conocido, desde hace tiempo, hay ausencia de profesores en algunas materias, por lo que, aunque los estudiantes no tienen la oportunidad de cursarlas y aprender, el sistema les asigna una calificación y les emite una certificación como si efectivamente las hubieran cursado y hubieran desarrollado todos los aprendizajes que se aspira que tengan al finalizar.

Así nuestros bachilleres, en lugar de la educación de calidad a la que tienen derecho y que el Estado está en el deber de garantizarles, están recibiendo una certificación de estudios comprometida, además de por un manejo improvisado del diseño curricular de educación media y por la falta de profesores, por la precaria situación de los planteles que en muchos casos no cuentan ni con las condiciones, ni con los equipos y recursos para facilitar los aprendizajes; pero aún más, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que experimenta Venezuela, está comprometida por las consecuencias del impacto de la situación nacional en el proceso educativo que, entre otras, se traduce en inasistencia recurrente a clases de muchos estudiantes, con la consecuente y frecuente interrupción de los procesos de aprendizaje y la disminución del tiempo real dedicado a su formación.

Además, esa certificación también está comprometida, y desde hace tiempo, por una concepción errada del sistema de evaluación que privilegia el otorgamiento de un certificado, antes que la efectiva certificación de los aprendizajes. Por tanto, el título de bachiller, como certificación oficial del sistema educativo, hoy en día en Venezuela, no constituye una prueba, ni es garantía de que los bachilleres venezolanos, tengan la formación de calidad que se aspira desarrolle en, y que tengan al culminar, la educación básica.

Sin esa formación, los jóvenes están condenados a un futuro en el que experimentarán innecesarias dificultades y en muchos casos, al fracaso en diversas dimensiones de su vida.

 

Nueva suspensión por elecciones = 10 días menos de clases este año escolar en Venezuela


El pasado miércoles 9 de abril, el Ministerio de Educación (MPPE), publicó en su cuenta de twitter una circular, fechada el 10 de mayo, con la que notificaba la suspensión de las actividades en todos los planteles, desde el martes 15 hasta el lunes 21, por la realización de las elecciones pautadas para el 20 de mayo.

A continuación pueden ver el tuit y la circular:

 

En esta oportunidad, como en los anteriores procesos electorales, la suspensión de clases se hace por 5 días: 4 previos al fin de semana en el que se realiza la votación, más el lunes siguiente. Esto sucede así, desde hace varios años.

Esta suspensión, como hemos señalado en procesos electorales anteriores, es excesiva e innecesaria, pues bastaría con suspender las actividades el viernes antes y el lunes después, para la entrega de materiales y equipos, la organización y apertura de las mesas, la realización del proceso de votación, el cierre de mesas con sus respectivas auditorías, y la devolución de los materiales y equipos electorales al CNE, a través del organismo correspondiente.

Sin embargo, en esta oportunidad, además de los cuestionamientos que se han hecho sobre la legitimidad de la convocatoria al proceso electoral y la duración de la suspensión de clases, la situación presenta un agravante, debido a que la medida se aplica a todas escuelas, sean o no centros electorales.

En efecto, se produce una doble restricción al derecho a la educación, porque por una parte se suspenden las actividades en escuelas que no son centros electorales y por la otra se suspenden por más días de los necesarios para realizar el proceso electoral.

Todo ello, sin que el MPPE anuncie ninguna medida que permita la recuperación del tiempo perdido y la restauración adecuada y efectiva de los procesos de aprendizaje.

Cabe destacar que, por no estar previsto este proceso electoral desde antes de iniciar el año escolar, ni haber sido incluido con anticipación en el calendario de actividades, las escuelas no han contado con tiempo suficiente para hacer los ajustes que les permitirían mantener la calidad y la eficacia de los procesos de aprendizaje. Y ante tan poca anticipación y sin contar con medidas que permitan ajustar el calendario escolar, aumentando los días o ampliando el horario de trabajo, resulta imposible, tanto mitigar los efectos negativos de las interrupciones no programadas de actividades, como de la disminución del tiempo de actividades escolares.

En efecto, desde inicios del año escolar, en la publicación que hicimos el 21 de septiembre, advertimos que, de los 324 días que hay entre el 18 de septiembre -día de inicio del año escolar para los niveles de educación inicial y primaria-, y el 31 de julio -día de cierre del año escolar-, se podrían tener 201 días de actividades escolares -uno más que lo que estipula el artículo 49 de la LOE-, pero sólo 149 días de clases, incluyendo, entre los días potenciales, todas las actividades complementarias.

artículo 49 de LOE

Con este nuevo proceso electoral, la cantidad de días de clase se reduce a 144 y el tiempo disponible para actividades escolares queda en 196, es decir, 4 días menos que lo que establece la LOE.

Ver la distribución en los gráficos siguientes:

Fuente: Elaboración propia.

Tanto la reducción del tiempo, como la falta de anticipación en su notificación, tienen repercusiones negativas en la realización del derecho a la educación, que implica el desarrollo de educación de calidad.

Frente a esta medida arbitraria, algunas comunidades educativas han reaccionado. Una de ellas, elaboró el siguiente comunicado, en el cual hacen un llamado a toda la comunidad a asistir a la escuela y desarrollar las actividades con normalidad, hasta el jueves 17 de mayo. El comunicado, se puede ver a continuación:

comunidad JXXIII

Fuente: Cuenta de twitter de la Comunidad Educativa del I.E. Juan XXIII (*)

Es importante, adicionalmente, llamar la atención sobre el hecho de que esta suspensión de actividades se da en un momento, en el que por diversas razones, el desarrollo del año escolar se ha visto entorpecido y la continuidad de los procesos de aprendizaje ha sido interrumpida con frecuencia.

Nos referimos a las inasistencias recurrentes reportadas en las escuelas, tanto de estudiantes como de docentes, derivadas de la disminución en las opciones de transporte público, de la falta de recursos en las familias para sufragar los costos de traslado a las escuelas y de alimentación en el tiempo escolar, y de la imposibilidad de asistencia por razones de salud o, en el caso de los estudiantes, por tener que trabajar o acompañar a sus familias a hacer colas para conseguir alimentos.

Pero también, nos referimos a las interrupciones de las actividades escolares por las fallas recurrentes en el Programa de Alimentación Escolar y en los servicios de electricidad y agua, que implican la suspensión, parcial o total, de la jornada diaria de clases, por falta de condiciones para realizar las actividades.

Estas son situaciones que se presentan, cada vez con más frecuencia, en las escuelas de todas las dependencias del sistema educativo venezolano y, aún cuando su recurrencia es variable a lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que los estudiantes son afectados de forma peculiar y diferenciada, los efectos en la restricción del derecho a la educación, en términos de continuidad y calidad, son cada vez más generalizados.

Ante este contexto, se esperaría que el MPPE en lugar de suspender las clases 5 días para la realización de un proceso electoral, estuviera haciendo un inventario de las interrupciones parciales y totales de clases, así como de la recurrencia de las inasistencias de los estudiantes, y proponiendo medidas especiales para tratar, en lo posible, de mitigar los efectos negativos de esta situación sobre el funcionamiento del sistema educativo, así como de normalizar la continuidad de los procesos de aprendizaje y trabajar por garantizar un mínimo de calidad en la educación durante lo que resta del año escolar 2017-2018.

También es importante alertar sobre la continuidad en el uso inadecuado de los recursos del Estado que se hace desde el MPPE, específicamente en el contexto del proceso electoral, ya que promueve actividades y utiliza sus medios de comunicación y cuentas en las redes sociales, para hacer campaña electoral por uno de los candidatos, lo cual es violatorio de la normativa existente y califica como peculado de uso.

En las siguientes imágenes se pueden apreciar, unos pocos ejemplos, del uso propagandístico de la cuenta oficial de twitter del MPPE, en el marco de la campaña electoral, por una parte, difundiendo información de campaña electoral, y por la otra, reseñando dos actos, uno con mujeres y otro con docentes, en los que se instó a ambos sectores a trabajar en la campaña electoral de uno de los candidatos, actos que en sí mismos, son violatorios de la normativa existente.

Nota: Para ver las imágenes completas, pulse cada una de ellas. Fuente: Cuenta de twitter del MPPE

Tanto esta nueva suspensión de clases, como el uso de los recursos del Estado con fines propagandístico-electorales, vulneran el derecho a la educación en Venezuela.

(*) En este enlace, pueden ver la cuenta de twitter de la Comunidad Educativa del I.E. Juan XXIII

Deficiente acceso a la información, afecta calidad y derecho a la educación (parte 1)


La situación política, social y económica por la que está atravesando Venezuela, afecta directa e indirectamente el funcionamiento del sistema educativo y, por tanto, restringe el ejercicio del derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes.

En efecto, la situación nacional -hiperinflación, inseguridad, falta de efectivo, reducción de las unidades y rutas de transporte público, escasez de alimentos y falta medicamentos, entre otras- ha deteriorado progresiva y fuertemente la calidad de vida de las personas, lo cual, tal como se ha visto en los medios de comunicación y en los reportes hechos por particulares en las redes sociales, tiene efectos directos e indirectos en el funcionamiento del sistema educativo.

Así mismo, el uso político partidista, por parte de los grupos que están en el gobierno, de todos los espacios del Estado, con la discriminación política asociada, han restringido los derechos a la participación y a la libre asociación de los ciudadanos, lo cual, tiene también sus efectos directos e indirectos en el funcionamiento del sistema educativo y en el ejercicio del derecho a la educación.

Sobre el estado del derecho a la educación, en este momento, en Venezuela y el impacto que la situación nacional está teniendo sobre el mismo, presentaremos información más detallada próximamente. (Hay varias organizaciones que hacemos monitoreo y seguimiento a ello). Sin embargo, hoy queremos llamar la atención sobre una dimensión del funcionamiento del sistema educativo, que está afectando la calidad de la educación y en consecuencia, restringiendo el derecho a la educación en Venezuela.

Nos referimos al acceso a la información que está entorpeciendo, por una parte, el conocimiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento del sistema educativo, y por la otra, la gestión pública y privada, en este caso, derivada tanto de los problemas de acceso a la información, como de la deficiente organización, planificación y comunicación de los lineamientos y actividades del sistema.

Para que el sistema educativo pueda funcionar de manera óptima, toda la trama institucional, -esto es desde las direcciones y divisiones del Ministerio a nivel central, hasta las coordinaciones en cada escuela, pasando por todos los entes desconcentrados (zonas, distritos, municipios) y descentralizados (direcciones de educación de alcaldías y gobernaciones)- deben contar con información completa, pertinente y oportuna. También debe contar con información, con esas tres condiciones, la ciudadanía vinculada directamente a las comunidades educativas, pero también la ciudadanía en general.

En esta primera parte, haremos referencia al acceso a la información pública sobre el funcionamiento y el desempeño del sistema educativo. En una siguiente publicación, abordaremos el acceso a la información que debería permitir un óptimo funcionamiento de la gestión, pública y privada en educación, específicamente sobre lineamientos y pautas relativas a la organización y planificación de las actividades de enseñanza.

Acceso a la información pública

Desde antes del 2010, que se cerró el acceso público a la base de datos sobre las escuelas, el acceso a la información pública sobre educación comenzó a restringirse progresivamente. Esta restricción comenzó con la eliminación de las memorias y cuentas, como documentos que podían encontrarse en algunas bibliotecas del país y también, bajarse y consultarse en la web de la Asamblea Nacional; así como con la prohibición a directivos y docentes a suministrar información, sobre lo que sucedía en las escuelas, a investigadores y periodistas.

Posteriormente, el Ministerio dejó de entregar las memorias y cuentas a los investigadores y centros de documentación que las solicitaban, limitándose el acceso, a la copia que se entregaba a la Asamblea Nacional y que se podía obtener solamente, solicitándola a este ente.

En el mecanismo del sistema de información del MPPE, disponible para cualquier persona en internet, se limitaron progresivamente los campos de información que se podían consultar. Esa limitación terminó con el cierre del mecanismo público de consulta.

Y la última restricción en este sentido, es la desaparición de las Memorias y Cuentas del MPPE, como documentos de consulta pública, por la negativa del gobierno nacional a entregarlas ante la Asamblea Nacional.

Esa restricción progresiva, ha cubierto con un manto de opacidad el funcionamiento del sistema educativo, especialmente, afectando la rendición de cuentas del MPPE, como ente rector, y restringiendo la capacidad de los ciudadanos a ejercer su derecho a la participación, tal como está establecido en el artículo 62 de la Constitución Nacional y como, para estudiantes y familiares, se establece en el artículo 55 de la LOPNNA.

Artículo 62 de la Constitución Nacional

articulo-62-contitucion

Artículo 55 de la LOPNNA

articulo-55-lopnna

Es importante recordar que para todas las instancias del Estado, facilitar el acceso a la información pública es un deber, por lo que, en este caso, el MPPE por una parte, infringe la ley y por la otra, restringe directamente el derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos, e indirectamente, el derecho a su participación en la formulación y evaluación de las políticas públicas, por falta de información.

Adicionalmente, los mecanismos de evaluación de la gestión de las instancias estadales con competencia en materia educativa, de las escuelas y de los aprendizajes de los estudiantes, que permitirían ver hasta qué punto el sistema educativo está alcanzando los objetivos que se propone y efectivamente, garantizando educación de calidad para todos, sin ningún tipo de discriminación, son desconocidos por el país y, algunos, como el SINEA, han dejado de funcionar.

Estos mecanismos son vitales para saber, por ejemplo, si el sistema educativo brinda educación con la misma calidad en cada escuela, independientemente de su dependencia (oficial -nacional, estadal o municipal-, privada -subvencionada o no- o autónoma), de su tamaño, de su oferta educativa (educación inicial, primaria, media o una combinación entre ellas), de la población a la que atiende y de su ubicación geográfica; y si los estudiantes están alcanzando aprendizajes relevantes y equivalentes, que les permitan tener igualdad de oportunidades para desarrollarse en todas las dimensiones del ser, a lo largo de su vida.

Esos mecanismos, y sus resultados, son parte integrante de la información pública que debe ser del conocimiento del país y a la que, todos los ciudadanos deben tener acceso, sin restricción.

En su lugar, la información sobre el desempeño del sistema educativo, se limita a las notas de prensa y declaraciones que, en la sección de noticias de su página web y en sus cuentas de Twitter y Facebook, publica el MPPE. Información que, por cierto, como es público y notorio, con frecuencia, tiene carácter más propagandístico que informativo y que, incluye mucha propaganda que responde más a la lógica político-partidista de los grupos que hacen vida en el gobierno, que al desempeño del sistema educativo, como tal.

Una muestra del uso propagandístico del Twitter oficial del MPPE, con lógica político partidista, es la publicación recurrente de imágenes exaltando el intento de golpe de Estado de 1992, asociado a la figura del ex-presidente Hugo Chavez:

Pero también la publicación de actividades partidistas, como la carnetización del PSUV:

Así como, actividades propias de campaña electoral, como las que se iniciaron, en febrero de este año, con el anuncio de la convocatoria a elecciones presidenciales. Ver como ejemplos las diversas capturas de pantalla, incluidas en esta presentación:

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Todas éstas son muestras del uso proselitista que se hace de la cuenta oficial del MPPE, lo cual, se puede calificar como peculado de uso, además de ser contrario a lo que establece la Constitución en sus principios y también, en el artículo 102 que exige respeto a todas las corrientes de pensamiento, en educación.

Como cuenta oficial, la cuenta de twitter de cualquier institución del Estado, debe servir como canal de comunicación para el acceso a la información pública de la población, en este caso como canal de comunicación del ente rector de la educación en Venezuela, con la ciudadanía en general, sobre los temas que son de su competencia, y particularmente, que son su obligación, como garante del derecho a la educación para todos.

La imposibilidad de acceder a las memorias y cuentas, ha restringido también la capacidad del país de valorar los efectos reales y actuales de la situación nacional, sobre la cobertura del sistema. En efecto, a pesar de que en diversos anuncios, unos hechos desde el propio ministerio y otros desde la presidencia, se han manejado algunas cifras de asistencia y matrícula en estos últimos 2 años, éstas no han podido ser corroboradas y analizadas porque no se cuenta con las cifras oficiales y detalladas que se publican en las memorias y cuentas.

Adicionalmente a ello, se presume que las cifras presentadas en estos anuncios corresponden a proyecciones y no a datos emanados del sistema de información del sistema educativo, debido a que, a través de las zonas educativas, se han realizado recurrentemente, incluso recientemente, diversos llamados a las escuelas para que registren los datos sobre la matrícula estudiantil, incluyendo los datos de años escolares pasados, que aún están pendientes por cargar en el sistema. El último llamado, en una de las zonas educativas, fue el pasado 15 de marzo. A continuación una captura de la sección del mensaje, referente a la carga de matrícula:

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Estos llamados son recurrentes y no corresponden solamente a los momentos en los que está previsto que las escuelas carguen la data. Frente a esta situación, es imprescindible que el MPPE informe al país, sobre el estatus de la data cargada en su sistema de información y sobre las limitaciones que se están presentando para mantenerla actualizada; y también, que presente la data real y el plan, con su cronograma de ejecución, que utilizará para solventar este problema de información en el sistema.

Al respecto, es importante mencionar que hoy, 19 de marzo, vía whatsapp, fue enviado a las escuelas, desde algunas zonas educativas, un instrumento para recolectar información, específicamente del nivel de educación inicial. En ese instrumento, se incluyen campos de información que ya debería tener el MPPE, por lo que no se entiende el sentido de repetir su recolección, a menos de que, por alguna razón, el ente rector, no cuente con esa data y esté tratando de recuperarla. Sin embargo, de no ser así, se trataría de una acción mal planificada que tiene como consecuencia pérdida de tiempo y uso inadecuado de los recursos y del espacio de almacenamiento del sistema de información.

Para ilustrar a lo que nos referimos, los campos solicitados en el formulario son:

  • Datos de identificación del plantel que ya deberían estar registrados en el sistema y que, solicitando solamente uno de ellos, podría referirse la nueva información suministrada, por la escuela, al expediente correspondiente: Dirección de correo electrónico, Municipio, Parroquia, Número de Circuito, Plantel Educativo, Director del Plantel y Teléfono del Director (esta información es solicitada en la primera parte), Dependencia (Nacional, Estadal, Municipal, Autónoma, Subvencionada MPPE, Subvencionada Oficial, Privada), Código Plantel, Código Estadístico, Subdirector del Plantel y Teléfono del Subdirector, (esta parte de los datos de identificación del plantel, se solicita en la sección relativa a la conformación del consejo educativo)
    De todos estos datos de identificación, con haber solicitado el “Código Estadístico” o el “Código Plantel” tenían información suficiente para poder enlazar los nuevos datos con la información base del plantel.
  • Además de esa data, el formulario solicita: Total de la matrícula -desagregado en Femenino y Masculino-, la Matrícula con la que comenzó el Año Escolar 2017-2018, (ambos datos, además de redundantes en el formulario, deberían haber sido cargados por la escuela al inicio del año escolar), la Cantidad de Niños y Niñas incorporados desde el mes de Enero de 2018, Cantidad de Niños y Niñas que están fuera del Sistema de Educación Inicial –que se entiende debe ser un estimado de la población de la comunidad que no se encuentra atendida por el sistema (aunque este es un dato un poco difícil de estimar desde las escuelas)-, y cuáles son los inconvenientes que impidieron llegar al 100% -que se entiende que se trata del 100% de las solicitudes de inscripción a la escuela, o de los niños en edad de cursar educación inicial en la zona donde se ubica el plantel–.
  • Complementario a esos dos grupos de preguntas, el formulario incluye preguntas específicas sobre la creación (*) de nuevas secciones para atender la demanda y si para ello, la escuela tuvo que construir nuevos espacios y contratar más personal docente; sobre la constitución de los consejos educativos, la cantidad de miembros, los comités constituidos y si éstos han formulado proyectos y cumplen sus funciones (**); y otra sección para recoger información sobre los conucos escolares. En ella, preguntan sobre el tipo de conucos (Conuco, Canteros, Materos, Huertos), sus dimensiones (***), cuántos están inactivos y activos y cuántos  se programa incorporar en el 2018; qué, en cuanto tiempo y cuánto se produce (diferenciando lo estimado de lo realmente alcanzado); cantidad de participantes y quienes son los beneficiarios de la producción (en este punto las opciones son PAE, CLAP, Otras Instituciones (Intercambio de rubros), Auto sustentable y Comuna).
    Antes de entrar en la última sección del formulario, es importante hacer una acotación sobre una pregunta de esta sección. Como se aprecia en estas capturas de pantalla, que recogen la pregunta y las categorías de respuesta, además de que en el formulario se confunde sectores con organizaciones, se incluyen las UBCH.

 

Como es por todos conocido y como reseñó el actual ministro Elías Jaua en un artículo publicado en el año 2013, las UBCH son parte de la estructura de un partido político, el PSUV, por lo que no pueden formar parte de la organización escolar, ni que se trate de trabajar en los conucos. (Ver definición en la captura parcial del artículo de Jaua)

definición UBCH

Pero además, las UBCH son grupos de propaganda y movilización de ese partido, con funciones específicas en términos de adoctrinamiento y campañas electorales, por lo que su incorporación formal en actividades en las escuelas, atenta contra la institucionalidad establecida en la Constitución.

  • En el último segmento del formulario, se solicita información muy general sobre “situaciones que afectan el Sistema Educativo”, preguntando nuevamente la matrícula del plantel y adicionalmente, la cantidad de ella que es afectada por las situaciones, sin especificar, cuántas personas por situación. A continuación, encontrarán una captura de pantalla de las opciones incluidas como potenciales respuestas:

situaciones 1

Esta sección se podría considerar como un esfuerzo, bastante tardío e incompleto, por parte del MPPE, para conocer y recopilar datos, sobre cómo la situación nacional está afectando a las escuelas, específicamente a las de educación inicial -a menos que exista un formulario equivalente para las escuelas que ofrecen los otros niveles educativos. Habrá que exigir que, en este caso, la información recopilada se haga del conocimiento y acceso público, para garantizar el derecho a la información de la población, y que se haga, sin el disfraz de la propaganda.

Hasta aquí, como dijimos al principio, nos hemos referido a una parte de la situación sobre el acceso a la información. En la segunda parte de este tema, abordaremos el acceso a la información relativa a los lineamientos y pautas que orientan la organización y planificación de las actividades de enseñanza.


Notas:

(*) En el formulario el MPPE utiliza “aperturar”, no el término “apertura” como sustantivo, sino que lo usa incorrectamente como verbo, algo inaceptable para un ministerio de educación.
(**) Esta es otra información redundante, porque, a esta altura del año escolar, las zonas educativas ya deberían tenerla.
(***) En este punto preguntan sobre metros y sobre hectáreas, pudiendo preguntar área y que la escuela responda de acuerdo a lo que aplique en su caso.

La educación no es gratuita en Venezuela


La educación no es gratuita

Comenzaremos diciendo que en ningún país del mundo, la educación es gratuita. La educación es financiada con recursos del Estado, por tanto, todos los ciudadanos que pagamos impuestos, incluyendo el IVA, contribuimos con su financiamiento. En efecto, aunque sea no contribuyente, cada vez que Usted compra un producto por el que paga IVA, está contribuyendo con el presupuesto nacional.

Del presupuesto nacional, salen los recursos para el financiamiento de las escuelas dependientes del Ministerio de Educación, pero también, salen los recursos del situado territorial, que corresponde al presupuesto total o parcial, de Gobernaciones y Alcaldías, dependiendo de la capacidad de recaudación, especialmente de estas últimas. Así que los recursos para el financiamiento de las escuelas estadales y municipales, también salen del bolsillo de todos los ciudadanos del país.

Entran en ese grupo, de forma parcial, las escuelas privadas subvencionadas, que a través de recursos otorgados por el Ministerio de Educación, o por algunos entes descentralizados, financian parcialmente su presupuesto.

La inversión que se hace en las escuelas privadas, corre por cuenta exclusiva de quienes inscriben a sus hijos en ellas.

¿Debe ser gratuita la educación?

De acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Educación, pero también de acuerdo a los tratados sobre derechos humanos suscritos por Venezuela, hay una parte de la educación debe ser obligatoria y gratuita. En efecto, en Venezuela, la educación básica, se aspira a que sea gratuita porque es obligatoria, y carece de sentido que el Estado obligue a sus ciudadanos a formarse obligatoriamente, sin poner a disposición las facilidades y los recursos para que nadie se quede sin formarse por falta de ellos.

La educación no es barata

El presupuesto educativo debe cubrir los costos de contratación del todo el personal del Ministerio de Educación, incluyendo los entes desconcentrados que, para quién no está familiarizado con el sistema, son las zonas educativas y los distritos o municipios escolares. Este personal incluye, desde los vigilantes de la sede central, hasta el ministro, pasando por todos los obreros, trabajadores administrativos, técnicos y profesionales de la educación que laboran en esa extensa red, entre los que están todos los coordinadores y supervisores adscritos a los entes desconcentrados.

Pero no sólo los costos de contratación del personal (pago de salarios y beneficios sociales como alimentación y seguro medico), sino también todos los costos de funcionamiento, incluyendo los servicios básicos, como agua y luz, la compra de equipos, material especializado y material de oficina, la conexión a internet y el transporte, con los gastos de mantenimiento de las edificaciones, los equipos y los vehículos, y, también los de formación permanente de todo el personal.

Ese esquema de inversión se replica en las gobernaciones y alcaldías que tienen escuelas a su cargo.

Las escuelas tienen costos de funcionamiento similares, con algunas peculiaridades que las diferencian de las instancias administrativas del sistema. Una parte importante de los costos de funcionamiento de las escuelas, corresponde al pago de sus docentes y el financiamiento de su formación permanente. Pero a diferencia del resto de las instancias del sistema, la dotación de materiales y equipos para el funcionamiento y su reposición y actualización, constituye una parte de la inversión que no se puede evitar o postergar.

Entre los costos recurrentes, para que funcione el sistema educativo, están también los costos de construcción de nuevas escuelas, y la ampliación de las existentes y el mantenimiento menor y mayor de la infraestructura.

La construcción y ampliación de las escuelas, es una necesidad en un sistema que requiere expandir su capacidad para poder atender a todos los estudiantes a tiempo completo, que es el estándar asumido por el modelo denominado “bolivariano” como óptimo para garantizar calidad en la formación de los estudiantes. La expansión de la capacidad incluye la construcción de tantas escuelas como planteles a medio tiempo existan actualmente, la ampliación de las escuelas que funcionan con turno alterno, en tantas aulas como secciones tengan; y la construcción de tantas escuelas adicionales como se requieran para dar acceso a la educación a sectores que, por falta de oferta, se encuentran excluidos del sistema.

En este punto es importante resaltar que la construcción de “ciudades educacionales” que concentran la oferta educativa, requiere de un sistema de transporte eficaz, y de alimentación ininterrumpida, para que las familias que estén en sectores alejados de dichos complejos, puedan tener acceso real a la educación a través de ese esquema. Sin embargo, si se trata de garantizar acceso a la educación para todos, quizás convendría revisar ese esquema y construir escuelas más pequeñas y modestas, mejor distribuidas en el territorio nacional, para acercarlas efectivamente a la gente.

El mantenimiento, en todos sus tipos, es algo imprescindible para contar con una infraestructura adecuada. El mantenimiento, así como la construcción, requiere programación presupuestaria de largo plazo, especialmente, en el mantenimiento mayor que debe realizarse a la infraestructura de cada escuela, cada 5 años.

Como se puede ver, el financiamiento a la educación, no se restringe a los gastos corrientes, sino que contempla inversión a mediano y largo plazo.

La lógica de inversión en las escuelas privadas es similar, porque requiere contemplar los gastos corrientes y las inversiones para mantenimiento menor y mayor, formación del personal y reposición y actualización de equipos.

El costo de la educación para las familias

Se afirma que la educación es gratuita cuando las familias que tienen inscritos a sus hijos en las escuelas oficiales, no corren con los gastos de lo que se denomina la “canasta educativa”. Como habíamos indicado en una publicación de hace unos años, la canasta educativa, está conformada por 5 rubros:

Canasta educativa

En Venezuela, efectivamente, hace más de una década, se prohibió por resolución el cobro de cualquier arancel y colaboración, asociada a la inscripción de los estudiantes de las escuelas oficiales. Pero el resto de los elementos de la canasta educativa, no son garantizados como gratuitos, para todos los estudiantes de las escuelas oficiales.

En efecto, con contadas excepciones que, por cierto, no incluyen al Ministerio de Educación, las escuelas no cuentan con un sistema de transporte y, desde hace tiempo, ni siquiera con el subsidio al pasaje estudiantil en el sistema de transporte público; por lo que, el traslado hacia la escuela y el retorno, es financiado por las familias. Este costo es más alto, en la medida en la que la escuela quede más lejos de la vivienda.

Por otra parte, si bien en algunos equipos como las Canaimas y recursos como la Colección Bicentenario, el Estado hace un esfuerzo para que todos los estudiantes puedan contar con ellos, la dotación de útiles y materiales escolares, no es para todos los estudiantes de las escuelas oficiales, sino para una parte de ellos. Lo mismo sucede con los uniformes escolares.

En estos dos rubros de la canasta educativa, el Estado, a través de algunas dependencias, ha promovido de forma complementaria, ferias escolares, para que las familias puedan adquirir útiles y uniformes a menor costo que el regular del mercado, pero, si las familias tienen que pagar por ellos, así sea menos que en librerías y tiendas, el pago recae sobre la familia, por lo que, para esos rubros, no existe gratuidad en el sistema educativo.

Con respecto a la alimentación escolar, es importante resaltar que, por diversas razones, algunas asociadas al contexto en el que se desarrolla el proceso educativo, y otras propias de la gestión ministerial, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que ha recibido diversas denominaciones y varias reinvenciones, no funciona todos los días del año, y la alimentación no ha sido con regularidad, nutricionalmente completa, por lo que las familias han optado por asumir el costo de la alimentación durante el tiempo escolar, y, dependiendo de la situación, por no enviar a los niños y jóvenes a las escuelas cuando el PAE falla; así como hay escuelas que acortan la jornada escolar cuando no cuentan con la alimentación.

Esta intermitencia de la alimentación tiene consecuencias adicionales a la no gratuidad, para el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes.

Ahora las familias pagarán la educación con trabajo

Si bien no es una novedad porque tiene algunos precedentes, este año escolar, el ministerio de educación apelando a un impreciso concepto de corresponsabilidad, ha dicho que se programarán jornadas de mantenimiento periódicas en las escuelas, que serán realizadas por maestros, padres y estudiantes.

Esta medida que pareciera lógica partiendo de la disposición de todos los miembros de las comunidades educativas, al cuidado de las instalaciones de las escuelas, esconde la transferencia de un costo de inversión que debería ser cubierto por el Estado, hacia las familias a través de horas de trabajo en mantenimiento escolar. Esa transferencia que se hace efectiva en horas de trabajo, es un pago que las familias realizan para el funcionamiento del sistema educativo que debería ser reconocido como tal, y que ratifica la no gratuidad de la educación oficial en Venezuela.

Ese pago corresponde a un rubro que no ha sido incluido, hasta ahora en la “canasta educativa”, pero, dada esta política del Estado Venezolano, requeriría estudiar su incorporación a la misma.

¿Es factible que la educación sea gratuita para todos en Venezuela?

Llegado este punto, es obligatorio preguntarse si en la situación actual en Venezuela, es factible garantizar educación realmente gratuita para todos.

Obviamente, por como se maneja el presupuesto nacional, parece que no es factible, por lo que corresponde a los entes del Estado, corregir el uso del presupuesto, y a los ciudadanos exigir que así se haga.

Sin embargo, si esa corrección no fuera posible, corresponde al Ministerio de Educación, asumir esa realidad cambiando el discurso propagandístico, con el que venden como gratuita una educación que tiene costos que son asumidos por las familias y explicando al país, con claridad, los criterios para la asignación de algunos programas que minimizan los costos de la educación para las familias.

 

Por fin tenemos calendario para el año escolar 2017-2018, pero sin proceso electoral


El año escolar 2017-2018 inició oficialmente, el pasado lunes 18 de septiembre para educación inicial y primaria.  Como en años anteriores, el calendario no fue enviado a las escuelas con la debida anticipación.

Es importante recordar que, para que las escuelas y los docentes puedan hacer una adecuada y oportuna planificación, individual, coordinada y en equipo, el calendario escolar debería ser enviado a los planteles antes de la culminación del año escolar precedente, para que se puedan aprovechar los días y las reuniones de cierre de actividades, en tareas relativas a dicha planificación.

También es importante recordar que año escolar pasado, se perdieron 2 semanas de actividades, violando lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación, para que el Plan República tomara las escuelas por la realización de un proceso electoral el último día de julio. Esto significa que, las actividades de cierre del año escolar 2016-2017, fueron seriamente afectadas, lo que tuvo consecuencias, además de en la disminución de los días de clase para los estudiantes, en las jornadas de planificación de los directivos y docentes y en las jornadas de inscripción.

En ese contexto, se esperaría que el MPP para la Educación, hubiese tomado previsiones y tuviera no solamente listo y enviado a las escuelas el calendario durante el período vacacional, sino que éste incluyera previsiones para solventar los problemas derivados de la pérdida de dos semanas del año escolar anterior.

No obstante, eso no fue así y en su lugar, para este año escolar, se dio la siguiente secuencia:

  1. El ministro anunció, a finales de agosto, solamente las acostumbradas dos fechas de inicio del nuevo año escolar.
  2. El ministerio envió, desde las zonas educativas a las escuelas, un cronograma de trabajo para la primera semana, en algunos casos el sábado 16 de septiembre y en otros, el mismo lunes 18 en la madrugada, lo que hace imposible una planificación adecuada.
  3. Hoy 21 de septiembre, se publica en la página web del MPPE el calendario.

A continuación, presentamos el cronograma de trabajo (capturas de pantalla del documento enviado por el MPPE a las escuelas) para el inicio del año escolar. Es oportuno resaltar que en su presentación dice que se trata de la “Fiesta Escolar 2017-2018”, que el cronograma está organizado en torno a “consignas” y que hay actividades enmarcadas en la “constituyente” que, como se ha dicho anteriormente, es un proceso que se desarrolla, a pesar de que viola lo establecido en la Constitución, por lo que, incorporarlo como parte del marco en el que se desarrollan las actividades del sistema educativo, puede generar confusión en los estudiantes sobre lo que significa el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución vigente.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Este cronograma, fue elaborado el 14 de septiembre, tal como se aprecia en las propiedades del documento.

propiedades documento semana 1

Fuente: Captura de pantalla del documento

Sobre el calendario escolar, publicado hoy, cabe mencionar que esta versión fue elaborada por el ministerio ayer 20 de septiembre, tal como se aprecia también en las propiedades del documento.

propiedades de calendario

Fuente: Captura del pantalla del documento

En cuanto al contenido, como ya es costumbre, incluye las efemérides que el ministerio establece que se deben considerar para su conmemoración en las escuelas y las fechas de algunas de las actividades administrativas y complementarias, para el desarrollo del año escolar. Sin embargo, el proceso electoral del 15 de octubre no fue incluido. En efecto, éste no se menciona, ni se indican los días que se suspenderán las clases por la toma de las escuelas que hace el Plan República en ese marco.

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Fuente: MPPE, Calendario 2017-2018 (captura de pantalla del documento publicado en la web del MPPE)

Por otra parte, por los enunciados de algunas de las actividades del calendario, se espera que las escuelas reciban, en estos días, un documento con las “orientaciones” para el desarrollo del año escolar, como ha sucedido en los años escolares precedentes (incluyendo el retraso en el envío a las escuelas) y dados los antecedentes del año escolar pasado, estamos revisando con detalle el contenido, incluyente las efemérides y publicaremos los hallazgos próximamente.

Así luce el calendario escolar de este año. Si lo quieres bajar completo, ve a la página del ministerio o bájalo allí, desde este enlace.

calendario

Fuente: Página web del MPPE (Captura de pantalla)

Con respecto a los días de actividades escolares y los días de clase, elaboramos la acostumbrada hipótesis, que ajustaremos cuando terminemos de revisar el calendario, junto con las “orientaciones” que, como dijimos, esperamos que lleguen en estos días a las escuelas.

Mientras llegan dichas orientaciones, les adelantamos que para este año encontramos que, entre el 18 de septiembre del 2017 y el 31 de julio de 2018  (ambos incluidos), hay 324 días (46 semanas completas, más los dos últimos días del mes de julio). Éstos, excluyendo los días feriados, los días de receso no feriado (días en los que por decisión del MPPE no hay clases a pesar de no ser feriados, estos incluyen las vacaciones de diciembre y los 3 primeros días de Semana Santa) y las elecciones, dan un total de 201 días aprovechables para el desarrollo de actividades escolares, lo que permitiría, con un día de margen, cumplir con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación, dado que, para éste período, varias de las efemérides caen fines de semana.

Sin embargo, tomando en consideración las actividades administrativas y de planificación que son complementarias y vitales para el desarrollo de procesos de enseñanza con calidad, los días de clase, no pasarían de 149, lo que implica que, sigue siendo importante hacer una revisión del calendario escolar.

A continuación se presenta la distribución de los días de ese período, de acuerdo a su denominación y a las actividades escolares que se estila desarrollar.

distribución

Fuente: Elaboración propia.

leyenda

Nótese que en el cálculo de los días en el que las escuelas no tendrán actividades por la realización de las elecciones, se toma como referencia lo dicho por el ministro en sus declaraciones, de acuerdo a una nota de prensa publicada en el portal del MPPE y cuya cita se presenta, como captura de pantalla, a continuación:

5 días de elecciones Fuente: Página web del MPPE (Captura de pantalla de nota de prensa)

Finalmente, les presentamos la hipótesis día a día, para que se pueda apreciar la distribución de las actividades esperada, a lo largo del año escolar.Imagen2Es importante resaltar que algunas de las fechas de las actividades de planificación y complementarias a las clases, pueden variar por escuela y pueden realizarse en fechas diferentes a las que indicamos en esta hipótesis, pero la cantidad de días destinados para ellas, debería mantenerse dados los antecedentes de funcionamiento del sistema escolar.

Como se puede observar de la información con la que se cuenta hasta ahora, en términos de Calendario de actividades, el año escolar 2017-2018 está arrancando con deficiencias, en primer lugar, porque el calendario no fue enviado con suficiente anticipación a las escuelas, como para que éstas pudieran ajustar su planificación con tiempo; en segundo lugar, porque las actividades estipuladas para la primera semana, llegaron a las escuelas también muy tarde como para poder planificarlas adecuadamente; y en tercer lugar, porque hay información importante relacionada con el calendario, con la que aún no cuentan las escuelas, como cuáles y cuántos serán los días de clases que se perderán por el proceso de elecciones de gobernadores en octubre, y de qué se tratan y qué recursos y planificación requerirán varias de las actividades que, de acuerdo a lo señalado en el calendario, se esperan desarrollar en las escuelas durante este año 2017-2018. 

 

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