Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Restauración (propiamente dicha) del Derecho a la Educación en #Venezuela


Como comentamos al final de la publicación pasada, la restauración del derecho a la educación en Venezuela, debe contar, además de con la reinserción, con dos fases más, la restauración propiamente dicha, y una fase complementaria de reinvención de la educación en Venezuela. (Como son procesos que, de hecho, se solapan, probablemente, sea más apropiado hablar de “momentos”, en lugar de “fases”)

Hoy hablaremos de la restauración propiamente dicha.

Pero antes, es importante recordar que la reinserción, es una fase que puede y debe comenzar lo antes posible y que estaría dirigida tanto a los niños, niñas y adolescentes que están totalmente fuera del sistema, como a aquellos que no estén asistiendo con regularidad, para los que la continuidad en los aprendizajes está truncada y por tanto, la realización del derecho a la educación, es imposible, en la práctica.

Restauración

La restauración propiamente dicha, tiene como propósito central, como se deduce de su denominación, devolver el estatus de derecho humano a la educación, con todas sus características y condiciones. Esto es:

  1. Que el Estado sea el responsable de garantizarlo, ya que es su obligación legal.
  2. Que todas las personas puedan realizar el derecho a la educación, sin ningún tipo de limitación o discriminación, incluidas las razones políticas, geográficas, socioeconómicas, ni ninguna condición especial.
  3. Que se garantice el derecho a la educación para toda la vida.
  4. Que aquella educación, como la Educación Básica, que es obligatoria, sea gratuita, tal como se establece en la ley.
  5. Que sea una educación de calidad.

Estas características y condiciones que presentamos sintéticamente en 5 puntos, se pueden lograr, de forma efectiva, con una política de corto, mediano y largo plazo; con mucha inversión y también, con mucha evaluación y monitoreo.

Como este espacio no alcanza para entrar en todos los detalles, veamos algunos puntos relacionados con las características que debería tener esa política, pero especialmente enfocadas en la educación obligatoria.

a) Para que el Estado esté en condiciones de garantizar el derecho a la educación, como es su obligación, es imprescindible reinstitucionalizar a las organizaciones que forman del sistema. Esto significa, entre otras, que hay algunas normas y procedimientos que hay que evaluar y rediseñar para que estén acordes a lo que se establece en la Constitución y en los tratados internacionales.

También significa que el ministerio a cargo, debe actuar apegado a las normas y que se debe programar una profesionalización progresiva del personal que en él opere, excluyendo las filiaciones político-partidistas, como criterio para el ejercicio de un cargo. Esta profesionalización progresiva incluye, desde los supervisores hasta los docentes y debe arrancar con una evaluación que permita identificar competencias y carencias, para poder, con un proceso serio de formación y acompañamiento, reconstruir la profesionalización, de acuerdo a las necesidades y características de cada caso.

De forma complementaria, la reinstitucionalización requiere de la revisión de su estructura y de la de las organizaciones dependientes, así como la del presupuesto que es asignado al sector, para adecuarlo todo, a las necesidades reales del sistema, con los ajustes presupuestarios que se desprendan de las necesidades de restauración de las condiciones de funcionamiento del sistema escolar.

b) Para que se pueda garantizar educación de calidad para todos, es imprescindible, por una parte que existan suficientes escuelas, con condiciones óptimas para la realización plena del derecho a la educación y con una ubicación y un sistema de transporte que impida que ningún niño, niña o adolescente, se quede sin poder asistir a la Educación Básica, por falta de oportunidades, o porque las existentes, no están a su alcance territorial.

c) Entre las condiciones que se deben garantizar, está la gratuidad que, de acuerdo a lo que contiene la canasta educativa, va más allá de no tener que pagar aranceles de inscripción y matrícula mensual.

Gráfico. La canasta educativa.

Canasta educativa

Fuente: Elaboración Propia

Obviamente, es un asunto en discusión cómo se logra la gratuidad, con cuáles mecanismos y cuánto presupuesto implica ello. Si la gratuidad debe ser para todos, desde el inicio, incluyendo para aquellos que puedan financiarse y prefieran la formación en escuelas privadas, y si pueden aplicarse mecanismos que permitan garantizarla efectivamente a la población más vulnerable primero y, a través de subsidios parciales, como al de la red de escuelas de Fe y Alegría, para otra parte de la población. Esa es una discusión que debe entrar en el proceso de restauración del derecho a la educación, especialmente, en un país como Venezuela, en el que desde hace años, no existe una educación realmente gratuita para nadie.

d) Pero la restauración del derecho a la educación, también está asociada al logro efectivo del aprendizaje, por tanto, es imprescindible que, entre las reglas de juego que se deben revisar, se revisen las relativas a los logros del sistema. Esta revisión, inicial y especialmente, debe estar dirigida a la restauración de las certificaciones, ya que, es de conocimiento general que las normas actuales, promueven la certificación y promoción casi automática, independientemente de que los estudiantes hayan alcanzado, construido y logrado los aprendizajes respectivos. En bachillerato, en muchos casos, independientemente de que los estudiantes no hayan cursado asignaturas por ausencia de docentes.

Es por ello que se hace imprescindible, una evaluación estandarizada, que incluya a todos los estudiantes, para determinar los aprendizajes efectivos y, programar, un proceso de restauración y recuperación de los no logrados, que sea lo más personalizado posible, con el acompañamiento, los ajustes en la dinámica escolar y los tiempos requeridos.

Este proceso, que a muchos puede no gustarles, es imprescindible, porque es la manera de saldar una deuda que tenemos con nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que han sido víctimas de la irresponsabilidad del Estado por muchos años y a quienes estamos restringiendo, como sociedad, la posibilidad de desarrollo de una vida plena.

e) Finalmente, las condiciones para la realización del derecho a la educación, no se restringen a tener buena y suficiente infraestructura, con la dotación y el equipamiento adecuado y docentes profesionales, excelentemente formados y muy bien remunerados. Incluye también un sistema transparente de rendición de cuentas, lo que complementaría lo que mencionamos como parte de la reinstitucionalización del sistema, en el ordinal a.

De hecho, para que se restaure el derecho a la educación, se deben atender todas sus dimensiones:

Gráfico. Dimensiones del derecho a la educación

conceptualización

Fuente: Re-elaboración del gráfico “Visualising the 4 As” incluida en el capítulo “Más allá de la escuela… la sociedad educadora” (1)

Lo que nos lleva a lo planteado al principio: este proceso, hay que entenderlo, como un proceso con acciones y proyectos a corto, mediano y largo plazo, con una gran inversión, mucha evaluación, pero también con mucha discusión y acuerdos, porque, es importante recordar que el derecho a la educación, establece que debe ser de “calidad”, pero hay unos elementos y dimensiones que determinan qué es lo que se entiende por “calidad”, que se derivan del proyecto y los planes de desarrollo de cada país.

Así que cuando se habla de pertinencia y relevancia, por ejemplo, se habla de criterios que se derivan del proyecto de sociedad que cada país persigue; así como, del tipo de ciudadano que se quiere formar, que tiene unas dimensiones universales, pero otras que son propias de cada país, incluso, culturalmente, algunas son regionales y locales.

Esta condición hace que, si bien existen unos referentes internacionales deseables sobre la educación que se quiere, hay unos que son centrales y que deben ser desarrollados por acuerdo en cada sociedad. En nuestro caso, habrá algunos de ellos que podrán formar parte de una reforma curricular que se desarrolle como parte del momento de restauración propiamente dicho, pero otra, que se construirá, entre todos, como parte del momento de reinvención de la educación en Venezuela.

Sobre ese momento, hablaremos en otra entrega.


(1) Ramos, Olga; Más allá de la escuela… la sociedad educadora. Capítulo VIII. Educación y Derechos Humanos; en Ugalde, Luis, s.j. (coordinador) et al; Educación para transformar el país. Seminario Educación para transformar el país (2011: Caracas). Universidad Católica Andrés Bello. 2012

Restauración del Derecho a la Educación en #Venezuela (Reinserción)


Esta publicación podría muy bien comenzar con la frase: Como es por todos conocido en Venezuela está siendo vulnerado, -en algunos casos restringido y en otros violado-, el derecho a la educación, de múltiples formas.

Sin embargo, por lo que hemos podido observar, con frecuencia, pero especialmente, con mayor preocupación recientemente, es que educación no es un derecho humano que parece ser percibido por algunos ciudadanos y organizaciones, como un derecho fundamental en la vida de las personas, sino como un derecho que siempre se puede realizar a posteriori, sin consecuencias irremediables en la vida, ni de las personas, ni de las sociedades.

Es por esta razón, que esta publicación se inicia con esta aclaratoria: el derecho a la educación es un derecho fundamental que determina el desarrollo pleno de las personas y cuya realización, permite o facilita, la realización de otros derechos humanos.

Debido a ello, la garantía del derecho a una educación de calidad para todos, sin ningún tipo de discriminación, debe ser un propósito estratégico y prioritario de todos los Estados. Pero además, con la perspectiva de que la no realización del derecho a la educación en ciertas condiciones, afecta tanto el desarrollo de las personas, como el desarrollo de las sociedades.

En efecto, forma parte de la conceptualización del derecho a la educación, la existencia de una parte de la educación que es obligatoria para todos. Esa, que en Venezuela corresponde a la educación básica, es decir, a la educación que abarca desde educación inicial hasta educación media o bachillerato, es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos.

En la educación que cada sociedad considera y establece como obligatoria, se desarrolla la formación que permitirá, por una parte que las personas sean capaces de lograr, o alcanzar una vida plena, y por la otra, la que permitirá que la dinámica de las sociedades se ajuste a las reglas de juego y a la institucionalidad vigente, pero además, que tengan capacidad de producción y de garantizar las condiciones de vida de toda su ciudadanía.

Es decir, de lo que suceda en la educación básica de cada país, dependen tanto la realización y felicidad de las personas, como el desarrollo de las familias y de la sociedad, el funcionamiento del Estado, del sector productivo, la relación y convivencia de los ciudadanos entre sí y con el ambiente, entre muchas otras cosas.

Es por esta razón que, la educación básica falla, es decir, cuando el Estado es incapaz de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los ciudadanos, el riesgo de frustrar el desarrollo pleno de las personas y de que las sociedades no consoliden una dinámica sana y próspera, es muy alto y, aunque algunas de esas condiciones se puedan recuperar a futuro, las consecuencias para la vida de las personas, de su falta de desarrollo, incluso de sus frustraciones, así como de los problemas y vicios de funcionamiento en las sociedades, quedan.

De allí que, dada la situación por la que atraviesa en este momento Venezuela, considerando todos los precedentes y las consecuencias de la fallas en la realización del derecho a la educación hasta ahora, es que es imprescindible que, lo antes posible, se reinicie un proceso de restauración del derecho a la educación.

Esta restauración debe tener como propósito el que, efectivamente, el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, sin discriminación y para toda la vida, comenzando por la educación obligatoria, que es la educación básica.

Para lograr este cometido, el país debe, en primer lugar, asumir que estamos atravesando por una Emergencia Humanitaria Compleja, que tiene como una de sus características, que el Estado no está en la capacidad real de cumplir con sus responsabilidades, por lo que se requiere, iniciar aplicando medidas extraordinarias para restaurar progresivamente el ejercicio de este derecho, hasta que las instancias del Estado recobren su institucionalidad y operatividad y puedan realmente, convertirse en garantes de ese y otros derechos (en este caso, poniendo énfasis en derechos, como el derecho a la alimentación y a la salud, entre otros, que con derechos asociados a la realización del derecho a la educación).

Reinserción

Entre las medidas extraordinarias iniciales, deben diseñarse algunas dirigidas a la reinserción de los niños, niñas y adolescentes que, por diversas razones se encuentran fuera del sistema educativo. Esa reinserción no es solamente hacer algo para que regresen a las escuelas, no, se trata de un proceso en el que:

  1. Se deben ubicar todos los niños, niñas y adolescentes que, en este momento, no estén asistiendo con regularidad a clases, o que se hayan retirado definitivamente del sistema.
  2. Se debe realizar un censo que incluya la identificación y registro de las causas por las que no están asistiendo con regularidad a clases, o por las que abandonaron la escuela, y las condiciones de vida que inciden en ello.
  3. Se debe evaluar el nivel de formación que alcanzaron los niños, niñas y adolescentes, en cada caso.
  4. Se deben evaluar también las condiciones psicológicas y emocionales de cada niño, niña y adolescente, para brindar la atención y el acompañamiento necesarios, de manera de que puedan reinsertarse de manera exitosa en el sistema.
  5. Se deben diseñar estrategias, con un alto grado de personalización que les permita, restaurar la relación con la escuela y el proceso de formación que se desarrolla en ellas, para cada caso, comenzando por las rutinas diarias asociadas; compensar las deficiencias en los aprendizajes pasados; mejorar las condiciones de vida y abordar los problemas asociados a las causas que hicieron que abandonaran o que no asistieran regularmente a las escuelas, incluyendo los aspectos psicológicos y emocionales.

El diseño y desarrollo de esas estrategias, implica, por una parte, la elaboración de formatos y protocolos de trabajo, el diseño de procesos de evaluación, sistematización y análisis de la información recaudada, y por la otra, la elaboración de materiales pedagógicos que sirvan de base para retomar los aprendizajes en cada uno de los casos.

El proceso en general, requerirá del concurso de personas que pueden tener o no, formación docente, por lo que su diseño e instrumentación deberá incluir, por una parte, el diseño y elaboración de materiales y de procesos de formación para los que funjan como facilitadores en todo el proceso, y por la otra, de acompañamiento para facilitar el desarrollo de sus funciones, así como la mejora progresiva de su desempeño.

Ese diseño, debería estar vinculado al sistema educativo formal y anclado en las escuelas existentes. Sin embargo, se entiende que, dada la situación, en este momento, sin la anuencia de los entes del Estado que administran las escuelas, esa opción no siempre será posible, por lo que se debería contar con la participación de organizaciones internacionales como UNICEF, que facilitaran y validaran los procesos.

El propósito de la reinserción es que los niños, niñas y adolescentes fuera del sistema o con inasistencia irregular y baja, puedan reingresar, integrarse y tener éxito en su formación.

Dada la situación, la restauración del derecho a la educación, debe también contar con una fase de restauración propiamente dicha, que implica la adecuación del sistema para lograr su funcionamiento y una fase complementaria de reinvención de la educación en Venezuela, que permita tener una educación de calidad, pero realmente adecuada a las demandas y necesidades de la vida y el mundo actual.

Sobre esas fases, para no hacer más larga esta entrega, estaremos hablando en las próximas publicaciones.

Menos tiempo = Educación de baja calidad y formación incompleta


A través de un mensaje en unas cuentas de twitter, se pudo conocer, el pasado domingo 21, a las 9:45 pm que los días lunes, martes y miércoles (22, 23, y 24) de esta semana, el horario escolar estaría restringido entre las 7 am y las 12 m.

Al enterarnos, esperamos la comunicación oficial del Ministerio de Educación, en su cuenta en esa red social o en su página de Facebook, en la página web oficial, a través de sus correos y mensajes en los chats asociados a la red de Zonas Educativas y supervisores, pero no hubo comunicación oficial.

De hecho, en su cuenta de twitter, el MPPE, hasta anoche (22/04), tenía solamente dos RT, uno de cada uno de los mensajes originales publicados con la noticia por otras instancias, y de resto, un montón de mensajes sobre el reinicio de actividades, en los que resaltaban dos cosas: el regreso con “total normalidad” y con un “100% de funcionalidad” en “todos” los planteles y la reiteración del discurso y lenguaje de guerra, afirmando, que se daba un “regreso a clases en resistencia“, frase que se utilizó como referencia para las publicaciones que se produjeron por el reinicio de clases, después de los apagones y antes de Semana Santa.

En la página web, por otra parte, había 3 notas de prensa de ayer y el resto, databan del 16 de abril. En ninguna parte, se hacía referencia ni al ajuste del horario de trabajo, ni a cómo iba a ser el tratamiento de ese recorte en los planteles que tienen turno completo, en las escuelas que tienen 2 turnos, y las que son de turno integral; tampoco se hacía mención a cómo se iba a recuperar el tiempo perdido en ninguno de los casos.

Hoy, 23/04,  aparecieron dos notas de prensa y una reseña adicional sobre una noticia del pasado 15 de abril, cargada con simbología de guerra, y presentada como parte de la portada, con esta imagen que no aparece en la reseña original:

milicia2

Captura de Pantalla de la web del MPPE (23/04/2019)

Sin embargo, información específica sobre qué deben hacer las escuelas y cómo lo harán, no apareció por ninguna fuente pública oficial.

Al parecer, la construcción de una narrativa oficial, desde el MPPE, una narrativa que, por cierto, se debate entre la “resistencia” y el lenguaje de guerra, versus la normalidad absoluta, es lo que constituye la política de comunicación del ente rector del sector, en lugar de la información que, como la instancia que en la que recae la responsabilidad garantizar educación de calidad para todos, debería suministrar a las comunidades educativas, pero también a la ciudadanía en general, sobre el funcionamiento del sistema y, especialmente, en este momento, sobre las medidas extraordinarias que deberían ayudar, por una parte a recuperar el tiempo perdido, y por la otra, a cumplir con su obligación de ofrecer y garantizar, educación de calidad para todos, sin ninguna discriminación y respetando lo que establecen, tanto la Constitución, como los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

Lo que sí pudimos conocer algunos, de acuerdo a la información difundida por los chats de la red de supervisores, fue la agenda cultural programada para los últimos días de este mes, es decir, esta semana e inicios de la otra, que, de acuerdo a un mensaje enviado el 17, era la siguiente:

de la zona F

Captura de pantalla de un mensaje de whatsapp

También pudimos conocer, a través de otro mensaje, los detalles de la programación para esta período de tiempo, que corresponde al cierre del segundo lapso, ahora denominado “Momento Pedagógico“, en una de las Zonas Educativas. A continuación el texto:

 “Buen día colegas, por medio de la presente se les envía orientaciones para ser incorporadas en sus planificaciones o sistema de trabajo institucional:

1. Del 22 al 26-04-19 Semana Aniversario del Programa Todas las Manos a la Siembra, desarrollar actividades alusivas al programa en todos los niveles, proyectarlos a través de periódicos , murales, carteleras, trabajo en los espacios donde se desarrolla entre otras estrategias, ustedes colegas son muy creativos.

2. Del 22 al 25-04-19 se debe elaborar y terminar los Boletines Informativos, II Momento Pedagógico en Educación Inicial, Primaria y Especial.

3.  Del 22 al 24-0419, se deben realizar Jornadas de Convivencia y Paz institucional.

4. El día 26-04-19 Consejo Pedagógico y entrega del II Registro Informativo (Boletines) de los Procesos de Aprendizaje de Educación Media General y Adultos.

5. El día 26-0419, Jornada de Mantenimiento escolar “Esta es mi escuela”

6. Día 29-04-19 Entrega de Boletines Informativos II Momento Pedagógico de Educación Inicial, Primaria y Educación Especial. así mismo, inicia el III Momento Pedagógico del año escolar 2018-2019.

7. Día 30-04-19′ Entrega del II Registro Informativo (Boletines) de los Procesos de Aprendizaje de Educación Media y Adultos.

8. Del 22 al 24-04-19 Horarios especial de actividades escolares (7:00am a 12:00m) y (8:00am a 1:00pm)

9. Enviar diariamente la matricula asistida tanto de los estudiantes como del personal, por favor antes de las 9:00am.

Nota: Se les estará informándose a las instituciones de Educación Media en el transcurso de la tarde si pueden extender su horario hasta las 2 durante los días martes y miércoles de la presente semana.

10. Recuerden la actividad de la juramentacion de las brigadas el día 25/4 en la cancha Montañeros. Se les envió por correo la información y programación”

(Copia textual del mensaje)

Como se puede apreciar, en el punto 8 y en la nota que está después del punto 9, se encuentra, muy escueta, la información sobre el horario restringido -punto 8-, sin aclarar cómo se manejará su instrumentación en las escuelas que tienen turno vespertino, o en las que son de turno integral; y se notifica que, ayer en la tarde, se informaría a las escuelas con Educación Media, si podían extender el horario hasta las 2 pm. Es decir, que las escuelas donde hay bachillerato, tendrían que esperar a después de terminada la jornada, para saber si, hoy martes y mañana miércoles, podrían ampliar el tiempo de la jornada hasta las 2 pm.

Es importante aprovechar el contenido de esa nota para recordar que las actividades educativas, son actividades planificadas y por tanto, todos los cambios, internos o externos, que afecten su desarrollo, tienen como consecuencia que los maestros y profesores, deban revisar y reajustar su planificación. Si como en todos los casos, se hacen los anuncios a última hora y llegan a las escuelas por medios informales, o por medios oficiales con atraso, como en estos casos, el trabajo de los profesionales de la educación y la formación de los estudiantes, se ven, irremediablemente, afectados.

Es por ello que hay que reiterar, que no es aceptable que el anuncio de la reducción de la jornada los días 22, 23 y 24, se haga de manera informal y la noche del 21. Tampoco es aceptable que el ente rector de la educación, el Ministerio, no tenga información oficial en ninguno de sus medios, más allá de un par de retuits de unos escuetos mensajes, así como tampoco es aceptable que la información que llegue a las escuelas, a través de la red de supervisores, se restrinja a un punto y una nota, en un mensaje de chat enviado el primer día de instrumentada la medida, pero además, con información incompleta y con un aviso de que, más tarde, recibirían más información.

¡La garantía del derecho a la educación, debe tomarse en serio en Venezuela!

Además, queremos recordar que esta reducción de jornada que afecta, de formas diversas a las escuelas, dependiendo de su jornada y horario de trabajo, se suma al tiempo perdido este año escolar, para el que no se ha planteado un plan serio y realista de recuperación hasta el momento.

Es importante que el país exija seriedad y cumplimiento de la garantía del derecho a la educación, porque las consecuencias de estas pérdidas de tiempo, que se traducen en aprendizajes de baja calidad e incompletos, tienen impacto a corto, mediano y largo plazo en la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Finalmente, es importante recordar que, en este caso, estamos hablando de la Educación Básica, que es obligatoria, es decir, ella contiene los conocimientos, habilidades, competencias y actitudes que todo ciudadano debe, obligatoriamente, desarrollar, por lo que cursarla, aprovecharla y aprobarla, es un deber para todos; y, por tanto, lo que en ella suceda, es un asunto de interés para cada persona y también para toda la sociedad, así como una responsabilidad ineludible del Estado.

 

Nueva suspensión de clases, hace más evidente es la necesidad de reprogramar el año escolar 2018-2019


Hace minutos, un vocero del ejecutivo nacional, anunció que se mantenían suspendidas las clases en todos los niveles del sistema educativo. Ese anuncio fue seguido del recorte de la jornada laboral hasta las 2 pm y durante la declaración, no se especificó en ningún momento, por cuanto tiempo sería la nueva suspensión de actividades, lo que deja al sistema educativo en total incertidumbre e incapacidad ni de planificar, ni de buscar e instrumentar alternativas para minimizar los impactos de alargar la suspensión de clases.

La declaración tampoco incluyó una necesaria explicación de las causas para tomar una medida de ese tenor, ya que, más allá del discurso sobre el que se justifica la caída del servicio eléctrico, no se especifica por qué se debe extender la suspensión de clases por más tiempo. De hecho, estuvimos tratando de conseguir más información y lo único que encontramos fue este texto en un comunicado oficial (*):

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Y posteriormente, nos hicieron llegar, la comunicación oficial del ministerio, en la que se precisa que se deberán suspender las clases, mañana 1 de abril, pero no se establece que el reinicio de clases se debe programar para el martes 2, por lo que, como ha venido sucediendo hasta ahora, se pudiera volver a extender mañana, haciendo los anuncios por un día a la vez.

Haciendo un breve recuento, para poner este anuncio en contexto, como ya todos saben, a los 6 días de clases que se habían perdido por el apagón del 7 de marzo, más los dos días perdidos por el asueto pre-carnaval, se sumaron, esta semana que está terminando, 4 días más de suspensión por un nuevo apagón. Los días adicionales de clases perdidos, fueron del 26 al 29 de marzo.

De acuerdo a ello, durante este año escolar, se han perdido 5 días por las elecciones, 2 días de asueto no programado y 10 días entre apagones y las suspensiones relacionadas con ellos. Eso suma un total de 17 días de clases perdidos. (Recordemos que el artículo 49 de la LOE establece que son 200 días de actividades escolares que ya, antes de estas pérdidas, no se cumplían)

Es importante recordar que los 5 días de clase por las elecciones se perdieron en el primer lapso y que el resto de los días perdidos, menos 1, se perdieron en el mes de marzo, dejando, como ya muchos han reseñado, a ese mes con sólo 8 días de actividades escolares.

Si nos enfocamos en el tiempo perdido desde el reinicio de clases el 7 de enero, tenemos que en estas 12 semanas, hay un total de 84 días, de los que 57 eran días de actividades escolares, de acuerdo al calendario oficial. (84 días en total, menos los 24 feriados (en este caso solamente los fines de semana) y los 3 de asueto tradicional (el día del maestro y lunes y martes de carnaval)).

De esos 57 días, 2 se perdieron por el decreto de asueto pre-carnaval y otros 10 por los apagones y las suspensiones de actividades relacionadas con ellos, sumando 12 días perdidos de clases, lo que deja solo 45 días de actividades. Es decir, que desde el 7 de enero, hasta la fecha, se ha perdido el 21% del tiempo disponible según el calendario.

Es de hacer notar que, la pérdida de tiempo, como ya mencionamos antes, ha sido más grave durante el mes de marzo, en el que, de los 19 días hábiles que debieron emplearse en el desarrollo de actividades escolares, en sólo 8, es decir, el 42% hubo clases.

Antes del anuncio que acaba de hacer el ejecutivo, íbamos a incluir en esta nota, una referencia a las instrucciones que habían llegado a algunas escuelas para el reinicio de clases mañana, haciendo énfasis en que, contrario a lo que debería suceder, no incluían pautas específicas para tratar ni la situación emocional de los estudiantes, ni la restauración de la rutina de trabajo, ni mucho menos, la recuperación del tiempo y los aprendizajes perdidos por las interrupciones y las condiciones en las que se dieron.

Pero dado este anuncio, queremos ratificar que, además de ser imprescindible que el ministerio de educación elabore pautas y gire instrucciones al respecto, debe programar una evaluación de la situación de las escuelas y del aprendizaje de los estudiantes, para que, con base a ello, se pueda diseñar y reprogramar el año escolar, haciendo todos los esfuerzos por garantizar no sólo que hayan actividades en las escuelas, sino que se garantice que todos los estudiantes logren los aprendizajes correspondientes, de manera exitosa y sin traumas adicionales a los que ya han sufrido por la situación nacional.

Queremos llamar también la atención de todos, sobre el hecho de que a pesar de poder cuantificar la pérdida de clases generalizada, no se puede ignorar la situación de muchos sectores del país, en los que, en algunos casos, por las inundaciones que retrasaron el inicio del año escolar, y en otros por falta de agua, por suspensiones del servicio eléctrico y por falta de docentes, se han perdido más días y horas de clase.

En esos casos, como se dijo en publicaciones anteriores, se tiene que garantizar que se pueda recuperar el tiempo perdido con las peculiaridades de cada caso, porque el derecho a la educación debe garantizarse sin ningún tipo de discriminación y no permitir que las zonas más afectadas cuenten con más tiempo y los recursos adecuados para recuperar el tiempo perdido y lograr los aprendizajes con igual calidad, que la mayoría, termina resultando en una discriminación por localización y condiciones de los servicios, lo cual, es totalmente inaceptable.

(*) Comunicado oficial del ejecutivo, publicado como imágenes en twitter.

Continua la suspensión de clases en #Venezuela


Este lunes 25 de marzo, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hubo una falla en el sistema eléctrico que dejó sin luz a una parte del país. A las 9:50 de la noche, cuando el servicio se había recuperado en varias zonas, se produjo un nuevo apagón afectando casi a la totalidad de los Estados.

Ese segundo apagón se mantuvo, por más un poco más de 13 horas en algunos sectores, pero por más de 24 horas en otras zonas, por lo que fueron suspendidas las actividades laborales y las clases del martes 26 de marzo. Posteriormente, el miércoles 27, a las 5 am, se volvió a generalizar el apagón en todo el país, por lo que se mantuvo la suspensión de actividades laborales y de clases.

Anoche, a las 8:30 pm, se anunció, a través de un mensaje de twitter, la extensión de la suspensión para este jueves 28 de marzo.

tuit JR 2703 suspension

El MPPE difundió ese mensaje, pero pasadas las 10 de la noche.

tuit del MPPE del 2703

En momentos como éstos, en los que situaciones externas al sistema educativo, afectan el desarrollo de las actividades, lo esperable es que el MPPE, a través de la red de supervisores y de sus medios de comunicación, que incluyen su web y sus redes, informe a las comunidades educativas sobre lo sucedido, pero especialmente, sobre cómo abordar sus consecuencias para lo que constituye su mandato, que es garantizar educación de calidad para todos, sin discriminación de ningún tipo.

Sin embargo, ni en la web del ministerio, ni en su cuenta de twitter, pudimos conseguir orientaciones que permitan a las escuelas, reprogramar sus actividades y atender a las consecuencias de los reiterados apagones en el aprendizaje de los estudiantes.

En su lugar, en la web del ministerio, las notas de prensa más recientes son del pasado 23 de marzo. A continuación se muestra el titular y la imagen que acompaña una de las dos notas de prensa. Ambas tienen un contenido similar y están referidas a una manifestación realizada en esa fecha en Caracas, pero en la que es presentada con este titular y esta foto, se recogen las declaraciones de varios funcionarios y maestros, en las que el mensaje es salir a la calle a defender “la revolución” y en ninguna parte, se menciona lo que se debe hacer en las escuelas para recuperar el tiempo perdido por el apagón del 7 de marzo.

Aristóbulo

Y en la cuenta de twitter, además del mensaje fijo con la suspensión de actividades que referimos al inicio, encontramos una publicación con la versión oficial de lo sucedido:

versión de lo sucedido

Adicionalmente, además de las publicaciones repetidas de otros días, un par de noticias sobre el programa de alimentación escolar; algunas sugerencias elaboradas por otro ente, para hacer un mejor uso del servicio eléctrico; y la publicación de información de otras instancias del ejecutivo, que incluyen una sobre la efeméride de hoy, y muchas sobre lo sucedido, con una versión particular y un lenguaje abiertamente de guerra que se aleja mucho de lo que debería ser la misión de un ente como el MPPE.

También encontramos una publicación con información político partidista que no debería ser divulgada desde la cuenta oficial del MPPE, en respeto a lo establecido en el artículo 102 de la Constitución y en sus disposiciones fundamentales.

boletin del partido

Lo que no encontramos, fue información con instrucciones giradas por el MPPE para que las escuelas y sus comunidades educativas puedan identificar, abordar y manejar las consecuencias de los apagones cuando se reinicien las clases, así como tampoco, las tan esperadas, por todos, pautas para la reprogramación del calendario escolar que, ahora, tiene que incluir la recuperación de 3 días más de clases, perdidos.

Y es que, en efecto, tomando solamente los días en los que la suspensión ha sido nacional, de acuerdo a las causas reconocidas por todos, hasta hoy llevamos 16 días de clases perdidos.

 

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Reprogramación imprescindible


(Esta publicación iba a ser más amplia y detallada, pero como hoy amanecimos sin luz en diversos sectores, haremos una versión preliminar).

Como hemos venido afirmando en las últimas publicaciones, desde el desarrollo irregular del año escolar pasado, 2017-2018, diversos factores han y están afectando la calidad de la educación que se está desarrollando en nuestras escuelas.

Los factores que afectaron el desempeño del sistema el año pasado, tanto los propios del funcionamiento del sistema educativo, como los relativos a la situación nacional, siguen presentes en la dinámica de desarrollo de la Educación Básica en Venezuela. Muchos de ellos, en lugar de disminuir, han aumentado, y han aparecido otros, lo que afectó mucho más el escolar vigente, 2018-2019, desde su inicio.

En este momento, las irregularidades y problemas que afectan al sistema educativo, siguen incrementándose, mucho más, desde el regreso a clases después del asueto de navidad.

Esas irregularidades, como hemos ya mencionado, incluyen la exclusión de los estudiantes del sistema, exclusión de más de un millón de niños, niñas y adolescentes, tal fue reconocido ayer,  por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Esta exclusión, aunque no ha sido reconocida abierta y públicamente por el ministerio, ni incluida como debería en sus planes de acción, no es desconocida, tal como consta en las instrucciones giradas por ese despacho al final del año escolar pasado.

En efecto, en agosto del 2018, el MPPE, envió un documento a las zonas educativas, el documento Orientación Viceministerial N.º 1, en el que se dictaban instrucciones para generar un registro (censo) de los estudiantes inscritos para el año escolar 2018-2019, de todos los niveles y modalidades y en escuelas de todas las dependencias. En su texto se especificaba: “Es imperativo el cumplimiento de las metas establecidas para la matrícula escolar de cada estado, señalado en el cuadro anexo”.

cuadro censo 1819

En el cuadro se puede apreciar que, después de finalizado el año escolar, 2017-2018 e iniciado el período vacacional, solamente se había registrado una inscripción del 38% de la matrícula esperada en Educación Básica. Por cierto, la matrícula final estimada, en ese cuadro, es mucho menor que la anunciada como alcanzada por el mismo ministerio, lo cual, constituye una discrepancia importante en la data, que, por cierto, coincide con el estimado de estudiantes fuera del sistema.

Otras dos consecuencias de los factores, internos y externos, que afectan al sistema educativo, como ya se ha mencionado, son la inasistencia recurrente de docentes y estudiantes, y las interrupciones parciales y totales de las jornadas escolares. Estas interrupciones, como es del conocimiento público, se producen por cortes o fallas en los servicios de agua y luz, por hurto o robo de insumos y equipos, por fallas en el servicio de alimentación y por inasistencia del personal docente, o por su ausencia definitiva, producto de la migración del país o hacia otra actividad laboral.

Ambas situaciones afectan la cantidad, el uso y aprovechamiento del tiempo escolar, por lo que hemos insistido, por una parte en la necesidad de hacer una evaluación que permita, a cada escuela, estimar el tiempo necesario para restaurar los procesos de aprendizaje y reprogramar las actividades de este año escolar; y por la otra, en tomar las previsiones necesarias, de forma planificada, para garantizar la estabilidad de los procesos educativos, en todas las escuelas del territorio nacional, considerando el manejo de los factores que han impedido su normal desarrollo y que aún no se han podido, ni están próximos a resolverse.

Es importante resaltar que, a pesar el ministerio no ha girado instrucciones específicas para la recuperación del tiempo perdido, las consecuencias de las inasistencias recurrentes y de las interrupciones parciales y totales de las jornadas, tampoco han sido desconocidas por él, tal como se demuestra en la Orientación Viceministerial N.º 5, elaborada y enviada a las zonas educativas en los primeros días de enero del 2019, con la cual se perseguía, por una parte, hacer acompañamiento al inicio del año escolar, y por la otra, “tener un panorama general de la asistencia de nuestras niñas, niños, jóvenes, adultos y adultas” y “de la incorporación o no del personal a sus actividades diarias”.

En esa orientación, se establecían pautas para que los supervisores incorporaran en su planificación, actividades como: verificar las condiciones de la planta física de las escuelas, activar las jornadas de mantenimiento preventivo, constatar la apertura de cada plantel, registrar incidencias que impidieran el inicio de actividades (es importante resaltar que la incidencia mencionada explícitamente en las instrucciones es el “hurto”, lo que implica que el ministerio conoce la recurrencia de este factor en las escuelas), y como se observa en la captura de pantalla siguiente, constatar la asistencia de estudiantes, docentes y demás trabajadores a las escuelas.

imagen 2

Como se puede apreciar, la situación del sistema, para enero de este año, no era del desconocimiento del ministerio y para ese momento, a través de la red de supervisores, ese ente debería contar con un inventario de condiciones y sucesos, en cada escuela, así como de la cantidad de tiempo perdido y de las inasistencias recurrentes, de docentes y estudiantes por sección.

Sin embargo, hasta la fecha, incluso, después del apagón generalizado que sufrió el país desde el 7 de marzo, el ministerio no ha girado instrucciones ni para la recuperación del tiempo perdido, ni para el manejo de las situaciones que, como la falta de transporte, la irregularidad en el servicio de alimentación escolar, y las fallas recurrentes de luz y de agua, interrumpen total o parcialmente las jornadas de trabajo en las escuelas del país.

Al respecto, es importante recordar que por el apagón se perdieron 6 días de clases, que incluyen los días de apagón generalizado más los días de suspensión de actividades en todo el país, como consecuencia del mismo.

No obstante, esos no son los únicos días de clase perdidos, también es necesario contabilizar los 2 días del asueto pre-carnaval, decretados desde el ejecutivo a última hora y sin justificación académica, así como, al menos, los 5 días de suspensión de actividades por la realización de las elecciones. En este caso, es menester recordar que la suspensión no estaba incluida en la versión inicial del calendario, por lo que hubo que reprogramar cuando se incluyó, y también que para la realización de un proceso electoral, no se requiere la suspensión de las clases por 5 días, sino, máximo por 2 días, el viernes antes y el lunes después, como se ha dicho en innumerables oportunidades.

De esta forma, en total, y tomando en consideración los días mencionados, hasta la fecha, se han perdido 13 días de clase, de los cuales, 8 se han perdido, en las última semanas. Para que puedan tener una mejor idea de los días de clase que se han perdido, y de los que faltan, de acuerdo al calendario escolar vigente, específicamente desde el regreso de clases en enero, pueden ver la siguiente imagen:

calendario1leyenda

Es por esta razón que, sin siquiera incluir las pérdidas parciales de las jornadas, o las totales en escuelas específicas, en las que por diversas razones no han podido tener clases, es imprescindible que se reprograme el calendario escolar, para lo que queda del año 2018-2019.

Hasta el momento, desde el ministerio han emanado algunas instrucciones que están centradas en el análisis de la situación y en su aprovechamiento para el trabajo de ciertos tópicos asociados con el buen uso y el ahorro energético. Sin embargo, la presentación de esas instrucciones tiene una carga ideológica que plantea la situación en términos y con lenguaje de guerra y que desconoce las causas de lo sucedido, pero especialmente, desconoce la situación que hay que manejar para poder resolver las deficiencias de fondo.

En efecto, en un documento denominado “Una práctica pedagógica amorosa en tiempos de dificultades” se utilizan frases como: “enarbolando la bandera tricolor y empuñando la espada de la paz, para defender a esta Patria hermosa como una Nación Libre y Soberana”, que utilizan un lenguaje de guerra para referirse a la “paz”; y se describe la situación vivida así: “después de varios días de oscuridad provocada, después de tanta guerra económica que ha afectado directamente la dinámica escolar de algunas instituciones educativas; después de tantas protestas violentas en la frontera de nuestro país originada por algunos personajes de la derecha internacional; afectando el sueño, la moral, el arraigo y la identidad de nuestros jóvenes.”

(El documento en cuestión puede verse, en capturas de pantalla, al final de esta publicación).

En el documento dirigido específicamente la situación del sistema eléctrico y se trata de una modificación de las Orientaciones Pedagógicas de la Educación Ambiental que el ministerio elaboró y presentó en enero, en conjunto con otros ministerios. En su presentación, los dos primeros párrafos, también contienen ese lenguaje e interpretación sesgada de la realidad a la que nos referimos, tal como se aprecia en esta imagen.

instructivo conjunto

(El documento, que tiene 19 páginas, lo pondremos a disposición de los lectores, en un enlace al final de esta publicación, lo que tengamos servicio de electricidad y podamos cargarlo).

El resto del documento, contiene sugerencias para desarrollar actividades pedagógicas que permitan contribuir con la formación ambiental y el manejo racional de los recursos, pero en ninguna parte, contiene instrucciones que permitan reprogramar el tiempo, para la recuperación del tiempo perdido.

Es por estas razones y porque no se vislumbra una normalización en el funcionamiento de los servicios de alimentación escolar, electricidad y agua, ni tampoco la solución de los problemas que garanticen la restauración del servicio de transporte, así como las condiciones de vida que permitan la adecuada alimentación de las familias en sus hogares, que sostenemos que, en este momento es imprescindible:

  1. Que el MPPE presente públicamente, y con soportes que permitan a investigadores independientes y organizaciones de derechos humanos, verificar, los resultados del censo de estudiantes, que se debió desarrollar en el país, de acuerdo a lo establecido por la Orientación Viceministerial N.º 1, emitida en agosto del 2018.
  2. Que se realice una nueva evaluación de las condiciones de las escuelas, como actualización de la que se debió realizar en enero de este año, de acuerdo a la Orientación Viceministerial N.º 5, en la que se incluya el cálculo del tiempo perdido por escuela, por sección y por estudiante, considerando las suspensiones totales y parciales de las jornadas en escuelas específicas y las inasistencias recurrentes de los estudiantes.
  3. Que se establezcan las bases para la realización de una evaluación de los alcances de los aprendizajes de los estudiantes en todos los niveles y modalidades, para tener una dimensión relativa a las consecuencias reales del tiempo perdido.
  4. Que se programe una extensión del calendario escolar que incluya, el aprovechamiento de los primeros días del mes de agosto, para terminar las actividades escolares, en todas las escuelas, más la incorporación como días de clases, dependiendo de las necesidades de cada una de las escuelas, de tantos sábados, como sea necesario en cada caso. Esta última medida se sustenta en las cláusula 16 y 17 del contrato colectivo vigente de los trabajadoras y los trabajadores administrativos y docentes del ministerio, que indican que, los sábados no son días feriados (cláusula 16, ver imagen) y que las vacaciones corresponden a las establecidas, de acuerdo de al calendario escolar establecido por el ente rector (cláusula 17, numeral 1)

clausula dias de asueto

La educación básica de calidad, en Venezuela, además de un derecho humano, es obligatoria para todos los ciudadanos, y el Estado está en la obligación (vlr) de garantizarla, para ello, este año escolar, es imprescindible reprogramar el calendario para recuperar el tiempo perdido.


Imágenes del documento “Una práctica pedagógica amorosa en tiempos de dificultades”

¿Es posible la recuperación del tiempo perdido en educación?


(Por diversas razones no habíamos podido mantener las publicaciones del blog actualizadas. Hoy, aprovechando que hay luz y conexión, – bueno, había conexión y se cayó antes de publicar-, retomaremos las publicaciones en este blog)

Como todos saben, siempre hacemos una hipótesis de calendario al inicio del año escolar, que luego ajustamos cuando se publica el calendario del Ministerio y posteriormente vamos haciendo un balance de los días de clase perdidos.

Ese seguimiento tiene sentido siempre, incluso en circunstancias especiales e inéditas como las que estamos viviendo en Venezuela, pero precisamente por estas circunstancias, especialmente por la forma diversa en la que han afectado al país, dependiendo de las zonas, en lugar de comenzar con el “cálculo” de los días de clases perdidos, en este momento, haremos unas consideraciones sobre cómo y para qué estimar el tiempo perdido, y sobre las condiciones para el regreso y la continuación del año escolar.

Estimación del tiempo perdido

Sacar la cuenta del tiempo perdido en educación, en este momento, es una tarea que debe ser realizada en cada escuela, porque para poder saber cuántos días y horas de clase se han perdido desde el inicio de clases, el 17 de septiembre -para inicial y primaria- , o desde el 1 de octubre -para bachillerato-, es imprescindible hacer la cuenta en cada una de las escuelas del país, tomando en consideración varios factores:

  1. Días de inicio de año escolar empleados en inscripciones y con actividades incompletas por baja asistencia de los estudiantes.
  2. Días de inicio de año escolar perdidos porque, como consecuencia de las inundaciones, no se pudieron iniciar las actividades en las escuelas.
  3. Días de suspensión de actividades por elecciones. En esta oportunidad también hay variaciones, teniendo como máximo los 5 días inicialmente decretados por el Ministerio.
  4. Días de retorno de las vacaciones de diciembre con actividades incompletas por la baja asistencia de estudiantes y por la migración de docentes.
  5. Días de asueto decretados por el ejecutivo.
  6. Días de actividades perdidas previos al apagón nacional por falta de luz o de agua en la zona en la que se ubica la escuela. También se deben contabilizar las suspensiones parciales, es decir, las horas perdidas porque se redujo la jornada de trabajo, por las mismas razones o por fallas en el Sistema de Alimentación Escolar, por las que.
  7. Días de apagón, más días de suspensión de actividades decretados.

Para ello, a esta altura, se esperaría que el Ministerio hubiera girado instrucciones en las escuelas, en varias oportunidades, para poder contabilizar las pérdidas en cada una y, de ser necesario, como en el caso de las escuelas ubicadas en los municipios afectados por las inundaciones, que hubiera organizado la reprogramación y extensión del año escolar desde el inicio. Actualmente, también se esperaría que hubiera tenido un balance del tiempo perdido hasta antes del apagón, con una propuesta de extensión del calendario, para recuperarlo.

Tiempo perdido más allá de suspensiones y reducciones de jornada

Sin embargo, el tiempo perdido, en educación, no se calcula solamente en términos de días y horas sin clases, o sin actividades de aprendizaje, se calcula tomando en consideración el aprovechamiento efectivo del tiempo escolar.

En nuestra publicación del 10 de septiembre del año pasado, en la que presentamos las consideraciones que se deberían tener para evaluar la factibilidad del inicio del año escolar 2018-2019, con normalidad, especificamos los problemas que se habían registrado a lo largo del año escolar pasado y que habían afectado la calidad y cantidad de los aprendizajes de los estudiantes. (Puedes leer la publicación aquí)

La mayoría de los problemas registrados durante el año escolar 2017-2018, se han repetido e incrementado durante lo que va de año escolar 2018-2019, afectando, mucho más, las posibilidades de mantener la continuidad en las actividades de aprendizaje. Para ilustrar la situación cotidiana de las escuelas, tomaremos dos problemas como ejemplos:

  1. La inasistencia recurrente de los estudiantes: como se sabe, desde el año escolar pasado, en muchas escuelas, falta a clases todos los días, entre el 30 y el 70 % de los estudiantes de cada aula, la inasistencia no es la misma en todas las aulas, todos los días, ni tampoco es la misma en todas las aulas de una escuela.

Adicionalmente, los estudiantes que no asisten varían día a día. En algunos casos, las inasistencias de los estudiantes son de una a 3 veces a la semana.

Esa situación tiene como consecuencia una variación importante en la conformación del grupo de estudiantes que se encuentra en el aula, cada día; en efecto, debido a ello, el grupo siempre es diferente, por lo que a los maestros se les dificulta mantener la continuidad en los procesos de enseñanza, y, por ello, deben emplear mucho más del tiempo requerido para desarrollar las actividades y garantizar el aprendizaje. Una buena parte del tiempo, es empleado en repetir experiencias para garantizar el aprendizaje de los que no pudieron asistir y en realizar actividades para retomar el hilo, repasar, reforzar procesos y tratar de reconstruir la continuidad perdida.

La ruptura en la continuidad de los aprendizajes, se agudiza con las interrupciones parciales o totales de las actividades por fallas en los servicios (agua, luz, alimentación), que en algunas zonas del país, son recurrentes. Pero también, la capacidad de participar de forma exitosa en las actividades, está mediada, por una parte por las razones por las que los estudiantes dejan de asistir de forma recurrente, así como por las condiciones de vida en sus casas, y por la otra, por las condiciones en las que se desarrollan las actividades en las escuelas que incluyen desde la dotación, hasta las condiciones sanitarias y de seguridad, pasando por el equipamiento y la alimentación.

Las inasistencias de esta magnitud, por las causas que se producen, y especialmente, por las consecuencias en la formación de cada uno de los estudiantes, no se contabilizan simplemente, se tienen que registrar tomando como referencia los aprendizajes afectados en cada caso, y tomándolos en consideración a la hora de reprogramar, porque un estudiante que no logró un aprendizaje que es requisito para uno posterior, está en franca desventaja y no sólo tendrá más dificultades de aprender posteriormente, sino que sufrirá el impacto psicológico de experimentar esa desventaja, especialmente, conociendo las causas que la originaron.

Todas esas interrupciones –y su recurrencia- debilitan la apropiación de los aprendizajes por parte de los estudiantes, lo que tiene como consecuencia una mayor disminución en la calidad de la educación que se obtiene, afectando, en última instancia, la realización del derecho a la educación, y limitando el desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

2. Condiciones psicológicas y emocionales de estudiantes y docentes: además de los problemas ya reportados, el año escolar pasado, que como sabemos también se han incrementado al inicio de este, la situación política, económica y social ha tenido severas consecuencias en la población emocionales y psicológicas en la población.

La incertidumbre por la situación y sus consecuencias en la vida cotidiana, las restricciones en la adquisición de alimentos y medicamentos, las fallas en el transporte, las fallas en los servicios de luz y de agua, la falla en el suministro de gas, el aumento de la delincuencia, por una parte, y la sensación de pérdida tanto de condiciones de vida, como de familia, por las migraciones, entre otras, han generado un estado de indefensión, de desesperanza, de inestabilidad emocional y psicológica en la población, que dificultan, tanto la capacidad de concentración y organización de todos, como la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.

Aunque ya algunas de las condiciones se han comenzado a hacer visibles, como problemas del sistema educativo, como por ejemplo, entender que un niño que no se alimenta bien, no puede aprender; o que cuando no hay recursos suficientes en las casas, o cuando no hay agua para lavar la ropa o hasta para bañarse, como ha pasado en los últimos meses, los niños dejan de asistir a la escuela; hay otras que ahora es que comienzan a mencionarse y que están asociadas a la angustia psicosocial y los traumas psicológicos; así como también otras que no se mencionan sino en algunos espacios, como la necesidad de mantener la estructura y organización del tiempo, así como las rutinas de vida en la cotidianidad.

En efecto, ahora parece comenzar a entenderse que un niño que está triste porque parte de su familia emigró, o porque perdió un familiar o un amigo, producto de la falta de medicamentos, de alimentos, o por deficiencias en el sistema de salud o como víctima de la delincuencia, o porque sus condiciones de vida han disminuido considerablemente; o un niño que tiene miedo porque en el sector en el que vive experimenta la tensión de la inseguridad cotidianamente, no puede concentrarse y por tanto, está en desventaja para el desarrollo del proceso de aprendizaje.

En estos casos, tanto los cálculos del tiempo necesario para recuperar la calidad y completitud de los aprendizajes, como para el diseño de las estrategias para lograr la restauración de los mismos, especialmente, cuando las condiciones que los afectan, no mejoran, sino que se agravan con el tiempo, requieren, además de instrucciones especiales, dado lo excepcional de la situación, de un proceso de evaluación que permita a los docentes estimar el tiempo que requeriría para poder replantear su planificación para el resto del año escolar. Ese proceso de evaluación, por cierto, también requiere tiempo que no podrá emplearse ni en la reconstrucción de la continuidad del proceso, ni en el desarrollo del mismo.

Adicionalmente, lo extraordinario de este tipo de situaciones, requiere el apoyo de personal especializado y de guías para docentes y padres, o representantes, que permitan acompañar de manera adecuada a los estudiantes en su participación en el proceso educativo.

Condiciones para el regreso y la continuación del año escolar

En una situación como la que estamos viviendo en Venezuela, se esperaría que el Ministerio de Educación, como el ente responsable del sistema educativo, específicamente de la educación básica, a esta altura:

  1. Hubiera hecho un balance de los daños en las escuelas, por las fallas en los servicios, así como por las consecuencias de la delincuencia. Ese balance debería incluir, el cálculo de los daños y pérdidas, así como de un inventario de los problemas a resolver y las necesidades de reparación y reposición de equipos e insumos; y con un estimado del tiempo de recuperación tanto de los servicios de luz, agua y alimentación, más la inversión y el tiempo para reparar daños y reponer equipos e insumos en cada escuela.
  2. Hubiera hecho un balance del equipo docente con el que se cuenta y de los cargos docentes ocupados temporalmente, por personas que no tienen formación para ese ejercicio, de forma de poder generar un plan de emergencia para la atención de los centros educativos, que estuviera acompañado por docentes formados –incluso pidiendo ayuda a docentes jubilados- y por materiales para apoyar a todo el personal, tanto en las labores pedagógicas propiamente dichas, como en la detección y atención a las consecuencias de la angustia psicosocial y los traumas psicológicos. Ese balance y ese plan, por cierto, debería incluir una evaluación de las condiciones de trabajo y de vida de los docentes, así como la restauración de las condiciones establecidas en su contratación colectiva.
  3. Hubiera discutido, con los organismos internacionales competentes en atención a las emergencias humanitarias, las posibilidades y planes, tanto para el reinicio de clases, como para la extensión del año escolar, con base en las actividades de acompañamiento psicosocial y educativo, complementarias, para garantizar disminuir las diferencias en las condiciones de los estudiantes, por la diversidad de formas y magnitud, en las sus vidas y su formación se han afectado, hasta el momento.
  4. Con base en la información recaudada, hubiera elaborado planes, con inversión establecida y tiempos, así como, con materiales para garantizar un exitoso reinicio del año escolar, con la necesaria restauración de las condiciones y aprendizajes dependiendo de las variaciones de la situación en cada una de las zonas del país y de las escuelas.
  5. Hubiera discutido con los gremios del sector, los planes elaborados y la mejor forma de instrumentarlos para, desde la visión de los que hacen posible cotidianamente la educación en las escuelas, se pudieran hacer los ajustes necesarios.
  6. Y, en lugar de estar postergando diariamente el inicio de clases, anunciara el día de reinicio de las clases, con un calendario claro, junto con los planes asociados, para el conocimiento de todo el país y de cada comunidad.

Sin embargo, además de ello, en aquellas escuelas en las que se pudiera, así fuera de forma parcial, por las condiciones generadas por las fallas en los servicios, se hubieran podido habilitar las instalaciones para:

  1. Proveer de alimentos a las comunidades con mayores dificultades. Obviamente, para ello, la escuela debería contar con un mínimo de condiciones que incluyeran agua, luz y gas, para poder preparar los alimentos, pero, esas son condiciones que, en muchos casos pudieron procurarse con el apoyo del Estado, y que pudieron ayudar a atender a la población, así como a disminuir los efectos psicosociales de la situación en ella. Esta actividad se ha realizado en algunas escuelas del Estado Miranda los dos últimos días.
  2. Servir como centros de acopio y distribución de insumos básicos, como comida no perecedera, suplementos nutricionales y agua, que es lo que se debería suministrar a la población en una situación de emergencia generalizada como la que se presentó a raíz del apagón generalizado en Venezuela.
  3. Servir como centros de reunión y de atención para los niños y jóvenes, con actividades lúdicas y complementarias de aprendizaje, que les permitieran tener algo de organización en el tiempo y mantener la lógica de la rutina, ambas cosas importantes, tanto para su formación, como para su estabilidad psicológica y emocional.

En lugar de ello, asistimos a una dinámica muy diferente, especialmente carente de evaluaciones, balances, planes y materiales de apoyo para atender la situación actual y para el acompañamiento de nuestros niños y jóvenes, antes, durante y después del reinicio de clases.

 

Monitoreando el inicio del año escolar 2018-2019 en Venezuela


Como sabes, durante el año escolar pasado (2017-2018) el sistema educativo presentó muchas irregularidades producto de, por una parte, los impactos de la situación nacional sobre la vida de las familias, de todos los miembros de las comunidades educativas, y por la otra, por las propias fallas estructurales del sistema.

Es por esta razón que este año escolar 2018-2019, que inicia mañana, 17 de septiembre, para los niveles de inicial y primaria de la Educación Básica, requerimos conocer y hacer visibles ante el país, las condiciones en las que se inician las actividades.

Para poder tener información oportuna y directa desde las escuelas, requerimos de tu apoyo, por lo que queremos invitarte a participar.

Participar como padre, representante, docente, trabajador administrativo, obrero, estudiante, o vecino de la comunidad en la que se localiza la escuela, es muy sencillo, puedes contarnos:

  1. Si se iniciaron las clases.
  2. Si la escuela cuenta con las condiciones de infraestructura y dotación, aptas para iniciar las clases.
  3. Si la escuela cuenta con las condiciones de mínimas para su funcionamiento, es decir, si tiene condiciones sanitarias, agua potable, luz, comunicaciones, internet.
  4. Si tiene los insumos y equipamiento para brindar alimentación.
  5. Si hay transporte público para llegar a la escuela.
  6. Si cuenta con los docentes y directivos suficientes para desarrollar una educación de calidad.

Puedes hacerlo escribiendo:

  1. Uno o varios correos a monitoreoOEV@gmail.com, 
  2. O uno o varios tuits usando la etiqueta #AClasesVzla2018 

Cuando escribas, recuerda siempre poner el nombre de tu escuela y dónde está ubicada para poder incorporarla en el registro. Si es posible, puedes acompañar la información con fotos.

Para tener la mayor cantidad de información posible, estaremos recibiendo aportes sobre el inicio del año escolar durante el primer mes de actividades. A partir del 1 de octubre, esperamos también tener reportes sobre el inicio de las clases en educación media.

Te damos las gracias de antemano, por participar y permitirnos visibilizar la situación de las escuelas al inicio de este año 2018-2019

¿Hay condiciones para el inicio del año escolar 2018-2019, el próximo 17 de septiembre, en Venezuela?


Como todo el país sabe, el año escolar 2017-2018, fue un año plagado de problemas y dificultades para el sistema educativo, comenzando por los efectos que tuvieron la hiperinflación, el desabastecimiento, la ausencia de efectivo y las fallas en el transporte público, en la dinámica de vida de las familias y su consecuencia en la asistencia irregular de docentes y estudiantes a las escuelas; pasando por las también reiteradas fallas en los servicios de alimentación, agua y luz que ocasionaron múltiples interrupciones y recortes en el horario de clases; y terminando con las consecuencias de la migración, física y económica, de docentes y estudiantes, más el impacto psicológico por los efectos de la crisis nacional en todos los miembros de las comunidades educativas.

En efecto, en Venezuela, en el último año, la educación ha experimentado una combinación compleja de problemas y impactos que alteraron la organización y el funcionamiento de las escuelas, teniendo como última consecuencia, restricciones en las garantías de varios derechos humanos, comenzando por el ejercicio del derecho a la educación, con la consecuente disminución en los logros y aprendizajes, durante el año escolar pasado.

A continuación, sin pretender hacer una descripción completa y exhaustiva de lo que vivió el sistema educativo durante el año escolar 2017-2018, debido a que es una tarea difícil para la dimensión de un espacio como éste y más con las limitaciones que impone la falta de acceso a la información detallada, por parte del ente rector; y con el propósito de ilustrar lo complejo y multifactorial de la situación vivida, se presentarán los principales y más recurrentes elementos que caracterizaron la dinámica del funcionamiento del sistema educativo, específicamente en el subsistema de educación básica, en Venezuela.

Emergencia humanitaria compleja en el sistema educativo

El sector educativo experimentó problemas derivados, por una parte, de los efectos de la situación nacional y por la otra, de fallas estructurales propias del sistema.

Efectos de la crisis nacional en la educación

Entre los elementos de la crisis nacional que afectaron la organización y el funcionamiento del sistema educativo, tenemos:

1. Interrupciones recurrentes en los servicios de agua potable, luz y comunicaciones –incluyendo conexión a internet-, que tuvieron como consecuencia suspensión de clases o recorte en el horario escolar, disminución de las condiciones sanitarias de las escuelas, y restricciones en el desarrollo de las actividades pedagógicas y administrativas –incluyendo el registro de datos, por parte de las escuelas, en el sistema de información del MPPE. También tuvieron consecuencias en la calidad de vida de las familias, afectando su asistencia a las escuelas y su desempeño educativo.

Estas interrupciones, especialmente en los servicios de agua potable y luz, se han agudizado y extendido, en los últimos meses y se han convertido en problemas graves en varios estados del país.

2. Deficiencia o inexistencia de los servicios de seguridad y vigilancia en las zonas en las que se ubican las escuelas, incrementando con ello la inseguridad y, en consecuencia, la realización de hurtos y robos, en las inmediaciones y dentro de las escuelas, así como la presencia de agentes de microtráfico de drogas y grupos delincuenciales.

Al respecto, cabe mencionar que, hasta el momento, la respuesta más estructurada que se ha instrumentado desde el Estado, es un “Plan Piloto de Monitoreo para la Seguridad Escolar”, diseñado por FEDE y comenzado a instrumentar a finales de agosto, pero en una muy pequeña muestra de planteles, en total y de acuerdo a la información oficial, son 18 planteles distribuidos en varios estados del país (Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira y Trujillo) y en el Distrito Capital.

3. Restricciones en el servicio de transporte público por disminución en el número de unidades activas y por reducción de las rutas y su alcance territorial. En este caso, se han instrumentado dos tipos de respuesta: habilitación de vehículos no aptos para el transporte seguro, como las denominadas coloquialmente “perreras”, y la incorporación de unidades por parte de algunos entes regionales.

4. Aumento exponencial de los costos y disminución de la capacidad adquisitiva de las familias para cubrir los costos de alimentación diaria y la canasta familiar, así como los costos de transporte para trasladarse a las escuelas.

5. Ausencia de efectivo y restricción en otras formas de pago, con la consecuente reducción de la capacidad, por parte de estudiantes, docentes y demás trabajadores, de asumir el pago del servicio del transporte público, así como la adquisición de algunos productos de la canasta familiar, aun teniendo los recursos económicos para ello.

6. Desabastecimiento de insumos clave en la canasta familiar y de medicamentos.

7. Reducción en la capacidad de atención y en las condiciones e insumos de los servicios de salud pública.

8. Rupturas o fragmentación de las familias de estudiantes y docentes, como consecuencia de actos de violencia y de migración de sus miembros.

Fallas estructurales propias del sistema

Entre los elementos derivados de fallas estructurales propias del sistema educativo, podemos citar:

1. Eliminación progresiva de la condición de gratuidad de la educación en las escuelas de dependencia oficial. Como ya se ha explicado en otras publicaciones, la gratuidad en la educación básica, además de ser una condición obligatoria del sistema, se evalúa a partir de los elementos de la canasta educativa que son 5: costos de inscripción y matrícula, alimentación en tiempo escolar, transporte, uniformes y útiles escolares.
Cuando las familias tienen que asumir de forma total o parcial, los elementos que constituyen dicha canasta, no se puede considerar que la educación sea efectivamente gratuita.

En nuestro caso, como también se señaló con anterioridad, hay costos adicionales a los considerados en la canasta educativa que, por deficiencias en el funcionamiento del sistema, han recaído en las familias -incluyendo a los estudiantes-, y también en los docentes, agravando el problema de gratuidad de la educación.

Entre estos costos cabe destacar, la inversión en horas de trabajo y de recursos económicos, -en adquisición y donación de insumos de limpieza- en las jornadas de mantenimiento menor convocadas por el MPPE y que son denominadas, entre otras, como “Una Gota de Amor para tu Escuela”; el financiamiento del alquiler de unidades de transporte acondicionadas para el traslado de los insumos del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) a las escuelas; los trabajos de reparación de equipos de cocina y refrigeración, también utilizados en el SAE, así como de equipos y mobiliario de diverso tipo de las escuelas; y la adquisición de papelería e insumos y materiales de oficina.

2. En cuanto a los costos de transporte que deben cubrir los miembros de las comunidades educativas, es importante señalar que el sistema educativo oficial, en su mayoría, no cuenta con transporte escolar, lo cual dificulta el acceso a la educación. En algunas regiones del país, ese problema se ve agravado porque la ubicación de las escuelas, no cumple con los estándares de distancia mínima, que faciliten el acceso de los estudiantes, sin hacer uso de un sistema de transporte.

3. Además de tener que cubrir, con horas de trabajo no remuneradas y con recursos para los elementos señalados en el primer punto, los docentes no cuentan con condiciones de trabajo e ingresos adecuados a la labor que cumplen, ni que les permitan cubrir los costos de la canasta familiar, lo que también contribuyó al incremento de las inasistencias recurrentes.

4. Déficit en la cantidad y calidad del equipo docente de las escuelas. Este es un problema que, como también hemos comentado en otras publicaciones, se ha venido desarrollando en Venezuela, desde hace años, con la lamentable consecuencia de que muchos estudiantes han recibido certificación de estudios y calificaciones, sin haber cursado determinadas asignaturas en bachillerato.

Con la situación migratoria, espacial y laboral, que se dio en el gremio docente, el año escolar pasado, el déficit se ha incrementado y sus consecuencias se agudizaron, debido a que, la insuficiente cantidad de docentes para todas las secciones por año y por grado que se ofrecen en las escuelas, se ha intentado resolver parcialmente, con personal que cumple funciones docentes, pero no está calificado para ello; en algunos casos se trata de miembros de la comunidad supliendo las faltas recurrentes o definitivas de los docentes; y en otros se trata de la incorporación de beneficiarios del programa “chamba juvenil” que no cuentan con las competencias ni los conocimientos adecuados, por la corta y precaria formación que recibieron antes de entrar en ejercicio.

En este punto, es importante señalar, que un agravante de la situación específicamente relacionado con las inasistencias recurrentes de los docentes, derivadas de los elementos de la crisis nacional, es la imposibilidad de tomar previsiones que permitan a los suplentes ocasionales, mantener la continuidad en los procesos de aprendizaje, lo que tiene efectos directos en la calidad de la educación y en el alcance de los aprendizajes que se logran en las escuelas.

5. Adicionalmente, por un precario programa de construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, la oferta educativa es insuficiente y en muchos casos, no cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, por daños en la infraestructura, en los equipos de uso ambiental (aires y ventiladores), o en el mobiliario de las aulas y laboratorios, lo cual entorpece el buen funcionamiento de las escuelas.

6. Otro programa con múltiples problemas en su diseño e instrumentación, que son agravados por los problemas de abastecimiento que se mencionaron en la sección anterior, es el del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) que no garantiza alimentación permanente, ni con la calidad nutricional adecuada, en las escuelas, a lo largo del año escolar.

7. Reiterados problemas derivados de un manejo deficiente de la política curricular impulsada desde el ente rector. Nos referimos en este caso a:

  • Producción de textos y recursos pedagógicos que no cumplen con la disposición contenida en el artículo 102 de la Constitución, de promover una formación crítica que respete todas las corrientes del pensamiento.
  • Promoción de una lógica y lenguaje de guerra, contraviniendo la construcción de una cultura de convivencia y paz, tal como se establece también en la Constitución.
  • Desorganización e improvisación en el desarrollo de modificaciones curriculares, especialmente en educación media, que tuvieron como consecuencia la imposibilidad de aplicación y la confusión en muchos liceos, restringiendo las oportunidades de tener una educación de calidad para los estudiantes.

8. Finalmente, es necesario mencionar la restricción recurrente de derechos concomitantes al derecho a la educación, a los miembros de las comunidades educativas. Nos referimos a los derechos a la manifestación y a la libre asociación de los diversos gremios del sector, que ha sido acompañada por la promoción de organizaciones afines al gobierno, como las organizaciones gremiales reconocidas oficialmente, en el sistema.

En esa misma lógica, se requiere mencionar la utilización de tiempo de funcionarios del sistema, así como de los medios de comunicación oficiales del Estado, para promover la participación de los miembros de las comunidades educativas, en actos de proselitismo político y para difundir mensajes con contenido político partidista específico.

Consecuencias para los estudiantes

En términos generales, los factores, externos y estructurales del sistema, mencionados en las secciones anteriores, tienen como consecuencias en, y para, los estudiantes, entre otras:

1. Disminución de la capacidad de atención, concentración y aprendizaje por deficiencias en la alimentación, por problemas de salud y por los efectos de sufrir angustia psicosocial y los traumas psicológicos asociados a los impactos de las situaciones familiares y de seguridad.

Los efectos físicos y psicológicos de la situación nacional afectan a los niños, niñas y jóvenes, más allá de sus consecuencias en el proceso de aprendizaje en las escuelas. En muchos casos la angustia se produce, directa o indirectamente, por la incertidumbre en la provisión de alimentos en el hogar, o porque se ven obligados a buscar empleo, a recurrir a la mendicidad o a hurgar en la basura, para conseguir alimentos y recursos.

En cuanto a los efectos físicos, es importante señalar que en diversas escuelas se registraron desmayos de estudiantes durante la realización de los actos cívicos al inicio de la jornada escolar, por deficiencias en la nutrición.

2. Inasistencias recurrentes, que agregan como factor adicional a la perturbación de la dinámica en las escuelas, la ruptura en la continuidad del proceso de aprendizaje y que tiene como consecuencia: la disminución del tiempo efectivo dedicado a las actividades escolares y la carencia de actividades estructuradas, restringiendo o disminuyendo la calidad de los procesos pedagógicos, y en consecuencia el alcance y la completitud de los aprendizajes.

3. Disminución de las condiciones y recursos de las escuelas por fallas en los servicios, por hurtos y robos, por ausencia del personal docente calificado, lo que también restringe las oportunidades de contar con procesos pedagógicos de calidad por las deficiencias en las condiciones mencionadas.

4. Falta de recursos de los estudiantes para desarrollar actividades pedagógicas o tareas, fuera de las escuelas o en sus casas.

5. Disminución del tiempo escolar y de los aprendizajes relevantes por la incorporación de contenidos de baja calidad o no pertinentes, así como de incertidumbre y confusión por improvisación en las pautas curriculares y sus modificaciones y por suspensión innecesaria de actividades para la realización de elecciones y para la asistencia de miembros de las comunidades educativas a actividades político partidistas.

6. La combinación de estos efectos, tiene como última consecuencia la limitación del desarrollo pleno y de las oportunidades de desarrollo a futuro de los niños, niñas y jóvenes que es uno de los propósitos asociados a la realización del derecho a la educación.

¿Y los problemas derivados de las inundaciones?

Como es conocido también por todos, además de lo sucedido durante el año escolar 2017-2018, en el período de vacaciones, más de 25 municipios, en más de 7 estados del país han sufrido inundaciones, dejando a miles de familias, temporalmente, con viviendas en condiciones de inhabitabilidad o en estado de pérdida, incluyendo sus alimentos, medicinas, muebles y ropa; en algunos casos, las pérdidas incluyeron cosechas, así como semillas y condiciones para retomar las siembras.

En esos municipios, hay a extensas zonas con problemas de comunicación, falta de electricidad, restricciones de medicinas, agua potable y de alimentos; además de con problemas de contaminación y sanitarios, con riesgos o con brotes de epidemias en curso (sarampión, malaria, dengue, afecciones en la piel y estomacales); y con la amenaza de ser víctimas de ataques de animales como caimanes y culebras.

En algunos casos, las inundaciones comenzaron a registrarse antes de que iniciara el período vacacional.

En todos los estados afectados, se encuentran escuelas con infraestructura inundada o que están siendo utilizadas como centros de acopio y refugios.

En el siguiente mapa, se pueden apreciar los municipios y estados con reportes de inundaciones entre el mes de julio y los primeros días de agosto.

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Revisando las fuentes oficiales, para conocer el tipo de atención han recibido los estudiantes que han sido afectados por las inundaciones y los planes de emergencia y previsión que se adelantan desde el MPPE para garantizar que, tanto los estudiantes como las escuelas puedan incorporarse al año escolar 2018-2019, a partir de la semana que viene, encontramos poca o inexistente información oficial.

En efecto, en la página del MPPE, en su sección de noticias, encontramos poquísimas referencias a la atención a la emergencia provocada por las lluvias en los estados afectados. Aunque sí encontramos información sobre otras iniciativas desarrolladas en algunos de esos estados, como la realización del Plan Agosto de Escuelas Abiertas en algunas de sus escuelas.

Tampoco encontramos datos que indicaran cambios importantes en los proyectos instrumentados durante el período vacacional, para atender los problemas ocasionados por las inundaciones, a pesar de ser evidente la necesidad de llevar a cabo acciones de emergencia, con miras al cercano inicio del año escolar.

En el caso del Estado Amazonas, que es uno de los más afectados por las inundaciones, encontramos que específicamente, con relación a la atención a las condiciones de la infraestructura educativa, en una nota de prensa del 29 de junio, se anunciaba que, desde las instancias responsables del mantenimiento de la infraestructura escolar, se proyectaba atender 65 escuelas con el programa “Una Gota de Amor Para Mi Escuela”.

Esa cifra, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles -que son los del año escolar 2014-2015, contenidos en la última Memoria y Cuenta publicada-, corresponde al 15% del total de escuelas que había en ese estado en ese año escolar; que equivalen al 15,6% de las escuelas oficiales y al 45,5% de las escuelas que dependen directamente del MPPE.

De acuerdo a las mencionadas cifras, en el Estado Amazonas, había, en el año escolar 2014-2015, 434 escuelas, de las cuales 418 eran de dependencia oficial, 143 de dependencia nacional (directamente del MPPE), 271 estadales, 4 municipales y 16 escuelas privadas.

Eso indica que, con el programa con el que oficialmente se atiende el mantenimiento menor de las escuelas en el sistema educativo, estaba programado atender menos del 50% de las escuelas que dependen directamente del MPPE, en esa entidad.

Posteriormente, el 3 de septiembre, se reportó que se había terminado el mantenimiento solamente en 16 de esas escuelas y que continuaba en ejecución en 7 escuelas más. Las escuelas atendidas hasta ese momento, eran todas, de acuerdo a la información publicada, del Municipio Atures, que es el municipio con mayor población del estado.

Eso significa que, de las 65 escuelas proyectadas, se logró culminar, hasta el 3 de septiembre, solamente el 24,6% y estaba en ejecución un 10,8% más, lo que daría como resultado que, de las 65 solamente se lograron atender el 35,4 % de las escuelas proyectadas; y que tomando como referencia las cifras del año escolar 2014-2015, citadas anteriormente, estaríamos hablando de una atención efectiva del 16,1%, de las escuelas nacionales del Estado Amazonas, incluyendo en el cálculo, las 7 escuelas que aún se encuentran en proceso de ejecución.

No obstante, esa cifra corresponde solamente a las escuelas atendidas por el programa y que estaban programadas antes de presentarse la situación ocasionada por las inundaciones.

Dada la falta de información, y como respuesta a la situación derivada de las inundaciones, es imperioso que el MPPE informe al país: ¿Cuántas de las escuelas del Estado Amazonas fueron efectivamente afectadas por las inundaciones, cuántas han sido recuperadas y cuántas fueron utilizadas y siguen funcionando como refugios y centros de acopio? ¿Cómo se programa atender a los estudiantes de las escuelas afectadas o utilizadas como refugios y centros de acopio, a partir del próximo lunes, 17 de septiembre?

Es necesario que el MPPE suministre al país, la misma información para todos los municipios de todos los estados con zonas afectadas por inundaciones.

También, es importante que el MPPE informe al país: ¿cómo ha sido la atención hasta ahora a los niños y jóvenes de todos los municipios afectados en cuando a las limitaciones de alimentación, las restricciones de agua potable, la falta de medicamentos, los brotes de enfermedades y las pérdidas de viviendas y bienes?; ¿cómo será la atención y el acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes que no estén en condiciones de regresar a la escuela?; ¿qué estrategias se utilizarán para facilitar su reincorporación?, ¿qué estrategias y planes concretos se instrumentarán para facilitar y garantizar la asistencia de los docentes a las escuela? tomando en consideración, para todos los miembros de la comunidad educativa, los casos en los que perdieron sus viviendas, o perdieron sus bienes, en los que se han enfermado o en los que son víctimas de traumas por las condiciones de privación y de pésima calidad en la que se desarrollan sus vidas producto de las inundaciones.

¿Qué debería haber hecho el MPPE durante agosto y la primera quincena de septiembre?

Frente a esa situación descrita en las secciones anteriores que incluye tanto los efectos de la crisis nacional en la vida de los miembros de las comunidades educativas, y en el funcionamiento del sistema educativo, como los problemas estructurales del sistema; así como las consecuencias de las inundaciones en una parte del territorio nacional, que se puede catalogar como parte de la emergencia humanitaria compleja registrada en Venezuela, se esperaría que el Estado, a través del ente rector del sistema educativo y apoyándose de todos los organismos competentes, hubiera empleado el mes de agosto y la primera quincena de septiembre, para realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación, escuela por escuela, que permitiera saber en qué condiciones está el sistema educativo, en cuanto a:

1. Condiciones reales de la infraestructura escolar, más allá del “embellecimiento” de algunos espacios y del mantenimiento menor de otros, con un estudio especial de las condiciones de la infraestructura en las zonas con inundaciones.

2. Condiciones de la dotación de recursos pedagógicos, de equipos y suministros para el funcionamiento de la escuela, así como de los equipos, mobiliario y utensilios para la alimentación escolar.

3. Funcionamiento real de los servicios de agua potable y de electricidad en las escuelas, así como los servicios de comunicaciones, incluyendo la conexión a internet. Tomando en consideración la localización de escuelas en las zonas en las que se han registrado fallas recurrentes, que se han incrementado en los últimos meses, o en las zonas en las que las fallas se derivaron de las inundaciones, y para los que, además, no existen planes de restauración cercana.

4. El estado real de la planta docente, que indique cuántos profesionales de la educación, con certificación y formación adecuada se mantienen en el sistema, cuántos suplentes y personal no calificado para ejercer dicha función ha sido incorporado a las escuelas y cuántos serán necesarios para garantizar que todas las secciones, años y grados, tengan un docente a cargo.

5. También se debió hacer una evaluación de la asistencia de docentes y estudiantes, el año escolar pasado, que permitiera tener una real dimensión del problema de inasistencias recurrentes, las causas más frecuentes, así como, sus efectos sobre la planificación docente y la disminución del tiempo escolar efectivo.

6. De igual manera, se pudo aprovechar este tiempo para hacer una primera aproximación a la identificación de los efectos psicológicos de la crisis en docentes y estudiantes, que permitiera, en un primer momento, identificar zonas y escuelas en las que se deberá prestar mayor atención para detectar y atender casos en el próximo año escolar.

7. De forma complementaria y para desarrollar planes de restauración de los aprendizajes perdidos, en el caso de los estudiantes, así como para desarrollar programas específicos de formación docente, se debió aprovechar este mes y medio, para diseñar dos evaluaciones estandarizadas y aplicadas en todas las escuelas del país.

  • Una evaluación estandarizada de los aprendizajes alcanzados por cada uno de los estudiantes de educación básica, tomando como referente lo que debió aprender para obtener la certificación que se le otorgó el año escolar pasado y que lo promovió al grado y año que cursará a partir del 17 de septiembre, para los estudiantes de primaria, y del 1 de octubre, para los estudiantes de bachillerato; que permita saber con qué base real cuenta para el inicio de su formación este próximo año escolar.
  • Una evaluación de conocimiento de lo que le corresponde enseñar y de competencias pedagógicas, que tiene actualmente cada profesor y maestro.

Con los resultados de ese diagnóstico, el MPPE podría diseñar programas para:

1. Apoyar a docentes y estudiantes para que puedan asistir regularmente a las escuelas, minimizando los efectos de las limitaciones económicas y los problemas de transporte.

2. Acompañar profesionalmente a las personas, sin formación docente, que estarán cumpliendo esa función en las escuelas en próximo año escolar.

3. Reforzar los programas de mejoramiento profesional de los docentes en ejercicio, enfocando la oferta a las necesidades específicas detectadas en la evaluación estandarizada.

4. Regularizar la prestación del servicio y mejorar la calidad nutricional del Sistema de Alimentación Escolar.

5. Promover y acompañar la reinserción de los estudiantes que se vieron en la obligación de abandonar sus estudios.

6. Desarrollar planes especiales para la formación de los estudiantes que, por razones de fuerza mayor, no puedan reincorporarse a las escuelas, pero puedan acceder a la educación en otras modalidades.

7. Desarrollar programas de atención específicamente diseñados para dar respuesta y atender a toda la población que se encuentra en zonas afectadas por las inundaciones, de acuerdo a las peculiaridades que se tengan en cada caso.

8. Acompañar y formar a los docentes en la atención y el apoyo a los estudiantes que experimentan angustia y traumas psicológicos, producto de los diversos impactos de la crisis en sus vidas.

9. Ampliar y completar los esfuerzos que se están comenzando a hacer para mejorar la seguridad en las escuelas, pero incluyendo también la atención a los problemas ocasionados por la penetración del microtráfico de drogas y las bandas delincuenciales a las escuelas.

10. Generar estrategias de reorganización del horario escolar, para que no se disminuya el tiempo de aprendizaje, por los problemas relacionados con las fallas en los servicios básicos y para compensar las horas perdidas con horas complementarias en otros días y horarios.

11. Establecer una estrategia dirigida a revertir los impactos negativos de los problemas experimentados el año escolar pasado, especialmente para la restauración de los aprendizajes que no se lograron, por los problemas estructurales del sistema educativo, y por los efectos de la crisis en la vida de las familias y las escuelas.

Es menester recordar que es obligación del Estado, la garantía del derecho a la educación, por lo que se espera que en momentos de dificultades como los que se están experimentando en Venezuela, dificultades que pueden catalogarse como emergencia humanitaria compleja, la acción del Estado no se remita a anunciar el inicio del año y esperar que la “mística” de las comunidades educativas puedan resolver los problemas y garantizar el funcionamiento de las escuelas, sino que asumiendo su obligación, diseñe los programas necesarios para atender la situación y garantizar efectivamente el funcionamiento óptimo de las escuelas, así como que se alcancen los aprendizajes esperados; y en un caso como el que nos ocupa, apoyar a las familias, docentes y estudiantes, para que puedan superar las dificultades e incorporarse efectivamente a la dinámica escolar.

 

Certificación comprometida


Desde mediados del mes de junio, hemos visto a grupos de estudiantes de quinto año de bachillerato celebrando su graduación. Se trata de un final de año escolar adelantado que debe llamar nuestra atención como país, debido a todas las irregularidades que ha experimentado el sistema educativo.

Como es por todos sabido, este año las escuelas no han escapado a los problemas de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela. De hecho, ha venido padeciéndolos desde hace tiempo, pero en este momento, se han hecho más graves y evidentes.

Pero sin entrar en los detalles sobre cómo se expresa la emergencia humanitaria compleja en educación en todas sus dimensiones, queremos enfocarnos en una que es propia e interna al sistema educativo, la certificación de los aprendizajes.

La educación básica, en Venezuela, es obligatoria. De ella, que abarca desde la educación inicial, hasta la educación media, se espera que sea suficiente para la formación de los ciudadanos y su óptimo desarrollo en todas las dimensiones del ser.

Sin embargo, desde que comenzaron los anuncios de la elaboración e instrumentación de un cambio curricular en educación media, que se dijo sería construido con participación de las comunidades y que tendría una prueba piloto antes de su extensión a todos los liceos, los problemas que se venían experimentando en educación media, se incrementaron.

De hecho, el proceso de “consulta” que incluiría mesas de trabajo en cada liceo durante marzo y abril de 2015, en el que participarían “Docentes, Estudiantes, Personal Administrativo y Obrero, Padres, Madres, Representantes”, no se desarrolló como debería, así como tampoco la experiencia piloto que estaba pautada para instrumentarse en el año escolar 2015-2016.

A ese arranque, siguieron varias modificaciones, que, en algunos casos, se restringieron a cambios de denominaciones y de horarios, con una precaria evaluación y sin resolver los problemas de fondo, así como tampoco, los adicionales, creados durante la instrumentación de la propuesta.

Ese proceso, en lugar de concertado con las comunidades y planificado con meticulosidad, ha sido improvisado y atropellado, generando confusión y problemas innecesarios en los liceos, en algunos casos, derivados de la obvia falta de formación de los docentes para la instrumentación de la agrupación de asignaturas en áreas, y en otros, derivados de problemas administrativos que debía haber abordado y evitado el ministerio, como la inexistencia de formatos para el registro de calificaciones, de acuerdo a las nuevas pautas de organización curricular.

La improvisación y fallas en la consulta y en los aspectos técnicos de la propuesta, no se ha corregido desde entonces, sino que se ha sostenido hasta el momento, ampliándose a la educación media técnica que en este año escolar que culmina, sufrió los enredos del intento de integración de varios planes de estudio de forma parcial y, en este momento, está esperando por una nueva propuesta curricular a instrumentarse para el próximo año escolar, que se supone, que está en plena construcción y validación.

En ese precario contexto curricular, se han estado formando los bachilleres que ahora se están graduando. Pero además, en no pocos casos, se están graduando en liceos en los que, como es por todo el país conocido, desde hace tiempo, hay ausencia de profesores en algunas materias, por lo que, aunque los estudiantes no tienen la oportunidad de cursarlas y aprender, el sistema les asigna una calificación y les emite una certificación como si efectivamente las hubieran cursado y hubieran desarrollado todos los aprendizajes que se aspira que tengan al finalizar.

Así nuestros bachilleres, en lugar de la educación de calidad a la que tienen derecho y que el Estado está en el deber de garantizarles, están recibiendo una certificación de estudios comprometida, además de por un manejo improvisado del diseño curricular de educación media y por la falta de profesores, por la precaria situación de los planteles que en muchos casos no cuentan ni con las condiciones, ni con los equipos y recursos para facilitar los aprendizajes; pero aún más, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que experimenta Venezuela, está comprometida por las consecuencias del impacto de la situación nacional en el proceso educativo que, entre otras, se traduce en inasistencia recurrente a clases de muchos estudiantes, con la consecuente y frecuente interrupción de los procesos de aprendizaje y la disminución del tiempo real dedicado a su formación.

Además, esa certificación también está comprometida, y desde hace tiempo, por una concepción errada del sistema de evaluación que privilegia el otorgamiento de un certificado, antes que la efectiva certificación de los aprendizajes. Por tanto, el título de bachiller, como certificación oficial del sistema educativo, hoy en día en Venezuela, no constituye una prueba, ni es garantía de que los bachilleres venezolanos, tengan la formación de calidad que se aspira desarrolle en, y que tengan al culminar, la educación básica.

Sin esa formación, los jóvenes están condenados a un futuro en el que experimentarán innecesarias dificultades y en muchos casos, al fracaso en diversas dimensiones de su vida.

 

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