Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

Certificación comprometida


Desde mediados del mes de junio, hemos visto a grupos de estudiantes de quinto año de bachillerato celebrando su graduación. Se trata de un final de año escolar adelantado que debe llamar nuestra atención como país, debido a todas las irregularidades que ha experimentado el sistema educativo.

Como es por todos sabido, este año las escuelas no han escapado a los problemas de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela. De hecho, ha venido padeciéndolos desde hace tiempo, pero en este momento, se han hecho más graves y evidentes.

Pero sin entrar en los detalles sobre cómo se expresa la emergencia humanitaria compleja en educación en todas sus dimensiones, queremos enfocarnos en una que es propia e interna al sistema educativo, la certificación de los aprendizajes.

La educación básica, en Venezuela, es obligatoria. De ella, que abarca desde la educación inicial, hasta la educación media, se espera que sea suficiente para la formación de los ciudadanos y su óptimo desarrollo en todas las dimensiones del ser.

Sin embargo, desde que comenzaron los anuncios de la elaboración e instrumentación de un cambio curricular en educación media, que se dijo sería construido con participación de las comunidades y que tendría una prueba piloto antes de su extensión a todos los liceos, los problemas que se venían experimentando en educación media, se incrementaron.

De hecho, el proceso de “consulta” que incluiría mesas de trabajo en cada liceo durante marzo y abril de 2015, en el que participarían “Docentes, Estudiantes, Personal Administrativo y Obrero, Padres, Madres, Representantes”, no se desarrolló como debería, así como tampoco la experiencia piloto que estaba pautada para instrumentarse en el año escolar 2015-2016.

A ese arranque, siguieron varias modificaciones, que, en algunos casos, se restringieron a cambios de denominaciones y de horarios, con una precaria evaluación y sin resolver los problemas de fondo, así como tampoco, los adicionales, creados durante la instrumentación de la propuesta.

Ese proceso, en lugar de concertado con las comunidades y planificado con meticulosidad, ha sido improvisado y atropellado, generando confusión y problemas innecesarios en los liceos, en algunos casos, derivados de la obvia falta de formación de los docentes para la instrumentación de la agrupación de asignaturas en áreas, y en otros, derivados de problemas administrativos que debía haber abordado y evitado el ministerio, como la inexistencia de formatos para el registro de calificaciones, de acuerdo a las nuevas pautas de organización curricular.

La improvisación y fallas en la consulta y en los aspectos técnicos de la propuesta, no se ha corregido desde entonces, sino que se ha sostenido hasta el momento, ampliándose a la educación media técnica que en este año escolar que culmina, sufrió los enredos del intento de integración de varios planes de estudio de forma parcial y, en este momento, está esperando por una nueva propuesta curricular a instrumentarse para el próximo año escolar, que se supone, que está en plena construcción y validación.

En ese precario contexto curricular, se han estado formando los bachilleres que ahora se están graduando. Pero además, en no pocos casos, se están graduando en liceos en los que, como es por todo el país conocido, desde hace tiempo, hay ausencia de profesores en algunas materias, por lo que, aunque los estudiantes no tienen la oportunidad de cursarlas y aprender, el sistema les asigna una calificación y les emite una certificación como si efectivamente las hubieran cursado y hubieran desarrollado todos los aprendizajes que se aspira que tengan al finalizar.

Así nuestros bachilleres, en lugar de la educación de calidad a la que tienen derecho y que el Estado está en el deber de garantizarles, están recibiendo una certificación de estudios comprometida, además de por un manejo improvisado del diseño curricular de educación media y por la falta de profesores, por la precaria situación de los planteles que en muchos casos no cuentan ni con las condiciones, ni con los equipos y recursos para facilitar los aprendizajes; pero aún más, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que experimenta Venezuela, está comprometida por las consecuencias del impacto de la situación nacional en el proceso educativo que, entre otras, se traduce en inasistencia recurrente a clases de muchos estudiantes, con la consecuente y frecuente interrupción de los procesos de aprendizaje y la disminución del tiempo real dedicado a su formación.

Además, esa certificación también está comprometida, y desde hace tiempo, por una concepción errada del sistema de evaluación que privilegia el otorgamiento de un certificado, antes que la efectiva certificación de los aprendizajes. Por tanto, el título de bachiller, como certificación oficial del sistema educativo, hoy en día en Venezuela, no constituye una prueba, ni es garantía de que los bachilleres venezolanos, tengan la formación de calidad que se aspira desarrolle en, y que tengan al culminar, la educación básica.

Sin esa formación, los jóvenes están condenados a un futuro en el que experimentarán innecesarias dificultades y en muchos casos, al fracaso en diversas dimensiones de su vida.

 

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