Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

Año escolar 2016-2017 = sólo 133 días de clase… con suerte


A esta hora pudimos conocer la circular emanada del MPPE y firmada por el ministro, con la que se establece una nueva fecha de culminación del año escolar.

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Como se lee en el primer párrafo de la comunicación, la razón para hacer esta modificación, es la celebración de unas elecciones el 30 de julio.

Al respecto es necesario aclarar:

  1. Que con esa decisión el MPPE profundiza la violación del artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación que establece que el año escolar tendrá 200 días hábiles.
  2. Es la primera vez en la historia contemporánea que en las escuelas, como centros electorales, son suspendidas las actividades por tanto tiempo para la realización de un proceso electoral. En efecto, el tiempo de actividades que las escuelas deberían perder por la realización de unas elecciones no debería pasar de los dos días -el viernes antes y el lunes después de la elección-, aunque en los últimos años, el MPPE estaba permitiendo que las actividades se suspendieran por 4 o 5 días -desde el martes o miércoles antes, hasta el lunes después del acto electoral-. En este caso, se estarían tomando las escuelas 2 semanas antes del evento, por lo que se pierden, de hecho 9 días hábiles -el lunes 24, por ser el Natalicio de Simón Bolívar, es feriado-, lo cual, es completamente irregular y no tiene ningún tipo justificación técnica.
  3. Este anuncio se hace en un momento muy poco conveniente y sin la anticipación necesaria, para que en cada escuela se puedan hacer ajustes que garanticen los aprendizajes y la calidad de la educación que en ellas se desarrolla. No se entiende, ni se justifica que el MPPE haga este anuncio, faltando, apenas 12 días hábiles para la nueva fecha de culminación del año escolar, ni que el mismo coincida con la realización de actividades de cierre de procesos pedagógicos que deberían haberse modificado con anticipación.
  4. Al margen de los cuestionamientos que existen sobre la legalidad y constitucionalidad del proceso para el que se celebrarán dichas elecciones, como mencionamos en la publicación de ayer, no existe ninguna justificación para no haber esperado para realizarlo una vez culminado el año escolar, especialmente tomando en consideración, el carácter de prioridad absoluta que tienen los derechos de los niños y jóvenes.
  5. Y retomando la primera observación que hicimos ayer: Dada la cantidad de elementos que han afectado el desarrollo del año escolar y el aprovechamiento del tiempo efectivo de clases, el MPPE en su rol de garante del derecho a una educación de calidad para todos, en lugar de acortar el año escolar, debería estar haciendo una evaluación escuela por escuela del tiempo perdido, para ajustar el calendario escolar, pero ampliándolo para poder recuperarlo y garantizar la calidad y completitud de los aprendizajes. (Puedes leer más detalles en nuestra publicación previa aquí)

Sobre los aspectos específicos del evento para el cual se organiza ese proceso electoral, hay una serie de observaciones que haremos en otra publicación, pero adelantamos que hoy 27 y mañana 28 de junio, se deben estar celebrando los Congresos Pedagógicos Estadales, que son espacios para el intercambio de experiencias y saberes entre los docentes de cada entidad federal que forman parte del denominado “Sistema Nacional de Investigación y Formación del Magisterio”.

Este año, en lugar de centrarse en el intercambio de experiencias y saberes, está dirigido al debate de los objetivos programáticos que se proponen para la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que pasa de ser un espacio de reflexión pedagógica, a un espacio de debate político para la participación de un sector de la sociedad en un proceso altamente cuestionado por estar viciado de nulidad, al violar la Constitución, por la forma en la que está siendo convocado.

En este caso, como en el de la celebración de la consulta electoral, se cuestiona el uso de espacios y tiempos propios del proceso educativo, para la realización de actividades políticas que, de estar ajustadas a derecho, pudieran ser convocadas sin alterar el desarrollo del año escolar, entendiendo que esa práctica atenta contra la garantía de una educación de calidad para todos, tal como rezan los textos legales y tratados que recogen los compromisos del derecho a la educación en Venezuela y a nivel internacional.

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