Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

Emergencia por las lluvias y el derecho a la educación


Debido a las intensas lluvias experimentadas en el territorio nacional y de acuerdo a las cifras mencionadas por voceros del gobierno nacional, hoy tenemos 124.000 personas -31.000 familias- viviendo en 851 refugios en todo el país. Estas personas han perdido sus casas por derrumbes, inundaciones o por estar ubicadas en zonas declaradas de alto riesgo. Mientras logran obtener una nueva vivienda, deberán permanecer en esta condición y recibir asistencia del Estado.

Para salvaguardar sus vidas, junto a las labores de rescate y atención a las personas afectadas, los gobiernos, nacional y algunos locales, suspendieron las actividades escolares. Comenzando por el estado Falcón, esta medida ha operado de forma progresiva.

La primera medida anunciada por el Ministerio de Educación, a principios de la semana pasada, incluía la suspensión temporal de clases en todo el estado Falcón, en los municipios Sucre, Acevedo, Páez, Brión, Gual y Andrés Bello del estado Miranda y en las parroquias Carayaca y Caruao del estado Vargas.

 

La segunda medida, promulgada mediante el Decreto Ministerial número 76 del 30 de noviembre, extendió la suspensión a 12 entidades (Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia) estableciendo que la misma duraría hasta el pasado viernes 3 de diciembre.

La tercera medida, anunciada este domingo, ordenaba extender la suspensión de clases en las mismas entidades por 48 horas más, esto es, por el lunes 6 y martes 7 de diciembre. De forma complementaria este lunes 6, el Presidente de la República firmó un decreto mediante el que se declaraban en emergencia en los estados Mérida, Nueva Esparta, Trujillo y Zulia. Estos cuatro estados se suman a Falcón y Miranda que habían sido declarados en estado de emergencia, en días pasados.

Este 7 de diciembre, en horas de la noche, el gobierno anunció la suspensión de las clases hasta el mes de enero de 2011 en todo el territorio de 10 entidades: Distrito Capital, Falcón, Mérida, Miranda, Táchira, Trujillo, Sucre, Vargas y Zulia. La razón dada por el Presidente de la República y recogida por el canal VTV es: “poder utilizar las escuelas y todos los voluntarios y la gente atendiendo a cada persona necesitada”[i].

Hasta el 7 de diciembre y de acuerdo a la primera programación de actividades entregada por el Ministerio de Educación a las escuelas en los primeros días del pasado mes de agosto, el 60 % de los estudiantes de Educación Básica habían perdido 17 días de clase  -12 días por el diferimiento del inicio del año escolar por razones electorales y 5 días como consecuencia de la emergencia ocasionada por las lluvias. Es importante recordar, en este punto, que la reprogramación del año escolar que hizo el Ministerio de Educación con motivo del pasado proceso electoral, no incluyó la recuperación de los 12 días de clase perdidos, sino un ajuste de las actividades a lo largo del año escolar y la incorporación de 4 días adicionales, dos en diciembre, que se consideraban de receso en la primera versión del calendario y dos en agosto, que, en dicha versión, estaban destinados a las fiestas de fin de curso en las escuelas. De hecho, con el ajuste realizado al calendario escolar, el Ministerio no logró alcanzar ni siquiera los 200 días hábiles de actividades escolares, pues pudo incluir sólo 192.

A partir de la última medida de suspensión de actividades, el 49 % de los estudiantes de Educación Básica de todo el país, perderán un total de 25 días de clase  -12 días por el diferimiento del inicio del año escolar por razones electorales y 13 días[ii] como consecuencia de la emergencia ocasionada por las lluvias- lo que representa el 37 % de los días hábiles que se deberían dedicar a las clases, en el primer lapso del año escolar 2010-2011.

Es evidente que la situación planteada por la emergencia ocasionada por las lluvias, no es de fácil solución y la tendencia natural es anteponer las labores de rescate y atención de alimentación y salud en los refugios, a cualquier otra acción. Sin embargo, la educación es un derecho establecido en la Constitución y derivado de convenciones internacionales que Venezuela ha suscrito. La educación es reconocida como derecho humano y como tal, hay una serie de premisas que se deben aplicar aún en las condiciones más adversas.

La primera de ellas es que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, por lo tanto, no se puede priorizar un derecho con respecto a otros. Esto significa en la práctica, que el Estado debe garantizar todos los derechos humanos de forma conjunta y no puede sacrificar la garantía de un derecho por dar cumplimiento a otro, así el otro sea el derecho a la vida.

También es necesario precisar que hay derechos, que son de realización inmediata, en esta condición están los derechos civiles y políticos, mientras que los derechos económicos y sociales, son de realización progresiva. El derecho a la educación es uno de los derechos de realización progresiva. No obstante, el que el derecho a la educación sea de realización progresiva, no implica que, incluso en situaciones de crisis como la actual, no existan obligaciones de realización inmediata por parte del Estado.

Una consideración adicional con respecto a la educación como derecho humano, se desprende de la LOPNA cuyo artículo 7 declara a los derechos de los niños y adolescentes como prioridad absoluta, lo que se traduce en especial preferencia, precedencia y primacía de éstos en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en el acceso a los servicios públicos y en la protección y socorro en cualquier circunstancia. En el caso que nos ocupa, implica la preferencia de los derechos de los niños y adolescentes ante los derechos del resto de los ciudadanos.

En una situación de crisis como la que estamos viviendo, estas premisas tienen que ser incorporadas como parte de los criterios que orienten la toma de decisiones del gobierno. Partiendo de ello, se hace evidente, en primer lugar, la necesidad de evaluar la decisión tomada por el ejecutivo de suspender las clases hasta el mes de enero en todo el territorio de las 10 entidades que continúan afectadas por las lluvias y sus consecuencias.

Para realizar esta evaluación es importante considerar que no todo el territorio de estas entidades se encuentra afectado y que las zonas afectadas no se encuentran en las mismas condiciones de gravedad. Lo mismo sucede con las escuelas. En efecto, al hacer esta evaluación se tiene que considerar que las escuelas, en las mencionadas entidades, pueden encontrarse en uno de estos tipos de situación:

1. Escuelas directamente afectadas por estar en zonas de inundación o desastre.

2. Escuelas que están siendo utilizadas como refugio.

3. Escuelas cuya accesibilidad se ha visto afectada.

Para cada situación la respuesta del Estado debe ser diferente, por lo que una primera medida en este sentido, debe ser clasificar a las escuelas de acuerdo a las 3 condiciones indicadas y ajustar el decreto de suspensión de actividades a las escuelas que se encuentran directamente afectadas y aquellas cuya accesibilidad se ha visto afectada existiendo la imposibilidad de modificar esta condición, permitiendo que el resto de las escuelas de esas 10 entidades comiencen sus clases de inmediato.

A pesar de las dificultades naturales relativas a una evaluación de este tipo, el país cuenta con información que permite afinar la medida de suspensión de clases. De hecho, a partir de la información con la que contamos a través de los medios, de Protección Civil e incluso a través de la información suministrada al Observatorio directamente por el Gobernador del Táchira, Cesar Pérez Vivas y por la Sub-Secretaria de Educación de la Gobernación del Zulia, Jennifer Faría, contamos con datos que nos permiten poner los siguientes ejemplos.

En el estado Miranda, sólo el 24 % de las escuelas se encuentra ubicado en las zonas gravemente afectadas. De modificarse esta medida, se podría garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes del estado, a través de la prestación directa del servicio en el 76 % de las escuelas y de la ejecución de planes de atención especial para los estudiantes de ese 24 % de escuelas que se encuentran en zonas de desastre.

En el Táchira, solamente 10 escuelas se encuentran afectadas por las lluvias. Estas representan el 0,8 % del total de las escuelas de este estado, por lo que el resto puede reiniciar las clases de inmediato y para los estudiantes de las escuelas afectadas, se debe ejecutar un plan de atención especial en el lugar en el que se encuentren refugiados con sus familiares, de forma de garantizar el derecho a la educación para todos.

En el estado Zulia, la situación es diferente porque 12 de sus municipios se encuentran severamente afectados por las lluvias. En ellos, en los que se ubica el 33 % de las escuelas de esta entidad, se hace imposible asistir a clases y se debe mantener la medida de suspensión de actividades en ellas, pero se debe ejecutar un plan especial de atención que permita garantizar el derecho a la educación para sus estudiantes. Por otra parte, hay 3 municipios en vías de recuperación que, de acuerdo a la información suministrada, están 60 % operativos, por tanto, puede analizarse minuciosamente en cuáles escuelas se pudieran reanudar las clases de una vez y en cuales es imposible hacerlo. Y adicionalmente, hay 6 municipios, que son en los que se ubica la mayor cantidad de escuelas de este estado (54 %), en los que se pueden reiniciar las clases de inmediato.

Acompañando a esta medida, debe presentarse y ejecutarse un plan especial para la atención educativa de los niños y jóvenes que se encuentran en los refugios y también para la atención de aquellos cuyas escuelas están siendo utilizadas como refugios. Este plan se deriva del carácter de la educación como derecho humano y de su condición de prioridad absoluta en cualquier circunstancia, que obligan al Estado a que las acciones de ayuda a los afectados por las lluvias, incluya el derecho a la educación de forma conjunta con la protección del derecho a la vida y con la garantía del derecho a la alimentación, a la salud y a la vivienda, entre otras. Respondiendo así a la obligación inmediata que tiene el Estado ante un derecho de realización progresiva, mientras provee una solución definitiva que garantice el derecho a la educación, al menos, en las condiciones equivalentes a las que tenía hacía justo antes de la crisis ocasionada por las lluvias.

Una tercera medida que es independiente de la duración de las lluvias en las zonas afectadas, es la ubicación y acondicionamiento de nuevos refugios a los que trasladar a las personas que actualmente se ubican en las escuelas convertidas en refugios. Esta medida se hace necesaria por la cantidad de tiempo que se estima tomará la construcción y adjudicación de viviendas para las 31.000 familias damnificadas. Esta debe contemplar un plan operativo en el que se especifiquen los tiempos de ubicación y acondicionamiento de los nuevos refugios, así como, los de traslado de las personas alojadas en las escuelas-refugio.

Una cuarta medida es la reprogramación del año escolar, esta debe operar de forma diferente para cada una de las situaciones en las que las escuelas o sus estudiantes se encuentren. Un tratamiento deberán recibir aquellas escuelas que han sido afectadas por la suspensión de actividades, pero que ya se encuentran en condiciones de continuar con las clases. Otro tratamiento corresponderá a los estudiantes que se encuentren en los refugios y que sean atendidos por los planes especiales de educación. Y otro muy diferente será el que corresponda a los estudiantes cuyas escuelas están siendo usadas como refugios. En este último caso, la reprogramación debe estar acompañada o precedida por la ubicación de un espacio para la realización de las actividades escolares, mientras las escuelas sean utilizadas como refugios.

Para las escuelas que han sido afectadas directamente, tal como lo ha anunciado el Ministerio de Educación, se debe hacer una evaluación del estado de sus estructuras que determine si son recuperables o deben sustituirse. Este elemento y el tiempo que tomará tener una infraestructura en condiciones óptimas, deberá considerarse al momento de diseñar la reprogramación del año escolar.

Sin embargo, debe quedar muy claro que reprogramar las actividades implica serias medidas, porque, hasta el momento se ha visto severamente afectado el desarrollo del año escolar y cada día de clase, cada día de actividades escolares, es vital para garantizar una educación de calidad y por ende, hacer efectivo el derecho a la educación. Es por eso que se espera que las modificaciones que se hagan, así como los planes especiales de atención educativa en los refugios, consideren las posibilidades reales de desarrollar el proceso educativo cumpliendo con lo establecido en el currículo vigente.

Finalmente, para la reprogramación del año escolar deberá considerarse la modificación del calendario actual utilizando, al menos, dos de los 5 días de Semana Santa y extendiendo el año escolar a los primeros días de agosto. Para ello, debe contarse, no sólo con la voluntad del Ministerio, sino con la disposición de las familias de los estudiantes y especialmente de los gremios del sector (docentes, administrativos y obreros) quienes verán afectados sus días de vacaciones, por lo que sería una gran contribución que expresaran su disposición públicamente, para así facilitar el trabajo de reajuste por parte del Ministerio.

 

[ii] No se incluyen los dos días, 21 y 22 de diciembre de actividades escolares porque corresponden a entrega de boletas y planificación y no a clases.

 

 

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2 pensamientos en “Emergencia por las lluvias y el derecho a la educación

  1. Catalina Ramos en dijo:

    En primer lugar, agradezco enormemente a Olga y al Observatorio, ofrecernos este analisis detallado, minucioso y exhaustivo de la situacion actual. Ojala los que llevan adelante laas politicas publicas en nuestro pais se molestaran en mantener actualizada su data, de modo que en una circunstancia como la actual, pudiesen utilizarla para tomar decisiones.
    Ahora bien, desde mi perspectiva, habria que agregar al analisis algunos aspectos que quiza los numeros por si solos no muestran.y que considero esenciales tambien para tomar en cuenta en un analisis de este nivel y calidad.
    Lo primero, las familias afectadas no solo perdieron sus casas. En la inmensa mayoria de los casos, esas familias perdieron sus casas, sus ropas, sus zapatos, sus cuadernos, sus libros, sus enseres, y su estabilidad emocional. Y algunos, por segunda o tercera vez, de 1999 a esta parte. Ademas de lo anterior, los niños que estan en los refugios o aislados con el agua a las rodillas como en Higuerote, Sinamaica o Tucacas, dependen, para seguir adelante con sus vidas de estudiante, de algun adulto que no esta asistiendo a trabajar, porque no hay paso, porque se esta ocupando de que lo reciban en un refugio o porque estando en uno, no tiene a mas nadie que cuide mientras tanto de esos niños. Y asi podria seguir ilustrando con ejemplos la cadena indivisible de efectos de esta emergencia que definitivamente a mi modo de ver, si es nacional.
    Es cierto que, con una buena base de informacion, las decisiones pueden hilarse mas fino y ser mas acertadas. Pero sabemos que en esta gestion publica, la informacion seria y actualizada no es un atributo ni mucho menos. Tambien es inobjetable que hay que profundizar en cuanto a la reprogramacion del año escolar, que de paso ya estaba en deuda desde octubre.
    Pero, hay una importante zona del pais nuestro a quienes el derecho a la educacion no les parecera el prioritario por encima de los demas derechos, y aquellos que tenemos la ventaja de disfrutar de el, en cualquier lugar que estemos, tendriamos que buscar el modo de ayudar a que aquellas familias se reencuentren con la esperanza de que sus vidas en algun momento volveran a algun grado de normalidad, y mas aun en este mes de diciembre, donde todos solemos darle sentido de celebracion y alegria por la navidad.
    Yo he tenido la suerte de asistir a un centro de acopio en el que los que arman las cajas con los insumos para las familias afectadas son adolescentes y niños, de esos que ahora no tienen clases aunque sus escuelas estan bien. No se como iran en matematica o lenguaje, pero estoy segura de que estan aprendiendo valores y herramientas que nos haran mucha falta, tanto como la tecnica, en la reconstruccion de este hermoso y golpeado pais.

  2. Nacarid Rodríguez en dijo:

    Excelente información, muy bien ilustrada. Me parece que en los 3 tipos de situaciones, que mencionas: “1. Escuelas directamente afectadas por estar en zonas de inundación o desastre.2. Escuelas que están siendo utilizadas como refugio. 3. Escuelas cuya accesibilidad se ha visto afectada.” Es necesario agregar como cuarta categoría las escuelas que NO han sido afectadas, cuyas actividades no deberían suspenderse. Sabemos que en condiciones normales también se pierden muchos días de clases y que en las escuelas no se lleva un registro cuidadoso de los días efectivamente aprovechados, ni de los días suspendidos. De allí que esta suspensión masiva y generalizada preocupe tanto, las actividades de apoyo, para los niños más afectados, tendrían que prolongarse hasta el año siguiente o hasta su total y verdadera recuperación.

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