Observatorio Educativo de Venezuela

Monitoreando el cumplimiento del Derecho a la Educación en Venezuela

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Consulta Educativa: sondeo sobre la experiencia en las escuelas


En el Observatorio Educativo de Venezuela, desde que comenzó la Consulta Nacional para la Calidad Educativa, hemos recibido información de diversos actores de las escuelas. Esa información, entre otras, es la que nos ha permitido darle contenido a las 5 publicaciones previas.

Dado que el proceso de Consulta, específicamente la fase dirigida a recoger la opinión de los miembros de las comunidades educativas en las escuelas, terminó el pasado viernes 23 de mayo, preparamos unos cuestionarios con el propósito de recabar información general sobre el desarrollo de esta fase de la Consulta en los planteles.

Como es obvio, no se trata de una evaluación del proceso, sino de un sondeo entre quienes quieran aportar datos sobre su experiencia, para identificar algunos elementos sobre el desarrollo de esta fase de la consulta.

A continuación encontrarán un enlace con el cuestionario para cada tipo de miembro de las comunidades educativas de las escuelas.

Directivos (Directores o directivos encargados de organizar la Consulta en el plantel)

Docentes

Madres, Padres y Representantes

Personal de apoyo

Estudiantes de Educación Media

Los cuestionarios tienen tanto preguntas abiertas como cerradas y el formulario para responderlos está en línea, de forma que, al terminar de responder y darle a enviar, las respuestas llegan directamente y sin identificación personal a la base de datos.

En la primera sección de todos los cuestionarios, hay unos campos que permiten identificar algunas características de la escuela, y se solicita que coloquen el nombre. Esto se hace con el propósito de poder agrupar los datos enviados y que no se tomen como de instituciones diferentes, las opiniones expresadas por miembros de la comunidad educativa de una misma escuela. Sin embargo, a la hora de procesar los datos y de presentar los resultados, se omitirán todos los epónimos.

Agradecemos a todos aquellos que quieran responder el cuestionario, que lo hagan a más tardar domingo 15 de junio, para que podamos procesar la información recibida y publicar los resultados en este blog.

También agradecemos que nos ayuden a difundir esta iniciativa, para ampliar las posibilidades de participación de los miembros de las comunidades educativas de todas las escuelas.

Muchas gracias por su colaboración.

Primeras notas sobre la Consulta Educativa: Características y documentos


I. A modo de introducción

Desde que comenzó a divulgarse la información sobre la existencia de la Comisión Nacional y la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, se generaron inquietudes, especialmente en los actores de las comunidades educativas en las escuelas.

Los que se acercaron a plantearnos sus inquietudes, tenían muchas preguntas sobre la importancia del proceso, la transparencia del proceso, la conveniencia de participar o no en el mismo, la posibilidad de ser o no utilizados para validar decisiones que podrían estar previamente tomadas, dudas naturales en un ambiente de tensión política como el que estamos experimentando como país y sobre un proceso que se desarrolla tomando en cuenta los antecedentes previamente citados.

Algunos de los actores nos hicieron llegar, de forma extraoficial y pidiendo que no se revelara la fuente, los documentos a los que habían tenido acceso y otros nos contaron algunos detalles sobre las experiencias que habían vivido en torno a este proceso, hasta el momento de contactarnos.

Tomando como base la información recibida y dado que, aunque aún no ha sido divulgada oficial y masivamente, la información en torno a la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, es pública y debe ser conocida por todo el país, preparamos la siguiente presentación que incluye capturas de pantalla de los documentos que hemos recibido, pero también enlaces en los que los interesados pueden bajar los documentos y leerlos con todo detalle para que tengan la información completa, puedan revisarla, discutirla y formarse su propia opinión.

También incluiremos la información suministrada por los actores escolares sobre lo que ha sucedido en sus escuelas hasta el momento, y haremos algunas apreciaciones sobre el diseño del proceso de consulta.

Los materiales los iremos colocando a lo largo del texto, sin embargo, cabe decir previamente, que los mismos incluyen: un documento de presentación de la Comisión y la Consulta que contiene características del proceso de debate a lo largo del período que dura la consulta, un folleto general y uno divulgativo de la consulta, un documento con los 10 ejes de discusión, 4 guías para la consulta con los estudiantes, una guía para las zonas educativas, una para los facilitadores, una para las defensorías educativas y una para la sistematización de la información, más un instructivo para los directivos de las escuelas. En total, se trata de 13 documentos, preparados por el ministerio de educación que ya son del conocimiento de algunas escuelas.

Es importante resaltar que, desde la primera versión recibida, hasta la versión recibida hace un par de días, hay fundamentalmente diferencias de forma, que en algunos casos consisten en eliminación de la edición en color -que suponemos se hace para bajar los costos de reproducción de los materiales- y en otros, consisten en la fusión en uno, de dos materiales presentados previamente separados; también se apreciaron algunas modificaciones de contenido. Entendemos que algunos de los materiales que nos llegaron en la primera entrega tenían calidad de borrador debido a los errores y omisiones que encontramos en algunos de ellos.

II. Presentación de la consulta

Ministerio del Poder Popular para la Educación anunció el inicio de un proceso denominado Consulta Nacional por la Calidad Educativa.

Esta surge como parte de un esfuerzo por construir una política pública que oriente al sector en los próximos 10 años, pero también, que dé orientaciones para trasformar el currículo de la Educación Básica, que permita diseñar algunos instrumentos normativos que, desde la promulgación de la Ley Orgánica de Educación, en agosto del 2009, están pendientes y obtener sugerencias específicas para atender problemas urgentes relacionados con la calidad de la educación.

La primera acción de este esfuerzo, fue la constitución de la Comisión Nacional por la Calidad Educativa

Imagen1

Ésta, de acuerdo al material informativo del Ministerio, está conformada por:

Imagen2

En ese mismo documento, se especifica el siguiente mandato para la Comisión:

Imagen5

Sí detallamos lo que se establece en el mandato, podemos ver que se trata de orientaciones para producir las políticas, diseños y normas que se mencionaron arriba, pero también, se habla de la “necesidad de refundar y fortalecer la institucionalidad educativa“, lo que explica el nivel de generalidad y el tipo de preguntas que se incluyen en cada uno de los temas, como se verá posteriormente. Este esfuerzo, pareciera tener intenciones similares a las que tuvo la Constituyente Educativa que se desarrolló desde 1999.

En el folleto divulgativo de la consulta, presenta, de forma sintética, una versión un poco diferente del mandato de la Comisión, más los principios y el marco ético y legal que rige esta iniciativa y los 10 temas que serán tratados a lo largo del proceso. Éstos se pueden ver a continuación:

image

Es importante resaltar que cada uno de los 10 temas tiene una breve presentación y una serie de preguntas orientadoras que se utilizarán para promover el debate en torno al mismo. Estas preguntas se encuentran recogidas, entre otros materiales, en el documento denominado 10 Ejes de la Consulta. Para conocer tanto la presentación de cada tema, como las preguntas generadoras, pueden bajar el documento en este enlace: 10 Ejes de la Consulta

En términos del alcance y método de la consulta educativa, podemos apreciar, en la síntesis incluida en el folleto divulgativo que se trata de hacer un diagnóstico del subsistema de Educación Básica y de obtener dos tipos de orientaciones, recomendaciones al ministerio pata el diseño de la política educativa y sugerencias de medidas inmediatas para la solución de problemas urgentes. En cuanto al método, están previstas dos modalidades: consulta difusa y concentrada.

image

Como se puede apreciar, se trata de un proceso complejo del que se aspira obtener una gran cantidad de opiniones, por lo que, el proceso de sistematización y procesamiento de la información cobra importancia especial.

Cabe señalar que, además de los eventos y actividades propios de la consulta y del producto de las reuniones de la comisión, el proceso incluye la realización de 29 estudios diagnóstico que serán desarrollados por investigadores dedicados específicamente a ello, y estos estudios serán acompañados de seminarios permanentes para discutir sus avances y sus relaciones con los temas. Los alcances y objetivos específicos de cada uno de estos estudios, ni las pautas para la conformación y funcionamiento de estos seminarios, no se encuentran en el material revisado, pero el listado de temas sobre los que se harán los estudios, es el que se presenta a continuación:

temas estudios

Continuando con la información sobre el proceso de consulta, entramos ahora con el cronograma establecido. En el folleto general de la consulta, se presenta de manera sintética el siguiente cronograma:

cronograma

En este cronograma se puede apreciar con un poco más de detalle en el documento de presentación de la comisión, antes citado. Este contiene los eventos, con algunas características como participantes y productos, organizados en dos “Rutas“, la Ruta Escolar y la Ruta Concentrada Múltiple. A continuación les dejamos unas capturas de pantalla con la información general de cada ruta. El resto de la información pueden verla con detalle en el documento correspondiente.

La primera imagen recoge los diversos niveles en los que se desarrollará la Ruta Escolar:

Imagen7

Por lo que se aprecia en los gráficos del cronograma, la Ruta Escolar comienza en el levantamiento de la información en las escuelas, pasa por su agregación, debate y sistematización en los niveles parroquial. municipal y estadal, para terminar en tres eventos nacionales: un congreso pedagógico nacional sobre calidad de la educación, una Asamblea Nacional OBE (que es la Organización Bolivariana de Estudiantes) y una serie de Foros Universitarios.

A continuación se presentan la imágenes que recogen la información sobre las características en los denominados “nivel Escuela”, “nivel Parroquia”, “nivel Municipio” y las primeras páginas de los niveles Estado y Nacional (el resto de las páginas de cada nivel, se pueden ver en el documento).

nivel escuela

nivel parroquia

Cabe señalar que en el material recibido y revisado, no se especifica la forma y los criterios para la selección de los voceros de las escuelas que participarán en el encuentro parroquial, lo que podría quedar a criterio de cada unidad educativa. Es interesante señalar adicionalmente, que se establece que se trata de dos voceros por cada actor independientemente del tamaño de los planteles, lo que significa que no importa el tamaño de la comunidad educativa, ni la diversidad que se exprese en la misma, a la hora de la participación en este evento.

nivel municipio

Como se aprecia en esta captura de pantalla, en cada municipio se tiene previsto realizar 3 encuentros. El primero de ellos es un encuentro de la OBE, Organización Bolivariana de Estudiantes. Al respecto, hay que señalar, que esta organización, fundada en el 2005, aglutina a estudiantes que son líderes y voceros simpatizantes del denominado proceso revolucionario. De acuerdo a algunas noticias encontradas en la prensa, esta organización, además de promover un proyecto político específico, tiene un simpatía partidista específica, tal como se aprecia en la siguiente noticia: OBE motiva a estudiantes para incorporarse en el PSUV. Esta característica, como condición de organización de este encuentro, resulta excluyente de los movimientos estudiantiles que hacen vida en las escuelas de todo el país y que no son ni simpatizantes del proyecto revolucionario, ni militantes del PSUV.

nivel estado

Los encuentros en cada Estado son 4, un encuentro con el personal de apoyo de las escuelas, uno con el personal directivo y autoridades del ministerio, uno con las defensorías escolares y un encuentro pedagógico estadal que es preparatorio del congreso nacional.

nivel nacional

En el nivel nacional de esta Ruta, se presenta el mismo problema que en el nivel municipal con los participantes del evento del sector estudiantil, en el que, de acuerdo al cronograma, es una Asamblea Nacional de la Organización Bolivariana de Estudiantes.

OBE

La otra Ruta, la que se denomina la Ruta Concentrada Múltiple consiste en la realización de una serie de encuentros sectoriales en los Estados y a nivel nacional. Para que tener idea de las características de los encuentros Estadales, les presentamos la siguiente captura de pantalla:

nivel estadal ruta concentrada multiple

Los tipos de encuentros y los sectores convocados a nivel nacional en este ruta, se pueden ver a continuación:

ruta concentrada multiple

Esta Ruta termina con dos eventos internacionales, una reunión de ministros de educación y un seminario internacional sobre calidad educativa. Ambos eventos están programados para el mes de julio, tal como se puede apreciar en la última página del documento de presentación.

Aquí les dejamos los enlaces para que puedan bajar tanto el Documento Presentación que incluye las premisas de trabajo de la comisión y del proceso de consulta en términos generales, pero también una visión completa del cronograma con el tipo de eventos a desarrollar, los productos y los tiempos; el folleto divulgativo que es un documento breve que no contiene información adicional a la presentada en las capturas arriba incluidas; así como el folleto general de la consulta que contiene, además de los elementos de presentación del proceso ya mencionados, los 10 temas propuestos y el plan de acción incluyendo las características de la consulta y el listado con los estudios que se incluirán en el proceso.

Para terminar con las características generales de la consulta, es fundamental señalar que, además de los productos de cada uno de los eventos y de los estudios diagnóstico, se aspira a lograr un “saldo organizativo” a lo largo de este proceso. Es importante llamar la atención sobre este aspecto, porque aunque resulte natural suponer que, como producto de un esfuerzo tan grande como el que está descrito en la documentación, se logre la articulación de las comunidades educativas y los actores del sistema, más allá de sus ámbitos naturales de acción. Sin embargo, el criterio para promover dicha organización resulta, de hecho, excluyente de todo el que no simpatice o milite en las filas de las organizaciones que apoyan al denominado proyecto revolucionario. Para ilustrar con el texto del material, a lo que nos referimos en este punto, tomaremos una captura de pantalla de la página 7 de la guía para las Zonas Educativas:

saldo organizativo

Aquí pueden bajar y leer la Guía para las Zonas Educativas

III. Sobre el levantamiento de la información, su sistematización y procesamiento, asociado a la consulta.

La Ruta Escolar, que es la que se encuentra más desarrollada en los documentos a los que hemos tenido acceso, se inicia con la consulta en las escuelas. En este nivel, los responsables son los Directores de las instituciones educativas de todo el subsistema de Educación Básica. Las pautas para su trabajo se encuentran en el documento denominado Instructivo Para Directores de Planteles Educativos (que pueden bajar y revisar en el enlace precedente) y son las siguientes:

en las escuelas

Además de esas sencillas pautas, los formatos para el registro que constituyen el informe de la escuela, se pueden ver también en ese documento.

En las escuelas, el proceso de facilitación es realizado por los docentes. Las preguntas que se harán a los estudiantes, varían de acuerdo a los grados que cursen. A continuación se recogen las preguntas para cada grupo.

preguntas

Aquí pueden bajar las guías para trabajar con los estudiantes:

Primaria primer a tercer grado, Primaria cuarto a sexto grado, Bachillerato primer a tercer añoBachillerato cuarto y quinto año

La facilitación de los encuentros en las escuelas, está bajo la responsabilidad de los docentes y de los encuentros en las parroquias,municipios y los estados recaen en el personal que para ello contacten las zonas educativas. Lo mismo sucede con la sistematización de la información.

Después de revisar el material, apreciamos que las pautas para ambas actividades, no están desarrolladas de forma suficientemente precisa para la cantidad y diversidad de personas que se espera participen a lo largo y ancho del país cumpliendo esas funciones. De hecho, cuando se trata de procesos de levantamiento en los que se trabaja con información cualitativa, una premisa de las personas responsables, es comprender que los criterios personales y el punto de vista tanto de facilitadores como de los que hacen el registro y la sistematización de la información, no pueden dejarse colar en el trabajo que se realiza, por eso, siempre se atiende y cuida con mucho énfasis a la formación de las personas encargadas de realizar esas funciones, porque, en los proceso cualitativos, las personas, más que los formatos, terminan funcionando como los instrumentos que determinan la calidad de la información levantada o construida.

En esta consulta, resulta preocupante que no se estén desarrollando encuentros previos a su arranque, que permitan la formación de los docentes que se van a encargar de la facilitación de los procesos en las escuelas y del registro de la información que allí se produzca, y de los directivos que son los encargados de coordinar el proceso y de sistematizar los resultados y elaborar los informes en cada caso. Esta es una formación que no se garantiza en una reunión de trabajo, pues además de leer instrucciones que, como ya se dijo, no son suficientemente precisas, se trata de construir criterios comunes para poder realizar de forma exitosa las actividades relacionadas con cada función. Esta es una preocupación fundamental sobre el desarrollo del proceso de consulta y su posibilidad de éxito.

La guía de los facilitadores y la guía de sistematización de información, se pueden bajar en los enlaces que suministramos aquí.

Por otra parte, más allá de los encuentros en las escuelas, la responsabilidad de la consulta recae en las Zonas Educativas de cada Estado. En la siguiente captura de pantalla se aprecian sus responsabilidades y los eventos que deben organizar.

responsabilidad zonas

Las Zonas Educativas, además de lo que se aprecia en esa captura de pantalla, tienen responsabilidades específicas en la organización de los eventos y en los procesos de facilitación y de sistematización de la información. Los detalles de estas responsabilidades están incluidos en el folleto para las zonas educativas que pueden bajar en el enlace que colocamos en los párrafos precedentes.

Finalmente, es importante hacer notar que, en los documentos a los que hemos tenido acceso hasta el momento, no se hace mención alguna ni de las preguntas se se harán como parte de la denominada “Consulta Difusa” (foros y preguntas estructuradas colocadas en páginas web, recepción de opiniones en buzones, llamadas telefónicas, al menos, a 70 mil familias venezolanas; conciertos masivos), ni cómo se procesarán y el peso que tendrán en la totalidad de la información levantada en todas las actividades de la consulta.

IV. Unas críticas fundamentales

Dada la forma en la que se expresan los productos que se aspira a lograr con este proceso, pudiera interpretarse que los resultados de esta consulta, podrían resultar no vinculantes para la toma de decisiones que el ministerio de educación haga cuando elabore las políticas públicas para los próximos 10 años, las soluciones a los problemas urgentes asociados con la calidad educativa, diseñe un nuevo currículo y los instrumentos normativos pendientes. Eso, unido a la disposición de incorporar lo establecido en el Plan de la Patria como referente de la consulta y también como referente para la elaboración de los mencionados instrumentos, permite que la desconfianza que, se mencionó existe en el país, producto tanto de la tensión política actual, como de los antecedentes de este proceso, en lugar de disiparse, se mantenga.

Por otra parte, dada la envergadura del proceso que se tiene previsto y la cantidad y diversidad de actividades que lo conforman, el tiempo estipulado resulta poco, por lo que los actores escolares se ven apresurados para participar y generar acuerdos sobre los tópicos de la consulta, cuando lo que debería privar en el proceso, es la posibilidad de debatir y de construcción participativa de acuerdos entre los actores del sistema en todos los niveles de desarrollo de la consulta.

Por lo que se mencionó en la sección anterior, el proceso de sistematización y procesamiento de la información en el formato en el que es producida, es extremadamente delicada y requiere de unas destrezas  para las cuales se debe promover la formación de los facilitadores, con mucha más precisión y mejores orientaciones que las que aparecen en los documentos producidos por el ministerio. Esta parte del proceso puede garantizar el éxito o condenar al fracaso las reuniones en los planteles y los eventos en todos los niveles, por lo que requeriría una atención especial y previa al desarrollo de la consulta.

Finalmente, y con la misma lógica de la crítica a la utilización del Plan de la Patria como referente, las reuniones de estudiantes, restringidas a la participación de los simpatizantes y partidarios de una fuerza política específica, y la aspiración a consolidar como saldo organizativo una “fuerza revolucionaria”, echan por el trasto las disposiciones generales que dibujan al proceso como un proceso signado por la inclusión y la pluralidad.

 V. Algunas notas sobre la información recibida de los actores escolares

Hasta el momento de escribir este post y desde el 25 de marzo, tuvimos información sobre eventos que se habían desarrollado algunos eventos en algunas regiones, así como de reuniones preparatorias entre el personal de las zonas educativas en los municipios y los directivos de las escuelas y de algunas reuniones en las escuelas.

De la información recibida, supimos que, para finales de la semana pasada, se había congelado el proceso en algunas zonas, debido a que se esperaba tener nuevos lineamientos y que la comisión nacional encargada estaba reunida para producirlos. Las zonas en las que se encontraba el proceso en espera eran: Bolívar, Nueva Esparta, algunas localidades en el Estado Miranda y otras en el Estado Anzoátegui que incluían El Tigre. El proceso, pero debido a las protestas que se desarrollan desde hace más de dos meses, también se encontraba suspendido en el Estado  Táchira.

También recibimos información sobre la resistencia de los actores de las comunidades educativas a participar, en diversos estados del país. Y sobre situaciones irregulares como la que nos llegó desde el Estado Carabobo, en la que nos informaron que en ese Estado, se realizó un evento convocado por la Zona Educativa para informar sobre la consulta, la reseña que nos enviaron sobre el evento es la siguiente: “Iniciándose la reunión con el Himno Nacional y canciones de Alí Primera, seguido por el cántico de consignas “Chavez vive – la patria sigue”. En resumen todo se inició como un evento político, muchos de los asistentes se retiraron. El discurso de centró en la politización de la educación, la ideologización de los docentes para que apliquen la doctrina en las aulas y la obligatoriedad de cumplir con las actividades relacionadas con la revolución como por ejemplo el aniversario de la muerte de Chavez, reflejado en carteleras y asignaciones”

Adicionalmente, es importante señalar que dos de los temores que han expresado algunos de los actores educativos que nos han hecho llegar sus preocupaciones, es que en otras oportunidades el Ministerio de Educación les ha dicho que sus opiniones y perspectivas sobre educación, no necesariamente quedarán reflejadas en el resultado final de lo consultado, porque su peso es muy pequeño en comparación con el del resto de los actores del sistema educativo consultado, esta situación ha incrementado la desconfianza en algunos actores y han planteado que no están seguros de participar en un proceso que pudiera ; y que la presencia de ellos, en oportunidades anteriores que incluyeron los foros realizados por el ministerio en esfuerzos para validar los diseños curriculares pasados, como público en foros, era recogida en hojas de asistencia como participantes de un proceso de consulta, lo que le permitía al ministerio afirmar que había consultado a mucha gente, cuando en la práctica no era cierto.

VI. Una propuesta para las escuelas

Dados los temores expresados por las escuelas, y a sugerencia de algunos actores escolares que se han comunicado con nosotros, hemos decidido poner a disposición de todas las escuelas que lo deseen, nuestro correo electrónico para recibir el informe sobre el proceso de consulta que, de acuerdo a los materiales del ministerio, debe contener la relatoría para los encuentros en el aula y un documento con la relatoría del envento con el Consejo Educativo. De esta forma, quedará una copia de los aportes de las escuelas al proceso de consulta registrado por el Observatorio.

El correo al que deben hacer el envío es oevenezuela@gmail.com

 

Los antecedentes de la Consulta Educativa, se encuentran en: Primeras notas sobre la Consulta Educativa: Antecedentes

Primeras notas sobre la Consulta Educativa: Antecedentes


En pasado mes de marzo, después de algunos anuncios parciales previos, el Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció al país el inicio de la denominada Consulta Nacional por la Calidad Educativa.

Para comprender tanto las características de la consulta, como las primeras reacciones que ella ha suscitado, comenzamos haciendo una revisión de los principales eventos que relacionados con diseño y propuestas de cambio curricular, que hemos tenido desde 1999.

En próximas entregas, todas presentadas con el título “Primeras notas sobre la Consulta Educativa” presentaremos la información, sobre la Consulta que tenemos hasta el momento.

Antecedentes más relevantes de la Consulta Educativa del 2014

I. Instrucción Pre-militar

En 1980 por resolución conjunta de los ministerios de educación y defensa, se crea, dentro del Ministerio de Educación, la Comisión Permanente para la Instrucción Premilitar. Esta comisión servirá de base para que, en 1982, por resolución del Ministerio de Educación, se cree, con carácter experimental, la asignatura Instrucción Premilitar. Como asignatura experimental, se dictaba en primero y segundo año (actuales cuarto y quinto año de bachillerato), en una muestra de planteles de educación media a nivel nacional, por instructores militares que eran asignados a las escuelas.

El 15 de junio de 1999, recién iniciado el primer gobierno de Hugo Chavez , el Ministerio de Educación, sin mediar una evaluación sobre un ensayo, promulga la Resolución 1.856 con la que se extiende, de forma progresiva y obligatoria, en un lapso de 3 años escolares, la asignatura, a todos los planteles de Educación Media del país.

En esta asignatura el programa de estudios incluía formación en destrezas militares  -manejo de armas, aspectos de la disciplina física asociada a la formación militar- y una visión geopolítica basada en la doctrina de seguridad y defensa nacional.

Esta fue la primera decisión, en materia de modificación curricular, que generó importantes críticas en el país. Las críticas estaban centradas en dos aspectos: el primero, la inclusión de la formación militar como obligatoria en la educación media, en un currículo dirigido a formar ciudadanos y segundo, la presencia, tanto de un instructor militar en las escuelas medias, como de contenidos, como el manejo de armas, que no eran adecuados para la formación de jóvenes y de aspectos como las nociones de geopolítica con enfoque de la doctrina de seguridad y defensa nacional, que se distanciaban de una visión ciudadana de formación cívica.

La reacción crítica tuvo como consecuencia que se modificara el programa de estudios, excluyendo la mayoría de los contenidos cuestionados, comenzando por el manejo de armas. Esta medida incluyó la re-edición de los libros de texto empleados en la asignatura. Adicionalmente, la imposibilidad de las Fuerzas Armadas de asignar a un instructor militar para cada sección de cuarto y quinto año de educación media en todos los planteles del país, tuvo como consecuencia que esta asignatura terminara en manos de los profesores del área de ciencias sociales, lo que significó un cambio importante en el enfoque de la formación ofrecida.

II. Resolución 259

Comenzando el año 2000, el Ministerio de Educación promulga la Resolución 259 y con ella, la modificación de los programas de Ciencias Sociales de cuarto a sexto grado.

La modificación incluía una versión de la historia que omitía períodos, calificaba hechos y exaltaba la figura del entonces presidente Hugo Chávez, así como del proceso denominado revolucionario.

Como la anterior, esa resolución generó fuertes críticas por parte de la ciudadanía, al punto que el ministerio, a través de otra resolución derogó la 259 y el ministro Héctor Navarro, se justificó argumentando que la resolución había sido aprobada sin que él leyera el contenido de los nuevos programas.

III. La Educación Bolivariana

En el 2004, cuando el ministro de educación era Aristóbulo Istúriz se publicó el texto “La Educación Bolivariana” con el que se expresaban líneas generales del proyecto educativo del país y que abría la puerta para una serie de intentos de reforma de los programas de estudio de la educación básica y media (Es importante recordar que en ese momento, la educación básica era la que iba de primero a noveno grado. Con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación en agosto de 2009, la estructura del sistema cambia englobando todos los niveles bajo la denominación de Educación Básica, y denominándolos como educación inicial, educación primaria y bachillerato)

Sin embargo, el énfasis de esta política, no era la reforma curricular en todos los niveles, sino que planteaba una nueva estructura, con un nuevo modelo de escuela. Con ella llegó la creación de los Simoncitos, para el nivel de educación inicial, la reiteración de la Escuela Bolivariana como modelo de gestión para las escuelas básicas, la creación del Liceo Bolivariano, en un intento previo a la reestructuración de los niveles que se dio con la LOE en el 2009, de rescatar la estructura del bachillerato tradicional de 5 años y la conversión, básicamente de nombre de los planteles en los que se desarrollaban programas de formación para técnicos medios, en Escuelas Técnicas Robinsonianas.

En términos curriculares, el mayor cambio que se intentó, fue el relativo a los Liceos Bolivarianos, ya que se pretendía modificar la estructura de contenidos, convirtiendo grupos de asignaturas en áreas y utilizando como estrategia el desarrollo de proyectos de aprendizaje. La pretensión de dar un enfoque más integral a la formación de los estudiantes en estas instituciones fracasó debido a que no existía una propuesta de programas de estudio concreta, pretendiendo que los docentes en cada plantel se dedicaran a hacer su propio diseño, y a que la forma de contratación de los docentes siempre ha sido por horas, lo que dificulta el trabajo en equipo para el desarrollo de proyectos de aprendizaje que integren diversas asignaturas.

IV.  Sistema Educativo Bolivariano y Currículo Nacional Bolivariano

Posteriormente, en el año 2007, siendo ministro de educación, Adán Chávez, el hermano del entonces presidente, se presentaron al país sendos documentos de reforma curricular para todos los niveles, conservando la estructura que se había planteado en el documento “La Educación Bolivariana”. El denominado “Currículo Nacional Bolivariano” estaba recogido en un documento con los lineamientos generales y en un documento por nivel -inicial, primaria y secundaria-.

Ese diseño, que establecía el “Sistema Educativo Bolivariano”, recibió también fuertes críticas y protestas por parte de todos los actores relacionados con el sistema educativo, debido a que, además de la baja calidad en la elaboración de los lineamientos generales y de los programas de estudio, tenía un alto contenido ideológico y su enfoque violaba el respeto a todas las corrientes de pensamiento, establecido en el artículo 102 de la Constitución.

Para acompañar la instrumentación de esa propuesta, el ministerio había anunciado el desarrollo de unos libros de texto, pero en la cadena nacional en la que el entonces presidente de la República hacía el anuncio de los nuevos textos y programas, no pudieron presentarse. Ese proceso también fue acompañado con la organización de unos cursos de inducción y formación para los docentes de todo el país. Esos cursos eran obligatorios y tenían una duración de 300 horas. Durante el desarrollo de esos cursos, también se dio una fuerte crítica por parte de los docentes de todo el país quiénes confrontaron a los facilitadores tanto por la baja calidad de los programas, como por su sesgo ideológico, provocando que se paralizara ese proceso de formación.

Como consecuencia de las reacciones en todos los espacios y a través de un acto ejecutivo, se mandó a revisión la reforma. Como consecuencia, ésta fue retirada por el ministro y pasó de ser el “Currículo Nacional Bolivariano” a una propuesta de reforma curricular para ser debatida y revisada por el país.

V. Resolución 17.621

El 24 de marzo de 2011 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa promulgó la Resolución 17.621 que contenía el Plan Integral de Educación Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Esta resolución anunció la existencia de un nuevo pensamiento militar venezolano inspirado en el denominado árbol de las tres raíces (La visión geopolítica y moral de Simón Bolívar, la educación popular de Simón Rodríguez y los ideales de desarrollo endógeno que forzadamente se asocian a Ezequiel Zamora), pero también en la doctrina de seguridad y defensa nacional sobre la que se sustenta esta peculiar concepción de la “defensa integral de la nación” como una labor “cívico-militar” para defender a la patria de las amenazas internas y externas que se presenten y que se ilustra muy bien con una frase como “la acción defensiva de la Nación se extiende desde sus fronteras geográficas hasta la configuración ideológica del Pueblo en todos y cada uno de sus habitantes”.

La instrumentación de este nuevo pensamiento militar, incluía la pretensión de modificar el currículo nacional vigente de toda la educación básica y así como de modificar los planes de estudio de la educación universitaria con la imposición de “la Educación para la Defensa Integral como eje integrador del Sistema Educativo Nacional” para instrumentar “una nueva dinámica educativa con un enfoque muy particular: La Educación para la Defensa”, que se desprende, de acuerdo a la resolución, de lo establecido en la LOFAN cuando afirma que hay “una serie de funciones que implícitamente impulsan la aplicación de la gestión de la modalidad educativa militar, más allá del ámbito de los espacios castrenses”.

Para ello, la resolución afirmaba que la milicia desarrollaría, para la modalidad de educación militar, los planes y programas de estudio de la asignatura o materia denominada “Educación para la Defensa Integral” y la administrará en los programas de dicha modalidad; así como que se incorporaría al desarrollo del Tercer Motor Moral y Luces, que como todos sabemos, es un programa que este gobierno ha adelantado para promover la formación ideológica de la población a través de círculos de estudio a lo largo y ancho de la geografía nacional.

VI. Textos de la Colección Bicentenaria

Precisión previa: los costos asociados a la participación en el proceso educativo, se denominan técnicamente “canasta educativa”. Esta incluye la inversión y los gastos que hacen los estudiantes y sus familias en términos de matrícula escolar, alimentación, transporte, uniformes, útiles y materiales, y equipos y libros de texto.

Cuando la educación es obligatoria en las sociedades, una de las medidas para garantizar el derecho a la educación o la oportunidad de que todos puedan asistir a las instituciones educativas, es asegurando su gratuidad. Ello es garantizado por el Estado, que es la entidad a quién corresponde, como obligación, garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos.

En los sistemas educativos en los que existen escuelas de dependencia y gestión oficial, es decir, que son administradas por instancias del Estado, esta medida comienza asumiendo el pago de los gastos de funcionamiento de las escuelas (dotación, infraestructura, nómina de trabajadores) y se ha extendido hacia la prestación de servicios de transporte, dotación de uniformes, libros y equipos a los estudiantes y prestación de servicios de alimentación y salud en las instituciones educativas.

La dotación de textos escolares tiene varias formas de instrumentarse que van desde la dotación de bibliotecas en las escuelas, pasando por la dotación de bibliotecas en cada aula, hasta llegar a la entrega directa a cada estudiante de un juego de textos escolares. De acuerdo al modelo educativo que se tenga, se considera más conveniente una forma que otra. En Venezuela, se han instrumentado los tres tipos de políticas de dotación de textos. Las dos últimas empleadas fueron la dotación de bibliotecas en cada aula, que garantizaba el acceso de los estudiantes a una variedad de textos, elaborados por distintos autores y el contraste entre ellos; y la dotación directa de un juego de textos a los estudiantes, que es la estrategia seguida en la Colección Bicentenaria.

Esta colección se comenzó a producir y a entregar en las escuelas de forma progresiva y este año, se entregaron libros de texto en todos los niveles de Educación Básica, a todos los estudiantes de las escuelas oficiales y también en la mayoría de las escuelas subvencionadas.

La aparición de los primeros ejemplares de la Colección Bicentenaria, despertó algunas alarmas en el país que expresaban el desacuerdo de diversos sectores con la posibilidad de que, a través de dichos textos se pudieran incluir los contenidos de las reformas curriculares rechazadas y fallidas, o que pudieran declararse de uso exclusivo, porque eso atentaría con la calidad de la educación al limitar la formación de los estudiantes a un único punto de vista.

Si bien, el ministerio dijo en varias oportunidades que los libros constituían sólo un apoyo al proceso de aprendizaje y que no se trataba de textos obligatorios y exclusivos, en diversas comunicaciones a las escuelas se prohibió que los docentes solicitaran o sugirieran la compra de otros textos a los padres, lo que terminó, en la práctica, funcionando como si se tratara de la instrumentación de un texto único.

Por otra parte, desde que comenzaron a conocerse los ejemplares de la Colección Bicentenaria, docentes e investigadores se han dedicado a analizarla, encontrando problemas de dos tipos. El primero, es que los libros no cubren todos los aspectos que, en cada área de conocimiento están establecidos en el currículo vigente y en algunos casos, los contenidos incluidos están desarrollados a un nivel elemental que no garantiza la profundidad en el proceso formativo. El segundo está relacionado con la identificación de contenidos que favorecen una tendencia ideológica específica o que constituyen propaganda de un proyecto político específico, en ambos casos, la tendencia y el proyecto, coinciden con el promovido por el partido de gobierno. Este problema en los libros se considera violatorio de lo establecido en el artículo 102 de la Constitución en el que se expresa que la educación deberá respetar todas las corrientes del pensamiento.

Por las características y el rol que han jugado los textos de la Colección Bicentenaria, se estima que, en la práctica, contienen una modificación de facto del diseño curricular vigente.

VII. Debate sobre el Currículo Nacional Bolivariano

Como continuación de los esfuerzos del Ministerio para promover una reforma curricular, a inicios del año escolar 2013-2014, la entonces ministro, Maryann Hannson anunció que estaba en marcha un nuevo proceso, esta vez basado en un mecanismo de consulta, que se denominó “Debate sobre el Currículo Nacional Bolivariano”.

En este caso, es importante resaltar que, a diferencia de los procesos anteriores, se presentaron dos documentos, pero ninguno de ellos tenía la forma de diseño curricular como tal, sino que se trataba de documentos con líneas e ideas generales a partir de los que se aspiraba que la población emitiera opiniones y comentarios.

La consulta-debate se articulaba en torno a un mecanismo para expresar opiniones en la web del ministerio y en unos buzones colocados en los planteles, en los que se aspiraba que los miembros de las comunidades educativas de las escuelas, depositaran sus opiniones y sugerencias.

A continuación se puede ver la imagen con la que se presenta esta consulta curricular.

Presentación

Los recuadros que están al final del texto, permitían navegar hacia enlaces en los que se encontraba el material en cuestión.

Para quiénes quieran conocer los documentos presentados por el Ministerio, les dejamos los siguientes enlaces.

Documento Base 1 Este documento presenta los aspectos generales sobre los que se sustentaba la idea de diseño curricular al que se aspiraba.

Documento Base 2 Educación Media Este documento presentaba los aspectos generales relativos a las reformas que se planteaban para la educación media.

Metodología Este documento, más que una metodología, constituía una presentación del proceso.

Testimonios En esta página se encuentran una serie de enlaces que recogen noticias sobre el proceso de consulta curricular.

El mecanismo de consulta era tal como se presenta en la siguiente captura de pantalla:

Formato consulta

Es importante resaltar que este proceso también recibió críticas por parte de los actores del sistema. Estas se referían a varios aspectos. El primero de ellos era que el mecanismo que estaba propuesto no tenía ni el formato de un debate, ni la rigurosidad de una consulta, tal como se establece en la legislación vigente, por lo que, como mecanismo, no garantizaba que los resultados obtenidos pudieran considerarse como legítimos. El segundo de ellos, se refería a la baja calidad de los documentos presentados.

El proceso, según los anuncios oficiales, comenzaría el primero de noviembre y se desarrollaría a lo largo de ese mes.

El 4 de diciembre la ministro de educación, declaraba “esta semana culmina el proceso de consulta del nuevo Currículo Nacional Bolivariano (…) Se realizaron 2 mil 222 mesas de trabajo en todo el país, y hasta el viernes habían participado más de 43 mil personas a través de los tres mecanismos que establecimos. Los buzones ya llegaron al ministerio e incluso recibimos propuestas en formatos distintos a los que señalamos pero igual se recibieron”. De acuerdo a lo señalado en la noticia, la ministro “Explicó que durante diciembre y enero comenzará la sistematización de la información obtenida en la consulta para construir técnicamente el documento que conformará el currículo” que sería presentado al país durante el 2014 y que se podría instrumentar para el año escolar 2014-2015. (Leer más en: Reseña en Ultimas Noticias)

Los resultados de ese proceso nunca se conocieron. Sería importante, como aprendizaje para próximas propuesta, conocer cuál fue la inversión en recursos materiales y humanos que el MPP para la Educación hizo en este proceso y las razones por las que, a este momento, no se han divulgado los resultados.

VIII. Plan de la Patria

Como es tradición en Venezuela, como parte del marco institucional que orienta el desarrollo de las políticas públicas nacionales, existe un plan de desarrollo nacional que se aprueba al inicio de una gestión de gobierno. Hasta hace más de una década, los planes de la nación promulgados estaban enmarcados en las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2013, en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.118, fue publicado el documento denominado: “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019″, que de acuerdo al decreto, tiene efecto jurídico, y es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.

Como se desprende de su título y contenido, este plan no viola lo establecido en la Constitución, ya que, está dirigido a desarrollar un modelo socialista, en un marco institucional que consagra el pluralismo político en el país. Pero, específicamente, en relación a las políticas públicas en educación, el plan establece el desarrollo de una “nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo” y la adecuación de los planes de estudio en todos los niveles para ello. Esta disposición, entre otras, es contraria a lo que dice el artículo 102 de la Constitución que establece que la educación deberá respetar todas las corrientes del pensamiento.

En el texto, también hay elementos que contradicen el espíritu civilista de la formación ciudadana establecida en la Constitución, ya que se promueve una sociedad cívico-militar y que plantea un esquema en el que, en lugar de la convivencia ciudadana, se construyen relaciones internas y con otros países basadas en la defensa integral de la nación.

Este marco, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación promulgada en el 2009 y a los textos de la Consulta Educativa, es un referente importante para el desarrollo tanto de la consulta, como de los resultados que de ella se obtengan.

Si aún no conocen el texto de plan, se sugiere leerlo con detalle. Aquí tienen un enlace donde pueden bajarlo. Plan de la Patria

 

Hasta aquí, los antecedentes que permiten ubicar el contexto en el que se desarrollará la Consulta Educativa.

Las características de la Consulta, hasta el momento, se encuentran en el siguiente post: Primeras notas sobre la Consulta Educativa: Características y documentos

 

Notas de maestros


Hoy, como es tradición, se celebra el día del maestro, profesional con una de las labores más delicadas en la sociedad: la formación de nuestros niños y jóvenes; y pieza clave para la garantía de una educación de calidad para todos, tal como reza el derecho a la educación.

Tamaña responsabilidad debería estar acompañada por los mejores salarios y condiciones de contratación de la administración pública, óptimas oportunidades de formación y actualización y también por el más riguroso sistema de ingreso y evaluación de desempeño a lo largo de su carrera.

Sin embargo, a pesar de los aumentos salariales y las firmas de los contratos colectivos que se han realizado durante las dos últimas décadas, las condiciones económicas de los profesionales de la docencia siguen siendo de supervivencia en la mayoría de los casos y desde el año 2000, con la promulgación del Decreto 1.011, comenzó formalmente, una modificación de la institucionalidad que respalda la carrera docente en Venezuela que incluye cambios en los requisitos y procedimientos para el ingreso al sistema y el ascenso en el mismo.  Estas condiciones y modificaciones han mantenido un ambiente de tensión y descontento en buena parte del gremio docente.

Dada la complejidad de esta situación, decidimos centrar las líneas siguientes, en un aspecto específico de las condiciones en las que nuestros docentes se encuentran vinculados con el sistema: el tipo de contratación.

Algunos antecedentes

Desde que se instauraron los concursos para ingreso y ascenso de los profesionales de la docencia mediante el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente en 1991, cuando un cargo quedaba vacante, se contrataba a un docente para suplir la falta, hasta que se abría el concurso correspondiente al cargo. Esta práctica, y la frecuencia con la que se convocaban los concursos de ingreso, tuvo como consecuencia que aparecieran cada vez más docentes que ocupaban cargos en condición de interinos.

A diferencia de los docentes titulares, que gozan de estabilidad laboral cuando ingresan al cargo, la condición de contratación como interino permitía a la administración pública, prescindir de los servicios del docente cuando lo considerara necesario, por lo que se convirtió en un mecanismo para garantizar el control de la disciplina laboral en las escuelas.  Así, esta práctica hecha costumbre, permitió que creciera el número de docentes interinos en el sistema. (No está de más aclarar que la contratación en carácter de interino, tenía y sigue teniendo como consecuencia peores condiciones económicas y ningún tipo de estabilidad).

Esa práctica ha sido utilizada intensamente, por más de dos décadas.

En noviembre del 2005, el ministerio de educación promulgó la resolución 58 (*), mediante la que se otorgaba la titularidad a un grupo de docentes interinos que estaban ocupando cargos vacantes. Este fue el inicio de la transformación del proceso de ingreso formal de los docentes a los cargos como titulares y el primer paso de  lo que el gobierno ha identificado desde entonces, como una política para consolidar la estabilidad del gremio, disminuyendo las contrataciones de carácter interino y otorgando la titularidad a través de un mecanismo de ingreso que ha ido variando en el tiempo y que incluye un año de ejercicio como interino, para optar por la titularidad.

Algunos números

No vamos aquí a analizar los detalles de las normas ni su evolución en el tiempo, sino vamos a referirnos a algunas cifras que permitan dar cuenta de los avances o retrocesos, de la política pública relativa a los tipos de contratación docente, sin la intención, dicho sea de paso, de que estas líneas puedan tomarse como una evaluación de resultados.

Haremos entonces, un contraste entre los datos relativos al número de docentes en el sistema, de acuerdo a las memorias y cuentas de los años 2003-2004, antes de la resolución 58, y 2011-2012, que es la última conocida, ya que la del año escolar pasado aún no está disponible y será presentada esta tarde en la Asamblea Nacional.

Revisando la cifra total de docentes en ambas memorias, encontramos que, en efecto y como es lógico por el crecimiento de la matrícula, desde el  año 2003-04 hasta el 2011-12, el número total de docentes en el país, se ha incrementado en 185.798, lo que representa el 48 % del total de docentes del año base.

Si observamos el cuadro 1, podemos apreciar que el incremento se ha dado en todas las condiciones de contratación, es decir, se ha incrementado tanto el número de docentes titulares, como el de interinos y el de otros tipos de contratación. Sin embargo, se aprecia también que el incremento relativo de los docentes titulares, es mayor que el de los interinos y el de los otros tipos de contratación.

Cuadro 1. Número de docentes por tipo de contratación, años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del MPP para la Educación.

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación.

Sin embargo, no se entiende que, con una política sostenida enunciada como tal por casi 10 años, la distribución relativa interna tenga muy poca variación entre el año escolar 2003-2004 y el 2011-2012, tal como se aprecia en el cuadro 2.

Cuadro 2. Variación relativa de docentes por tipo de contratación, años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Docentes en el espacio

Como es natural, la cantidad de docentes varía a lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que si vemos la distribución geográfica del total de docentes por entidad, tenemos que, tal como se aprecia en el gráfico 1, las entidades con mayor y menor proporción de docentes relativa al total nacional, son las mismas y permanecen en proporciones casi iguales en este lapso de tiempo. Pero se aprecian algunas variaciones en los pesos de las entidades intermedias, siendo las variaciones más notables las de Aragua, Bolívar y Falcón, en términos de disminución relativa con respecto al total nacional, y  las de Táchira y Trujillo en términos del aumento en su participación relativa.

Gráfico 1.  Distribución relativa de los docentes por entidad para los años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Fuente: Elaboración propia con los datos de las Memorias y Cuentas del MPP para la Educación

Fuente: Elaboración propia con los datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Pero si vemos el crecimiento en términos del número de docentes por entidad, tenemos que, el Estado que registró menor crecimiento fue Falcón con un 17 %, mientras que los que registraron un crecimiento mayor fueron Amazonas y Delta con un 116 y 108,5 % respectivamente, lo que significa que duplicaron la cantidad de docentes trabajando en el sistema.

Si pasamos a ver el comportamiento del total de docentes por entidad, pero por tipo de contratación, encontramos que el  incremento en el total de docentes incorporados al sistema, en todas las entidades territoriales, menos en Distrito Federal, incluye un incremento en los docentes titulares en diversas magnitudes. De hecho, en Distrito, tal como se observa en el gráfico 2, en el año escolar 2011-2012 se registran 449 docentes titulares menos que en el año 2003-2004, a pesar de tener 8.660 docentes más en total. La diferencia se registra en un aumento de docentes interinos y contratados de 623 y 8.486 respectivamente.

Gráfico 2. Distribución de docentes en Distrito Federal por tipo de contratación para los años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Fuente: Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

En el resto de las entidades, el comportamiento no es uniforme, de hecho encontramos estados en los que aumenta el número de titulares, mientras disminuye el número de docentes interinos y con otros tipos de contratación; otros estados en los que aumenta el número en todos los tipos de contratación; pero también encontramos otras combinaciones que se pueden apreciar en el siguiente mapa.

Mapa 1: Distribución de diferencias absolutas entre el número de docentes por entidad y tipo de contratación para los años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Leyenda 1

No obstante, si se quiere apreciar mejor el comportamiento, en términos de la intención de la política pública, que supone el incremento de la estabilidad de los docentes, por tanto, el aumento de los que obtienen la titularidad de los cargos, la disminución de los interinatos y la eliminación progresiva de los otros tipos de contratación, podemos observar como varía la composición relativa de estos tres tipos de relación laboral de los docentes con el sistema, entre los dos años tomados como referencia.

En el mapa siguiente, podemos apreciar que en la mayoría de las entidades se da un incremento del porcentaje de titulares, aunque en algunos de ellos, ese aumento está también acompañado por el de interinos o el de otros tipos de contratación. Pero en 6 entidades (Amazonas, Aragua, Distrito, Portuguesa, Vargas y Yaracuy) el incremento relativo se da en los interinos y los docentes con otros tipos de contrato, disminuyendo el porcentaje de docentes titulares.

Mapa 2. Distribución de frecuencias relativas de docentes por entidad y tipo de contratación para los años escolares 2003-2004 y 2011-2012

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Elaboración propia con datos de las Memorias y Cuentas del Mpp para la Educación

Leyenda 2

A pesar de que la variación relativa pareciera indicar una relación entre el aumento de titulares y la disminución de interinos y otros tipos de contratos, positiva y en la dirección que dice tener la política pública del gobierno, cabe destacar que sólo en el caso del Estado Táchira, se registra una variación de más de 30 puntos a favor de los docentes titulares, mientras 8 entidades están entre 10 y 15 puntos, 10 entidades están por debajo de los 10 puntos, y el resto presenta un decrecimiento, siendo el caso más importante el de Distrito que supera los 20 puntos.

En cuanto al crecimiento relativo de los interinos, resaltan los casos de Yaracuy que rebasa los  20 puntos y Amazonas que entre interinos y otros tipos de contratos, casi llega a los 13 puntos de diferencia, siendo una de las entidades que duplicó su nómina docente en el lapso de tiempo considerado.

Finalmente, llaman poderosamente la atención los esfuerzos de Trujillo por disminuir la participación de los docentes contratados mediante  figuras diferentes al interinato y a la titularidad, lo que se refleja en la  mayor diferencia entre todas las distribuciones relativas con más de 26 puntos. Sin embargo, también llama la atención, pero por el comportamiento contrario, los casos de Distrito y Aragua, que registran una variación positiva, es decir un incremento en la participación de docentes con otras formas de contrato, de más de 23 y 11 puntos respectivamente. Este incremento, no se ajusta y es contrario tanto a los enunciados de la política pública que el ministerio declara estar desarrollando, como de las demandas de los gremios.

(*) Favor no confundir con la de los Consejos Educativos. Si quieres conocer su texto, dale aquí: Resolución 58

¿Autonomía + Participación = Resolución 058?


El pasado miércoles 2 de enero de 2013, Gustavo Méndez, periodista que cubre la fuente de educación de El Universal, hizo una reseña sobre el estatus del debate que, a través de los medios de comunicación, se sostiene sobre la Resolución 58 publicada en Gaceta Oficial el 16 de octubre de 2012.

En su reseña se pueden encontrar las ideas que, desde diversas posiciones se han expuesto a favor y en contra del contenido de la resolución. (Para quiénes no tuvieron la oportunidad de leerlo, aquí pueden encontrar el artículo de Méndez).

Como todos sabemos, a esta altura, la resolución tiene problemas para su instrumentación, dados los vacíos y omisiones que han sido identificados y reportados por casi todos actores que han hecho declaraciones al respecto, desde los más críticos a la resolución, hasta los que están más de acuerdo y resaltan sus virtudes. A modo de ejemplo, citamos, además de la reseña de Méndez, un artículo de opinión, publicado también en El Universal, en el que Pablo Fernández explica lo que considera son las virtudes de dicha resolución, iniciando por reconocer que “la resolución es perfectible y que hay algunas lagunas procedimentales en ella que se deberán corregir“. (El artículo completo pueden verlo aquí).

Por nuestra parte, el 25 de octubre, en este mismo espacio, hicimos unas primeras observaciones sobre el contenido de la Resolución 58 y su relación con la garantía del derecho a la educación. No obstante, aprovechando algunos de los elementos reseñados por Méndez en su artículo, creemos necesario promover que se replantee la discusión de fondo con respecto a la pertinencia y alcances de este instrumento normativo. La discusión de fondo es la que puede ayudar al país a tomar una posición consensuada sobre los términos en los que debe reformarse esta resolución.

Democratizar la educación

De acuerdo a las fuentes oficiales, el propósito de la Resolución 58 es la democratización de la educación.

Cuando este término, “democratizar la educación“, comenzó a utilizarse, estaba referido a la necesidad de ampliar el acceso al sistema educativo para lograr la participación de la mayor cantidad de personas posibles, especialmente el sistema formal y de carácter obligatorio. Democratizar la educación, entonces, se refería a universalizar, a ofrecer educación para todos y en ese sentido era sinónimo de inclusión y en Venezuela estuvo asociado, en sus inicios a la política de masificación de la educación. Por cierto, en ese momento se hablaba de una educación igual para todos y por ende, una educación oficial y preferiblemente brindada por el Estado.

Si embargo, cuando hablamos hoy de “democratizar la educación” hacemos referencia a un proceso más complejo porque, en estos tiempos, entendemos varias cosas de forma diferente.

Entendemos, en primer lugar, que no existe real inclusión sin que se garantice éxito en el proceso educativo, es decir, ya la inclusión no se mide en función de la cantidad de cupos que se ofrecen con respecto a la población en edad de cursar cada uno de los niveles educativos formales, sino que se toma en cuenta también la capacidad del sistema para garantizar que los estudiantes se mantengan en el sistema, que se garantice su prosecución y el logro de los aprendizajes y competencias que se presume deben ser desarrollados en cada nivel y etapa del proceso educativo.

En segundo lugar, entendemos que el conocimiento no se transmite sino que se construye, por lo que las relaciones y los roles en los espacios de enseñanza, deben sufrir modificaciones importantes con relación a las existentes en las últimas décadas.

Y en tercer lugar, por mencionar algunos de los supuestos que han variado desde entonces, entendemos que las personas aprenden de forma diferente y para contextos distintos, por lo que lo que sucede diariamente en cada escuela y en cada aula, puede o debe variar de acuerdo al contexto socio-cultural en el que se localice la escuela, de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiantes y sus entornos familiares y de acuerdo a las características de aprendizaje que tenga cada grupo de estudiantes.

Partiendo de, al menos y por el momento, estos supuestos, es obvio que lo que debemos entender por “democratizar la educación“, es algo muy diferente a ampliar el acceso al sistema.

Democratizar la educación significaría, entre otras cosas, lograr una educación de calidad para todos y para cada una de las personas que participen en el sistema educativo -una educación de calidad entendiendo que el que sea de calidad es sinónimo de una educación eficaz, es decir que logre los objetivos que se propone, entre los que uno de los más importantes es el éxito de todos los que en el sistema participan.

Democratizar la educación también significaría, un cambio en las reglas de juego en los procesos de enseñanza con énfasis en el protagonismo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Y democratizar implicaría a su vez, un cambio en la distribución del poder de decisión, en cuanto al diseño curricular y su instrumentación, poniendo énfasis en la construcción de procesos de enseñanza a la medida de las escuelas y los estudiantes. Esta re-distribución del poder de toma de decisiones se daría sobre los contenidos y programas, en diversos niveles y de distintas formas, dependiendo del modelo y los niveles de autonomía que se quieran adoptar y permitiría la adecuación del proceso de enseñanza al contexto en el que se desarrolle y a las características de los estudiantes y sus familias.

Desde este punto de vista, si la Resolución 58 tiene como propósito democratizar la educación, requiere antes de instrumentarse, aclarar algunos elementos del contexto normativo en el que se inscribe, para poder afinar la estructura y procedimientos de la organización que plantea para las escuelas, y que, como es evidente, con base a las que se deberá modificar el texto vigente.

Y aunque no parezca evidente y existan instrumentos normativos de reciente data, como la Constitución y la Ley Orgánica de Educación que debería establecer claramente este contexto, hay aspectos no resueltos que no permiten establecer con claridad las características del contexto que determinarían el contenido específico de la resolución y otros que se plantean como contradicciones entre varios de los instrumentos normativos que deben determinar las características de este contexto. Adicionalmente, estos aspectos no resueltos y las contradicciones entre instrumentos, son producto, a la vez que reflejan, visiones encontradas sobre la educación y su función en la sociedad, que se encuentran presentes en Venezuela actualmente.

Como desarrollarlos todos, sería muy extenso en este espacio, mencionaremos un par de ellos, un par de importancia capital para la definición del contexto.

1. Educar ¿para qué?

De acuerdo a las declaraciones de la Ministro de Educación, los Consejos Escolares  mediante la Resolución 58, buscan “la formación para la nueva ciudadanía, para la participación protagónica y la democracia profunda“. Sin embargo, este es uno de los primeros puntos en los que se observa tanto un desacuerdo a nivel social, como discrepancias entre los instrumentos normativos y de política pública que determinan el contexto para la aplicación de dicha resolución.

En este caso, es importante que se defina, por ejemplo, qué es lo que se entiende como nueva ciudadanía, si se trata de una ciudadanía como la dibuja la Constitución vigente, o si se perfila como se dibuja en el Plan Nacional Simón Bolívar, porque de acuerdo a la Constitución, Venezuela es un país políticamente pluralista y su educación, tal como reza su artículo 102, debe respetar todas las corrientes de pensamiento, mientras que el Plan Nacional Simón Bolívar, al que se refieren tanto la LOE como la Resolución 58 a la hora de plantear el desarrollo de algunos de sus aspectos, habla de una sociedad “socialista”, lo que se traduce en una elección por un marco ideológico específico que, en última instancia, eliminaría tanto el pluralismo político como rasgo de la sociedad, como el respeto a todas las corrientes del pensamiento, en el proceso educativo.

Pero también es menester que se defina lo que se entiende como una “democracia profunda” porque de ello dependerá el tipo de decisiones que se tomarían en cada una de las instancias de la organización escolar, así como los participantes y los mecanismos de decisión que se establezcan. Y más allá de la dimensión política de la educación, el propósito de la misma, en términos de las características del ciudadano que se quiere formar en todas las dimensiones del ser y del conocimiento, van a determinar quién decide qué y cómo se decide, en cuanto al currículo, los programas de estudio, los proyectos, las estrategias de enseñanza y los contenidos.

De hecho, responder de forma socialmente concertada a la pregunta “educación ¿para qué?” determina, por una parte, la amplitud y el contenido de la educación obligatoria para una sociedad, así como, la naturaleza y dimensiones que tendrá la autonomía de las organizaciones y de los educadores para la definición de los diversos niveles de desarrollo del currículo vigente.

2. Participación y autonomía

Por otra parte y de forma complementaria, dado que ahora entendemos que la educación debe responder al contexto en el que se desarrolla y a las características de los estudiantes y sus familias, pero además, dadas las nuevas reglas del juego que implica asumir el protagonismo de los estudiantes en la construcción de conocimientos y en su proceso de aprendizaje, se hace evidente que se requieren nuevos mecanismos para garantizar la participación de los estudiantes y sus familiares, así como de los miembros de la comunidad educativa de las escuelas, en la toma de decisiones sobre algunos aspectos de la gestión escolar que antes estaban reservados al Ministerio de Educación, a los entes de administración del sistema educativo descentralizados y a los directivos de los planteles.

Para algunos de estos aspectos, ya existen antecedentes en el texto de la derogada Resolución 751, pero otros no han sido desarrollados previamente en ningún instrumento normativo, incluyendo los marcos curriculares vigentes.

Sin embargo, para tener real claridad a la hora de desarrollar dichos mecanismos, es importante revisar el contexto en el que los mismos deben desarrollarse, ya que, algunos elementos de la Resolución 58 parecieran querer apuntar a su instrumentación en escuelas que gozan de cierto grado de autonomía para la toma de decisiones y en el que los maestros y profesores tienen también un grado de autonomía suficiente para responder a las peculiaridades del grupo de estudiantes con el que le corresponda trabajar, pero dicha autonomía no está claramente establecida en la LOE, ni cuenta con la asignación de recursos necesarios para que pueda instrumentarse de forma óptima en cada una de las escuelas.

En este tema, también, las diversas posiciones expuestas hasta el momento, ante la opinión pública, reflejan puntos de vista encontrados que deben ser debatidos para poder construir un consenso que haga factible determinar, por una parte, los niveles y características de la autonomía de las escuelas y los maestros, tanto para la gestión pedagógica, como para la gestión escolar en general, y por la otra los niveles de  participación y ámbitos de incidencia de los diversos actores en la toma de decisiones para estas dos dimensiones de gestión.

Como se desprende de la discusión que se ha reflejado en la opinión pública, a través de los medios de comunicación, no existen consensos sociales en aspectos básicos y centrales que determinan el contexto de aplicación de la Resolución 58 y, por tanto, se hace necesario apuntar a su debate y construcción para poder dar un marco institucional más claro, que tendrá como obvia consecuencia una nueva redacción de esta resolución.

La resolución 058 y el derecho a la educación


El pasado 16 de octubre de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial número 40.029, mediante decreto ministerial, la resolución 058. Esta crea y regula la organización de las comunidades educativas a través de la figura de los Consejos Educativos y, por tanto, deroga la resolución 751 vigente desde 1986.

Ausencia de un proceso de consulta público y formal

Antes de entrar a precisar algunos elementos de esta resolución y su relación con el derecho a la educación, es importante resaltar que, desde el inicio de este gobierno, se han adelantado varios esfuerzos de modificación de la resolución 751 desde la Dirección Nacional de Comunidades Educativas del MPP para la Educación. Estos esfuerzos fueron, en su mayoría, acompañados de procesos de discusión pública de la propuesta elaborada por el ministerio. En algunos casos la discusión fue producto del conocimiento, por los caminos verdes, de la propuesta que se elaboraba en el ministerio y en otros casos, de la disposición del propio ministerio a debatir en diversos escenarios, el contenido de la misma. Si bien, en uno de los momentos, la Coordinadora Nacional de Comunidades Educativas del MPP para la Educación, en aquel momento, la profesora Xiomara Lucena, recorrió el país participando en foros de discusión y reuniones de trabajo con diversos actores escolares, hasta el momento, no se ha convocado un proceso formal de consulta pública sobre el contenido de esta resolución.

De hecho, dado que se trata de una resolución que dice en su presentación que tiene como propósito la democratización de la gestión educativa, lo lógico es que su elaboración sea producto de un proceso realmente democrático y participativo. Pero más allá del propósito expresado en la presentación de dicha resolución, la naturaleza del cambio que se pretende dar en las escuelas, es de tal magnitud que amerita una consulta pública nacional. En este marco, se considera que un proceso formal de consulta pública, por la naturaleza de la norma que se discute, debe incluir:

  1. La presentación pública y la difusión abierta y masiva del contenido de la propuesta. Esto implica hacer llegar, al menos, a las más de 26.000 escuelas del país, una copia del texto que se somete a consulta.
  2. La creación de una comisión encargada de la consulta. Dada la complejidad del tema y la diversidad de actores participantes en la dinámica de las comunidades educativas, se espera que esta comisión esté conformada por personas de todos los sectores y que mantenga el principio de pluralismo político consagrado en la Constitución Nacional.
  3. El establecimiento de un cronograma de consulta que indique el tiempo para conocer la propuesta; el tiempo para debatirla en el seno de las organizaciones vinculadas al sector educativo; el tiempo para recoger, sistematizar y presentar al país el resultado de la consulta; el tiempo para incorporar las modificaciones producto de la consulta realizada y el momento en el que se espera la promulgación de la resolución definitiva.
  4. El establecimiento de un mecanismo para analizar los aportes y opiniones de los actores vinculados al sector que permita identificar puntos de acuerdo, y divergencia y que permita que las divergencias puedan ser llevadas al debate público para lograr el mayor consenso posible en la redacción final de la resolución.
  5. Las organizaciones vinculadas al sector educativo son: las comunidades educativas de las escuelas, incluyendo sus organizaciones de padres y estudiantes y los consejos de docentes, más las asambleas generales de la comunidad educativa, en el caso que las escuelas lo consideren oportuno; las organizaciones gremiales, tanto las que agrupan a los padres, como las que agrupan a los docentes, trabajadores administrativos y obreros que hacen vida en las organizaciones educativas; las organizaciones gremiales que agrupan a los dueños de planteles educativos; las escuelas de educación de las diversas universidades del país; las organizaciones no gubernamentales, de los ámbitos nacional, regional y local, cuyo propósito central esté relacionado con la educación, las políticas educativas y el funcionamiento de las escuelas; la sub comisión de educación de la Asamblea Nacional; y las Secretarías y Direcciones de Educación de las Alcaldías y Municipios de todo el país.

El propósito: Democratizar la gestión escolar

Democratizar la gestión implica garantizar la participación de las personas que hacen vida en las comunidades educativas en la toma de decisiones que determina la gestión de la escuela. Sin embargo, esta participación puede establecerse mediante varios mecanismos, pero su diseño debe estar precedido por la definición del propósito y el alcance de dicha participación.

Participar para garantizar el derecho a la educación

Cuando se trata del derecho a la educación, es importante tener como premisa que, en términos de derechos humanos, hay tres tipos de titularidad: titularidad de derecho, titularidad de responsabilidades y titularidad de obligaciones.(*)

Titulares de derecho: En el derecho a la educación, las personas, niños, jóvenes y adultos, son, en general, titulares del derecho, esto implica que lo ejercen y demandan su garantía, protección y respeto. (*)

Titulares de responsabilidades: las personas -en tanto miembros de la sociedad- las familias y las organizaciones comunitarias y sociales, en general, son titulares de responsabilidades, lo que implica, en primera instancia, respetar los derechos de los otros ciudadanos y también, velar por la garantía del derecho, exigir su cumplimiento, exigir justicia en caso de violación o de incumplimiento y exigir rendición de cuentas y ajustes de las políticas y presupuestos destinados a la realización del derecho. En este marco, las comunidades y las organizaciones adquieren la responsabilidad de no permitir el trabajo infantil, de promover el empoderamiento de las personas, de asegurar que haya acceso al sistema para todos los niños y jóvenes en edad de cursar la educación obligatoria y de promover y motivar el ejercicio del derecho; y por su parte, las familias, especialmente los padres, tienen la libertad para escoger el tipo de educación para sus hijos, la responsabilidad de incorporar a los niños y jóvenes en la educación obligatoria, de no discriminar por ningún motivo a sus miembros en términos del ejercicio de este derecho, de permitir tiempo para el estudio, así como, de motivar y apoyar a los niños y jóvenes para que ejerzan su derecho. (*)

Titulares de obligaciones: las organizaciones del Estado, en todos sus ámbitos y niveles, son titulares de las obligaciones que permiten el ejercicio y la realización del derecho. Estas obligaciones incluyen la generación de condiciones materiales y legales, la protección y el respeto del derecho. En el cumplimiento de sus obligaciones, el Estado debe asumir como criterios la igualdad de todos los ciudadanos como titulares del derecho que implica la no discriminación de ningún tipo, pero a la vez, el desarrollo de tratos preferentes para los grupos vulnerables y para los que no pueden ejercer el derecho por sí mismos. En el caso de que no exista la realización plena de un derecho, el Estado está en la obligación de demostrar que está utilizando, para su garantía, todos los recursos disponibles y solicitando asistencia internacional, en caso de ser necesario. (*)

Partiendo de esta estructura de titularidad sobre el derecho a la educación, si se considera a la escuela como la unidad más desagregada del Estado, en términos de la estructura del sistema educativo, es a través de ésta que se concreta la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la educación.

Si las escuelas son de dependencia oficial, es decir, su administración depende una instancia gubernamental, sea esta nacional, estadal o municipal, los trabajadores de la escuela, directivos, docentes, administrativos y obreros, son el brazo ejecutor, los representantes del Estado a través de los que éste ejerce su deber de garantizar el derecho a la educación. Más allá de la escuela como instancia más desagregada del Estado y brazo ejecutor de la política educativa, el Estado tiene como deber garantizar las condiciones que permitan el funcionamiento óptimo de las escuelas bajo su dependencia y que garanticen la calidad de la educación en las escuelas que no lo están.

Por su parte, los padres y representantes actúan como corresponsables del proceso educativo, en primer lugar en el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución que, de acuerdo a su artículo 76 (**) son responsables de formar y educar a niños y jóvenes, lo que comienza con la responsabilidad directa en la formación que se desarrolla en el seno de la familia, más allá de la escuela, y continúa con su corresponsabilidad en lo que sucede en el ámbito escolar lo que, como titulares de responsabilidades, se traduce en acompañar y promover la motivación para el aprovechamiento del proceso educativo que se desarrolla escuela, por parte de los niños y jóvenes, en la medida de las posibilidades de las familias derivadas de sus competencias y habilidades; y en la exigencia al Estado de las condiciones y calidad de la educación que es desarrollada en la escuela.

También hay otros actores de la vida nacional, con expresión nacional, regional y local que, por su rol de titulares de responsabilidad, tienen corresponsabilidad en la educación, tal como está establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación, aunque no necesariamente su acción se exprese dentro del ámbito escolar. Sin embargo, y en términos generales, los ciudadanos, tienen el deber de exigir el cumplimiento del derecho a la educación tal como está establecido en las convenciones internacionales suscritas por el país.

Y finalmente, las personas de todas las edades, como estudiantes, son titulares del derecho y por tanto, en la escuela tienen el deber de ejercerlo y la de demandar su garantía, protección y respeto.

Bajo esta estructura de titularidades, es que debe entenderse la participación en la gestión escolar de los diversos actores que hacen vida en las comunidades educativas.

Por otra parte, si se trata de escuelas de dependencia privada, la responsabilidad del Estado está en garantizar, a través de los mecanismos propios de la supervisión educativa, que los procesos educativos se desarrollen con la calidad y pertinencia que garanticen el debido ejercicio del derecho a la educación de los niños y jóvenes cuyas familias optan por esa opción educativa.

En este marco, es decir, en términos de la educación como derecho humano, democratizar la participación de los actores de las comunidades educativas en las escuelas, pasa por establecer espacios de comunicación y participación en la toma de decisiones que les competa, pero no, necesariamente de convertirlos en responsables y co-ejecutores de la gestión, porque, al convertirlos en responsables y co-ejecutores de la gestión en las escuelas, cambia la calidad de su titularidad con respecto al derecho a la educación y por tanto, deberían cambiar las condiciones de gestión para que pudieran, en efecto, cumplir con las responsabilidades que de ella se derivan. Pero también, y en consecuencia, debería cambiar la relación del Estado con la gestión de las escuelas.

De hecho, si lo que se entiende por democratizar la gestión es que las familias y los actores comunitarios formen parte de la gestión, la figura que se debe utilizar es la conversión de las escuelas oficiales en comunitarias, es decir, la transferencia de las escuelas a las comunidades. Pero esto implica no sólo dar espacio para que participen en algunas decisiones, sino transferir competencias, personal y recursos, para que las escuelas se auto administren. Esta es una figura muy diferente a la que se plantea en la resolución 058 y en su esencia implica la privatización de la gestión de las escuelas.

Si no se acompaña la asignación de responsabilidades con una transferencia de recursos y competencias para tomar decisiones, es imposible para las comunidades educativas, organizadas como Consejos Educativos, tal como lo establece la resolución 058, o no, cumplir con el desarrollo de una educación de calidad, tal como establece la Constitución y lo dictan los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que se desarrolla el derecho a la educación.

La asignación de responsabilidades propias de la naturaleza del Estado como titular de las obligaciones que permiten el ejercicio y la realización del derecho a la educación, se aprecian a lo largo de todo el texto de la resolución 058 en las funciones que establece tanto al Consejo Educativo en general, como a los diversos comités que lo conforman.

Si dichos comités y el propio Consejo Educativo, estuviera conformados fundamentalmente por los empleados del Estado, es decir, directivos, docentes, trabajadores administrativos y obreros, esta resolución sólo tendría unos problemas de forma que hacen engorrosa su instrumentación y el ministerio tendría que revisar los tiempos de contratación y dedicación de dichos empleados, porque obviamente no serían suficientes para desarrollar todas las actividades allí contempladas y además, cumplir con las funciones que son propias de sus cargos.

Pero como dichos comités están constituidos por los empleados del Estado, más los otros actores que hacen vida en la escuela, incluyendo a las organizaciones de la comunidad que se relacionan con ella, el resultado de la aplicación de la resolución 058 será  la cesión por parte del Estado, de la responsabilidad que le corresponde como garante del derecho a la educación, pero, como se dijo anteriormente, sin la transferencia de competencias, personal y recursos necesaria para que cada escuela organice su gestión y pueda desarrollar una verdadera educación de calidad. Así, cualquier ciudadano, como titular de responsabilidades, puede exigir a la escuela que cumpla con una educación de calidad desarrollada con ciertas condiciones y características, sin que la escuela pueda dar cumplimiento a ello por no tener, por ejemplo, la personalidad jurídica para ejecutar presupuesto, o para contratar personal, o los recursos para comprar materiales de laboratorio o equipos de computación o pagar la luz, a las madres procesadoras, y un largo etcétera.

Más allá de la esencia, los detalles imposibilitan su instrumentación

Antes de señalar algunos ejemplos que nos permitan ilustrar los detalles que imposibilitan la instrumentación inmediata de esta resolución, es interesante resaltar que, hasta ahora, la misma ha sido presentada como un mecanismo para transformar la democracia representativa en las escuelas en democracia participativa y directa. Sin embargo, los comités está  conformados por personas electas con un período de ejercicio de un año y sujetas a remoción por referendo revocatorio. Esta fórmula, permita seleccionar a voceros o a “representantes”, es una fórmula de ejercicio de democracia representativa con un componente de democracia asamblearia, que se expresa en la forma en la que se pueden funcionar los comités y en la presencia de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos como la instancia máxima de toma de decisiones para la gestión escolar.

Dicho esto, retomemos los problemas de instrumentación de la resolución 058. Como se dijo anteriormente, los problemas de esta resolución no se restringen a los cambios esenciales en términos de responsabilidades y obligaciones con respecto al derecho a la educación. Esta resolución tiene una redacción bastante confusa que no permite a las escuelas su aplicación directa e inmediata. De hecho, si como país creyéramos que el mejor modelo para administrar el sistema educativo y para garantizar el derecho a la educación, fuese la cesión de responsabilidades a las comunidades condicionada a la ausencia de competencias y discreción del gobierno en la dotación de recursos a las escuelas, – que es el modelo que se expresa en la resolución 058- su instrumentación requeriría una reformulación de su texto en muchos aspectos que resultan confusos, en otros en los que existen vacíos y en otros en los que se plantean contradicciones.

A modo de ilustración, entre los comités que conforman el Consejo Educativo, hay uno de Contraloría Social. Por la naturaleza de las funciones asociadas a la contraloría social, ésta se desarrolla desde fuera de las instancias y tiene como propósito el control de la gestión. Sin embargo, en la resolución 058 se plantea como parte de la gestión de la escuela, lo cual contradice su espíritu y la hace, en efecto inválida o inaplicable.

Otro ejemplo está en el comité de Infraestructura y Hábitat Escolar, al que se le asigna la responsabilidad de “impulsar y garantizar que las infraestructuras escolares existentes y las que sean construidas respondan a las normas de accesibilidad y a los criterios de calidad establecidos para la construcción de la planta física escolar”, organizar y desarrollar jornadas permanentes para el mantenimiento y preservación de la planta física, materiales equipos, etc y jornadas para la seguridad, protección y vigilancia de la infraestructura escolar. Estas que son funciones propias de las diversas instancias del Estado, como el propio ministerio, FEDE y las policías, pasan a ser responsabilidad de las escuelas sin que ello esté acompañado de transferencia de recursos para realizar las jornadas de mantenimiento, transferencia de capacidades técnicas para poder garantizar que las construcciones respondan a normas y criterios de calidad establecidos o de competencias y recursos, así como la creación de personalidad jurídica que actualmente las escuelas oficiales no tienen, que permita la contratación de vigilantes que garanticen la seguridad de los bienes e instalaciones de las escuelas las 24 horas los 7 días de la semana.

Finalmente, cabe citar una serie de problemas que se derivan del texto de la resolución y que dificultan su instrumentación y están asociados a la naturaleza de una escuela como organización educativa. Hay funciones técnicas en la escuela que requieren que las personas que las ejerzan tengan preparación específica para ello. La supervisión, como acompañamiento y control de la calidad del proceso de enseñanza, debe desarrollarse por profesionales formados y calificados para ello. Esta función en la escuela la realizan naturalmente los directivos, pero en la resolución 058 se extiende su realización a todos los actores de la comunidad educativa a través del Comité Académico. En este caso, hay una obvia confusión de roles, porque si bien cualquier miembro de la comunidad, que participa en el proceso de enseñanza puede tener alguna opinión que expresar sobre como se desarrolla, las opiniones tienen naturaleza diferente y deben ser consideradas de forma distinta. De hecho, un padre o un estudiante, puede expresar abiertamente que el método utilizado por un maestro no está dando resultados en el proceso de aprendizaje, o que se aleja del interés y la pertinencia de la formación que se persigue en la escuela. Estos son parámetros relacionados con la calidad de la educación que se desarrolla en la escuela. Pero sólo otro docente o un directivo en su función supervisora, puede hacerle observaciones técnicas al docente sobre el desarrollo de una estrategia con sus estudiantes. Son acciones de naturaleza diferente y complementaria. En este caso, democratizar la gestión no puede entenderse por promover que todos intervengan de igual manera, porque hay actividades que son propias a unos roles y no a otros, pero todas son necesarias en la escuela.

Del mismo modo, la organización de una escuela responde a unos criterios de funcionamiento que pueden ser compatibles con una gestión participativa y horizontal, en la que el liderazgo lo ejerce un colectivo con competencias para ello. Pero es muy diferente a plantear un esquema en el que se diluye la dirección de la escuela, su liderazgo y la coordinación de la gestión en el colectivo. Un tipo de estructura refiere a una gestión colegiada y la otra a una gestión asamblearia. Los niveles de participación, los mecanismos, los tiempos y la calificación requerida para la toma de decisiones en una organización que funcione con un régimen asambleario, como la planteada en la resolución 058, hacen inoperante la gestión y ponen en riesgo la gobernanza de la escuela.

Lo sano es postergar su aplicación y hacer una consulta pública nacional

Dado los problemas que existen en la resolución 058 que se derivan de la cesión por parte del Estado, de su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y de lo engorroso que resulta su instrumentación inmediata en las escuelas, por una parte, y por la otra que el texto actual es muy diferente al presentado por el ministerio en oportunidades anteriores y a pesar de que en su disposición transitoria segunda se establezca que la resolución está en proceso de revisión, evaluación y modificación en el período de un año, lo sano es postergar la aplicación y hacer un proceso de consulta pública formal con las características que se señalan al inicio de este texto.

Si estás de acuerdo con hacer esa solicitud formalmente al MPP para la Educación, firma esta solicitud en línea. También puedes hacer comentarios en la página de la solicitud, o hacernos llegar tus inquietudes sobre la resolución y tus propuestas al correo oevenezuela@gmail.com

(*) Ramos, O.; Más allá de la escuela… la sociedad educadora. Capítulo VIII. Educación y derechos humanos; en Ugalde, L., et al; Educación Para Transformar el País. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 2012

(**) El artículo 76 de la Constitución establece que “el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas”

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